Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04693-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04693-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04693-01
Consejero ponente: Conjuez Luis Felipe Botero Aristizábal
26 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Bogotá, D.C., 26 de junio de dos mil veintitrés (2023)
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2022-04693-01
Accionante: Luis Carlos Giraldo Ortiz
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Asunto: Sentencia
Procede esta Sala de Conjueces a decidir la impugnación presentada contra la
sentencia de tutela de primera instancia dentro del proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Luis Carlos Giraldo Ortíz, en su escrito de tutela, manifestó que presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Unidad Administradora Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante “UGPP”).
2. El medio de control de nulidad y restablecimiento tenía como propósito que se
declarara la nulidad de (i) la Resolución RDP 1789 de 21 de enero de 2016,
por medio del cual la UGPP reliquidó su pensión de jubilación, y (ii) la
Resolución RDP 12785 de 22 de marzo de 2016, que confirmó la anterior. A
título de restablecimiento, el señor Giraldo Ortiz solicitó se ordenara a la UGPP
(i) reajustar su pensión de jubilación con la inclusión del 100% de lo devengado
por concepto de bonificación por compensación, “[…] que fue reconocida
mediante sentencia judicial proferida por el Consejo de Estado el 1 de
diciembre de 2010 […]”, y con el equivalente al 100% del valor de la
bonificación por servicios prestados y no con su doceava parte; y (ii) pagar el
retroactivo actualizado y los intereses moratorios y/o comerciales
correspondientes.
3. El ahora tutelante informó que el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
sentencia de 9 de mayo de 2019, anuló parcialmente los actos administrativos
demandados y, a su vez, condenó a la UGPP a reajustar su pensión de
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jubilación, en la que se incluyó como factor salarial el equivalente al 100% del
valor de la bonificación por compensación en las condiciones señaladas en la
parte motiva de tal sentencia.
4. Por su parte, explicó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante sentencia de 1 de julio de 2022, revocó la sentencia de 9
de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, para en
su lugar negar las pretensiones, porque consideró que la entidad demandada
no efectuó una indebida liquidación de la pensión del actor, pues a su caso se
debía aplicar el tope máximo fijado en la sentencia C-258 de 2013. En términos
sencillos, que dicho límite aplica para la totalidad de las pensiones reconocidas
en Colombia, incluidas aquellas concedidas en virtud del Decreto 546 de 1971.
5. A raíz de la anterior decisión, Luis Carlos Giraldo Ortíz, en nombre propio,
presentó solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. En su opinión, al proferir la sentencia de 1 de julio de 2022,
en el proceso adelantado por él en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con la radicación
730012333000201700133-01, se vulneraron sus derechos fundamentales.
6. La acción de tutela fue repartida y decidida por la Sección Primera del Consejo
de Estado en sentencia del 28 de octubre de 2022, en la cual se declaró
improcedente la solicitud de tutela presentada.
7. Contra dicha decisión el actor presentó impugnación por escrito recibido el 16
de noviembre de 2022, la cual fue concedida por auto del 18 de noviembre de
2022.
8. El 12 de enero de 2003, los H. Consejeros Fredy Ibarra Martínez, Martín
Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata, manifestaron considerarse
impedidos para conocer del asunto, comoquiera que el amparo constitucional
pretendido tiene relación directa con el régimen salarial y prestacional de los
funcionarios empleados del Consejo.
9. Para resolver el impedimento se procedió a sortear de la lista de conjueces. En
dicho sorteo resultaron seleccionados la doctora María Teresa Palacio, el
doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía y Luis Felipe Botero Aristizábal.
10. El 3 de febrero de 2023 la doctora Maria Teresa Palacio manifestó que se
encontraba incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del
artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
11. Los impedimentos anteriores fueron acogidos por la Sala de conjueces
restante mediante auto de fecha 22 de febrero de 2023, por lo que ahora
procede a resolver la impugnación presentada.
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II. LA IMPUGNACIÓN
12. La impugnación presentada por el señor Luis Carlos Giraldo Ortíz fue del
siguiente tenor:
“(…) con todo comedimiento me dirijo a esa Honorable
Corporación para manifestar que interpongo IMPUGNACIÓN
DEL FALLO DE TUTELA proferido por este Despacho de fecha
28/10/2022, al considerar que esta Sala dejó sin amparo
constitucional mis Derechos Fundamentales.”
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL TRÁMITE DE TUTELA
13. La sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado del 28 de
octubre de 2022, desestimó la acción de tutela porque el asunto puesto a su
consideración no reunía la condición de tener relevancia constitucional. Esta
fue su motivación:
“es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y la acción de tutela contra providencia judicial
no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las
entidades accionadas incurrieron en la vulneración de derechos
fundamentales (…)
Para la Sala el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate
estrictamente legal, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez
natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.”
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14. La Sala también reprocho que el actor no hubiese justificado o explicado un
motivo por el cual consideraba que la decisión atacada en sede de tutela
constituyese una “afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales”, tal y como parece exigirlo el precedente SU-215 de 2002.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
15. Aunque no se hace necesario en esta instancia valorar los fundamentos que
condujeron a la Sección Primera del Consejo de Estado a desestimar la tutela,
toda vez que la impugnación presentada no indica las razones por las cuales la
misma debe ser revocada, no cabe duda que la acción de tutela debe ser
desestimada, pues el actor pretende que se invada la valoración interpretativa
que hizo la Sección Segunda del Consejo de Estado respecto del artículo 7 del
Decreto 1359 de 1993, así como su aproximación respecto a las pruebas del
expediente y a cómo dejó de decretar oficiosamente una prueba. Dijo el
tutelante:
““[…] El argumento único de la Corporación para revocar el fallo
y negar las pretensiones de la demanda, es el de que mi
pensión excede el límite de 25 salarios mínimos legales
vigentes que señala la ley. En su providencia la Corporación
desestimó el material probatorio pues se evidencia que al hacer
un análisis de las mesadas pensionales en mi favor no observó
que ninguna, desde el año 2004, alcanza el límite máximo
indicado en la ley, como lo indico en el cuadro que muestro a
continuación […]
[…] La igualdad, el debido proceso judicial, y a la seguridad
social, valoración de la prueba, cuya vulneración le atribuyó a
la sentencia del 1 de julio de 2022 por considerar que en la
misma se configuraron los defectos orgánico, fáctico o
probatorio, sustantivo y el de desconocimiento del precedente
jurisprudencial la autoridad judicial accionada interpretó de
forma restrictiva las pruebas que fueron aportadas dentro del
proceso contencioso consideró que la Sección Segunda,
Subsección B, NO realizó una valoración subjetiva, pues
descalificó, a priori, en la sentencia enjuiciada se configuró el
defecto fáctico o probatorio, en la medida en que la Subsección
accionada concluyó, sin fundamento real, y no ordenó que el
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FOPEP allegara al proceso una certificación detallada para
examinar su alcance y contenido, ni sostuvo el motivo por el
cual no le dio credibilidad a las certificaciones allegadas, sin
expresar los motivos por los cuales interpreto (sic) de manera
diferente la normativa aplicable al régimen pensional de los
magistrados de las altas cortes, con lo cual vulneró los
derechos fundamentales del actor al debido proceso y al trato
igualitario, en la sentencia acusada se configuró el defecto
sustantivo, toda vez que la Sección Segunda interpretó de
manera contraria a la Constitución Política y a sus
antecedentes jurisprudenciales, el artículo 7º del Decreto 1359
de 1993, norma que estableció el régimen pensional de los
congresistas y que es aplicable a los magistrados de las altas
cortes […]”
16. Contrario a lo afirmado por el tutelante, el juez contencioso administrativo hizo
una valoración normativa y fáctica que no luce irrazonable, de tal manera que
los defectos imputados parecen un esfuerzo en reabrir un debate jurídico
concluido, lo cual excede el marco de protección constitucional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Así las cosas, no se da el supuesto
material primigenio para concederla, ya que no hay una vulneración de una
autoridad pública a sus derechos fundamentales (artículo 1 del Decreto 2591
de 1991).
17. Las disímiles interpretaciones jurídicas, bien sea de normas o de pruebas, sólo
dan paso a una protección por este mecanismo cuando, en los términos, de la
Corte Constitucional, se presente una hermenéutica arbitraria e irrazonable:
!(") el juez de tutela no puede controvertir la interpretación que
de las situaciones de hecho o de derecho realice el juez de la
causa en el respectivo proceso, salvo que esta hermenéutica
sea arbitraria e irrazonable y, por ende, vulnere los derechos
fundamentales de la persona que acude a la acción de tutela.#
(Sentencia T-1036 de 2002, reiterada en la SU-282 de 2019)
18. Al no darse el anterior supuesto, porque además el actor no satisfizo esa
carga argumentativa, la decisión de primera instancia será confirmada.
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Por lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado del 28 de octubre de 2022, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Cópiese y Notifíquese,
LUIS FELIPE BOTERO ARISTIZABAL JUAN PABLO CARDENAS MEJIA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
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