Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04629-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04629-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04629-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
6 de octubre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04629-00
Demandante: Alfonso Elías Coronado Ayala
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04629-00
Demandante: ALFONSO ELIAS CORONADO AYALA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas: Derecho fundamental de petición.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor
Alfonso Elías Coronado Ayala contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Seccional Córdoba, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto
333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Alfonso Elías Coronado Ayala interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Seccional Córdoba, por estimar vulnerado el derecho
fundamental de petición. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Que se ordene a (sic) Consejo Superior de la Judicatura Seccional Córdoba, a dar respuesta
clara, expresa y de fondo de manera inmediata al derecho de petición presentado por mi
persona, el día diez (10) de diciembre del año 2021”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Alfonso Elías Coronado Ayala manifestó que el 10 de diciembre de 2021
solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Córdoba – Sala
Administrativa, una certificación laboral en la que detallara las funciones,
obligaciones de los cargos ocupados en la Rama Judicial, específicamente, el de
auxiliar judicial grado 1 y oficial mayor, ambos, en descongestión.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora señala a la fecha no ha recibido respuesta alguna a la petición, por
lo que considera que se vulneró el derecho fundamental invocado, pues, han
transcurrido más de 6 meses desde que radicó la petición.
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Demandante: Alfonso Elías Coronado Ayala
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 30 de agosto de 2022, admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería y publicar la providencia
en la página web del Consejo de Estado.
5. Oposición
El Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Montería allegó
respuesta a la acción de tutela de la referencia en la que informó que es cierto que
se recibió la solicitud al correo electrónico de talento humano el 10 de diciembre de
2021, sin embargo, dijo que también es cierto, “que la Dirección Seccional, en esa área,
no se cuenta con suficiente personal para dar respuesta oportuna al cúmulo de solicitudes que
llegan porque la demanda supera la capacidad de respuesta a los usuarios” .
Indicó que, a la fecha, ya le dio respuesta a la petición, la cual fue enviada mediante
el Oficio DESAJMOO22-745 del 6 de septiembre de 2022, junto con el respectivo
certificado laboral de los cargos desempeñados por el peticionario.
Solicitó declarar la configuración del hecho superado, en la medida en que ya dio
respuesta a la solicitud.
La Presidencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Montería rindió informe en los mismos términos del Director de la entidad.
La Directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura solicitó desvincular al Consejo Superior – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial por falta de legitimación en la causa por pasiva
o negar por improcedente el amparo frente a esa Unidad, porque no afectó,
desconoció o vulneró el derecho fundamental invocado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si el
Consejo Superior de la Judicatura –Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Montería transgredió el derecho fundamental de petición invocado por
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Demandante: Alfonso Elías Coronado Ayala
el señor Alfonso Elías Coronado Ayala o, si, por el contrario, en el presente caso se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, como lo alegó el Director
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Montería.
Derecho de petición
De conformidad con lo anterior, se tiene que en el marco del artículo 23 de la
Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones privadas, por motivos
de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Se trata de un
derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario 1.
Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho
de petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso
significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una
diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido” 2. Aun así,
la Corte Constitucional ha aclarado que “una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante”3.
Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser
notificada al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la
vulneración del derecho fundamental de petición.
Presupuestos fácticos acreditados en el sub lite
La Sala se permite transcribir el contenido de la petición que ejerció el señor
Coronado Ayala a fin de determinar si, en efecto, la respuesta proporcionada por el
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Montería satisface el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición, en los siguientes términos:
La petición del 10 de diciembre de 2021 refiere textualmente:
“(…)
1 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.
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Demandante: Alfonso Elías Coronado Ayala
Cordial saludo,
Por medio del presente, muy respetuosamente solicito certificación laboral donde se detalle el tiempo
laborado y las funciones y/o obligaciones en los siguientes cargos que ocupé en la Rama Judicial,
acorde a lo estipulado en la Ley 270/1996:
1. Auxiliar Judicial en la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 4 de mayo de
2009 al 18 de diciembre de 2009.
2. Oficial Mayor del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Descongestión de Lorica, desde el 24
de octubre de 2011 al 30 de abril de 2013.
He de manifestarles que a finales del mes de enero del año 2019 realice la misma petición donde me
manifestaron que quien debía darme dicha certificación era el Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería Córdoba; donde posteriormente presenté
la petición y me dan respuesta fechada a diciembre 12 de 2019, pero no dan y/o desorben (sic) las
funciones propias de los cargos mencionados anteriormente, manifestándome solamente que las
funciones de dichos cargos se encuentran descritas en la Ley 270 de 1996 y en los Acuerdos del
Consejo Superior de la Judicatura y que para el cargo de Auxiliar Judicial I quien debe darme dicha
certificación es la Secretaria del Tribunal Administrativo.
Esta solicitud la he venido realizando desde hace tiempo sin obtener respuesta alguna, y en estos
momentos me urge tenerla para aportar dicha certificación en una entidad a nivel nacional que está
solicitando las funciones propias de los cargos desempeñados, además para adjuntarlas en la página
de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Con la respuesta que me dieron se me está vulnerando de
cierta manera mis derechos fundamentales, al trabajo, entre otros.
(…)”. (Se transcribe literal con posibles errores)
Del expediente de tutela es posible evidenciar que la “Presidencia del Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba”, en Oficio CSJOOP22-885 del 5 de
septiembre de 2022, dio respuesta a la petición en los siguientes términos:
“(...)
Doctor
ALFONSO ELIAS CORONADO AYALA
Correo: rfonchy18@hotmail.com
Ciudad
Respetado doctor,
Asunto: “Respuesta a su solicitud de certificación”
En atención al asunto arriba señalado que correspondió al Despacho a mi cargo, en que solicita
nuevamente certificación laboral donde se detalle el tiempo y sus funciones de los cargos ocupados
en la Rama Judicial, que fuera respondida en dicha ocasión con idéntica petición a la presente.
Le informamos que las funciones y competencias de los Consejos Seccionales de la Judicatura se
encuentran en el artículo 101 de Ley 270 de 1996 – Ley Estatutaria de administración de Justicia.
1.- Que la Ley 270 de 1996 en su artículo 101 dispone:
ARTÍCULO 101. FUNCIONES DE LAS SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES. Las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes funciones:
1. Administrar la Carrera Judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las directrices
del Consejo Superior de la Judicatura.
2. Llevar el control del rendimiento y gestión de los despachos judiciales mediante los mecanismos e índices
correspondientes.
3. Practicar visita general a todos los juzgados de su territorio por lo menos una vez al año,
con el fin de establecer el estado en que se encuentra el despacho de los asuntos a su
cargo y procurar las soluciones a los casos de congestión que se presenten.
4. Elaborar y presentar a los Tribunales las listas de candidatos para la designación de Jueces en todos los cargos en que
deba ser provista una vacante definitiva, conforme a las
normas de carrera judicial y conceder o negar las licencias solicitadas por los jueces.
5. Elaborar e impulsar planes y programas de capacitación, desarrollo y bienestar personal
de la Rama Judicial conforme a las políticas del Consejo Superior.
6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y
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Demandante: Alfonso Elías Coronado Ayala
cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama.
7. Poner en conocimiento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria por intermedio de su
presidente o de sus miembros, las situaciones y conductas que puedan constituir faltas disciplinarias, así como a las
autoridades penales, las que puedan configurar delitos.
8. Realizar la calificación integral de servicios de los jueces en el área de su competencia.
9. Presentar al Consejo Superior de la Judicatura proyectos de inversión para el desarrollo armónico de la infraestructura
y adecuada gestión de los despachos judiciales.
10. Elegir a sus dignatarios para períodos de un año.
11. Vigilar que los Magistrados y jueces residan en el lugar que les corresponde pudiendo autorizar residencias temporales
fuera de su jurisdicción en casos justificados, dando cuenta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura;
y,
12. Las demás que le señale la ley o el reglamento, o que le delegue a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
De la norma transcrita se colige, que los Consejos Seccionales de la Judicatura no tienen facultad
alguna para expedir certificaciones laborales de los empleados de la Rama Judicial; La función
la tiene el Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Montería, según lo estipulado en artículo cuarto del Acuerdo No. PSAA09-6203 de septiembre
de 2022.
1. ARTICULO CUARTO. - Son funciones del Área de Talento Humano
I. ASUNTOS LABORALES:
1. (sic) Llevar el registro y control de las novedades de personal de las Corporaciones y despachos
judiciales del ámbito territorial de su competencia y expedir las correspondientes certificaciones.
Revisados los documentos adjuntos a su solicitud, se observó que la Coordinado del Área de Talento
Humano expidió Certificado laboral de 06 diciembre de 2019 detallando el tiempo y funciones descritas
por la Ley y los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura.
Asimismo, le informo que su solicitud fue nuevamente remitida a la Coordinación de Talento Humano
a través del oficio CSJCOOP22-884 de la fecha quien es el competente para dar trámite a su solicitud
de certificación.
Para mayor ilustración se remite copia del oficio antes mencionado.
(…)”
Así mismo, que, en Oficio DESAJMOO22-745 del 6 de septiembre de 2022, la
Coordinadora Talento Humano de la “Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Montería”, dio respuesta a la solicitud, en los siguientes
términos:
“Señor:
ALFONSO ELIAS CORONADO AYALA Calle 36 Cra. 6W N° 36-22
Barrio Juan XXIII
Ciudad
Respetado señor Coronado Ayala,
Asunto: “Respuesta a solicitud de certificación laboral”
En atención a su solicitud de expedición de certificación laboral presentada vía correo electrónico el
día 10 de diciembre de 2021, de manera atenta me permito remitir en adjunto a este oficio el certificado
laboral de cargos, indicándole además que desde la oficina de Talento Humano de esta Dirección
Seccional no se tiene la competencia para la certificación de funciones desempeñadas en los
despachos judiciales porque esta solo le atañe a los respectivos nominadores y/o al Consejo
Superior de la Judicatura teniendo en cuenta lo contemplado en las siguientes normas:
Ley 270 de 1996, artículo 85:
“CAPÍTULO II.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL
ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura:
(...)
9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que
no hayan sido fijados por la ley.”
Ley 270 de 1996, artículo 131:
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Demandante: Alfonso Elías Coronado Ayala
“AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA JUDICIAL. Las autoridades nominadoras
de la Rama Judicial, son:
(...)
8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo Juez.”
Cordialmente,
(…)”
Obra remisión de la respuesta de la petición al correo electrónic o
drfonchy18@hotmail.com, con fecha del 6 de septiembre de 2022, como se
evidencia de la siguiente captura de pantalla:
La acción de tutela fue radicada el 24 de agosto de 2022.
Del derecho fundamental de petición en el presente caso
Como se anticipó, el señor Alfonso Elías Coronado Ayala invoca desconocido el
derecho fundamental de petición, porque, pese a que radicó solicitud ante el
Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Córdoba, a fin de expidiera
certificación laboral en la que detallara las funciones y las obligaciones de los
cargos de auxiliar judicial grado 1 y oficial mayor en descongestión que ocupó en
la Rama Judicial, manifiesta, no ha obtenido respuesta.
Del acápite de hechos probados se observa que, con ocasión a la interposición de
la acción de tutela de la referencia4, el Consejo Seccional de la Judicatura – Sala
Administrativa dio respuesta a la petición que ejerció el peticionario, mediante los
Oficios CSJOOP22-885 del 5 de septiembre de 2022 y DESAJMOO22-745 del 6
de septiembre de 2022.
Lo anterior, en principio, daría lugar a señalar que, como lo solicitó la presidencia
de la entidad accionada, en el presente caso se configuraría la carencia actual de
objeto5. Sin embargo, de la lectura de las respuestas suministradas por la
demandada, se observa que, tales no satisfacen el núcleo esencial del derecho
4 Según consta en el expediente magnético, la acción de tutela del radicado de la referencia se interpuso el 24
de agosto de 2022.
5 Al respecto, se anota que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la carencia
actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier
orden emitida por el juez no tendría algún efecto o simplemente “caería en el vacío”. Específicamente, en
relación con el hecho superado, señala que este escenario se presenta cuando entre el momento de
interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada,
se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se
configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental
alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
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fundamental de petición, pues, no cumple los requisitos previstos por la
jurisprudencia para el efecto, como se pasa a explicar.
Como se anticipó en el acápite anterior, la protección del derecho fundamental de
petición comprende que se proporcionen respuestas de manera clara, precisa,
completa y oportuna y, precisamente, de la lectura de la petición del 10 de diciembre
de 2021 y de la respuesta entregada mediante los Oficios CSJOOP22-885 del 5 de
septiembre de 2022 y DESAJMOO22-745 del 6 de septiembre de 2022, no se
encuentra que tales sean ni completas ni oportunas.
Pues bien, en la petición que elevó el señor Coronado Ayala solicitó no solo la
certificación laboral de los cargos de auxiliar judicial grado 1 y oficial mayor en
descongestión, sino que pidió que se detallaran las funciones que ejerció en dichos
cargos.
Al respecto, “la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, Seccional
Córdoba – Sala Administrativa”, señaló: “(…) los Consejos Seccionales de la Judicatura no
tienen facultad alguna para expedir certificaciones laborales de los empleados de la Rama Judicial;
La función la tiene el Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Montería, según lo estipulado en artículo cuarto del Acuerdo No. PSAA09-6203 de
septiembre de 2022”.
Por su parte, “la Coordinadora Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Montería”, en Oficio DESAJMOO22-745 del 6 de
septiembre de 2022, dijo que “la oficina de Talento Humano de esta Dirección Seccional
no se tiene la competencia para la certificación de funciones desempeñadas en los
despachos judiciales porque esta solo le atañe a los respectivos nominadores y/o al Consejo
Superior de la Judicatura”.
En ese orden, coinciden la Presidencia y la Coordinadora Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería en señalar
que la entidad carece de competencia para certificar las funciones que ejerció el
señor Coronado Ayala mientras estuvo vinculado a la Rama Judicial.
Sin embargo, la Sala considera que dichas respuestas no pueden ser consideradas
de fondo, claras, precisas y mucho menos completas, en la medida en que, el
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015, prevé «Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de
inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y
enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la
recepción de la Petición por la autoridad competente».
Ahora bien, pese a que la “Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba”, en Oficio CSJOOP22-885 del 5 de septiembre de 2022 indicó que no era
competente para dar respuesta, que lo era “el Área de Talento Humano de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Montería, según lo estipulado en artículo cuarto del Acuerdo No. PSAA09-6203
de septiembre de 2022” y que no demostró haber remitido por competencia la petición a
quien adujo era la competente, lo cierto es que, en el presente caso, obra respuesta
de la Coordinadora Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Montería, en Oficio DESAJMOO22-745 del 6 de
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septiembre de 2022, en la que también dijo que esa función “solo le atañe a los
respectivos nominadores y/o al Consejo Superior de la Judicatura”.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-951 de 2014, dijo que esa
Corporación ha precisado que la falta de competencia de una autoridad para
desatar un asunto no sirve de sustento para desatender un derecho de petición. En
esos eventos, la administración deberá fundamentar la carencia de competencia,
remitir a la entidad que tiene la potestad para tramitar el asunto e informar de esa
decisión al peticionario6. Con el cumplimiento de esas condiciones, la autoridad
satisface el derecho de petición: “Para la Corte, la simple respuesta de incompetencia
constituye una evasiva a la solicitud, con lo cual la administración elude el cumplimiento de su deber
y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa”7.
De manera que, lo que correspondía a la Coordinadora Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería era que, en
cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, remitiera por competencia la
solicitud a la entidad que indica como la competente, en este caso, “los respectivos
nominadores y/o al Consejo Superior de la Judicatura”, para que le dieran trámite a la
solicitud que ejerció el señor Coronado Ayala.
Sumado a lo anterior, la petición fue radicada desde el 10 de diciembre de 2021 y,
solo el 5 de septiembre de 2022, con posterioridad al ejercicio de la acción de tutela,
la demandada entregó la respuesta, que, como se dijo, no resultó ser de fondo,
clara, precisa ni completa y, por lo expuesto, tampoco resultó ser oportuna.
En suma, en el presente caso se encuentra vulnerado el derecho fundamental de
petición del señor Alfonso Elías Coronado Ayala, en ese sentido, se impone,
acceder al amparo solicitado y, en consecuencia ordenar a la Coordinación de
Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Montería que, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la presente
providencia, remita la petición del 10 de diciembre de 2021 a las dependencias
competentes, para que le den trámite a la solicitud y para que notifiquen de dicha
actuación al peticionario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Alfonso Elías Coronado
Ayala, en consecuencia,
2. Ordenar a la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Montería que, dentro de los dos (2) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, remita la petición del 10 de
diciembre de 2021 a las dependencias competentes, para que le den trámite a la
solicitud y para que notifiquen de dicha actuación al peticionario.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6 Sentencias T-628 de 2002 y T-760 de 2009.
7 Sentencias T-476 de 2001.
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Demandante: Alfonso Elías Coronado Ayala
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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