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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04574-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04574-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 04574 01
Demandante: Hugo Armando Higuera Sanabria
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Rentista de capital / Cotización
al Sistema de Seguridad Social en Salud

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 15 de septiembre de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta,
negó las pretensiones reclamadas.

1. La acción de tutela

El señor Hugo Armando Higuera Sanabria, a través de apoderado, promueve acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A y el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

5.1 TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor ARMANDO HIGUERA
SANABRIA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 6.754.115
vulnerado por el Juzgado 43 Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección A de
la Sección 4 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al expedir las sentencias de
fecha 29 de septiembre de 2020 y día 25 de marzo de 2022 respectivamente,
contrariando de manera directa el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia y

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Demandante: Hugo Armando Higuera Sanabria

desarrollado por los principios de Legalidad Tributaria, Certeza Tributaria y Reserva de
Ley.

5.2 Como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de las sentencias 29 de
septiembre de 2020 Juzgado 43 Administrativo del Circuito y sentencia del 25 de marzo
de 2022 Subsección A de la Sección 4 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
violación directa al artículo 338 de la Constitución Política de Colombia y desarrollado
por los principios de Legalidad Tributaria, Certeza Tributaria y Reserva de Ley. (sic a
toda la transcripción)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) El 27 de octubre de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP profirió el requerimiento de
información núm. RQI-M-3027, a través del cual solicitó al señor Hugo Armando Higuera
Sanabria la remisión y creación de la documentación necesaria para determinar la
correcta liquidación y pago de los aportes a la seguridad social correspondientes a los
períodos comprendidos entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2014.

Al efecto, la entidad verificó los ingresos del señor Higuera Sanabria a partir de su
declaración del impuesto de renta para la vigencia fiscal correspondiente al año 2014
y, con base en la información otorgada por la DIAN, determinó que el accionante había
percibido la suma de $ 2.703.745.000 durante ese año.

ii) El 11 de abril de 2018, el Subdirector de Determinación de Obligaciones de la UGPP
expidió requerimiento para declarar núm. RCD-2018-00411 dirigido al señor Hugo
Higuera Sanabria para que se afiliara y/o reportara la novedad de ingreso, como
cotizante al subsistema de seguridad social integral, de salud y pensiones, y pagara
los aportes correspondientes a los periodos de enero a diciembre del año 2014,
liquidados en la suma de $ 49.274.000.

iii) El 13 de julio de 2018, el señor Higuera Sanabria mediante radicado núm.
201820052134972, dio respuesta al requerimiento y precisó que con anterioridad a
dicho acto ya había efectuado los pagos y correcciones en las planillas PILA
correspondientes a los períodos mensuales de 2014.

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iv) A pesar de la anterior aclaración, el 8 de noviembre de 2018, la UGPP expidió la
liquidación oficial núm. RDO-2018-004183 al establecer la existencia de una mora en
el pago de los aportes a la seguridad social durante la vigencia fiscal del año 2014 por
la suma de $ 49.274.000 y le impuso sanción por inexactitud en las autoliquidaciones
de ese período por el valor de $ 21.507.435.

v) El señor Hugo Armando Higuera Sanabria, a través de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anulara el acto
administrativo que contenía la liquidación oficial y se declarara que no había lugar a
pagar las sumas allí descritas.

vi) El 29 de septiembre de 2020, el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá resolvió negar
las pretensiones de la demanda.

vii) El 25 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, confirmó la providencia proferida por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
Consideró que las providencias objeto de litis habrían incurrido en los siguientes
defectos:

1.3.1. Violación directa de la Constitución

El accionante consideró que las autoridades judiciales pasaron por alto que la UGPP le
ordenó pagar los aportes al sistema de seguridad social sin que exista una norma
expresa que incluya a los rentistas de capital como sujetos pasivos de los aportes al
sistema de salud y pensiones, o que disponga que los rentistas de capital o los
comerciantes -como es su caso- tengan la calidad de trabajadores independientes,
razón por la cual no era posible hacerle extensivas las disposiciones que obligan a
estos últimos a cotizar al sistema general de seguridad social.

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Afirmó que tal postura desconoce el artículo 338 superior en lo relacionado con el
principio de la no tributación sin representación, certeza tributaria y reserva de ley
desarrollados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-488 de 2000, C-287 de
2009, C-594 de 2010 y C-891 de 2012.

1.3.2. Defecto sustantivo

Advirtió que las sentencias cuestionadas se dictaron con base en dos normas para
señalar la obligatoriedad de los rentistas de capital a pagar los aportes a seguridad
social: el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 25 del Decreto 806 de 1998.

Manifestó que el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 si bien hace referencia a los
trabajadores independientes, no regula aspectos relacionados con los rentistas de
capital o propietarios de empresas que desarrollen su actividad de manera autónoma,
lo que implica una interpretación extensiva de dicha figura con desconocimiento de los
principios de certeza y legalidad tributaria, conforme a los cuales los elementos
esenciales de un tributo deben estar determinados claramente en la ley razón por la
cual no podía aplicarse en su caso una disposición de carácter general que está
dirigida a todos los habitantes del territorio colombiano.
Por otra parte, precisó que así el artículo 25 del Decreto 806 de 1998 se refiera a los
rentistas de capital, se trata de una norma que está derogada y que -en todo caso- no
fue expedida por el Congreso de la República, única autoridad con capacidad para
imponer contribuciones fiscales y parafiscales; además, dicho precepto incluía de
manera expresa a los rentistas como personas obligadas a realizar aportes al sistema
de seguridad social en salud, lo cual desconocía el artículo 338 constitucional en
relación con los principios de no tributación sin representación y reserva de ley.

Explicó que el concepto de rentista de capital o propietario de empresa se distingue
del de trabajador independiente, ya que en este último predomina el factor físico o
intelectual, mientras que en el primero de ellos no se requiere la intervención de una
persona, sino la existencia de activos o bienes susceptibles de producir ganancias.

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Destacó que en ninguno de los dos artículos mencionados se incluye a los rentistas
de capital como afiliados obligatorios al sistema de seguridad social en pensiones y
salud, por lo que tales normas no resultaban aplicables al caso concreto.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 25 de agosto de 2022 se ordenó notificar como demandados a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, y al titular del Juzgado 43 Administrativo de Bogotá, y como tercero
interesado, al director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP al haber
actuado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se
tramitó con el radicado 11001 33 37 043 2019 00067 00 [01], para que, dentro del
término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A,1 Gloria Isabel Cáceres Martínez, ponente de la providencia
objeto de litis, solicitó que las pretensiones de amparo invocadas por el accionante
fueran declaradas improcedentes en consideración a que la decisión cuestionada no
incurrió en los defectos alegados, pues no se efectuó una interpretación normativa
irrazonable o arbitraria ni se le dio un alcance diferente a las normas que sustentaron
el acto administrativo demandado y, por lo demás, se basó en el material probatorio
allegado.

Consideró que con la acción de tutela se busca reabrir un debate jurídico que ya
finalizó con la expedición de la sentencia de segunda instancia, ya que los argumentos
del actor están encaminados a controvertir nuevamente la legalidad de un acto
administrativo que ya fue objeto de estudio en el proceso ordinario.

1.5.2. La subdirectora general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP,2 Claudia

1 Expediente digital de tutela.
2 Expediente digital de tutela.

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Alejandra Caicedo Borras, aseguró que los motivos de inconformidad planteados por
el accionante frente a la liquidación oficial emitida por esa entidad fueron resueltos por
las autoridades judiciales en el proceso ordinario, en el cual se estableció que el
demandante estaba en la obligación de pagar los aportes al sistema de seguridad
social por la vigencia del año 2014.

Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la acción, ya que no se vulneraron
los derechos fundamentales de la parte actora.

1.5.3. El titular del Juzgado 43 Administrativo de Bogotá3 se limitó a remitir copia
íntegra del expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en la sentencia del 15 de septiembre de 2022
que negó el amparo del derecho fundamental reclamado, puso de relieve lo expuesto
en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, y concluyó que la argumentación efectuada por dicha autoridad no
deviene en irrazonable, pues fue justamente con base en la interpretación realizada
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-578 de 2009 que concluyó que el
concepto de rentista de capital podía ser incluido en el de trabajador independiente,
con el fin de establecer la obligatoriedad de cotizar al sistema general de seguridad
social.

Además, evidenció que la conclusión a la que llegó el Tribunal tuvo como fundamento
el hecho de que, por regla general, toda persona debe encontrarse afiliada a dicho
sistema, ya sea bajo el régimen subsidiado o el contributivo, dependiendo de su
capacidad de pago, razón por la cual tales conclusiones no resultaban arbitrarias ni
caprichosas, sino que contaban con un sólido sustento normativo y jurisprudencial que
fue explicado ampliamente en la providencia objeto de estudio.

3 Expediente digital de tutela.

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De hecho, encontró que la autoridad judicial hizo referencia a la sentencia del 11 de
noviembre de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del
expediente 54001 23 33 000 2018 00316 01, que recalca en virtud de los principios de
universalidad y solidaridad la obligatoriedad de los rentistas de capital de cotizar al
sistema de seguridad social, lo cual permite -para este efecto- su inclusión bajo la
categoría de trabajadores independientes.

En ese orden de ideas, esa Sala consideró que aunque el artículo 157 de la Ley 100
de 1993 no distinguió a los «rentistas de capital» como sujetos obligados a cotizar en
el sistema general de seguridad social, lo cierto es que tanto la jurisprudencia de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado ha establecido que este tipo de
personas han de realizar, de manera necesaria, los aportes correspondientes
específicamente bajo el concepto de «trabajadores independientes». Precisó que fue
únicamente con base en esa norma que se determinó que el actor debía hacer las
cotizaciones correspondientes, con el fin de establecer que tanto el requerimiento
como la liquidación oficial efectuada por la UGPP se encontraban ajustadas a derecho.

Por lo mismo concluyó que contrario a lo alegado por el señor Hugo Higuera Sanabria,
encontraba justificado que la autoridad judicial le hubiera hecho extensiva la aplicación
de dicha norma, dado que los recursos percibidos durante el año 2014 provenían del
desarrollo de actividades económicas por cuenta propia, es decir, de su actividad como
rentista de capital.

En tales condiciones, no encontró desconocido el artículo 338 de la Constitución
Política en lo relacionado con los principios de no tributación sin representación, de
certeza tributaria y de reserva de ley, porque fue justamente con base en una norma
de rango legal que se concluyó que el accionante sí estaba en obligación de hacer las
cotizaciones al sistema general de seguridad social, postura respaldada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Finalmente, tampoco encontró acreditado el defecto sustantivo, pues como quedó
establecido en líneas precedentes, la aplicación de las disposiciones de la Ley 100 de
1993, al caso concreto, estuvo totalmente justificada.

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1.7. Impugnación

Inconforme con la decisión proferida por el juez a quo de tutela, el señor Hugo Armando
Higuera Sanabria manifestó que dicho fallo no efectuó un análisis detallado de los
alcances de los principios de reserva, certeza de ley y no tributación sin representación
aplicables a su caso, y, por el contrario, validó todos los argumentos expuestos por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, incluida la
equivocada extensión de las normas que realizó la UGPP.

Reiteró que el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 hace referencia a los trabajadores
independientes, pero no regula los aspectos relacionados con los rentistas de capital
o propietarios de empresas que desarrollen su actividad de manera autónoma.

En su criterio, la Sentencia C-578 de 2009 no incluyó en su ratio decidendi ni indicó en
el cuerpo del fallo que el concepto de rentista de capital debía entenderse comprendido
dentro del concepto de trabajador independiente, razón por la cual no tenía la
obligación de aportar al sistema de salud.

Concluyó que el juez a quo de tutela al validar la interpretación por extensión de
normas que regulan sujetos pasivos tributarios, aplicada a la calidad de trabajador
independiente, contrarió el principio constitucional de reserva de ley.

Finalmente, reiteró la existencia del defecto sustantivo al haber el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sustentado su decisión en el Decreto 806 de 1998,
normativa que para la vigencia fiscal del año 2004 se encontraba derogada.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta contra el fallo de
tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80

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de 2019,4 según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, la Sala aclara que solo realizará el análisis
de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, órgano de cierre en el presente asunto.

2.3. Problema jurídico

Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, quebrantó el derecho fundamental invocado por el señor Hugo
Armando Higuera Sanabria al proferir la sentencia del 25 de marzo de 2022 dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 37
043 2019 00067 00 [01], que confirmó el fallo denegatorio de las pretensiones de la
demanda proferida por el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, a través
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

4 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado

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El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y de seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no
puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
Sentencia C-590 de 2005,5 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la infracción así como los derechos quebrantados y que se hubiere alegado en el

5 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,6 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,7 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste suficiente
relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración
del derecho fundamental al debido proceso.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió la apelación propuesta
contra la decisión adoptada en providencia del 29 de septiembre de 2020 por el
Juzgado 43 Administrativo de Bogotá, de modo que la parte accionante agotó todos

6Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente

radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma
subsidiaria.

De otra parte, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 25 de marzo de 2022 y notificada por correo
electrónico el 28 de igual mes y año,8 mientras que la acción de tutela de la referencia
fue radicada el 23 de agosto de 2022,9 es decir, dentro de los 6 meses siguientes,
término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio
de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con los
cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en la sentencia
enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente se puede establecer
lo siguiente:

2.5.1. El 6 de marzo de 2018, el señor Hugo Armando Higuera Sanabria a través de
apoderado radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP con el propósito de declarar la nulidad del acto
administrativo contenido en la Liquidación Oficial núm. RDO 2018-04183 del 8 de
noviembre de 2018 relacionada con la obligación de aportar a la seguridad social, y a
título de restablecimiento del derecho solicitó declarar que no estaba obligado a
afiliarse ni aportar a los subsistemas de salud en los meses de enero a diciembre del

8https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100133370432019000670

12500023
9https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002022045740

01100103

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año 2014 y, en consecuencia, tampoco debía pagar la supuesta inexactitud y mora
determinadas, ni la sanción por inexactitud.10

2.5.2. El 29 de septiembre de 2020, el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá, resolvió
negar las pretensiones de la demanda, como sustento de su decisión señaló:11

El artículo 153 de la Ley 100 de 1993, dispone que la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia; en igual
sentido el artículo 156 ibidem, señala que todos los habitantes en Colombia deberán
estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

A su vez, el numeral 1º, literal A) del artículo 157 de la misma legislación, establece que
los trabajadores independientes con capacidad de pago, deberán afiliarse al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, mediante las normas del régimen contributivo,
previendo igualmente la existencia de afiliados al régimen subsidiado por no tener
capacidad de pago para cubrir el monto total de la obligación.

[…]

Conforme a lo anterior, resulta claro que la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el
Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”, estableció quienes
son los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y dentro de
estos, determinó los sujetos que se encuentran obligados a afiliarse al Sistema mediante
las normas del régimen contributivo, incluyendo de forma expresa a los trabajadores
independientes con capacidad de pago.

Así las cosas, no hay duda que los obligados a cotizar al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, como sujetos pasivos de dicha contribución parafiscal, resultan ser,
entre otros, los trabajadores independientes con capacidad de pago como lo son los
rentistas de capital, condición que ostentó el hoy demandante durante los periodos que
fueron objeto de fiscalización por la UGPP, al desarrollar actividades económicas por
cuenta propia, esto es, sin tener contrato laboral o relación legal y reglamentaria, de las
cuales percibió ingresos superiores a un salario mínimo legal mensual vigente para el
año 2014, contando así con los recursos económicos para afiliarse al Sistema y realizar
aportes a salud mediante el régimen contributivo.

[…]

Por todo lo expuesto, el despacho concluye que en primer lugar no se configuró falsa
motivación de los actos administrativos pues como quedó demostrado los rentistas de
capital también deben afiliarse al SGSS y que por el contrario el señor Hugo Higuera se
encontraba en la obligación de afiliarse y cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral
en el Subsistema Salud, por los periodos de enero a diciembre de 2014, como lo
determinó la UGPP al adelantar las acciones de fiscalización y determinación de aportes
parafiscales que concluyeron con la modificación de la liquidación oficial demandada.

10 Folios 1 a 61 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
11 Folios 239 a 253 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.

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2.5.3. El 25 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, confirmó en su integridad la providencia proferida por el juez a
quo.12

2.6. Caso concreto. Análisis de la Sala

El accionante interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en procura de obtener el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con la sentencia del
25 de marzo de 2022, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 11001 33 37 043 2019 00067 01, que confirmó la negativa
de las pretensiones del medio de control.

En esta instancia el señor Hugo Armando Higuera Sanabria consideró que -contrario
a lo expuesto por el Tribunal y el juez a quo de tutela-, ni el artículo 157 de la Ley 100
de 1993 ni la Sentencia C-578 de 2009 definieron a los rentistas de capital como
sujetos pasivos de los aportes al sistema de seguridad social en salud, lo que impedía
equiparar su situación al concepto de trabajador independiente, razón por la cual no
procedía acudir a una norma de carácter general dirigida a todos los habitantes del
territorio nacional, cuando en aplicación de los principios de certeza y legalidad
tributaria, los elementos esenciales de un tributo deben estar determinados de forma
clara y concreta en una norma legal.

Con el fin de responder tales planteamientos, esta Sala considera pertinente destacar
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
realizó un recuento normativo13 y jurisprudencial 14 con el fin de absolver uno de los
cuatro problemas jurídicos que suscitó la interposición del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, esto es, el relativo a si el demandante se encontraba
en la obligación de realizar aportes al sistema de seguridad social para la vigencia del
2014, pues en su criterio, a los denominados rentistas de capital no se les podía

12 Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Se refirió a la creación del sistema de seguridad social integral, artículos 154 y 157 de la Ley 100 de 1993.
14
i) Corte Constitucional, sentencia C-578 de 2009, ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto 2016, radicación número: 230012333000201300260 01 (0088-15)
CE–SUJ2-005-16.

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extender las obligaciones determinadas para los trabajadores independientes, además
para la vigencia referida no existía una norma que incluyera, como sujeto pasivo de la
contribución, a las personas que obtienen sus ingresos de rentas pasivas.

Así, el Tribunal de manera expresa, al reiterar el criterio jurisprudencial establecido
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-578 de 2009, concluyó que una
interpretación amplia de la expresión «trabajador independiente» contenida en el
ordinal 1.º del literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, admite la inclusión de
los rentistas de capital, propietarios de empresas y demás personas con capacidad
de contribuir, como obligados a cotizar o aportar al sistema general de seguridad
social en salud, bajo el entendido de que son personas económicamente activas que
ejercen una actividad comercial en forma personal y directa. Además, precisó que en
desarrollo de «los principios de universalidad y solidaridad, todos los habitantes de
Colombia deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
mediante el régimen contributivo, si tienen capacidad de pago, o el régimen
subsidiado, si no la tienen».

Igualmente, robusteció su posición sobre el particular acudiendo a la jurisprudencia del
Consejo de Estado contenida en el expediente 54001 23 33 000 2018 00316 01,15 que
señaló: «[r]ecientemente, la Sala al estudiar la legalidad del artículo 26 del Decreto
806 de 1998 en sentencia del 29 de abril de 2021 (exp.25056 C.P. Myriam Gutiérrez
Argüello) reiteró lo expuesto anteriormente y señaló que “no solo deben afiliarse al
Sistema General de Seguridad Social en Salud los rentistas de capital y los propietarios
de empresas, sino también todas las personas naturales residentes en el país, que no
tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador”. Así las cosas, esta
Sección ha sido clara sobre el deber de afiliarse en el sistema de salud de este tipo de
personas».

De lo expuesto, la Sala considera razonable la argumentación efectuada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A en la
providencia objeto de litis, pues fue con base en la interpretación realizada por la Corte

15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, 11 de noviembre de 2021, expediente radicado núm. 54001 23 33 000 2018

00316 01

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Constitucional y la Sección Cuarta de esta corporación, que concluyó que el concepto
de rentista de capital podía ser incluido en el de trabajador independiente, con el fin de
establecer la obligatoriedad de cotizar al sistema general de seguridad social en salud.

Corolario de lo expuesto, se puede afirmar que la sentencia reprochada cuenta con
una sólida fundamentación que descarta la estructuración de los defectos alegados,
actuación que, por lo demás, corresponde al ejercicio funcional de los atributos de
autonomía e independencia judicial de los que está investido el juez de la causa.

Ahora bien, respecto del reparo relacionado con que el Tribunal sustentó su decisión
en el artículo 26, literal d) del Decreto 806 de 1998, norma que incluía expresamente
a los trabajadores independientes, rentistas de capital y propietarios de empresas
como afiliados al régimen contributivo de salud, y que se encontraba derogada;
evidencia la Sala que en efecto la autoridad judicial hizo mención a dicho artículo,
además en párrafos posteriores señaló que a pesar de encontrarse suprimido por el
Decreto 2353 de 2015, el artículo 34 ibídem volvió a referirse en forma expresa a los
rentistas y propietarios de empresas como cotizantes del régimen contributivo del
sistema general de seguridad social en salud.

Así las cosas, contrario a lo sostenido por el accionante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, lejos de fundar su decisión en un decreto derogado encontró que la
situación del señor Higuera Sanabria se enmarcaba dentro de la categoría de
trabajador independiente en su condición de rentista de capital, de conformidad con la
normatividad vigente y con base en el criterio jurisprudencial establecido en las
sentencias en vigor reseñadas anteriormente.

Se colige de lo anterior, que no se logró acreditar la configuración de los defectos
endilgados en el sub lite, y por tal razón, no se advierte ninguna vulneración del derecho
fundamental invocado.

3. Conclusión

De los argumentos expuestos, la Sala concluye que la providencia del 25 de marzo de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,

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Subsección A, no vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al no acceder a
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
interpuso el accionante contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, razón por la cual se
confirmará la decisión proferida por el Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Confirmar la providencia proferida el 15 de septiembre de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que negó el amparo del derecho fundamental
impetrado por el señor Hugo Armando Higuera Sanabria, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

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