Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04713-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04713-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04713-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
3 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04713-01
Demandantes: José Anides Barco Marín y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04713-01
Demandantes: JOSÉ ANIDES BARCO MARÍN Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Temas: Contra providencia judicial. Reparación directa. Privación injusta de
la libertad. Desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 22
de septiembre de 2022, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
denegó la tutela.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 31 de agosto de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio,
José Anides Barco Marín, María Liliana Restrepo Jurado, Lyda Marcela Barco
Restrepo, Jimminson Damián Barco Restrepo, José Edwin Barco Restrepo, Viky
Katherine Barco Restrepo, Neftalí Barco Ochoa, Neftalí Barco Marín, Ana Elder Marín
Tafur, Yined Barco Marín, Heydy Liliana Barco Marín, Adelaida Barco Marín, Amadith
Barco Marín, Nallibe Barco Marín, Andrés Barco Marín, Yaneth Alejandra Barco Marín
y Darwin Barco Marín pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados
por la sentencia del 1° de junio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del
Caquetá. En consecuencia, el demandante formuló, textualmente, las siguientes
pretensiones:
[…] solicito al señor JUEZ me ampare los derechos fundamentales aquí referidos, y por
consiguiente decrete la nulidad de la sentencia de segunda instancia expedida por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, Sala Segunda de Decisión magistrada ponente: Angélica María
Hernández Gutiérrez con fecha de junio primero (01) de dos mil veintidós (2022) dentro del proceso
de reparación directa que tiene como demandante al señor José Edwin Barco Restrepo y Otros y
como demandado la Nación – Fiscalía General de la Nación y otro con radicación 1800-33-33-
901- 2015-00129-01 y en su defecto ordenar conceder las pretensiones solicitadas por los
accionantes en la demanda antes referenciada.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Del proceso penal
2.1.1. El 28 de febrero de 2012, el señor José Anides Barco Marín fue capturado por
personal del Ejército Nacional, por supuestamente haber incurrido en los delitos de
rebelión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
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2.1.2. El señor Barco Marín fue objeto de medida de aseguramiento privativa de la
libertad, mediante providencia del 29 de febrero de 2012, dictada por el Juzgado Primero
Penal Municipal de Florencia.
2.1.3. El 14 de agosto de 2012, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Florencia, revocó
la medida privativa de la libertad.
2.1.4. Por auto del 14 de febrero de 2014, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto
Rico declaró la preclusión de la investigación penal, con fundamento en la causal quinta
del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es, por ausencia de intervención del
imputado en el hecho investigado.
2.2. Del proceso de reparación directa
2.2.1. Los demandantes promovieron proceso de reparación directa contra la Fiscalía
General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Rama Judicial),
por estimar que incurrieron en privación injusta de la libertad.
2.2.2. Mediante sentencia del 30 de agosto de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo
de Florencia declaró que la Fiscalía General de la Nación incurrió en privación injusta
de la libertad y la condenó a pagar indemnizaciones por daños morales y lucro cesante.
El juzgado consideró que la Fiscalía General de la Nación incurrió en falla en el servicio,
pues incurrió en demora para efecto de desestimar la responsabilidad penal del señor
Barco Marín.
2.2.3. La Fiscalía General de la Nación apeló la sentencia de primera instancia, pues,
a su juicio, de conformidad con la Ley 906 de 2004, la responsabilidad por la imposición
de la medida de aseguramiento recae exclusivamente en la Rama Judicial. Que,
además, presentó elementos de juicio para justificar la procedencia de la medida
privativa de la libertad, por cuanto el señor Barco Martín fue capturado en situación de
flagrancia y portaba códigos cifrados de comunicaciones utilizados por el bloque sur de
las FARC.
2.2.4. Por sentencia del 1° de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del Caquetá
revocó la providencia del 30 de agosto de 2019 y, en su lugar, denegó las pretensiones
de la demanda de reparación directa. En síntesis, el tribunal demandado explicó que la
medida de aseguramiento estuvo debidamente justificada y que, por ende, no hubo
privación injusta de la libertad.
2.2.5. Una magistrada de la sala de decisión salvó el voto, pues, en su criterio, la
medida de aseguramiento no estuvo suficientemente justificada. Que, en ultimas, fue
declarada la preclusión, puesto que se evidenció que el señor Barco Marín no participó
en el delito imputado.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora adujo que la sentencia del 1° de junio de 2020, dictada por el
Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en desconocimiento del precedente
judicial. Que la providencia cuestionada aplicó equivocadamente el precedente fijado
en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, pese a que fue dejado sin
efecto mediante sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019.
3.2. Dijo que la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019 señaló que la culpa
exclusiva de la víctima no puede analizarse desde las conductas pre procesales, so
pena de desconocer el principio de presunción de inocencia y la propia decisión
absolutoria del juez penal.
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3.3. Adujo que también fueron desconocidos los criterios fijados en la sentencia SU-
363 de 2021, dictada por la Corte Constitucional, para efecto de estudiar la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
3.3.1. Manifestó que «mal podría decirse que al inicio del proceso sí hubiera prueba de
que participaron en la comisión de un delito y luego ya no; pues esto lo que denota es
la ligereza con que la Fiscalía llevó a cabo la investigación».
4. Intervenciones
4.1. El Tribunal Administrativo del Caquetá pidió que se declarara improcedente la
tutela, puesto que, en su criterio, la parte actora pretende reabrir un debate debidamente
agotado. Que la providencia cuestionada siguió el precedente vigente, que señala que
debe evaluarse la necesidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento.
4.1.1. Que la parte actora no cumplió con la carga que tenía de aportar la providencia
que decretó la medida de aseguramiento. Que, pese a la ausencia de los audios de la
audiencia y la providencia en la que se ordenó la medida privativa de la libertad,
encontró que «del poco material probatorio obrante en el expediente en todo se
evidencia el cumplimiento de los requisitos legales para haber decretado la privación de
la libertad».
4.2. La Fiscalía General de la Nación pidió que se denegara la tutela, por cuanto,
en su criterio, la parte actora simplemente pretende reabrir una discusión debidamente
agotada. Que lo cierto es que la parte actora no demuestra la vulneración de derechos
fundamentales y que fue aplicado el precedente fijado en la sentencia SU-072 de 2018.
4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial alegó que la providencia
cuestionada siguió el precedente aplicable, esto es, el fijado en la sentencia SU-072 de
2018, proferida por la Corte Constitucional. Que se demostró la necesidad y procedencia
de la medida de aseguramiento, pues al momento de ordenarla había indicios de la
posible participación del señor Barco Marín en el delito de rebelión.
4.3.1. Agregó que la tutela de la referencia ya había sido interpuesta, pero no identificó
ante cuál autoridad judicial.
5. Sentencia impugnada
5.1. Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo
de Estado denegó la tutela, por lo siguiente:
5.1.1. Que la sentencia SU-363 de 2021 no puede ser tenida como precedente, puesto
que no ha sido debidamente publicada. Que «se observó en la página de consulta de la
Corte Constitucional que esta decisión fue dada a conocer mediante el comunicado de
prensa No. 39 del 22 de octubre de 2021. Sin embargo, su contenido no ha sido
publicado y se conoce tan solo un extracto de las razones que conllevaron a que el
citado tribunal constitucional confirmara el fallo de tutela que dejó sin efectos la decisión
del 15 de agosto de 2018 de la Sección Tercera del Consejo de Estado […] un
comunicado de prensa en el que se anuncia el sentido de una decisión no es suficiente
para que se puede determinar si se configura una violación al precedente judicial de una
providencia que no se conoce, pues no se cuentan con los elementos suficientes para
poder determinar si la regla anunciada se desconoció».
5.1.2. Dijo que, en todo caso, la decisión de denegar las pretensiones de la demanda
de reparación directa fue razonable, puesto que la parte actora no acreditó las
condiciones en que fue decretada la medida de aseguramiento. Que el precedente fijado
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en la sentencia SU-072 de 2018 exige que sea evaluada la necesidad, proporcionalidad
y procedencia de la medida de aseguramiento.
5.1.3. Explicó que no es cierto que la sentencia cuestionada haya estado sustentada
en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
6. Impugnación
6.1. La parte actora impugnó la sentencia del 22 de septiembre de 2022, pues, a su
juicio, el a quo desconoció el alcance y contenido de la sentencia SU-363 de 2021. Que
lo cierto es que la sentencia SU-363 de 2021 señala que el juez de reparación directa
no puede analizar las conductas pre procesales de la persona privada de la libertad, so
pena de desconocer la presunción de inocencia y la cosa juzgada.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 2012 1, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20142, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»3.
2. Planteamiento y respuesta al problema jurídico
1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
3 SU-573 de 2017.
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2.1. En los términos de la impugnación, la Sala debe decidir si el a quo acertó al
denegar las pretensiones de la tutela de la referencia, por estimar que la sentencia del
1° de junio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, no desconoció
la sentencia SU-363 de 2021, porque, al no conocerse su contenido, no constituye
precedente. Como se vio en los antecedentes, la impugnación se limita a reiterar que
fue desconocido el precedente fijado en la sentencia SU-363 de 2021, pues, en criterio
de la parte actora, la providencia cuestionada realizó una valoración de actuaciones pre
procesales del señor Barco Marín.
2.2. En el caso concreto, la providencia cuestionada aludió a que, inicialmente, la
Sección Tercera de Consejo de Estado fijó un régimen de responsabilidad objetivo con
respecto a los casos de privación injusta de la libertad.
2.2.1. Seguidamente, fueron citadas las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018,
que, en términos generales, regulan lo concerniente a la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad. Así, el tribunal demandado advirtió que «el juicio de
responsabilidad patrimonial del Estado por los daños derivados de la medida de
aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la
legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida […] la sentencia de unificación
de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad
no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero
cualquiera que sea el que se aplique, se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto,
si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de
establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
dio lugar a la medida de privación de la libertad».
2.2.2. El tribunal demandado hizo un detallado recuento de los hechos probados en el
proceso de reparación directa y advirtió que la parte actora no acreditó las condiciones
bajo las que fue impuesta la medida de aseguramiento, puesto que no allegó la
respectiva providencia. En lo que interesa, la autoridad judicial demanda señaló lo
siguiente: «le correspondía a la parte demandante probar que las decisiones conforme
las cuales se privó de la libertad al actor fueron desproporcionadas o injustas, lo que no
ocurrió en el caso concreto, pues, se insiste, no se allegó copia de los audios
correspondientes a las audiencias concentradas preliminares y en las que se le impuso
la medida de aseguramiento al señor José Anides Barco Marín, y lo cierto es que no
puede esta Corporación entrar a suplir la deficiencia probatoria observada en el sub
examine, como quiera el numeral 5 del artículo 162 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que corresponde al
demandante peticionar las pruebas que pretende hacer valer y, en todo caso, aportar
aquellas que se encuentren en su poder. Dicho mandato implica que al actor se le
exigen unas cargas probatorias mínimas que, en el caso objeto de estudio, no fueron
cumplidas». Además, la providencia cuestionada resalta la improcedencia de decretar
pruebas de oficio para corregir la omisión de la parte actora.
2.2.3. En todo caso, la autoridad judicial demandada indicó que de las pruebas obrantes
en el expediente puede inferirse que la medida de aseguramiento privativa de la libertad
estuvo debidamente justificada. Para el efecto, la autoridad judicial demandada advirtió
que en el expediente obraba la declaración rendida por el cabo segundo que realizó la
captura y el informe de captura en flagrancia del 28 de febrero de 2012, que dan cuenta
de actitudes sospechosas del señor Barco Marín (contradicciones durante el registro e
intento de huir) y de haberse encontrado «código cifrado de comunicación del Bloque
Sur de la ONT FARC».
2.2.4. En ese contexto, el tribunal demandado estimó que la medida de aseguramiento
cumplió con los requisitos previstos en los artículos 307 y 308 del Código de
Procedimiento Penal.
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2.3. A juicio de la Sala, la sentencia del 1° de junio de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, no incurrió en desconocimiento del precedente. Veamos.
2.3.1. La Sala coincide con el a quo en que la sentencia SU-363 de 2021 no constituye
un precedente aplicable, habida cuenta de que no ha sido publicada la totalidad de su
contenido 4 . El sentido de la sentencia SU-363-2021 fue puesto en conocimiento
mediante comunicado del 12 de octubre de 2021. Sin embargo, de conformidad con el
artículo 64 de la Ley 270 de 19965, los comunicados no tienen fuerza vinculante y son
publicados para efectos eminentemente pedagógicos e informativos.
2.3.2. El carácter informativo de los comunicados de prensa también se evidencia en el
literal c) del artículo 9 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, que establece
como función del presidente de esa Corporación la de «servir a la Corte de órgano de
comunicación», de modo que «sólo él podrá informar oficialmente de los asuntos
decididos en Sala Plena».
2.3.3. La propia Corte Constitucional ha señalado que reconocer carácter vinculante a
los comunicados «trastocaría la esencia de cada una de las figuras comentadas, ya que
si se le otorgara al comunicado la capacidad para afectar la providencia cuya adopción
se limita anunciar se le conferiría una fuerza vinculante que, fuera de no corresponderle,
enervaría la sentencia misma y la vaciaría de su contenido y de su valor, al punto que
sería inútil dotarla de carácter documental y presentarla suscrita por los magistrados
que intervinieron en su debate y aprobación»6.
2.3.4. También debe decirse que el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 señala que
«las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso
concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de
primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las
decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta». Por consiguiente,
al no haberse notificado y publicado el contenido integral de la sentencia SU-363 de
2021, no resulta procedente dar efecto a las reglas jurisprudenciales allí fijadas ni mucho
menos realizar la verificación propuesta por la parte actora.
2.3.5. De hecho, en los términos del artículo 302 del Código General del Proceso7, la
sentencia SU-363 de 2021 ni siquiera está ejecutoriada y, por ende, no hay lugar a darle
algún efecto jurídico para analizar un presunto desconocimiento del precedente.
2.4. Por lo demás, la Sala advierte que la sentencia cuestionada estuvo sustentada en
el precedente fijado en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, dictadas por
la Corte Constitucional, que, para los casos de privación injusta de la libertad, señalan
que el juez de la reparación directa debe verificar la antijuridicidad del daño, esto es, si
la medida privativa de la libertad fue necesaria, razonable y proporcional. Justamente,
la providencia cuestionada hizo un estudio del daño antijurídico y concluyó que no
estaba acreditado, por cuanto la parte actora omitió aportar la copia de la providencia o
audiencia en la que fue impuesta la medida de aseguramiento.
4 En el mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 30 de junio de 2022, dictada en el proceso 11001-03-
15-000-2022-02608-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
5 Por razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán informar sobre el contenido y alcance
de las decisiones judiciales. Tratándose de corporaciones judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto
de sus presidentes.
6 Ver, entre otros, autos A-283 de 2009, A-022 de 2013, A-201 de 2013 y A-235 de 2015.
7 EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean
impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez
resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
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2.5. Siendo así, queda resuelto el problema jurídico: el a quo sí acertó al denegar las
pretensiones de la tutela de la referencia, porque es cierto que, a la fecha, la sentencia
SU-363 de 2021 no constituye precedente. Por consiguiente, será confirmada la
sentencia impugnada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada
[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada
7
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