Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04726-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04726-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04726-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
3 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04726-00
Accionante: INSTITUTO COLOMBIANA PARA LA EVALUACIÓN DE
LA EDUCACIÓN – ICFES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / acción
de repetición / pago de sentencia condenatoria en
reparación directa / defecto fáctico y sustantivo
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES contra el
Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES,
actuando por conducto de apoderado1, interpone acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Cauca, por la presunta vulneración
del derecho fundamental al debido proceso, con fundamento en los
siguientes:
1
Alba Marcela Ramos Calderón.
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ACCIÓN DE TUTEL A
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1. HECHOS
La Universidad Libre, Seccional Cali, mediante Acta 003 de 16 de agosto
de 1994, aprobó la solicitud de consiliatura con el fin de extender el
programa de derecho a la ciudad de Popayán sin contar con la
autorización del ICFES, entidad que se encargaba de la regulación,
vigilancia, creación y extensión de programas de educación superior.
Luego, mediante Resolución 100 del 30 de agosto de 1991, el Consejo
Directivo de la Universidad Libre, Seccional Cali, dio apertura a 3 cursos
nocturnos para el programa de derecho en Popayán.
Frente lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional a través de la
Resolución 1888 de 3 de junio de 1998, ordenó la apertura de
investigación preliminar a la Universidad Libre y, posteriormente,
mediante Resolución 1493 de 23 de julio de 2001, le impuso sanción
de amonestación pública y le ordenó al ICFES realizar un examen de
idoneidad a los alumnos para valorar sus conocimientos y así poder
determinar si podían optar por el título de abogados.
Así las cosas, al no obtener el título de abogado, varios estudiantes
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, el ICFES y la Universidad Libre, por permitir a
esta última crear la facultad de derecho de Popayán sin contar con los
respectivos permisos.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, en
providencia del 28 de agosto de 2008, accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda.
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Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante
sentencia del 9 de julio de 2009, modificó lo resuelto por el a quo en el
sentido de acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda.
En ese orden de ideas, el ICFES fue condenado a pagar la suma de $
353.620.020 dividida entre los demandantes, a los que les correspondió
un pago individual de $ 29.470.835, el cual fue autorizado mediante
Resolución 900 del 21 de octubre 2010.
Así las cosas, el ICFES inició demanda de repetición en contra de los
señores Alfonso Santos Montero, Jaime Gutiérrez Grisales, Antonio
María Barrera Carbonell, Ernesto Rey Cantor, Raúl Caro Porras, Jorge
Mercado Tobías, Libardo Orejuela Díaz y Jesús Marino Gutiérrez Osorio,
Oscar Hurtado Gómez, Francisco Diego Cadena Antia, Roosevelt
Rodríguez, Antonio Escudero, José Joaquín Gamboa, Gilberto Aránzazu
Marulanda, Rodolfo Afanador Tobar, para que se les declarara solidaria
y patrimonialmente responsables.
En primera instancia el proceso correspondió al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, despacho que, en
providencia de 29 de marzo de 2019, negó las pretensiones de la
demanda al declarar probada la falta de pago como requisito de
procedibilidad para instaurar la acción de repetición.
Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo del Cauca mediante
sentencia de 25 de marzo de 2021 revocó lo resuelto por el a quo y, en
consecuencia, condenó solidariamente a los demandados.
En ese orden de ideas, los señores Alfonso Santos Montero, Jaime
Gutiérrez Grisales, Antonio María Barrera Carbonell, Ernesto Rey
Cantor, Raúl Caro Porras, Jorge Mercado Tobías, Libardo Orejuela Díaz
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y Jesús Marino Gutiérrez Osorio, radicaron acción de tutela en contra
del fallo del 25 de marzo de 2021 proferido por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
En primera instancia, la Sala de Conjueces de la Sección Primera del
Consejo de Estado en sentencia del 10 de marzo de 2022, rechazó por
improcedente el amparo solicitado.
Apelada la decisión por los accionantes, la Sección Quinta de esta
corporación en providencia del 23 de junio de 2022 revocó lo resuelto
por el a quo para, en su lugar, amparar el derecho fundamental al
debido proceso, por lo que ordenó lo siguiente:
«TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca que, en el
término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, profiera una decisión de remplazo en la que decida sobre
la aplicación al precedente desconocido, en lo que tiene que ver con a
ajustar a criterios de razonabilidad y proporcionalidad el pago de la
condena por parte de los accionantes según su responsabilidad.
De igual manera, se efectué (sic) un análisis probatorio que atienda a
las reglas allí establecidas para constatar que los beneficiarios de la
reparación recibieron efectivamente el desembolso, lo que permita
concluir si se cumple con el requisito de procedibilidad de acreditar el
pago de la condena por parte de la entidad, de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia».
En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Cauca,
mediante auto del 28 de junio de 2022, requirió al ICFES para que
remitiera el material probatorio que permitiera constatar que los
beneficiarios de la condena impuesta en el proceso de reparación
directa recibieron efectivamente el pago ordenado.
Frente a lo anterior, el ICFES, mediante correo electrónico, adjuntó las
órdenes de pago y solicitó al Tribunal oficiar a la entidad bancaria para
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que certificara el pago realizado a los demandantes de la acción de
reparación directa y la copia de la resolución mediante la cual se ordenó
el registro y pago de una sentencia judicial.
Posteriormente, en auto del 15 de julio de 2022, ofició nuevamente al
ICFES para que allegara los soportes contables, constancias, extractos
y documentos que demostraran que se realizó la consignación.
Asimismo, requirió a la señora Teresa Eugenia Lemos Bermeo,
apoderada de los demandantes en la acción de repetición para que
informara si recibió el pago de la condena impuesta.
Finalmente, en providencia del 27 de julio de 2022, el Tribunal
Administrativo del Cauca profirió sentencia de remplazo a través de la
cual revocó el fallo del 29 de marzo de 2019 dictado por el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán en el proceso de
repetición y condenó a los demandados únicamente al pago de la suma
de $ 12.182.777, pues fue la suma que encontró acreditada como
pagada a los beneficiarios de la reparación directa y no los $
346.150.020 como lo señaló la entidad.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La entidad demandante afirma que la autoridad judicial accionada
incurrió en los siguientes defectos:
• Defecto fáctico, toda vez que negó la prueba solicitada
consistente en oficiar a la entidad bancaria para que certificara el
ingreso del valor de $ 346.150.020 a la cuenta de la apoderada
de los demandantes en el proceso de reparación directa.
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• Hubo una valoración arbitraria del material probatorio, por cuanto
ninguna prueba le pareció suficiente para demostrar el pago
adeudado, desconociendo que se allegaron al proceso las órdenes
de pago en cumplimiento de la condena, en las que se evidencia
el detalle de los valores, destinatario, cuenta, fecha y valor, así
como la resolución de orden de registro y pago.
• Pese a ello, con el testimonio de los demandantes de la acción de
repetición o el de la apoderada, la certificación bancaria en la que
se informara el valor y la fecha de la consignación, el Tribunal
podía constatar el pago total del valor adeudado en lugar de
emitir una decisión escasa de información.
• Defecto sustantivo, por cuanto la sentencia cuestionada
desconoció la Ley 678 de 2001 que establece que la acción de
repetición busca el reintegro del monto de la indemnización que
debió reconocer a un particular.
3. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«PRIMERA: Se protejan los derechos fundamentales al Debido Proceso, Defensa y
Contradicción del Icfes y dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de fecha 27 de julio de 2022, mediante el cual se resolvió revocar la
Sentencia No. 034 del 29 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Popayán, al materializarse un defecto factico ante la ausencia
de valoración probatoria y sustantivo, frente a la realización del pago real o efectivo de la
indemnización respectiva por parte de la entidad, en cumplimiento a lo estipulado en la Ley
678 de 2001.
SEGUNDA: Ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca, proferir una nueva sentencia
dentro del proceso de repetición distinguido con el radicado 19001 33 31010 2011 00424
01, en donde se tenga en cuenta el material probatorio allegado al proceso el cual ha sido
mencionado, se disponga el recaudo probatorio conforme lo solicitado y se tenga por
demostrado el pago de la condena que ocasionó la acción de repetición hoy objeto de
estudio».
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4. INFORMES
Mediante auto del 5 de septiembre de 2022 se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo
del Cauca como accionado y al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Popayán, al Ministerio de Educación Nacional, a la
Universidad Libre y a los señores Alfonso Santos Montero, Jaime
Gutiérrez Grisales, Antonio María Barrera Carbonell, Ernesto Rey
Cantor, Raúl Caro Porras, Jorge Mercado Tobías, Libardo Orejuela Díaz
y Jesús Marino Gutiérrez Osorio, como terceros interesados en las
resultas del proceso.
4.1. El Tribunal Administrativo del Cauca, por conducto del
magistrado ponente de la decisión objeto de reproche, se opuso a cada
una de las pretensiones de la demanda, por cuanto no ha incurrido en
la violación de algún derecho fundamental de la parte accionante.
En ese sentido, señaló que el fallo de reemplazo que hoy es objeto de
tutela se ajustó a las disposiciones normativas y jurisprudenciales
aplicables al proceso y a la orden de tutela proferida en segunda
instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso
identificado con el radicado 11001-03-15-000-2021-05810-01.
Por otro lado, sostuvo que lo verdaderamente pretendido por la parte
accionante no es precisamente atacar la sentencia de reemplazo sino
las motivaciones y decisiones dadas por el Consejo de Estado en la
providencia de tutela que ordenó rehacer el fallo proferido por el
Tribunal que consideró que los elementos probatorios no eran
suficientes para demostrar el pago de la sentencia por parte del ICFES.
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En ese orden de ideas, lo que se pretende a través de la presente tutela
es que se estudie una situación particular, pese a que ya fue resuelta
en dos instancias y luego se profirió una decisión de reemplazo.
4.2. El Ministerio de Educación Nacional solicitó ser desvinculado
de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
4.3. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿El Tribunal Administrativo del Cauca, al proferir la sentencia del
27 de julio de 2022 mediante la cual, en sede de apelación,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de
repetición instaurada por el ICFES, incurrió en defecto fáctico y
sustantivo y, en consecuencia, en la vulneración de los derechos
fundamentales de la entidad?
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Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco conceptual
de los defectos fáctico y sustantivo; y iv) el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta
política le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
2
Corte Constitucional, sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.
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2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.
2.1.2. Así mismo, se observa que la parte accionante no contaba con
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de la sentencia de segunda instancia (27 de julio de
2022) hasta la radicación de la acción de tutela (31 de agosto de 2022).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos fáctico
y sustantivo en que, presuntamente, incurrió la autoridad judicial
cuestionada.
2.2. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
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el particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.
b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»7.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
4
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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2.3. Del defecto material o sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional8, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales9, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque
la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue
derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,
(d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”10.
En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en
una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
8
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015,
entre otras.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución”11. Este defecto, se presenta ante situaciones
excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es
irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser
así, la acción de tutela resultaría improcedente12.
3. Caso concreto
En el presente asunto, la entidad accionante cuestiona la providencia
del 27 de julio de 2022 en la que el Tribunal Administrativo del Cauca,
en cumplimiento de una acción de tutela revocó el fallo del 29 de marzo
de 2019 proferido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán en el proceso de repetición instaurado por el ICFES
y condenó a los allí demandados únicamente al pago de la suma de $
12.182.777, al considerar que las pruebas allegadas al proceso no
fueron suficientes para demostrar el pago total de $ 346.150.000.
Manifiesta, en síntesis, que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió
en un defecto fáctico al analizar de manera arbitraria el material
probatorio, del que era posible establecer el pago total de la condena
impuesta en el proceso de reparación directa.
Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo, al desconocer los lineamientos de la Ley 678 de
2001 que reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial
11
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de
repetición.
En punto del reproche efectuado por el accionante, la Sala observa que
el Tribunal Administrativo del Cauca, para revocar el fallo de primer
grado, hizo las siguientes consideraciones:
«(…) Posteriormente, por correo electrónico del 19 de julio de 2022 la entidad refirió que
la Subdirección financiera y contable le allegó:
“1. Imagen del proceso de pago realizado el día 14 de diciembre de 2010, en el portal
bancario del Banco Popular, en donde se evidencian tres beneficiarios los cuales
suman un valor total de $391.713.285. Dentro de ellos se encuentra el pago de la
señora TERESA EUGENIA LEMOS BERMEO, por valor de $346.150.020, así como
la cuenta bancaria correspondiente.
2. Extracto bancario de la cuenta terminada en 0062, en donde se evidencia que el día
14 de diciembre de 23010, se realizó el giro de recursos por un valor total de
$391.713.285, en la cual, tal como se mencionó anteriormente, contiene el giro
correspondiente a la señora TERESA EUGENIA LEMOS BERMEO”.
(…)
3. Y por parte de esta apoderada se solicitó al Banco AV VILAS certificación o
soporte de la consignación realizada a la señora EUGENIA (sic) TERESA LEMOS
BERMEO (Oficio que se aporta con su debida colilla de envío).”
No obstante la certificación anterior, observa la Sala, que en el detalle de transacciones del
01 al 31 de diciembre de 2010 de la cuenta terminada en 0062 solo se relaciona para el día
14 de diciembre: el detalle “CARGOS POR AC” por valor de $391.713.285. Sin identificar
más detalles de esta transacción y que permita establecer el pago a la apoderada del proceso
de reparación directa sub examine, bajo los parámetros indicados en la orden de tutela objeto
de cumplimiento.
Igualmente, en una relación de pagos, aportada por el ICFES obrante a folio 176 del
Cuaderno de Segunda Instancia, figura el de la beneficiaria TERESA EUGENIA LEMOS
B, del 14 de diciembre de 2010, por valor de $346.150.020 a la cuenta terminada en los
números …8390 del Banco AV VILLAS, pero con el estado de “Requiere aprobación”. De
lo que se infiere, de este documento, que la transacción no ha culminado y que sea indicativo
que el pago hubiese sido recibido por los beneficiarios, conforme al marco hermenéutico
señalado por el Alto Tribunal en la plurimencionada orden de tutela.
Finalmente, El ICFES aportó copia del oficio remitido al presidente del Banco AV Villas a
través de servicio postal el 17 de julio de 2022, en el cual le requirió remitir la certificación
o soporte de la consignación que efectuó en favor de la señora TERESA EUGENIA
LEMOS BERMEO, por valor de $346.150.020 el día 14 de diciembre de 2010; a pesar de
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ello, hasta la fecha de emisión del presente proveído, no se recibió comunicación alguna
sobre dicho respecto.
Observa la Sala de lo expuesto, que las mencionadas pruebas no resultan suficientes, en
atención a la orden de tutela impartida por el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, que permitan observar la materialización del pago efectuado a la señora
TERESA EUGENIA LEMOS BERMEO por valor de $346.150.020 cuya génesis se
encuentra en las sentencias en que se fundamenta la presente acción de repetición, pues en
ellas no es posible estimar que los beneficiarios recibieron efectivamente dichos recursos.
A contrario sensu, estima la Sala, que la orden de pago No. 4665 y la copia de la
consignación de depósitos judiciales con fecha de recibido del Banco Agrario de Colombia
del 28 de diciembre de 2010, junto con el contenido de la Resolución No. 00900 del 21 de
octubre de 2010, sí permiten evidenciar que la consignación efectuada al Juzgado 5º Civil
Municipal de Popayán se llevó a cabo en virtud de la condena impuesta al ICFES materia
de este proceso y en cumplimiento de una orden judicial de embargo emitida dentro de un
proceso ejecutivo que cursaba en ese Juzgado en contra de la señora MARÍA LUCÍA PAZ
FERNÁNDEZ, quien según quedó visto en precedencia, se itera, era beneficiaria de la
condena impuesta al ICFES dentro del proceso de reparación directa génesis de la
Repetición que nos ocupa.
Ergo, al realizar un análisis conjunto de los documentos allegados al expediente y conforme
a las reglas de la sana crítica, es posible concluir que se probó el pago efectuada (sic) por
parte de la entidad en el libelo inicial, pero únicamente en el monto de $7.500.000,
acreditados con la suma consignada a órdenes del Juzgado 5º Civil Municipal de Popayán
en cumplimiento de orden de embargo contra la señora PAZ FERNANDEZ, como se
indicó.
Por otra parte, en lo referente a la excepción propuesta por los demandados en su
contestación, denominada “falta de requisito de procedibilidad de acreditación del pago de
las condenas por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –
ICFES”, en la que sostienen que el pago fue realizado por el Ministerio de Educación
Nacional y no por la demandante ICFES, no pudo ser constatado con los elementos de
prueba de la foliatura, por el contrario, con lo expuesto en los párrafos precedentes, se
demostró que dicha suma fue consignada por el ICFES.
A manera de colofón en este ítem del análisis se tiene que al haberse evidenciado que el
pago parcial de la condena en el monto de $7.500.000 sí fue debidamente probado por el
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, será necesario llevar a
cabo el estudio de los demás elementos objetivos y del subjetivo, para establecer la
responsabilidad de los demandados en repetición».
Se observa, entonces, que el Tribunal Administrativo del Cauca no
ignoró ni omitió valorar el material probatorio obrante en el proceso;
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por el contrario, realizó un estudio de cada una de las pruebas
allegadas; sin embargo, en su sana crítica concluyó que las mismas no
resultaban suficientes para demostrar el pago total de la obligación a
cargo del ICFES, evento en el cual el criterio adoptado por el juez
natural de la causa, al ser plausible, debe ser respetado, en tanto se
trata del ejercicio del encargo constitucional de administrar justicia.
Asimismo, no puede desconocerse que la decisión adoptada por el
Tribunal obedece también al cumplimiento de la tutela impartida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado a través de la cual se le ordenó
proferir una decisión de remplazo con un debido análisis probatorio que
atendiera las reglas establecidas para constatar que los beneficiarios de
la reparación recibieron el desembolso. Para ello, expuso que el
requisito exigido para la procedencia de la acción de repetición
consistente en el pago de la suma determinada en la sentencia
condenatoria debe ser demostrado con toda certeza.
Así las cosas, las conclusiones a las que arribó el Tribunal
Administrativo del Cauca, no pueden ser calificadas como constitutivas
de un error fáctico, pues dicha decisión se produjo en ejercicio de la
autonomía del juez, quien, al valorar las pruebas, está en mejores
condiciones que cualquier otro administrador de justicia para evaluarlas
críticamente, en tanto la inmediación de la prueba le dota de elementos
adicionales que resultan ser determinantes al momento de su
valoración.
Ahora bien, tampoco se encuentra acreditado el defecto sustantivo
fundamentado en el desconocimiento de los lineamientos de la Ley 678
de 2001, por cuanto el Tribunal, al analizar los elementos de
procedencia de la acción de repetición y encontrar plenamente probado
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el pago de $ 7.500.000, actualizado a $ 12.182.777 por parte del ICFES
a los beneficiarios de la reparación directa, dividió el monto entre los
demandados y los condenó al respectivo pago.
En ese orden de ideas, al encontrarse que las conclusiones a las que
llegó la autoridad judicial accionada están razonadas en una crítica
objetiva fundada en la lógica y en los principios de racionalidad jurídica
que deben guiar los pronunciamientos de la justicia, se descarta la
posibilidad de calificar su decisión como violatoria de derechos
fundamentales o constitutiva de “vía de hecho”, puesto que se trata,
simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable al amparo
de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial13.
Así las cosas, al tratarse de una decisión suficientemente sustentada,
debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía e
independencia judicial, por lo cual se negará el amparo constitucional
reclamado, al no encontrarse configurados los defectos fáctico y
sustantivo endilgados.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
13
Sentencia T-106 de 2000.
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FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional invocado por el
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
– ICFES en contra del Tribunal Administrativo del Cauca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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