Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04600-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04600-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04600-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
Demandados: Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá
Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social, iii)
igualdad, iv) familia, v) dignidad humana y vi) acceso a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, el Tribunal, al
proferir la sentencia de 13 de julio de 2022, y el Juzgado, al proferir la sentencia
de 26 de marzo de 2021, en el proceso, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número único de
radicación 110013335008201800443- 01, vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la familia, a la dignidad
humana y al acceso a la administración de justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, el Tribunal, al
proferir la sentencia de 13 de julio de 2022, y el Juzgado, al proferir la sentencia
de 26 de marzo de 2021, en el proceso, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número único de
radicación 110013335008201800443-01, vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la familia, a la dignidad
humana y al acceso a la administración de justicia.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] la demandante ingresó a la Policía Nacional a partir del 18 de
septiembre de 1980, en el cargo de carrera denominado Auxiliar de Odontología -
Adjunto Tercero D3, siendo destinada a laborar en la Dirección de Sanidad de la
Policía que integra la estructura orgánica de la Dirección General de la Policía
[…]”.
4. Señaló que, “[…] En el mes de octubre de 1995, la demandante fue trasladada
al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía – INSSPONAL […]”.
5. Adujo que, “[…] Posteriormente, en el mes de enero de 1997, al haberse
extinguido el INSSPONAL fue nuevamente trasladada de la Dirección de Bienestar
Social de la Policía – BIESO, de donde había salido […]”.
6. Indicó que, “[…] Luego de reunir los requisitos legales para obtener una pensión
se retiró de la entidad el 4 de diciembre del 2000, acumulando 20 años, 6 meses y
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Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
2 días de servicios. La Policía aplicó a la demandante lo establecido en el Decreto
2701 de 1988 […]”.
7. Sostuvo que, “[…] A través de petición elevada el 5 de junio de 2018, solicitó el
reajuste de su pensión. Esto fue negado por medio del acto demandado […]”.
8. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia de
primera instancia el 26 de marzo de 2021, negando las pretensiones de la
demanda.
9. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 13 de julio de 2022,
resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de marzo
de dos mil veintiuno (2021), por el Juzgado Octavo (8) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda en el proceso correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ejercido por la señora Gloria Marina Durán de
Coronado contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO.- No procede condena en costas.
TERCERO.- Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al
Juzgado de origen […]”.
10.Consideró que:
“[…] Sobre el particular se destaca nuevamente que, la sentencia de
unificación SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019 planteó como
reglas de interpretación diferencial entre aspectos salariales y prestacionales
del personal civil de la salud vinculado al sector defensa, las siguientes:
«[…] (i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas reguladas por
el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del
orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un órgano del
nivel descentralizado no se regían por las normas reguladas para el personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional.
(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en
la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el
Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y
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Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990. […]»
El entendimiento de la divergencia prementada es indispensable para dar
aplicación en cada caso particular a los preceptos jurisprudenciales
unificadores aludidos previamente. Acerca de este punto la Subsección aclara
que, por salario se entiende todo pago o emolumento habitual continuo o
permanente que tenga como fin retribuir directamente la prestación del servicio,
esto es, remunerar al empleado público por el ejercicio de su labor y asegurar su
liquidez y solvencia económica periódica en razón y con fundamento en una serie
de criterios de fijación del monto a cancelar relacionados con el tipo de cargo, el
nivel y el grado en la respectiva escala salarial, aspectos que previamente están
fijados por el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y las entidades
territoriales en virtud de las reservas de competencia que le corresponden a cada
uno de estos actores.
Las prestaciones sociales por otro lado, constituyen los pagos realizados por la
entidad empleadora de forma directa (comunes) o indirecta (especiales), a favor
del servidor público vinculado, tendientes a garantizar las condiciones materiales
para el ejercicio del empleo, a cubrir las contingencias derivadas de la labor
desempeñada o para apoyar situaciones particulares de la relación entre la vida
personal y laboral del trabajador, de manera que su reconocimiento no pretende
ser una contraprestación del servicio sino de las condiciones factuales que lo
rodean desde el punto de vista de la seguridad social. (…)
Bajo este contexto, al verificar la esencia de los emolumentos solicitados por la
parte activa, se advierte que aquellos conceptos están catalogados como factores
salariales o haberes relacionados con la retribución directa del servicio al estar
previstos en el Título III del Decreto 1214 de 1990 y no en el Título VI de la norma
ejusdem, preceptos cuyas finalidades son precisamente remunerativas en el
primer caso, y de cubrimiento de contingencias de la seguridad social en el
segundo.
De este modo, al evidenciar que la libelista por haberse vinculado a la entidad
demandada antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía derecho a
ser beneficiaria únicamente del régimen prestacional, pero no del salarial del
decreto en mención, resulta evidente que tal como lo estimó el Ministerio de
Defensa, Dirección General de Sanidad Militar en los actos administrativos
cuestionados y el a quo en la sentencia impugnada, no podían reconocerse a su
favor los conceptos laborales deprecados, y por consiguiente, tampoco sería viable
incluirlos como partidas computables en la base de liquidación de la pensión de
jubilación.
Aun así, en asuntos como el presente, el Consejo de Estado ha determinado
excepcionalmente que, cuando el empleado civil del sector defensa reclamante
hubiese demostrado que devengó por algún motivo alguno de los emolumentos
señalados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, este debe ser tenido en
cuenta para calcular la prestación de vejez por mandato del referido precepto
normativo. (…)
Ahora, en razón a que se determinó que la demandante es beneficiaria del
régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990 y que por lo tanto su pensión
debe ser calculada con base en los haberes señalados en el artículo 102
ibídem (ello siempre y cuando los hubiese devengado), resulta evidente para
la Sala que, ante el reconocimiento de la asignación básica, la prima de
servicios y la prima de navidad, las cuales se encuentran consagradas en la
norma en mención, en efecto tales factores tienen que ser computados para
fijar el monto del derecho pensional en litigio.
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Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
Concretamente, al revisar la Resolución 156 del 20 de febrero de 2007 (folio
256, C2), por medio de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el
pago de una pensión de jubilación a favor de la señora Sara Navarro Patrón,
se encuentra que el Ministerio de Defensa tuvo en cuenta el salario y la
doceava parte de la prima de navidad como únicos conceptos laborales
integradores del ingreso base de liquidación.
Sin embargo, en aquel cálculo no se incluyó la prima de servicios que la
libelista devengó y que constituía otra de las partidas computables para tal
efecto como se precisó con antelación, por lo que debe ordenarse la
reliquidación pensional deprecada con base en este emolumento adicional,
tal como se determinó en la sentencia precitada.”. (Destaca la Sala).
Se colige de lo anterior que en esta sentencia la Alta Corporación después de
estudiar la sentencia de unificación SUJ -019- CE-S2 de 2019 del 12 de diciembre
de 2019, concluye que la vinculación de la demandante con el Ministerio de
Defensa Nacional se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, por lo que le asiste el derecho a ser beneficiaria del régimen prestacional
del Título VI del Decreto 1214 de 1990, sin que su régimen salarial esté regulado
por lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990. No obstante, sienta jurisprudencia en
el sentido de establecer que en asuntos como el de autos el H. Consejo de Estado
viene aceptando que cuando el empleado civil del sector Defensa pruebe haber
percibido alguno de los estipendios enlistados en el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990, se le debe incluir en la base de liquidación de la pensión de jubilación.
Habida cuenta de lo anterior, se advierte que en el sub lite, se analiza una
situación fáctica que varió respecto al régimen salarial, es decir, frente a las
prestaciones sociales que devengó en actividad. Lo que quiere decir que cuando la
actora se vinculó al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar para la Policía
Nacional —INSSPONAL— en material salarial ya no le era aplicable las normas
salariales del citado Decreto 1214 1990, siéndole aplicable la mencionada
normatividad, pero en materia prestacional.
Empero, con plena aplicación de la jurisprudencia de unificación y fallo sobre la
materia analizados la Sala debe indicar que para la fecha en que la demandante
se retiró del servicio, se encontraba cobijada solamente por el Título VI del
Decreto 1214 de 1990 en materia prestacional, lo que hace procedente que su
pensión sea calculada atendiendo a los factores consagrados en el artículo 102
ejusdem, siempre que por alguna razón le hayan sido reconocidos.
Descendiendo al caso concreto se tiene acreditado que a la actora le fue
reconocida una pensión de jubilación a través de la Resolución No. 00515 de 19
de febrero de 2001, la cual fue concedida de conformidad con lo previsto en el
artículo 53 del Decreto 2701 de 1988, en concordancia con el Decreto 1214 de
1990, y liquidada con el 75% de los últimos haberes computables para
prestaciones sociales, así: sueldo básico, bonificación por servicios prestados
(1/12), prima de servicios (1/12), prima de vacaciones (1/12) y prima de
navidad (1/12).
No obstante, en los términos en que quedó fijado el litigio, considera la parte
demandante que tiene derecho a que se le incluyan adicionalmente la prima de
actividad (49.5%), la prima de servicios 15%, la prima de alimentación, el auxilio de
transporte y la duodécima parte de la prima de navidad establecidas en el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.
Sobre el particular la Sala reitera que a la demandante le es aplicable de dicha
normatividad el Título VI que regula el tema prestacional, mas no el salarial. En
estos términos, la pensión de jubilación de la actora de conformidad con los
artículos 98 y 102 del Título VI del decreto mencionado, debe corresponder al
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Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado con
los factores enlistados en dicha norma.
La entidad en la citada resolución le reconoció a la señora Duran de Coronado:
sueldo básico, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
vacaciones y prima de navidad.
La actora devengó en el último año de servicios: salario, subsidio de alimentación,
seguro de vida, prima de alto mando, prima vacacional, subsidio familiar nivel
ejecutivo y prima de servicios.
En la demanda reclama se incluya en la liquidación de su pensión: la prima de
actividad (49.5%), la prima de servicios 15%, la prima de alimentación, el auxilio de
transporte y la duodécima parte de la prima de navidad.
Luego entonces, en atención a que la accionante en materia prestacional le es
aplicable el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, se advierte que dentro de la
liquidación de su pensión la entidad no incluyó la prima de alimentación, la que
además de haber sido percibida en el último año de servicios fue solicitada en la
demanda, por consiguiente, está de acuerdo la Sala con la Juez de instancia en
que esta debe ser computada para efectos pensionales.
También encuentra acertada la efectividad del derecho reconocido, por cuanto el
reconocimiento pensional se llevó a cabo en Resolución 00515 de 19 de febrero
de 2001, mientras que la petición de reliquidación pensional se elevó el 5 de junio
de 2018, encontrándose afectadas de prescripción cuatrienal las mesadas
anteriores al 5 de junio de 2014.
En punto de lo anterior, se debe indicar que la prima de servicios y la duodécima
parte de la prima de navidad se constata ya fueron incluidas en la base de
liquidación de la pensión de la accionante, por lo que no hay lugar a ordenar se
tengan en cuenta. Con todo, la prima de servicios, y cualquier otro estipendio, no
puede ser incluida de la forma en que lo prescribe el Título III del Decreto 1214 de
1990, toda vez que, como quedó explicado con suficiencia, a la memorialista no la
cobija el régimen salaria de la norma ídem, solo es beneficiaria del régimen
prestacional allí contemplado.
De otra parte, si bien es cierto la prima de actividad y el subsidio de transporte,
cuyo reconocimiento de depreca, se encuentran enumeradas en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990, no es menos cierto que no hay prueba de que la
accionante las hayas percibido en el último año de servicios, por lo que no hay
lugar a su reconocimiento.
Finalmente, está probado que la accionante devengó subsidio familiar, pero como
al momento de la fijación del litigio este no quedó incluido dentro del problema
jurídico, se entiende que este no es objeto de debate20 , por tanto, la Sala no hará
pronunciamiento alguno al respecto. […]
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Con el debido respeto, irrogo de los señores magistrados del Consejo de
Estado que conozcan y resuelvan esta tutela, ampararme los derechos como
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accionante al debido proceso, a la seguridad social integral, a la igualdad de trato
ante le ley, a la protección a la familia, al de una calidad de vida acorde con la
dignidad humana y al acceso efectivo a la justicia, esto es la aplicación de la ley
sustancial – Decreto 1214 de 1990 (artículo 102), Titulo VI - desconocidos por las
decisiones judiciales de primera y segunda Instancia.
2.2 Acciones
6. Como consecuencia de lo pedido, dejar sin efecto las sentencias:
i) La de la Juez 8º. Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda,
de fecha 26 de marzo de 2021 por la cual reconoció parcialmente las pretensiones
de la demanda (Folios 15-35).
ii) La del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección
"C" integrada por los magistrados Carlos Alberto Orlando Jaiquel (Ponente), Alberto
Espinosa Bolaños y Samuel Jose Ramirez Poveda, de fecha 13 de julio de 2022
mediante la cual se confirma la sentencia de primera instancia (Folios 40-67)).
7. Ordenar a los accionados, se proceda a estudiar con mayor detenimiento y
sindéresis, las normas legales vigentes que lo gobieman (sic), a aplicar el derecho
sustancial y tener muy en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional en las
sentencias T-442/94, T329/96 SU-477/97 (vías de hecho por valoración probatoria),
SU-567 de 2015 y las de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL-8544
de 2016, SL-168 y SL-3130 de 2020 y, de igual manera, que las orientaciones fijadas
en el fallo de tutela sean ajustadas en derecho.
8. Ordenar, además, que en lo sucesivo y, en casos como el de la accionante, se
abstengan de aplicar considerar el régimen prestacional del Decreto 2701 de 1988 a
efectos de que no se incurra en la comisión de un defecto material o sustantivo […]”.
12. La actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas, en
un defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación
directa de la Constitución.
Actuación
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de agosto de 2022; i) admitió
la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Juez Octava
Administrativa del Circuito de Bogotá y iii) vinculó a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, en calidad de tercero con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
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Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
14. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca expresó que:
“[…] Con todo respeto, me opongo a los argumentos de la tutela incoada, pues con
la sentencia proferida por la Sala 13 de julio de 2022, no se ha incurrido en vía de
hecho, defecto fáctico o sustantivo, ni mucho menos en violación alguna de los
derechos fundamentales invocados por la accionante, toda vez que la decisión se
adoptó con fundamento en las normas pertinentes y con la interpretación que a
ellas corresponde atendiendo al alcance que sobre las mismas ha efectuado la H.
Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado.
Tan cierto es que se observó el precedente de las Altas Cortes en el proceso que
sirve de base para la tutela, que la Sala de decisión para resolver el litigio adoptó lo
dispuesto por la Sección Segunda Subsección A del H. Consejo de Estado en
sentencia del 11 de noviembre de 2021, y accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, pese a que la postura de esta Subsección era la de negar
pretensiones como las formuladas por la actora en su demanda.
La sentencia de esta Sala fue proferida con prevalencia de los principios de la
sana crítica y la buena fe, después de haberse surtido el procedimiento con
garantía de igualdad e imparcialidad de las partes en contienda, y en ella, se
encuentran consignados ampliamente los motivos que llevaron al Tribunal a
confirmar el fallo apelado que accedió parcialmente a lo peticionado en el libelo de
demanda, dictado por el Juzgado Octavo (08) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá […]”.
15. El Ministerio de Defensa Nacional, mediante escrito del 5 de septiembre del
2022, solicitó “[…] denegar las suplicas de la accionante ante la improcedencia de
la acción de tutela toda vez que no se vislumbra la existencia de vulneración
alguna a sus derechos fundamentales […]”.
16. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá señaló que:
“[…] Respecto de la acción incoada me permito indicar que esta Agencia Judicial, no
ha vulnerado derecho alguno a la tutelante, ya que al proceso se le dio el trámite
correspondiente y se profirió sentencia conforme a la normativa vigente […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 20211 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20182 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
19.En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de la subsidiariedad y de
relevancia constitucional.
20.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la justicia; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la dignidad humana; viii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la familia, procediendo posteriormente
a ix) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
1
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena3, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
22.Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20055, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
23.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
5
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de los requisitos
de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela
28. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los
artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 8,
indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario
para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo
que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no
exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
6
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
12
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
29. Asimismo, esta Sección9 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
señalado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201310, advirtió que al
analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha
culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar
un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción
de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite11; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios12; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”13”.14
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir
las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera
oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el
derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a
las garantías procesales […]”.
30. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de
tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista
otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese
inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado15:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento
jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional
para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala
insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos
administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad
administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin
embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente
cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
10
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
12
Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones
de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
15
Sentencia T-030 26 de enero de 2015
13
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
31. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los
medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
32. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta
cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
33. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201416, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que
interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 17]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [18].
16
Ut supra página 6.
[17]
“Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18]
“Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
14
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios [19].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [20].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la
tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad [21]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [22].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio
[19]
“Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20]
“En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[21]
“Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22]
“Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
15
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [23]; el derecho
a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso
penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la
prohibición de juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de
prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado por la Sala).
34. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado24:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”25
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad
social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago
oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la
conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de
[23]
“Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
24
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25
Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”26
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime
teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
35. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de
los derechos fundamentales.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
36. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de
27
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
26
Ibidem.
27
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
17
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional28 ha definido el derecho al
debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
40. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
28
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
41. Atendiendo a que la Corte Constitucional29 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
42. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
29
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
43. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:30
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado31.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”32. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”33 […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana
44. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).
45. Atendiendo a que la Corte Constitucional34 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
30
Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
31
Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará
progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la Ley”.
32
Sentencia T-173 de 2016.
33
Ibídem.
34
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o
humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma,
este Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es
un valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
familia
46. Visto el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia de 1991 sobre el
derecho a la familia, que establece que:
“[…] La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley
podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la
dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.
La ley reglamentará la progenitura responsable.
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la
ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la
ley.
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley
civil.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que
establezca la ley.
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes
derechos y deberes. […]”.
47. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional35, ha establecido que la
familia “[…] es el núcleo básico de la sociedad, por lo que el Estado y la Sociedad,
deben garantizar su protección integral, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5º Superior. […]”.
48. Ahora bien, la Corte Constitucional36 ha entendido el concepto de familia
como […] aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos
naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la
solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga
íntimamente a sus integrantes más próximos […]”.
Análisis del caso concreto
49. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
50. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
51. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
35
Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 18 de febrero de 2015, M.P. María Victoria Sáchica Méndez.
36
Corte Constitucional, Sentencia C-271 de 1 de abril de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202204600-00
Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
51.1. Copia del expediente digital del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el número único de radicación
110013335008201800443- 01.
Solución del caso concreto
Análisis del requisito general de relevancia constitucional
52. Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala
considera que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de
aquellos que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara
relevancia constitucional, toda vez que, tanto en la i) solicitud de la acción de
tutela, como en el ii) respectivo recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Bogotá, el 26 de marzo de 2021, la actora reitero los argumentos
jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia. En ese orden de ideas,
se evidencia que la actora plantea una afectación de derechos fundamentales
que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente normativo, el cual ya
fue expuesto dentro del proceso del medio de nulidad y restablecimiento del
derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, tal como se observa en la
siguiente tabla:
ACCIÓN DE TUTELA RECURSO DE APELACIÓN
“[…] 5.3.1 Aplicación indebida -vía de “[…]3.1 Por aplicación indebida
hecho
Se aplica indebidamente la siguiente
43. Se aplican indebidamente las siguientes normatividad
normas:
i) Decreto 2701 de 1988
i) El Decreto 2701 de 1988
En la demanda se consignó que este Decreto
44. Tanto el fallador de primera instancia “no podía aplicarse para el reconocimiento de
como el de segunda, no sólo legitiman los pensiones y salud”, como abusivamente lo
actos administrativos con fundamento en este hizo la Policía Nacional que se empecina en
Decreto, sino que se apartan del precepto del sostenerlo tanto en la contestación de la
artículo 55 de la Ley 352 para denotarlo como demanda y alegatos a través de sus
el más favorable: ni lo uno ni lo otro es apoderados.
procedente.
Para los empleados que pasaron a prestar
45. Este Decreto sólo tuvo "vigencia" para los servicio en el Inssponal, provenientes de las
empleados que ingresaron al Inssponal, dependencias de Sanidad y/o Bienestar
vinculados a la Policía después de la vigencia Social de la Policía que lo conformaron, como
de la Ley 100/93 únicamente para es el caso de la actora, el Parágrafo Único del
prestaciones distintas a las de salud y citado artículo, estableció claramente, que,
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Actora: Gloria Marina Durán de Coronado
pensión. A partir de la vigencia de la Ley 352 respecto de ellos, se aplicaba el régimen
de 1997, dejó de regir para el Sector prestacional del Título VI del Decreto ley 1214
Defensa. Además, se considera tácitamente de 1990. Además, este mismo Título VI se
"derogado" por la Ley 100/93, por no hacer aplica para quienes se vinculan a la Policía
parte de los regímenes excepcionados en el Nacional a partir de la vigencia de la Ley 100
artículo 279 de esta ley […]”. de 1993, así lo consagra el artículo 55 de la
Ley 352 de 1997.
“[…] El Decreto 1301 de 1994: Ahora, al suprimirse el Inssponal en virtud del
artículo 53 de la Ley 352 de 1997, el Decreto
46. Fue derogado por el artículo 65 de la Ley ley 2701 de 1988 dejó de ser aplicable. Esto
352 de 1997 y, el ente que regulaba fue tiene que saberlo el juez o dilucidarlo cuando
suprimido. Así lo consigné anteriormente: No resuelve asuntos laborales.[…]”.
pertenecí en ningún momento a este Ente
[…]”.
“[…] El Decreto ley 1301 de 1994
[…]
Este Decreto regulaba el SMP – sistema de
“[…] 5.3.2 Falta de aplicación: salud de las FF. MM – que también fue
suprimido por el artículo 53 de la Ley 352 de
47. Dejó de aplicar los artículos 54 y 55 de la 1997. Además, aclaro, insisto y reitero, la
Ley 352 de 1997 y el articulo 2°. numeral 4 demandante nunca prestó sus servicios allí,
del Decreto 133 de 1998, omisión que es decir, no fue destinataria de la aplicación
condujo a negarme los "derechos adquiridos de esa norma, por lo que no se ve la razón
del régimen prestacional del decreto 1214 de jurídica para que en la sentencia se estén
1990 y solidarizarse con la demandada […]”. aplicando los Decretos ley 352 y 1301 de
(Resaltado por la Sala) 1994, a no ser que el Despacho quiera hacer
historia buscando celebridad […]”.
[…]
“[…] 3.2 Por falta de aplicación
La Juez, con su providencia, violó
directamente la ley sustancial - por falta de
aplicación – que regula el caso concreto: el
artículo 55 de la Ley 352 de 1997, el artículo
2o. numeral 4 del Decreto ley 133 de 1998.
Por consiguiente, el régimen prestacional del
Título VI del Decreto ley 1214 de 1990,
integrado con el Título III que en derecho
corresponde, tal como se demostró en la
demanda y se recalcó en los Alegatos y
demás escritos. […]”.(Resaltado por la Sala)
53. En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se
acredita el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que,
como ya se indicó, la actora tanto en su escrito de tutela, como en su recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá, el 26 de marzo de 2021,
reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia,
esto es, que en el caso concreto se le vulneraron sus derechos fundamentales,
como consecuencia de que i) se aplicó de manera indebida el Decreto 2701 de
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29 de diciembre de 198837 y el Decreto 1301 de 22 de junio de 199438; y ii) se
omitió aplicar la Ley 352 de 17 de enero de 199739, el Decreto 133 de 19 de
enero de 199840 y el Decreto 1214 de 8 junio de 199041.
54. Además, la Sala debe hacer énfasis, que dichos argumentos jurídicos se
tuvieron en cuenta en la respectiva providencia proferida por la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de julio
de 2022, por lo que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia para reabrir controversias jurídicas que fueron debidamente estudiadas
y debatidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
55. La Sala advierte que la actora dentro de sus pretensiones solicitó “[…] se
proceda a estudiar con mayor detenimiento y sindéresis, las normas legales
vigentes que lo gobiernan; a aplicar el derecho sustancial y tener muy en cuenta
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-442/94, T329/96, SU-
477/97 (vías de hecho por valoración probatoria), SU-567 de 2015 y las de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL-8544 de 2016, SL-168 y SL-
3130 de 2020 […]”; sin embargo, la Sala observa que la actora no cumplió con la
carga argumentativa mínima para estudiar la configuración de un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que no
indicó específicamente cuales fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales
que se fijaron en las providencias que mencionó en su escrito de tutela, y mucho
menos argumentó que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en
ambos casos eran análogos o similares.
56. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia
constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de
Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, la actora tiene la
carga argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los
37
“Por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del estado,
adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional”.
38
“por el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y del personal
regido por el Decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la
Ley 100 de 1993”.
39
“Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad
Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
40
“por el cual se dictan normas para la liquidación del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional”.
41
“Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional”.
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elementos que permiten configurar la existencia de un precedente judicial, esto
es, i) que en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por la actora en su
escrito de tutela se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto
en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente42.
57. Finalmente, frente a las providencias de la Corte Suprema de Justicia a las
cuales hizo referencia la actora, la Sala considera que las sentencias proferidas
por la Corte Suprema de Justicia y por la Jurisdicción Ordinaria, no constituyen
precedente, en la medida que no nos vinculantes para la Jurisdicción
Contencioso Administrativo.
Análisis del requisito general de la subsidiariedad
58. La actora señaló que la autoridad judicial demandada desconoció el principio
de congruencia, al considerar que:
“[…] Ni la sentencia de primera ni la de segunda instancia, realizaron un
análisis serio e imparcial sobre las pruebas, las normas, las alegaciones
de las partes, ni de la demanda. Su motivación es caprichosa; "no
obedece a ningún razonamiento legal ni constitucional, de equidad o
doctrina. Ambas, son incongruentes y contradictorias con la
demanda, los alegatos y la apelación […]”. (Resaltado por la Sala)
59. La Sala advierte que, frente a la presunta vulneración del principio de
congruencia de la sentencia acusada, esta Sección considera que no se cumple
con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la actora contaba con otro
medio de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que es el recurso extraordinario de revisión.
60. En efecto, esta Sección43 al resolver un asunto en el que se discutía el
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, señaló:
“[…] En efecto de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 22 Especial de
42
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de
2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de
2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03037 00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Revisión de esta Corporación44, y acogida por esta Corporación en posteriores
providencias45, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la
nulidad originada en la sentencia, situación que se encuentra prevista como una
de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en
los términos del numeral 5º del artículo 250 del CPACA.
Señala la providencia en mención lo siguiente:
“[…] 2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra
los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se
alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas
implica una actuación sin competencia […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la
sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso,
el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar […]”. (Resaltado por la Sala)
61. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos
de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la actora,
como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la
presunta vulneración del principio de congruencia, antes de acudir a la acción de
tutela46.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de
2016, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de octubre de
2017, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02229-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
46
Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de congruencia y
la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos
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62. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, toda vez que, como se expuso supra, esta no cumple con el requisito de
subsidiariedad.
Análisis del perjuicio irremediable
63. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
64. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional47:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”48[…]”.
65. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer
que la actora se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de su
derecho fundamental.
66. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no
fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00.
47
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
48
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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existan otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los
intereses de los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conclusiones de la Sala
67. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud
de amparo, por no cumplir con el requisito general de la subsidiariedad y el
requisito de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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