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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04612-00

Fecha
20 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04612-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocados por la señora María Selia Sabala Arias, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04612-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

20 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-04612-001
Actora : María Selia Sabala Arias
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora María Selia
Zabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Casanare, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La señora María Selia Zabala Arias, en nombre
propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan las garantías
superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas por los
señores magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare.

Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos el fallo de 10 de
febrero de 2022, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Casanare
revocó el de 19 de diciembre de 2018, con el que el Juzgado Cuarto (4º)
Administrativo de Florencia accedió parcialmente2 a las pretensiones de la
demanda de reparación directa que instauró contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 18001-33-31-001-2011-
00075-00), para negarlas; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas
dictar una nueva providencia en la que se acojan las súplicas formuladas en ese
asunto contencioso-administrativo.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
Comoquiera que si bien halló acreditado el daño antijurídico causado a la demandante, consideró que la
liquidación de la condena debía efectuarse, a través de incidente., puesto que no había certeza del perjuicio
material que le fue ocasionado.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04612-00
Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Casanare

1.2 Hechos. Relata la accionante que adquirió, «[…] mediante escritura pública
[…] 1056 del 11 de mayo de 2004, expedida por la Notar[í]a Primera […] de
Florencia[,] Caquetá […], el inmueble, tipo finca denominado “Las
Palmeras”, con extensión aproximada de CIEN (100) Hectáreas, ubicado en la
Vereda la Florida, corregimiento de San Pedro […]» (sic), en el aludido
municipio.

Que el 9 de noviembre de 2008, «[…] sobre las 3:00 pm, sobrevolaron
aeronaves propiedad de la Policía Nacional, las cuales realizaron
fumigaciones sobre plantaciones presuntamente ilícitas, aspersión que
destruy[ó] los cultivos agrícolas y cafeteros, de [su] propiedad, los cuales [en]
forma inmediata se secaron por el químico tipo glifosato usado por parte de
esta Institución, motivo por el cual, no solamente [debió acudir] a la compra de
víveres como plátano, yuca, entre otros elementos de la canasta familiar, sino
[también] contraer compromisos crediticios para subsistir, hasta [cuando]
nuevamente la tierra estuviera apta para germinar plantaciones agrícolas
[...]», lo que derivó en «[…] invaluables perjuicios materiales, en especial
daños morales [que le fueron ocasionados], tanto a [ella] como a [su] núcleo
familiar, pues el padecimiento económico, la zozobra, el acongojo y la desazón
de perder [su] única fuente de ingresos, [la obligó a] recurrir al trabajo por
jornal, para así brindar[le a su familia], aunque en lo básico un alimento».

Dice que, con fundamento en los anteriores hechos, el 25 de enero de 2011
promovió acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional (expediente 18001-33-31-001-2011-00075-00),
encaminada a obtener el pago de los detrimentos económicos que le fueron
causados, como consecuencia de la aspersión con glifosato realizada el 9 de
noviembre de 2008 sobre su finca por la Policía Nacional, en la que se
destruyeron los cultivos agrícolas de los cuales derivaba su sustento, asunto del
que conoció el Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de Florencia, que el 19 de
diciembre de 2018 accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que se
configuró «[…] un daño especial que debe ser resarcido en abstracto», puesto
que en el proceso no obraban elementos de juicio necesarios «[…] para
determinar en concreto el monto de una eventual indemnización de perjuicios».

Que inconforme con la precitada decisión, formuló recurso de apelación, junto
con el ente demandado, desatados el 10 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, en el sentido de revocarla, para negar las súplicas
ordinarias, al estimar que «[…] no se encuentra probado el daño antijurídico
aducido por la parte demandante, el cual, conjuntamente con la relación de

2

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Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Casanare

causalidad o imputación son los elementos esenciales para que prospere un
proceso de reparación directa, en casos como el que nos ocupa».

Sostiene que la providencia reprochada incurre en (i) defecto fáctico, por «[…]
indebida valoración […]» de los documentos allegados, tales como (i) oficio de
20 de noviembre de 2008, dirigido a la Defensoría del Pueblo por parte de la
«[…] Junta de Acción Comunal Vereda la Florida del Corregimiento de San
Pedro Florencia», en el que se pone en conocimiento de ese organismo el «[…]
atropello cometido […] en la finca […] las Palmeras [por] tropas militares,
[que] en avionetas realizaron fumigaciones a cultivos netamente alimentarios
(plátano, café, yuca, frijol entre otros)»; (ii) escrito de 26 siguiente, con el que
pide de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, una «[…]
INDEMNIZACIÓN PECUNIARIA […]» por esos hechos; y (iii) inspección
ocular con la que se acredita que el 9 de noviembre de dicho año se realizaron
«[…] operaciones de aspersión en el municipio de Florencia» que causaron
graves perjuicios a su propiedad.

Que, además, los testimonios de los señores Gilberto Vargas y Víctor Aníbal
Motta, quienes fueron testigos directos de la aspersión de glifosato, permitían
corroborar «[…] los hechos de la demanda, e[n] especial, los daños causados
en las plantaciones l[í]citas sembradas en [su] predio […]», de cuyo análisis se
concluía que no había lugar a negar las pretensiones de la demanda.

Aduce que también se quebranta de manera directa la Constitución, en atención
a que le resta el «[…] valor probatorio que merece cada una de las pruebas
aportadas […]», para, en su lugar, colegir una «[…] inexistencia del daño
antijurídico [y desvirtuar] la responsabilidad del Estado», pese a que de los
elementos de convicción adosados se encuentra que aquel está plenamente
acreditado.

Que el fallo acusado desconoce el precedente del Consejo de Estado, contenido
en sentencias de 2 de noviembre de 20163 y 19 de agosto de 20214, en las que se
sostuvo que las medidas de erradicación de cultivos ilícitos deben limitarse, en
el sentido de «[…] respetar los derechos humanos fundamentales y “tendrán
debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la
evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente”, por
consiguiente debe recibir un resarcimiento económico por el daño que le fue
causado».

3
Expediente 23001-23-31-000-2008-00107-01, M. P. Eduardo Diomedes Sánchez Vargas.
4
Expediente 11001-03-15-000-2021-04382-00, M. P. Milton Chaves García.

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Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Casanare

Que por último, comporta error inducido y defecto procedimental absoluto,
pues (i) la falta de valoración probatoria conllevó que, en segunda instancia, a
diferencia de lo concluido por el Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de
Florencia, no se evidenciara la responsabilidad administrativa de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional en los hechos materia de
demanda; y (ii) a pesar de que «[…] se prob[ó] exhaustivamente la ocurrencia
del daño, la atribución del mismo al Estado y la omisión de información por
parte de los demandados como técnica para no responder por los perjuicios
[…]» y ya existía sentencia de primera instancia que le fue favorable, los
magistrados accionados decidieron negar sus súplicas.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 29 de agosto de 2022, admitió la presente acción, ordenó notificar a
los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare y dispuso
vincular a los señores secretario general de la Policía Nacional y alcalde de San
Vicente del Caguán5, en los términos previstos en el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare, por
conducto del ponente de la decisión enjuiciada, piden no conceder el amparo
deprecado, al considerar que en el «[…] fallo de segunda instancia se
analizaron todas y cada una de las situaciones planteadas por los sujetos
procesales dentro del proceso de reparación directa y se hizo un análisis
individual y en conjunto de todas y cada una de las pruebas allegadas en forma
regular y oportuna […]», para determinar que no había lugar a acceder a las
súplicas ordinarias, distinto es que la tutelante no comparta la conclusión a la
que se arribó en esas diligencias, lo cual no acredita que se haya configurado la
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados.

2.1.2 El señor secretario general de la Policía Nacional, por conducto del jefe
del área jurídica de ese organismo, sostiene que los magistrados accionados
«[…] explicaron de manera clara y precisa las razones que ameritaron la
denegatoria de las pretensiones del libelo demandatorio, sin que existiera una

5
Se advierte que dicha autoridad se vinculó a las presentes diligencias, con ocasión de la consulta del proceso
realizada en la página electrónica de la Rama Judicial (http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos),
toda vez que allí figura el ente que regenta como demandado.

4

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Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
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errada apreciación de carácter probatorio», como la alegada por la actora en
estas diligencias.

2.1.3 El señor alcalde encargado de San Vicente del Caguán pide se le
desvincule del presente trámite constitucional, en atención a que no tuvo
injerencia en el proceso ordinario de interés de la actora.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar
si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por la accionante, quien
aduce vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los
derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario,
la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede
como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 10 de febrero
de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Casanare revocó la de
19 de diciembre de 2018, con la que el Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de
Florencia accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa que
instauró contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
(expediente 18001-33-31-001-2011-00075-00), para en su lugar, negarlas; y, en
caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de
amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

5

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Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
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tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii)
defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv)
defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter
excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se
vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental

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Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
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irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre
que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la
decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela

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resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros
fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado
ha aplicado en los términos antes expuestos8.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 20149, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el
de inmediatez y subsidiariedad.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso a la administración de justicia de la actora; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en
segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos
que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial
atacada10 quedó ejecutoriada el 28 de febrero de 2022 y la solicitud de amparo
se instauró el 24 de agosto siguiente, es decir, dentro de un término prudencial

6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010,
exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7)
30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de
2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C.
P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
9
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Notificada por correo electrónico el 31 de enero de 2022.

8

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(5 meses y 26 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas defecto
fáctico y desconocimiento del precedente, pues, aunque la actora alegó también
violación directa de la Constitución, error inducido y defecto procedimental
absoluto, sus inconformidades se contraen a cuestionar que la errónea
valoración de los elementos de convicción que allegó al proceso dio lugar a que
se negaran las pretensiones, pese a que de estos era dable deducir la
responsabilidad de la entidad demandada en el daño antijurídico que le fue
causado, con ocasión de la aspersión de glifosato realizada el 9 de noviembre
de 2008 sobre su predio, lo que afectó sus cultivos; por tanto, resulta
procedente analizar tales argumentos conforme a las dos primeras causales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, lo anterior en virtud del
principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación
de interpretar de manera extensiva el escrito inicial11.

3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) La tutelante promovió acción de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 18001-33-31-
001-2011-00075-00), con el propósito de que se le declarara
administrativamente responsable de los perjuicios que le causó la fumigación
con glifosato efectuada el 9 de noviembre de 2008 en su finca Las Palmeras,
ubicada en la vereda La Florida, corregimiento de San Pedro de Florencia, y se
ordenara en su favor la respectiva compensación monetaria.

A la demanda se adosaron (i) escrito de 20 de noviembre de 2008, en el que
algunos habitantes y los señores integrantes de la junta de acción comunal de la
vereda La Florida le informan a la Defensoría del Pueblo sobre los perjuicios
que se les ocasionó con las «[…] fumigaciones a cultivos netamente
alimentarios […]» realizadas el 9 anterior en el predio de la tutelante; (ii)
certificación emitida el 25 siguiente por la Asociación de Productores de Café
Amazónico, en la que consta que la finca Las Palmeras tiene «[…] 4 hectáreas

11
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez
de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de
garante de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros
operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así como
eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de
la demanda».

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de plantaciones de plátano, 1 hectárea de yuca, 3 hectáreas de café y media
hectárea de frijol»; y (iii) petición de 26 de los mismos mes y año formulada
por la tutelante, encaminada a que el área de erradicación de cultivos ilícitos de
la Policía Nacional le otorgara una «[…] INDEMNIZACIÓN PECUNIARIA»
por los hechos objeto de demanda.

b) El asunto ordinario le correspondió por reparto al Juzgado Primero (1º)
Administrativo de Florencia, que el 24 de febrero de 2011 lo admitió y el 12 de
marzo de 2014 lo remitió12 al Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de esa ciudad.

Asimismo, durante el trámite procesal, el 31 de enero de 2017 (con fecha de
visita al predio Las Palmeras de 20 anterior) se rindió un dictamen pericial por
el administrador de empresas agropecuarias Angelino Gualtero Gómez, en el
que se consignó que «[…] se observa la cobertura vegetal natural y los cultivos
en mención afectados por efecto de un herbicida sistémico, que según [la]
demandante se presentó por la aspersión de glifosato por aeronaves de la
Policía Nacional, los cuales fueron erradicados y remplazados por arvenses o
plantas invasoras que emergen con el pasar del tiempo; por tal razón, el día de
la visita […] no se [evidenciaron] unidades de las especies de plátano, café
especial, yuca y frijol en el área donde se encontraban los cultivos […], debido
a que [la actora] y su familia remplazaron estas áreas con pasturas para la
alimentación del ganado bovino».

Además, en la audiencia de pruebas realizada el 8 de noviembre de 2017, en
primera instancia, se recaudaron los testimonios de los señores Víctor Aníbal
Motta Ocampo y Gilberto Vargas; el primero sostuvo que el 9 de noviembre de
2008 se «[…] encontraba en el Pueblito del Para, entonces [vio] unas
avionetas y unos helicópteros ahí sobre el área […]» del predio de la tutelante,
y de regreso a su casa pasó por ese sector y ella y su familia le comentaron de
«[…] la fumigación, y al otro día [fueron] a verificar y [se dieron] cuenta que le
habían fumigado el plátano, la yuca el café y el frijol», lo que ocasionó que
esos cultivos se dañaran.

Por su parte, el señor Gilberto Vargas señaló que ese día «[…] llegaron dos
avionetas, las escoltaban helicópteros [y] le metieron dos pasones a ese tipo de
cultivos», cuyo resultado fue que se destruyeron los «[…] de plátano, caf[é],
yuca [y] frijol [del predio de la actora], si le cae al pasto [también lo acaba],

12
En virtud del Acuerdo PSAA13-10072 de 27 de diciembre de 2013 de la entonces Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.

10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04612-00
Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Casanare

[luego] empez[ó] a oler a veneno entonces [se] entr[ó] a [su] finca, [la cual] no
fumigaron».

c) El Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de Florencia, con sentencia de 19 de
diciembre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones ordinarias, al
considerar que los elementos de convicción demostraban la ocurrencia del daño
especial causado a la tutelante, «[…] como consecuencia de las fumigaciones
realizadas por la fuerza pública para el control y erradicación de cultivos
ilícitos», por lo que ordenó el pago de perjuicios materiales, en la modalidad de
lucro cesante y daño emergente, y dispuso que fueran cuantificados en un «[…]
trámite incidental».

d) Contra la providencia enunciada en la letra precedente, la tutelante y la
entidad demandada interpusieron recursos de apelación; la primera, con el fin
de que le «[…] fueran cuantificados los perjuicios materiales y reconocido[s]
los […] morales de conformidad con […]» lo acreditado en el proceso; y la
segunda, al estimar que si bien es cierto que el caso fue estudiado conforme al
régimen de responsabilidad denominado «[…] riesgo excepcional», también lo
es que «[…] no existe prueba fehaciente y científica que indique la ocurrencia
del daño, así como el nexo que vincula ese perjuicio con la actuación de [esa]
institución policial».

e) Mediante fallo de 10 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Casanare13 desató las alzadas, en el sentido de revocar el de primera instancia,
para en su lugar, negar las súplicas formuladas, por cuanto la accionante no
demostró que su inmueble haya sido perjudicado por las fumigaciones con
glifosato realizadas por la Policía Nacional, puesto que de las pruebas arrimadas
a esas diligencias no era dable colegir la existencia de dicho daño antijurídico,
en esa medida, no había lugar a declarar la responsabilidad administrativa del
Estado por tales hechos.

3.5.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión»14.

13
Corporación que recibió el expediente para que dictara fallo de segunda instancia, en virtud del auto de 28 de
julio de 2021 del Tribunal Administrativo del Caquetá, que dispuso su envío, con fundamento en el Acuerdo
PCSJA21-11814 de 16 anterior del Consejo Superior de la Judicatura, «Por medio del cual se adopta una
medida de descongestión de procesos del sistema procesal anterior a la Ley 1437 de 2.011 en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo».
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04612-00
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Casanare

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra15.

3.5.3 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata
del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por
la Corte Constitucional en su jurisprudencia16, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de
un defecto sustantivo17 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad
y buena fe18.

3.5.4 Solución al caso concreto. En el sub lite la accionante sostiene que la
providencia reprochada comporta (i) defecto fáctico, habida cuenta de que
efectuó una valoración indebida de las pruebas arrimadas al expediente
ordinario, pues no se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional en la aspersión con
glifosato el 9 de noviembre de 2008 sobre el predio de su propiedad, a pesar de
que de aquellas era factible establecer el daño y el monto del perjuicio que le
fue ocasionado con la destrucción de los cultivos lícitos de los cuales derivaba
su sustento; y (ii) desconoce el precedente de esta Corporación, contenido en
fallos de 2 de noviembre de 2016 y 19 de agosto de 2021, en los que se sostuvo

15
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
16
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto
superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
17
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
18
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

12

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que las medidas de erradicación de cultivos ilícitos deben respetar los derechos
humanos y económicos de las personas, así como proteger el medio ambiente.

Con el fin de determinar si los anteriores reproches tienen o no asidero jurídico,
resulta oportuno indicar que el artículo 9019 de la Constitución Política se
constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues
es su «cláusula general»20, toda vez que prevé los elementos que deben
concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es,
un perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción
u omisión de los servidores públicos relacionadas con el cumplimiento de sus
funciones; y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o
negligencia de aquellos.

En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en
acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una
persona que no debe resistirlo.

El primer requisito que debe concurrir en aras de que se comprometa la
responsabilidad del Estado, incluida la extracontractual, es el daño antijurídico,
es decir, un detrimento que la persona que lo sufre no está llamada a tolerar,
toda vez que «deviene en una lesión»21 objeto de resarcimiento, por lo que en el
evento en que no se presente, se hace infructuoso efectuar el estudio de
cualquier otro aspecto relacionado con la obligación de reparar, incluso el del
nexo causal. Al respecto, esta Corporación22 sostuvo:

El primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es la
existencia del daño, puesto que, si no es posible establecer la ocurrencia
del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en
estos procesos.

[…] es indispensable, en primer término, determinar la existencia del daño
y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza,
esto es, si el mismo puede, o no, calificarse como antijurídico, puesto que
un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda
responsabilidad al Estado, y, por lo tanto, releva al juzgador de realizar la
valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, eso es, la

19
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
20
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21
Corte Constitucional, sentencia C-430 de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell
22
Sección tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2002, C. P. Germán Rodríguez Villamizar, expediente 12625.

13

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Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Casanare

imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que
para el efecto se han elaborado.

El referido elemento de la responsabilidad del Estado debe ser demostrado por
quien afirma sufrirlo, como regla general, en virtud del artículo 16723 del
Código General del Proceso (CGP), aplicable a las actuaciones contencioso-
administrativas por expreso mandato del artículo 26724 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), vigente para la fecha en que se formuló la demanda
contencioso-administrativa 18001-33-31-001-2011-00075-00.

Ahora bien, para que un daño sea considerado antijurídico y pasible de
indemnización, resulta indispensable que sea cierto, esto es, que su
configuración no sea eventual o hipotética, sino que esté debidamente
acreditado en el trámite contencioso-administrativo, lo que evita que se funde
en suposiciones o conjeturas. En esos términos se pronunció el Consejo de
Estado25, al precisar:

[…] la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia
de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la
medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde
tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su
comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el
régimen de responsabilidad vigente, el daño no se presume, de manera que
quien alega su ocurrencia debe probarlo.

En el asunto sub judice esta Sala observa que en la providencia cuestionada los
señores magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare concluyeron, en
relación con los medios de convicción allegados al expediente ordinario, así:

6.2.- Cuando se analizan en conjunto las pruebas aportadas, el resultado
es el siguiente:

6.2.1.- El denominado dictamen pericial no reúne las condiciones
formales ni materiales para tenerlo como prueba, por las razones
indicadas en precedencia[26].
23
«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.
[…]».
24
«En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [derogado por
el Código General del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo».
25
Sección tercera, subsección A, sentencia de 25 de marzo de 2015, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente
25000-23-26-000-2001-02469-01.
26
«a.- Desde el punto de vista formal no cumple los requisitos establecidos en el artículo 216 del Código
General del Proceso.
b.- Y desde el punto de vista material tampoco constituye dictamen, pues este, de conformidad con la ley
(artículos 226 y siguiente del Código General del Proceso y los artículos 218 a 220 del CPACA, debe

14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04612-00
Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Casanare

6.2.2.- Frente de las fotografías que presentó en el informe del dictamen
pericial en virtud al predio denominado La Palmera de propiedad de la
[actora], las mismas no pueden ser valoradas, por no estar probada su
autenticidad, ni el origen ni en el lapso que fueron tomadas; por tal
motivo, tampoco hay certeza respecto a si corresponden al predio las
palmeras.

6.2.3.- La escritura pública del predio Las Palmeras y el certificado de
matrícula inmobiliaria del mismo acreditan la propiedad de dicho
inmueble en cabeza de la demandante […], el que según esos
documentos tiene una extensión de 100 hectáreas.

6.2.4.- El oficio 023716 de 29 de mayo de 2012, emitido por el
comandante de la Compañía Antinarcóticos Regional No 2 y el Jefe de
Área de Erradicación de Cultivos llícitos, en respuesta al requerimiento
hecho por el juzgado de primera instancia […], tiene la naturaleza de
documento público no tachado de falso. Por lo mismo prueba que
efectivamente se realizaron aspersiones aéreas con glifosato para
erradicar cultivos de coca previamente identificados y de acuerdo a los
parámetros señalados en ese informe, pues no se ha demostrado lo
contrario.

Sin embargo, de ese documento no se infiere si las fumigaciones se
hicieron en todo o en parte de la finca Las [P]almeras de propiedad de la
demandante.

Los testigos manifestaron que vieron la aspersión, pero de sus
afirmaciones tampoco se deduce si ello ocurrió en esa finca o a que
distancia se realizó la misma, pues estaban lejos de los cultivos, lo que de
acuerdo a las reglas de la sana critica era imposible que lo vieran. Ellos
relatan que al día siguiente de haberse realizado las fumigaciones fueron
a los cultivos y los observaron marchitos y que después se extinguieron.

[…]

6.2.6.- Y no hay prueba técnica que permita inferir que los cultivos, s[í]
existieron, se marchitaron y luego extinguieron por causa o con ocasión
del glifosato.

6.2.7.- Así las cosas, analizadas una a una y en conjunto las pruebas
aportadas al proceso, efectivamente no se encuentra probado el daño
antijuridico aducido por la parte demandante, el cual, conjuntamente con
la relación de causalidad o imputación son los elementos esenciales para

practicarse cuando se necesita conocimientos artísticos, técnicos o científicos; aquí se requería[n] los dos
últimos para llevarle al juez las razones o motivos por los cuales debía concluirse que los daños se produjeron
con glifosato.
Pero además y esencialmente, es que el dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de
fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito; y que todo dictamen debe ser
claro, preciso, exhaustivo y detallado; además, debe indicar y explicar los exámenes, métodos, experimentos e
investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones».

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04612-00
Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
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que prospere un proceso de reparación directa, en casos como el que nos
ocupa.

De lo trascrito se colige que los magistrados accionados consideraron que los
medios de convicción, adosados al proceso de reparación directa 18001-33-31-
001-2011-00075-00, no demostraban la existencia de los cultivos de plátano,
café, yuca y frijol que menciona la tutelante ni que las fumigaciones realizadas
el 9 de noviembre de 2008 por la Policía Nacional hubieren sido la causa de su
supuesta destrucción. Además, indicaron que no era dable tener como prueba el
dictamen pericial rendido el 31 de enero de 2017 en esas diligencias, al estimar
que no satisfizo los requisitos enunciados en el artículo 226 del CGP, y, en todo
caso, en esa experticia el auxiliar de la justicia se limitó a relacionar «[…]
aspectos generales de los efectos del glifosato sobre los cultivos» agrícolas, sin
que justificara los perjuicios que, con base en fundamentos técnicos o
científicos, se causaron sobre el predio de la actora.

Por otra parte, se advierte que en la providencia reprochada se valoraron los
demás elementos probatorios recaudados, tales como los documentos y las
fotografías allegadas por la tutelante y las declaraciones de los señores Víctor
Aníbal Motta Ocampo y Gilberto Vargas (frente a las cuales se afirmó que no se
podía deducir la ocurrencia de los hechos), distinto es que no hayan llevado al
convencimiento a los magistrados accionados de la existencia del daño
antijurídico alegado en esas diligencias ni de atribuir responsabilidad a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional sobre los hechos
objeto de demanda.

Luego de estudiar las diligencias ordinarias, se evidencia que las aserciones
enunciadas en la sentencia objeto de censura no constituyen una valoración
probatoria arbitraria o caprichosa, porque de los elementos de convicción no era
dable colegir inequívocamente que el terreno de la actora fue objeto de
fumigación con glifosato por la Policía Nacional ni tampoco que dicha
actividad fuera la causa del perjuicio económico reclamado, máxime cuando
ella siquiera logró comprobar la existencia de los cultivos de los cuales, según
menciona, derivaba su sustento diario.

Así las cosas, comporta una inferencia razonable la afirmación consistente en
que no se acreditó la configuración del daño antijurídico invocado en la acción
de reparación directa 18001-33-31-001-2011-00075-00, circunstancia que
imponía desestimar las pretensiones allí formuladas por la tutelante, al
incumplir la carga de la prueba, figura procesal respecto de la cual el Consejo

16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04612-00
Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Casanare

de Estado27 sostuvo que «[…] compete a la parte que alega un hecho o a quien
lo excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por
los medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de
fundamento fáctico de la demanda […]».

Resulta oportuno advertir que si bien es cierto que en algunos documentos se
consignó que en el inmueble de la tutelante existían cultivos de plátano, café,
yuca y frijol28 y los perjuicios ocasionados con las «[…] fumigaciones a
cultivos netamente alimentarios […]» realizadas el 9 de noviembre de 200829 y
los testigos Víctor Aníbal Motta Ocampo y Gilberto Vargas adujeron haber
visto su destrucción, también lo es que no brindan certeza acerca de las
condiciones en que se produjo la aspersión de esos químicos.

Cabe aclarar que el hecho de que los accionados no hayan valorado las pruebas
en el sentido que pretendía la demandante, no comporta la causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada
defecto fáctico, por cuanto dentro del marco de sus competencias
jurisdiccionales tienen la potestad de otorgar diferentes grados de certeza a los
elementos de convicción obrantes en el expediente, siempre que lo hagan de
manera integral y con base en los criterios de la sana crítica, conforme
aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones probatorias del funcionario judicial (natural) están
amparadas por la presunción de buena fe, circunstancia que imposibilita al juez
de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte
Constitucional30 dijo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una
prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de
su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.

27
Sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012, C. P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera, expediente 76001-23-25-000-1998-01471-01 (25426).
28
Conforme a certificación emitida el 25 de noviembre de 2008 por la Asociación de Productores de Café
Amazónico.
29
Como se informó el 20 de noviembre de 2008 a la Defensoría del Pueblo por parte de los miembros de la
junta de acción comunal de la vereda La Florida.
30
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

17

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04612-00
Maria Selia Sabala Arias contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
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El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe,
lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y
salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas
realizadas por aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto” […].

Por otro lado, no se observa que los magistrados accionados hayan desconocido
la sentencia de 2 de noviembre de 2016 del Consejo de Estado31, comoquiera
que aunque la situación fáctica allí estudiada guarda similitud con la discutida
en estas diligencias, en ese asunto se logró acreditar la responsabilidad del
Estado (daño antijurídico y nexo causal) en la pérdida de árboles frutales32 y de
algunos cultivos con ocasión de una aspersión con glifosato realizada sobre un
predio, lo cual no aconteció en la acción de reparación directa 18001-33-31-
001-2011-00075-00, pues las practicadas en este expediente no dan certeza de
que la Policía Nacional haya fumigado con herbicida el predio de la
demandante, situación que impedía aplicar las mismas deducciones probatorias
a las que se arribó en dicho pronunciamiento judicial.

De igual modo, tampoco es dable reprocharles que no hayan acogido la postura
contenida en la sentencia de 19 de agosto de 2021 de esta Corporación33, por
cuanto esta fue emitida dentro de un trámite de tutela, por lo que produce
efectos inter partes (conforme lo prevé el numeral 2 del artículo 4834 de la Ley
270 de 199635), en esa medida, no es factible exigir su aplicación en este asunto.

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que la sentencia de 10 de
febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, con la
cual se decidió, en segunda instancia, la acción de reparación directa incoada

31
Expediente 23001-23-31-000-2008-00107-01, M. P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
32
«En efecto, del informe de la UMATA del 16 de noviembre de 2006 (f. 30-32, f. 149-151, f. 170-172 y f. 282-
284, c. ppal 1) se tiene que por efectos de la fumigación resultaron afectados 200 árboles de aguacate, 10
árboles de zapote, 8 árboles de naranja, 10 árboles de coco, 15 árboles de mango y 50 matas de plátano, cuyos
frutos se perdieron».
33
Expediente 11001-03-15-000-2021-04382-00, M. P. Milton Chaves García.
34
«Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
[…]
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
[…]».
35
«Estatutaria de la administración de justicia».

18

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por la tutelante contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional (expediente 18001-33-31-001-2011-00075-00), en el sentido de
revocar el fallo del Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de Florencia que
accedió parcialmente a las súplicas incoadas, para en su lugar, negarlas, no
incurre en las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente que dieron pábulo al ejercicio de la presente
acción, esta Sala negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocados por la
señora María Selia Sabala Arias, por las razones expuestas en las
consideraciones.

2º. Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

19

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