Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04605-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04605-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04605-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
5 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 110010315000202204605 01
Accionante: SARAY ELVIRA RIVERA CALVO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
inexistencia de carga argumentativa / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se
configura en este caso / TERCERA INSTANCIA – La parte demandante pretende reabrir
el debate jurídico por no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural respecto de
la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
contra el ICBF.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la tutelante contra
la sentencia de 29 de septiembre de 2022, mediante la cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
La señora Saray Elvira Rivera Calvo, a nombre propio, instauró demanda de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Juzgado 13 Administrativo de
Barranquilla y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y de acceso a la administración de
justicia. La parte tutelante elevó las siguientes pretensiones (trascripción literal con
posibles errores incluidos):
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Radicación número: 110010315000202204605 01
Accionante: Saray Elvira Rivera Calvo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
PRIMERA. Que Su Señoría se sirva tutelar mis derechos fundamentales al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, AL TRABAJO,
AL DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL.
SEGUNDO: Que como medida transitoria se ORDENE AL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL REINTEGRO DE INMEDIATO
como TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓDIGO 3124 GRADO 11 o en un
empleo vacante igual o similar al que venía desempeñando con todos los
salarios y emolumentos dejados de percibir, hasta que sea incluida en la
nómina de pensionados de Colpensiones.
TERCERO: Que se revoquen las decisiones proferidas por el Tribunal
Contencioso del Atlántico y el Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla en
cuanto a declarar la caducidad de la acción, y en su lugar se ordene al
Juzgado el estudio de la admisión de la demanda presentada en contra del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
2. Hechos relevantes
Mediante Resolución No. 4346 de 28 de julio de 2020, el ICBF nombró en período
de prueba al señor Kiven José Rodríguez Peña en el cargo de técnico
administrativo, código 3124, grado 11 de la regional Atlántico, que era ocupado por
la señora Saray Elvira Rivera Calvo en provisionalidad. En dicho acto
administrativo también se dio por terminado el nombramiento de la señora Rivera
Calvo.
Indicó la tutelante que, para el momento de la terminación de su nombramiento,
contaba con 57 años de edad y 1.249 semanas de cotización al sistema, por tanto,
le restaban menos de 3 años para pensionarse.
Señaló que la anterior situación fue informada al ICBF, pero “nunca dio respuesta
a la solicitud de estabilidad laboral que impetre, por el contrario, lo que hizo fue
notificarme el 21 de agosto de 2020 de la terminación del nombramiento en
provisionalidad a partir del 02 de septiembre de 2020”.
Refirió que promovió una demanda de tutela contra el ICBF, con el fin de lograr su
reintegro, pero el Juzgado 4º Civil del Circuito de Barranquilla, por medio de fallo
del 1º de octubre de 2020, denegó las pretensiones.
Dijo que esa decisión se impugnó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla – Sala Primera de Decisión Civil – Familia, el que, mediante
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Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
providencia de 24 de febrero de 2021, declaró la nulidad de lo actuado, lo que
conllevó que, el 11 de marzo de 2021, el a quo dictara una nueva decisión
denegatoria de las pretensiones. Decisión confirmada por medio de proveído del
25 de junio de 2021.
De otra parte, mencionó que, el 27 de julio de 2021, presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial para Asuntos
Administrativos, la que se declaró fallida en audiencia celebrada el 5 de octubre de
2021.
Cumplido el anterior requisito, la señora Saray Elvira Rivera Calvo, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, con el fin de que se declarara la nulidad
de la Resolución No. 4346 de 28 de junio de 2020 y, como consecuencia, se le
ordenara al ICBF reintegrarla al cargo que venía desempeñando o a uno de
superior jerarquía, así como a pagarle todos los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir durante el tiempo de su desvinculación.
Mediante providencia de 14 de enero de 2022, el Juzgado 13 Administrativo de
Barranquilla rechazó la demanda “por haber acaecido el fenómeno de la
caducidad”.
Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso el recurso de reposición
y, en subsidio, el de apelación, bajo el argumento de que “al aplicar taxativamente
el literal D del numeral 2do del artículo 164 del CPACA, se atenta de manera
especial contra el derecho de acceso a la administración de justicia”.
Mediante auto de 17 de mayo de 2022, el Juzgado 13 Administrativo de
Barranquilla resolvió no reponer el proveído del 14 de enero de 2020 y concedió,
en efecto suspensivo, el recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de proveído del 7 de julio de
2022, confirmó el auto mediante el cual se rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
3. Fundamentos de la demanda
La parte tutelante señaló (trascripción literal con posibles errores incluidos):
VIGÉSIMO TERCERO: Como se indicó en el recurso de apelación
interpuesto, acudí a una acción judicial que normativamente no debería durar
más de treinta días hábiles, 10 de ellos en el trámite en primera instancia y 20
ante el superior en caso de surtirse la segunda instancia; no obstante, por
culpa de la misma justicia se me sometió a un proceso en vía de tutela que
duró NUEVE (09) MESES, transcurridos desde la fecha de radicación de la
misma, en septiembre de 2020 a la fecha de la sentencia en segunda
instancia el 24 de junio de 2021.
VIGÉSIMO CUARTO: De cumplirse con el ideal preferente y sumario de la
acción de tutela, hubiese acudido antes del 22 de diciembre de 2020 a la
administración de justicia para interponer el medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho, no puede entonces aplicarse en uno casos
estricta y taxativamente la norma y en otros no. Adicionalmente para la fecha
en la que definitivamente fue resuelta mi tutela, ya estaba vencido el término
que tenía para interponer la demanda, por culpa de la lentitud del sistema
judicial para resolver.
VIGÉSIMO QUINTO: Cuando fui desvinculada de la entidad, no tenía
apoderado judicial, pues no contaba con los medios para contratar a uno,
razón por la cual acudí de inmediato a una acción de tutela, que es un
mecanismo que tenemos todas las personas, sin necesidad de abogado, no
soy abogada, por lo que tampoco tenía el conocimiento que debía si lo
consideraba, demandar en un término no mayor a cuatro meses, por mi
desvinculación.
VIGÉSIMO SEXTO: Adicionalmente, el ICBF en ninguna de las
comunicaciones que me entregó, me indico de manera clara y precisa que
herramientas jurídicas podría utilizar en caso de no estar de acuerdo con la
decisión de mi desvinculación. Ahora, con la decisión tomada por el Juzgado y
el Tribunal, no puedo acceder a la administración de justicia a efectos de que
se estudie mi desvinculación, máxime como lo he reiterado y he suplicado,
todo este proceso se demoró en iniciar debido a la acción de tutela que
presente.
Como “fundamentos de derecho”, la tutelante citó apartes de la sentencia C-795
de 2009 respecto de la protección laboral reforzada denominada “reten social”.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 29 de agosto de 2022, la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las autoridades
judiciales accionadas y al ICBF; vinculó, como tercero con interés, al Juzgado 4°
Civil del Circuito de Barranquilla y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa
ciudad.
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Accionante: Saray Elvira Rivera Calvo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Posteriormente, por medio de auto de 9 de septiembre de 2022, se vinculó al
señor Kiven José Rodríguez Peña y a la Regional Atlántico – Centro Zonal Sur
oriente del ICBF.
4.1.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico sostuvo que la providencia del 7 de
julio de 2022 se dictó en observancia de las pruebas allegadas con la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, en especial, la Resolución No. 4346 de 28
de julio de 2020, la comunicación de la desvinculación de la tutelante, el acta de
conciliación extrajudicial y los fallos de tutela.
Adujo que en la decisión cuestionada se precisó que “la presentación de una
acción de tutela no interrumpe ni suspende los términos perentorios de caducidad
de los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011”, lo que se
fundamentó en la sentencia T-828 de 2012, en la que la Corte Constitucional
precisó que el amparo constitucional no procede para revivir términos ni para
sustituir medios judiciales idóneos.
En ese sentido, concluyó que “la interposición de una acción de tutela no impedía
o imposibilitaba a la hoy accionante para acudir de forma simultánea a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a ejercer los medios de control
previstos en la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes, tal como señala
el inciso final del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991”.
Por lo expuesto, solicitó que se niegue el amparo reclamado, tras considerar que
no se vulneraron los derechos fundamentales de la tutelante, dado que su decisión
se fundamentó en argumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales.
4.1.2. El Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla se opuso al amparo solicitado,
porque “la decisión tomada por el despacho funda sus argumentos en derecho, a
la luz de la ley y la jurisprudencia; además fue revisada por el superior quien
confirmó lo resuelto por la unidad judicial que dirijo, siendo fieles a los términos de
caducidad de la acción”.
Sostuvo que el mecanismo constitucional no puede utilizarse como una tercera
instancia del proceso ordinario ni constituye una herramienta para revivir términos
o etapas procesales; tampoco puede ser empleada para modificar decisiones
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Accionante: Saray Elvira Rivera Calvo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
judiciales, máxime si se han adoptado en derecho.
4.1.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, porque no desplegó acción u omisión que
lesione los derechos fundamentales de la tutelante.
Sin perjuicio de lo anterior, informó que es cierto que esa corporación conoció de
la demanda de tutela promovida por la accionante contra el ICBF con ocasión de
su desvinculación, pero que adoptó la decisión a que había lugar dentro del
término establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
4.1.4. El ICBF refirió que la terminación del nombramiento en provisionalidad de la
señora Rivera Calvo se produjo como resultado de una causal objetiva como lo es
el nombramiento en período de prueba de la persona que superó las etapas del
concurso de méritos. Agregó que la mencionada señora “no se encontraba dentro
de algún supuesto que demandara una especial protección o la adopción de
medidas afirmativas con ocasión de su desvinculación”.
De otra parte, adujo que ese instituto no tiene legitimación en la causa por pasiva,
habida cuenta de que se cuestionan las decisiones adoptadas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Con todo, mencionó que la acción de tutela es improcedente porque no cumple
con el requisito de la relevancia constitucional y, además, porque no se sustentó
uno solo de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Con el anterior informe, se allegó respuesta a la petición radicada por la tutelante
el 25 de agosto de 2020, con la constancia de envío respectiva.
4.1.5. El Juzgado Cuarto Civil de Oralidad de Barranquilla efectuó un recuento de
las actuaciones realizadas en el proceso de tutela promovido por la señora Rivera
Calvo contra el ICBF (radicado 08001-31-53-004-2020-00145-00).
4.1.6. El señor Kiven José Rodríguez Peña solicitó que se niegue el amparo
reclamado “… por ser atentatorio de la seguridad jurídica de las decisiones
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
judiciales”. Explicó (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… la accionante tenía la oportunidad en su debido tiempo de atacar por la vía
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la resolución
No. 4346 de 28 de julio de 2020, con el fin de reclamar su restablecimiento de
derechos, lo que aconteció fue que dejo pasar los 4 meses desde el momento
que quedó en firme la mencionada resolución, por lo tanto, acaeció el
fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Mencionó que lo que pretende la tutelante es “revivir un debate que está
debidamente desatado y en firme, trastocando la esfera de la temeridad y
desconociendo los postulados de las instituciones de la cosa juzgada y la
seguridad jurídica”.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo
de Estado negó el amparo solicitado, bajo los siguientes argumentos (transcripción
de forma literal):
Si bien la señora Saray Elvira Rivera Calvo afirmó en el escrito de tutela que a
través de memorial puso de presente ante el empleador sus condiciones
particulares de prepensionada y mujer cabeza de hogar, ‘[c]on anterioridad de
expedirse la Resolución que da por terminada mi vinculación con el ICB’,13 lo
cierto es que no demostró que tal petición hubiese sido radicada ante la
entidad censurada.
Es decir, con el escrito de tutela la accionante allegó múltiples anexos entre
los cuales se encuentran el acto que la retiró del servicio, el oficio por medio
del cual se le notificó la anterior decisión, así como las providencias proferidas
por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección
B, el Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Primera de
Decisión Civil – Familia y el Juzgado 4º Civil del Circuito de Barranquilla, sin
embargo, no aportó el escrito que aludió haber presentado ante el ICBF.
Adicionalmente, no indicó la fecha en que presentó la petición, tampoco
precisó si lo hizo ante la regional en donde prestaba sus servicios o ante la
entidad del orden nacional, lo que de plano impide que el juez de tutela de por
cierto el hecho concreto, incluso, con independencia de la presunción de
veracidad estipulada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991,14 puesto
que, en el marco del estudio de este cargo, es indispensable que se acredite
que en efecto la solicitud fue debidamente radicada.
De conformidad con lo expuesto, se concluye que la solicitud de amparo será
denegada en relación con la vulneración al derecho de petición.
2.4.5.2. De otro lado, respecto al cargo por mora judicial, la señora Rivera
Calvo adujo que el ejercicio extemporáneo del medio de control de nulidad y
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Accionante: Saray Elvira Rivera Calvo
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
restablecimiento del derecho se debió a que en la anterior acción de tutela,
identificada con el radicado Nº. 08001-31-53-004-2020-00145-01, los jueces
constitucionales excedieron los plazos de 10 y 20 días que les otorga el
Decreto 2591 de 1991 para efectos de resolver la primera y la segunda
instancia en sede constitucional.
Indició que, acudió a este medio subsidiario ante la presunta transgresión sus
derechos fundamentales, lo cual implicaba la demanda inmediata de la
protección de tales garantías superiores, toda vez que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho habría tomado más de 1 año en resolverse.
Al respecto, esta Colegiatura anuncia que no advierte que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Primera de Decisión Civil – Familia y
el Juzgado 4º Civil del Circuito de Barranquilla hubiesen incurrido en una
irregularidad al tramitar la tutela 2020-00145, puesto que, como lo indicó la
parte actora, durante el proceso el referido tribunal evidenció la existencia de
una nulidad por la falta de vinculación de dos entidades que debían ser
llamadas al proceso con el fin de respetar sus derechos de defensa y
contradicción.
En aras de dar claridad cronológica al alegato de la señora Rivera Calvo, se
inserta la siguiente tabla: (…)
Como primera medida, es preciso resaltar que, como lo arguyó la accionante,
el anterior mecanismo constitucional sí tuvo una duración de 9 meses, no
obstante, también es evidente que la causa de ello radicó en que luego de
surtida toda la primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla – Sala Primera de Decisión Civil – Familia resolvió declarar la
nulidad de todo lo actuado, desde el auto que admitió la solicitud de amparo
con ocasión de la indebida integración del contradictorio.
También debe advertirse que, pese a que la acción de tutela es un trámite
expedito y célere, ello no es óbice para que se respeten y garanticen los
derechos de las partes y de los terceros con interés en el resultado del asunto,
lo cual impone que, en todo caso, se cumplan principios básicos como el
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los
derechos a la defensa y contradicción, lo que supone que también se efectúe
cierto control de legalidad, se surtan las respectivas etapas procesales y se
respeten los términos correspondientes.
Ello, aunado al hecho cierto, concerniente a la declaratoria de nulidad de todo
lo actuado en primera instancia, conllevó a que los plazos iniciales en los que
los jueces constitucionales deben fallar, se extendieran, particularidad que no
puede pasarse por alto en el contexto de un cargo elevado desde la
perspectiva de una mora judicial.
Ahora, se debe recordar que, si bien este medio fue implementado con el fin
de procurar el respeto y materialización de los derechos fundamentales de
todas las personas según el artículo 86 del referido Decreto 2591 de 1991, lo
cierto es que en ningún compendio o estatuto normativo colombiano se
estipula que se debe ejercer de manera previa o como requisito de
procedibilidad del mecanismo ordinario idóneo.
Es decir, el ejercicio de la acción de tutela no avala, impide u obstaculiza que
el interesado acuda directamente a la vía judicial, ante el juez natural de la
causa, para efectos de perseguir la protección de sus intereses.
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Accionante: Saray Elvira Rivera Calvo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Adicionalmente, es menester resaltar que, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho incluso se pueden solicitar medidas cautelares
con la presentación de la demanda, con el propósito de hacer cesar o evitar
un perjuicio irremediable que es el único motivo por el cual se justificaría una
orden del juez, de manera previa al análisis del fondo de la litis.
Así las cosas, no le asiste razón al extremo activo al señalar que el ejercicio
inoportuno del referido proceso judicial se justifique en el hecho de que la
anterior acción de tutela se resolvió en 9 meses, por lo tanto, será denegado
el amparo frente a este reproche.
2.5. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
(…) La parte actora indicó que el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala
de Decisión Oral – Sección B, mediante providencia de 7 de julio de 2022,
confirmó el auto de primera instancia proferido por el Juzgado 13
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla el 14 de enero de 2022, a
través del cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Adujo que, con ocasión de lo anterior, la judicatura reprochada incurrió en
violación directa de la Constitución por cuanto no tuvo en consideración las
condiciones particulares de la accionante, tales como su calidad de
prepensionada y mujer cabeza de hogar.
Sin lugar a dudas, este argumento tampoco tiene la virtualidad de justificar un
amparo en el marco de este medio constitucional, comoquiera que tales
alegatos son los que se habrían debatido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, comoquiera que es la base argumentativa para
que el juez de la referida causa natural analizara la legalidad del acto
mediante el cual se terminó el nombramiento de la accionante.
En otras palabras, la línea argumentativa de la accionante está dirigida a
atacar la legalidad del acto de desvinculación, más no la decisión sobre un
presunto cómputo errado del fenómeno de la caducidad.
Así las cosas, es claro que, a esta Colegiatura investida como juez
Constitucional, le está vedado realizar pronunciamientos que son propios del
medio de control ordinario, razón por la que será denegado el amparo.
6. La impugnación
La parte tutelante impugnó la anterior decisión y señaló que se “desestimó el eje
central que ha suscitado la presente controversia y es la mora judicial en la que la
misma justicia me sometió dentro de la acción de tutela que presente contra el
ICBF y que como lo indique en el escrito, tardó nueve meses en resolverse”.
Expuso (trascripción literal con posibles errores incluidos):
Observa la sala que el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla-Sala
Primera de Decisión Civil Familia no incurrió en mora para resolver de fondo la
acción de tutela, como quiera que resolvió declarar la nulidad de sentencia de
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Radicación número: 110010315000202204605 01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
primera instancia, hecho que alargo el trámite de 10 y 20 días propio de la
acción de tutela, sin embargo, paso por alto que la tardanza estuvo desde el
momento en que se profirió por segunda vez la sentencia de primera
instancia, esto es el 10 de marzo de 2021 y la fecha de la sentencia de
segunda instancia 24 DE JUNIO DE 2021, es decir más de tres meses, sin
que en dicho interregno estuviese pendiente resolver nulidades o estudios
especiales o vacancia judicial como ocurrió en una primera oportunidad; de tal
forma que si estaba demostrada la mora judicial en la que incurrió dicho
tribunal y de la cual no hay una justificación valedera para que se superara el
término prescrito en la ley para fallar un trámite preferente.
Lo anterior, afecto la interposición en el término del medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho, como quiera que al momento de hacerlo ya
había operado el fenómeno de la caducidad. Por otra parte, el juez
constitucional también debe llamar la atención de las entidades públicas,
quienes en los actos administrativos no le indican a los funcionarios los
recursos de ley que tenemos para atacar los actos administrativos, como paso
en mi caso, pues como se observa en las resoluciones que me fueron
notificadas, ninguna decía que recursos de ley podía utilizar o qué medio de
control, por lo que acudí al medio más expedito y accesible que es la acción
de tutela, pues en ese momento no tenía dinero para buscar asesoría jurídica
con un profesional que me indicara el medio correcto para hacerlo y
adicionalmente me encontraba atravesando un momento emocional bastante
difícil por mi desvinculación laboral y la pandemia del COVID 19.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Cuestión previa
En primer lugar, es del caso precisar que es cierto que en la demanda de tutela la
señora Rivera Calvo indicó que el ICBF “nunca dio respuesta a la solicitud de
estabilidad laboral que impetre” y que “se me sometió a un proceso en vía de
tutela que duró NUEVE (09) MESES, transcurridos desde la fecha de radicación
de la misma, en septiembre de 2020 a la fecha de la sentencia en segunda
instancia el 24 de junio de 2021”.
A juicio de la Sala –contrario a lo expuesto en el fallo de primera instancia–, ello no
implica que se deba emitir un pronunciamiento frente a la posible vulneración del
derecho de petición de la tutelante ni tampoco a que se analice si el Juzgado 4°
Civil del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla incurrieron o no en mora judicial, porque la pretensión de la demanda
de tutela es que “se revoquen las decisiones proferidas por el Tribunal
Contencioso del Atlántico y el Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla en
cuanto a declarar la caducidad de la acción, y en su lugar se ordene al Juzgado el
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
estudio de la admisión de la demanda presentada en contra del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF”.
En ese contexto, la Subsección estima que el presente asunto debe estudiarse
como una acción de la tutela contra providencia judicial, porque, se insiste, la
inconformidad de la parte tutelante es con el auto del 14 de enero de 2022,
mediante el cual el Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla rechazó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho “por haber acaecido el fenómeno de la
caducidad” y con la providencia del 7 de julio de 2022, por la que el Tribunal
Administrativo del Atlántico confirmó la anterior decisión.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
11
Radicación número: 110010315000202204605 01
Accionante: Saray Elvira Rivera Calvo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Radicación número: 110010315000202204605 01
Accionante: Saray Elvira Rivera Calvo
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado4.
3.Análisis de la Sala
La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, tal como pasa a explicarse.
La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. En ese sentido,
ese alto tribunal expuso (trascripción literal):
Por un lado, la relevancia constitucional tiene como finalidad que el juez
constitucional no entre a estudiar cuestiones que carezcan de una clara
y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos cuya definición es competencia exclusiva del juez ordinario. De
esta manera, se garantiza ‘la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’5 y, de contera, se
erige en garantía misma de la independencia de los jueces ordinarios.
Por otra parte, el requisito de la relevancia constitucional busca evitar
que, por medio de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
discutan asuntos legales que, por definición, no le compete resolver al
juez de tutela, cuya competencia se limita a aquellos casos en que
existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. En
otras palabras, este requisito garantiza que la tutela en contra de decisiones
judiciales no se convierta en un escenario para controvertir y ‘discutir asuntos
de mera legalidad’6. La Corte ha sostenido al unísono que ‘la definición de
asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación
directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un
interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción
constitucional’7.
Igualmente, el requisito de relevancia constitucional tiene como objetivo
evitar que este mecanismo se convierta en una instancia o en un recurso
judicial adicional. En este sentido, la Corte ha exigido que ‘teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental’8. Solo así, la
intervención del juez de tutela, por definición excepcional, no se
convierte en una instancia más dentro de los procesos ordinarios9 (se
destaca).
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber10:
5
Original de la cita: “Sentencia T-137 de 2017”.
6
Original de la cita: “Sentencias T-173 de 1993 y T-102 de 2006”.
7
Original de la cita: “Sentencia T-335 de 2000”.
8
Original de la cita: “Sentencia T- 102 de 2006”.
9
Sentencia T–422 de 2018.
10
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial.
En primer lugar, la Sala advierte que la accionante no cumplió con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que sería razón suficiente para declarar improcedente la demanda de
tutela.
En efecto, revisada la demanda de tutela, se observa que no se edificó ni se
desarrolló una argumentación dirigida a establecer, de un lado, una causal
específica de procedibilidad y, del otro, las razones que sustentan la supuesta
violación de derechos fundamentales, sino que la actora se limitó a trascribir
apartes de la sentencia C-795 de 2009 referente a la protección laboral reforzada
denominada “reten social”, sin tener en cuenta que esta Corporación ha
establecido que “… no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las
decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el
interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de
las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia
constitucional”11.
En línea con lo anterior, se ha sostenido:
… que en la demanda de tutela no se puede escuetamente invocar alguna de
las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales para obligar al juez de tutela que revise las decisiones que estiman
contrarias a los derechos fundamentales. Como se sabe, detrás de las
causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional
existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción
de tutela contra las providencias judiciales. Las providencias de los jueces son
decisiones intangibles e inmodificables, que gozan de la presunción de acierto
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P. María
Adriana Marín.
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
y legalidad y no son fácilmente anulables por vía de tutela12.
En otras palabras, la tutela no prospera por el simple hecho de que se invoque
alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha identificado
para la prosperidad del amparo. Las causales específicas para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales no pueden abrir la puerta para que
los jueces de tutela revisen de fondo las decisiones de los jueces ordinarios.
La tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional. No puede
convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u
obtiene una decisión contraria a sus intereses, menos aun cuando la
providencia que se cuestiona ha sido proferida por un órgano de cierre, caso
en el cual, se reitera, la propia Corte ha venido sosteniendo que para la
prosperidad de la tutela es necesario que la decisión contenga una anomalía
de tal entidad que riña abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia
que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de derechos
fundamentales13.
En ese sentido, considera la Subsección que la accionante acudió a la acción de
tutela con el propósito de reabrir, en su integridad, el debate respecto a la
operancia de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF,
cuando lo cierto es que este mecanismo judicial de protección de derechos
fundamentales no comporta una instancia adicional del proceso ordinario.
Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa que –como se indicó– no se plantea la
configuración de uno solo de los defectos que hacen procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, sino que se alega que “con la decisión
tomada por el Juzgado y el Tribunal, no puedo acceder a la administración de
justicia a efectos de que se estudie mi desvinculación, máxime como lo he
reiterado y he suplicado, todo este proceso se demoró en iniciar debido a la acción
de tutela que presente” y además que la tutela que promovió contra el ICBF tardó
9 meses en decidirse y ello incidió en la demora en la interposición de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo anterior, se evidencia si se tiene en cuenta que en el recurso de reposición y,
en subsidio de apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado 13
Administrativo de Barranquilla de rechazar la demanda “por haber acaecido el
12
Original de la Cita: “Sección Cuarta, sentencia del 29 de 2015, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente no. 2014-00552-01”.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P. María
Adriana Marín, reiterada en fallo de 19 de septiembre de 2019, exp. 110010315000201903701 00.
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fenómeno de la caducidad” –al igual que se hizo en la demanda de tutela– se
alegó (trascripción literal):
El juzgado consideró que la demanda debía ser rechazada por cuanto operó
el fenómeno de la caducidad, atendiendo a que la demandante contaba hasta
el viernes 22 de diciembre de 2020 para interponer el respectivo medio de
control, como quiera que la resolución mediante la cual se daba por terminado
su nombramiento en provisionalidad había sido debidamente comunicado el
día 21 de agosto de esa misma anualidad y que el hecho de haber instaurado
una acción de tutela como mecanismo transitorio para proteger sus derechos
fundamentales amenazados, no interrumpe el término de caducidad.
Pues bien, prima facie le asistiría razón a su señoría, en tanto la acción de
tutela no desplaza ni sustituye los mecanismos ordinarios de defensa con que
cuentan los asociados para cuestionar las actuaciones de las autoridades
públicas; sin embargo, en el sub judice existen circunstancias especiales de
motivación que imponen un análisis de la oportunidad para demandar prevista
en la ley, de cara a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra mi
cliente, me explico.
i) La demandante, es una mujer de 59 años de edad, perfil técnico en trabajo
social que desconoce a profundidad las normas jurídicas, que como se indicó
no es de profesión abogada y que, en aras de buscar una protección
inmediata a sus derechos constitucionales fundamentales vulnerados por el
ICBF, y sin la asesoría jurídica de un profesional en esa área, casi que de
inmediato a la fecha en la que le notificaron de la terminación de su
nombramiento, acudió a la justicia a través de una acción de tutela. No se
puede dejar pasar por alto, que la tutela la promovió directamente, es decir sin
la intervención de un apoderado judicial.
ii) La demandante acude a una acción judicial que normativamente no debería
durar más de treinta días hábiles, 10 de ellos en el trámite en primera
instancia y 20 ante el superior en caso de surtirse la segunda instancia; no
obstante, por culpa de la misma justicia a la demandante, se le sometió a un
proceso en vía de tutela que duró NUEVE (09) MESES, transcurridos desde la
fecha de radicación de la misma, en septiembre de 2020 a la fecha de la
sentencia en segunda instancia el 24 de junio de 2021. De cumplirse con el
carácter preferente y sumario de la acción de tutela, indudablemente la
accionante hubiese acudido antes del 22 de diciembre de 2020 a la
jurisdicción especializada de lo contencioso-administrativo para interponer el
medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, no puede entonces
aplicarse en uno casos estricta y taxativamente la norma y en otros no.
iii) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la Resolución No
4346 del 28 de julio de 2020, mediante la cual daba por terminado el
nombramiento en provisionalidad de la señora SARAY RIVERA CALVO, y muy
a pesar que previo a la interposición de la acción de tutela, la accionante
reclamó ante el ICBF la terminación de su vinculación, alegando que se
encontraba cobijada por la protección aplicable a los pre-pensionados, no le
brindó a la accionante una información clara y precisa de que acciones podría
iniciar dado el caso considerara amenazados sus derechos. Esta situación
demuestra un actuar abusivo de la posición dominante de las entidades del
Estado la cual merece un pronunciamiento judicial, pues en la mayoría de los
casos, los destinatarios de los actos administrativos son personas que
desconocen lenguajes jurídicos o las normas que lo sustentan.
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Si bien es cierto, que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, mal se haría
en aplicar estrictamente la regla de oportunidad contenida en el literal d del
numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, rechazar de plano la demanda impetrada por la
demandante, por motivos de caducidad, cuando ella accedió juiciosamente y
bajo su vago entendimiento jurídico a una acción de tutela, a poco menos de
un mes de haber sido comunicada del acto administrativo, y que fue la misma
justicia quien sometió a la accionante a un trámite en vía de tutela que tardo
NUEVE (09) MESES, y de la que ella una vez conoció el fallo de segunda
instancia, acudió a la conciliación extrajudicial y posterior instauración del
medio de control, de lo contrario insisto se le vulnerarían no solo el derecho
constitucional fundamental de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA y la garantía de sus demás derechos que fueron vulnerados con la
desvinculación de la demandante sin el previo reconocimiento de las garantías
y/o protecciones a las que tenía derecho, sino que se ofenderían también los
principios de buena fe y confianza legítima, ya que como viene expuesto, la
accionante creyó en que la problemática constitucional en que se vio envuelta
sería resuelta por la justicia constitucional.
Es claro entonces que el retardo en la presentación de la demanda ordinaria
no obedeció a la negligencia de mi cliente, sino al funcionamiento deficiente
de la administración de justicia, que la mantuvo en vilo por más de nueve
meses en la tramitación de la acción de tutela (negrilla del original).
Aspectos que fueron analizados y definidos razonablemente por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, el que, por medio de proveído de 7 de julio de 2022,
confirmó la decisión de rechazar la demanda, bajo los siguientes argumentos
(trascripción literal):
(…) En el caso bajo examen, el tribunal observa que el acto demandado es la
Resolución No. 4346 de 28 de julio de 2020, expedida por el Secretario
General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante la cual se
dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Saray
Elvira Rivera Calvo, en el cargo de Técnico Administrativo, Código 3124,
Grado 11 del ICBF Regional Atlántico.
Así mismo, en el expediente de la referencia obra constancia de que el acto
administrativo acusado le fue notificado a la actora el día 21 de agosto de
2020.
Por otra parte, la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el día 27
de julio de 2021 y la constancia de no acuerdo fue expedida el día 06 de
octubre de 2021, por la Procuraduría 15 Judicial II para ASUNTOS
Administrativos. Por último, el 25 de noviembre de 2021 la señora Saray Elvira
Rivera Calvo, a través de apoderado, radicó la demanda de la referencia.
Siendo así las cosas, esta corporación procederá a analizar si deviene o no
ajustada a derecho la decisión tomada por el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito de Barranquilla, por medio de la cual rechazó de plano la demanda de
la referencia.
La jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido
que la caducidad es la sanción que limita el ejercicio del derecho sustancial
como consecuencia de la presentación de las acciones judiciales excediendo
el plazo que la ley establece para ello.
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Radicación número: 110010315000202204605 01
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En cuanto al término de la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el estatuto procesal dispone que la demanda
deberá presentarse dentro del plazo de cuatro (4) meses contados a partir del
día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del
acto administrativo, de conformidad con el literal d del numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011.
En efecto, el tribunal considera que a fin de determinar si en el caso concreto
ha operado o no el fenómeno de la caducidad para presentar la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con respecto al acto demandado, esto
es, la Resolución No, 4346 de 28 de julio de 2020, debe contabilizarse el
plazo de cuatro (4) meses a partir del día siguiente a la fecha en que la actora
se notificó personalmente del acto acusado, notificación que se llevó a cabo el
21 de agosto de 2020, por lo que el término de cuatro (4) meses comenzó a
correr desde el 22 de agosto de 2020.
Por lo anterior, la Sala encuentra que la actora contaba hasta el 22 de
diciembre de 2020 para radicar la demanda de la referencia; sin embargo,
como quiera que en esa fecha se encontraba la Rama Judicial en vacancia
judicial, aclara esta corporación que, si bien es cierto los días de vacancia
judicial no suspenden el término de caducidad; no obstante, de conformidad
con los lineamientos establecidos por el Honorable Consejo de Estado, si se
vence el plazo para interponer la demanda en este tiempo, el medio de control
debe presentarse al día hábil siguiente, siendo éste el 12 de enero de 2021.
Sin embargo, esta corporación observa que la actora radicó solicitud de
conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público el día 27 de julio de 2021,
habiendo trascurrido 11 meses y 5 días desde el día siguiente de la
notificación personal del acto acusado, encontrándose extralimitado el plazo
de los cuatro (4) meses para demanda en acción de nulidad y restablecimiento
del derecho la anulación de la Resolución No. 4346 de 28 de julio de 2020.
Así mismo, el tribunal encuentra que, para la fecha de presentación de la
demanda, esto es el 25 de noviembre de 2021, ya había trascurrido 1 año, 3
meses y 4 días desde el día siguiente a la notificación personal del acto cuya
legalidad se controvierte en la demanda de la referencia, habiendo operado el
fenómeno de la caducidad de la acción para demandar la nulidad y el
correspondiente restablecimiento del derecho de la Resolución No. 4346 de
28 de julio de 2020.
Por otra parte, respecto del segundo argumento de la recurrente, consistente
en que debe atenuarse la aplicación restrictiva del término de cuatro (4)
meses señalado para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, bajo el entendido de que la actora acudió ante la jurisdicción
constitucional, en aras de que se le tutelaran sus derechos fundamentales, a
través de la acción de tutela interpuesta contra el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, se observa que el punto de convergencia de las sentencias
en primera y segunda instancia dictadas en el curso de la acción de tutela
incoada por la hoy demandante, dispusieron declarar la improcedencia de la
mencionada acción constitucional, debido a la existencia de un medio de
defensa judicial propio. Tal como se señaló en la sentencia de primera
instancia de fecha 10 de marzo de 2021, dictada por el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Barranquilla, decisión que fue confirmada en segunda instancia
por el Tribunal Suprior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Primera de
Decisión Civil Familia, pronunciamiento que se trascribe a continuación: (…)
Aunado a ello, esta corporación advierte que la acción de tutela es un
mecanismo constitucional de protección inmediata de los derechos
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Radicación número: 110010315000202204605 01
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fundamentales que no tiene la virtualidad de interrumpir o suspender los
términos perentorios de caducidad de los medios de control establecidos en la
Ley 1437 de 2011, pues lo contrario significaría eludir los presupuestos de
procedibilidad y oportunidad previstos por el legislador, provocando
inseguridad jurídica en los administrados.
(…) Cabe aclarar que, cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, esta acción constitucional
también puede ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y las demás
procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de
conformidad con el inciso final del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.
Por lo anterior, esta corporación encuentra que la recurrente estaba en la
obligación de ejercer dentro de la oportunidad prevista en la ley la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la notificación personal del acto demandado, a fin de controvertir
la legalidad de la Resolución No. 4346 de 28 de julio de 2020 y reclamar el
respectivo restablecimiento del derecho, en la medida que, la interposición de
la acción de tutela no impedía el ejercicio simultaneo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como lo sostuvo el Juzgado Trece
Administrativo de Barranquilla en el proveído objeto de apelación, el cual debe
confirmarse…
En definitiva, la Sala concluye que, además de no cumplir con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales, tampoco se cumple con el requisito de la relevancia constitucional,
porque el objeto de la demanda es que se realice un nuevo estudio respecto de la
configuración de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido contra el ICBF, lo que desdibuja las finalidades de esta
acción constitucional14.
De conformidad con lo anterior, la Sala modificará la decisión de primera instancia
y, en su lugar, declarará la improcedencia del amparo solicitado, por no cumplirse
con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 29 de septiembre de 2022 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR la
14
Sección Cuarta del Consejo de Estado, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de 15 de
noviembre de 2018 (exp. 11001-03-15-000-2018-03400-00).
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
improcedencia del amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas
en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
21
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