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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04584-00

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04584-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana y a la igualdad de la señora Viviana Marcela Figueroa Barreto. En consecuencia, se dispone: 2. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C que, de acuerdo con sus competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que se pueda proveer su reemplazo al momento en que pretenda materializar el derecho al disfrute del descanso remunerado que ya causó. 3. De no ser impugnada, enviar la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, d e conformidad con las normas respectivas. Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato. 9 Sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Radicado: 11001-03-15-000-2022-04584-00 Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04584-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

22 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04584-00
Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04584-00
Demandante: VIVIANA MARCELA FIGUEROA BARRERA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Vacaciones individuales del Régimen Especial de la
Rama Judicial. Falta de disponibilidad presupuestal.
Derecho al descanso remunerado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada en nombre propio por la señora
Viviana Marcela Figueroa Barrera contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca y el
Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá
D.C., de conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Viviana Marcela Figueroa Barrera ejerció acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Bogotá-Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., por considerar vulnerado el derecho
fundamental al trabajo en condiciones dignas. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

“1. Se tutele mi derecho al trabajo en condiciones dignas y, en consecuencia, se
ordene a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, que apropie en el término de 48 horas, la partida presupuestal que
corresponde para el nombramiento de mi remplazo y emita el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal CDP para el disfrute de mis vacaciones
por el término de veinticinco (25) días ( a partir de 15 de septiembre de 2022).

2. Se ordene al Juez 31 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá
que una vez sea expedido el CDP por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca o por quien corresponda,
me conceda el periodo de vacaciones solicitado.”

2. Hechos

De la demanda de tutela, se recogen como hechos relevantes los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04584-00
Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

La señora Viviana Marcela Figueroa Barrera manifestó que está vinculada en
propiedad en el cargo de secretaria en el Juzgado 31 Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Bogotá, desde el 10 de junio de 2019.

Indicó que el 13 de junio de 2022 solicitó al titular del despacho que le concediera
el periodo de vacaciones causado entre el 10 de junio de 2019 y 9 de junio de 20201.

Mediante Resolución núm. 007 de 13 de junio de 2022 el Juez 31 Penal Municipal
con Funciones de Conocimiento de Bogotá autorizó el periodo de vacaciones
solicitado por la demandante a partir del 5 de julio de 2022.

En razón de lo anterior, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Bogotá que asignara el respectivo presupuesto para efectos de nombrar su
reemplazo mientras goza de sus vacaciones, para garantizar la continuidad en las
labores del despacho.

Dicha solicitud no fue atendida por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Bogotá, razón por la que mediante Resolución núm. 008 de 5 de julio de
2022, el titular del despacho suspendió el periodo vacacional que le fue concedido
ante la imposibilidad de nombrar su reemplazo, la falta de respuesta frente a la
solicitud presupuestal y la necesidad de garantizar la prestación de servicio por
parte del juzgado.

Con ocasión a lo expuesto, la demandante radicó acción de tutela 2 con la finalidad
de recibir respuesta frente a la petición radicada ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá. El Juzgado 52 Penal del Circuito de
Conocimiento, en fallo del 29 de julio de 2022, amparó el derecho fundamental de
petición en estrecha relación con el derecho al trabajo, y en consecuencia ordenó a
la demandada que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la
decisión procediera a responder lo solicitado por la demandante.

En cumplimiento de la orden de tutela, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Bogotá manifestó mediante oficio DESAJBOTHO22-1680 del 8 de
agosto de 2022, que si bien la liquidación y pago de las vacaciones de la señora
Figueroa Barrera se efectuarían en la nómina general que corresponda, no era
posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar el
reemplazo de vacaciones del empleado judicial, porque conforme a lo dispuesto en
la Circular PSAC05-89 no es posible expedir certificado de disponibilidad
presupuestal para despachos de más de tres servidores incluido el juez. Además,
informó que la adición presupuestal para ese rubro se encuentra sujeta a lo
dispuesto en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, la demandante solicitó nuevamente que le fuera concedido el periodo
de vacaciones por el término de 25 días, dado que a la fecha cuenta con dos
periodos causados entre el 10 de junio de 2019 y 9 de junio de 2021 para el disfrute
de vacaciones, los cuales estaría en riesgo de perder de no serle concedidos.

1 La Sala destaca que tanto en el escrito de tutela como en los documentos anexos se hace referencia al periodo

de vacaciones causado entre el 5 de mayo de 2019 y el 4 de mayo de 2020, sin embargo, conforme a la fecha
de vinculación de la actora se tiene que el periodo causado se dio entre el 10 de junio de 2019 y 9 de junio de
2020.
2 Expediente radicado bajo el número 2022-0211-00.

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Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

Posteriormente, mediante Resolución del 16 de agosto de 2022, el Juez 31 Penal
Municipal de Conocimiento de Bogotá negó la solicitud de vacaciones considerando
las necesidades del servicio, la alta carga laboral, así como la falta de asignación
de presupuesto para nombrar su reemplazo.

3. Argumentos de la acción de tutela

La demandante manifestó que las vacaciones son un derecho adquirido por el
tiempo laborado. Además, indicó que está demostrado que tiene dos periodos
cumplidos para el disfrute de vacaciones, que podría perder en caso de no ser
concedidos.

Sostuvo que la decisión de negarle las vacaciones a las que tiene derecho
constituye la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad
humana, a la igualdad y a la salud. Tanto el juez como la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá vulneran los derechos fundamentales invocados,
pues la decisión de negarle sus vacaciones obedece a un trámite administrativo (la
expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal), requerido con el fin de
no afectar el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

4. Trámite Previo

En auto del 25 de agosto de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la demandada, al Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca y al
Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá
D.C. en calidad de demandados, y publicar en la página web del Consejo de Estado
la providencia, así como la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

5. Oposición

La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó la desvinculación
del trámite de la acción de tutela de la referencia al considerar que no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva, dado que si bien es el órgano de gobierno y de
administración de la Rama Judicial y ejerce funciones netamente administrativas,
sujetas al marco normativo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 270 de
1996, lo cierto es que dicha norma prevé que tanto esa entidad como los Consejos
Seccionales de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las
Direcciones Seccionales de Administración Judicial tienen funciones propias y
diferentes, por lo tanto, responden de manera independiente.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá manifestó que la pretensión
que persigue la demandante con la presente solicitud de amparo no tiene ninguna
relación directa por acción u omisión frente a los hechos constitutivos del amparo
constitucional por parte de dicha entidad, dado que la concesión y reconocimiento
de vacaciones a los servidores judiciales son situaciones que están en cabeza del
nominador respectivo como superior y jefe directo.

Señaló que la expedición del CDP es un asunto que corresponde neta y
exclusivamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
quien es la entidad que tiene a su cargo el pago de dicha prestación y los demás
emolumentos que perciben los servidores judiciales como remuneración, conforme
a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 y el Decreto 1660 de 1978,
normas que regulan los dos regímenes de vacaciones que existen en la Rama
Judicial.
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Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

Por lo expuesto concluyó que el competente para pronunciarse frente a la solicitud
y concesión de vacaciones de la demandante es el director del despacho en el que
labora, quien deberá evaluar la procedencia de las mismas atendiendo las
condiciones administrativas o de necesidad del servicio, conforme al marco fijado
en el reconocimiento de esta prestación.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá sostuvo que
carece de legitimidad por pasiva para dar cumplimiento a lo solicitado por la parte
demandante, teniendo en cuenta que es el Juez nominador quien tiene la
discrecionalidad de programar los turnos de descanso de la planta de personal que
presta sus servicios dentro del despacho judicial.

El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 facultó al juez nominador para conceder las
vacaciones individuales de acuerdo con las necesidades del servicio. Así que en el
caso objeto de estudio es a aquel a quien le corresponde constatar que el empleado
judicial hubiera causado el periodo de vacaciones y verificar los demás requisitos
para concederlas, de tal forma que no se afectara la prestación del servicio de
administración de justicia.

Señaló que la decisión de negar el CDP para la designación de un reemplazo por el
periodo de vacaciones de la demandante tuvo como fundamento la Circular núm.
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 proferida por la Presidencia de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se estableció el
procedimiento para la programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del
régimen de vacaciones individuales.

Informó que, en su calidad de ordenadora del gasto, no se encuentra facultada para
impartir decisiones que afecten el presupuesto de conformidad con lo establecido
en el Decreto 111 de 1996, razón por la que fue enfática en señalar que es el
nominador a quien le corresponde garantizar el disfrute de las vacaciones del
servidor, sin condicionar las mismas a la expedición de un CDP.

Por lo expuesto solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia, dado que en atención a las competencias de esa entidad se está frente
a la imposibilidad fáctica y jurídica de satisfacer la pretensión de la demandante.
Además, precisó que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, dado que la demandante cuenta con otro medio de defensa judicial
del cual no ha hecho uso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

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Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la señora Figueroa Barrera con ocasión de la decisión de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá de negar la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para pagar el salario de la persona que la
reemplazaría en la época de disfrute de las vacaciones, y la consecuente decisión
del Juez 31 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá de negar
las vacaciones solicitadas.

Previo a resolver el problema jurídico planteado en el presente caso, la Sala
considera necesario hacer referencia a la idoneidad de la acción de tutela como
mecanismo transitorio.

Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en el mecanismo principal de protección de
los derechos, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
establecen una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó4:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del
derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales
(…).”

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en estos
se cuestionen las decisiones que se atacan en la acción de tutela.

En el presente asunto, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial alegó que
la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito de subsidiariedad, por
cuanto, a su juicio, la demandante realmente cuestionaba la Circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011, acto administrativo de carácter general y abstracto
contra el que podía promover el medio de control de simple nulidad.

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Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

Contra lo señalado por la citada entidad, la Sala encuentra que en el presente
asunto la parte demandante no está cuestionando la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011, que establece el programa de vacaciones individuales del
sistema penal acusatorio, pues como quedó expuesto en los antecedentes, lo
pretendido es que se disponga el presupuesto para nombrar el reemplazo que le
permita el disfrute de las vacaciones que solicitó, y que pese a que le fueron
concedidas las mismas tuvieron que ser suspendidas mediante Resolución nro. 008
de 5 de julio de 2022, por la imposibilidad de nombrar su reemplazo, dado que no
había recibido respuesta frente a la solicitud presupuestal. Posteriormente, cuando
el juzgado contó con el oficio que negó la expedición del CDP mediante resolución
del 16 de agosto de 2022, negó la solicitud de vacaciones considerando las
necesidades del servicio, la alta carga laboral, así como la falta de asignación de
presupuesto para nombrar su reemplazo.

Si bien la demandante podría cuestionar la resolución mediante la cual le fue
negado el periodo de vacaciones con ocasión de la falta de disponibilidad
presupuestal para nombrar su reemplazo, mediante el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, por tratarse del medio para cuestionar actos administrativos, lo cierto es que
no resulta ser eficaz en el caso objeto de estudio. En este punto, es importante
resaltar que la Corte Constitucional 3 ha precisado que, pese a la existencia de otro
medio de defensa judicial, si en el caso concreto se evidencia que el mismo no es
idóneo o eficaz, la acción de tutela es procedente como mecanismo principal.

En el sub lite, la señora Figueroa Barrera solicita el reconocimiento del derecho al
descanso por haber laborado de forma continua e ininterrumpida desde el 10 de
junio de 2019 al 9 de junio de 2020, circunstancia que denota la necesidad urgente
de evitar que se siga prolongando en el tiempo la ausencia de descanso, que puede
comprometer la salud mental y física de la demandante, dado que está demostrado
que cuenta con dos periodos de vacaciones causados de los cuales no ha podido
hacer uso, condiciones que justamente se busca salvaguardar con el descanso,
como se explicará con detalle más adelante.

De hecho, no se puede pasar por alto que la parte demandante señaló que no
cuestionaba la legalidad del acto administrativo que negó la petición de vacaciones.
Su inconformidad proviene de la actuación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá de impedirle el disfrute de sus vacaciones, pese
a que reúne los requisitos para acceder a ese derecho.

Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el requisito
de subsidiariedad, y procede como mecanismo principal para la protección de
derechos fundamentales invocados por la parte demandante.

Caso concreto

En aras de resolver el asunto sometido a conocimiento y teniendo en cuenta la tesis
reiterada que la Sala ha manejado en casos con identidad fáctica al del sub lite4, es
necesario tener en cuenta que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (Decreto 3135 de 1968 - artículo
8 - y Decreto 1045 de 1978).

3 Ver sentencia T-471 de 2017.
4 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756

01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado
número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en
el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, así:
“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales
y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada
año de servicio”.

De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales
remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental
al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que
se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por
espacios prolongados de tiempo”, con lo que ha reiterado que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas.

En la misma línea, esta Sección ha indicado que “El descanso remunerado,
denominado vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas
físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera
preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de
derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos
para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a
otorgar las vacaciones al trabajador 5”’.

En este sentido, el disfrute de las vacaciones constituye un derecho fundamental
cuya protección puede ser solicitada mediante la acción de tutela.

Descendiendo al caso concreto, en el año 2005 la Presidencia de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó a los nominadores de
la Rama Judicial el procedimiento para solicitar el nombramiento de reemplazos por
vacaciones del personal titular de los despachos judiciales. Para tal efecto, profirió
las Circulares PSAC-0589 del 18 de noviembre de 2005, cuyo asunto fue
“asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del personal titular en los
despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema penal acusatorio”, y 044 del
12 de mayo de 2005, en la que estableció el procedimiento para la programación de
vacaciones individuales de los servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

En estas, se establecieron como condiciones alternativas para la programación de
las vacaciones las siguientes:

“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es
conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o
redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los
empleados restantes.

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Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756
01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado
número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento
deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los
requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que debe ser
corroborada e igualmente certificada por el Director Seccional, previa verificación de
las hojas de vida correspondientes”.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Circular PSAC11-44, en la que derogó lo establecido en las referidas
circulares “para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello”, eliminando así la restricción de la asignación
de recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de las
condiciones contenidas en las circulares precedentes.

En ésta se indicó que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al
siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Dirección Seccional
del respectivo distrito judicial, y se estableció que las designaciones en encargo son
procedentes cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo tratándose
de un juez, y “cuando no sea posible designar en encargo a alguno de los servidores
del correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá
incluir dentro del proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de
recursos que permita efectuar el nombramiento en provisionalidad de sus
reemplazos”.

Para la Sala, del contenido de la mencionada circular, se observa que el propósito
del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de
las vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la
asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que existían en el
pasado, imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar la programación
de vacaciones para el año siguiente.

En el presente caso, respecto de la solicitud de certificación presupuestal solicitada
por el titular del despacho en el que labora la actora con el fin de programar sus
vacaciones, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, mediante
oficio DESAJBOTHO22-1680 del 8 de agosto de 2022, indicó que no era posible
acceder a la solicitud, pues lo que tiene que ver con vacaciones corresponde a una
situación administrativa que debe ser concertada entre empleado y nominador, con
ocasión del acatamiento de la Circular núm. PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011,
que reguló únicamente el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, entendiendo como tales a los Magistrados, Jueces y Fiscales
de la Republica.

Para la Sala, si bien la referida circular únicamente hizo alusión a funcionarios
judiciales, que conforme con el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 son los
magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los
fiscales, como se ha indicado en oportunidades anteriores 6: “la omisión de
establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los
empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al
descanso de estos”.

6
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018- 00756-01. C.P. Milton Chaves García.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04584-00
Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

La Sala observa que en el presente caso la decisión adoptada por las autoridades
demandadas compromete los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
justas y al descanso de la actora, por lo que la intervención del juez constitucional
se torna necesaria para su restablecimiento, en tanto se evidencia que un
procedimiento netamente administrativo está comprometiendo un derecho de mayor
valía como lo es el derecho al descanso de una empleada de la Rama Judicial.

De igual forma, aun cuando frente al cumplimiento del procedimiento establecido en
la Circular PSAC 11-44 de 23 de noviembre de 2011 no existe prueba en el presente
caso, como se anticipó, la falta de asignación de recursos para nombrar sus
reemplazos sí atenta contra el derecho al descanso de la señora Figueroa Barrera,
en tanto, en la práctica, implica el aplazamiento indefinido de sus vacaciones ya
causadas, con la excusa de no entorpecer el funcionamiento normal del Juzgado 31
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, situación que a juicio
de la Sala no es más que un obstáculo administrativo de los que se previó evitar
con la expedición de la mencionada circular.

Esta Sala, en un caso de connotaciones fácticas similares, manifestó que “asuntos
de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en
cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al
trabajo en condiciones dignas. Impedir el derecho al descanso con base en
restricciones administrativas no es una carga que deban soportar las actoras,
puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental que tienen todos
los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del servicio ni por
cuestiones de índole presupuestal 7”.

Por lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la señora Figueroa Barrera, toda vez que los asuntos
de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente le asiste, máxime si se tiene en cuenta que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas, y a la fecha la demandante cuenta con dos periodos de vacaciones
causados entre el 5 de mayo de 2019 y el 4 de mayo de 2021, de conformidad a la
certificación DESAJBOCER22-864 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional.

Si bien es cierto que el principio de continuidad de los servicios públicos exige que
las funciones que desempeña la demandante continúen cumpliéndose
adecuadamente, el nominador no puede basarse en ese principio constitucional
para desconocer el derecho al descanso, pues la Ley 270 de 1996 prevé formas
efectivas para conciliar los dos intereses involucrados, tales como el encargo o el
nombramiento en provisionalidad 8.

7
Rad. 2020-00143-00 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la rama judicial. La provisión de cargos en la Rama Judicial

se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del
proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto
se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en
caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala
Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la
correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del
cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional
o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva
Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta
por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04584-00
Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

La Sala destaca que si bien la acción de tutela en el presente caso procede de
manera excepcional, la misma no procede con la finalidad de dejar sin efecto el acto
administrativo que negó la solicitud de vacaciones de la demandante, razón por la
que, de acuerdo con lo expuesto y en coherencia con el criterio que ha manejado
esta Sala9, se accederá al amparo de los derechos fundamentales al trabajo, a la
dignidad humana y a la igualdad de la señora Viviana Marcela Figueroa Barrera. En
consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta y Uno
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C que, de acuerdo
con sus competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que se proveer
su reemplazo al momento en que pretenda materializar el derecho al disfrute del
descanso remunerado que ya causó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana y a la
igualdad de la señora Viviana Marcela Figueroa Barreto. En consecuencia, se
dispone:

2. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá -
Cundinamarca, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado Treinta
y Uno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C que, de
acuerdo con sus competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta
(30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten
las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que se
pueda proveer su reemplazo al momento en que pretenda materializar el derecho
al disfrute del descanso remunerado que ya causó.

3. De no ser impugnada, enviar la presente providencia a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

4. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por
cualquier otro medio expedito.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, d e
conformidad con las normas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala
Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el
competente, a quien dará aviso inmediato.
9 Sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01,

Sección Cuarta del Consejo de Estado.

10
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04584-00
Demandante: Viviana Marcela Figueroa Barrera

Notifíquese y cúmplase,

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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