Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04696-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04696-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04696-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04696-01
Demandante: JAIME DAZA MONTERO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda
su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE SUBSIDIARIEDAD – no se cumple en
este caso.
La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 7 de diciembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 30 de agosto de 2022, los señores Edilma Inés Pacheco Montero, en nombre
propio y en representación de su hija Jailyn Magdiel Daza Pacheco, Jaime Daza
Montero, James David Daza Pacheco y Jaime Luis Daza Pacheco interpusieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia, a la vida, a la dignidad humana y a la
familia2, con ocasión de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022, mediante
la cual se declaró la caducidad de la demanda de reparación directa respecto del
homicidio del señor Juan Enemías Daza Carrillo y se confirmó en lo demás la
decisión del 3 de marzo de 2020, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo
de Valledupar, en el proceso de reparación directa con radicado 20001-33-33-
002-2015-00427-01. Formuló las siguientes pretensiones:
1 La Sala advierte que, el 9 de febrero de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También invocaron la protección del derecho a la reparación integral y de los principios de
convencionalidad y flexibilidad.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04696-00
Demandante: Jaime Daza Montero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
1.- Se tutelen los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad,
derecho al acceso de justicia, derecho a la vida, vida digna, derecho a la
familia, derecho a la reparación, principio de convencionalidad y flexibilidad,
respeto al precedente judicial nacional e internacional, y la omisión a la
aplicación de los precedentes jurisprudenciales, nacionales e internacionales,
referentes a los delito[s] de lesa humanidad y otros, a favor del señor Jaime
Daza Montero y otros.
2.- Como consecuencia de lo anterior se ordene la revocatoria, y dejar sin
efecto la sentencia de segunda instancia proferida fecha 11 de agosto de
2022, notificada el día 16 de agosto de la misma anualidad, vía correo
electrónico, en el proceso de reparación directa con Rad: 2000-1-33-33-002-
2015-00427-02 por el Tribunal Administrativo del Cesar, y en su defecto
conceda las peticiones de la demanda por el delito de desplazamiento
forzado.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar, que profiera una nueva
sentencia, de reemplazo dentro del presente proceso, teniendo en cuenta el
análisis efectuado, referente a las reglas y lineamientos derivados de graves
violaciones a los derechos humanos y afectaciones al derecho internacional
humanitario y los delitos de lesa humanidad.
1.2. Hechos
Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas la Sala extraen los siguientes
hechos jurídicamente relevantes:
Los señores Jaime Daza Montero y otros presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía
Nacional, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin
de que se les indemnizaran los perjuicios ocasionados (i) por la ejecución
extrajudicial del señor Juan Enemías Daza Carrillo, el 6 de febrero de 2004; y (ii)
por el desplazamiento forzado del que fueron objeto los demás miembros de la
familia, el 23 de junio de 2006, en el corregimiento de Atanquez, Valledupar.
En fallo del 3 de marzo de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Valledupar accedió parcialmente a las súplicas invocadas y, en ese sentido,
reconoció solo los perjuicios inmateriales derivados de la primera imputación
planteada.
El Ejército Nacional interpuso recurso de apelación y pidió que se revocara la
decisión anterior, con base en que la demanda de reparación directa fue
interpuesta de manera extemporánea, habida cuenta de que el hecho dañoso
ocurrió en el año 2004 y no se configuró algún evento excepcional que ameritara
un conteo de caducidad diferente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04696-00
Demandante: Jaime Daza Montero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
A través de sentencia del 11 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del
Cesar revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, con fundamento en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (exp. 61.033, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico), declaró la caducidad del medio de control de reparación directa
frente a la pretensión que fue objeto de reproche, esto es, la atinente al homicidio
del señor Juan Enemías Daza Carrillo, por cuanto, a su juicio, desde el 2009, los
demandantes tuvieron la posibilidad de conocer la identidad de los autores del
homicidio de la víctima directa y la calidad de los sujetos que participaron como
coautores de la conducta punible; no obstante, la demanda se presentó hasta el
14 de julio de 2015.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
y desconocimiento del precedente judicial, en relación con la sentencia de la Corte
Constitucional SU-254 de 2013, por cuanto no tuvo en cuenta la situación de
desplazamiento y la condición de sujetos especial protección constitucional que
tenía como miembros de la Comunidad Indígena Kankuama, para determinar la
oportunidad de la demanda de reparación directa.
Alegó que la Corte Constitucional estableció que, si el desplazamiento forzado
había ocurrido antes de esa sentencia, el término de caducidad debía empezar a
contar desde la ejecutoria de la misma, esto es, a partir del 23 de mayo de 2013.
En ese sentido, explicó que, en el caso concreto, la solicitud de conciliación
extrajudicial se radicó el 18 de marzo de 2015, «suspendiendo el término de
caducidad por 67 días, realizando la audiencia el 9 de junio de 2015», por lo que el
plazo para acudir ante la jurisdicción se extendió hasta el 30 de julio de 2015 y,
como la demanda se radicó el 14 de julio de esa anualidad, resultaba oportuna.
Igualmente, manifestó que las sentencia del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la SU-312 de 2020 de la Corte
Constitucional, que fueron invocadas por la autoridad judicial accionada para
negar las pretensiones de la demanda, no resultaban aplicables al asunto, porque
la controversia giraba en torno a hechos victimizantes de desplazamiento y
desaparición forzada, que constituían una excepción a la regla de caducidad,
según la sentencia SU-254 de 2013.
De otra parte, mencionó que se ignoraron diferentes circunstancias que impidieron
interponer la demanda de reparación directa con anterioridad, a saber (i) que la
residencia de la familia se encontraba en un municipio rural cercano a la sierra
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
nevada de Santa Marta; (ii) que varios integrantes de la familia no contaban con
los recursos para pagar los honorarios profesionales de un abogado; (iii) que eran
víctimas de desplazamiento forzado; (iv) que estaban bajo amenazas e
intimidaciones; y (v) que nunca tuvieron conocimiento de los procesos penales
contra los militares que participaron en la desaparición forzada de la víctima
directa del daño.
También resaltó que debió valorarse el auto del 7 de julio de 2021, proferido en la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comoquiera en que en ese proveído se
calificó la participación de agentes del Estado por la desaparición forzada del señor
Juan Enemías Daza, además de las decisiones en las que se accedió a las
pretensiones en casos semejantes al analizado (52.325, 45.283, 2021- 00097-01 y
T-210 de 2022).
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 21 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Cesar, en calidad de parte accionada y, a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional, al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, a la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al señor Jean Alberto Pacheco
Montero y al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar, como terceros
con interés.
2.1. La Policía Nacional señaló que carecía de legitimación en la causa para
comparecer como demandada a este proceso, ya que la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales invocados no provenía de una acción u omisión
causada por tal entidad, sino que las pretensiones estaban dirigidas contra el
Tribunal Administrativo del Cesar, por tal razón, pidió su desvinculación.
2.2. El Ejército Nacional indicó que era falso el desplazamiento forzado invocado
por los demandantes y que, en todo caso, en su criterio, el análisis del Tribunal
Administrativo del Cesar fue acertado.
A su vez, aseveró que la acción constitucional no cumplía con los requisitos
generales de procedibilidad ni se acreditó la supuesta vulneración de derechos
fundamentales, por el contrario, las actuaciones del proceso de reparación directa
daban cuenta que se respetó la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia
aplicable a la controversia, motivo suficiente para negar las pretensiones de la
demanda.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2.3. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas informó que los señores Jaime Daza Montero, Edilma Inés Pacheco
Montero y James David Daza Pacheco estaban incluidos en el registro de víctimas
con motivo del desplazamiento forzado.
De otro lado, advirtió que carecía de legitimación en la causa por pasiva para
actuar el presente asunto, debido a la inexistencia de acciones u omisiones que
vulneraran o pusieran en riesgo los derechos fundamentales de los demandantes.
2.4. El señor Jean Alberto Pacheco Montero sostuvo que la aplicación de la
sentencia de unificación del 29 de enero del 2020 para resolver el caso concreto
representaba una clara vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes, quienes, además, pertenecían a la Comunidad Indígena Kankuama,
grupo que goza de especial protección constitucional.
2.5. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
En sentencia del 7 de diciembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, toda vez que, a su modo de ver,
no cumplía con el requisito de la subsidiariedad.
Al respecto, puso de presente que «los cargos referentes al desplazamiento
forzado» fueron negados en el proceso ordinario por el juez de primera instancia,
sin que la parte actora hubiera interpuesto recurso de apelación para controvertir
dicha determinación, por manera que el Tribunal Administrativo del Cesar no
revisó ese aspecto, sino que se limitó a estudiar el homicidio en persona
protegida, imputación frente a la que declaró la caducidad del medio de control.
En resumen, para el a quo, los argumentos que aquí exponen los accionantes
para flexibilizar el plazo de la caducidad de la demanda de reparación debieron
proponerse en el proceso ordinario; sin embargo, como ello no ocurrió, no podían
pretender, en sede de tutela, revivir oportunidades procesales ya fenecidas, dado
que ello desconocía la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo.
Ahora, en lo relativo a la decisión de declarar la extemporaneidad de la demanda
frente al homicidio en persona protegida, precisó que, saltaba a la vista que el
señor Juan Enemías Daza fue víctima de ese delito, «que no de desaparición
forzada, así, se analizó y declaró en el proceso penal seguido con ocasión a los
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hechos en que perdió la vida y así también se determinó en el curso del proceso
de reparación directa», de ahí que, si bien el delito de desaparición forzada
conllevaba a que se efectuara un cómputo de caducidad diferente, lo cierto era
que en el caso concreto el hecho dañoso devenía de un homicidio en persona
protegida, evento que legitimó el análisis del Tribunal Administrativo del Cesar
para verificar el cumplimiento de dicho aspecto procesal.
4. Impugnación
La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la acción de tutela e insistió en que la configuración de delitos de
lesa humanidad, esto es, desaparición y desplazamiento forzado, sumado a las
circunstancias expuestas, impidieron radicar la demanda de reparación directa
con antelación.
Agregó que «para el año 2015, cuando se procedió a accionar al Estado para
efectos de la reparación administrativa, el criterio mayoritario de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, apuntaba a que no era procedente aplicar el
fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de reparación directa con
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa
humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos, en
atención a su naturaleza imprescriptible», por lo que no era necesario justificar
todas las situaciones descritas en la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo del 7 de diciembre de 2022, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela.
Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de
amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia
judicial, particularmente, el de subsidiariedad. Solo en el evento de superar tal
requisito, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de
establecer si se vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por la
parte actora.
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2. Análisis de la Sala
En el caso examinado, los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo
del Cesar incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial,
pues no tuvo en cuenta el desplazamiento forzado que soportaron ni la
desaparición forzada del señor Juan Enemías Daza Carrillo, para determinar la
oportunidad del medio de control de reparación directa.
De entrada, la Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, porque la acción
de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad. Como se sabe, dicha
consecuencia emerge cuando el interesado deja de ejercer o tiene a su
disposición otros mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto para
proteger eficazmente los derechos fundamentales.
Pues bien, en relación con los argumentos frente al desplazamiento forzado,
conviene mencionar que, en la sentencia del 3 de marzo de 2020, el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Valledupar condenó al Ejército Nacional a pagar
los perjuicios morales causados a los demandantes por la ejecución extrajudicial
del señor Juan Enemías Daza Carrillo y, a su vez, denegó las pretensiones por el
desplazamiento forzado.
Por su parte, en el recurso de apelación, el Ejército Nacional cuestionó que se no
se aplicó la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, para verificar la caducidad y, además, los
medios de convicción aportados al expediente permitían inferir, sin lugar a
equívocos, que las imputaciones en su contra habían caducado.
En sentencia del 11 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar
encontró probada la caducidad del medio de control respecto del homicidio en
persona protegida del señor Juan Enemías Daza Carrillo. Sobre el particular,
destacó que, como bien lo dijo el recurrente, tal presupuesto debía analizarse a la
luz del fallo de unificación del 29 de enero de 2020, proferido por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, así como de la sentencia SU-312 de 2020, dictada
por la Corte Constitucional.
Subrayó que, por medio de proveído del 30 de septiembre de 2009, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la responsabilidad penal
declarada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de Valledupar contra
varios miembros del Ejército Nacional por el homicidio en persona protegida del
señor Juan Enemías Daza Carrillo, por manera que, como desde esa fecha los
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demandantes tuvieron la oportunidad de conocer la participación de los agentes
del Estado en ese hecho, ese evento correspondía al parámetro para contabilizar
la caducidad; no obstante, la demanda fue incoada casi seis años después.
Para finalizar, dijo que el juez de la primera instancia negó los cargos por
desplazamiento forzado, sin declarar la caducidad por este punto, razón por la
cual se abstenía de emitir un pronunciamiento en esa instancia:
(…) la Sala advierte improcedente pronunciarse sobre la operancia o no de la
caducidad del medio de control frente a este cariz del daño antijurídico
reclamado por vía judicial, en tanto el fallador de instancia menor resolvió de
fondo y sus argumentos no fueron rebatidos en el recurso; por lo tanto, no hay
lugar a analizar este punto de censura y en lo tocante a ello se impone
mantener la decisión del juez inferior en ese sentido.
Visto lo anterior, para la Sala es claro que el Juzgado Segundo Administrativo Oral
de Valledupar únicamente reconoció la responsabilidad del Estado por el
homicidio en persona protegida. Por tanto, si los demandantes pretendían discutir
la negativa de las pretensiones por el desplazamiento forzado, debieron ejercer el
recurso de apelación con ese propósito3, pero no lo hicieron, de ahí que no
pueden ahora ejercer la acción de tutela para subsanar esa falencia, menos
cuando el proceso de reparación directa ya finalizó.
No resulta lógico que si la parte actora tenía certeza de que sus argumentos
podían mutar la decisión, hubiera guardado silencio en la alzada, toda vez que esa
era la oportunidad de poner de presente esas situaciones, a fin de que el Tribunal
Administrativo del Cesar se pronunciara sobre ese punto, pero eso no ocurrió.
Cabe decir que el fundamento de la subsidiariedad consiste en impedir que la
acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales que tienen
como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
De modo que las inconformidades que ahora ventilan mediante la acción de tutela,
relativas al desplazamiento forzado, pudieron ser expuestas en el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, lo que impone declarar
improcedente la solicitud de amparo.
En todo caso, las situaciones argüidas en esta oportunidad tampoco guardan
coherencia con la ratio decidendi de las sentencias proferidas en el curso del
proceso de reparación directa, en razón a que en ninguna se declaró la caducidad
del medio de control por tal hecho.
3 Artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 320 de la Ley 1564 de 2012.
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Ciertamente, los actores sostuvieron en la solicitud de amparo que se ignoraron
las razones que imposibilitaron la radicación oportuna de la demanda; el momento
en que adquirieron conocimiento de la participación de agentes del Estado en los
hechos (auto del 7 de julio 2021 de la JEP); y que el delito de desaparición
forzada ameritaba un cómputo de la caducidad diferenciado.
Empero, la Sala encuentra que las circunstancias que aquí se aducen no fueron
expuestas ante la autoridad judicial demandada en el momento procesal oportuno
y llama la atención la contradicción en la que incurren, pues, recuérdese que el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar declaró la responsabilidad
por el homicidio en persona protegida del señor Juan Enemías Daza Carrillo,
punto sobre el cual se mostró conformidad y ahora se afirma, categóricamente,
que el daño devino fue de «una desaparición forzada».
Es decir, a partir de las pruebas aportadas al plenario, en el proceso de reparación
directa se tuvo claridad que el señor Juan Enemías Daza fue víctima del delito de
homicidio en persona protegida, mas no de «desaparición forzada», tanto así que
la parte actora no tuvo reparo alguno cuando así lo declaró el juez de primer
grado, por consiguiente, no resulta acertado que invoque una situación fáctica que
no demostró y muchos menos controvirtió.
Es palmario que el objetivo de ese razonamiento es que esta Sala disponga que
se realice el conteo de la caducidad por «desaparición forzada», pero olvidan los
recurrentes que la litis, las pruebas y las decisiones judiciales no estuvieron
ligadas a tal postulado.
Adicionalmente, no hay lugar a entrar a verificar una posible omisión del Tribunal
Administrativo del Cesar, en relación con lo decidido por la JEP en auto del 7 de
julio 2021, bajo el entendido de que esa decisión no fue parte del debate del
proceso ordinario, incluso, los accionantes no hicieron alusión a ese proveído
antes de que se dictara el fallo que ahora se enjuicia; por el contrario, se reitera, la
discusión y los elementos de juicio llevaron al análisis de la responsabilidad del
Estado, entre otros, por un homicidio en persona protegida, mas no por
«desaparición forzada».
Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión impugnada, que declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
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Demandante: Jaime Daza Montero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 7 de diciembre de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Con aclaración de voto
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con excusa
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
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spx.
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