Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04599-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04599-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04599-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de noviembre de 2022
Demandante: Idelfonso Medina Romero
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04599-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04599-01
Demandante: IDELFONSO MEDINA ROMERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma – declara
improcedente – requisitos generales de subsidiariedad e
inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de primera instancia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado. En esta providencia se resolvió declarar
improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico, el 24 de agosto de 2022, al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Idelfonso Medina
Romero interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. El tutelante consideró que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y desconoció los principios de la buena fe, congruencia y
confianza legítima. Esto, con ocasión de la sentencia del 1º de febrero de 2018
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación dentro del
proceso ejecutivo adelantado por el peticionario en contra del municipio de Soacha 1.
1.2. Pretensiones
1 Rad. 25000-23-26-000-2007-10179-01.
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Demandante: Idelfonso Medina Romero
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2. Con base en lo anterior, el accionante solicitó:
PRIMERA: Se me amparen mis derechos constitucionales al debido proceso, principio
de buena fe (sic), acceso a la justicia, principio de congruencia, principio de confianza
legítima y los demás que su honorable despacho considere vulnerados.
SEGUNDA: Se deje sin efectos jurídicos la sentencia de fecha 01 de febrero de 2018
emitida por el Consejo de Estado en la Sección Tercera Subsección A.
TERCERA: Que como consecuencia de la cesación de los efectos jurídicos de la
sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado en su Sección
Tercera Subsección B de fecha 01 de febrero de 2018 se profiera nuevo fallo bajo el
lineamiento jurisprudencial del fallo de primera instancia proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 18 de agosto de 20102. (Sic en toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
3. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
1.3.1. Sobre la relación contractual entre el señor Idelfonso Medina Romero y
el municipio de Soacha
4. El 1º de noviembre de 2006 fue celebrado el contrato de prestación servicios
No. 290 entre el municipio de Soacha y el señor Idelfonso Medina Romero. El objeto
de este negocio jurídico consistió en la “asesoría y acompañamiento para la
inscripción en el registro tributario municipal de nuevos contribuyentes del impuesto
de industria y comercio, sus complementarios y consecución y pago de lo causado”.
5. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca conoció en segunda instancia una acción popular interpuesta contra
el municipio de Soacha con el objeto de obtener el amparo de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público. Estas
garantías se consideraron vulneradas con la celebración y ejecución del negocio
jurídico aludido3.
6. Así, esta autoridad judicial mediante fallo del 29 de agosto de 2011 declaró
la nulidad del contrato No. 290 de 2006. Esto, por atentar contra el derecho colectivo
al patrimonio público4.
1.3.2. Sobre el proceso ejecutivo contractual
7. El 30 de marzo de 2007, el señor Idelfonso Medina Romero actuando por
conducto de apoderado, formuló demanda ejecutiva contra el municipio de Soacha.
Esto, para que fuera librado el mandamiento de pago a su favor por la suma de
$3.385.365.200 e intereses moratorios. Esto, por concepto de los honorarios
2 Folio 20 del escrito de tutela. Documento 2 cargado a SAMAI.
3 Rad. 11001-33-31-013-2007-00190-01.
4 En concreto, la autoridad judicial encontró probada la causal 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993
que dispone que es nulo el contrato que se celebre contra expresa prohibición constitucional o legal.
Así, consideró que la administración encomendó al contratista la ejecución de una función
administrativa que le es propia, como es el recaudo del impuesto municipal de industria y comercio.
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profesionales que no le fueron cancelados pese a haber cumplido con la totalidad
de las obligaciones derivadas del contrato No. 290 de 2006.
8. En primera instancia el asunto correspondió a la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa autoridad judicial, en
auto del 13 de junio de 2017, libró mandamiento de pago a favor del señor Idelfonso
Medina Romero y en contra del municipio de Soacha.
9. Posterior a ello, la autoridad judicial de primera instancia en sentencia del 18
de agosto de 2010 declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte
ejecutada5, ordenó proseguir la ejecución y dispuso remitir copias de la actuación
con destino a la Procuraduría General de la Nación para que investigara las posibles
faltas disciplinarias en las que hubieran podido incurrir los empleados de la
administración municipal en la celebración y ejecución del contrato No. 290 de 2006.
10. Como fundamento de su decisión, el operador judicial de primer grado
descartó que el título se viera afectado por causa de la decisión adoptada dentro de
la acción popular antes mencionada. Esto, porque el artículo 48 de la Ley 80 de
1993 prevé que, en los contratos de ejecución sucesiva, su nulidad no impide el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria y en este caso, eran esas prestaciones las que sustentaban la
ejecución.
11. En contra de esta decisión, la parte ejecutada presentó recurso de
apelación6. Este fue desatado por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que, en sentencia del 1º de febrero de 2018, revocó el fallo de
primer grado y en su lugar declaró probado de oficio la excepción de inexistencia
del título ejecutivo.
12. Para llegar a la anterior conclusión, el juez de segundo grado señaló que el
contrato que hacía parte del título ejecutivo complejo fue declarado nulo
absolutamente por un fallo de esta jurisdicción. Ello, implicaba que las obligaciones
emanadas del mismo se debían extinguir por la invalidez y no podrían ser exigibles
por la vía ejecutiva.
13. Mencionó que, si bien el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 dispone que la
declaratoria de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impide el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de su
declaratoria, lo cierto es que dicha solicitud debe ser formulada a través del proceso
ordinario contencioso administrativo para que la obligación en tal sentido sea
declarada por el juez.
5 El municipio de Soacha propuso como excepciones, la Inexistencia de la obligación, el no
cumplimiento de los requisitos presupuestales (registro presupuestal) del contrato y la no exigibilidad
de la obligación.
6 El Ministerio Público también presentó recurso de apelación; sin embargo, la autoridad judicial de
segundo grado se abstuvo de analizar de mérito dicha alzada por cuanto carecía de argumentación.
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14. Así, consideró que la obligación de pagar las prestaciones ejecutadas en un
contrato viciado de nulidad no deviene de éste, sino que es el resultado de la
imposibilidad de realizar las restituciones mutuas o lo que es lo mismo, retrotraer lo
que se ha ejecutado, en todo o en parte, antes de la declaratoria de nulidad de un
contrato de tracto sucesivo como el celebrado entre los acá ejecutante y ejecutado.
Por consiguiente, refirió que en estos eventos la obligación de pagar las
prestaciones ejecutadas con ocasión de un contrato declarado nulo se estructura
con la sentencia que hace tal declaración y no con el contrato, debido a que éste no
puede ser fuente de obligaciones.
1.3.3. Sobre el recurso extraordinario de revisión
15. El accionante a través de apoderado judicial presentó recurso extraordinario
de revisión, en la que invocó la causal 5 de establecida en el artículo 250 del CPACA
consistente en nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Esto,
porque en su sentir la decisión del 1º de febrero de 2018 vulneró su derecho al
debido proceso7.
16. Sin embargo, la Sala 8ª Especial de Decisión de esta Corporación8, en
sentencia del 28 de febrero de 2022, declaró infundado el aludido recurso. Esto, por
la insuficiencia de la carga argumentativa que permitiera identificar la irregularidad
o el vicio grave frente al cual el actor radica la presunta vulneración al debido
proceso.
1.4. Fundamentos de la vulneración
17. Para el accionante, la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías
fundamentales, con la sentencia del 1º de febrero de 2018, por los siguientes
motivos:
18. Indicó que la autoridad judicial accionada motivó su decisión en
“interpretaciones erróneas” al declarar de manera oficiosa que no existe título
ejecutivo. En su sentir, la acción popular que anuló el contrato No. 290 de 2006
entre el municipio de Soacha e Idelfonso Medina solo afectaba la continuidad de
este y de otros a futuro, pero obliga a las partes a responder por situaciones
consolidadas que se generaron en su vigencia. Esto, de conformidad con el artículo
48 de la Ley 80 de 1993.
19. Luego, mencionó que el operador judicial “omitió referirse o tener en cuenta
para su decisión las fechas de presentación de la demanda ejecutiva y las fechas
del fallo de segunda instancia de la acción popular en la cual se declaró la nulidad
del contrato 290 de 2006, momento preciso y relevante en el cual se evidencia que
la acción ejecutiva es anterior a la fecha de la sentencia de nulidad del contrato”.
7 Rad. 11001031500020190398700
8 Conformada por los Consejeros de Estado Nubia Margoth Peña Garzón, Milton Chaves García,
Carlos Enrique Moreno Rubio, César Palomino Cortés y José Roberto Sáchica Méndez.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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20. También, afirmó que la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación dejó de lado las “garantías legales al equilibrio económico de las partes
contractuales para que ninguna de ellas soporte cargas desequilibradas que los
lleve a una situación de desigualdad económica y los contratos nulos sean
reconocidos y pagados hasta la fecha en la cual existió la declaratoria de nulidad”.
21. Por otro lado, consideró que la autoridad judicial accionada debió tener en
cuenta en el sub-lite que se cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos por
la jurisprudencia para declarar el enriquecimiento sin justa causa del Estado y en
consecuencia la procedencia de la actio in rem verso. Esto, porque se tiene un
contrato suscrito con objeto y causa licita, se predica la buena fe objetiva del
accionante y se demostró que la ejecución se dio antes de la declaratoria de nulidad
del contrato en la acción popular
22. Posterior a ello, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo. Esto, bajo los siguientes argumentos:
[La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado] incurrió en un
palmario DEFECTO SUSTANTIVO al desconocer las obligaciones derivadas del
contrato primigenio 290 de 1996, cuyo objeto se cumplió por lo menos en forma
parcial y sin que existiera duda alguna de la obligación contenida en el conteo tanto
para el contratista como para la entidad contratante.
El contratista tenía la obligación de cumplir y ejecutar el objeto contractual so pena
de que la administración ejerciera las potestades extraordinarias e impusiera
sanciones y penas por el incumplimiento contractual, es importante tener claridad
y certeza en cuanto que el contrato 290-06 se realizó con el lleno de los requisitos
legales entre partes con capacidad de obligarse y con un objeto legal, claro y
expreso el cual no fue puesto en entre dicho sino hasta después de ejecutada la
obligación por parte del contratista y de manera posterior al cobro de la misma de
conformidad con el clausulado del contrato vigente y exigible.
Solo hasta después de que se cobrara la respectiva ejecución contractual y la
administración hiciera caso omiso a la misma, se demandara en vía judicial en
acción ejecutiva, se ordenara seguir adelante con la ejecución por parte del juez
de conocimiento, en una acción ajena a las partes contractuales, por medio de una
acción popular se declaró la nulidad del contrato NO por ilegalidad en su objeto
sino por ir en contra de la moral.
Por lo que se debe resaltar que hasta antes de ese momento no había duda alguna
de la obligación de las partes en cuanto al cumplimiento del contrato suscrito y en
virtud de ello el contratista cumplió con su obligación y exigió lo mismo por parte
de la administración, pues mediaba un contrato con el lleno de los de los requisitos
y exigencias legales, que en caso de no ser cumplido por el contratista se podría
ver afectado por sanciones y/o caducidad.
El contratista al ejecutar el objeto contractual acordado se hace acreedor a la
contraprestación acordada, es decir adquiere un derecho, se encuentra no frente
a una expectativa de un derecho, sino a un derecho propiamente consolidado y
adquirido, teniendo en cuenta que un contrato es Ley para las partes.
23. Finalmente, indicó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio
de congruencia en la sentencia reprochada. Esto, porque se apartó de los hechos y
las pretensiones de la demanda ejecutiva.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
24. En auto del 30 de agosto de 20229, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la demanda y dispuso su notificación a los magistrados que
integran la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.
25. Igualmente, ordenó la vinculación como terceros con interés de la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca10;
de la Procuraduría General de la Nación11 y del municipio de Soacha12, para que, si
lo consideraban del caso ejercieran su derecho a la defensa.
1.6. Intervenciones e informes
26. Realizadas las notificaciones ordenadas, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación
27. El magistrado ponente de la decisión reprochada rindió informe en el que
solicitó se declare improcedente la solicitud de amparo. Esto, porque no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de inmediatez. En este punto, señaló que
la providencia reprochada fue notificada por edicto fijado del 26 al 30 de abril de
2018 y el asunto de la referencia se instauró el 24 de agosto de 2022, es decir
cuando ya habían transcurrido más de 4 años desde que fue notificada la
providencia enjuiciada.
1.6.2. Municipio de Soacha
28. La entidad territorial mediante apoderado rindió informe en el que indicó que
el demandante no cumple con las exigencias para que la acción constitucional
prospere. Esto, porque, no cumple con el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, por los argumentos similares expuestos por la autoridad judicial
accionada.
1.6.3. Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
29. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia dentro del proceso
ordinario rindió informe en el que manifestó que se acogerá a la decisión que se
adopte por esta Sección en sede de tutela. Adicional a ello, remitió la copia digital
del expediente ejecutivo.
9 Documento 10 cargado a SAMAI.
10 Autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso ejecutivo.
11 Autoridad interviniente dentro del proceso ejecutivo.
12 Entidad demandada dentro del proceso ejecutivo.
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1.6.4. Idelfonso Medina Romero
30. El accionante presentó escrito en el que se opuso a los informes presentados
por la autoridad judicial accionada e intervinientes. En concreto, señaló que el
término razonable de inmediatez debió empezarse a contar desde el 29 de marzo
de 2022, fecha en la que cobró ejecutoria el fallo que decidió el recurso
extraordinario de revisión promovido contra la providencia del 1º de febrero de 2018.
De manera, que, tenía hasta el 29 de agosto de este año para presentar la acción
de tutela, pero ello ocurrió el 24 de ese mismo mes y año. Por esto, consideró que
presentó la solicitud de amparo dentro del plazo razonable para ello.
1.6.5. El Ministerio Público pese a que fue notificado guardó silencio.
1.7. Fallo impugnado
31. La Sección Primera la del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de
septiembre de 202213, declaró improcedente la acción de tutela por los siguientes
motivos:
32. La Sección indicó que el asunto controvertido por el accionante ya fue objeto
de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela no constituye una
tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que
tiene por objeto verificar si las entidades accionadas incurrieron en la vulneración
de derechos fundamentales.
33. Además de lo anterior, consideró que el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en un debate estrictamente legal y
económico, el cual ya fue expuesto en el proceso ejecutivo y fue decidido por el juez
natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial.
34. Finalmente, mencionó que si bien el peticionario adujo como desconocidos
sus garantías fundamentales lo cierto es que no expuso una mayor explicación
acerca de las razones por las cuales se afectó en forma desproporcionada el núcleo
esencial de los derechos fundamentales del actor con ocasión de la sentencia del
1º de febrero de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación.
1.8. Impugnación
35. El 24 de octubre de 2022, el accionante mediante mensaje de datos presentó
escrito de impugnación en el que solicitó que se revoque la decisión de primera
instancia. Esto, por los siguientes argumentos:
13 Notificada el 19 de octubre de 2022.
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36. En primer lugar, señaló que en el presente caso la autoridad judicial
accionada fundamentó su fallo en apreciaciones subjetivas “sin bases jurídicas
solidas e interpretó de manera errónea las normas aplicables, constituyendo así una
vía de hecho”.
37. En ese orden, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció “los
derechos fundamentales señalados en la acción de tutela, al determinar que no
existen unos hechos y unas obligaciones ya ejecutadas y ya cumplidas dentro del
contrato que posteriormente se declaró nulo”.
38. De esta manera, consideró que “el hecho de que por medio de una acción
popular se declarara la nulidad del contrato no quiere decir que lo ya ejecutado e
incluso en proceso de cobro no se deba reconocer la buena fe del contratista, pues
de no ser así la administración estaría enriqueciéndose sin justa causa”.
39. Por otro lado, el accionante adujó que la acción de tutela sí tiene relevancia
constitucional. Esto, porque va encaminada a restablecer sus derechos
fundamentales los cuales han sido vulnerados por el operador judicial accionado
que desconoció el artículo 48 de la Ley 80 de 1993.
40. Finalmente, reiteró que la autoridad judicial accionada desconoció el principio
de congruencia. Esto, porque omitió las pretensiones de la demanda ejecutiva, las
cuales estaban encaminadas a hacer efectivo el pago parcial de un contrato.
1.9. Trámite de impugnación
41. Mediante auto del 31 de octubre de 2022, el juez de tutela de primera
instancia concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de
la sentencia del 29 de septiembre de 2022. Posterior a ello, el 10 de noviembre de
2022 el asunto fue repartido al despacho ponente para decidir sobre la acción de
tutela en segunda instancia14.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
42. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 29 de septiembre de 2022 dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
14 El Despacho ponente de segunda instancia no consideró necesario ordenar la vinculación de la
Sala 8ª Especial de Decisión de esta Corporación porque la decisión reprochada en esta oportunidad
fue la proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Como se verá en
las consideraciones de esta providencia (párrafos 80 -83), el accionante no hizo reproche alguno a
lo decidido en el marco del recurso extraordinario de revisión.
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modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa – sobre los defectos alegados
43. Al respecto, resulta pertinente indicar que la Sala al verificar la argumentación
expuesta en los escritos de tutela e impugnación y en aras de garantizar el derecho
al debido proceso del accionante, circunscribe el debate a los siguientes yerros:
44. Decisión sin motivación. Esto, porque autoridad judicial se apartó de los
hechos y las pretensiones de la demanda ejecutiva. Por ello, consideró que se
desconoció el principio de congruencia de las decisiones judiciales.
45. Defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 48 de la Ley 80 de
1993. Esto, porque no se le reconoció al accionante el pago de las acreencias
adeudadas por el municipio de Soacha, pese a que se declaró la nulidad del contrato
No. 290 de 2006 a las cuales tenía derecho en razón de la disposición normativa en
cita.
46. Por esto, la Sala procederá a pronunciarse en segunda instancia sobre los
defectos aludidos que se plantean en relación con la decisión de la Subsección A
de la Sección Tercera de esta Corporación del 1º de febrero de 2018 proferida en
segunda instancia dentro del proceso ejecutivo adelantado por el accionante contra
el municipio de Soacha, de encontrar superados los requisitos generales de
procedibilidad.
2.3. Legitimación en la causa
47. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
48. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Idelfonso Medina Romero se encuentra legitimado en la causa por activa.
Esto porque es el ejecutante en el proceso ejecutivo en el que se profirió la
providencia aquí cuestionada.
49. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación se encuentra legitimados en la causa por pasiva al ser
la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
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2.4. Problemas jurídicos
50. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial el de la inmediatez.
51. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
52. ¿La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación vulneró los
derechos fundamentales debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, porque incurrió en el defecto sustantivo y desconoció el principio de
congruencia de las providencias judiciales con la expedición de la sentencia del 1º
de febrero de 2018 que revocó el fallo de primer grado y en su lugar declaró probado
de oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo?
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
53. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201215. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema16. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales17.
54. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201418. En esta sentencia se
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia19 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial20.
55. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
56. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
19 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
20 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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57. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
58. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, y, solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Estudio de la subsidiariedad en el caso concreto
59. El accionante consideró que la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación vulneró sus derechos invocados al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por presuntamente desconocer el principio de
congruencia que gobierna las decisiones judiciales e incurrir en un defecto
sustantivo.
60. En cuanto a la incongruencia, el accionante sostuvo que la autoridad judicial
accionada se apartó de los hechos y las pretensiones de la demanda ejecutiva.
61. Al respecto, sea lo primero advertir que, en relación con la subsidiariedad, se
encuentra que contra la referida decisión no proceden recursos ordinarios y
tampoco cuenta con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
conforme al artículo 258 de la Ley 1437 de 2011.
62. Sin embargo, respecto de los motivos esgrimidos por el solicitante por el
presunto desconocimiento del principio de congruencia que rige las decisiones
judiciales, procedía el recurso extraordinario de revisión.
63. En este punto es importante resaltar que el accionante presentó recurso
extraordinario de revisión contra la decisión del 1º de febrero de 2018. Sin embargo,
en aquel no hizo alusión al desconocimiento del principio de congruencia. Por ello,
el juez del recurso extraordinario no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre éste,
pese a que era el competente para ello.
64. En lo particular, se observa que frente al cargo referido, que se dirige a
cuestionar la decisión que a juicio del demandante carece de congruencia, se
configura la causal consagrada en el numeral 5° del artículo 250 de Ley 1437 de
2011, es decir, «…existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación».
65. En lo atinente a la procedencia del recurso extraordinario de revisión cuando
se alega una incongruencia existe una nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, el reiterado derrotero
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jurisprudencial21 ha sido claro en establecer que pueden existir otros motivos no
contemplados en los estatutos procesales como causales de nulidad22, como es el
caso de la violación al debido proceso constitucional en la sentencia, contemplado
en el artículo 29 superior.
66. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primer grado que declaró
improcedente la solicitud de amparo. Sin embargo, en lo atinente al presunto
desconocimiento del principio de congruencia, lo hará porque no se cumple con el
presupuesto general de subsidiariedad.
67. Lo anterior, en la medida que el accionante pese a que hizo uso del recurso
extraordinario de revisión para proponer algunos de los cargos aquí endilgados, en
aquel no propuso ningún argumento relacionado con el presunto desconocimiento
del principio de congruencia. Así, esta Sección del Consejo de Estado, en su calidad
de juez constitucional, no puede pronunciarse de fondo frente a los mismos.
68. En lo que atañe al defecto sustantivo, la Sala encuentra que si se supera este
requisito, pues por este motivo, en contra de la decisión cuestionada, no proceden
recursos ordinarios y tampoco cuenta con los recursos extraordinarios de revisión
ni de unificación de jurisprudencia.
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00. Citada en
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de
mayo de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-01849-00.
22 En cuanto al desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, en
sentencia del 2 de febrero de 2016 señaló: En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte,
conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a
los cuales no se podía pronunciar.
Sobre este punto, basta señalar que la Corte Constitucional en relación con este principio y la
violación del derecho al debido proceso ha considerado que:
‘…El principio de congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, ‘en la medida que impide
determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que
en él se pidió, debatió, o probó’. En este orden, se erige con tal importancia el principio de
congruencia que su desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales’.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al principio de
congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa o interna, razón suficiente
para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado y en la doctrina de
la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la cual la congruencia de los fallos es un elemento
de validez de los mismos, cuya inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada
en la sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA.
Sin embargo, para la Sala es importante indicar que para que la incongruencia externa o interna
pueda generar la invalidez de la decisión debe ser fundamental o radical, es decir, ha de ser de tal
magnitud que no exista remedio distinto a su nulidad”. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Rad.
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69. Por ello, pasará a estudiar si abordar si aquel supera el requisito general de
procedibilidad de inmediatez.
2.6.2. Análisis del requisito general de inmediatez
70. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable23, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo24.
71. De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia25.
72. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes
que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.
73. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 201526, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio
auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista
un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual”27.
23 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15,
Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
24 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11.
25 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-256 de 2015.
27 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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74. Ahora bien, en el caso concreto, la Sala reconoce que si bien la parte actora
cuestiona la decisión proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación el 1º de febrero de 2018. En está, la autoridad judicial accionada revocó
el fallo de primer grado y en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de
inexistencia del título ejecutivo.
75. Así, verificado el expediente del proceso ejecutivo contractual, se encontró
que la providencia reprochada cobró ejecutoria el 4 de mayo de 2018 como se
observa en la siguiente imagen:
76. Sin embargo, la radicación de la tutela ocurrió el 24 de agosto de 2022, es
decir, cuando ya había transcurrido por mucho el plazo razonable que la
jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado.
77. Ahora bien, la Sala resalta que el accionante interpuso el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 1º de febrero de 2018 proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación. Sin embargo, no hay
lugar a estudiar el cumplimiento del requisito de inmediatez desde la ejecutoria de
la sentencia del 28 de febrero de 2022 proferida por la Sala 8ª Especial de Decisión
de esta Corporación, que decidió sobre aquel; sino desde el fallo de segundo grado
del 1º de febrero de 2018 que dio fin al proceso ejecutivo contractual. Esto, porque
constituyen dos causas diferentes.
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78. Al respecto, es importante precisar que el recurso extraordinario de revisión es
un medio extraordinario de impugnación de las sentencias que procede solo ante la
configuración de unas causales especiales contempladas en el artículo 250 del
CPACA28.
79. Así, de no encontrarse acreditados los cargos dentro de las causales
contempladas dentro del mecanismo extraordinario aludido, el peticionario se
encuentra facultado para acudir a la acción de tutela.
80. En el caso concreto la Sala nota que el accionante no ataca los argumentos por
los que la Sala 8ª Especial de Decisión de esta Corporación declaró infundado el
aludido recurso. Por el contrario, en el escrito de tutela dirige los reproches en
especifico contra la decisión proferida en el proceso ejecutivo contractual por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación el 1º de febrero de 2018.
En este punto es importante mencionar que tales argumentos no fueron objeto de
debate en el recurso extraordinario de revisión.
81. Por lo anterior, es pertinente aclarar que el término para interponer la tutela no
podría computarse a partir del momento en que fue resuelto el recurso extraordinario
de revisión por parte de la Sala 8ª Especial de Decisión de esta Corporación, puesto
que los argumentos que el accionante plantea en sede constitucional no guardan
relación alguna con el fundamento de ese mecanismo extraordinario y en ese
entendido, pudieron presentarse mediante esta acción en el término previsto
jurisprudencialmente. Esto, como se evidencia en el siguiente gráfico:
Argumentos de tutela Argumentos del recurso extraordinario
de revisión
Cuestiona la sentencia proferida por la Consideró que con la providencia del 1º de
Subsección A de la Sección Tercera de esta febrero de 2018, se configuró la causal 5º
Corporación del 1º de febrero de 2018. En prevista en el artículo 250 del CPACA. Esto
síntesis, consideró que con esta decisión se es, nulidad originada en la sentencia que
incurrió en un defecto sustantivo por puso fin al proceso.
28 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento
de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
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Argumentos de tutela Argumentos del recurso extraordinario
de revisión
indebida interpretación del artículo 48 de la Lo anterior porque “la decisión impugnada
Ley 80 de 1993. Esto, porque no se le vulneró el derecho fundamental al debido
reconoció al accionante el pago de las proceso establecido en el artículo 29 de la
acreencias adeudadas por el municipio de Constitución Política, por cuanto la nulidad
Soacha, pese a que se declaró la nulidad en la sentencia de segunda instancia
del contrato No. 290 de 2006 y a las cuales radicada en que se configuró la violación al
tenía derecho en razón de la disposición debido proceso por conculcar los derechos
normativa en cita. fundamentales como: el principio de
legalidad, las garantías judiciales efectivas,
protección judicial, el acceso a la
administración de justicia y el principio de
confianza legítima con la adopción de la
resolución judicial”.
82. En consecuencia, la Sección considera que el recurso extraordinario de revisión,
al no ser una instancia adicional del proceso ejecutivo contractual adelantado por el
accionante -en la cual se puedan formular y estudiar reparos concretos para decidir
el fondo del litigio-, no resulta procedente realizar el análisis del requisito de
inmediatez de la presente acción de tutela a partir de la fecha en la que fue proferido
el fallo del 28 de febrero de 2022 por la Sala 8ª Especial de Decisión de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
83. Por otro lado, el accionante no puso de presente ninguna condición especial,
que pueda ser analizada por este juez de tutela para establecer si es procedente
flexibilizar el requisito de procedibilidad de la inmediatez para superarlo y estudiar
la presunta vulneración de sus garantías fundamentales. Aunado a ello, no encontró
la Sala que concurra alguna de las circunstancias que justifiquen el retardo de los
usuarios de la administración de justicia para acudir a alegar en sede de acción de
tutela la trasgresión de sus garantías fundamentales.
84. De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la declaratoria de
improcedencia del amparo constitucional incoado en contra de la sentencia del 1º
de febrero de 2018 por haber incurrido presuntamente en un defecto sustantivo.
Esto, porque tampoco encuentra superado el requisito general de procedibilidad de
inmediatez en relación con esta sentencia.
2.6.3. Conclusión
85. La Sala confirmará el fallo del 29 de septiembre de 2022 en el que la Sección
Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo; sin
embargo, lo hará por los siguientes motivos:
i) No se encuentra superado el requisito general de subsidiariedad respecto
del presunto desconocimiento del principio de congruencia.
ii) No se encuentra superado el requisito general de inmediatez con relación
al defecto sustantivo endilgado contra la sentencia del 1º de febrero de
2018 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2022 dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela, pero por los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclara voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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