Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04626-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04626-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04626-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
11 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN N° 16
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04626-00 (7386)
Recurrente: OSCAR JHON MARULANDA BETANCUR
Asunto: Causal de revisión de nulidad originada en la sentencia
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión No. 16 decide en única instancia el recurso extraordinario
de revisión formulado por Oscar Jhon Marulanda Betancur contra la sentencia
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el primero
(1) de julio de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 17001-23-33-000-2017-00039-01.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 17001-23-33-000-2017-00039-01.
1.1. El veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016), a través de apoderado
judicial, el señor Oscar Jhon Marulanda Betancur presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho solicitando la anulación de la Resolución No. 5805-6 de
2016, por medio de la cual se le negó el reconocimiento de los intereses moratorios
por el “pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial”1.
Como sustento fáctico de su reclamación, la parte actora indicó que mediante el
Decreto Departamental 0021 de 1997, fue transferido con el mismo cargo, código y
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Folios 6 a 21 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
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Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
salario que tenía en la planta de personal del servicio educativo nacional a la planta de
personal del Departamento de Caldas, sin tener en cuenta que los salarios de esta
última eran superiores a los que se percibían en la entidad nacional.
Señaló que, posteriormente y en respuesta a una pregunta elevada por el Ministerio
de Educación Nacional, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
emitió el Concepto 1607 de nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004), en el que
advirtió que la incorporación de personal a la planta de los municipios había generado
desigualdad entre esos funcionarios y los que seguían siendo remunerados con el
Sistema General de Participaciones pues, pese a desempeñar las mismas funciones,
los primeros devengaban menores emolumentos que los segundos. Por tal razón, allí
se indicó que resultaba necesario que las entidades territoriales realizaran una
nivelación salarial, cuya diferencia debía ser asumida por la Nación.
Sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Caldas
iniciaron un procedimiento conjunto para realizar esa homologación y nivelación
salarial, para lo cual se expidió el Decreto 399 de 2007 que luego fue revisado y
ajustado con los Decretos 337 y 353 de 2010, en tanto mediante las Resoluciones
2155-6 y 4671-6 de 20132 se reconoció que el accionante, como funcionario
administrativo al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas,
tenía derecho a percibir un pago retroactivo por ese concepto, el cual fue
efectivamente cancelado en el mes de abril de dos mil trece (2013) y, que luego, con
2
Resolución No. 2155-6 de 2013 “Por la cual se reconoce y ordena un pago por concepto de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación del
Departamento de Caldas”. Específicamente, en el artículo 1° de dicho acto se dispuso: “ARTÍCULO 1°
Liquidar y reconocer el pago a favor del (la) señor (a) MARULANDA BETANCURTH OSCAR JHON,
(…) por concepto de pago por homologación y nivel salarial del periodo comprendido a partir del 10 de
febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009 de acuerdo con los siguientes conceptos (…)”. Disponible
en los folios 36 a 42 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
Resolución No. 4671-6 de 2013 “Por medio de la cual se aclara la Resolución número 2155-6 de marzo
de 2013”, en el sentido de realizar la liquidación desde el mes de enero de 1997 y no desde el mes de
febrero de ese mismo año. Disponible en los folios 44 a 48 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el
documento descrito como “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28
de SAMAI.
Resolución No. 9061-6 de 2014 “Por medio de la cual se modifica la Resolución Nº 4671-6 del 04 de
julio de 2013 y se ordena un pago”, para incluir en su artículo 2º “la actualización de indexación y
diferencias salariales dejadas de percibir en el proceso de nivelación salarial del periodo comprendido
entre el 10 de febrero de 1997 a 31 de diciembre de 2012”. Disponible en los folios 50 a 52 del pdf
“Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202
3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
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Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
la Resolución No. 9061-6 de 2014 se procedió a realizar la indexación de la suma
reconocida, siendo pagada en diciembre de 20143.
Sin embargo, para el demandante, de conformidad con los artículos 1608, 1617 y 1649
del Código Civil y demás normas concordantes, el departamento debió reconocer
intereses moratorios sobre esa suma, generados desde la fecha de exigibilidad de la
obligación –que señaló como el diez (10) de febrero de mil novecientos noventa y siete
(1997), cuando, según afirma, se realizó la incorporación del señor Marulanda
Betancur a la planta de personal del departamento– y la fecha en la que ésta finalmente
se hizo efectiva –treinta y uno (31) de diciembre de dos mil nueve (2009), pues a partir
del año 2010 ya se había comenzado a pagar mensualmente el salario reajustado por
la nivelación salarial–, por lo que elevó derecho de petición en ese sentido ante la
Secretaría de Educación de Caldas, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante
la Resolución No. 5805-6 de veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016).
En consecuencia, en la demanda se solicitó la anulación de esa resolución y el
reconocimiento de los intereses moratorios por el alegado pago tardío de la
homologación salarial.
1.2. El asunto fue resuelto en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante sentencia de veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
4.
El Tribunal declaró la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento de Caldas y negó las pretensiones relacionadas con el reconocimiento
de intereses moratorios por considerar que en materia de homologación no hay norma
que autorice el reconocimiento de tales valores y, además, porque es improcedente su
pago cuando la suma adeudada ya ha sido indexada. Sin embargo, en uso de las
facultades ultra y extra petita del juez laboral, y al encontrar que las sumas reconocidas
no se indexaron adecuadamente, ordenó el Ministerio de Educación reconocer al señor
3
Resolución No. 9061-6 de 2014 “Por medio de la cual se modifica la Resolución Nº 4671-6 del 04 de
julio de 2013 y se ordena un pago”, para incluir en su artículo 2º “la actualización de indexación y
diferencias salariales dejadas de percibir en el proceso de nivelación salarial del periodo comprendido
entre el 10 de febrero de 1997 a 31 de diciembre de 2012”. Disponible en los folios 50 a 52 del pdf
“Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202
3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
4
Folios 202 a 219 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
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Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
Marulanda Betancur la indexación del periodo comprendido entre el primero (1º) de
enero de dos mil trece (2013) al catorce (14) de abril de ese mismo año.
1.3. Inconformes con lo anterior, tanto la parte demandante como el Ministerio de
Educación Nacional formularon recurso de apelación.
La parte actora, en términos generales, sostuvo que, contrario a lo dicho por el a quo,
en ningún momento solicitó intereses moratorios sobre sumas indexadas, por lo que
de considerarse “que no proceden los mismos dado que junto con el retroactivo fue
cancelada una actualización de la moneda, acá lo que debe primar es el derecho más
favorable para el trabajador, es decir, los intereses de mora”. De otra parte, discrepa
de que no exista norma que autorice el cobro de intereses moratorios en el caso
concreto, afirmando que de la relación laboral surgen una serie de cargas y
obligaciones, como es el caso de pagar cumplidamente los salarios y prestaciones
sociales, por lo que ante su incumplimiento se genera la mora5.
A su turno, el Ministerio de Educación Nacional, manifestó su disentimiento en tanto
no era el responsable del pago, pues este correspondía al Departamento de Caldas,
en ese sentido alegó que no fue responsable de la demora en la cancelación de las
sumas reconocidas y de las que se derivó la condena extra petita6.
1.4. El primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021), La Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia en lo relativo
a la orden de reconocer sumas adicionales ꟷpues estimó que con ello se vulneró el
derecho al debido proceso y la congruencia propia de las decisiones judicialesꟷ, y la
confirmó respecto de la negativa en reconocer los intereses moratorios7.
Como sustento de lo anterior, la Sala Laboral explicó el procedimiento que se surtió
para adelantar el trámite de homologación de los servidores que se incorporaron a las
plantas de las entidades territoriales y concluyó que, para el caso concreto, solo fue
hasta la expedición de la Resolución 2155-6 de 2013 que se generó la obligación en
favor del señor Marulanda Betancur, obligación que se satisfizo dentro del mes
5
Folios 222 a 245 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
6
Folios 246 a 256 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
7
Folios 289 a 320 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
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Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
siguiente a la fecha de la promulgación del acto, razón por la que no puede predicarse
tardanza o mora en el cumplimiento de la misma.
Además, señaló que, no era procedente el reconocimiento de intereses de mora por
dos razones, la primera, debido a que por su carácter sancionatorio deben estar
consagrados en una norma expresa que autorice su cobro en los procesos de pagos
retroactivos por homologación y nivelación, o en su defecto, haberse incluido en el acto
por medio del cual se reconoció el derecho y, la segunda, por la improcedencia de
aplicar el artículo 1617 del Código Civil debido a que no se trata de un asunto negocial
de las partes sino del resultado de un procedimiento que debieron adelantar las
entidades con el fin de reglamentar la clasificación, nomenclatura, funciones y
requisitos del empleo público, con el fin de determinar la nivelación salarial a la que se
tendría derecho.
2. El recurso extraordinario de revisión
El veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022), a través de apoderado judicial,
el señor Oscar Jhon Marulanda Betancur formuló recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia proferida el primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021) por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 17001-23-33-000-2017-00039-01,
alegando la materialización de la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”8.
Como sustento de su recurso, la parte actora, además de presentar varios reproches
contra afirmaciones específicas contenidas en el fallo acusado y que califica como
“tesis acomodadas”, alega que en dicha providencia: i) no se analizó su caso en
particular, vulnerando así su derecho al debido proceso; ii) se desconoció el principio
de congruencia, y iii) no se juzgó su situación conforme con las normas preexistentes,
omitiéndose resolver las pretensiones sobre la mora.
Respecto a lo primero, el recurrente sostiene que la sentencia debe infirmarse toda
vez que la Sala no analizó las particularidades de su caso concreto, sino que expidió
una sentencia “plantilla” o “formato”, con la cual ha resuelto de manera idéntica todos
8
Índice 2 de SAMAI documento descrito como “ED_AH347RECURSOREVIS(.pdf) Nro Actua 2”.
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los casos que sobre este asunto —pago de intereses en el proceso de homologación—
fueron puestos a su consideración.
En segundo lugar, afirma que la sentencia es incongruente, pues no falló conforme a
lo alegado en los hechos y pretensiones de la demanda.
En este sentido, señala que la providencia resolvió “citra petita”, pues aunque en las
pretensiones de la demanda se indicó con toda claridad que “el periodo para liquidar
los intereses no era otro que el causado entre los años de 1997 al año 2013”, porque
desde la primera fecha es que, a su juicio, se consolidó la obligación de pagarle el
salario debidamente nivelado como consecuencia del traslado de la planta de empleos
del nivel nacional a la territorial, lo cierto es que se afectó la congruencia cuando “la
autoridad judicial entendió que la reclamación de dichos intereses abarcó el interregno
de un mes entre el 22 de marzo de 2013, cuando se reconoció y se ordenó el pago del
consecuente retroactivo, y el mes de abril de 2013, cuando se efectuó el pago
correspondiente”.
En consecuencia, afirma que lo decidido por el fallador de segunda instancia no guarda
relación con lo pedido en el escrito introductorio o en el recurso de apelación, pues el
ad quem se pronunció sobre un periodo que no fue objeto de debate en el curso del
proceso.
Así mismo, expone que también existe incongruencia en la sentencia “cuando se
afirma, de manera totalmente equivocada, que no se reconocían intereses de mora,
por la supuesta incompatibilidad con la indexación; señalamiento que es a todas luces
incoherente, porque la demanda es diáfana en indicar que, los intereses de mora se
liquidan sobre el capital neto sin incluir indexación”.
Finalmente, sostiene que la sentencia acusada desconoció las normas prexistentes
que eran aplicables al caso concreto y mediante “tesis acomodadas” omitió resolver
las pretensiones sobre la mora, pues es “un irrespeto a la inteligencia y a la lógica
jurídica” exigir que el interés moratorio derivado del retardo en el pago de la
homologación deba estar contemplado en una norma expresa para proceder a su
reconocimiento, cuando esta figura tiene su génesis misma en el derecho de las
obligaciones. En este contexto, afirma que la Ley 60 de 1993 concedió un término
perentorio para proceder con la homologación salarial, el cual fue ampliamente
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desconocido por la administración, por lo que, a través del interés moratorio, debe
indemnizarse la tardanza en la que incurrió el Estado.
En ese sentido, aduce que la autoridad judicial solo tuvo en cuenta la “normas
enfocadas a explicar todo lo relacionado al proceso de homologación”, pero sin
expresar “las razones de hecho y de derecho, por las cuales no hay lugar a intereses
de mora”, lo cual ocasiona que la sentencia atacada contenga una interpretación
contra legem respecto a la procedencia de dichos intereses, ya que, según su criterio,
estos operan “de pleno derecho por mandato legal” y consisten en “la sanción que se
ha de pagar por no cancelar oportunamente una obligación”, por lo que contrario a lo
considerado en la sentencia impugnada, no se necesita de una ley especial que los
consagre o que debieran ser incluidos en el acto que reconoció el retroactivo, pues la
ley civil y comercial disponen expresamente su causación y pago, normas que se
debieron aplicar por analogía.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022) el recurso
fue inadmitido9. Una vez subsanado10, fue admitido con providencia del tres (3) de
noviembre de esa anualidad, en la que se ordenó la notificación personal de quienes
habían fungido como demandados dentro del proceso ordinario, así como del
Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado11.
3.2. Durante el término de traslado, el Ministerio de Educación Nacional, mediante
escrito del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022), solicitó la
desestimación del recurso por considerar que no se configura la causal de revisión de
nulidad originada en la sentencia y que, en realidad, el recurrente busca reabrir el
debate ya concluido. Al efecto, aseguró que la sentencia acusada sí se pronunció
sobre todo lo solicitado, solo que no en el sentido en el que lo pretendía la parte
actora12.
9
Índice 4 de SAMAI.
10
Índice 8 de SAMAI.
11
Índice 10 de SAMAI. La notificación personal al Ministerio de Educación Nacional, al Departamento
de Caldas, al Ministerio Público y la ANDJE se surtió el once (11) de noviembre de dos mil veintidós
(2022).
12
Índice 18 de SAMAI. Documento descrito como “28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL
ECTRONICO_CONTESTACIONRECURSO( .pdf) NroActua 18”.
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Explicó que en cualquier caso, no podía predicarse ningún incumplimiento o retardo
en el pago, pues entre el reconocimiento del derecho y el pago efectivo transcurrió un
tiempo razonable, en especial, explicó que la Ley 715 de 2001 estableció el
procedimiento que se debía seguir para incorporar las plantas nacionales financiadas
con recursos del Sistema General de Participaciones a las entidades territoriales y que
como “producto de las homologaciones o modificación a las homologaciones resulta
el pago de un retroactivo y no el reconocimiento de prestaciones periódicas” y,
además, como la suma reconocida fue indexada, entonces no procede en ningún
evento el pago de los intereses moratorios reclamados por el actor.
Por su parte, el Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió el
concepto No. 460 de diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022),
solicitando que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión debido a que,
según su criterio, la Sala Laboral del Consejo de Estado examinó el asunto conforme
a lo reglado en el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) y con fundamento
en los presupuestos fácticos y normativos de la controversia, sin que se advierta falta
de congruencia en la sentencia pues, revisadas las pretensiones de la demanda, es
claro que los jueces de instancia las resolvieron a cabalidad, pronunciándose sobre la
viabilidad de reconocer y pagar intereses moratorios por concepto de homologación
salarial, de lo cual, solo se observa la intención de revivir la controversia para que se
adopte una decisión favorable a la parte actora13.
3.3. Por auto de veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023), el Despacho
decretó las pruebas del proceso, ordenando al Tribunal Administrativo de Caldas
allegar a este trámite el expediente contentivo de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 17001-23-33-000-2017-00039-0114, requerimiento
que fue atendido15.
3.4. El quince (15) de febrero de dos mil veintitrés(2023), el proceso entró al Despacho
para adoptar la decisión que en derecho corresponda16.
II. CONSIDERACIONES
13
Índice 17 de SAMAI.
14
Índice 20 de SAMAI.
15
Índice 28 de SAMAI. Tal y como consta a índice 29 del aplicativo SAMAI, de estos documentos se
corrió traslado sin pronunciamiento de las partes.
16
Índice 30 de SAMAI.
8
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1. Competencia
La Sala Especial de Decisión No. 16 es competente para tramitar y decidir el presente
recurso extraordinario de revisión, en los términos del inciso primero del artículo 249
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)17, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del artículo 29 del
Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento Interno de la Corporación18ꟷ, por tratarse de un
recurso contra una sentencia dictada por una subsección del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Conforme con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala Especial de Decisión
No. 16 establecer si la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado el primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021), dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 17001-23-33-000-2017-00039-
01, se encuentra incursa en la causal 5ª de revisión contemplada en el artículo 250 del
CPACA, esta es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas
con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la parte recurrente,
a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
Tenemos que el recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las
diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable y
de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el
acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada
sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional al concluir que
se trata de un mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico
17
“ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
18
“ARTÍCULO 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: // 1. Los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
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sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la
Constitución”19.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión
se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437
de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias
a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico20, siempre que
se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley 21. De acuerdo
con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por
los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario22.
Adicionalmente, al ser un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de este
recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, se ha señalado que “[c]omo
dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las
decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter
excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente
previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera
instancia.”23 (Se resalta).
19
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-090 de 1998.
20
Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del
caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en
casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o
circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad
material, como fines esenciales del Estado”.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013,
radicado 11001031500020120023100.
22
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado
11001-03-15-000-2018-03791-00
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
10
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Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en
la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o
crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la
excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad
jurídica.
4. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso extraordinario
de revisión
El numeral 5° del artículo 250 del CPACA contempla como causal de revisión la de
“[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal necesita, de
un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que
contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el legislador
no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha configurado
una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del Consejo de
Estado la que ha dotado de contenido esta disposición24.
Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad
sustantiva propia de la actuación”25.
En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado esto implica
corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que se
materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de tal
magnitud que configura un defecto insanable de la actuación al punto que, de no
presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta26.
24
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado
11001031500020170251900.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado
11001333103520080018001.
26
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18
de noviembre de 2018, radicado 11001032500020150099600; y Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001031500020140309300.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla
general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad
acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades
procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas
en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código
General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez
de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar
sentencia’”27. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la
nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando
esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte actora
debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso
del proceso.
En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos los
grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la
sentencia28: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el segundo,
relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar en la
vulneración del artículo 29 Superior29.
El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal previstas
en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código General del
Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la sentencia. El segundo,
a la inobservancia de aspectos procesales de tal transcendencia que tengan impacto
en la garantía del debido proceso30, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta
vía, cuestionamientos que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración
probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma.
27
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado
11001031500020150249300.
28
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26, sentencia del 3 de febrero de
2015, radicado 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22,
sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001031500020150234200, y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 2, sentencia del 1° de octubre de 2019, radicado 11001031500020130221600.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado
11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No.
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión N° 10, radicado 11001031500020120023000.
30
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicado
11001031500020180141500.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
Así, según la jurisprudencia de esta Corporación y a modo enunciativo, una nulidad
originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de nulidad
procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede acaecer
en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que terminó por
desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido
y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece firmado por menor
o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un número de votos
diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio de non reformatio in
pejus; iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro del proceso; v)
cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de jurisdicción; vi) cuando se
dicta sentencia con pretermisión de las instancias procesales previas; vii) cuando el
demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta; viii) cuando la sentencia
carece totalmente de motivación, o ix) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa31.
Sobre este último asunto, y para lo que interesa a esta causa, debe indicarse que la
congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que se
refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la
sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte
resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su
contestación32, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones
y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que
la ley otorga al juzgador33. Lo anterior, con fundamento en el artículo 281 del Código
31
Consejo de Estado, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado 11001031500020090049400;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, radicado
20083531900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 2 de febrero de 2016,
radicado 110010315000201502342; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del
14 de agosto de 2018, radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001031500020180434500; Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de
octubre de 2019, radicado 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 11001032500020140032500; y Consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicado
11001031500020180141500.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001-032500020130083800.
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001032600020190010000 (64246).
13
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
General del Proceso34 ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión
normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum apellatum”,
en las sentencias de segunda instancia “la incongruencia no se presenta solo cuando
existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado,
sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la
sustentación del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde
a una invocación del derecho sustancial controvertido.”35.
Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen
lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se
reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una causa
distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita cuando no se
resuelve algún asunto debidamente planteado36. De fondo, la razón por la cual procede
la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de congruencia,
es porque en estos casos el fallador excede su competencia, la que, como se ha dicho,
está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la
contestación y las excepciones propuestas y, tratándose de sentencias de segunda
instancia, por lo indicado en el recurso de apelación, sin perjuicio de los asuntos
intrínsecos que deba resolver el fallador para resolver la litis planteada37.
En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de
que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un lado, que
el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el recurso
de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad procesal de las
34
“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o
que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
35
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de marzo de 2016, radicado
11001020300020120212600 N° interno SC4415-2016.
36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto
de 2002, radicado 76001232400019970434501.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 13 de agosto de 2021, radicado 11001032600020190010000 (64246).
14
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con implicaciones graves en
la garantía del debido proceso.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar el asunto
sub examine.
5. Caso concreto
5.1. De conformidad con lo expresado en el acápite que precede, corresponde
establecer si en la situación objeto de estudio se materializan los supuestos para la
procedencia de la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Al respecto, lo primero que se advierte es que la sentencia del primero (1) de julio de
dos mil veintiuno (2021) que aquí se acusa, no era pasible del recurso de apelación,
en tanto esa decisión se produjo por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisamente al resolver la alzada formulada por la entonces parte
demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 17001-
23-33-000-2017-00039-01, de manera que el recurso extraordinario resulta
procedente.
Igualmente, los vicios alegados se habrían materializado en la sentencia y no en una
etapa anterior, por lo que resulta pertinente proceder al estudio de fondo del recurso.
5.2. Para tales efectos, corresponde entonces proceder al análisis de lo ocurrido en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 17001-23-33-000-2017-00039-
01, de lo cual se advierte demostrado lo siguiente:
a. El señor Oscar Jhon Marulanda Betancur presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el
Departamento de Caldas, en la que adujo que, en tanto él, como personal
administrativo incorporado a la planta territorial, adquirió el derecho a la
nivelación salarial desde el mes de febrero de mil novecientos noventa y siete
(1997) y como su pago solo se realizó hasta el mes de abril dos mil trece (2013),
entonces había lugar a reconocer en su favor intereses moratorios por el
cumplimiento tardío de la obligación. Con base en ello, formuló las siguientes
pretensiones:
15
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
“Primera.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 5805-6 del 25 de Julio
de 2016, notificada el día, 01 de Agosto de 2016, por medio del cual se
desconocieron y negaron los intereses moratorios generados con ocasión
al pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación salarial.
Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor
tiene pleno derecho a que LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar, los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días
posteriores a su causación - 11 de febrero de 1997 al año 2009 - y en
adelante hasta el día que fue efectivo el pago total del retroactivo por
homologación y nivelación salarial, esto es, el día 15 de Abril de 2013.
Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y a LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar al actor los intereses moratorios a que
tiene derecho, liquidados con base al interés bancario corriente desde la
fecha de causación hasta la fecha efectiva de pago; en consideración que,
el pago de la nivelación salarial debe hacerse al igual que el salario, por
periodos de 30 días, por tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento, su no
pago genera automáticamente la obligación de cancelar los intereses
aludidos.
Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS y a LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor del actor, los intereses
moratorios reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin
incluir el valor que por concepto de indexación salarial se reconoció. (…)”38
(Negritas y mayúsculas en original).
b. Por su parte, en la contestación de la demanda el Departamento de Caldas se
opuso a su prosperidad, al respecto indicó que, en primer lugar, no le asiste
responsabilidad alguna, pues la fuente de financiación de los recursos para
realizar el pago provenía de la Nación y, en segundo término, que no es
procedente el reconocimiento de intereses moratorios, pues la obligación de
pago solo se generó después de agotado el trámite de la homologación y
nivelación salarial, momento en que se supo cuál sería el nuevo cargo y la
asignación salarial del demandante y, que en todo caso, como se aplicó la
indexación a la suma reconocida, entonces no procede “una doble sanción por
un mismo hecho” 39. A su turno, el Ministerio de Educación Nacional contestó
extemporáneamente la demanda.
38
Folio 7 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
39
Folios 96 al 100 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
c. El Tribunal Administrativo de Caldas, en la sentencia de primera instancia, entre
otras decisiones, negó las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de
un interés moratorio por el alegado pago tardío de la homologación ante la
inexistencia de una norma que así lo dispusiera, en especial, al encontrar
demostrado que con las Resoluciones 2155-6 y 4671-6 de 2013 y 9061-6 de
2014 se le reconoció al señor Marulanda Betancur, debidamente indexado, el
valor correspondiente al retroactivo de su nivelación salarial, razón por la que
era improcedente concederle también los intereses moratorios40.
d. Contra esta providencia el demandante interpuso recurso de apelación en el
que, en términos generales, insistió en que debían reconocérsele los intereses
de mora porque entre la fecha en la que adquirió el derecho a la homologación
y su pago efectivo transcurrieron 16 años, evidenciado una dilación injustificada,
además, porque los intereses y la indexación sí son acumulables, razón por la
cual solicitó dicho reconocimiento sobre las sumas netas antes de que se les
realizara la indexación y, que en todo caso, entre la mora o la indexación el juez
debió elegir la primera por ser más favorable para el trabajador, por último,
sostuvo que ante la ausencia de una norma especial que regulara dichos
intereses en los casos homologación y nivelación salarial se debía acudir por
analogía a las normas generales previstas en la legislación civil41.
e. Al resolver el recurso, con sentencia del primero (1) de julio de dos mil veintiuno
(2021), la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó que el problema jurídico –para lo que interesa a esta causa– se
circunscribía a “establecer si el demandante tiene derecho al reconocimiento de
intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo derivado del proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría
de Educación del Departamento de Caldas” 42.
Para dar solución a lo anterior, analizó el marco normativo y jurisprudencial del
proceso de homologación del personal administrativo de los establecimientos
educativos y del pago de los intereses moratorios en estos casos, procediendo
40
Folios 202 a 219 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
41
Folios 222 a 245 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
42
Folios 289 a 320 del pdf “Cuaderno1.pdf”, visible en el documento descrito como
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_72202 3(.zip) NroActua 28” del índice 28 de SAMAI.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
a valorar las pruebas obrantes en el expediente para concluir que la
homologación estaba sujeta a un proceso que tenía unos requisitos legales para
su perfeccionamiento, en especial, los mencionados en el “concepto expedido
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado43 y a la directiva
ministerial 10 de 30 de junio de 2005, [con la que] el Ministerio de Educación
Nacional puntualizó un procedimiento y presentó unos criterios para tener en
cuenta en el proceso de homologación y nivelación salarial, entre los cuales
estaba la elaboración de un estudio técnico y la determinación de los efectos
retroactivos de la deuda”, advirtiendo que durante dicho trámite también se
tuvieron que resolver múltiples reclamaciones por parte de los funcionarios
administrativos y sus apoderados, por lo que concluyó que “no se observa que
en manera alguna el Ministerio de Educación Nacional o el Departamento de
Caldas hayan incurrido en una dilación injustificada” para culminar con el
proceso de homologación de cargos.
A partir de lo anterior, se determinó que inicialmente la deuda por el retroactivo
se reconoció en marzo de 2013 –luego de lo cual se expidieron otros actos
aclaratorios– y como su pago ocurrió en abril del mismo año, entonces no se
presentó alguna tardanza en la cancelación de dicha obligación que hubiera
podido generar intereses de mora, además, como se ordenó la indexación sobre
las sumas reconocidas por el periodo correspondiente a los años 1997 a 2009,
entonces se “mantuvo el valor o poder adquisitivo constante de la moneda en
razón de la depreciación que sufrió por el paso del tiempo sin aumentar su valor
nominal, salvaguardando de este modo la equidad laboral que echa de menos
el demandante”.
Finalmente, concluyó en igual sentido que en asuntos similares44, en los que se
ha determinado que los intereses moratorios en los procesos de homologación
y nivelación salarial no son procedentes porque:
“i) Por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
previstos en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte
43
Pie de página de la cita: “Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto
de fecha 9 de diciembre de 2004, número 1607”.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 9 de marzo de 2020, radicado 08001-23-31-000-2014-00852-01 (2624-2019); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de
julio de 2019, radicado 660012333000-2016-00565-01 (4947-2018); Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de marzo de 2018,
radicado 73001-23-33-000-2014-00265-01 (3484-2015).
18
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
el cobro de estos para los casos de pagos retroactivos por homologación y
nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoció el
derecho.
En el sub lite se impone colegir que tampoco se generó a cargo de la entidad
el pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta la naturaleza
eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al
deudor incumplido. Bajo este entendido comoquiera que no se dijo nada al
respecto en la resolución que reconoció el retroactivo y tampoco hay norma
que expresamente lo consagre, no procede, el reconocimiento de los
intereses moratorios.
ii) No es procedente acudir a la regla que trae el artículo 1617 del Código
Civil, 45 pues en estricto sentido no se está hablando de un asunto negocial,
en el cual las partes involucradas puedan pactar a su arbitrio cláusulas
contractuales; como ya se expuso, el reconocimiento de las sumas de
dinero obedeció a la homologación y nivelación que debió realizarse para
que las plantas de personal administrativo, se ajustaran a la nueva
reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y
requisitos de los empleos del nivel territorial.”
Con base en lo expuesto, se resolvió que “el demandante no tiene derecho a
los intereses moratorios que solicita por cuanto quedó acreditado que no hubo
retardo en el pago de la obligación, toda vez que se realizó después de
adelantar el cumplimiento de las etapas señaladas en la Ley, e igualmente no
estaban incluidos en el documento que reconoció el derecho ni existe norma
que los consagre expresamente”.
5.3. Pues bien, como atrás se indicó, para el recurrente esta decisión adolece de
nulidad porque, según su dicho y, en primer lugar, obedece a una “sentencia formato”
en la que no se analizó adecuadamente su situación particular, con la consecuente
vulneración de su derecho al debido proceso.
Sobre este asunto, lo primero que debe señalarse es que, al margen de la valoración
de ese hecho, lo cierto es que la parte actora no probó el supuesto fáctico de su dicho,
pues salvo por el genérico reclamo planteado no se allegó prueba alguna de que, en
efecto, la sentencia acusada hubiera correspondido a un texto plantilla o formato, como
lo calificó el recurrente, en el que no se hubiere analizado de manera alguna su
situación particular.
45
Pie de página de la cita: “«Artículo 1617. Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la
obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a
las reglas siguientes 1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés
superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario quedando, sin
embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes
en ciertos casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. [...]»”.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04626-00
Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
No obstante, la Sala debe indicar que la simple circunstancia de que el juez acuda a
casos análogos para resolver un asunto sometido a su consideración, incluso en
términos muy similares, no implica per se una violación del derecho al debido proceso
ni puede configurar por sí sola la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, pues esa actuación, por el contrario, favorece el respeto por el precedente
judicial y el derecho a la igualdad, así como la seguridad jurídica como principio de la
actividad judicial, atendiendo, por supuesto, a las particularidades y minucias de cada
causa.
En este caso, revisado el fallo objeto de análisis lo que se advierte es que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió la situación
específica del señor Oscar Jhon Marulanda Betancur de manera particular y concreta,
analizando tanto los medios de prueba obrantes en el proceso ordinario No. 17001-23-
33-000-2017-00039-01 como el contexto en el que se expidieron las Resoluciones
2155-6 y 4671-6 de 2013 y 9061-6 de 2014, a través de la primera se efectuó el
reconocimiento de su derecho al ajuste de la homologación salarial y, con las otras, se
aclaró e indexó el valor que le correspondía por el retroactivo de la nivelación salarial;
además, el ad quem acudió a antecedentes de esa misma Sala sobre la materia, con
lo cual reforzó los argumentos de su decisión46.
De esta forma y en contra de lo indicado por el recurrente, lo cierto es que la decisión
acusada sí analizó las particularidades de su caso de manera expresa, sin que esa
conclusión se vea apocada por la similitud que esta providencia pudiera tener con otros
casos análogos, de hecho, ello puede explicarse en tanto, a la jurisdicción acuden
personas que presentan situaciones fácticas semejantes y tal como lo indica el propio
actor, el proceso de homologación y nivelación salarial se dio en las plantas de
personal de las entidades territoriales, lo que implica que se pudieran presentar
múltiples reclamos en igual sentido al de este caso concreto.
5.4. El análisis de la providencia atacada permite evidenciar también que no se vulneró
el principio de congruencia de la sentencia ni se produjo una decisión citra petita, pues
el ad quem no solo resolvió dentro de lo debatido en la causa puesta a su
46
El inciso primero del artículo 187 del CPACA sobre el punto establece: “la sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de
las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que
se apliquen.”
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Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
consideración sino que se pronunció frente a cada uno de los argumentos planteados
tanto por el hoy recurrente como por las entidades entonces demandadas, los cuales
estuvieron relacionados, principalmente, con los antecedentes de la expedición de las
Resoluciones 2155-6 y 4671-6 de 2013 y 9061-6 de 2014, la delimitación del periodo
en el que se habría constituido la mora alegada y la procedencia o no de reconocer
intereses moratorios en estos asuntos.
En efecto, contrario a lo alegado por el recurrente, en la sentencia del primero (1) de
julio de dos mil veintiuno (2021) se explicaron con claridad las razones por las que el
juez consideró que no podía alegarse mora por el lapso comprendido entre febrero de
mil novecientos noventa y siete (1997) y abril dos mil trece (2013), como se solicitó en
la demanda, y que, en consecuencia, el análisis de este asunto debía circunscribirse
al término que transcurrió entre la expedición de las Resoluciones 2155-6 y 4671-6 de
2013 y 9061-6 de 2014 y su pago efectivo, todo bajo la consideración de que la
obligación solo se hizo exigible con la expedición de dichos actos y que, en tanto
aquella se satisfizo dentro del mes siguiente, no podía reputarse un pago tardío.
Adicionalmente, consideró que como el valor reconocido por nivelación salarial fue
debidamente indexado no era viable reconocer, además, intereses moratorios, ya que
de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado tales
figuras resultan incompatibles, conclusión que va en consonancia con lo debatido en
el proceso, en especial con lo alegado por el demandante en el recurso de apelación
en donde se argumentó que los intereses y la indexación sí eran acumulables.
En ese sentido, es claro que la sentencia acusada fue respetuosa del principio de
congruencia tanto en su manifestación externa ꟷesto es, con lo pedido en la demanda,
en el recurso de apelación y con lo debatido en el procesoꟷ, como en su dimensión
interna ꟷal ser consonante entre lo dicho en su parte motiva y en la resolutivaꟷ.
5.4. Por lo demás, la Sala advierte que tampoco están llamados a prosperar los
argumentos que pretenden edificar la causal de nulidad sobre la base de que la
Subsección A de la Sección Segunda falló con base en normas que no eran aplicables
al caso concreto y con fundamento en tesis acomodadas, ya que de la simple lectura
de los razonamientos que los sustentan resulta evidente que a través de estas
afirmaciones lo que se pretende es controvertir la argumentación que utilizó el juez
natural de la causa para negar las pretensiones, con lo que, a su vez, se buscar reabrir
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el debate cuya conclusión en segunda instancia fue adversa a los intereses de la parte
actora, lo cual escapa a la finalidad de este mecanismo judicial extraordinario47.
Lo que se observa, es que el d quem analizó, de un lado, las normas concernientes al
proceso de homologación y nivelación salarial y, del otro, estudió las normas que el
recurrente echa de menos en punto a la mora reclamada, en especial se refirió a los
artículos 1617 del Código Civil, 884 del Código de Comercio y 192 y 195 del CPACA,
a partir de lo cual, el juez expuso “las razones de hecho y de derecho, por las cuales
no hay lugar a intereses de mora”, lo que a su vez desvirtúa la utilización de
interpretaciones contra legem, pues se concluyó que no era viable acudir a las normas
de la legislación civil al no tratarse de un asunto negocial, sino de un trámite
administrativo respecto del cual ninguna norma establecía la sanción por mora, de otra
parte, también se explicó que resultaba improcedente que dichos intereses primaran
sobre la indexación.
En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica y unívoca en sostener
que el recurso extraordinario de revisión no procede como una tercera instancia a
efectos de intentar una decisión favorable a los intereses de quien recurre, en tanto,
dado su excepcionalidad, la prosperidad de este mecanismo está condicionada a la
configuración estricta de las específicas causales previstas en la ley.
Conforme con todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Especial de Decisión debe
concluir que en la sentencia del primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no se
materializó la causal de revisión alegada, razón por la que se declarará infundado el
recurso presentado por el señor Oscar Jhon Marulanda Betancur.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya se encontraba vigente y en aplicación la Ley 2081 de 2021, para
47
En este mismo sentido y al resolver casos análogos se han pronunciado las Sala Especiales en, entre
otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 3, sentencia del 29
de junio de 2022, radicación 11001-03-15-000-2022-00721-00; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 3, sentencia del 3 de agosto de 2022, radicación 11001-03-15-000-2021-11463-00; consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia de 23 de septiembre de 2022, radicación 11001-
03-15-000-2022-02420-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 6, sentencia del 18 de
noviembre de 2022, radicación 11001-03-15-000-2022-04897-00.
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Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
resolver sobre las costas debe darse acudirse al texto del inciso final del artículo 255
del CPACA con la modificación introducida por dicha ley, que sobre el punto dispone:
“ARTÍCULO 255. SENTENCIA. (…) Si se declara infundado el recurso, se
condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Según se desprende de la norma en cita, la imposición de costas en el recurso
extraordinario de revisión responde a un criterio objetivo y verificable, esto es, la
desestimación del recurso.
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará
a la Secretaría General que proceda con la respectiva liquidación, teniendo en cuenta
las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, en
particular, aquella que establece que en el expediente debe aparecer que se causaron
“y en la medida de su comprobación”48.
En lo que respecta a las agencias en derecho y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que debió incurrir la otrora autoridad demandada, esto es, la Nación -
Ministerio de Educación Nacional, la Sala impondrá a cargo de la parte vencida y en
favor de la referida entidad el reconocimiento de agencias en derecho, de conformidad
con los parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del cinco (5) de
agosto de dos mil dieciséis (2016), proferido por el Consejo Superior de la Judicatura49.
Así, atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso, se fijará por ese
concepto a cargo de la recurrente la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente (smlmv).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, la Sala Especial de Decisión No. 16,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado el primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021), dentro del
48
Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
49
“Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20
S.M.L.M.V.”.
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Recurrente: Oscar Jhon Marulanda Betancur
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. No. 17001-23-33-000-2017-
00039-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán ser
liquidadas por la Secretaría General de la Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 188 y 255 del CPACA, y 365 y 366 del CGP. Para el efecto,
inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente (smlmv), en favor de la Nación - Ministerio de Educación Nacional.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero Consejera
CÉSAR PALOMINO CORTÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero Consejero
Aclaración de voto Salvamento parcialmente de voto
P13
24
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