Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04562-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04562-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04562-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
5 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04562-01
Accionante: NEBER TOVAR LARRAHONDO Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
caducidad del medio de control de reparación directa
/ desconocimiento del precedente
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Neber
Tovar Larrahondo, María José Tovar Borrero, Adelaida Larrahondo Mina,
Maritza Tovar Larrahondo, Yuceidy Tovar Larrahondo, Yamile Valencia
Larrahondo, Carlos Emilio Tovar Larrahondo, Nelly Mina de Larrahondo
y Lucila Larrahondo Mina contra la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
Los accionantes, actuando a nombre propio, interponen acción de tutela
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, con fundamento en los
siguientes:
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ACCIÓN DE TUTEL A
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Ac c i o n a n t e : N e b e r T o v a r L a r r a h o n d o y o t r o s
1. HECHOS
1.1. El 28 de septiembre de 1999, el señor Neber Tovar Larrahondo
ingresó a prestar el servicio militar obligatorio como soldado regular en
el Batallón de Infantería Núm. 8 de Santiago de Cali.
1.2. Los accionantes describen que, el 28 septiembre del 2000,
mientras el señor Neber Tovar Larrahondo se desplazaba por el área
del alto Anchicayá, cayó a una alcantarilla sufriendo múltiples
traumatismos; no obstante, en ese momento no fue dirigido a ningún
dispensario médico ni el accidente fue reportado según lo previsto en
el Decreto 1796 de 2000.
1.3. Posteriormente, el señor Tovar Larrahondo fue diagnosticado con
esguince de columna, trauma en la rodilla derecha, lesión meniscal
derecha e intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades y el 16
de mayo de 2007 la Junta Médica Laboral de las Fuerzas Militares de
Colombia, lo diagnosticó con una pérdida de capacidad laboral
equivalente al 25.38%.
1.4. Con ocasión de lo anterior, el 2 de abril de 2009 presentaron
solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público y el 28 de
mayo siguiente instauraron medio de control de reparación directa en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, cuyo
conocimiento correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el cual, en sentencia del 27 de abril
de 2015, negó las pretensiones de la demanda.
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1.5. Apelada la decisión, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante providencia de 25 de mayo de 2022,
modificó lo resuelto por el a quo, para en su lugar declarar de oficio la
caducidad del medio de control.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Los accionantes manifiestan que la providencia cuestionada incurrió en
un desconocimiento del precedente jurisprudencial, al considerar
que debió dar aplicación a la tesis que existía al momento de radicar el
medio de control y no la que se encontraba vigente al momento de
proferirse la sentencia por cuanto esta situación vulnera el principio de
confianza legítima y defrauda las expectativas de los administrados ya
que la nueva interpretación de la Sección Tercera resulta más
desfavorable.
3. PRETENSIONES
Así las cosas, solicitan:
«i. Declare sin efecto la sentencia emitida por el H. Consejo de Estado, Sección Tercera-
Subsección “C” el veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022) con ponencia del
Magistrado Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, que revoco en su integridad la sentencia
proferida en primera instancia y declaró de oficio la caducidad del medio de control de
reparación directa.
ii. Ordenar emitir fallo de reemplazo atendiendo los lineamientos anotados».
4. INFORMES
Mediante auto del 24 de agosto de 2022 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado como accionado y a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y al Tribunal Administrativo
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del Valle del Cauca, como terceros interesados en las resultas del
proceso.
4.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de
tutela, manifestó que se opone a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda y expuso que para contabilizar el término de caducidad
aplicó lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA y concluyó
que el conocimiento del año se dio el 30 de marzo de 2007, fecha en la
que se emitió el último concepto de los especialistas que estudiaron la
condición del soldado por lo que el plazo para demandar vencía el 31
de marzo de 2009 y como quiera que los demandantes radicaron la
solicitud de conciliación extrajudicial el 2 de abril de 2009 y presentaron
la demanda el 27 de mayo de 2009, operó la caducidad.
4.2. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional manifestó que en
la providencia objeto de reproche no se presentó ninguna vulneración
a los derechos fundamentales invocados en protección ni existió un
desconocimiento del precedente jurisprudencial por cuanto se dio
aplicación a la sentencia de unificación proferida por el órgano de cierre
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 29
de septiembre de 2022 rechazó por improcedente el amparo solicitado
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues consideró que
la parte accionante no agotó el recurso extraordinario de revisión el
cual era el mecanismo idóneo para plantear la inconformidad frente al
fallo controvertido.
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6. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó lo resuelto por el a quo, reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela y manifestó que, contrario
a lo expuesto en primera instancia, sí se acredita el requisito de
subsidiariedad por cuanto en el caso que plantea no es procedente el
recurso extraordinario de revisión toda vez que no se cumple con las
causales establecidas en el artículo 250 del CPACA.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20191,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMAS JURÍDICOS
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
• ¿La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado al
proferir la sentencia del 24 de marzo de 2022 mediante la cual
1
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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modificó lo resuelto por el a quo en el sentido de declarar de oficio
la caducidad del medio de control de reparación directa, incurrió
en desconocimiento del precedente jurisprudencial y en
consecuencia en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados en protección por los accionantes?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; y, de encontrarla procedente; iii) el marco conceptual
del desconocimiento del precedente; y iv) el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta
política le impone.
2
Corte Constitucional, sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
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En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.
2.1.2. A diferencia de lo manifestado por el juez de primera instancia,
la Sala considera que en el presente caso no es procedente el recurso
extraordinario de revisión, toda vez que lo planteado por la parte
accionante no se encuentra contemplado en las causales taxativas de
revisión establecidas en el artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en ese orden de
ideas no contaba con recursos ordinarios y extraordinarios para obtener
el amparo constitucional.
2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de expedición de la sentencia de segunda instancia (25
de mayo de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela (22 de
agosto de 2022).
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2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del desconocimiento
del precedente jurisprudencial en que, presuntamente, incurrió la
autoridad judicial cuestionada.
2.2. Desconocimiento del Precedente
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección
y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades
judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con
ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma4.
En ese sentido, el precedente judicial5 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el
ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas
de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del
derecho6.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido7. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
4
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
5
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado,
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
6
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
7
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”8.
Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”9.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales10, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
8
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y
que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
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de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial11.
3. Caso concreto
En el presente asunto, los accionantes cuestionan la providencia de 25
de mayo de 2022, mediante la cual la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado modificó lo resuelto por el a quo en el
sentido de declarar de oficio la caducidad del medio de control de
reparación directa instaurado en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional por las lesiones que sufrió el 20 de
septiembre del 2000 el señor Neber Tovar Larrahondo mientras
prestaba su servicio militar obligatorio.
La causa de su inconformidad consiste, en síntesis, en que no debió
darse aplicación a la posición actual del consejo de estado sobre la
caducidad del medio de control de reparación directa, cuando se trata
de lesiones sufridas por miembros de las fuerzas militares.
Así las cosas, se tiene que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado consideró que el medio de control se interpuso por
fuera del término de caducidad, por las siguientes razones:
«(…) En función de los anteriores pronunciamientos se pueden extraer las
siguientes reglas: 1. Para determinar el cómputo de la caducidad se debe analizar
en cada caso, dependiendo del momento en que se conoció el daño; 2. En general
el hecho dañoso y el daño coinciden, por lo que a partir de este momento se
inicia el conteo de los dos años; 3. No obstante, cuando ello no ocurre, el
operador judicial debe computar la caducidad desde que el demandante conoció
el daño y 4. No existe una regla de decisión en los casos de los soldados que
reclaman una indemnización por las lesiones sufridas durante el servicio, es decir
11
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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el término de caducidad no inicia cuando se notifica el acta de la Junta Médico
Laboral, sino cuando ocurrió o cuando tuvo conocimiento del daño.
Dando aplicación a las reglas anteriormente anunciadas, la Sala no encuentra
pertinente para la resolución de este asunto, la Sentencia del 14 de agosto de
201412 de la Sección Primera del Consejo de Estado, pues esta no constituye
precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto porque se trata de una
decisión de tutela que tiene efecto sólo entre las partes y el asunto es
sustancialmente distinto al que se analiza en esta sede. De todos modos, la
decisión no se aparta de los lineamientos en la materia fijados por las altas cortes,
que establecieron que en cada caso el cómputo de la caducidad debe efectuarse
dependiendo del momento en que se conoce el daño, lo cual puede coincidir o
no con el hecho que lo originó y será el juez contencioso el que debe calcularla
con base en cada expediente, por lo que no se puede generalizar que el término
inicia siempre con la notificación del acta de la Junta Médico Laboral.
Con sujeción a las mismas reglas la Sala no encuentra de recibo el argumento
según el cual, el término de caducidad de la acción de reparación directa debe
computarse desde el momento en que la Junta Médica Laboral determinó la
disminución de la capacidad laboral del señor Neber Tovar Larrahondo, porcentaje
que, fue modificado por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía.
Esto porque conforme al material probatorio allegado al expediente, advierte que
en el acta de la junta médico laboral No. 18352 registrada en la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional el 2 de mayo de 2007, se indicó que el actor
presentaba como secuelas del accidente sufrido mientras prestaba el servicio
militar obligatorio, dolor y limitación funcional en su rodilla derecha, lumbalgia
crónica y hernia umbilical y epigástrica, pero además, trastorno de estrés
postraumático. Afecciones estas, que cabe decir, ya habían sido diagnosticadas
desde el 17 de enero, 5 de febrero y el 30 de marzo de 2007 por los médicos
especialistas tratantes en ortopedia, fisiatría y psiquiatría.
En efecto, la Sala advierte, según el texto de la referida acta de Junta Médica
Laboral, que el 5 de febrero de 2007, el médico ortopedista diagnosticó al señor
Neber Tovar con trauma de rodilla derecha, trauma de columna, meniscopatía,
lesión condral y patelar y que, por su parte, en fecha 17 de enero de ese mismo
año, el médico especialista en fisiatría mencionó que el aquí demandante
presentaba esguince de columna, hernias abdominales, trauma en rodilla derecha
y lesión meniscal derecha, diagnosticándolo desde ese momento con un estado de
artrofia muscular, incapacidad para caminar e inestabilidad articular. Incluso, este
12
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 14 de agosto de 2014, exp. 2014-01604-00.
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último especialista refirió que el señor Tovar Larrahondo mostraba en su rodilla
derecha signos y síntomas indicativos de proceso degenerativo.
A juicio de esta Judicatura, el acta de Junta Médico Laboral No. 18352 del 2 de
mayo de 2007, notificada personalmente al señor Tovar Larrahondo el 16 de ese
mismo mes y año, se limitó a repetir las secuelas de la lesión padecida por el hoy
accionante a causa de la caída que este sufrió mientras prestaba su servicio militar
obligatorio, y frente a las que, conforme al material probatorio allegado al proceso,
se puede inferir que la víctima tenía pleno conocimiento.
En consecuencia, no se puede concluir que la víctima hubiese conocido con certeza
la magnitud del daño hasta el momento en que se determinó la pérdida de su
capacidad laboral, para, a partir de ahí, contabilizar el término de caducidad de la
acción. Además, aunque no se conoce dentro del plenario la fecha de expedición
de la notificación del acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía expedida el 29 de enero de 2009, la Sala remarca que, en este documento
se plasmaron las mismas secuelas contenidas en el Acta de Junta Médica Laboral
y que, para aumentar el porcentaje de disminución de capacidad laboral del actor,
el Tribunal Médico calificó como enfermedad profesional el estrés postraumático
que, inclusive, había sido diagnosticado por el médico especialista en psiquiatría
desde el 30 de marzo de 2007.
Bajo este escenario, la Sala no puede compartir los argumentos expuestos por el
recurrente para justificar la vigencia de la acción de reparación directa de su
demanda, en cuanto a que, sólo conoció la magnitud del daño con el dictamen de
la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico. Lo anterior, si se tiene en cuenta
que la conclusión a la que se llegó con esa valoración sólo tuvo relación con la
calificación de la disminución de la capacidad laboral y capacidad psicofísica para
el servicio como consecuencia de la lesión que sufrió el soldado Tovar Larrahondo,
mas no alteró el diagnóstico que había sido emitido con anterioridad por los
especialistas y tampoco mostró lesiones desconocidas o que hubiesen permanecido
ocultas hasta la determinación de su pérdida de capacidad laboral. En este sentido,
la Sección Tercera de esta Corporación en Sentencia del 11 de septiembre de 2019,
señaló:
“[l]a Sala no comparte los argumentos expuestos en la demanda, según los
cuales, sólo se conoció la magnitud del daño y de las lesiones definitivas
causadas con el dictamen del 24 de abril de 2002 de la junta médico
laboral, toda vez que la conclusión a la que se llegó con esa valoración sólo
tuvo relación con la calificación de la disminución de la capacidad laboral
y capacidad psicofísica para el servicio como consecuencia de la lesión
que sufrió el soldado Cardona Blanco, mas no alteró el diagnóstico inicial.
Al respecto, conviene precisar que el hecho que haya recibido tratamientos
de manera posterior a la consolidación del daño no significa que la
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caducidad deba contabilizarse a partir del momento en el que se le
dictaminó la pérdida de su capacidad laboral, dado que el actor fue
consciente del daño desde el momento del accidente y de su diagnóstico”13.
Esta postura se mantiene, por ejemplo, en la Sentencia del 8 de febrero de 2021
en la que el Consejo de Estado, en sede de tutela, afirmó:
“8.6.- Ahora bien, la junta médico laboral calificó la pérdida de capacidad
laboral; sin embargo, ello no constituye requisito ni condición para
presentar la demanda, pues como se anotó en precedencia, la caducidad
inicia a contarse a partir de la ocurrencia del hecho dañoso o cuando se tuvo
conocimiento del mismo; y la magnitud o cuantificación del daño puede
ser probada por cualquier otro medio de prueba válido dentro del proceso
judicial.
8.7.- El tribunal aplicó correctamente las disposiciones legales que no sujetan la
contabilización del término legal de caducidad a la determinación del monto del
perjuicio sino a la ocurrencia del daño o, excepcionalmente, a su conocimiento.
La determinación de la junta médica relativa al porcentaje de la incapacidad se
requiere simplemente para determinar el monto del perjuicio; el daño se conoce
desde que la persona sabe que determinado hecho u omisión de la administración
se lo generó, y tiene certeza de ello e interés para reivindicarlo”.14
Ahora bien, la Sala no desconoce que aunque el señor Neber Tovar Larrahondo
recibió tratamientos e intervenciones quirúrgicas de manera posterior al
acaecimiento del hecho causante del daño, ello no quiere decir que la caducidad
deba contabilizarse a partir de que se le dictaminó la pérdida de su capacidad
laboral, porque el actor fue consciente de la magnitud del daño desde el momento
en que los médicos especialistas emitieron, luego de que se le practicaran
procedimientos médicos para mejorar su estado de salud, el diagnóstico del aquí
demandante. Es más, esta Subsección no pasa por alto que el apoderado de los
accionantes, en la demanda, afirmó que su representado fue diagnosticado en el
dispensario de la institución militar con esguince de columna, tres hernias
abdominales, trauma de rodilla derecha y lesión meniscal.
En este contexto, la parte demandante tenía, inclusive, hasta el 31 de marzo de
2009 para presentar la demanda, teniendo en cuenta que la valoración del médico
psiquiatra en la que se diagnosticó al actor con estrés postraumático y que sirvió
de base al Tribunal Médico Laboral para modificar el porcentaje de disminución
de capacidad laboral, se efectuó el 30 de marzo de 2007, y que este tipo de
afecciones psiquiátricas solo pueden decirse conocidas con certeza a partir del
13
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de septiembre de 2019, exp. 35811.
14
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de febrero de 2021, exp. 11001-03-15-000-2020-
05086-00 (AC).
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diagnóstico del especialista. En efecto, como los demandantes presentaron la
solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público el
2 de abril de 200915 y acudieron a la jurisdicción en ejercicio de la acción de
reparación directa el 27 de mayo de ese mismo año 16, la Sala concluye que operó
la caducidad en este caso».
Ahora bien, sobre la contabilización del término de caducidad en los
casos de lesiones a la integridad de las personas, la Sección Tercera del
Consejo de Estado en sentencia de reiteración jurisprudencial del 29 de
noviembre de 2018, dispuso:
« (…) el criterio para el cómputo del término de caducidad en los casos de lesiones
a la integridad de las personas, lo determina el conocimiento del daño, pero este
puede variar cuando, por ejemplo, el mismo día del suceso no existe certeza del
mismo, no se sabe en qué consiste la lesión o esta se manifiesta o se determina
después del accidente sufrido por el afectado. En todo caso, la parte deberá
acreditar los motivos por los cuales le fue imposible conocer el daño en la
fecha de su ocurrencia.
En todo caso, la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de
la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de
Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para
contabilizar el término de caducidad.» Negrilla fuera de texto.
Por lo anterior, es claro que, si bien la caducidad del medio de control
de reparación directa contemplada en el artículo 164 del numeral
segundo literal i de la Ley 1437 de 2011, señala que debe contarse a
partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, dicha afirmación no puede ser aplicada de forma exegética;
el juez debe analizar teniendo en cuenta los hechos específicos de cada
caso en concreto para efectos de establecer con precisión el momento
en que existió un conocimiento certero y concreto de un daño.
En este punto, es necesario aclarar que por un lado, al momento de
radicar la demanda, año 2016, no existía una posición unificada al
15
Constancia de audiencia de conciliación fallida expedida por la Procuraduría 118 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Cali el 19 de mayo de 2009. Folio 175, C.1.
16
Ver sello de presentación personal y acta de reparto de la demanda. Folio 211-212, C.1.
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respecto en el Consejo de Estado. No obstante, dando aplicación al
precedente vertical «que es el que proviene de un funcionario o
corporación de superior jerarquía, particularmente de aquellas que en
cada uno de los distintos ámbitos de la jurisdicción se desempeñan
como órganos límite. De manera que, para garantizar un mínimo de
seguridad jurídica a los ciudadanos, los funcionarios judiciales deben
tener en cuenta que al momento de fallar, se encuentran vinculados en
sus decisiones por la regla jurisprudencial17», la sentencia de 28 de
noviembre el 2018 sí se considera como un precedente que aunque
puede no ser una sentencia unificación, eso no obsta para que los
tribunales no puedan acogerse a su línea, más si se tiene en cuenta
que hacemos referencia a una providencia de reiteración jurisprudencial
y como quedó demostrado, el tribunal argumentó suficientemente la
escogencia de esta jurisprudencia.
Así las cosas, se observa que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado sustentó su decisión con base en las pruebas
obrantes en el expediente y concluyó que el accionante tuvo
conocimiento de la afectación y la magnitud del daño que había sufrido
desde el momento en que le fue practicada la última valoración médica
psiquiatra en la que fue diagnosticado con estrés postraumático, esto
es, a partir del 30 de marzo de 2007, que además sirvió de base al
Tribunal Médico Laboral para modificar el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral.
En ese orden de ideas, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado concluyó que al accionante le correspondía hacer
uso del medio de control de reparación directa a partir del 30 de marzo
de 2007 hasta el 31 de marzo de 2009 y teniendo en cuenta que elevó
la solicitud de conciliación el 2 de abril de 2009, es decir por fuera del
17 S e n t e n c i a T-148 de 2011
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plazo otorgado por el artículo 164 del CPACA y presentó la demanda
solo hasta el 27 de marzo de 2009, ya se encontraba caducado el medio
de control de reparación directa.
En efecto, evidencia esta Sala de Subsección que la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, argumentó con suficiencia su
decisión, por lo que no es dable considerar que la providencia objeto
de reproche incurrió en un desconocimiento del precedente
jurisprudencial y ante la existencia de argumentos ponderados y
razonables, debe respetarse el criterio del juez natural, a fin de
preservar los principios de autonomía e independencia judicial.
Así las cosas, al no advertirse una decisión judicial arbitraria o contraria
a la ley que vulnere los derechos fundamentales invocados en
protección por la parte accionante, la Sala de Subsección revocará la
providencia impugnada que rechazó por improcedente la acción de
tutela y en su lugar se negará el amparo solicitado.
II.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de septiembre de 2022
mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En su lugar,
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SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por los señores
Neber Tovar Larrahondo, María José Tovar Borrero,
Adelaida Larrahondo Mina, Maritza Tovar Larrahondo,
Yuceidy Tovar Larrahondo, Yamile Valencia Larrahondo,
Carlos Emilio Tovar Larrahondo, Nelly Mina de Larrahondo
y Lucila Larrahondo Mina, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.
TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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