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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04573-00

Fecha
15 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04573-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por el señor Alberto Iván Henao Henao contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04573-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

15 de septiembre de 2022

Demandante: Alberto Iván Henao Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04573-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04573-00
Demandante: ALBERTO IVÁN HENAO HENAO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA TERCERA
DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial – reconocimiento de la prima de
riesgo para liquidar prestaciones sociales – defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución. Niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por intermedio de apoderado judicial
por el señor Alberto Iván Henao Henao contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El accionante interpuso el mecanismo constitucional1 en procura de la
salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, así
como los principios de favorabilidad laboral y seguridad jurídica. En su criterio, tal
garantía resultó quebrantada con ocasión de la sentencia proferida en segunda
instancia por la autoridad judicial referida el 11 de agosto de 2022.

2. En dicha providencia, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia revocó la decisión proferida en primer grado por parte del Juzgado 16
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín del 28 de junio de 2017 que
había accedido parcialmente a las pretensiones formuladas por el accionante en la

1 Remitida el 22 de agosto de 2022 al buzón electrónico de la Secretaría General del Consejo de

Estado.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alberto Iván Henao Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04573-00

demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, instauró contra el extinto DAS2, para en su lugar, negar3.

1.2 Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte tutelante solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Se tutelen las garantías iusfundamentales de la igualdad, el debido
proceso y los principios Constitucionales de favorabilidad laboral y la
seguridad Jurídica, consagrados en la Constitución Política y en su desarrollo
jurisprudencial.

SEGUNDA: En consecuencia se DEJE SIN EFECTO la sentencia de segunda
instancia de fecha 11/08/2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE DECISIÓN, notificado por email el
16/08/2022, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
con radicado Nro. 05 001- 3333-016-2014-00932-01, cursado por ALBERTO
IVAN HENAO HENAO CC. 70.789.027, contra LA NACION DAS EN
SUPRESION y en su reemplazo en un término perentorio se emita la
Sentencia que remplazará la descalificada, donde se acojan los parámetros
expuestos por los Tratados o convenios internacionales firmados y ratificados
por Colombia sobre la protección del salario, el bloque de constitucionalidad
como ordenamiento jurídico superior que regulan las relaciones laborales
consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política ha dado al tema del
salario, en la sentencia SU-995 de 1999 y el Consejo de Estado- sección
segunda en la SU del 01/08/2013, del MP. Gerardo Arenas Monsalve, Rad.
44001-23-31-000-2008-00150-01(0070-11), donde se esboza una
interpretación amplia y no restrictiva de la noción de salario. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia:

4. El señor Alberto Iván Henao Henao laboró para el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad –DAS- desde el 19 de marzo de 1999 hasta el 6 de
octubre de 2013, desempeñando como último cargo el de detective adscrito al Grupo
de Trabajo de Antioquia.

5. A partir del 7 de octubre de 2013, en atención a la supresión del DAS, el
accionante fue incorporado en la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia,
sin solución de continuidad.

6. Durante el vínculo laboral con el DAS, el accionante percibió de forma
mensual como contraprestación directa del servicio, la prima de riesgo establecida en

2 Hoy Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.
3 Dicho proceso se identificó con el número de radicado 05001-33-33-016-2014-00932-00/1.

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el Decreto 1933 de 1989, reglamentada a su vez por los Decretos 132, 1137 y 2646
de 1994. No obstante, no fue tenida en cuenta como factor salarial por dicha entidad
para efectos de liquidar las prestaciones sociales del señor Henao Henao.

7. El 1° de marzo de 2014, el accionante elevó reclamación administrativa ante el
extinto DAS, en la que solicitó el reconocimiento de la prima de riesgo como factor
salarial. Asimismo, que se reajustaran y pagaran todas las primas y prestaciones
sociales causadas y las que se causaran a futuro, atendiendo al salario realmente
devengado en el que debía incluirse la prima de riesgo.

8. El DAS dio respuesta a la petición elevada por el accionante a través del oficio
E-2310,18-201406176, mediante el cual le indicó que según lo establecido en el
artículo 4 del Decreto 2646 de 1994, así como en jurisprudencia del Consejo de
Estado, la prima especial de riesgo no constituye factor salarial. En consecuencia,
negó el reconocimiento solicitado de dicha prestación para que fuera tenida en
cuenta a efectos de liquidar las prestaciones sociales del señor Henao Henao.

9. Inconforme con lo anterior, el actor promovió demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del DAS 4. Ello, con el
propósito de que, por vía de excepción de inconstitucionalidad, se inaplicara el
artículo 4 del Decreto 2646 de 1994 por ser contrario a postulados superiores, y en
consecuencia, se declarara la nulidad del oficio antes citado en el que se le negó el
reconocimiento de la prima especial de riesgo como factor salarial a tener en cuenta
para la liquidación de todas las prestaciones sociales.

10. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado 16
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que, mediante sentencia del 28
de junio de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda5.

11. En síntesis, el juez consideró que la prima de riesgo cancelada al accionante
de forma habitual y periódica y como contraprestación directa del servicio, a pesar de
lo establecido por el Decreto 2646 de 1994, sí constituía factor salarial de acuerdo
con decisiones del Consejo de Estado y de conformidad con el principio de la
primacía de realidad sobre las formas y el de favorabilidad.

12. Por lo anterior, el juez de instancia declaró la nulidad del acto administrativo
acusado a través del cual se le negó el reconocimiento de la prima de riesgo como
factor salarial. En consecuencia, ordenó la reliquidación de todas las prestaciones
sociales causadas por el accionante, con la inclusión de tal emolumento.

4 Proceso que se identificó con el número de radicado 05001-33-33-016-2014-00932-00/1
5 En específico, inaplicó el artículo 4 del Decreto 2646 de 1994 y declaró la nulidad del acto
administrativo E-2310,18-201406176 mediante el cual el DAS negó el reconocimiento de la prima de
riesgo como factor salarial. En consecuencia, ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Migración
Colombia como sucesora procesal del DAS liquidar y pagar las prestaciones sociales al demandante,
incluyendo en la base de liquidación la prima de riesgo, declarando la prescripción trienal de las
diferencias causadas con anterioridad al 2 de abril de 2011, excepto para las cesantías.

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13. Contra esta decisión, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia
como sucesora procesal del DAS, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión. Esta autoridad
judicial, mediante sentencia del 11 de agosto de 2022, revocó la providencia de
primer grado que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
negarlas.

14. Concretamente, el tribunal señaló que, mediante sentencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado proferida el 12 de mayo de 2022 6, se
estableció que la prima de riesgo no constituye factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales de los servidores que se desempeñaron en el DAS antes de su
supresión.

15. Por lo anterior, sostuvo que el demandante no tenía derecho a que la prima
especial de riesgo fuera incluida en la liquidación de las prestaciones sociales que
devengó mientras estuvo vinculado al DAS, y por tanto, la sentencia de primera
instancia que así lo concluyó debía ser revocada.

1.4. Fundamentos de la vulneración

16. La parte actora aseguró que en el presente asunto se acreditaban los
requisitos generales de procedibilidad. En cuanto a los específicos, sostuvo que la
autoridad judicial accionada, a través de las sentencia objeto de censura, incurrió en
i) defecto sustantivo; ii) desconocimiento del precedente y iii) violación directa de la
Constitución.

17. En lo que se refiere al defecto sustantivo, aseguró que el mismo se configuró
en la medida en que el tribunal accionado, como fundamento de su decisión para
negar las pretensiones de la demanda, acudió a una sentencia que no poseía fuerza
vinculante al no “haber nacido a la vida jurídica”.

18. Concretamente, refirió que la sentencia de unificación de la Sección Segunda
de esta Corporación del 12 de mayo de 2022, y en la que se estableció que la prima
de riesgo no constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales de los
servidores vinculados al DAS, no se encontraba ejecutoriada cuando el tribunal la
aplicó al caso concreto.

19. Lo anterior, pues respecto de la misma se presentó una solicitud de aclaración
el 13 de julio de 2022 que no había sido resuelta al 16 de agosto del mismo año;
momento en que fue proferida la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión que aplicó las reglas establecidas en dicha decisión de

6 Sentencia de Unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Radicado. 05001-33-33-

000-2013-01009-01(2263-2018).

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unificación. En este sentido, el accionante esgrimió que para negar sus pretensiones
le fue aplicado un fundamento jurisprudencial inexistente.

20. Frente al desconocimiento del precedente judicial, el accionante manifestó
que se desatendieron las siguientes providencias:

i) SU-995 de 1999 de la Corte Constitucional, sobre la noción de salario;
ii) Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado del 7 de abril de 20117,
en la que se abordó el estudio sobre el tema de los factores que constituyen salario;
iii) Sentencia de Unificación del 1° de agosto de dos mil trece (2013)8, sobre la prima
de riesgo pagada a los funcionarios del DAS.

21. El accionante especificó que en tales pronunciamientos se especificó que
salario es toda remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un
servicio de forma personal, directa y subordinada, el cual, además de estar integrado
por la remuneración básica u ordinaria, también le conforma todo lo que bajo
cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especie, ingrese al
patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus servicios de manera
habitual y periódica.

22. Finalmente, la parte tutelante refirió que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, a través de la decisión objeto de reproche, violó
directamente la Constitución, pues adoptó una postura atentatoria de las garantías
iusfundamentales como los principios de favorabilidad laboral y la seguridad Jurídica
al omitir la máxima jurisprudencial construida por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, en la que especifica qué debe entenderse como salario.

23. En este sentido, el actor indicó que la autoridad judicial accionada, al negar la
reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión de la prima de riesgo,
incurrió en el yerro en mención, toda vez que realizó una interpretación sobre la
prima de riesgo que resultaba menos favorable a los intereses del trabajador. Ello, en
su concepto, se distancia de las prerrogativas constitucionales, así como de los
criterios jurisprudenciales aplicables al caso en concreto.

1.5. Actuaciones relevantes

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

24. Mediante auto del 25 de agosto de 2022, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la parte accionante,
así como al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, como
autoridad judicial que profirió la sentencia que se cuestiona por esta vía.

7 Rad. 76001- 2331-000-2007-00249-01(0953-10)
8 Rad. 44001-23-31-000-2008-00150-01 (0070-11)

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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25. A su vez, se ordenó la vinculación como terceros con interés de (i) la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia (como sucesora del extinto DAS), por
haber sido demandada en el proceso ordinario, (ii) el Juzgado Dieciséis
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que decidió en primera instancia el
asunto sobre el que gira esta controversia, y (iii) de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

1.5.2. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión

26. Sostuvo que lo pretendido por el accionante es que dicha Corporación
desconozca una decisión del Consejo de Estado que, en los términos del artículo 10
de la Ley 1437 de 2011, resulta vinculante en relación con el tema objeto de
unificación, esto es, que la prima de riesgo no es factor salarial para efectos de
liquidar prestaciones sociales, en favor de los servidores que estuvieron vinculados al
DAS antes de su supresión.

27. Afirmó que la Sección Segunda de esta Corporación en la referida sentencia
de unificación dispuso que la regla fijada en torno a la prima de riesgo debía
aplicarse a todos los casos pendientes de solución excepto respecto de aquellos en
los que hubiese operado la cosa juzgada, los cuales serían inmodificables, en
función del principio de seguridad jurídica.

28. Frente a la solicitud de aclaración frente a la sentencia de unificación que
presuntamente impedía la aplicación de las reglas allí establecidas, puso de presente
que con la misma se pretendió se aclarara un asunto que no guardaba relación con
lo discutido en la decisión censurada.

29. Concretamente, expuso que con la aclaración se solicitó se precisara si la
prima de riesgo debía ser considerada como factor salarial a efectos de liquidar las
pensiones de los exfuncionarios del extinto DAS. En este sentido, indicó que ello no
tenía incidencia alguna respecto a la regla establecida en torno a que dicho
emolumento no es factor salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales de los
ex empleados del DAS, pretensiones que fueron las incluidas en el medio de control
que dio lugar a la expedición de la sentencia censurada.

30. Con respecto a los demás argumentos, esgrimió que con los mismos se
pretendía el adelantamiento de una tercera instancia respecto de un asunto que ya
había sido zanjado por el juez natural en aplicación de una sentencia de unificación
de la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso administrativa, en la que se

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especificó que no había lugar a considerar a la prima de riesgo como factor salarial
en los términos expuestos por el tutelante.

31. Por lo expuesto, solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo de
amparo incoado por el actor.

1.5.2.2. Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

32. Indicó que no emitiría ningún pronunciamiento frente al particular y que
atendería lo que se resolviera en el presente trámite. Acatando el requerimiento
hecho en el auto admisorio, remitió en medio magnético el expediente del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho al que se ha hecho referencia en líneas
anteriores.

1.5.2.3. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia
(sucesora procesal del DAS) y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del
Estado, pese a ser notificados en debida forma9, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Alberto Iván Henao Henao contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

34. La Sala advierte que el accionante está legitimado en la causa por activa, a la
luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1, 10,
46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991.

35. Lo anterior, por cuanto fungió como parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el extinto DAS, en el que
pretendía que la prima de riesgo fuera reconocida como factor salarial a tener en
cuenta para la liquidación de todas las prestaciones sociales a su favor.

36. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que la autoridad judicial
accionada está legitimada en la causa por pasiva, por haber proferido la decisión
censurada mediante la presente acción de tutela.

9 Índice 7 del expediente en SAMAI.

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2.3. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial?

38. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:

 ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, incurrió en
los defectos que se le endilgan y vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor al proferir la sentencia del 16 de agosto de 2022,
mediante la cual revocó la decisión de primera instancia, en aplicación de la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 12
de mayo de 2022, en la que se estableció que la prima de riesgo no constituye
factor salarial para liquidar las prestaciones sociales de los servidores que se
desempeñaron en el DAS antes de su supresión, pese a que respecto de la
misma cursaba una solicitud de aclaración que no había sido resuelta?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse; (iii) el caso concreto en atención a las generalidades de los defectos
alegados.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema11. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales12.

40. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04573-00

esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201413. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia14 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial15.

41. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho
vi) cuando proceda, efecto decisivo de la irregularidad procesal

42. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
15 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Alberto Iván Henao Henao
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que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

43. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Tutela contra tutela

44. En el caso objeto de estudio, no existe reparo alguno frente al presente
requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de
la misma naturaleza, pues la providencia que se censura fue proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho reseñado en líneas
precedentes.

2.5.2. Inmediatez

45. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia objeto de censura fue dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión el 16 de agosto del 2022,
mientras que la acción constitucional fue incoada el día 22 del mismo mes y año.

46. Así las cosas, sin necesidad de determinar la fecha de notificación y aquella
en que adquirió ejecutoria, se observa que se interpuso dentro de los seis meses que
esta Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.

47. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 16,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200517, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
17 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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Demandante: Alberto Iván Henao Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04573-00

2.5.3. Subsidiariedad

48. En consideración a este requisito, por tratarse de una sentencia de segunda
instancia que resolvió el recurso de apelación que interpuso la parte demandada
contra el fallo dictado por el juez ordinario de primera instancia, es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios.

49. De otra parte, de los argumentos expuestos en el líbelo tampoco se advierte
que respecto de los mismos sean procedentes los recursos extraordinarios de
revisión o de unificación de jurisprudencia contenidos en los artículos 248 y 256 de la
Ley 1437 de 2011.

2.5.4. Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho

50. Tal y como sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 la
acreditación de este requisito resulta comprensible “pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos”.

51. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la parte actora presentó
una explicación clara y suficiente de los hechos y argumentos por los que consideró
que resultaron transgredidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, así como los principios de favorabilidad laboral y seguridad jurídica.

52. Concretamente, el accionante precisó que la autoridad judicial accionada
decidió su situación en particular con fundamento en una sentencia de unificación
que no estaba ejecutoriada y que la negativa a sus pretensiones representada el
desconocimiento de desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de esta
Corporación, que a su vez, atentan contra las prerrogativas del Texto Superior.

2.5.5. Relevancia constitucional

53. Sea lo primero advertir, que el accionante pretende la protección de sus
garantías constitucionales al debido proceso, a la igualdad, así como los principios
de favorabilidad laboral y seguridad jurídica, que considera transgredidos por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión con ocasión de la
expedición de la sentencia del 16 de agosto de 2022, que revocó la decisión de
primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda presentada en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

54. Así, se advierte que los reparos contra la providencia bajo cuestionamiento
pretenden poner de presente las irregularidades en que presuntamente incurrió la

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autoridad judicial accionada, en tanto comprometen una serie de garantías de orden
superior, más allá del debate legal surtido en las instancias del caso, por lo que el
asunto es relevante desde el punto de vista constitucional ante la evidente tensión
entre los derechos fundamentales invocados y la decisión judicial que se
controvierte.

55. Además de lo anterior, se debe hacer énfasis, en que el accionante cumplió
con la carga argumentativa mínima en dar las razones por las cuales la autoridad
judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo, en desconocimiento del
precedente y en violación directa de la Constitución, al haber aplicado de manera
indebida una sentencia de unificación de la Sección Segunda de esta Corporación
proferida el 12 de mayo de 2022, que indicó no se encontraba ejecutoriada, y según
la cual la prima de riesgo no se constituye como factor salarial para efectos
prestacionales, y por tanto, procedía dar aplicación a los pronunciamientos que sí
han reconocido esta característica de dicho emolumento.

56. Así las cosas la Sala considera que el asunto sí reviste relevancia
constitucional pues puede subsistir una eventual violación o amenaza de las
garantías superiores del accionante, pese a haber agotado el procedimiento judicial
establecido por la ley para su protección.

2.6. De los defectos invocados

57. Como se ha mencionado con antelación, la Sala determinará si el Tribunal
Administrativo de Antioquia al proferir la providencia del 16 de agosto de 2022
incurrió en el i) defecto sustantivo, en ii) desconocimiento del precedente y en
violación directa de la Constitución.

58. Bajo tal perspectiva, se caracterizarán brevemente los yerros en comento y
enseguida se analizarán los mismos con el fin de dilucidar si procede o no el amparo
de los derechos fundamentales sobre los que se invocó la protección constitucional.

2.6.1. Generalidades del defecto sustantivo

59. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”18. Puntualmente, lo configuran los
siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o
se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.

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b) No se hace una interpretación razonable de la norma.

c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

60. Conforme lo anterior, procederá entonces el amparo constitucional cuando se
acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que
se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la
carga argumentativa suficiente.

2.6.2. Generalidades del desconocimiento del precedente

61. Para la Sala el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, crea
una regla aplicable a los demás asuntos que se funden en los mismos
supuestos de hecho.

62. Lo anterior tiene lugar en el ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la
forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en
caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

63. Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad creadora de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

64. Sin embargo, se precisa que no todas las decisiones judiciales generan una
regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al
caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin
que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal19.

19 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.

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65. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

2.6.3. Violación directa de la Constitución

66. Al respecto, la Corte Constitucional20 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.

67. El primero, tiene lugar cuando el juez “deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto”21. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución22.

68. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el
juez “aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”23, y se fundamenta en
el artículo 4 de la Constitución Política que establece que la Carta es norma de
normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es
incompatible con la Constitución, es deber del mismo “aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad”24.

2.7. Caso concreto

69. En el asunto objeto de estudio, el señor Alberto Iván Henao Henao presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el extinto DAS con el
propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual
dicha entidad negó el reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial
prestacional.

70. El juez de primera instancia arribó a la conclusión de que la prima de riesgo
percibida por el accionante de forma habitual y periódica como contraprestación

20 Corte Constitucional, Sentencia SU-198 de 2013.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Ibídem.
24 Ibídem.

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directa de su vinculación al DAS, sí constituía factor salarial de acuerdo con
decisiones del Consejo de Estado y de conformidad con el principio de la primacía de
realidad sobre las formas y el de favorabilidad, a pesar de que el Decreto 2646 de
1994 en su artículo 4° le niegue tal condición.

71. La autoridad judicial accionada, en aplicación de la sentencia de unificación
dictada por la Sección Segunda de esta Corporación el 12 de mayo de 2022, revocó
la decisión de primera instancia. Lo anterior, pues en el fallo de unificación se
estableció que la prima de riesgo no constituye factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales de los servidores que, como el accionante, estuvieron
vinculados en el DAS antes de su supresión.

72. El actor considera que a su caso en particular fue aplicada una regla contenida
en un fallo que no se encontraba debidamente ejecutoriado al momento en que fue
decidida su situación, pues respecto de la sentencia de unificación fue presentada
una solicitud de aclaración que solo fue resuelta de manera posterior a la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que
negó sus pretensiones.

73. En razón a lo anterior, el actor sostuvo que su situación particular fue decidida
con base en una providencia que, en ese momento, no resultaba vinculante y que, en
todo caso, contraría pronunciamientos que sí han tenido a la prima de riesgo como
factor salarial para liquidar las prestaciones sociales; desarrollos que esgrime deben
aplicarse a su situación en particular, pues lo contrario, se traduce en una violación
directa del Texto Constitucional.

74. Con tales precisiones, la Sala anuncia que no accederá a la solicitud de
amparo invocada por la parte accionante de conformidad con las razones que se
exponen a continuación, para lo cual se analizarán en conjunto los defectos alegados
en atención a su íntima relación.

75. A través de sentencia del 12 de mayo de 202225, la Sección Segunda del
Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto a la prima de riesgo como
factor de liquidación de las prestaciones sociales de los servidores del extinto DAS.
En específico, dispuso lo siguiente:

«Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1137 y
2646 de 1994, la prima de riesgo no es factor salarial para efectos de
liquidar prestaciones sociales diferentes a pensión, en favor de los
servidores que se desempeñaron en el Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS, hasta su supresión, ordenada por el Decreto 4057 del 31
de octubre de 2011. Dicho valor constituye factor salarial para todos los
25 Sentencia de Unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Radicado. 05001-33-33-

000-2013-01009-01(2263-2018).

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efectos legales a partir de la incorporación de los servidores del DAS a otras
entidades u organismos receptores, como consecuencia de lo previsto por el
artículo 7 del Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011.

Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación
constituye precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437
de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como
judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los
cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables.

Tercero: Revóquese la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral de Medellín, el 28 de julio de 2015, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone:
Deniéguense las súplicas de la demanda. (Énfasis de la Sala).

76. La decisión de unificación referida fue notificada el 8 de julio de 2022 y
mediante escrito presentado el 13 de julio del mismo año, se solicitó la aclaración de
la misma, particularmente, de la expresión “diferentes a pensión” contenida en la
regla de unificación de su numeral primero. Para el solicitante este apartado ofrecía
dudas y, por tanto, debía precisarse si la prima de riesgo se consideraba factor
salarial en materia pensional de los exfuncionarios del DAS.

77. La referida solicitud de aclaración fue resuelta de manera negativa por la
Sección Segunda del Consejo de Estado mediante providencia del 25 de agosto de
202226 por considerar que la misma no ofrecía motivo de dudas. En contraste, la
decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, objeto
de la presente acción de tutela se dictó el 16 de agosto de 2022.

78. Con tales precisiones, conviene referirse al artículo 302 del Código General
del Proceso, norma según la cual las sentencias solo quedarán ejecutoriadas tres (3)
días después de notificadas; no obstante, en caso de que exista una solicitud de
aclaración o complementación de la providencia, el fallo quedará ejecutoriado solo
cuando se resuelva dicha solicitud. Al respecto:

Artículo 302. Ejecutoria
26 Al respecto, se señaló que la referida expresión no contenía un concepto que ofrezca verdadero

motivo de duda pues en la propia decisión de unificación se explicó a qué obedecía la misma en los
siguientes términos: «Es de precisar que la expresión “diferentes a pensión” contenida en la anterior
regla obedece a que en esta providencia se estudia su incidencia en prestaciones sociales tales como:
cesantías, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de vacaciones, entre otras,
salvo la pensión. Lo anterior, por cuanto dicha prestación amerita consideraciones especiales y no fue
objeto de discusión en el presente caso».

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Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de
una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la
solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o
han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que
fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos. (Negrillas de la Sala)

79. En ese orden de ideas, queda claro que en atención al hecho de que la
solicitud de aclaración presentada contra la sentencia de unificación solamente se
resolvió hasta el 25 de agosto del año en curso y esa providencia, según se advierte
del sistema de información SAMAI, aun no se ha notificado, el citado fallo de
unificación no se encuentra debidamente ejecutoriado de conformidad con la norma
en cita.

80. No obstante lo anterior, para esta Sala de Decisión no pasa desapercibido el
hecho que la solicitud de aclaración presentada se circunscribió a que se precisara si
la prima de riesgo debía ser considerada como factor salarial a efectos de liquidar las
pensiones de los exservidores del DAS, mas no, que se especificara si tal
emolumento se constituía como factor para efectos de liquidar prestaciones
sociales de dichos sujetos.

81. Como se observa, la regla de unificación en torno a que la prima de riesgo no
es factor salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales de los servidores
del DAS que estuvieron vinculados antes de su supresión, no fue objeto de la
solicitud de aclaración.

82. De tal suerte, resulta claro que no existe cercanía entre los asuntos materia de
aclaración, esto es, entre la prima de riesgo como factor salarial para liquidación de
pensión, y el mismo emolumento excluido para efectos de prestaciones sociales
distintas a pensión.

83. Ahora bien, aun aceptando que el tribunal accionado no podía dar aplicación a
los desarrollos contenidos en la sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022, en
la medida que la misma, como se advirtió, no se encuentra ejecutoriada, lo cierto es
que frente al particular existían diversas tesis. Precisamente, esta disparidad de
criterios fue la que llevó a que la Sección Segunda de esta Corporación avocara el
conocimiento del asunto.

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84. Ciertamente, antes del proferimiento de la decisión de unificación, tal y como
advirtió la Sección Segunda, existían al menos tres tesis que se habían expuesto en
diferentes pronunciamientos judiciales sobre la materia, a saber:

85. Según la primera tesis, la inclusión de la prima de riesgo en la liquidación de
prestaciones distintas a la pensión es procedente, y la misma encuentra fundamento
en la aplicación del desarrollo establecido en la sentencia de unificación del 1° de
agosto de 2013 invocada por el accionante, según la cual la naturaleza de la prima
de riesgo es salarial. Tal y como señaló la Sección Segunda, dicha posición se
edifica en un planteamiento constitucional que privilegia los principios laborales de
primacía de la realidad sobre las formas27.

86. Por su parte, la segunda tesis considera que la inclusión de la prima de riesgo
en la liquidación de prestaciones sociales es procedente solo en algunos casos 28,
específicamente siempre que se trate de un beneficiario del régimen de transición
pensional y la vinculación al DAS sea anterior a la vigencia del Decreto 1835 de
1994.

87. La tercera tesis sostiene que la inclusión de la prima de riesgo no procede
como factor salarial para el cálculo de prestaciones sociales distintas a pensión, pues
atiende la taxatividad de la norma en la medida en que acepta que el Gobierno
Nacional tiene la potestad para definir qué emolumentos tienen el carácter de factor
salarial y cuales deben o no ser incluidos en la liquidación de otras prestaciones29.

27 Postura recogida como razonable en sentencias de tutela del Consejo de Estado como las
siguientes: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2019-03500-01(AC), actor: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y otro; sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03- 15-000-2019-03331-
01(AC), actor: PAP, Fiduprevisora S.A.; Sección Cuarta, sentencia del 4 de diciembre de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2019-03482-01(AC), actor: PAP, Fiduprevisora S.A.; Sección Primera,
sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2020- 00072-00(AC), actor:
Fiduprevisora S.A.; Sección Quinta, sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación: 11001-03-15-
000-2020-00179-00(AC), actor: Fiduprevisora S.A.; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20
de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2019-03952- 01(AC), actor: Fiduprevisora S.A. y
sentencia del 2 de julio de 2020, radicación: 11001-03-15-000- 2020-00526-01(AC), actor: PAP
Fiduprevisora S.A.
28 Para el efecto la Sección Segunda en la sentencia de unificación se refirió a las siguientes

providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de
2019, radicación: 11001-03-15-000-2019-03500-01(AC), actor: Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y otro; sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03- 15-000-2019-03331-
01(AC), actor: PAP, Fiduprevisora S.A.; Sección Cuarta, sentencia del 4 de diciembre de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2019-03482-01(AC), actor: PAP, Fiduprevisora S.A.; Sección Primera,
sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2020- 00072-00(AC), actor:
Fiduprevisora S.A.; Sección Quinta, sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación: 11001-03-15-
000-2020-00179-00(AC), actor: Fiduprevisora S.A.; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20
de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2019-03952- 01(AC), actor: Fiduprevisora S.A. y
sentencia del 2 de julio de 2020, radicación: 11001-03-15-000- 2020-00526-01(AC), actor: PAP
Fiduprevisora S.A
29 Para el efecto la Sección Segunda en la sentencia de unificación se refirió a las siguientes

providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de
2020, radicación: 080012333000201300610 01(0886-2015) y Sección Primera, sentencia del 15 de
agosto de 2019, radicación: 11001-03- 15-000-2019-02916-00(AC).

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04573-00

88. Como se observa, en el caso concreto se advierte que el tribunal accionado,
en virtud de la autonomía judicial de la que goza, decidió el asunto conforme a uno
de los criterios existentes en torno a la prima de riesgo como factor salarial para la
liquidación de prestaciones; tesis que, en todo caso, como se expuso en líneas
anteriores, fue la acogida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022, esto es, aquella según la cual la
prima de riesgo no se constituye como factor salarial para el cálculo de prestaciones
sociales distintas a la pensión, aspecto que, se itera, no fue objeto de aclaración.

89. Por lo expuesto, esta Sala de Decisión considera que no se presentan los
defectos invocados respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

2.8. Conclusión
90. La Sala negará el amparo constitucional invocado porque no se configuraron
los defectos endilgados a la decisión que puso fin al trámite ordinario.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por el señor Alberto Iván Henao
Henao contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alberto Iván Henao Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04573-00

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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