Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04561-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04561-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04561-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
3 de noviembre de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04561-01
Demandante: JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA AUTO QUE DECRETÓ UNA MEDIDA
CAUTELA DENTRO DE UN PROCESO DE NULIDAD
ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN CURSO.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y a elegir y ser elegido
con ocasión del auto proferido el 18 de agosto de 2022, mediante el cual confirmó el decreto de
la medida cautelar de suspensión provisional, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 22 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación alegada por la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por los
ciudadanos PRAXEDES OSPINA ORDOÑEZ, MARÍA ALEJANDRA PATIÑO
BELTRÁN y MARÍA ASTRID ROCHA MORENO por falta de legitimación en la
causa por activa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por no
cumplirse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04561-01
Demandante: Jhon Fredy Núñez Ramos
Acción de tutela – Impugnación fallo
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 22 de agosto de 2022 el señor Jhon Fredy Núñez Ramos presentó proceso de acción
de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se
protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y
a elegir y ser elegido y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“PRIMERO: TUTELAR, los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la
igualdad y a elegir y ser elegido, establecidos en los artículos 28, 13 y 40 de la
Constitución Política Nacional de 1991, respetivamente.
SEGUNDO: DECLARAR que el auto de fecha 18 de agosto de 2022, proferido
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, VIOLO el artículo 29 de la
Constitución Política Nacional de 1991.
TERCERO: DECLARAR que el auto de fecha 18 de agosto de 2022, proferido
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, VIOLO el artículo 13 de
Constitución Política Nacional de 1991.
CUARTO: DECLARAR que el auto de fecha agosto de 2022 de 2022, proferido
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, VIOLO el artículo 40 de
Constitución Política Nacional de 1991.
QUINTO: ORDENAR, la revisión del auto de fecha 18 de agosto de 2022,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a fin de que se garantice
el debido proceso, el derecho a la igualdad y el derecho a elegir y ser elegido.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI-
mayúsculas y negrillas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) El 13 de marzo de 2022 se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes
por la circunscripción especial para la paz no. 5 para el departamento del Caquetá por la
Fundación Igualdad Social.
2) Fue electo como representante a la cámara para el período 2022-2026 por la
circunscripción especial para la paz no. 5, según lo acreditó el formulario E-26 CTP
emitido el 19 de marzo de 2022 por la comisión escrutadora del Consejo Nacional
Electoral.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04561-01
Demandante: Jhon Fredy Núñez Ramos
Acción de tutela – Impugnación fallo
3) Contra el acto de elección fue promovida una demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral por encontrarse presuntamente inhabilitado para ocupar el
cargo por haber sido elegido con el aval de un partido político cuya personería jurídica se
perdió dentro de los 5 años anteriores a la fecha de inscripción.
4) El 14 de julio de 2022 la Sección Quinta de esta Corporación profirió auto mediante el
cual admitió la demanda de nulidad electoral y decretó la suspensión provisional de los
efectos del formulario E-26 CTP del 19 de marzo de 2022, respecto a su elección como
representante por la Circunscripción Especial de Paz no. 5.
5) Presentó recurso de reposición1, el cual fue resuelto mediante auto del 18 de agosto
de 20222, en el que se confirmó la providencia recurrida.
6) El 21 de agosto de 2022 formuló solicitud de aclaración y/o adición de la providencia,
la cual no ha sido estudiada dada la petición de recusación presentada contra los
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
7) El 9 de septiembre de 2022 la Sección Quinta remitió a la Presidencia de la Cámara
de Representantes el oficio 2022-709 mediante el cual se comunicó la confirmación del
auto que decretó la medida cautelar sin que se encontrara en firme la providencia
cuestionada, pues no se ha resuelto la solicitud de aclaración y/o adición.
3. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y a elegir y ser elegido con
ocasión del auto proferido el 18 de agosto de 2022, por medio del cual se confirmó el
decreto de una medida cautelar, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.
1 En el que sostuvo que había lugar a revocar la medida cautelar por cuanto: i) no se observaron las
providencias proferidas por el Consejo de Estado el 9 y 16 de junio de 2022, en las cuales se resolvieron
unos asuntos similares y se dispuso que no había lugar al decreto de la medida cautelar por existir un alto
nivel de duda razonable y ii) no se aportó al proceso la resolución mediate la cual se acreditara la pérdida
de personería jurídica del partido político “Opción Ciudadana”, aspecto que solo se encontró demostrado
con un pantallazo que indicaba unas diversas fechas.
2 Decisión que se notificó por estado del 22 de agosto de 2022.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04561-01
Demandante: Jhon Fredy Núñez Ramos
Acción de tutela – Impugnación fallo
En cuanto al defecto fáctico indicó que se tuvo como prueba determinante para la
imposición de la medida cautelar un pantallazo allegado con el escrito de la demanda con
el que se pretendió demostrar la pérdida de personería jurídica del movimiento político
“opción ciudadana”, partido que le otorgó el aval para su candidatura, pero no se advirtió
que la parte demandante no aportó al plenario la resolución mediante la cual se
acreditaba dicha pérdida.
Frente a la violación directa de la Constitución señaló que la autoridad judicial demandada
erró en encontrar configurados los requisitos de procedencia de la medida cautelar
concerniente a la suspensión provisional del formulario E-26 CTP que declaró su elección
como representante a la cámara, pues con la solicitud no se aportó prueba siquiera
sumaria que diera cuenta de la pérdida de personería jurídica del partido político “Opción
Ciudadana”.
Por último, adujo que se desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado
contenido en las providencias de 9 de junio de 20223 y 16 de junio de 20224, en las que
se negaron las solicitudes de suspensión provisional de la elección de otro miembro del
Congreso de la República, porque no se encontraban acreditados los requisitos
esenciales para el decreto de la medida.
4. Actuación de primer grado
Mediante providencia de 26 de agosto de 2022 la Sección Primera de esta Corporación
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, a la señora Sandra Milena García Penna, parte demandante en el
proceso de nulidad electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo
Nacional Electoral y a los ciudadanos Hanner Fernando Cabrera Bravo y María Paula
Figueroa Bayona, quienes actuaron como coadyuvantes, para que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción, y declaró improcedente la
solicitud de medida cautelar.
3 Auto proferido dentro del medio de control de nulidad electoral con radicación 11001-03-28-000-2022-
00072-00, demandante Víctor Andrés Tovar Trujillo, representante a la cámara por el departamento del
huila, periodo 2022-2026.
4 Auto proferido dentro del medio de control de nulidad electoral con radicación 11001-03-28-000-2022-
00040-00, demandante Víctor Andrés Tovar Trujillo, representante a la cámara por el departamento del
huila, periodo 2022-2026.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04561-01
Demandante: Jhon Fredy Núñez Ramos
Acción de tutela – Impugnación fallo
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Primera de esta Corporación en sentencia de 22 de septiembre de 2022
declaró improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Manifestó que la decisión mediante la cual se decretó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos del nombramiento del señor Núñez Ramos no constituye
prejuzgamiento, por lo tanto, como el proceso de nulidad electoral se encuentra en curso
el demandante cuenta con los mecanismos jurídicos para ejercer su defensa y
contradicción hasta la culminación del trámite judicial.
6. Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 5 de octubre de 2022.
Manifestó que la acción de tutela interpuesta recae sobre el auto que decretó la
suspensión provisional y no sobre la decisión de fondo que se pudiere tomar en el
proceso de nulidad electoral, por lo que no existe otro mecanismo judicial idóneo y eficaz
para garantizar la protección de sus derechos fundamentales pues ya interpuso el recurso
de reposición para atacar el decreto de la medida cautelar.
Si bien es cierto que el proceso de nulidad electoral sigue en curso, también lo es que la
decisión de la imposición de la medida cautelar carece de otro medio judicial eficaz para
su control constitucional y legal.
A la fecha cursa una solicitud de aclaración y complementación del auto del 18 de agosto
de 2022, que confirmó el decreto de la medida cautelar, empero, tal figura jurídica de
ninguna manera podrá revocar ni reformar la decisión ya adoptada.
Afirmó que recae sobre él la responsabilidad de actuar como vocero por parte de las
9.200.000 víctimas del conflicto armado del país, quienes se están viendo desamparadas
con la suspensión de los efectos de su acto de nombramiento.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04561-01
Demandante: Jhon Fredy Núñez Ramos
Acción de tutela – Impugnación fallo
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y a elegir y ser elegido
presuntamente vulnerados con ocasión del auto del 18 de agosto de 2022 que confirmó
el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional, por cuanto, a su juicio, incurrió
en los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial.
En la sentencia de primera instancia la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04561-01
Demandante: Jhon Fredy Núñez Ramos
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pues como el proceso de nulidad electoral se encontraba en curso el demandante
contaba con los mecanismos jurídicos para ejercer su defensa y contradicción hasta la
culminación del trámite judicial.
En el escrito de impugnación la parte demandante indicó que la tutela interpuesta recae
sobre el auto que decretó la suspensión provisional y no sobre la decisión de fondo que
se pudiere tomar en el proceso de nulidad electoral, por lo que no existe otro mecanismo
judicial idóneo y eficaz para garantizar la protección de sus derechos fundamentales pues
ya interpuso el recurso de reposición para atacar el decreto de la medida cautelar.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará el numeral
4° de la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por
el incumplimiento del requisito de subsidiariedad5 y, en su lugar, declarará su
improcedencia, pero por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por
las razones que procederán a exponerse:
1) Una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que es claro
que los fundamentos empleados se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos
que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de
nulidad electoral y que estaban dirigidos a que se revocara el decreto de la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos del formulario E-26 CTP del 19 de
marzo de 2022 expedido por la Comisión Escrutadora General, en lo referente a la
elección del señor Jhon Fredy Núñez como representante por la Circunscripción Especial
de Paz No. 5.
2) En efecto, en el recurso de reposición presentado contra el auto del 14 de julio de 2022
que decretó la suspensión provisional de los efectos del acto de elección, la parte
5 Si bien, en gracia de discusión, la Sala advierte que la decisión de acceder al decreto de la medida cautelar
no implica un prejuzgamiento por tratarse de un estudio preliminar, por lo que los fundamentos que la
sustentan serán objeto de pronunciamiento por parte de la Sección Quinta de esta Corporación en la
sentencia que ponga fin al proceso; además, que el demandante cuenta con la posibilidad, en cualquier
estado del proceso, de solicitar que la medida cautelar de suspensión provisional sea modificada o
revocada, lo cierto es que los fundamentos empleados en la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva
a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso
de nulidad electoral con el fin de que se revocara el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional
de los efectos del formulario E-26 CTP del 19 de marzo de 2022 expedido por la Comisión Escrutadora
General, en lo referente a la elección del señor Jhon Fredy Núñez como representante por la
Circunscripción Especial de Paz No. 5.
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demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que había lugar a revocar
la medida cautelar por cuanto: i) no se observaron las providencias proferidas por el
Consejo de Estado el 9 y 16 de junio de 20226, en las cuales se resolvieron unos asuntos
similares y se dispuso que no había lugar al decreto de la medida cautelar por existir un
alto nivel de duda razonable y ii) no se aportó al proceso la resolución mediate la cual se
acreditara la pérdida de personería jurídica del partido político “Opción Ciudadana”,
aspecto que solo se encontró demostrado con un pantallazo que indicaba unas diversas
fechas.
3) Por su parte, en el auto del 18 de agosto de 2022 la Sección Quinta del Consejo de
Estado confirmó el decreto de la medida cautelar, por cuanto i) si bien no se contaba
directamente con el acto por medio del cual se dispuso la pérdida del reconocimiento de
la personería jurídica del Partido “Opción Ciudadana”, lo cierto es que, dentro del
expediente, obraban documentos de los cuales se podía evidenciar que, en efecto, ello
ocurrió mediante la Resolución no. 2245 del 2018, confirmada a través de la Resolución
no. 0033 del 2019, proferidas por el Consejo Nacional Electoral y ii) no se podía predicar
una identidad desde el punto jurídico y fáctico con los autos que decidieron la medida
cautelar en los expedientes con radicación 11001- 03-28-000-2022-00040-00 y 11001-
03-28-000-2022-00072-00, pues en dichas oportunidades no se analizó el contenido,
alcance y aplicación de la inhabilidad prevista en el parágrafo 2º del artículo 5º del Acto
Legislativo 02 de 2021.
4) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los analizados en
el auto que resolvió el recurso de reposición dirigidos de manera exclusiva a revivir la
discusión jurídica relacionada con la revocatoria del decreto de la medida de suspensión
provisional del acto administrativo de elección, pues sostuvo, por una parte, que “¨[n]o
existe prueba o medio de convicción aportado por el demándate (sic) que acredite la
perdida de la personería jurídica del partido político Opción Ciudadana, a contrario sensu,
6 Auto proferido dentro del medio de control de nulidad electoral con radicación 11001-03-28-000-2022-
00072-00, demandante Víctor Andrés Tovar Trujillo, representante a la cámara por el departamento del
huila, periodo 2022-2026.
Auto proferido dentro del medio de control de nulidad electoral con radicación 11001-03-28-000-2022-
00040-00, demandante Víctor Andrés Tovar Trujillo, representante a la cámara por el departamento del
huila, periodo 2022-2026.
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Demandante: Jhon Fredy Núñez Ramos
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solo se avizora una cita de una (sic) acto administrativo, sin que este sea aportado para
su verificación y contradicción de ser necesario por parte de este extremo procesal (…)”.
5) De igual manera, indicó que se desconocía el precedente horizontal del Consejo de
Estado contenido en el auto “[f]echado el 09 de junio de 2022, en trámite electoral bajo
RADICADO 11001-03-28-000-2022- 00072-00 (…) [y en la providencia] “fechad[a] el 16
de junio de 2022, en trámite electoral bajo RADICADO 11001-03-28-000-2022-00040-
00,” en los cuales se negó la medida cautelar por carencia de requisitos esenciales en su
solicitud.
6) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
reposición, los cuales fueron resueltos en el auto del 18 de agosto de 2022 y se dirigieron
de manera exclusiva a que se declarara que era procedente revocar el decreto de la
medida de suspensión provisional de los efectos del formulario E-26 CTP del 19 de marzo
de 2022 expedido por la Comisión Escrutadora General, en lo referente a la elección del
señor Jhon Fredy Núñez como representante por la Circunscripción Especial de Paz No.
5.
7) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela concluyó que había lugar a confirmar el decreto de la
suspensión de los efectos del acto demandado, pues la decisión cautelar se sustentó en
las pruebas aportadas por las partes al momento de la presentación de la demanda y en
el traslado efectuado al demandado y demás entidades vinculadas; además, porque las
providencias que se habían citado como precedente no resolvían una situación fáctica y
jurídica similar o análoga que permitiera su aplicación al caso concreto.
8) Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue
expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe ser
mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas luces
arbitraria e ilegítima, así:
[L]la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
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fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a
la independencia de los jueces ordinarios.7”.
9) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.8”.
10) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia en lo relacionado con tales defectos no reviste relevancia constitucional porque
el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso
ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia.
11) Asimismo, para la Sala resulta claro que no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, pues no existe prueba en el expediente que acredite que con el decreto y
práctica de la medida cautelar se comprometió gravemente a los sectores de la sociedad
representados por el demandante, más aún cuando el proceso ordinario se encuentra en
trámite, por lo que el señor Núñez Ramos cuenta con los mecanismos procesales idóneos
y eficaces para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales y para
conseguir que el juez de conocimiento corrija los presuntos yerros en los que ha podido
incurrir.
7 Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019, CP Carlos Bernal Pulido.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, CP José Fernando Reyes Cuartas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04561-01
Demandante: Jhon Fredy Núñez Ramos
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12) Sin perjuicio de lo anterior, en gracia de discusión, la Sala advierte que la decisión de
acceder al decreto de la medida cautelar no implica un prejuzgamiento por tratarse de un
estudio preliminar, por lo que los fundamentos que la sustentan serán objeto de
pronunciamiento por parte de la Sección Quinta de esta Corporación en la sentencia que
ponga fin al proceso; además, es preciso señalar que el demandante cuenta con la
posibilidad, en cualquier estado del proceso, de solicitar que la medida cautelar de
suspensión provisional sea modificada o revocada, en los términos del artículo 2359 de la
Ley 1437 de 2011.
13) En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad y,
en su lugar, declarará su improcedencia, pero por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Modifícase la sentencia de 22 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, la cual quedará así:
9 “ARTÍCULO 235. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar. El demandado
o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando caución a
satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de
la medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.
La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de
oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los
requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es
necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución de
que trata el inciso anterior.
La parte a favor de quien se otorga una medida está obligada a informar, dentro de los tres (3) días
siguientes a su conocimiento, todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias que
permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. La omisión del cumplimiento
de este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad de conocer dicha modificación, será
sancionada con las multas o demás medidas que de acuerdo con las normas vigentes puede imponer el
juez en ejercicio de sus poderes correccionales.”. (negrillas de la Sala).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04561-01
Demandante: Jhon Fredy Núñez Ramos
Acción de tutela – Impugnación fallo
1°) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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