Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04603-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04603-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04603-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
22 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: AUGUSTO BERMÚDEZ FULA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN “C”
Tesis: No vulnera el derecho fundamental de petición la autoridad
judicial que no emite respuesta a la solicitud presentada al
interior de un proceso ordinario, la cual versa sobre las
etapas del proceso.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
el ciudadano Augusto Bermúdez Fula, quien consideró vulnerado su
derecho fundamental de petición por parte de la Sección Tercera,
Subsección “C”, de esta Corporación.
I. LA SOLICITUD DE AMPARO
I.1. Augusto Bermúdez Fula promovió acción de tutela en contra de la
Sección Tercera, Subsección “C”, de esta Corporación, con el fin de que
le fuera protegido su derecho fundamental de petición, en la que formuló
la siguiente pretensión:
« […] se me conceda el amparo constitucional al derecho de petición
Art. 23 de la CN, que no le dio cumplimiento el anterior funcionario,
venciéndose los términos de ley para responder a las pretensiones
relacionados con el Derecho a la información, enviado el 11 de julio
de 2022.[…]»
II. SITUACIÓN FÁCTICA
II.1 El 11 de julio del año que avanza el accionante presentó, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el núm.
2013-00022-00, adelantado ante la Sección Tercera, Subsección “C”, de
esta Corporación, derecho de petición de información1, así:
1
Enviado al correo electrónico ces3secr@consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
« […] PETICIÓN: Me informe su despacho en qué estado se encuentra
el proceso de la Referencia relacionado con los aspectos objeto del
proceso a su cargo hasta la presente fecha.
PETICIÓN: Invocando al derecho de petición pido solicitando (sic)
cual fue la nueva persona interviniente de carácter familiar en el
proceso de la referencia actuando como parte demandante mediante
apoderado y me haga llegar copia del memorial presentado ante su
despacho del interviniente.
PETICIÓN: De la manera muy respetuosa procedo a pedir mediante
la rendición de un dictamen relacionado con los aspectos jurídicos
objeto del proceso que al estar vigente, y a la vez, vinculado la A.N.T
proceda su despacho mediante el objeto del dictamen solicitado que
de información si se ajusta a la verdad respondiendo a lo siguiente ¡
Si la A.N.T puede proceder administrativamente en contra del predio
la Agrícola cuando el mencionado proceso está vigente en donde no
se acepta nuevas prácticas de pruebas, y a la vez, están procediendo
de la misma manera que actuó la liquidada INCODER en contar del
predio La Agrícola sin prueba alguna debido que no aparece inscrita
en los antecedentes registral de la Registraduría de Instrumentos
Públicos de Santa Marta con anterioridad a la salida de la Resolución
0802 de mayo 4/2012 y a la vez, mediante una acción de repetición
que no se justifica porque está prolongando el proceso de la
referencia.
PETICIÓN: De acuerdo con el Derecho de la información solicitada
pido que su despacho proceda de acuerdo con los establecido en el
ART. 74 C.N y el Art 24 de la ley 712 del 2014 que trigo (sic) a
colación:
Ley 712 DEL 2014 “por medio de la cual se crea la ley de
transparencia y el derecho de acceso a la información pública, nacional
y se dictan otras disposiciones”, preceptúa en su Art. 24 del
derecho de acceso a la información. toda persona tiene derecho a
solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma
y condicione que establece esta ley y la constitución.
En ese orden de idea la Corte Constitucional mediante sentencia T-
228 /2014, explico el alcance de la relación de género y de especie
que existe entre el derecho de petición y el acceso de la información,
considerando que el derecho fundamental de petición constituye una
herramienta determinante para la protección de otras prerrogativas
constitucionales, como son el derecho a la información, al acceso a
documentos públicos, la libertad de expresión y el ejercicio de
participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los
afectas. (sic)[…] »
II.2. Señaló que a la fecha no ha recibido respuesta, desconociendo los
términos establecidos por el Decreto 491 de 2020, para dar respuesta a
las peticiones.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
III.1. Este despacho admitió la acción de tutela y ordenó la notificación
a la Sección Tercera, Subsección “C” de esta Corporación.
III.2. La Sección Tercera, Subsección “C”– Consejo de Estado, a
través del magistrado sustanciador2, presentó informe, en el cual
manifestó lo siguiente:
“El solicitante pide el amparo del derecho de petición, pues
considera que no se ha dado respuesta a una solicitud de
información del estado del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho Rad. n°. 11001-03-26-000-2013-00022-00
(46275). La jurisprudencia constitucional ha precisado que las
actuaciones de los jueces se rigen por los códigos procesales
dispuestos para cada jurisdicción y no por la Ley 1755 de 2015,
incorporada en la primera parte del CPACA, que regula la
presentación de peticiones ante las autoridades
administrativas . De modo que la solicitud de protección al
3
derecho invocado resulta improcedente.”
III.3. La Secretaría Sección Tercera – Consejo de Estado, manifestó
que:
« […] 1. El señor Augusto Bermúdez Bula incoa acción de tutela al
considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, frente a la
no respuesta de la solicitud elevada el 11 de julio de 2022 del corriente
año, dentro del proceso que conoce esta sección número
11001032600020130002200 (interno 46275).
(…)
2. La secretaría recibió un escrito por parte del señor Augusto Bermúdez
Fula el 11 de julio de 2022, solicitud que se encuentra registrada en
el índice 164 de SAMAI en el proceso antes mencionado.
3. A la fecha de la solicitud el expediente se encontraba en la Secretaría,
surtiendo el trámite de la notificación por estado (fijado el 22 de junio
de 2022) del auto que negó el decreto de pruebas por considerarlas
extemporáneas (índice 161 de SAMAI).
4. Con el fin de dar respuesta a la solicitud, esta Secretaría expidió la
Certificación 0070-2022-SJG de 27 de julio de 2022, enviada al
accionante Augusto Bermúdez Fula al correo magoay8@gmail.com, el
28 del mismo mes y año. – Se adjunta con constancia de envío- (índice
166 de SAMAI) [ ]»
2
C.P. Dr. Guillermo Sánchez Luque
3
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-395 de 2018 [fundamento jurídico 5.2]
3
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
IV. CONSIDERACIONES
IV.1. COMPETENCIA.
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015, y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución
de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.
IV.2. Análisis de la Sala
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o
amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los
casos expresamente indicados. Procede a falta de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para prevenir o
evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de obtener
el amparo de su derecho fundamental de petición el cual, a su juicio, le
fue vulnerado por la Sección Tercera, Subsección “C”, como consecuencia
de la falta de respuesta dentro de los términos de la petición presentada
el 11 de julio de 2022, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado núm. 11001-03-26-000-2013-00022-00 (46275).
En ese orden de ideas, la Sala procede a estudiar el derecho de petición
presentado por el accionante, con el fin de establecer si existió o no
vulneración por parte de la Sección Tercera Subsección C.
IV. 2.1. Del derecho de petición instaurado ante autoridades
judiciales
Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales,
esta Sala ha señalado que su amparo no resulta procedente por vía de
acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos
por parte de un juez durante el curso de un proceso que guarden relación
directa con la litis.
La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 2017 4, en la
que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único de
radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:
« […] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre de
2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00
4
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela,
cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por
parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello
el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual
forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de
determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones
netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el
segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia
del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro
de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-00517, en la que se
indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el
criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el
ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades
judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador
ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se
tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que
acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los
cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como
la de la actora en detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm.
AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera
ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición
en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades
judiciales en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha
expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato
judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está
sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede
existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso
efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las
actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los
actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que
rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.
Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales
no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las
actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que
presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del
proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite
en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377
de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
5
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy
distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un
proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como
la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a
las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se
rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo
adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada
uno de los momentos procesales.” (Sentencia T-178-00. MP José
Gregorio Hernández Galindo) […]» (Negrillas y subrayas fuera del
texto).
En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en
sentencia T-394 de 2018:
“[…] 5.2. Ahora bien, en lo que respecta al derecho de petición ante
autoridades judiciales, esta Corporación ha precisado sus alcances al
manifestar que si bien es cierto que el derecho de petición puede
ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la
obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les
presenten5, también lo es que “el juez o magistrado que conduce un
proceso judicial está sometido -como también las partes y los
intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que
significa que las disposiciones legales contempladas para las
actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que
debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas
a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y
con arreglo a las normas propias de cada juicio”.6
En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de
petición encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas
frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los
tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las
referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada
juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos
y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas
peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las
5
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
normas generales del derecho de petición que rigen la administración
y,7 en especial, de la Ley 1755 de 20158. (Destaca la Sala)
En este orden, la omisión del funcionario judicial en resolver las
peticiones relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas
propias del proceso respectivo, configura una violación del debido
proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia9. Por
otro lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las
peticiones formuladas en relación con los asuntos administrativos
constituye una vulneración al derecho de petición10. […]”.
Así, si la petición está relacionada con actuaciones administrativas
adelantadas por el juez el trámite estará regulado por la Ley 1755 de
2015; y si la petición se presenta con el fin de impulsar una actuación
judicial u obtener pronunciamiento relativo a la litis estará sometida a las
reglas propias del proceso judicial.
IV.2.2. La solicitud presentada por el accionante.
Como se advierte en el capítulo de antecedentes de esta providencia, el
actor en su solicitud propuso varias peticiones, que serán analizadas de
manera individual.
PETICION 1 : PETICIÓN: Me informe su despacho en qué estado se encuentra
el proceso de la referencia relacionado con los aspectos objeto del proceso a su
cargo hasta la presente fecha.
Respecto a esta petición, al revisar el documento aportado con el informe-
certificación núm. CER-0070-2022-SJG-, expedida el 27 de julio de
202211, aportado por la Secretaria de la Sección Tercera, la Sala entiende
que fue contestada de forma clara y de fondo, como se aprecia en los
siguientes apartes tomados de la certificación emitida:
7
Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-311 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-267 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-2015A de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo
8
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
9
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. En lo relacionado a la omisión del
funcionario judicial en resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al debido proceso, ver
entre otras, sentencias T-377 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-007 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Diaz. En lo
relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la
vulneración al acceso a la administración de justicia, ver entre otras, sentencias C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez; T-006 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-173 de 1993: M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y T-268 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
10
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
11
El 28 de julio de 2022, fue enviada al correo electrónico magoay8@gmail.com
7
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
Así las cosas, para la Sala, la petición relacionada con el estado del
proceso fue satisfecha de manera completa con la respuesta remitida por
la Secretaria de la Sección Tercera, pues se informa de manera precisa el
estado actual del proceso, así como las actuaciones que se han surtido.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
PETICIONES 2 Y 3:
“PETICIÓN: Invocando al derecho de petición pido solicitando (sic)
cual fue la nueva persona interviniente de carácter familiar en el
proceso de la referencia actuando como parte demandante mediante
apoderado y me haga llegar copia del memorial presentado ante su
despacho del interviniente.
PETICIÓN: De la manera muy respetuosa procedo a pedir mediante
la rendición de un dictamen relacionado con los aspectos jurídicos
objeto del proceso que al estar vigente, y a la vez, vinculado la A.N.T
proceda su despacho mediante el objeto del dictamen solicitado que
de información si se ajusta a la verdad respondiendo a lo siguiente ¡
Si la A.N.T puede proceder administrativamente en contra del predio
la Agrícola cuando el mencionado proceso está vigente en donde no
se acepta nuevas prácticas de pruebas, y a la vez, están procediendo
de la misma manera que actuó la liquidada INCODER en contra del
predio La Agrícola sin prueba alguna debido que no aparece inscrita
en los antecedentes registral de la Registraduría de Instrumentos
Públicos de Santa Marta con anterioridad a la salida de la Resolución
0802 de mayo 4/2012 y a la vez, mediante una acción de repetición
que no se justifica porque está prolongando el proceso de la
referencia. “(destaca la Sala)
Con relación a las anteriores solicitudes, la Sala precisa que la petición
núm. 2 va dirigida a que se le informe sobre una persona que interviene
en el proceso y a obtener copia de la pieza procesal que esa persona ha
entregado, siendo esta una actuación procesal, como lo ha señalado la
Corte Constitucional, que precisó por demás que dicho trámite se
encuentra previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso. En
ese sentido, no se trata de una cuestión meramente administrativa, de
suerte que sobre tales asuntos no resulta procedente el amparo del
derecho de petición12.
Indicó la citada sentencia que13:
“[…] 4. El derecho de petición de copias dentro de un proceso judicial,
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
(…)
Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con claridad entre
aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos
que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son
aplicables las normas que rigen la actividad de la administración
pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).”
Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez dentro del proceso
están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de
aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
12
Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015-01196-00, Consejera ponente María Elizabeth
García González.
13
Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
9
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Accionante: Augusto Bermúdez Fula
prevalecen las reglas del proceso.” Así, la solicitud de pruebas,
acumulación de procesos, de denuncia del pleito, etc., se deben
tramitar conforme a las reglas señaladas por los respectivos
ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la omisión del
funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las
partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional, no
configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al
debido proceso y al acceso de la administración de justicia, en la
medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin
motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada al
interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento
constitucional (C.P., Arts. 29 y 229).
[…]
Sobre el particular, es decir, respecto a las solicitudes de copias en
actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo 115 del C.P.C.
establece que “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y
la firma del secretario”, por lo tanto, la decisión de expedir las
copias al estar regulada por el ordenamiento procesal, no es
posible asimilarla a aquellas en las cuales su resolución se
contrae a la aplicación de las normas propias de los actos de la
administración.
Además, el numeral 2º de la misma norma señala que “si la copia
pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada que
ponga fin al proceso (…) o imponga condenas, se ordenará de oficio
agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.”
Por lo tanto, desde ya, se descarta la violación al derecho de petición,
no porque este derecho no pueda ejercerse ante los funcionarios
judiciales, sino porque la solicitud de expedición de copias que formuló
la accionante se debió tramitar de conformidad con las normas antes
citadas, por ser un trámite específicamente regulado, para garantizar
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la
demandante […].”
Por las consideraciones expuestas y comoquiera que la solicitud plateada
por el autor corresponde a un trámite al interior de un proceso, se
declarará improcedente el amparo solicitado.
Ahora, respecto de la petición núm.3, para la Sala es claro que la misma
guarda relación directa con la litis, por cuanto el objeto del proceso es la
declaratoria de nulidad de las resoluciones no. 0802 de 4 de mayo de
2012, no. 2136 del 26 de octubre de 2012 y no. 0802 del 4 de mayo de
2012, expedidas por la Agencia Nacional de Tierras, mediante las cuales
se inició el proceso de recuperación del inmueble denominado “la
Agrícola” y en la solicitud se busca que el despacho se pronuncie sobre
un tema que eventualmente sería analizado al momento de proferirse el
fallo, pues se refiere a una actuación de la autoridad administrativa que
expidió el acto acusado.
Adicionalmente, advierte la Sala que el actor con esta solicitud pretende
que, por vía del derecho de petición, se dé respuesta a una actuación
10
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04603-00
Accionante: Augusto Bermúdez Fula
procesal que ya fue desatada por el despacho sustanciador mediante auto
de fecha 17 de junio de 202214. En esa oportunidad el actor planteo que:
“Me informe mediante un concepto jurídico estando el mencionado proceso
vigente en donde está vinculado la A.N.T, pregunto ¿si esta entidad puede
proceder administrativamente en contra del predio la Agrícola cuando el proceso
no ha terminado en donde no se aceptan las prácticas de pruebas”.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor
Augusto Bermúdez Fula, de conformidad a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en
los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19
de noviembre de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO
VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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Índice 159 de SAMAI
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