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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04686-00

Fecha
3 de octubre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04686-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la sociedad Petrolífera Petroleum (Colombia) Limited en contra del Consejo de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04686-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

3 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04686-00
Accionante: PETROLÍFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso / principios
constitucionales a la libertad de empresa y libre
competencia / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / defecto procedimental
/ violación directa de la Constitución / principio de
congruencia en decisiones judiciales / incumplimiento
del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
sociedad Petrolífera Petroleum (Colombia) Limited, que actúa por
conducto de apoderado1, en contra del Consejo de Estado – Sección
Cuarta.

1
El abogado Javier Blel Vitar.

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I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección del derecho fundamental al debido proceso y
de los principios constitucionales a la libertad de empresa y libre
competencia se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante presentó medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) con el fin de obtener:

«A. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión No. (sic)
312412013000023 del 19 de marzo de 2013, proferida por la Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá, mediante la cual se modifica
el Impuesto sobre la Renta correspondiente al año gravable 2007, declarado por
SOLANA y se impone sanción por inexactitud, disminuyendo consecuencialmente
el saldo a favor.

B. Que se declare la nulidad total de la Resolución del Recurso de Reconsideración
No. (sic) 900.109 del 14 de abril de 2014, expedida por la Dirección de Gestión
Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de la cual
se resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto el 21 de mayo de 2013, en
contra de la Liquidación Oficial No. (sic) 312412013000023 del 19 de marzo de
2013, mencionada anteriormente.

C. Que a título de restablecimiento del derecho se reconozca que la declaración de
corrección del Impuesto sobre la Renta del año gravable 2007, presentada por
SOLANA el 26 de septiembre de 2012, identificada con el formulario No. (sic)
10700545979-2 se encuentra en firme».

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Cuarta – Subsección B que, a través de sentencia de 21 de
junio de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y ordenó:

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«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos
contenidos en la Liquidación Oficial de Revisión No. (sic) 312412013000023 del
19 de mayo de 2013, por medio de la cual se modificó el denuncio privado del
impuesto sobre la renta correspondiente al periodo 2007 a cargo de la sociedad
Solana Petroleum Exploration Colombia Limited; y en la Resolución No. 900.109
del 14 de abril de 2014, confirmatoria del acto de liquidación.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes reliquidar el impuesto sobre la
renta a cargo de la sociedad Petrolífera Petroleum Colombia Limited para el año
2007, a cuyo efecto deberá atender los términos señalados en la parte motiva de
esta providencia».

Contra dicha decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación
que fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Cuarta que, por
medio de providencia de 17 de febrero de 2022, modificó el ordinal
segundo de la sentencia de primera instancia en lo relacionado con la
liquidación de la sanción por inexactitud y confirmó el resto de la
decisión.

2. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«1.1. Amparar en favor de Petrolífera Petroleum (Colombia) Limited los
derechos que se vieron vulnerados con la expedición de la demanda en segunda
instancia dentro del proceso de la referencia: concretamente el derecho al debido
proceso, el derecho a un juicio justo, el derecho a no ser condenado.

1.2. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, el 17 de febrero de 2022, proferida dentro del
expediente 250002337000 2014 00947 01 y declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados.

1.3. Solicitud Residual: En caso de que se concuerde con las violaciones aquí
alegadas y sustentadas, pero se opte por devolver el caso para fallo a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, se exija a la Sección Cuarta del Consejo de Estado
que revise su decisión». (sic en toda la cita).

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3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que con la sentencia de 17 de febrero de
2022, el Consejo de Estado – Sección Cuarta incurrió en un defecto
procedimental en la medida que se extralimitó en sus funciones al
liquidar una renta presuntiva mayor a la que fue calculada por la DIAN,
haciendo más gravosa su situación y disminuyendo de forma
injustificada el saldo a favor.

Indica que la causal específica de procedibilidad se configura por la
violación del principio de congruencia, el cual hace referencia a las
limitaciones que posee el juez al momento de proferir sentencia en
segunda instancia, ya que este se debe regir sólo por lo pretendido por
las partes.

En ese sentido, expone que el desconocimiento de dicho precedente
constituye una vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
porque la justificación de una decisión judicial no surge del proceso
mismo, al no analizarse en la debida forma lo que se pidió, debatió o
probó.

Por lo anterior, también señala que existe una violación directa de la
Constitución porque se desconoce el artículo 29 que consagra el
derecho al debido proceso, toda vez que el Consejo de Estado – Sección
Cuarta profirió una sentencia ultra petita, lo que significa que el
operador judicial otorgó más de lo pedido sin que estuviera facultado
para concederlo oficiosamente.

4. INFORMES

Mediante auto de 2 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo

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de Estado – Sección Cuarta como accionado y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y a la DIAN como terceros interesados en las resultas
del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. La DIAN, por medio del subdirector de representación externa,
solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Indicó que si el accionante considera que existió una incongruencia
entre lo analizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y lo
decidido en la sentencia ordinaria, pudo haber solicitado la aclaración
del fallo en virtud del artículo 285 del Código General del Proceso.

Finalmente, frente a la discusión sobre un posible fallo ultrapetita con
respecto al cálculo de renta presuntiva, sostuvo que existe un
mecanismo extraordinario de defensa idóneo con el que el accionante
cuenta para materializar su pretensión, el cual es el recurso
extraordinario de revisión con fundamento en la causal quinta del
artículo 250 del CPACA.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Cuarta, mediante su secretaría, remitió el expediente digital contentivo
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
número 25000-23-37-000-2014-00947-00.

4.3. Las demás partes guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Cuarta, con la expedición de la
sentencia de 17 de febrero de 2022 que resolvió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado

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número 25000-23-37-000-2014-00947-01, incurrió en un
defecto procedimental y en una violación directa de la
Constitución y, por consiguiente, en la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y de los principios constitucionales
a la libertad de empresa y libre competencia de la parte
accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el principio de subsidiariedad y iv) el
caso concreto.

3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
vigente2, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando se
desbordan los límites que la carta le impone.

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela». (Resalta la Sala).

La causal de improcedencia de la acción relacionada con la existencia
de otros medios de defensa responde al carácter subsidiario de la acción
de tutela, con el propósito respetar la división de competencias que la
misma carta política ha delineado y el principio de especialidad de la
jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría invadir
a los jueces que recibieron el encargo constitucional de poner fin a las

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controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron
revestidos de autonomía e independencia.

De igual forma, se refiere a aquellos eventos en los que la petición
presentada en la acción de tutela puede ser resuelta, no sólo a través
de las acciones ordinarias u otros mecanismos de defensa judicial, sino
además cuando las partes dentro de un proceso han contado
con los mecanismos de defensa y no han hecho uso de ellos,
buscando ante tal omisión acudir a esta vía para que se reviva la
oportunidad procesal ya precluida.

El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los
deberes jurídicos que tienen las partes en el trámite de los
procesos judiciales para impugnar o controvertir las decisiones
con las que están en desacuerdo y cuya oportunidad se establece
en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de que se trate.

Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento
de los recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto
que el mismo funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la
actuación censurada y la modifiquen o revoquen. En ese sentido, el juez
constitucional no podrá declarar procedente una solicitud de amparo
cuando la parte interesada en controvertir la decisión judicial no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los
formalismos establecidos en la legislación procesal, por
desconocimiento o falta de diligencia.

Frente a ello ha señalado la Corte Constitucional:

«Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las etapas,
recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección
de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con
las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza

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que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio
judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’ (negrillas
del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de
un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del
proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan
afectarle»4.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por la
sociedad Petrolífera Petroleum (Colombia) Limited, que actúa por
conducto de apoderado, en contra del Consejo de Estado – Sección
Cuarta, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido
proceso y de los principios constitucionales a la libertad de empresa y
libre competencia, ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia
de 17 de febrero de 2022 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25000-23-37-000-
2014-00947-01.

La sociedad accionante alega la configuración de una violación directa
de la Constitución y un defecto procedimental por el desconocimiento
del principio de congruencia, toda vez que la parte accionada, en el
momento de dictar la decisión acusada, se extralimitó en sus funciones
al liquidar una renta presuntiva mayor a la que fue calculada por la
DIAN, haciendo más gravosa la situación de la Petrolífera Petroleum
(Colombia) Limited y disminuyendo de forma injustificada el saldo a
favor.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera que dicha controversia
encaja dentro de los supuestos que el CPACA consagra para la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, pues en la misma

4
Corte Constitucional, sentencia T-001 de 2017.

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es posible alegar la transgresión del principio citado, que es
precisamente el argumento que fundamenta este cargo, basado en la
causal de nulidad contenida en el ordinal 5º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, a saber:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».

Sobre este punto, si bien no en todos los casos en los cuales el análisis
recaiga sobre la congruencia del fallo es improcedente la acción de
tutela, en el presente asunto no se acredita la amenaza inminente de
los derechos fundamentales de los cuales se pide su protección, ni
tampoco se encuentra que el amparo deba concederse en este
momento procesal al ser un asunto que data de 2014 y no existe como
tal una urgencia que amerite un pronunciamiento de fondo.

Así las cosas, dado que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos
ordinarios de protección judicial como dispositivos legítimos y
prevalentes para la salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento
obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que
cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.

En ese sentido, es necesario reiterar que la jurisprudencia
constitucional5 ha sido clara en precisar que las personas deben hacer
uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema
judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona

5
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción
de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional.

Frente a esto, si bien la Corte Constitucional6 ha señalado que, aun
cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela puede
proceder de forma excepcional si se acredita un perjuicio irremediable,
también ha dispuesto que este debe cumplir los siguientes supuestos:

i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes.
iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.

De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un
perjuicio irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo
cuando la parte accionante no hizo uso de los medios de defensa judicial
que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de las pretensiones
aquí planteadas, por lo que se rechazará por improcedente la acción de
tutela instaurada por la sociedad Petrolífera Petroleum (Colombia)
Limited, actuando por conducto de apoderado, en contra del Consejo
de Estado – Sección Cuarta.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

6
Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.

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III. FALLA

PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por la sociedad Petrolífera Petroleum
(Colombia) Limited en contra del Consejo de Estado –
Sección Cuarta, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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