Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04693-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04693-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04693-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
28 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social e
iii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 1.° de julio de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 730012333000201700133-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 1.° de julio de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 730012333000201700133-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, el actor presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administradora Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de i) la Resolución núm. RDP
1789 de 21 de enero de 2016, por medio del cual la UGPP reliquidó su pensión
de jubilación, y ii) la Resolución núm. RDP 12785 de 22 de marzo de 2016, que
confirmó el anterior. Precisó que, a título de restablecimiento solicitó se ordenara
a dicha entidad i) reajustar su pensión de jubilación con la inclusión del 100% de
lo devengado por concepto de bonificación por compensación, “[…] que fue
reconocida mediante sentencia judicial proferida por el Consejo de Estado el 1 de
diciembre de 2010 […]”, y con el equivalente al 100% del valor de la bonificación
por servicios prestados y no con su doceava parte; y ii) pagarle el retroactivo
actualizado y los intereses moratorios y/o comerciales correspondientes.
4. Señaló que, el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 9
de mayo de 2019, resolvió:
“[…] PRIMERO: Declárase de oficio probada parcialmente la excepción de ineptitud
de la demanda en relación con la pretensión de reliquidar y pagar la pensión del
actor, incluyendo como factor salarial el equivalente al 100% del valor de la
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Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
bonificación por servicios prestados, de conformidad con lo puntualizado en esta
sentencia.
SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos: de
la Resolución No. RDP001789 del 21 de enero de 2016 a través de la cual la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social "UGPP" reliquidó la pensión de vejez del actor LUIS
CARLOS GIRALDO ORTIZ, y de la Resolución RDP012785 del 22 de marzo de
2016 que resolvió el recurso de apelación contra la Resolución RDP001789 del 21
de enero de 2016, confirmándola en su totalidad.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, y a manera de restablecimiento del
derecho, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social "UGPP", a reajustar la pensión
de jubilación del demandante LUIS CARLOS GIRALDO ORTIZ, incluyendo como
factor salarial el equivalente al 100% del valor de la bonificación por compensación
en las condiciones señaladas en la parte motiva de esta sentencia.
Igualmente la entidad demandada deberá reconocer, liquidar y pagar la diferencia
resultante entre la mesada pensional que le viene siendo reconocida y pagada al
demandante, y el valor de la pensión de jubilación que resulta una vez incluida el
100% de la bonificación por compensación, con efectos fiscales a partir del 25 de
febrero de 2010, pues las mesadas causadas con anterioridad se encuentran
prescritas.
CUARTO: Se faculta a la entidad accionada para realizar los respectivos
descuentos, en caso de no haberse efectuado, sobre el incremento del factor
salarial que aquí se reconoce, condicionados tales descuentos a la elaboración por
parte de la entidad demandada de una fórmula actuarial, cuya proyección permita
tanto el cumplimiento del imperativo consagrado en el Acto Legislativo No. 01 de
2005, que modificó el artículo 48 de la Carta Política, como la efectividad del
derecho reclamado por el demandante en términos razonables.
QUINTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda […]”.
5. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 1.° de julio de 2022, resolvió:
“[…] 1º. Revócase la sentencia de 9 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
en el proceso instaurado por el señor Luis Carlos Giraldo Ortiz contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP); en su lugar, niéganse tales pretensiones, conforme a lo
expuesto en la parte motiva […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el demandante
nació el 14 de mayo de 1949 y trabajó por más de 20 años para la Rama Judicial
(del 1º de septiembre de 1975 al 26 de marzo de 2003), por lo que la entonces
Cajanal, mediante Resolución 25911 de 25 de noviembre de 2004 (en
cumplimiento a un fallo de tutela), le reconoció pensión de jubilación en cuantía de
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Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
$7.792.183,01, con inclusión de la «asignación básica – 2004, prima de navidad –
2003, bonificación por servicios prestados – 2004, prima de vacaciones – 2003,
prima especial – 2004 y bonificación por compensación – RAMA – 2», a partir del
14 de mayo de 2004, condicionada al retiro definitivo del servicio; (ii) el Consejo de
Estado (sala de conjueces), en sentencia de 1º de diciembre de 2010, condenó
«[…] a la Nación, representada a través del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y del Ministerio del Interior y del Derecho, a reconocer y pagar a […] LUIS
CARLOS GIRALDO ORTIZ [como magistrado de tribunal], la bonificación
correspondiente al 60% de los ingresos que por todo concepto perciban los
[m]agistrados de [altas cortes], que será efectiva así: [e]l 60% a partir del 1º de
enero de 1999; el 70% a partir del 1º de enero de 2000 y el 80% a partir del 1º de
enero de 2001»; y (iii) a través de escrito de 15 de septiembre de 2015, el
demandante deprecó de la UGPP, la reliquidación de su pensión de jubilación con
la bonificación por compensación, equivalente al 80% de lo que por todo concepto
devenguen los magistrados de altas cortes para el año 2003, reajustada por
Resolución RDP 1789 de 21 de enero de 2016 en cuantía de $8.950.000 (25
smlmv), con inclusión de «la asignación básica 2003, bonificación por
compensación 2003, bonificación por servicios prestados 2003, prima de navidad
2002, prima de servicios 2003, prima de vacaciones 2002 y prima especial de
servicios 2003», a partir del 14 de mayo de 2004, con efectos fiscales desde el 25
de febrero de 2010, por prescripción trienal, contra la cual el accionante interpuso
recurso de apelación, desatado por la RDP 12785 de 22 de marzo de 2016, que la
confirmó.
Sobre el particular, ha de advertirse, en primer lugar, que el demandante es
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
comoquiera que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad y más
de 15 de servicios, en consecuencia, su pensión de jubilación se le reconoció en
atención al régimen pensional especial consagrado en el Decreto 546 de 1971
(artículo 6), para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público.
De igual modo, se precisa que la asignación mensual recibida por los magistrados
de altas cortes para el 2003 correspondió al monto de $16.325.977, que incluye los
gastos de representación y la prima especial de servicios; y en aplicación del
derecho reconocido al actor, en calidad de magistrado de tribunal, mediante
sentencia de 1º de diciembre de 2010 del Consejo de Estado (sala de conjueces),
se le debe tener en cuenta, además, el 80% de la referida asignación, como
bonificación por compensación, que arroja un valor de $13.060.781.
No obstante, la entidad demandada, a través de Resolución RDP 1789 de 21 de
enero de 2016, reajustó la pensión del accionante en cuantía de $8.950.000 (con
inclusión de la bonificación por compensación en $7.758.081), toda vez que
superaba el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes
establecido en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y el Acto legislativo 1 de 2005,
pues para el 14 de mayo de 2004 (fecha en la que consolidó su estatus pensional)
el salario mínimo equivalía a $358.000 y el IBL de su prestación sumó
$10.740.135.
Así las cosas, aun cuando al actor se le haya reconocido la pensión de jubilación
en atención al régimen pensional especial consagrado en el Decreto 546 de 1971
(artículo 6), el cual ciertamente no contiene previsión alguna sobre topes máximos
aplicables a las mesadas, y sin incluir el 100% de la bonificación por
compensación, resulta evidente que ese aspecto fue regulado en la Ley 797 de
2003, que modificó el inciso 4º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, y resultaba
indispensable aplicar el aludido límite.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
En este orden de ideas, para la Sala es dable concluir que la entidad demandada
no efectuó una indebida liquidación de la pensión del actor, como lo aduce el
Tribunal, habida cuenta de que independientemente del régimen especial pensional
que rija esa prestación, lo importante es que esta se financia con recursos públicos
y debe respetar el límite de cuantía que prevé la Constitución Política y la ley, en
aras de salvaguardar los principios de sostenibilidad financiera, solidaridad e
igualdad.
En ese entendimiento, esta Corporación encuentra que la actuación de la entidad
accionada estuvo ajustada a las normas que regulan la materia y la jurisprudencia
que las desarrolla, habida cuenta de que actuó en acatamiento de la Constitución
Política y la ley.
Por consiguiente, contrario a lo aducido por el a quo, el tope máximo fijado en la
sentencia C-258 de 2013 aplica para la totalidad de las pensiones reconocidas en
Colombia, incluidas aquellas concedidas en virtud del Decreto 546 de 1971;
empero, para ello también son determinantes las normas en vigor al momento en
que se adquirió el estatus pensional, pues para el actor las disposiciones aplicables
eran las previstas en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, con la reforma
introducida por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, que prevén un límite de 25
smlmv […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Solicito al señor Magistrado del conocimiento, se sirva tutelar los
derechos fundamentales constitucionales invocados como violados por este
signatario; y como consecuencia de lo anterior, se proceda a dejar sin efectos
jurídicos el fallo de segunda instancia proferido el 1º. de julio de 2022 por la
Sección Segunda Subsección B del Honorable Consejo de Estado, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radiación (sic) No. 73001-23-
33-000-2017-00133-01 (3558-2019) de LUIS CARLOS GIRALDO ORTIZ contra
la UGPP, por medio de la cual revocó el fallo calendado el 09 de mayo de 2019
proferido por el Honorable
Tribunal Administrativo del Tolima que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Segunda Subsección
B del Honorable Consejo de Estado, que dentro del improrrogable término de los
quince (15) días siguientes a la notificación del citado fallo que así lo decida,
proceda a dictar una nueva sentencia de reemplazo, teniendo en cuenta para ello
las situaciones advertidas que propendan por la prevalencia del derecho
constitucional fundamental al debido proceso por defecto fáctico y sustancial
como del principio de legalidad […]”.
7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:
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Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
“[…] El argumento único de la Corporación para revocar el fallo y negar las
pretensiones de la demanda, es el de que mi pensión excede el límite de
25 salarios mínimos legales vigentes que señala la ley.
En su providencia la Corporación desestimó el material probatorio pues
se evidencia que al hacer un análisis de las mesadas pensionales en mi
favor no observó que ninguna, desde el año 2004, alcanza el límite
máximo indicado en la ley, como lo indico en el cuadro que muestro a
continuación […]”.
[…]
“[…] La igualdad, el debido proceso judicial, y a la seguridad social, valoración
de la prueba, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia del 1 de julio de 2022
por considerar que en la misma se configuraron los defectos orgánico, fáctico o
probatorio, sustantivo y el de desconocimiento del precedente jurisprudencial la
autoridad judicial accionada interpretó de forma restrictiva las pruebas que
fueron aportadas dentro del proceso contencioso consideró que la Sección
Segunda, Subsección B, NO realizó una valoración subjetiva, pues descalificó, a
priori, en la sentencia enjuiciada se configuró el defecto fáctico o probatorio, en
la medida en que la Subsección accionada concluyó, sin fundamento real, y no
ordenó que el FOPEP allegara al proceso una certificación detallada para
examinar su alcance y contenido, ni sostuvo el motivo por el cual no le dio
credibilidad a las certificaciones allegadas, sin expresar los motivos por los
cuales interpreto (sic) de manera diferente la normativa aplicable al régimen
pensional de los magistrados de las altas cortes, con lo cual vulneró los
derechos fundamentales del actor al debido proceso y al trato igualitario, en la
sentencia acusada se configuró el defecto sustantivo, toda vez que la Sección
Segunda interpretó de manera contraria a la Constitución Política y a sus
antecedentes jurisprudenciales, el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, norma
que estableció el régimen pensional de los congresistas y que es aplicable a los
magistrados de las altas cortes […]”.
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1.° de septiembre de 2022: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó, en calidad de
terceros con interés legítimo, al Tribunal Administrativo del Tolima y a la Unidad
Administradora Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, concediéndoles el término de dos (2) días para que
rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió
informe en los siguientes términos:
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Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
“[…] El suscrito consejero de Estado, titular del despacho al que correspondió la
ponencia del fallo dictado en segunda instancia dentro del expediente 73001- 23-
33-000-2017-00133-01 (3558-2019), en la oportunidad indicada en el proveído
admisorio de 1º de septiembre de 2022, recibido el 5 siguiente, se pronuncia
respecto de la acción de tutela de la referencia, en el sentido de que en lo
concerniente a los hechos sobre los cuales se fundamenta me atengo a lo que se
demuestre durante el trámite, y en cuanto dice relación con los motivos de
inconformidad con la providencia de 1º de julio del año en curso proferida dentro
del referido asunto, somos del criterio que las razones que le sirvieron de
fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar
suficientemente cuenta de aquellas […]”.
10. El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó su desvinculación, al
considerar que “[…] se advierte en el escrito de tutela, el accionante no manifestó
inconformidad ni trasgresión de derecho alguno respecto al fallo de primera
instancia, toda vez que esta instancia judicial no sólo brindó todas las garantías
formales y materiales contempladas en los artículos 13, 29 y 229 de la
Constitución Política, sino que fundó su decisión con base en los parámetros legas
(sic) que regulan el reconocimiento pensional del demandante y con fundamento
en las probanzas allegadas al proceso […]”.
11. La Unidad Administradora Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela, por las siguientes razones:
“[…] Se concluye que la decisión tomada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B,
mediante sentencia del 01 de julio de 2022 fue acertada, por cuanto no se incurrió
en defecto material o sustantivo, sino que por el contrario las mismas se ajustaron
al ordenamiento legal y a la aplicación del precedente jurisprudencial sobre el
tema.
● La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa,
después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el
efecto.
● No existe una violación a la seguridad social ni a la salud de quien acciona por la
nugatoria de acceder a la reliquidación pensional pues el señor LUIS CARLOS
GIRALDO ORTIZ se encuentra afiliado a la entidad CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR COMPENSAR, desde el 01 de octubre de 2019, está activo en el
sistema de salud y hoy devenga mesada pensional.
● No existe violación al debido proceso en razón a que, de la revisión del proceso
judicial, que culminó con el fallo cuestionado se le garantizó a la parte tutelante sus
derechos de contradicción y defensa lo que hace que el objeto de inconformismo
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Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
de la parte accionante con esa decisión no pueda ser catalogados como violatoria
de derecho fundamental alguno.
● En este caso existe cosa juzgada, la cual está siendo desconocida por la parte
tutelante con la invocación de esta tutela, pasando por alto que en la actuación hoy
cuestionada ya se resolvió y se discutió el tema de la indexación de la primera.
● En este caso no se cumplen el requisito de subsidiariedad, toda vez que no se
probó que se hubiera acudido al recurso extraordinario de revisión que procedía
contra la misma […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
Cuestiones previas
Legitimación en la causa por pasiva
14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva,
para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
15. Visto el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por
pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.
17. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima solicitó su
desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
18. Al respecto, la Sala advierte que dicha autoridad judicial fue vinculada como
tercero con interés, toda vez que, resolvió en primera instancia el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 730012333000201700133-01; es decir, le asiste interés en el
proceso de la referencia.
19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Tribunal
Administrativo del Tolima le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.
20. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto del Tribunal Administrativo
del Tolima.
6
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-
562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
Manifestación de impedimento por la doctora Nubia Margoth Peña Garzón
21. La Consejera de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón, manifestó
encontrarse impedida para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 10 de octubre de 20227, invocando para ello la causal prevista en el numeral 1.º
del artículo 56 de la Ley 906 de 31 de agosto de 20048, aplicable por remisión del
artículo 39 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 9, que prevé lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de
impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal […]”.
(Resaltado por la Sala)
22. La Consejera de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incursa en
la causal por cuanto:
“[…] tengo un interés directo en las resultas del proceso, dado que el objeto del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del que se
profirió la providencia cuestionada en la presente acción constitucional, tiene que
ver con la aplicación del Decreto 610 de 26 de marzo de 19981, disposición que
benefició el salario de los procuradores judiciales, magistrados de Tribunal y
magistrados auxiliares del Consejo de Estado, entre otros, cargo este último en el
que me desempeñé anteriormente, y está relacionado con la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que presenté por los mismo hechos
[…]”. (Resaltado por la Sala)
23. Vistos: i) el artículo 140 del Código General del Proceso, sobre la
declaración de impedimentos; ii) el artículo 39 del Decreto núm. 2591 de 19 de
noviembre 199110, sobre la manifestación de impedimentos dentro de la acción de
tutela; y iii) el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sobre las causales
de impedimentos.
7
Documento denominado “MANIFESTACIONDEIMPEDIMENTO(.pd f) NroActua 15”. Archivo en medio
magnético.
8
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.
9
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
10
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
24. Atendiendo que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
25. La Corte Constitucional11 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que, los funcionarios encargados de administrar justicia en sus
decisiones no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
26. De conformidad con los argumentos expuestos por la doctora Nubia Margoth
Peña Garzón, en el caso sub examine, la Sala considera que hay lugar a declarar
fundado el impedimento manifestado por la Consejera de Estado, toda vez que, al
haber presentado una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
relacionada con las mismas pretensiones que el actor propuso dentro del proceso
ordinario objeto de debate, se encuentra configurada la causal de impedimento
establecida en el numeral 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
por lo que resulta necesario garantizar la independencia e imparcialidad del juez
constitucional. En consecuencia, se separará del conocimiento de la presente
solicitud de amparo a la Consejera de Estado impedida, tal y como se dispondrá
en la parte resolutiva del presente proveído.
Problemas jurídicos
27. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.
28. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
11
Corte Constitucional, sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa
13
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente a vi) resolver el
caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena12, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
30. Esta Sección adoptó13 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200514, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
31. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
14
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
32. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos parámetros.
33. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
34. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela en el caso concreto
35. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional.
15
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
36. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201417, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que
interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 18]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [19].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios [20].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [21].
17
Ut supra página 6.
[18]
“Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[19]
“Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20]
“Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[21]
“En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias
judiciales.”
16
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la
tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad [22]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [23].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio
de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [24]; el derecho
a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso
penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la
prohibición de juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de
prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado por la Sala).
[22]
“Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[23]
“Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[24]
“Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
17
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
37. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado25:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”26
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad
social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago
oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la
conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de
postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”27
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime
teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
38. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
25
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
26
Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27
Ibidem.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de
los derechos fundamentales.
39. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202228
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
28
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]”.
(Resaltado por la Sala).
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
40. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha definido el derecho al
debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
42. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
29
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
43. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:30
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado31.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”32. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”33 […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
44. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
45. Atendiendo a que la Corte Constitucional34 ha entendido que el derecho a la
30
Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
31 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará
progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la Ley”.
32
Sentencia T-173 de 2016.
33
Ibídem.
34
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
46. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
47. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
48. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
48.1. Copia digital del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
730012333000201700133-01.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202204693-00
Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
Solución del caso concreto
49. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de
los que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] El argumento único de la Corporación para revocar el fallo y negar las
pretensiones de la demanda, es el de que mi pensión excede el límite de
25 salarios mínimos legales vigentes que señala la ley.
En su providencia la Corporación desestimó el material probatorio pues
se evidencia que al hacer un análisis de las mesadas pensionales en mi
favor no observó que ninguna, desde el año 2004, alcanza el límite
máximo indicado en la ley, como lo indico en el cuadro que muestro a
continuación […]”.
[…]
“[…] La igualdad, el debido proceso judicial, y a la seguridad social, valoración
de la prueba, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia del 1 de julio de 2022
por considerar que en la misma se configuraron los defectos orgánico, fáctico o
probatorio, sustantivo y el de desconocimiento del precedente jurisprudencial la
autoridad judicial accionada interpretó de forma restrictiva las pruebas que
fueron aportadas dentro del proceso contencioso consideró que la Sección
Segunda, Subsección B, NO realizó una valoración subjetiva, pues descalificó, a
priori, en la sentencia enjuiciada se configuró el defecto fáctico o probatorio, en
la medida en que la Subsección accionada concluyó, sin fundamento real, y no
ordenó que el FOPEP allegara al proceso una certificación detallada para
examinar su alcance y contenido, ni sostuvo el motivo por el cual no le dio
credibilidad a las certificaciones allegadas, sin expresar los motivos por los
cuales interpreto (sic) de manera diferente la normativa aplicable al régimen
pensional de los magistrados de las altas cortes, con lo cual vulneró los
derechos fundamentales del actor al debido proceso y al trato igualitario, en la
sentencia acusada se configuró el defecto sustantivo, toda vez que la Sección
Segunda interpretó de manera contraria a la Constitución Política y a sus
antecedentes jurisprudenciales, el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, norma
que estableció el régimen pensional de los congresistas y que es aplicable a los
magistrados de las altas cortes […]”.
50. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya
fue objeto de estudio por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera
instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene
por objeto verificar si las entidades accionadas incurrieron en la vulneración de
derechos fundamentales.
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Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
51. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate
estrictamente legal, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.
52. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de
procedibilidad de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En
ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo
siguiente35:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”36, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes
áreas del ordenamiento jurídico”37. Por tanto, en el evento en que se cuestione
una sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia
constitucional debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás
eventos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
tales términos, la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel […]”.
53. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia
de unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la
vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la
configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el
cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional. A juicio del
máximo Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i)
tenga la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
35
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
36
Sentencia SU-050 de 2018.
37
Sentencia SU-354 de 2017.
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determinar el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la
controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y
(iii) que en el escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
54. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
55. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que
fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y a la seguridad social, lo cierto es que no existe una mayor explicación acerca de
las razones por las cuales se afectó, en forma desproporcionada, el núcleo
esencial de los derechos fundamentales del actor con ocasión de la sentencia de
1.° de julio de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
56. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
57. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance
meramente legal, esto es así porque la discusión y los argumentos que se extraen
de la acción de tutela, más que develar la necesidad de protección de un derecho
fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis jurídica del actor y, con
ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de esta discusión se pueda
evidenciar una clara trascendencia o relevancia constitucional.
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58. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción
de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia
la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social y a la igualdad, esa presunta afectación tiene su origen en un debate
estrictamente legal y económico.
Conclusiones de la Sala
59. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud
de amparo, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó la Consejera
de Estado doctora Nubia Margoth Peña Garzón para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR a la Magistrada de la Sección
Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción de tutela,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó Luis
Carlos Giraldo Ortiz contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Actor: Luis Carlos Giraldo Ortiz
QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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