Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04562-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04562-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04562-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04562-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO. NO
SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. LA PARTE
ACTORA CUENTA CON EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN EL CUAL ES PROCEDENTE PARA ESTUDIAR LA
SENTENCIA OBJETO DE REPROCHE, QUE DECLARÓ LA
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN APARTÁNDOSE DEL PRECEDENTE O
DE LA JURISPRUDENCIA EN VIGOR EN RELACIÓN CON LA
CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD PARA EL
MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
CONSEJO DE ESTADO1.
1 En adelante la Sección Tercera.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
Los señores NEBER, CARLOS EMILIO, MARTIZA y YUCEIDY
TOVAR LARRAHONDO, MARÍA JOSÉ TOVAR BORRERO,
ADELAIDA y LUCILA LARRAHONDO MINA, YAMILE
VALENCIA LARRAHONDO y NELLY MINA DE LARRAHONDO,
actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, les
fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA, al haber proferido
la providencia de 25 de mayo de 2022, dentro de la acción de
reparación directa identificada con el número único de radicación
76001-23-31-001-2009-00567-01.
I.2 Hechos
Indicaron que el señor NEBER TOVAR LARRAHONDO ingresó a
prestar el servicio militar obligatorio como soldado regular desde
el 28 de septiembre de 1999 en el Batallón de Infantería No. 8 de
Santiago de Cali.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
Adujeron que durante la prestación del servicio militar obligatorio,
esto es, el 28 de septiembre de 2000, el señor NEBER TOVAR
LARRAHONDO mientras se desplazada por el área del alto
Anchicayá, cayó desde su propia altura a una alcantarilla que
había en el lugar por el cual patrullaba, sufriendo múltiples
traumatismos y laceraciones en todo su cuerpo.
Relataron que, pese a lo anterior, al evento no se le dio
trascendencia ni el trámite pertinente pues no fue reportado,
pasando por alto lo previsto en el Decreto 1796 de 2000,
derivándose en una atención médica básica de primeros auxilios
por parte de la tropa que lo acompañaba y siendo trasladado dos
meses después al dispensario médico.
Manifestaron que al señor NEBER le fue diagnosticado esguince
de columna, trauma en rodilla derecha, lesión meniscal derecha,
entre otras, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en varias
oportunidades, tan es así que para el año 2007 ya había sido
sometido a 7 prácticas quirúrgicas y, finalmente el 16 de mayo de
2007 la Junta Médica Laboral de las Fuerzas Militares de Colombia
– Ejercito Nacional – Dirección de Sanidad, le notificó el resultado
de la valoración de la Pérdida de la Capacidad Laboral, que arrojó
una puntuación de 25.38% de PCL.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
Refirieron que, como consecuencia de lo anterior, y con la certeza
de poder atribuírsele responsabilidad al Estado por la disminución
de la salud del señor NEBER, el 2 de abril de 2009 presentaron
solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público y el
28 de mayo siguiente promovieron demanda en ejercicio de la
acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, a la cual le fue asignado el número
único de radicación 2009-00567-00.
Manifestaron que la demanda correspondió en primera instancia
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en sentencia
de 27 de abril de 2015, denegó las pretensiones.
Expresaron que inconforme con ello, interpusieron recurso de
apelación el cual fue desatado por la Sección Tercera que, en
sentencia de 25 de mayo de 2022, modificó la providencia del a
quo que denegó las pretensiones y, en su lugar, declaró de oficio
la caducidad de la acción al considerar se tenía hasta el 31 de
marzo de 2009 para presentar la demanda.
I.3. Fundamentos de derecho
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial2, pues debió aplicarse la tesis dispuesta para el momento
en que se promovió la demanda de reparación directa y no la que
estaba vigente al momento de proferirse la sentencia, comoquiera
que dicha aplicación trasgrede los derechos fundamentales
invocados.
Refirió que, de conformidad con el salvamento de voto a la
decisión de unificación de 11 de junio de 20203, aun cuando los
cambios jurisprudenciales son admisibles, los cambios abruptos
en la línea de decisión no pueden defraudar las expectativas
legítimas de los administrados, a menos que la nueva
interpretación resulte más favorable y beneficiosa.
Lo anterior, en la medida que aun cuando la Sección Tercera
acogió el criterio de la sentencia unificadora, vulneró sus derechos
2
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
31 de marzo de 2016, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-00539-00.
Consejo de Estado, sentencia de 28 de marzo de 2019, número único de radicación 15001-
23-33-000-2003-00605-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” Sala de lo Contencioso
Administrativo, auto de 25 de septiembre de 2017, número único de radicación 08001-23-
33-000-2013-0044-01.
3
Salvamento de voto M.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación
05001-23-33-000-2012-00572-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
fundamentales invocados pues paso por alto la confianza legítima
y el trato desigual.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, que:
“[…] se deje sin efecto la sentencia emitida por el H.
Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C” el
veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022) con
ponencia del Magistrado Dr. Jaime Enrique Rodríguez
Navas, que revocó en su integridad la sentencia proferida
en primera instancia y declaró de oficio la caducidad del
medio de control de reparación directa.
ii. Ordenar emitir fallo de reemplazo atendiendo los
lineamientos anotados […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La Sección Tercera destacó que en el fallo cuestionado
se expusieron de forma clara las razones por las cuales concluyó
que el medio de control de reparación directa fue promovido por
fuera del término establecido, decisión que no resulta caprichosa
ni arbitraria, pues estuvo debidamente fundamentada en las
pruebas y las normas aplicables al asunto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
Refirió que la sentencia de 14 de agosto de 2014, que solicitaba
la parte actora fuera aplicada, no resultaba pertinente para dar
solución a la controversia dado que no constituye precedente y,
además, sus efectos son inter partes y en ella se resolvió un
asunto sustancialmente distinto.
Adujo que para realizar el conteo del término de caducidad, aplicó
la regla del conocimiento del daño prevista en el numeral 8 del
artículo 136 del CCA y determinó que como dicho conocimiento se
dio el 30 de marzo de 2007, cuando se emitió el último concepto
de los especialistas que evaluaron la condición del señor NEBER,
el plazo para demandar vencía el 31 de marzo de 2009, mientras
que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 2 de
abril de 2009 y la demanda el 27 de mayo siguiente, esto es, fuera
del término previsto para el efecto.
Finalmente, refirió que la acción de tutela no resulta válida cuando
lo pretendido es promover una discusión de interpretación
normativa, por lo que los argumentos expuestos evidencian una
falta de relevancia constitucional en el caso concreto.
I.6. Intervinientes
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
I.6.1.- El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se
deniegue el amparo solicitado, toda vez que la autoridad judicial
accionada no incurrió en el defecto alegado, además, no se cumple
con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6
de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre
las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
20124, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y
con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la
evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra
providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en
esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha
acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se
modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en
presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo5.
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación
11001 03 15 000 2012 02201 01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución. […]”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora
pretende que se deje sin efecto la providencia de 25 de mayo
de 2022, proferida por la Sección Tercera, por medio de la cual
se modificó la decisión del a quo, que denegó las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, declaró probado de oficio el fenómeno
de la caducidad dentro de la acción de reparación directa
identificada con el número único de radicación 2009-00567-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte
actora, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la
Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)
determinar si la SECCIÓN TERCERA incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial al proferir
la providencia de 25 de mayo de 2022, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2009-00567-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,
acogida por la Sala Plena de esta Corporación, especialmente el
requisito de subsidiariedad.
La Sala destaca que uno de los requisitos generales para que
proceda la acción de tutela contra providencia judicial es que la
parte actora haya agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial que tiene a su alcance para
debatir sus inconformidades, a excepción de que trate de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
Lo anterior, porque dado el carácter subsidiario de la acción de
tutela esta no puede ser ejercida para sustituir los procedimientos
ordinarios, así como tampoco, ser utilizada como una instancia
adicional de estos6.
En el presente caso, la parte actora sostiene que debió aplicarse
la jurisprudencia dispuesta para el momento en que se promovió
la demanda de reparación directa y no la que estaba vigente al
6
Ver sentencia T-510 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
momento de proferirse la sentencia para estudiar la caducidad, en
la medida que “para salvaguardar el derecho al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, el principio de confianza
legítima, no pedía nada más que desatar nuestra reclamación con
la postura interpretativa vigente al momento del reclamo judicial
frente a la contabilización del plazo de oportunidad para casos
similares”, posición que si bien fue adoptada en sentencia de
unificación, no tenía que aplicarse en su caso particular para
efectos de determinar tal fenómeno.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la acción de tutela de
la referencia no cumple el presupuesto de procedibilidad de la
subsidiariedad, habida cuenta que los argumentos expuestos por
la parte actora se pueden debatir mediante el recurso
extraordinario de revisión, establecido en el artículo 248 y ss del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA-.
En efecto, cuando lo que se alega es que el juez se apartó del
precedente o de la jurisprudencia en vigor en relación con la
contabilización del término de caducidad para el momento de la
presentación de la demanda, el mecanismo idóneo para cuestionar
dicha situación es el recurso extraordinario de revisión, bajo la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto
es, “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Frente a la procedencia del recurso extraordinario de revisión y,
particularmente, en lo que respecta a la causal aludida, la Sala
Especial de Decisión núm. 6, en sentencia de 1o de agosto de
20177, sostuvo que era procedente tal mecanismo cuando se
resuelve la excepción de caducidad de la acción con fundamento
en una posición jurisprudencial posterior a la fecha de
presentación de la demanda. En efecto:
“[…] En este punto, la Sala precisa que se aparta de la postura
adoptada en el fallo de segunda instancia por parte de la
Sección Tercera de esta Corporación –de tener por caducada
la acción-, puesto que resolvió aplicarle a este caso una
posición posterior bajo la cual el registro presupuestal no es
una condición para su perfeccionamiento, sino que es un
requisito necesario para su ejecución, con la consideración de
que “la caducidad de la acción comporta un presupuesto
objetivo que debe sustraerse al vaivén de los cambios
jurisprudenciales, por lo que es claro que el término comenzó
a contabilizarse a partir del perfeccionamiento del contrato,
en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993”.
[…]
En este contexto, para esta Sala de Decisión, cuando se hace
el estudio de la caducidad de la acción, debe hacerse
con fundamento en las normas –así como su
interpretación- vigentes para la época en que se
presentó la demanda, sin que sea permitido aplicar cambios
jurisprudenciales posteriores, más aún cuando afectan el
ejercicio de la acción.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm
6, expediente identificado con número único de radicación 2016-03181-00, C.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
[…]
Entonces, toda vez que en este caso no había operado la
caducidad de la acción y por tanto la demanda fue presentada
en tiempo, se encuentra fundada la causal de nulidad
originada en la sentencia […]». (Resaltado fuera del texto).
Así mismo, esta Sección en sentencia de tutela de 26 de
septiembre de 20198, se manifestó sobre la procedencia de dicho
recurso extraordinario, en el evento en el que se pretenda es
controvertir el fallo que ha declarado la caducidad de la acción,
apartándose del precedente o de la jurisprudencia en vigor en
relación con la contabilización del término de caducidad para el
momento de la presentación de la demanda, lo cual a todas luces
hace ineficaz o improcedente la acción de tutela para estudiar tal
inconformidad, dada la existencia de otro mecanismo de defensa
idóneo. En efecto, la Sala adujo:
“[…] En este punto de examen sobre la subsidiariedad, y
relación con la procedencia del recurso de revisión, la Sala
debe aclarar que no toda alegación en la que se cuestione la
sentencia que declaró la caducidad de la acción se enmarca
en una causal propia de este medio de defensa extraordinario,
en razón a que el planteamiento contra ese fallo debe
sustentarse en una irregularidad que tenga el alcance de
declarar su invalidez, puesto que no cualquier reclamo
adquiere connotaciones habilitantes, sumado a que el
demandante debe identificar ante el juez extraordinario la
causal que la origine. Sobre el particular esta Corporación9
precisó:
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente
identificado con el número único de radicación 2019-02393-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 22
Sentencia de 2 de febrero de 2016. Expediente identificado con el número único de radicación
2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
“[…] Igualmente, junto a este criterio, se ha aceptado que
pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos
procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la
vulneración del artículo 29 constitucional. Es decir, que la
violación al debido proceso constitucional en la sentencia es
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al
juez determinar si el hecho que se dice contrario a este
derecho puede dar origen a la configuración de la causal de
revisión en comento.
Así lo entendió una de las Salas Especiales de Decisión al
indicar “… las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que
establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la
sentencia por violación del debido proceso constitucional,
contemplado en el artículo 29.” 10
El juez, cuando aplica directamente el artículo 29
constitucional, no está creando una causal, como algunos
podrían alegarlo, pues se reconoce que la nulidad originada
en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato
constitucional, en donde el operador judicial solo es el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad
suficiente para originar la nulidad de la sentencia de instancia,
pues no toda irregularidad puede tener la potencialidad de
afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso. […]”
De manera que no procede este recurso por el hecho de que
el fallador solo hasta la sentencia hubiera declarado la
caducidad de la acción, bien porque la encontró apenas
acreditada11 ante la evidencia probatoria que informa al juez
de los hechos que sustentan la demanda o porque la
excepción sustentada en este motivo de caducidad se hubiera
decidido hasta esa oportunidad procesal. En estos casos, el
recurso extraordinario no sería escenario para subsanar la
10
Consejo de Estado. Sala Especial núm 26, expediente identificado con el número único de
radicación 2011-01639-00 C.P Olga Mélida Valle de de la Hoz. En dicha sala, se aprobaron otras
dos decisiones en igual sentido. Radicación: 11001-03-15-000-1998-00157-01 (Rev. 157).
Demandante: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali.
11
Al respecto la Sección Segunda, Subsección “B” en sentencia del 11 de abril de 2018, expediente
identificado con el número único de radicación 2013-00182-00, señaló: “[…] el hecho que el proceso
promovido […] no hubiera terminado con una decisión de fondo a sus pretensiones, porque los
jueces de instancia, al verificar uno de los presupuestos de procedibilidad de la, entonces, acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, hubieren encontrado que no se cumplía con haberse
presentado la demanda en tiempo y hubieran declarado probada la excepción de caducidad de la
acción, es un aspecto que no puede considerarse invalidante de una decisión judicial, en la que,
por lo demás, es deber del juzgador verificar el cumplimiento de tales presupuestos y dictar una
sentencia, congruente y coherente con la controversia planteada, resolviendo todos los aspectos
puestos a su consideración, incluidas las excepciones propuestas por la parte demandada, conforme
lo disponía el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo. […]” C.P. Cesar Palomino Cortés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
incuria de las partes al ejercitar la acción o reclamar un
pronunciamiento previo al fallo, en tanto que, en estos
eventos, las partes controvierten el conteo, sin que ello sea
susceptible de recurso extraordinario.
A pesar de lo anterior, esta Corporación
jurisprudencialmente ha definido algunos precisos
eventos en los cuales este medio extraordinario sí sería
procedente para controvertir el fallo que ha declarado
la caducidad de la acción, y ocurre cuando: i) el juez se
apartó del precedente o de la jurisprudencia en vigor
en relación con la contabilización del término de
caducidad12 para el momento de la presentación de la
demanda, y ii) cuando pese a la declaratoria de
caducidad de la acción , el juez hubiese adoptado una
decisión de fondo, lo que podría enmarcarse en una
presunta falta de competencia para pronunciarse sobre
el objeto de la litis. […]” (Negrillas del texto original).
De lo anterior, se evidencia que, la razón que invoca la parte
actora como constitutiva de la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales invocados, habilita el ejercicio del recurso
extraordinario de revisión, pues su reproche radica en que la
Sección Tercera al momento de modificar la sentencia de primer
grado y, en su lugar, declarar la caducidad de la acción de
reparación directa, dejó de lado la posición jurisprudencial
establecida sobre la materia en la fecha de presentación de la
demanda y, basó su decisión en una posterior que, a su juicio, no
le era aplicable.
12
Al respecto se precisó: “[…] los recurrentes no expresaron los motivos por los cuales consideran
que en el caso concreto la Subsección de la Sección Tercera que dictó la sentencia de segunda
instancia se apartó del “precedente” o por lo menos de la jurisprudencia en vigor, en relación con
la contabilización del término de caducidad de la acción, carga argumentativa que les asistía si
pretendían demostrar que, ante la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia correspondía
conocer del caso a la Sala Plena bien de la Sección Tercera o del Consejo de Estado, porque hubiese
contabilizado en forma diferente el término de caducidad de la acción. […]” Consejo de Estado –
Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia del 1° de agosto de 2017. Actor: Embosques y
Otros. C.P. Rocio Araujo Oñate.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
En el caso bajo estudio, la parte actora no ha agotado el recurso
extraordinario de revisión siendo este el mecanismo idóneo para
plantear la inconformidad que pretende sea desatada en esta
acción constitucional, por lo tanto, es clara la improcedencia de
esta última.
Ahora, con el fin de analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a
lo dispuesto por la Corte Constitucional13:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación
ha precisado que éste debe reunir las siguientes
características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes
elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en
cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de
ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material),
pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben
requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y
como respuesta que armonice con las particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un
daño antijurídico irreparable. […]”14
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
En el caso sub examine, no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio, aspecto sobre el cual la parte actora
tampoco hizo mención alguna.
Por lo precedente, la Sala concluye que el asunto objeto de estudio
carece del requisito general de subsidiariedad, por lo que
declarará improcedente el amparo solicitado, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04562-00
Actores: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de
septiembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.