Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04625-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04625-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04625-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04625-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
22 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandantes: CARLOS SILVA GALVIZ Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y EL JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA
Temas: Contra providencia que denegó pretensiones de demanda de
reparación directa por privación de la libertad. Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carlos Silva Galviz, Jhonatan Silva
Cabrera, Carlos Mario Silva Morales, Gloria Gómez Galviz, Héctor Silva Galviz, Luz
Dary Silva Galviz, Rosalba Galviz de Silva, Adriana Paola Sánchez Gómez, Gloria
Patricia Castañeda Gómez contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado
Tercero Administrativo de Florencia.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 24 de agosto de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, Carlos Silva Galviz,
Jhonatan Silva Cabrera, Carlos Mario Silva Morales, Gloria Gómez Galviz, Héctor
Silva Galviz, Luz Dary Silva Galviz, Rosalba Galviz de Silva, Adriana Paola Sánchez
Gómez y Gloria Patricia Castañeda Gómez interpusieron demanda de tutela contra
las sentencias del 31 de julio de 2018 y 2 de febrero de 2022 1 , dictadas,
respectivamente, por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia y el Tribunal
Administrativo del Caquetá. En consecuencia, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones:
PRIMERA. Sean tutelados nuestros derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica, acceso
a la administración de justicia, que nos fueron vulnerados producto de las sentencias dentro del proceso de
Reparación Directa que se surtió en contra del NACIÓN - RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN.
SEGUNDA. Se deje sin efectos la Sentencia de febrero 2 del 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
de Caquetá, que CONFIRMÓ negar las pretensiones de la demanda.
TERCERA. Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo del Caquetá, proferir sentencia de fondo,
que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección del derecho
fundamental al debido proceso, seguridad jurídica y con ello el derecho de acceso a la administración de
justicia, pero, sobre todo, aplicando los criterios jurisprudenciales vigentes al momento de radicar la
demanda.
CUARTA. Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales, imploro a su
despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice los derechos vulnerados de las víctimas.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
1 Notificada por edicto electrónico del 24 de febrero de 2022.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
2.1. Del proceso penal
2.1.1. El 17 de diciembre de 2007 el señor Carlos Silva Galviz fue privado de la libertad
al ser sindicado del delito de concierto para delinquir agravado y rebelión. Mediante
Resolución del 13 de agosto de 2008, el Fiscal 4 delegado ante los Juzgados Penales
del Circuito Especializados de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo de la Ciudad
de Bogotá acusó al señor Carlos Silva Galviz de ser presunto coautor del delito de
rebelión.
2.1.2. Mediante sentencia del 21 de febrero de 2013, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Florencia condenó al señor Silva Galviz a la pena principal
de 96 meses de prisión y 133.33 SMLMV de multa, así como a la accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término
de la pena principal.
2.1.3. A instancias del recurso de apelación presentado por el señor Silva Galviz, el
Tribunal Superior de Florencia mediante sentencia del 6 de noviembre de 2013,
confirmó la decisión de primera instancia.
2.1.4. Contra la sentencia de segunda instancia, se promovió recurso extraordinario
de casación y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Penal, por
sentencia del 21 de enero de 2015, declaró la prescripción de la acción penal y ordenó
la cesación del procedimiento adelantado contra el señor Carlos Silva Galviz.
2.2. Del proceso de reparación directa
2.2.1. El señor Silva Galviz y otros interpusieron demanda de reparación directa contra
la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, pues, a su juicio, incurrieron en
privación injusta de la libertad y en defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia. En síntesis, la parte actora sostuvo que el señor Silva Galviz fue capturado y
detenido injustamente y que la decisión judicial fue indebidamente dilatada, lo que
conllevó a que se declarará la prescripción de la acción penal.
2.2.2. Mediante sentencia del 31 de julio de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo
de Florencia denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa, por lo
siguiente: (i) que había suficientes elementos de juicio para imponer medida de
aseguramiento privativa de la libertad; (ii) que pudo evidenciarse que la «conducta fue
dolosa, las cuales fueron cometidas con conocimiento de su ilicitud, demostrando el
interés de cumplir con las labores encomendadas por el grupo guerrillero. Por lo
anterior, encontró configurada la causal de eximente de responsabilidad contenida en
el artículo 70 de la Ley 270 de 1996», y (iii) que, en todo caso, no hubo sentencia
absolutoria, sino declaratoria de prescripción.
2.2.3. Los demandantes apelaron la sentencia de primera instancia, pues, en su
criterio, se evidenció la demora en el trámite del proceso penal y que el proceso
culminó con declaratoria de prescripción. Adujeron que debió aplicarse un régimen de
responsabilidad objetivo, por cuanto, en últimas, en el proceso penal no fue
desvirtuada la presunción de inocencia.
2.2.4. El Tribunal Administrativo del Caquetá, por sentencia del 2 de febrero de 2022,
confirmó la decisión de primera instancia. En concreto, el tribunal demandado explicó
lo siguiente:
(i) Que la medida de aseguramiento estuvo debidamente justificada. Que «de
acuerdo con las pruebas obrantes en la investigación existían dos indicios
graves de responsabilidad del señor Silva Galvis frente a los hechos objeto de
investigación, además que el delito por el cual era investigado, tenía pena de
prisión cuyo mínimo superaba los cuatro (4) años».
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
(ii) Que, en todo caso, no se demostró el carácter injusto de la medida de
aseguramiento, puesto que la parte actora no aportó copia de la providencia
que impuso dicha medida. Que «no se encontró en el expediente la providencia
mediante la cual se le resolvió la situación jurídica y se le impuso medida de
aseguramiento al señor Carlos Silva Galvis, por lo que al no haberse
demostrado que esta fue injusta o desproporcionada, resta inferir que dicha
decisión fue expedida con total apego a las normas y goza de plena validez».
(iii) Que la prescripción de la acción penal no demuestra que hubiera ocurrido la
privación injusta de la libertad. Que, además, «en el sub judice no es adecuado
aplicar el régimen de responsabilidad administrativa de error jurisdiccional,
como quiera que tal como quedó expuesto renglones atrás, el primer
presupuesto que exige la jurisprudencia para aplicar éste régimen de
imputación es que el error invocado como generador del daño antijurídico esté
contenido en una providencia judicial debidamente ejecutoriada, y conforme a
la reseña de la situación fáctica expuesta, así como de los hechos probados
dentro de la causa, se tiene que el mentado error, esto es, la no declaratoria de
prescripción de la acción penal, no se encuentra en ninguna de las providencias
penales allegadas al expediente, por el contrario, cuando se emitió la sentencia
de segunda instancia por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia la acción penal aún no había prescrito, y solo fue producto
de un recurso extraordinario invocado por uno de los sujetos procesales que la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la cesación
del procedimiento penal».
(iv) Que, de conformidad con la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional, a la parte actora correspondía acreditar que la medida de
aseguramiento resultaba desproporcionada, innecesaria e ilegal.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora adujo que las sentencias del 31 de julio de 2018 y 2 de febrero de
2022, dictadas, respectivamente, por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia
y el Tribunal Administrativo del Caquetá, incurrieron en los siguientes defectos:
3.2. Defecto fáctico, por cuanto la autoridad judicial valoró indebidamente las pruebas
que conformaron el expediente penal que sirvieron para adoptar la decisión de detener
preventivamente al señor Silva Galviz. Explicó que si se hubieran valorado en debida
forma dichas pruebas, se hubiera concluido que no existía mérito legal para despachar
favorablemente la medida privativa de la libertad.
3.3. Desconocimiento del precedente, pues, pese a que la demanda de reparación
directa fue radicada en 2017, fueron aplicadas las reglas de unificación dispuestas por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018. Que esa situación derivó en
que la parte actora tuviera la obligación de acreditar la ilegalidad de la medida de
aseguramiento.
3.3.1. Señaló que la providencia cuestionada inaplicó el precedente dispuesto dentro
del expediente 19001-23-31-000-2008-00298-01, en el que se determinó el estudio
adecuado para abordar la responsabilidad en los casos de privación injusta, aunado
a que tampoco cumplió con la carga argumentativa que motivara la inaplicación.
3.4. Violación directa a la Constitución, por cuanto la sentencia cuestionada dio
aplicación a reglas jurisprudenciales dictadas con posterioridad a la presentación de
la demanda. Que eso generó una imposición probatoria y jurídica a la parte actora.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
4. Intervenciones
4.1. El Tribunal Administrativo del Caquetá, por intermedio del magistrado ponente
de la providencia cuestionada, pidió que se declarara improcedente la tutela, por falta
de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora pretende que la acción de
tutela sea una instancia adicional del proceso de reparación directa.
4.1.1. En todo caso, explicó que la decisión cuestionada estuvo sustentada en la
jurisprudencia vigente, específicamente, en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072
de 2018, y en el análisis adecuado de las pruebas obrantes en el proceso de
reparación directa.
4.1.2. Que, en la providencia “se recalcó que si bien es cierto para el momento en el
cual se presentó la demanda este tipo de casos era evaluado bajo el régimen objetivo,
también lo es que la actual intelección jurisprudencial del asunto impone la necesidad
de examinar en sede de antijuridicidad del daño si la privación de la libertad
(independientemente de cómo se justifique posteriormente la decisión por la cual se
recobró) fue impuesta con arreglo al derecho vigente, pues en eso consiste la
antijuridicidad del daño en casos de privación de la libertad por orden judicial: si la
privación correspondió al cumplimiento de los requisitos legales respectivos, es una
carga que el detenido debe soportar y que no es, entonces, antijurídica; y solo si se
impuso en ausencia de uno o unos de esos requisitos es antijurídica, pues el ciudadano
no tiene porqué soportar una privación en condiciones no autorizadas por la ley”.
4.2. El coordinador del área de Asistencia Legal de la Nación - Rama Judicial -
Consejo Superior de la Judicatura, alegó que las providencias cuestionadas fueron
dictadas con sujeción a la jurisprudencia vigente y las pruebas obrantes en el
expediente, que llevaron a que las autoridades judiciales concluyeran que no se
demostró el error judicial ni la dilación del proceso penal.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 3 , se
precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias
judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86
de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad
pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
2
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el
Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de
órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha
establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía
de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.
1.6. En reciente pronunciamiento (SU-215 de 2022) la Corte Constitucional reiteró los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y las causales específicas. Respecto de éstas últimas, reiteró que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente
pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada.
Además, indicó que “dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. De manera preliminar, se precisa que las inconformidades de los demandantes
respecto de la decisión del Juzgado Tercero Administrativo de Florencia fueron
resueltas por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que, como juez de segunda
instancia, estaba habilitado para el efecto. Por lo tanto, la Sala se ocupará únicamente
de resolver los cuestionamientos contra la decisión del tribunal, que, en últimas, fue la
que puso fin al proceso de reparación directa.
2.2. Ahora, conforme con los antecedentes expuestos en esta providencia judicial, la
Sala advierte que la parte demandante alega que la providencia cuestionada incurrió
(i) en defecto fáctico: por indebida valoración de las pruebas obrantes en el proceso
penal, que, a juicio de los demandantes daban cuenta que no existía mérito legal para
dictar la medida privativa de la libertad; (ii) en desconocimiento del precedente,
pues, por un lado, al haber aplicado una sentencia de unificación dictada con
posterioridad a la presentación de la demanda, que cambió el régimen de
responsabilidad para estos casos y dispuso que se debía probar la ilegalidad de la
decisión de privar de la libertad a una persona y, por otro, al no haber tenido en cuenta
el precedente sentencia por la Sección Tercera del Consejo de Estado; y (iii) en
violación directa de la Constitución por haber aplicado un precedente que no era el
vigente para el momento de la presentación de la demanda.
2.3. De entrada, la Sala anticipa que no todos los vicios que alega el demandante
superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, por lo tanto, no se analizarán de fondo. En efecto, la parte
actora alega que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, al
valorarse indebidamente las pruebas obrantes en el proceso penal. Sin embargo,
dicho argumento no supera el requisito general de la relevancia constitucional, por
cuanto, como se verá, son reiterados del proceso ordinario.
2.4. Respecto de los argumentos sobre la aplicación de precedente inexistente y la
violación directa de la Constitución, éstos sí superan los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por lo tanto, se
analizarán de fondo de manera conjunta pues están cuestionando el mismo asunto,
4 SU-573 de 2017.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
esto es, la aplicación de una sentencia de unificación dictada con posterioridad a la
presentación de la demanda.
3. Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
3.1. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
3.1.1. En ese sentido, la Corte Constitucional 5 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten
los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
3.1.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el
estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar,
mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
5 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-
505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-
1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
6
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
7 Ibidem.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
3.2. En el caso concreto, la Sala advierte que los demandantes proponen la misma
discusión jurídica que presentaron en el proceso de reparación directa, respecto a la
indebida valoración de las pruebas obrantes en el proceso penal iniciado contra el
señor Silva Galviz.
3.2.1. Si bien la parte demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró
derechos fundamentales e incurrió en defecto fáctico, lo cierto es que, en últimas, lo
que pretende es que se reabra el debate respecto de si con las pruebas recaudadas
en el proceso penal se podía demostrar que no existía mérito para imponer medida
de aseguramiento al señor Silva Galviz. Veamos.
3.2.1.1. En el recurso de apelación que presentaron los demandantes contra la
sentencia de primera instancia del proceso ordinario (resumido en la providencia de
segunda instancia), sostuvieron lo siguiente:
Alegó que el a quo desconoció preceptos jurisprudenciales y además efectuó una inadecuada
valoración de las pruebas arrimadas al expediente. Respecto del tiempo de la privación de la
libertad, refutó que sí existe certificación en la que se acredita la permanencia del señor Silva
Galvis en centro carcelario durante el periodo señalado en la demanda.
Seguidamente, manifestó que, el daño antijurídico sí se encuentra debidamente acreditado con
las piezas procesales del proceso penal que reposan en el expediente, donde se demuestran las
decisiones finales de la investigación penal que se le adelanto en contra del señor Carlos Silva
Galvis, proceso que cesó con la declaratoria de prescripción de la acción penal. Agregó que,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el juez debe encontrar el fundamento jurídico
de sus fallos, y en ese sentido debe encausar el título de imputación para la declaratoria de la
responsabilidad administrativa en asuntos de privación de la libertad.
Resaltó que el presente medio de control se fundamentó en dos argumentos puntuales: i) la
ocurrencia de un error judicial cometido en el marco de un proceso penal: y ii) la dilación del
proceso generada por dicho error, lo que conllevó a la posterior declaración de prescripción de
la acción penal. Actuaciones que son las generadoras de los perjuicios por lo que reclaman
indemnización, conforme lo establecido en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 270 de 1996.
3.2.1.2. En el mismo sentido, en la demanda de tutela, la parte actora sostuvo lo
siguiente:
En la sentencia del 2 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, se demuestra
con el análisis realizado, que se desestimaron las pruebas que conformaron en su momento el expediente
penal, no realizaron la debida valoración de los medios de prueba que sirvieron inicialmente a la decisión
de detener preventivamente a CARLOS SILVA GALVIS, no existe sana crítica en el caso que nos ocupa,
sino que desvió el cauce ordinario que las pruebas tenía y negó las pretensiones de la demanda, al no
cuestionar las pruebas que sirvieron de base para emitir la medida de detención preventiva por parte de la
Fiscalía General de la Nación.
A continuación, realizaremos un análisis de las pruebas tenidas en cuenta por parte de los jueces de
instancia, la valoración asignada a ellas y el motivo de inconformidad o la irregularidad probatoria:
Los jueces de instancia valoraron irregularmente:
• En audiencia de acusación que se celebró en el proceso penal y que es incorporado al proceso
contencioso administrativo, encontramos como fragmento del mismo, en la sentencia de primera instancia
del proceso ordinario, que establecía los elementos materiales probatorios, evidencia física e información
legalmente obtenida que se tuvo para imponer la medida privativa de la libertad, y allí solo se tenían estos
elementos:
1. La indagatoria realizada al señor CARLOS SILVA mediante la cual solo se logra constatar que
efectivamente él no era parte de la milicia guerrillera.
2. Se allego como medio cognoscitivo unas interceptaciones telefónicas, de las cuales no se concluye su
participación, y formación activa para con el extinto grupo al margen de la ley, dado que no existió un cotejo
de voz que efectivamente corrobore la premisa por parte de la Fiscalía.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
3. Por su calidad de comerciante no se puede endilgar la categoría de integrante activo del grupo al margen
de la ley.
Cabe resaltar que, de las anteriores pruebas, no existía mérito legal para despachar favorable la medida
privativa de la libertad.
3.2.2. Como se ve, los demandantes formulan inconformidades que coinciden con las
que expusieron en el recurso de apelación que presentaron contra la sentencia de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de Reparación Directa.
Evidentemente la tutela busca revivir la discusión respecto a la valoración de las
pruebas, que según los actores daban cuenta del daño antijurídico causado con la
privación de la libertad del señor Carlos Silva Galviz, aspecto que ya fue resuelto por
el Tribunal Administrativo del Caquetá, que, en lo que interesa, consideró:
(…)
Respecto de este punto, debe resaltarse que al expediente no se allegó copia de la providencia mediante
la cual se le resolvió la situación jurídica y se le impuso medida de aseguramiento al señor Carlos Silva
Galvis, así como tampoco las actuaciones judiciales previas a su imposición, circunstancias que impiden a
la Sala, al aplicar el régimen subjetivo bajo el título de imputación de falla en el servicio, verificar si las
entidades demandadas actuaron de manera arbitraria y desproporcionada, y definir así si la medida
restrictiva impuesta al demandante resultó injusta y generadora de un daño antijurídico imputable a la
administración.
En punto de la falla en el servicio valga recordar que, tal y como lo dispuso la Corte Constitucional en la
sentencia SU 072 de 2018 « (…) el daño antijurídico no excluye la posibilidad de exigir la demostración de
una actuación irregular del Estado (…)» y, por tanto, al demandante le incumbía probar satisfactoriamente
todos los elementos necesarios para que el Estado asumiera responsabilidad patrimonial.
En efecto, el hecho de que una persona sea privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina
con una decisión de cesación de procedimiento no resulta suficiente para declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida que restringió la libertad de la víctima
fue injusta y, por ende, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.
(…)
Ahora bien, de las pruebas recaudadas y aportadas por esta instancia, es necesario resaltar que pese a no
encontrarse la providencia mediante la cual se le resolvió la situación jurídica y se le impuso medida de
aseguramiento al demandante, así como las actuaciones judiciales previas a la imposición de esta, se
concluye que la privación de la libertad del señor Carlos Silva Galvis se dio con apego a lo indicado por el
artículo 356 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos objeto de la
investigación (la detención preventiva impuesta se decretó y cumplió con la Ley 600 de 2000, Código de
Procedimiento Penal) conforme al cual, el Fiscal puede decretar la medida de aseguramiento cuando
aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente
producidas dentro del proceso, y adicionalmente procede en los siguientes eventos:
i. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda cuatro (4) años.
ii. Por los delitos de: (…)
iii. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito doloso
o preterintencional que tenga pena de prisión (…).
De la lectura de la norma en cita es factible concluir que para el momento en el cual la medida privativa de
la libertad fue impuesta, conforme a las pruebas legalmente obtenidas hasta en ese momento dentro del
proceso, existían dos indicios graves de responsabilidad en contra del señor Carlos Silva Galvis. Así, se
extracta de los motivos expuestos en las providencias del 21 de febrero de 2013, proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, en la cual se le declaró responsable penalmente
por el delito de rebelión a título de coautor, confirmada mediante sentencia del 6 de noviembre de 2013
emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia. En efecto, de dichas
providencias se extraen como indicios graves de responsabilidad los siguientes:
i. El señor Carlos Silva Galvis fue señalado por ex militantes de las FARC como colaborador de este grupo
guerrillero, tanto así que no sólo dieron su nombre, sino que ofrecieron descripciones morfológicas
concretas y coincidentes que indicaban que era integrante del partido político Polo Democrático. Además,
indicaron cuales eran las funciones que cumplía dentro de aquella organización criminal.
ii. El procesado admitió ser integrante del partido político Polo Democrático y que su abonado celular era
3124291416, esta última información, debidamente ratificada por la empresa de telefonía celular Comcel
S.A.
iii. Se acreditó que desde su abonado celular, éste mantenía comunicaciones con alias LEYDER y alias el
MONO, personas conocidas en esta investigación como integrantes de las FARC, razón por la cual las
declaraciones de los desmovilizados tomaron fuerza y confirmaron aún más el compromiso de CARLOS
SILVA con la organización.
Bajo esos indicios graves de responsabilidad fue que las autoridades penales concluyeron que el señor
Carlos Silva Galvis hacía parte de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, como una de las personas
encargada de colaborar con el transporte de personal y coordinar atentados terroristas.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
En ese orden, encuentra esta Sala cumplido –se insiste, por lo menos al momento de imposición de la
medida-, los requisitos exigidos para esta, pues de acuerdo con las pruebas obrantes en la investigación
existían dos indicios graves de responsabilidad del señor Silva Galvis frente a los hechos objeto de
investigación, además que el delito por el cual era investigado, tenía pena de prisión cuyo mínimo superaba
los cuatro (4) años.
Así las cosas, la resolución de su situación jurídica con imposición de medida de aseguramiento se ajustó
a los presupuestos exigidos en el ordenamiento jurídico penal vigente para la época de los hechos. Además,
reitera la Sala que no se encontró en el expediente la providencia mediante la cual se le resolvió la situación
jurídica y se le impuso medida de aseguramiento al señor Carlos Silva Galvis, por lo que al no haberse
demostrado que esta fue injusta o desproporcionada, resta inferir que dicha decisión fue expedida con total
apego a las normas y goza de plena validez.
(…)
3.2.3. Así, queda en evidencia que la tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora se limitó a reiterar los argumentos que
expuso en el proceso de reparación directa y no formuló alegatos sólidos para efecto
de desestimar los argumentos expuestos por la autoridad judicial demandada.
Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa y
que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces
ordinarios.
3.2.4. De hecho, la Sala resalta que la demanda de tutela no cuestiona uno de los
elementos fundamentales de la sentencia del 2 de febrero de 2022, esto es, la
ausencia en el expediente de reparación directa de la providencia que decretó la
medida de aseguramiento privativa de la libertad. La parte demandante se limitó a
alegar un defecto fáctico, pero no desvirtuó la conclusión fundamental del análisis
probatorio realizado por el tribunal demandado.
3.2.5. Por lo tanto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional, en lo relacionado con el defecto fáctico
por indebida valoración probatoria.
3.3. Ahora bien, como se anticipó, los argumentos sobre la aplicación indebida de
precedente y la violación directa de la Constitución sí superan los requisitos generales
para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
consecuencia, procede la Sala a resolverlos de fondo.
4. De la respuesta al problema jurídico
4.1. Los demandantes alegan, por un lado, que la sentencia cuestionada aplicó las
reglas de unificación fijadas en la sentencia SU-072 de 2018. A juicio de la parte actora,
dicha sentencia no era aplicable al caso, toda vez que no había sido dictada cuando
fue interpuesta la demanda de reparación directa. Además, los actores adujeron que
se desconoció el precedente vigente para la fecha de interposición de la demanda de
reparación directa, que aplicaba un régimen de responsabilidad objetivo.
4.2. Para resolver, la Sala analizará la providencia cuestionada, para lo cual se citarán
los apartes pertinentes.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era
detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la
libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado
no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in
dubio pro reo, se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y
que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo
de responsabilidad bajo el título de daño especial.
Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio
para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, en los eventos
de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente
establecido para resolver su situación jurídica, entre otros8.
Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU-072 de 2018 respecto del
régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de
la libertad, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el
artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la libertad como un evento
resarcible- ni en la sentencia C-037 de 1996 que declaró la exequibilidad condicionada de ese
artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales
hipótesis, pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe
considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los
presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. Finalmente, agregó la sentencia
citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima.
De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional señaló que en dos eventos de los
considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen
objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal
culminaba con la declaración de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica,
porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y
desproporcionada, por lo que «el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».
No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones
motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro
reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, requieren
de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la
conducta punible y presentarlo como su autor y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial
del Estado por los daños derivados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe
estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la
medida.
En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en
los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de
responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se aplique, se debe tomar
en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de
que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.
Este criterio, fijado por el máximo tribunal constitucional, se ha reafirmado por parte de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a
continuación9:
Bajo los anteriores parámetros normativos y jurisprudenciales, la Sala analizará en caso de
proceder, la eventual responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en el caso
concreto
(….)
En punto de la falla en el servicio valga recordar que, tal y como lo dispuso la Corte Constitucional
en la sentencia SU 072 de 2018 « (…) el daño antijurídico no excluye la posibilidad de exigir la
demostración de una actuación irregular del Estado (…)» y, por tanto, al demandante le incumbía
probar satisfactoriamente todos los elementos necesarios para que el Estado asumiera
responsabilidad patrimonial10.
En efecto, el hecho de que una persona sea privada de la libertad dentro de un proceso penal
que termina con una decisión de cesación de procedimiento no resulta suficiente para declarar
la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida que
restringió la libertad de la víctima fue injusta y, por ende, generadora de un daño antijurídico
imputable a la administración.
En ese sentido, si se limita la libertad de un ciudadano en cumplimiento de una orden de captura
debidamente dispuesta o dentro de los eventos de la flagrancia y en acatamiento de los términos
legales previstos para tal fin, la detención emerge como una carga que se está en el deber jurídico
de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del
8 Cita original. Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp.
47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018,
exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404.
9 Cita original. Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, 5 de marzo de 2020, Radicación número: 47001-
23-31-000-2011-00029-01(50173).
10
Cita original. Responsabilidad del estado social de derecho por los actos del poder constituyente. Ruiz Orejuela,
Wilson. Pág. 81-82. Bogotá. Ecoe Ediciones. 2015.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
Estado, que propende por la investigación de las conductas que revisten las características de
delitos y la individualización de los posibles autores de las mismas.
Por tanto, y a pesar de la existencia de un daño (limitación del derecho a la libertad), aquel no
podría catalogarse como antijurídico y, como consecuencia, no surge para el Estado el deber de
reparar11.
Al respecto se resalta que si bien para el momento en el cual se presentó la demanda este tipo
de casos era evaluado bajo el régimen objetivo, no resulta menos cierto que le correspondía a la
parte demandante probar que las decisiones conforme las cuales se privó de la libertad al actor
fueron desproporcionadas o injustas, lo que no ocurrió en el caso concreto, pues, se reitera, no
se allegó copia de la providencia mediante la cual se resolvió la situación jurídica y se le impuso
medida de aseguramiento al señor Carlos Silva Galviz, así como de las actuaciones judiciales
previas a su imposición.
(…)
4.3. A juicio de la Sala, la providencia del 2 de febrero de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Caquetá no incurrió en desconocimiento del precedente.
Veamos.
4.3.1. El estudio realizado por el tribunal demandado estuvo sustentado en las
sentencias SU-072 de 2018 y C-037 de 1996, que definen los elementos para tener en
cuenta en los casos de privación injusta de la libertad. Dichas sentencias sí resultan
aplicables, pues tienen efecto a futuro y frente a los casos pendientes de decisión. Al
respecto, en sentencia SU-406 de 2016, la Corte Constitucional explicó lo siguiente:
La jurisprudencia fijada por los órganos de cierre se convierte en aplicable de manera
general e inmediata, en sentido horizontal y vertical. A partir de ello, la lectura de la
normatividad debe hacerse a la luz de los lineamientos y definiciones establecidas por el tribunal
de cierre, sin perjuicio de las reglas establecidas para efectos de que de manera excepcional una
autoridad judicial pueda apartarse del precedente judicial. Lo anterior significa que la realización
de la igualdad material en la administración de justicia, exige que el precedente no ha de aplicarse
de forma automática e irreflexiva, de manera que, si por un lado, ante casos semejantes debe
darse el mismo tratamiento legal, por el otro, frente a casos distintos se dé un trato diferenciado,
cuando ello resulte razonablemente justificado. Es decir que, ante el presupuesto de la
vinculación general e inmediata de la jurisprudencia, deben tenerse en cuenta las
condiciones sustanciales y procesales de cada caso para evitar que, so pretexto de la
aplicación formal del precedente, se desconozcan derechos fundamentales. De modo que,
en tanto que la garantía del principio de igualdad no obedece a un quantum matemático, la
aplicación de la jurisprudencia debe atender las situaciones particulares del caso, para que,
cuando éstas lo ameriten y con una adecuada sustentación, el operador judicial adopte las
medidas necesarias para que la aplicación del precedente se corresponda con la garantía de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales (Resalta la Sala).
4.3.2. A juicio de la Sala, en este caso no existen circunstancias especiales para efecto
de inaplicar el precedente vigente cuando fue dictada la sentencia cuestionada. No se
advierte que la aplicación del precedente comprometa el derecho de acceso a la
administración de justicia, por cuanto no fija condiciones especiales para el ejercicio
del derecho de acción. Además, la aplicación del precedente vigente no implica el
desconocimiento de derechos de contenido sustancial, pues, en últimas, el asunto se
encontraba en discusión y resulta imperioso garantizar la aplicación uniforme del
derecho.
4.3.3. Conviene resaltar que se ha aceptado la aplicación retrospectiva del precedente
en aquellos casos en los que se comprometen las condiciones procesales bajo las que
es ejercido el derecho de acción. Sobre el particular, en la sentencia SU-406 de 2016,
la Corte Constitucional explicó que «si el cambio de jurisprudencia resultó definitivo en
una posible afectación de derechos fundamentales al modificar las reglas procesales
con base en las cuales, legítimamente, habían actuado los sujetos procesales y, en
este sentido, el juez de conocimiento puede, como excepción a la regla general de
11
Cita original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 41.533, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
aplicación de la jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al momento
de proferir el fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante de la
conducta procesal de las partes». Sin embargo, se reitera, en el sub lite no están en
discusión aspectos procesales asociados al derecho de acción, sino la sustancia
misma de las condiciones bajo las que puede endilgarse responsabilidad al Estado por
privación injusta de la libertad.
4.3.4. La obligatoriedad de la jurisprudencia de las altas cortes es una exigencia
dirigida a que las decisiones judiciales estén guiadas por un parámetro de igualdad,
en búsqueda de condiciones de seguridad jurídica en la aplicación del Derecho. La
aplicación uniforme del precedente también permite que los usuarios de la
administración de justicia puedan tener confianza legítima sobre las normas que
regulan las relaciones jurídicas.
4.3.5. En últimas, la Sala advierte que la parte actora simplemente pretende que, a
toda costa, sea aplicado un precedente que perdió vigencia y que se desconozca el
carácter obligatorio de las sentencias de unificación y de constitucionalidad de la Corte
Constitucional, como lo son las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018. En
sentencia C-634 de 2011, la Corte Constitucional estudió las normas que regulan el
precedente en materia de lo contencioso administrativo y explicó que «tanto el artículo
10 como los artículos 103 y 269 (CPACA), deben leerse y aplicarse en el sentido de
aplicar preferencialmente las sentencias de unificación de la Corte Constitucional». Por
consiguiente, para la Sala, no existe duda de que el tribunal no cometió ningún error
al aplicar la sentencia SU-072 de 2018.
4.3.6. Diferente es que al expediente de la reparación directa no se hubieran aportado
las pruebas necesarias para probar que las decisiones con las cuales se privó de la
libertad al actor fueron desproporcionadas o injustas, esto es, la providencia que
impuso la medida de aseguramiento al señor Carlos Silva Galviz. De hecho, al margen
de las reglas de unificación previstas en la SU-072, a la parte demandante
correspondía acreditar la justificación de la medida de aseguramiento, pues se trataba
del elemento fundamental para acreditar si ocurrió o no una falla en el servicio y un
daño antijurídico. Es el afectado el que debe aportar o solicitar las pruebas con las que
pretende demostrar que fue privado injustamente de la libertad.
4.3.7. Tampoco se observa que la sentencia del 4 de diciembre de 2019, expediente
19001-23-31-000-2008-00298-01, invocada por la parte actora como desconocida
permita desestimar la validez de la decisión adoptada en la sentencia cuestionada,
pues, de hecho, en dicha providencia se aplican las reglas fijadas en la SU-072 de
2018 y, se establece el método adecuado para abordar el estudio de responsabilidad
en estos casos, entre ellos, el «análisis de legalidad de la medida. Verificada la
privación, se realizará un análisis de la legalidad de la medida, esto es, se estudiará si
al momento en que se capturó a la persona y se impuso la consecuente medida de
restricción, estas actuaciones fueron legales, justificadas y proporcionadas».
4.4. La Sala tampoco encuentra demostrada la violación directa de la Constitución
Política, pues, en definitiva, las decisiones cuestionadas estuvieron debidamente
justificadas y sustentadas en el precedente vigente y aplicable. Además, no fue
desconocida la presunción constitucional de inocencia, habida cuenta de que,
justamente, las autoridades judiciales demandadas reconocieron que la medida de
aseguramiento es una institución excepcional y rigurosamente sometida a requisitos
legales y en esa medida exigieron prueba de la ilegalidad de dicha medida. Conviene
decir que, en sentencia C-695 de 2013, la Corte Constitucional explicó que «eliminar
la posibilidad de adoptar una medida preventiva como la analizada, exigiendo la previa
culminación íntegra del proceso, desnaturalizaría su carácter preventivo y podría tornar
inoficiosa la función judicial, impidiendo la efectividad de la pena, en aquellos eventos
en los cuales el procesado se aparte del cumplimiento de la misma, generando con
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04625-00
Demandante: Carlos Silva Galviz y otros
ello no solo impunidad, sino descontento social, que conllevaría el horrendo riesgo de
que, ante la inoperancia de la justicia estatal, alguien pretendiese ejecutarla por sí
mismo».
4.5. En los términos expuestos, queda resuelto el problema jurídico de fondo: la
sentencia del 2 de febrero de 2022 no incurrió en desconocimiento del precedente ni
violación directa a la Constitución, alegados por la parte actora. Por consiguiente, la
tutela será denegada con respecto al desconocimiento del precedente y la violación
directa de la Constitución Política.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Carlos Silva Galviz,
Jhonatan Silva Cabrera, Carlos Mario Silva Morales, Gloria Gómez Galviz, Héctor
Silva Galviz, Luz Dary Silva Galviz, Rosalba Galviz de Silva, Adriana Paola
Sánchez Gómez, Gloria Patricia Castañeda Gómez, respecto del defecto fáctico,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela, en cuanto al desconocimiento del
precedente y la violación directa de la Constitución Política, por lo expuesto en
esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.