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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04686-01

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04686-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de octubre de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04686-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de enero de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04686-01
Demandante: PETROLÍFERA PETROLEUM (COLOMBIA)
LIMITED

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04686-01
Accionantes: PETROLÍFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA

Tesis: Es improcedente la acción de tutela contra sentencia de
última instancia cuando se alega violación al principio de
congruencia, ante la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial como es el recurso extraordinario de
revisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora
en contra el fallo de 3 de octubre de 2022, dictado por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Petrolífera Petroleum (Colombia) Limited solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso que consideró vulnerado con la expedición
de la sentencia de 17 de febrero de 2022, por medio de la cual la Sección
Cuarta del Consejo de Estado modificó la liquidación del impuesto sobre
la renta correspondiente al año 2007 y la sanción por inexactitud impuesta
contra la demandante, al decidir sobre la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que ésta promovió contra la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN1.

1 Radicado: 250002337000 2014 00947 01

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Demandante: PETROLÍFERA PETROLEUM (COLOMBIA)
LIMITED

La parte actora señaló que la sentencia de 17 de febrero de 2022 incurrió
en un defecto procedimental y violó el principio de congruencia, toda vez
que se adoptó una decisión ultra petita al haberse ordenado tener en
liquidación del impuesto una renta presuntiva mayor a la calculada en los
actos administrativos demandados.

Por la misma razón, reprochó que la decisión incurrió en violación directa
del artículo 29 de la Constitución toda vez que, a su juicio, la decisión
adoptada no se corresponde con lo planteado en la demanda ordinaria. Al
respecto explicó que en los actos demandados se modificaron varias
glosas de la declaración de renta del 2007 y la relacionada con la renta
presuntiva se determinó un valor de $ 1.348.528.000, de manera que la
discusión se centraba en determinar si ese valor contaba con sustento
fáctico. Con todo, en la providencia censurada la Sección Cuarta estimó
la renta presuntiva en $ 1.682.053.000, todo lo cual implicó para la
accionante la obligación de asumir una cifra superior a la inicialmente
calculada por la DIAN, disminuyendo su saldo a favor.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante auto de septiembre 2 de 2022 el Magistrado sustanciador en la
Sección Segunda admitió la tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la DIAN, estos
últimos como terceros interesados en las resultas del proceso.

2.1. La DIAN solicitó que se rechace la acción de tutela en tanto resulta
improcedente pues, por un lado, carece de relevancia constitucional, ya
que plantea un debate que fue discutido en el proceso ordinario, y por el
otro, la solicitud incumple el requisito de subsidiariedad, por cuanto la
accionante bien pudo haber solicitado la aclaración del fallo para discutir
la incongruencia que reprocha. Igualmente, señaló que el planteamiento
sobre el fallo ultra petita en relación con el cálculo de la renta presuntiva
es susceptible de discutirse a través el recurso extraordinario de revisión,
con fundamento en la causal 5ª del artículo 250 del CPACA.

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2.2. La Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
remitió el expediente digital contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25000-23-37-000-2014-
00947-00.

2.3. Los demás sujetos procesales no rindieron informe ni se
pronunciaron sobre los hechos de la tutela.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 3 de octubre de 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado rechazó por improcedente la presente
acción de tutela, al concluir que no cumplió el requisito de subsidiariedad.

Al respecto explicó que la controversia planteada en la solicitud encaja
dentro de los supuestos previstos en el CPACA para la procedencia del
recurso extraordinario de revisión, pues a través de este mecanismo se
puede ventilar la cuestión relativa a la violación del principio de
congruencia, invocando la causal señalada en el ordinal 5º del artículo 250.
Además, advirtió que en el presente asunto no se acredita una amenaza
inminente de derechos fundamentales, pues se trata de un asunto que data
del año 2014, por lo que no se verifica una urgencia ni la existencia de un
perjuicio irremediable que justifique un pronunciamiento inmediato a través
de este mecanismo constitucional.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia aduciendo, en
primer lugar, que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo
idóneo para perseguir la defensa de los derechos que se invocan, pues su
prosperidad depende de la correspondencia entre la situación alegada y
alguna de las causales taxativamente establecidas para el efecto.

En ese orden, adujo que la causal 5ª del artículo 250 del CPACA se refiere
a la procedencia del recurso “cuando la sentencia se haya dictado en

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trascurso de alguna nulidad procesal”, por lo cual es necesario remitirse al
artículo 133 del CGP, que indica cuáles son las nulidades que pueden tener
lugar en el proceso, norma que no incorpora el defecto procedimental que
se configura cuando el operador judicial se extralimita al emitir una decisión
ultra o extra petita, de manera que en este caso no era procedente. Así
mismo, destacó que la interposición del recurso extraordinario de revisión
implicaría que la actora se involucrara en un nuevo proceso judicial, cuya
resolución tardaría años y agravaría el daño injustificado que ha padecido.

Finalmente, reprochó la conclusión conforme a la cual en este caso no existe
urgencia que amerite el amparo solicitado pues, a pesar de que el proceso
se instauró en el año 2014, la inconformidad surgió con la sentencia emitida
en el año 2022. En ese sentido, insistió en que la providencia censurada sí
representa una amenaza grave e inminente a los derechos de la accionante,
toda vez que, “si no se entutelaba la sentencia del 17 de febrero de 2022,
mi representada iba a pagar más de lo debido, sin justificación alguna y en
violación a su derecho al debido proceso”2.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Petrolífera Petroleum (Colombia) Limited presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de obtener la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos que modificaron su

2 Página 7 del escrito de impugnación.

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declaración de impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable
2007 e impusieron una sanción por inexactitud en su contra, y que en su
lugar se declarara en firme la declaración de corrección del impuesto
sobre la renta presentada el 26 de septiembre de 2012.

5.2.2. El trámite correspondió a la Sección Cuarta – Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Mediante fallo de primera
instancia de junio 21 de 2017, esa corporación accedió parcialmente a las
pretensiones declarando la nulidad parcial de los actos acusados y, a título
de restablecimiento, ordenó a la DIAN reliquidar el impuesto sobre la
renta a cargo de la sociedad Petrolífera Petroleum Colombia Limited para
el año 2007 en los términos señalados en la sentencia, esto es, ajustando
el valor correspondiente al rubro de “otras deducciones” y reliquidando la
renta presuntiva y las sanciones por inexactitud.

5.2.3. Las dos partes en el proceso interpusieron recurso de apelación
contra la anterior decisión. La demandante, con el fin de que se declarara
la nulidad total de los actos administrativos demandados y de que se
levantaran las sanciones impuestas. Por su parte, la DIAN insistió en la
legalidad de los actos acusados discutiendo la modificación en el rubro de
otras deducciones y la disminución de la renta presuntiva.

5.2.4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió los recursos de
apelación mediante sentencia de 17 de febrero de 2022, en la cual dispuso
modificar el ordinal 2º de la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
resolvió: “a título de restablecimiento del derecho, téngase como
liquidación la efectuada por la Sala en segunda instancia, eliminar la
sanción por rechazo o disminución de pérdidas determinada por la
administración y establecer como sanción por inexactitud la liquidada en
la parte motiva del presente proveído.”.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la parte actora indicó que la sentencia
controvertida vulneró su derecho fundamental al debido proceso por cuanto

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transgredió el principio de congruencia al haber ordenado tener como
liquidación del impuesto de renta a cargo de la accionante una suma
superior a la que inicialmente fue determinada en los actos administrativos
acusados, desconociendo el límite de los hechos y las pretensiones
planteadas en la demanda.

Al respecto, la parte actora explicó: (i) que en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho solicitó como pretensión que se redujera el
valor correspondiente a la renta presuntiva estimado por la DIAN en los
actos acusados e insistió en dicha petición en el recurso de apelación que
formuló en contra del fallo de primera instancia; (ii) que la DIAN solicitó
que se tuviera como renta presuntiva el monto determinado en los actos
demandados, tanto en la contestación de la demanda como en el recurso
de apelación que formuló contra el fallo de primera instancia, y (iii) que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado violó el principio de congruencia
porque, al resolver los recursos de apelación, terminó adoptando como
renta presuntiva un valor mayor al indicado en los actos demandados, con
lo cual, a juicio de la accionante, desconoció lo pretendido en la demanda e
incluso excedió lo solicitado por la DIAN en su defensa dentro del proceso
judicial.

En la sentencia que decidió en primera instancia sobre esta acción, el a quo
encontró improcedente la solicitud de tutela por incumplir el requisito de
subsidiariedad, en consideración a la procedencia del recurso extraordinario
de revisión en este caso concreto. La accionante impugnó tal decisión
argumentando que las causales de procedencia de tal recurso no incluyen
los supuestos planteados en la acción constitucional y que acudir al
señalado mecanismo extraordinario agravaría su situación y representaría
el perjuicio irremediable consistente en que la sociedad tendría que asumir
un pago mayor al debido.

En ese contexto, corresponde analizar si, en relación con la solicitud de
amparo del derecho fundamental invocado se cumplen los requisitos
generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia

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de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular, el
relativo a la subsidiariedad del amparo, cuyo incumplimiento sería el
sustento de la decisión impugnada.

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

5.3.1.1. El requisito general de subsidiariedad

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y al artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un recurso subsidiario y
residual para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica
que sólo procederá cuando se agoten todos los mecanismos de defensa
judicial de los que se disponga ante la conducta activa u omisiva de las
autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un medio idóneo y
eficaz para el amparo judicial de esa categoría de derechos.

Respecto al requisito de subsidiariedad, cuando se atacan decisiones
judiciales, la Corte Constitucional ha señalado3 que se pueden presentar
dos escenarios: i) cuando el proceso ha concluido, y ii) cuando el proceso
se encuentra en curso, de manera que el análisis sobre el cumplimiento
de este requisito parte de fijar en cuál de las dos hipótesis se ubica la
solicitud de amparo que debe resolverse.

Así las cosas, habida cuenta de los dos escenarios aludidos, la
jurisprudencia del tribunal constitucional4, acogida por esta Sección5, ha
señalado que la tutela contra providencia judicial es improcedente por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad siempre que “(i) el asunto está
en trámite6; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial

3
Posición desarrollada en sentencia T-113 de 2013 y reiterada en sentencia T-103 de 2014.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014
5
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03006-00, Actor: Fabio Nelson Flórez Tobón y otros,
Sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Radicación número: 25000-23-42-
000-2018-02142-01, Actora: Oliva Pinzón de Castro.
6
Sentencias T-113 de 2013, T-103 de 2014, SU-695 de 2015, entre otras.

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ordinarios y extraordinarios7; y (iii) se usa para revivir etapas procesales
en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico8”.

No obstante lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio
de subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no sería idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales reclamados, y ii) cuando se pretende
evitar un perjuicio irremediable. En este último evento, se debe demostrar
que el perjuicio es inminente y grave, que requiere de la adopción de
medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable9.

5.3.1.2. En el caso bajo examen se alega que la sentencia atacada
vulneró el principio de congruencia al haber ordenado adoptar una
liquidación del impuesto de renta por el período 2007 mayor a la
establecida en los actos administrativos demandados. La Sala advierte
que, en efecto, en el evento de considerar que la decisión cuestionada
adolece de este tipo de defecto, la accionante tendría a su alcance el
recurso extraordinario de revisión para ventilar su inconformidad, siendo
este el medio judicial idóneo para proteger tal garantía, teniendo en
cuenta que la tutela es un mecanismo residual.

7
La Corte ha sido enfática en señalar que es deber de quien presenta una acción de tutela contra providencias
judiciales haber ejercido los recursos ordinarios procedentes en aras de la protección de los derechos que se
estiman conculcados. Consultar Sentencia SU-297 de 2015. Corte Constitucional, Sentencia T-150 de 2016.
8
En la Sentencia T-396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte en
cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse
de los recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede
constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad
de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados. Entonces, por vía de
tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo
que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción
constitucional de protección de los derechos fundamentales. Es necesario que quien alega la vulneración de
sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto.
Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción
constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo
de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los
procesos jurisdiccionales ordinarios.”. En igual sentido Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Sentencia T-150 de 2016

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Así, la Sala coincide con el a quo en esta acción constitucional en tanto
encuentra que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, como quiera que, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, contra la providencia judicial
censurada procedería el recurso extraordinario de revisión, por la causal
de nulidad originada en la sentencia de segunda instancia, prevista en el
numeral 5º del artículo 250 del CPACA.

En efecto, el desconocimiento del principio de congruencia encuadra en la
causal quinta de revisión del artículo 250 del CPACA10 tal como lo ha
sostenido la jurisprudencia de esta Corporación11:

“[…] La causal invocada en esta oportunidad está prevista para que por su
intermedio se puedan alegar las nulidades generadas en la sentencia, acto
jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que, de no ser
atendidas y ante la improcedencia de recursos ordinarios contra ella,
subsistirían groseramente, lo que ocurre, por ejemplo, cuando: (i) se dicta en un
proceso terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente
suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; (ii) aparece
firmada con menor o mayor número de magistrados o adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley; (iii) es expedida sin motivación; (iv) viola el
principio de la non reformatio in pejus; (v) condena a quien no es parte dentro del
proceso o (vi) provee sobre aspectos no sujetos a la decisión del juzgador.

Dicha enunciación, que no excluye otros posibles eventos de nulidad
originada en el fallo, permite identificar que las falencias que dan lugar a la
prosperidad de la causal se identifican con irregularidades procesales que
se materializan en la decisión final y justifican su revisión, siendo claro
entonces que la solo inconformidad con lo resuelto no se enmarca dentro de la causal.
[…]”12. (Énfasis fuera del texto original).

En el mismo sentido, valga recordar que esta corporación ha puntualizado
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 de

10
En múltiples oportunidades esta Corporación se ha referido a la procedencia del recurso extraordinario de
revisión cuando se plantea una cuestión que apunta a la violación al principio de congruencia en alguna de sus
dimensiones. Así por ejemplo, en estos pronunciamientos se analizó la improcedencia de la acción de tutela
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad en eventos en los que la alegada transgresión al principio
de congruencia se aducía a partir de la vulneración al principio de la no reformatio in pejus: i) de la Sección
Primera: de 21 de mayo de 2021 (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón), expediente 11001-03-15-000-2021-
01718-00 y de 23 de junio de 2022 (C. P. Oswaldo Giraldo López), expediente 11001-03-15-000-2022-02412-
00; ii) de la Sección Segunda, Subsección A, de 11 de noviembre de 2021 (C. P. William Hernández Gómez),
expediente 11001-03-15-000-2021-03085-01, y iii) de la Sección Quinta, de 16 de septiembre de 2021 (C. P.
Pedro Pablo Vanegas Gil), expediente 11001-03-15-000-2021-02180-00.
11
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado respecto de la causal contenida en el numeral 5º del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que “la nulidad originada en la sentencia, al margen de la textura abierta
del lenguaje, tiene que ver con aquellos vicios que constituyan causal de nulidad del proceso, pero que el
afectado no tuvo la oportunidad de invocarlos ante el juez, dado que solo vino a conocerlos cuando se dictó la
sentencia recurrida o porque se trata de aquellos vicios que devienen de la misma decisión”. Sentencia de 8
de junio de 2022, expediente 08001-33-31-701-2012-00039-01 (C. P. José Roberto Sáchica Méndez).
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de marzo de 2021, expediente 68001-33-31-006-
2010-00296-01 (54296) (C. P. Ramiro Pazos Guerrero).

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la Ley 1437 de 2011, esto es, la nulidad originada en la sentencia, “[s]e
puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido
la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el
fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar […]”13. Al respecto se precisó lo siguiente:

“[…] Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de
revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda
instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de
la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.
(…)

En términos generales, la congruencia se entiende como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita (…).

Además, la congruencia también se puede calificar según las relaciones
que se produzcan entre la sentencia, entendida como un todo, y lo pedido
y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia.
Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el
artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales
el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la
parte demandante como por la parte demandada. Y, en el segundo
evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que
ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la
parte motiva de la providencia.

Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la jurisprudencia
de esta corporación en los siguientes términos:

“Se reitera que el principio de congruencia de la sentencia, exige de una
parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión
que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en
la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la
controversia en el proceso.
(…)

13
Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el expediente con radicado
núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV) (C.P. Alberto Yepes Barreiro).

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La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales exclusivas a
que las partes manifiesten y contradigan argumentos en defensa de sus
derechos, siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde la
demanda (…).

Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de
Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según
la cual la congruencia de los fallos es un elemento de validez de los
mismos, cuya inobservancia configura la causal de revisión de
nulidad originada en la sentencia, artículo 250, numeral 5 del
CPACA […]”. (se destaca)

Bajo los anteriores criterios jurisprudenciales, esta corporación ha
señalado que la nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión
prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA se configura cuando:

“i) se dicta sentencia, pese a que previamente se produjo la terminación del proceso,
o se revive un proceso legalmente concluido;

ii) se dicta sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido;

iii) la sentencia se emite sin la mayoría necesaria o con la firma de más o menos
jueces de los requeridos legalmente;

iv) se pretermite una instancia, y ello se configura en tres escenarios:

a. cuando se emite sentencia sin motivación;

b. cuando se viola el principio de la non reformatio in pejus; y

c. cuando se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado
al proceso;

v) en la sentencia se deciden aspectos que no debía resolver el juez, por carecer de
jurisdicción o competencia;

vi) se profiere una sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del
debido proceso;

vii) en la sentencia se incurre en violación del derecho constitucional del debido
proceso; y

viii) la sentencia está afectada por falta de congruencia interna o externa”14.

[Destacado por la Sala]

Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que no le asiste razón a la
accionante en tanto afirma en su impugnación que el recurso

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación 11001-
03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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extraordinario de revisión no es procedente porque su reproche no se
encuadra en el supuesto previsto en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA, ya que no se corresponde con ninguna de las causales de nulidad
procesal previstas en el artículo 133 del CGP. Por el contrario, como se
expuso, es claro que la jurisprudencia contencioso administrativa ha
determinado el contenido y alcance del señalado numeral, así como las
circunstancias que pueden configurar la causal de revisión en estudio,
gracias a lo cual se ha reconocido que, además de las señaladas en el
artículo 133 del CGP, pueden existir otros motivos de nulidad en la
sentencia que surgen de la vulneración del artículo 29 de la Constitución,
todo lo cual se corresponde directamente con lo alegado por la parte
actora en esta actuación.

Del mismo modo, tampoco es de recibo el argumento alusivo a la
supuesta ineficacia del recurso extraordinario de revisión en consideración
a la tardanza que implicaría el trámite de un nuevo proceso judicial. En
este punto, valga destacar que, según lo ha destacado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, el recurso extraordinario de revisión es un
medio de defensa judicial idóneo para cuestionar este tipo de reproches,
como lo ha explicado en los siguientes términos15:

“[...] El recurso de revisión está sujeto a unas causales taxativas que
limitan su alcance a las anomalías de alta trascendencia y constituye una
verdadera acción impugnatoria con efectos rescisorios, en la cual no hay
lugar a la reapertura del debate jurídico o probatorio, ni espacio para
discutir el sentido del razonamiento del juez dirigido a adoptar una
decisión determinada, sino únicamente a la presentación de cargos
relativos a extremas injusticias o ilicitudes dentro de la decisión. En
definitiva, esta institución y las causales que dan lugar a su solicitud,
están diseñados como una institución procesal dirigida a la protección de
los derechos a acceder a la justicia y al debido proceso.
(...)

Bajo esas condiciones, en varias oportunidades la Corte ha examinado la
idoneidad y eficacia del recurso extraordinario de revisión como medio de
defensa respecto al desconocimiento de derechos fundamentales
originado en un fallo judicial. En esta medida, ha establecido que el hecho
de tratarse de un recurso extraordinario no descarta mecánicamente su
eficacia. Además, la idoneidad del recurso debe valorarse teniendo en

15 Corte Constitucional. Sentencia SU–263 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

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cuenta el derecho fundamental que el accionante considera vulnerado y
las causales de revisión previstas en el ordenamiento legal.

En ese orden de ideas, se concluye que la acción de tutela se torna
improcedente cuando al interior de un proceso contencioso administrativo
se alega la vulneración al debido proceso y este derecho fundamental es
susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso
extraordinario de revisión [...]”.

Finalmente, a pesar de que la accionante insiste en el que la sentencia
censurada le ocasionó un perjuicio irremediable, derivado de la obligación
que surgiría a su cargo de pagar un monto superior al que le corresponde
por concepto del impuesto de renta por el año 2007, dicho planteamiento
resulta igualmente insuficiente para avalar la procedencia excepcional de
esta acción constitucional. Ello por cuanto, destaca la Sala, la accionante
hace referencia a un perjuicio pecuniario derivado de la liquidación del
impuesto de renta efectuada por la Sección Cuarta de esta Corporación en
la sentencia acusada. Sin embargo, tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia constitucional, la existencia de desequilibrios económicos
o pérdidas materiales, aun en el evento de aducirse como muy cuantiosas,
no implica, en la perspectiva de la acción de tutela, la existencia de un
perjuicio irremediable, pues como se dijo, éste solo se predica respecto
de la amenaza inminente y grave a un derecho fundamental y no frente
a las consecuencias económicas que la decisión cuestionada pueda
representar para el accionante16.

Corolario de lo expuesto, esta acción de tutela deviene improcedente por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues la parte actora no ha
agotado el recurso extraordinario de revisión para controvertir la decisión
que ataca por vía de tutela, ni acredita la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.

5.4. Conclusión

A partir de las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia
de 3 de octubre de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección

16 Corte Constitucional, sentencia SU-656 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).

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Segunda del Consejo de Estado, al verificarse el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de octubre de 2022
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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