Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04697-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04697-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04697-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2022-04697-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ROSALINA GONZÁLEZ DE SAAVEDRA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR SUBSIDIARIEDAD. EL MEDIO DE CONTROL EN EL CUAL FUE
PROFERIDO EL AUTO CUESTIONADO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.
LA DECISIÓN ACUSADA NO LIMITA LA CONTINUIDAD DE LA
ACTORA EN EL PROCESO NI DEFINE SU DERECHO SOBRE LA
PRESTACIÓN QUE PRETENDE EN EL FONDO DEL ASUNTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR1.
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 110010315000 2022 04697 00
Actora: ROSALINA GONZÁLEZ DE SAAVEDRA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora ROSALINA GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital y a la seguridad social, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL, al haber
proferido el auto de 18 de agosto de 2022, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 200012339000-2020-00495-00.
I.2.- Hechos
Manifestó que, en calidad de cónyuge supérstite del señor ALIRIO
SAAVEDRA, solicitó a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICÍA NACIONAL -CASUR- la sustitución de la asignación de
retiro de la que aquel era titular, petición que fue negada a través de
la Resolución núm. 1213 de 15 de marzo de 2019, en razón a que
dicha prestación también había sido reclamada por la señora ELVIS
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Número único de radicación: 110010315000 2022 04697 00
Actora: ROSALINA GONZÁLEZ DE SAAVEDRA
BEATRIZ CASTILLA GARCÍA en calidad de compañera
permanente.
Comentó que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con la finalidad de discutir la legalidad
del acto administrativo aludido y obtener el reconocimiento y pago
de la prestación.
Informó que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 20001 2339000 2020 00495 00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al TRIBUNAL.
Precisó que de manera paralela la señora ELVIS BEATRIZ
CASTILLA GARCÍA también promovió un medio de control de
nulidad y restablecimiento con la finalidad de obtener la prestación
aludida, proceso que fue identificado con el número único de
radicación 200013333001 2019 00171 00 y atribuido para su trámite
en primera instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR2.
2
En adelante el Juzgado.
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Explicó que al proceso identificado con el núm. 2019-00171-00
tramitado en el JUZGADO fue vinculada en calidad de tercera con
interés directo en las resultas del proceso, por lo cual junto con la
señora ELVIS BEATRIZ CASTILLA allegaron ante dicha autoridad
un acuerdo conciliatorio extrajudicial en el que proponían la división
de la prestación conforme con el porcentaje que correspondiera en
derecho.
Expuso que tanto CASUR como el JUZGADO se opusieron al acuerdo
aludido, en razón a que no podían disponer sobre derechos
pensionales, sin que hasta la fecha se haya resuelto el fondo del
asunto.
Agregó que a través de memorial enviado vía electrónica el 17 de
agosto de 2021 al Despacho sustanciador del proceso tramitado ante
el TRIBUNAL, solicitó la acumulación a su proceso del expediente
en el que es demandante la señora ELVIS BEATRIZ CASTILLA
GARCÍA y que se surte ante el JUZGADO, por existir identidad de
partes y pretensiones en ambos litigios.
Explicó que, en razón a que en el registro de actuaciones no aparecía
la radicación del referido memorial, el 5 de mayo de 2022 volvió a
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solicitar la acumulación de los dos procesos a través de correos
electrónicos enviados tanto a la cuenta electrónica del Despacho
sustanciador como a la de la Secretaría del TRIBUNAL.
Comentó que mediante auto de 14 de julio de 2022, el TRIBUNAL
denegó la solicitud de acumulación al encontrarla extemporánea,
dado que sólo tuvo en cuenta el memorial de 5 de mayo de 2022,
momento para el cual ya se había fijado fecha para la audiencia
inicial.
Indicó que interpuso el recurso de reposición respectivo para que se
tuviera en cuenta el memorial presentado el 17 de agosto de 2021,
no obstante, mediante auto de 18 de agosto de 2022, el TRIBUNAL
confirmó la decisión, advirtiendo que si bien dicha comunicación
había sido enviada al correo del Despacho, no fue remitida a la
secretaría de la Corporación, encargada de dar trámite a las
solicitudes de las partes con destino a los diferentes procesos.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que el caso reviste de relevancia constitucional porque
“[…] están de por medio derechos fundamentales como el i) Debido
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proceso; ii) Acceso a la administración de justicia y; iii) Tutela judicial
efectiva […]”.
Agregó que la intervención del juez constitucional es necesaria dado
que cuenta con 75 años y no tiene ninguna fuente de ingresos
económicos, por lo que se está afectando su mínimo vital, lo cual se
ve agravado con el hecho de que el TRIBUNAL se niegue a acumular
los dos procesos referidos para así dictar una sola sentencia que
resuelva el asunto.
Afirmó que la providencia cuestionada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, porque no puede
excusarse en la rigurosidad de las formas para evitar su acceso a la
tutela judicial efectiva, máxime si se tiene en cuenta que el derecho
en litigio es una sustitución prestacional y se cumplen con los
requisitos para la acumulación procesal requerida.
Explicó que su actuar no puede catalogarse como doloso o
negligente, dado que si bien probablemente erró al no enviar el
memorial de 17 de agosto de 2021, “[…] al correo de la secretaría
del Tribunal Administrativo del Cesar, también es cierto que sí lo
envió al correo institucional del Despacho en el cual cursa el proceso,
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lo cual indica que se actuó diligentemente en cumplir con la carga
procesal […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERO: TUTELAR Los derechos fundamentales al debido
proceso; acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, mínimo vital y seguridad social.
SEGUNDO: DECLARAR que el auto de 18 de agosto de 2022,
proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, violó los
artículos 29, 229 de la Constitución Política.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar, dejar
sin efectos la providencia de fecha 18 de agosto de 2022 y toda
actuación que dependa del mismo, y en su lugar, tenga por
presentada la solicitud de acumulación de los procesos 20001-
33-33-001-2019-00171-00 y 20001-23-39-000- 2020-00495-
00 de manera oportuna y, en consecuencia, se decrete la misma,
o en su defecto, resuelva nuevamente sobre la petición de
acumulación que oportunamente solicitó mi abogada teniendo
en cuenta dicha solicitud.
CUARTO: CONMINAR a la autoridad judicial accionada y a la
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO “CASUR”, para que se sirvan
adelantar la actuación judicial en perspectiva de género y de
protección de mis derechos fundamentales con especial
sensibilidad constitucional, esto es, teniendo en cuenta la
manifiesta intención de conciliar el asunto ventilado en ambas
demandas e imprimiendo celeridad al caso concreto, dada la
avanzada edad que tengo y la carencia de medios económicos
para subsistir dignamente […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que, en efecto, en la providencia
cuestionada señaló a la actora que si bien el Despacho sustanciador
del proceso origen de la controversia cuenta con un correo
electrónico utilizado como herramienta tecnológica para el desarrollo
de sus funciones, no es de su resorte recibir, gestionar y tramitar las
solicitudes de los procesos, porque eso compete a la Secretaría
conjunta de la Corporación.
Agregó que desconoció “[…] las razones por las cuales la apoderada
de la parte actora remitió de manera inicial la solicitud de
acumulación sólo al buzón del despacho y luego sí incluyó a la
Secretaría de la Corporación, si al hacer la consulta en la página web
de la Rama Judicial, al igual que los correos de los despachos al
buscar por la especialidad administrativa, figura el correo de la
Secretaría de la Corporación como el canal digital habilitado en la
corporación para remitir esta clase de requerimientos […]”.
Concluyó que la actuación cuestionada no vulneró ningún derecho de
los deprecados, conforme con la motivación que la fundamenta,
razón por la cual solicitó que la acción de tutela sea denegada.
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I.5.2.- La señora ELVIS BEATRIZ CASTILLA GARCIA, vinculada
en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso,
a través de apoderado, manifestó que debe accederse a las
pretensiones de la acción de tutela, en razón a que, en su sentir, la
acumulación de los procesos cumple con los requisitos para su
decreto, en particular, porque la solicitud respectiva fue radicada en
término.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
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decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
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es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto el
auto de 18 de agosto de 2022, proferido por el TRIBUNAL,
mediante el cual negó la acumulación del proceso radicado con el
núm. 2019-00171-00, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 200012339000 2020 00495 00.
El disenso de la actora radica en que, en su sentir, el TRIBUNAL
incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en
la medida que denegó la acumulación procesal que solicitaba, basado
en el hecho de que la petición respectiva no había sido enviada a su
secretaría, pese a que en todo caso sí lo hizo directamente a la
dirección electrónica del Despacho sustanciador del proceso.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados,
por presuntamente haber incurrido en el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al haber proferido el auto de 18 de agosto
de 2022 aludido.
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En ese orden de ideas, la Sala entrará a examinar el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en especial, el requisito de la
subsidiariedad.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
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derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto»3 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la presente acción de
tutela es improcedente por carencia del requisito de subsidiariedad,
en razón a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que dio lugar a la providencia acusada está en trámite, sin
que se advierta que dicha decisión, impida el acceso a la
administración de justicia de la actora o su derecho a la tutela judicial
3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
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efectiva.
En efecto, en la medida que la decisión cuestionada apenas recae
sobre una solicitud de acumulación procesal, dicho aspecto no afecta
su continuidad como parte del proceso, ni define su derecho sobre
la sustitución de la asignación de retiro que persigue, pues esto
último es un asunto que será definido en la sentencia que ponga fin
al proceso.
Al respecto, esta Sala4 ha señalado:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando
el proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa
las partes, aún luego de agotados los recursos que contra
ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del
medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta
irregularidad procesal en la decisión que pone fin al
proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso
a la administración de justicia y el derecho a la tutela
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
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Actora: ROSALINA GONZÁLEZ DE SAAVEDRA
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de
medios judiciales de defensa al interior del proceso,
resultaría procedente asumir su estudio en sede de tutela,
situación que no se presenta en el caso sub judice por
cuanto, el medio de control aún está en trámite.
En este sentido, la Corte Constitucional ha indicado que “[…]
Cuando el proceso se encuentra en trámite, la intervención del
juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la
acción constitucional no constituye un mecanismo alternativo o
paralelo para dirimir problemas jurídicos que deben ser
decididos mediante el trámite ordinario [...] […]”
Por otro lado, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, dado que la edad de la actora no es una
circunstancia que por sí sola configure dicha situación y, si bien
aquella afirmó que su mínimo vital está afectado, tal aseveración
carece de prueba, aspecto sobre el cual esta Sala ha señalado5:
“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la decisión
controvertida vulnera su derecho fundamental al mínimo vital;
sin embargo, no allegó ningún medio probatorio para corroborar
que ello es así y verificar que se encuentra en un estado de
vulnerabilidad, dado que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, le corresponde al accionante demostrar la
vulneración de su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital,
sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al
juez de tutela tener la certeza de tal situación” […]”.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04089-01(AC).
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19
Número único de radicación: 110010315000 2022 04697 00
Actora: ROSALINA GONZÁLEZ DE SAAVEDRA
Cabe precisar que, en todo caso, no existe ninguna relación entre la
posible afectación al mínimo vital de la actora y la decisión
cuestionada, porque esta no versó sobre la prestación que persigue
y, se reitera, tampoco impide su continuación como parte en el
proceso origen de la controversia.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de
amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no
cumplirse el requisito de la subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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Número único de radicación: 110010315000 2022 04697 00
Actora: ROSALINA GONZÁLEZ DE SAAVEDRA
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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