Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04561-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04561-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04561-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04561-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO,
TODA VEZ QUE CARECE DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. EL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL OBJETO DE ESTUDIO
SE ENCUENTRA EN CURSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y A
ELEGIR Y SER ELEGIDO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
1
En adelante la Sección Quinta.
2
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Actor: JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser
elegido, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA al
haber proferido la providencia de 18 de agosto de 2022, dentro del
medio de control de nulidad electoral identificado con el número
único de radicación 11001-03-28-000-2022-00071-00.
I.2. Hechos
Manifestó que el 13 de marzo de 2022 se inscribió como candidato a
la Cámara de Representantes por la circunscripción especial para la
paz núm. 5, para el Departamento del Caquetá por la Fundación
Igualdad Social.
Señaló que fue electo como Representante a la Cámara para el
período 2022-2026 por la circunscripción especial para la paz núm.
5, según lo acreditó el formulario E-26 CTP emitido el 19 de marzo
de 2022 por la comisión escrutadora del CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL.
Indicó que contra el acto de elección fue promovida una demanda a
través del medio de control de nulidad electoral, por encontrarse
presuntamente inhabilitado para ocupar el cargo al ser elegido con el
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aval de un partido político cuya personería jurídica se perdió dentro
de los 5 años anteriores a la fecha de inscripción.
Señaló que el 14 de julio de 2022 la SECCIÓN QUINTA profirió auto
mediante el cual admitió la demanda de nulidad electoral y, decretó
la suspensión provisional de los efectos del formulario E-26 CTP del
19 de marzo de 2022, respecto a su elección como Representante
por la Circunscripción Especial de Paz núm. 5.
Manifestó que la anterior decisión fue objeto de recurso de reposición
ante la SECCIÓN QUINTA que, mediante auto de 18 de agosto de
2022, confirmó la providencia recurrida.
Aseguró que el 21 de agosto de 2022, formuló solicitud de aclaración
y/o adición de la providencia, solicitud que aún no ha sido estudiada
dada la petición de recusación presentada contra los magistrados de
la SECCIÓN QUINTA.
Durante el trámite de la acción de tutela, reiteró la solicitud de
levantamiento de la medida cautelar consistente en la suspensión
provisional de los efectos de la orden judicial e indicó que el pasado
9 de septiembre de 2022, la SECCIÓN QUINTA remitió a la
presidencia de la Cámara de Representantes el oficio 2022-709
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Actor: JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS
mediante el cual se comunicó la confirmación del auto que decretó la
medida cautelar sin que se encontrara en firme la providencia
cuestionada.
I.3 Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la providencia emitida por la SECCIÓN QUINTA incurrió
en defecto fáctico, al efectuar una interpretación arbitraria,
irracional y caprichosa del material probatorio aportado con la
solicitud.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció el
ordenamiento jurídico al tener como prueba determinante para la
imposición de la medida cautelar, un pantallazo allegado con el
escrito de la demanda con el que se pretendió demostrar la pérdida
de personería jurídica del movimiento político “opción ciudadana”,
partido que le otorgó el aval para su candidatura.
Señaló que la decisión judicial cuestionada incurrió en violación
directa de la Constitución, por cuanto estimó erróneamente
configurados los requisitos de procedencia de la medida cautelar
concerniente a la suspensión provisional del formulario E-26 CTP que
declaró su elección como representante a la cámara.
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Actor: JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS
Reiteró que la autoridad judicial accionada emitió un falso juicio de
existencia de una prueba que no fue aportada con la solicitud de la
medida cautelar, pues la parte demandante no aportó al plenario la
resolución mediante la cual se acreditaba la pérdida de la personería
jurídica.
Sostuvo que actualmente cursa en la Corte Constitucional una
demanda de inconstitucionalidad formulada contra el Decreto 1207
de 2021 y, comoquiera que la demanda de nulidad electoral objeto
de estudio se fundamenta en dicha normatividad, no podría
continuarse con el trámite procesal hasta que el máximo Tribunal
Constitucional profiera una decisión de fondo.
Igualmente, indicó que la decisión incurrió en desconocimiento del
precedente jurisprudencial, establecido en las providencias de 9
de junio de 20222 y 16 de junio de 20223, en las que se denegaron
las solicitudes de suspensión provisional de la elección de otro
miembro del Congreso de la República, por carencia de requisitos.
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Auto proferido dentro del medio de control de nulidad electoral radicado 11001-03-28-000-2022-
00072-00, demando Víctor Andrés Tovar Trujillo, representante a la cámara por el departamento del
huila, periodo 2022-2026.
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Auto proferido dentro del medio de control de nulidad electoral radicado 11001-03-28-000-2022-
00040-00, demando Víctor Andrés Tovar Trujillo, representante a la cámara por el departamento del
huila, periodo 2022-2026.
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Actor: JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: TUTELAR, los derechos fundamentales al Debido
Proceso, a la igualdad y a elegir y ser elegido, establecidos en los
artículos 28, 13 y 40 de la Constitución Política Nacional de 1991,
respetivamente.
SEGUNDO: DECLARAR que el auto de fecha 18 de agosto de 2022,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, VIOLO el
artículo 29 de la Constitución Política Nacional de 1991.
TERCERO: DECLARAR que el auto de fecha 18 de agosto de 2022,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, VIOLÓ el
artículo 13 de Constitución Política Nacional de 1991.
CUARTO: DECLARAR que el auto de fecha 18 de agosto de 2022,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, VIOLÓ el
artículo 40 de Constitución Política Nacional de 1991.
QUINTO: ORDENAR, la revisión del auto de fecha 18 de agosto de
2022, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a fin
de que se garantice el debido proceso, el derecho a la igualdad y
el derecho a elegir y ser elegido.[…]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA solicitó denegar la solicitud de
amparo, toda vez que los argumentos que soportan las pretensiones
de la tutela coinciden en su integridad con las razones presentadas
en el recurso de reposición formulado por el actor contra el auto que
decretó la medida cautelar.
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Actor: JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS
Resaltó que el proceso de nulidad electoral objeto de estudio se
encuentra en curso y la decisión cuestionada no constituye
prejuzgamiento, por lo que consideró que el actor pretende imponer
sus conclusiones sin que la actuación ordinaria hubiera concluido.
Desarrolló un análisis de los defectos alegados y, aclaró que la
decisión cuestionada se encuentra fundada en los elementos
materiales probatorios que obran en el proceso, los cuales fueron
aportados por el apoderado del actor al momento de descorrer el
traslado de la medida cautelar y sirvieron como fundamento para
determinar la procedencia de la suspensión.
Finalmente, manifestó que no incurrió en desconocimiento del
precedente, por cuanto las circunstancias fácticas y jurídicas que se
estudian en la demanda de nulidad electoral adelantada contra el
actor son diferentes a las planteadas en las decisiones
presuntamente desconocidas.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La señora MARÍA PAULA FIGUEROA BAYONA, vinculada
como tercera interesada en las resultas de la presente acción, por
ser coadyuvante de la parte actora dentro del proceso de nulidad
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electoral objeto de estudio, manifestó oposición a la prosperidad de
las pretensiones de la acción.
Señaló que no se configuran los defectos alegados por el actor, por
cuanto la decisión cuestionada se encuentra sustentada en los
elementos de convicción de naturaleza documental, respecto de los
cuales se logró evidenciar los actos administrativos emitidos por el
Consejo Nacional Electoral en los que se analizó la viabilidad de la
revocatoria de la inscripción de la candidatura.
Asimismo, consideró que respecto a los argumentos de aplicación del
precedente judicial y la seguridad jurídica, el actor no acreditó el
cumplimiento de los requisitos concomitantes establecidos por la
Corte Constitucional, pues las decisiones judiciales presuntamente
desconocidas adolecen de identidad fáctica.
I.6.2.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al
considerar que no goza de competencia para pronunciarse sobre lo
pretendido por el tutelante.
Indicó que el amparo constitucional se dirige contra la decisión
proferida por la Sección Quinta, juez natural de la causa y, por lo
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tanto, no está llamada a proteger los derechos señalados por el actor,
por lo que se configura una falta de legitimación en la causa por
pasiva.
I.6.3.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL manifestó que no
goza de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la
entidad competente para satisfacer las pretensiones del actor.
Señaló que los derechos enunciados por el tutelante no han sido
vulnerados por la entidad, al considerar que […] en el ejercicio de las
funciones otorgadas por la Constitución Nacional en el Artículo 265
no se encuentran ninguna que se relacione con el objeto del libelo
[…].
I.6.4.- Los señores SANDRA MILENA GARCÍA PENNA y HANNER
FERNANDO CABRERA BRAVO, vinculados como terceros
interesados en las resultas de la presente acción, por ser parte
demandante dentro del proceso de nulidad electoral objeto de
estudio, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.
I.7.- Solicitud de Coadyuvancia
Los ciudadanos PRAXEDES OSPINA ORDOÑEZ, MARÍA
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ALEJANDRA PATIÑO BELTRÁN y MARÍA ASTRID ROCHA
MORENO presentaron por separado escritos coadyuvando las
pretensiones de la demanda de tutela, en los que manifestaron su
apoyo a las pretensiones formuladas por el actor y, calificaron como
un “daño irreparable” la ejecución de la medida cautelar en tanto el
actor es representante de más de 9.200.000 víctimas y campesinos
del país que necesitan representación en las decisiones y discusiones
de alta importancia en el Congreso de la República.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestiones previas
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Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará
respecto de los siguientes aspectos: i) las solicitudes de
desvinculacion por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentadas por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; ii) las solicitudes de
coadyuvancia presentadas por los ciudadanos PRAXEDES OSPINA
ORDOÑEZ, MARÍA ALEJANDRA PATIÑO BELTRÁN y MARÍA
ASTRID ROCHA MORENO; y, iii) la reiteración de la solicitud de
medida cautelar presentada por el actor.
• De las solicitudes de desvinculación presentadas por la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, formularon
peticiones de desvinculación en la presente acción de tutela, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
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omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, actúa como
parte demandada dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 11001-03-28-000-
2022-00071-00, objeto del presente estudio, la Sala concluye que la
citada entidad, en calidad de tercera, le asiste interés en la decisión
de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se
denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
Respecto de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,
la Sala advierte que al no ser parte dentro del medio de control de
nulidad electoral, no tiene interés directo en las resultas del proceso,
por lo tanto, aceptará la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada por la entidad, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
• De las solicitudes de coadyuvancia de los ciudadanos
PRAXEDES OSPINA ORDOÑEZ, MARÍA ALEJANDRA PATIÑO
BELTRÁN y MARÍA ASTRID ROCHA MORENO.
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Actor: JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS
Encuentra la Sala que los referidos ciudadanos presentaron por
separado escritos coadyuvando las pretensiones de la demanda de
tutela, en los que manifestaron su apoyo a las pretensiones
formuladas por el actor y calificaron como un “daño irreparable” la
ejecución de la medida cautelar en tanto el actor es representante
de más de 9.200.000 víctimas y campesinos del país que necesitan
representación en las decisiones y que al apartarlo del cargo no
podría velar por sus intereses.
Visto lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si a los
peticionarios les asiste legitimación en la causa por activa para
coadyuvar las pretensiones de la presente acción de tutela.
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de 18 de marzo de 20144, precisó la legitimación en la causa por
activa para promover acciones judiciales que pretendan enervar los
efectos de la nulidad de la elección de un candidato, así:
“Legitimación en la causa por activa
Sustenta la titularidad del interés para acudir en ejercicio de la
acción de tutela, en que la actora es una ciudadana que participó
en la elección del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. y en esas
condiciones, en nuestro sistema democrático, representativo y
participativo, sus derechos como elector no se agotan con el
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Expediente núm. 2013-02221-01, Actora: Mery Janeth Gutiérrez Cabezas, Magistrado Ponente
ALFONSO VARGAS RINCÓN.
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simple ejercicio del derecho al sufragio, sino que ellos se
extienden también al ejercicio del control activo del poder.
Así pues, como lo ha expresado la Corte Constitucional en
asuntos como el presente, la legitimidad para actuar se
demuestra con el ejercicio del derecho al voto. Así lo precisó:
La legitimidad para actuar del accionante en la
búsqueda de su protección al derecho fundamental a
la representación efectiva, podía ser probada tan sólo
demostrando el ejercicio del derecho al voto. Tal
forma de acreditar legitimidad, no es algo extraño o
novedoso dentro de nuestro sistema jurídico, sino que
por el contrario es el mismo criterio utilizado por la ley
131 de 1994 “Por la cual se reglamenta el voto
programático y se dictan otras disposiciones”. En ella,
por ejemplo, se estipula que para poder revocar el
mandato de los elegidos por medio del mecanismo del
voto programático, la convocatoria la puede hacer un
porcentaje de los ciudadanos que "haya sufragado en
la jornada electoral que escogió al respectivo
mandatario". Como puede observarse, la ley no llega
al límite de exigir que cada uno de los sufragantes
demuestre que votó por el candidato, pues esto
desbordaría los límites de razonabilidad y
proporcionalidad. Debido a que el voto es secreto,
sería inconstitucional obligar a los ciudadanos a
demostrar que han votado por un determinado
candidato. De igual forma, concluir que de esa
imposibilidad deriva también una indeterminación de
la legitimidad para actuar en defensa del derecho a la
representación efectiva, pone en riesgo la viabilidad
de proteger de algún modo este derecho fundamental.
Por tanto, el camino más razonable consiste en dar
certeza a las afirmaciones del actor con base en el
principio de la buena fe. (Sentencia T-358 de 2002)
Con el fin de establecer si la actora había ejercido el derecho al
sufragio, en la primera instancia se libró oficio a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, entidad que remitió la certificación que
obra a folio 135 del expediente, en la que hace constar que la
cédula de la actora se encontraba habilitada y que ejerció el
derecho al sufragio en las elecciones de autoridades locales del
30 de octubre de 2011, en la ciudad de Bogotá, D.C., Zona 13,
puesto 17, La Magdalena, - Mesa 7.
Se tiene entonces que la actora estaba legitimada en la causa
por activa, para instaurar la presente acción”.
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La Sala advierte que los signatarios acuden al trámite constitucional
con el objeto de coadyuvar las pretensiones de la demanda,
aduciendo la importancia de mantener en el cargo al actor por ser el
representante de campesinos y víctimas del conflicto armado.
Al respecto, para la Sala la participación en el censo electoral no
legitima a los electores para coadyuvar las pretensiones de la acción
de tutela contra la providencia judicial que suspendió
provisionalmente la elección del actor como Representante a la
Cámara, si no se hicieron parte del respectivo proceso electoral.
Distinto es si se tratara del acto administrativo que declara la nulidad
de la elección del candidato, caso en el cual, como lo ha indicado la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, los mencionados
coadyuvantes se encuentran legitimados para promover las acciones
judiciales que pretendan enervar los efectos de dicho acto,
precisamente, en atención a la calidad de participantes del respectivo
censo electoral.
Por el contrario, si el disenso se dirige contra la providencia judicial
que resuelve la demanda electoral, es requisito indispensable que los
coadyuvantes hayan hecho parte del respectivo proceso, para que
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puedan alegar la presunta vulneración de sus derechos con ocasión
de las decisiones allí adoptadas.
Así las cosas, encuentra la Sala que los ciudadanos PRAXEDES
OSPINA ORDOÑEZ, MARÍA ALEJANDRA PATIÑO BELTRÁN y
MARÍA ASTRID ROCHA MORENO, no se han hecho parte dentro
del proceso electoral radicado bajo el núm. 2022-00071-00, para
coadyuvar o impugnar la demanda contra la elección del señor JHON
FREDY NÚÑEZ RAMOS como representante a la Cámara por la
CITREP núm. 5, período 2022-2026, por cuanto no obra prueba de
la vinculación de los peticionarios en el medio de control de nulidad
electoral, razón por la cual se declarará la falta de legitimación en la
causa por activa para coadyuvar las pretensiones de la tutela, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
• De la reiteración de la solicitud de medida cautelar
presentada por el actor
Durante el trámite de la acción de tutela, el accionante reiteró la
petición de medida cautelar5 consistente en el levantamiento de la
5
Índice No. 25 aplicativo Samai.
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suspensión provisional de los efectos de la orden judicial e indicó que
el pasado 9 de septiembre de 2022, la SECCIÓN QUINTA remitió a
la Presidencia de la Cámara de Representantes el oficio 2022-709
mediante el cual se comunicó la confirmación del auto que decretó la
medida cautelar, sin que se encontrara en firme la providencia
cuestionada.
Frente a este punto, se advierte que comoquiera que en este
momento procesal se profiere el fallo de la solicitud de amparo, la
Sala se relevará de hacer más análisis al respecto.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
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de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
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deje sin efecto la providencia de 18 de agosto de 2022 proferida
por la SECCIÓN QUINTA dentro del proceso de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 11001-03-28-000-
2022-00071-00.
A la citada providencia el actor atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,
la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial.
Los disensos del actor radican en que, a su juicio, la decisión incurrió
en el defecto fáctico, al tener como prueba determinante para la
imposición de la medida cautelar, un pantallazo allegado con el
escrito de la demanda con el que se pretendió demostrar la perdida
de personería jurídica del movimiento político “opción ciudadana”,
partido que le otorgó el aval para su candidatura.
Señaló que la decisión judicial cuestionada incurrió en violación
directa de la Constitución por cuanto, estimó erróneamente
configurados los requisitos de procedencia de la medida cautelar
concerniente a la suspensión provisional del formulario E-26 CTP que
declaró su elección como Representante a la Cámara.
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Igualmente, indicó que la decisión incurrió en desconocimiento del
precedente jurisprudencial establecido en las providencias de 9
de junio de 2022 y 16 de junio de 2022, en las que se denegaron las
solicitudes de suspensión provisional de la elección de otro miembro
del Congreso de la República, por carencia de requisitos.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si la SECCIÓN QUINTA vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos endilgados.
En ese orden de ideas, la Sala entrará a examinar el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en especial, el requisito de la
subsidiariedad.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
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Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
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conocer del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Ahora bien, en el caso bajo estudio la Sala advierte que, la acción de
tutela no es el mecanismo para dirimir el disenso puesto en
conocimiento por el actor, pues dicho aspecto debe proponerlo
dentro del medio de control de nulidad electoral objeto de esta
solicitud de amparo.
En efecto, la Sala observa que el proceso judicial cuestionado se
encuentra en curso7 y, que con ocasión a la recusación formulada en
contra de los magistrados de la Sección Quinta de esta Corporación,
el expediente fue remitido por competencia a la Sección Primera a
fin de proveer lo que en derecho corresponda.
Asimismo, la Sala encuentra que la decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada mediante la cual se ordenó la suspensión
provisional de los efectos del nombramiento, no constituye
prejuzgamiento, por lo tanto, el actor cuenta con los mecanismos
jurídicos dispuestos por el ordenamiento legal para ejercer su
6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
7
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010328000
202200071001100103
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derecho de defensa y contradicción hasta la culminación del trámite
judicial.
Finalmente, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia
de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los
elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible
establecer dicha circunstancia.
En ese orden de ideas, comoquiera que la providencia aquí
cuestionada está siendo objeto de debate por el juez natural del
asunto, mal podría el juez de tutela ordenar un amparo
constitucional con el propósito de que se emitan unas órdenes que
evidentemente son competencia del juez de conocimiento y que se
encuentran pendientes de ser resueltas dentro del medio de control
nulidad electoral, que es el escenario idóneo para resolver la
controversia aquí planteada.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de
amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no
cumplirse el requisito de la subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por
el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación alegada por la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por
los ciudadanos PRAXEDES OSPINA ORDOÑEZ, MARÍA
ALEJANDRA PATIÑO BELTRÁN y MARÍA ASTRID ROCHA
MORENO por falta de legitimación en la causa por activa, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por no
cumplirse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede
en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de septiembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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