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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04729-00

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04729-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Luis Ovidio Hurtado López, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04729-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04729-00
Demandante: Luis Ovidio Hurtado López
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Trámite incidente de
desacato de tutela/ Requisitos de procedencia/ Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició el auto por medio del cual la autoridad
judicial demandada se abstuvo de abrir incidente de desacato por el presunto
incumplimiento de una orden de tutela.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Luis Ovidio Hurtado
López contra el Tribunal Administrativo de Santander.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 1 de septiembre de 2022, Luis Ovidio Hurtado presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, con ocasión del Auto de 17 de mayo de 2022,
por medio del cual la autoridad judicial demandada se abstuvo de abrir
incidente de desacato respecto de la acción de tutela No. 68001-23-33-
000-2021-00488-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):

“(…) amparar a la parte demandante el derecho fundamental de la defensa
lesionado dentro del proceso de la referencia, revocando la sentencia
proferida por el H. Tribunal Administrativo de Santander fechada 17-05-2022. Y

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04729-00
Demandante: Luis Ovidio Hurtado López
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Decisión: Declara improcedencia
Naturaleza: Acción de tutela- Primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

ordenar, en consecuencia, al Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil,
proceda a:

1.- NOTIFICAR de nuevo su auto calendado 22-07-2021 relacionado en este
escrito y pronunciarse sobre la solicitud AMPARO DE POBREZA-APODERADO DE
OFICIO presentada por el suscrito demandante; y NOTIFICAR de nuevo la
sentencia fechada 11-12-2020 proferida por el mismo juzgado 1º Administrativo
Oral de San Gil, dentro del proceso de la referencia”.

3. Como hechos relevantes se tienen los siguientes:

4. 1) El 2 de julio de 2021, Luis Ovidio Hurtado López presentó acción de
tutela contra el Juzgado 1 Administrativo de San Gil, al cual le endilgó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, por la falta de respuesta a su solicitud de
revocatoria de poder dentro del proceso de reparación directa No. 68679-
33-33-001-2016-00028-00.

5. 2) Mediante Sentencia de 21 de julio de 2021, confirmada el 26 de
agosto de 20212, el Tribunal Administrativo de Santander amparó los
derechos invocados por el señor Hurtado López y, para ello, resolvió (se
trascribe):

“Segundo. ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de San Gil que proceda en el término de 48 horas siguientes a la
comunicación de esta providencia, a resolver el memorial de revocatoria de
poder presentado por el señor Luís Ovidio Hurtado López, desde el 14 de
marzo de 2019 y, otorgue un término prudencial para que el demandante
designe nuevo apoderado judicial.

Una vez realizada la anterior actuación judicial y culminado el término
concedido al actor para que allegue nuevo poder, proceda nuevamente a
notificar la sentencia de primera instancia proferida el 11 de noviembre de
2020 al demandante de acuerdo con la normatividad aplicable al caso, a
efectos de garantizar el principio de publicidad y el derecho de defensa y
contradicción dentro del proceso de reparación directa radicado bajo No.
686793333001-2016- 000128-00”.

6. 3) El 1 de abril de 2022, Luis Ovidio Hurtado López promovió incidente
de desacato, al considerar que continuaba la transgresión de los derechos
que se le ampararon, comoquiera que (se trascribe) “la parte accionada
no surtió la notificación electrónica de la sentencia en los términos
ordenados en sede de tutela, ya que lo hizo hasta el 7 de octubre de 2021,
esto es, dos meses y medio”, circunstancia que, a su juicio, le impidió
nombrar nuevo apoderado o presentar, de manera personal, el respectivo
recurso de apelación.

7. 4) En Auto de 6 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de
Santander corrió traslado del incidente y requirió al incidentado para que

2 En sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04729-00
Demandante: Luis Ovidio Hurtado López
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Decisión: Declara improcedencia
Naturaleza: Acción de tutela- Primera instancia
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informara sobre las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a la
Sentencia de 21 de julio de 2021.

8. 5) El 7 de abril de 2022, el Juzgado 1 Administrativo de San Gil rindió
informe sobre las actuaciones que adelantó respecto de la orden de
tutela3.

9. 6) Mediante Auto de 17 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo
de Santander se abstuvo de abrir incidente en contra de la juez titular del
Juzgado 1 Administrativo de San Gil, al no encontrar un incumplimiento
subjetivo o actitud dolosa de su parte.

10. El fundamento de la vulneración radicó en que el Tribunal
Administrativo de Santander profirió la decisión enjuiciada, (se trascribe)
“confiando en el informe del Juzgado”, pese a que el señor Hurtado López
no conoció, en su oportunidad, el Auto de 22 de julio de 20224 ni su
notificación por estado el 23 de julio de 2021, ya que ninguno fue enviado
a sus correos electrónicos. Al respecto, alegó, de un lado, que la
notificación apareció (se trascribe) “a su hermana Luz Amanda Hurtado
López, muy ajena a estos menesteres jurídicos, quien no recibió la
notificación relacionada (…) a su correo [“lizaman21@hotmail.com”].

11. De otro lado, que, al abrir sus correos clarinsigloxxi@gmail.com y
proleer.clubes@gmail.com, nada encontró relacionado con el asunto, sólo
la siguiente anotación (se trascribe) “La suscrita secretaria del Juzgado
Primero Administrativo Oral de San Gil (Sder), le comunica que el día
7 DE JULIO DE 2021, se generó Estado en el proceso donde Usted
representa a la parte demandante o demandada, (…) y revisado mi
correo de la fecha señalada (7-07-2021), nada encuentro relacionado con
el Juzgado”.

3 El cual informó (se trascribe): “i) El veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021), se profirió dentro del

expediente de reparación directa 686793333001-2016-000218-00, auto en el que se adoptaron las siguientes
decisiones: “Con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela adoptado por el H. Tribunal Administrativo de
Santander de fecha 21 de julio de 2021 y teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 74 del C.G.P, se
acepta la solicitud presentada por el demandante señor LUIS OVIDIO HURTADO LÓPEZ y en consecuencia se
ordena tener por revocado el mandato que había conferido al abogado JAIRO FABIAN SUTTA ZARATE quien se
identifica con cédula de ciudadanía número[…] y tarjeta profesional […] del C.S. de la J y representaba sus
interés dentro de la presente causa. En consecuencia, de lo anterior, se dispone conceder al demandante el
plazo de cinco (5) días contados desde la notificación de esta providencia para efectos de que designe nuevo
apoderado judicial.
ii) El anterior auto fue notificado en estados del día veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021). La
comunicación de la publicación del estado se remitió a todos los correos electrónicos pertenecientes al señor
LUIS OVIDIO HURTADO LÓPEZ, que registraban en el expediente, así:
(…)
iv) En el plazo antes señalado el accionante guardo silencio.
v) Una vez fenecido el plazo concedido para otorgar poder, el Juzgado procedió al cumplimiento de la última
parte de la medida de protección señalada en el fallo de tutela, notificar la sentencia al accionante. Ello se
realizó, conforme lo prescrito en el artículo 203 del CPCA, mediante el envió de correo electrónico a las cuentas
electrónicas registradas en el curso del proceso como propias del señor LUIS OVIDIO HURTADO LÓPEZ:
[clarinsigloxxi@gmail.com; proleer.clubes@gmail.com; jaimebaez1983@gmail.com; fabiansutta@gmail.com)]”.
Páginas 2 a 4 del informe rendido por el Juzgado 1 Administrativo de Santander, visible en el índice 33 de SAMAI
del proceso No. 68001-23-33-000-2021-00488-00.
4 Mediante el cual se concedieron 5 días para designar nuevo abogado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04729-00
Demandante: Luis Ovidio Hurtado López
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Decisión: Declara improcedencia
Naturaleza: Acción de tutela- Primera instancia
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12. Hizo alusión a una solicitud de amparo de pobreza y abogado de
oficio, sin indicar su fecha de radicación, simplemente manifestó que
frente a la misma no había recibido respuesta.

13. Adicionalmente, indicó que el Juzgado 1 Administrativo de San Gil
no notificó la Sentencia de 11 de diciembre de 2020, como lo ordenó el
tribunal, sino que 2 meses y 8 días después, pues, hasta el 7 de octubre de
2021 la remitió a los correos electrónicos clarinsigloxxi@gmail.com y
proleer.clubes@gmail.com.

14. En relación con lo anterior, estimó que (se trascribe) “el Juzgado
debió ante el silencio del demandante designar un apoderado de oficio y
luego notificar de nuevo la sentencia del 11-12-2020. Pero dejó transcurrir
dos meses y ocho días después de cumplida la fecha señalada, sin causa
alguna que justificara dicha mora en el procedimiento”, ya que, según
expresó, de haberse notificado oportunamente, hubiera pactado con
algún nuevo apoderado o simplemente apelado. Por lo expuesto, adujo
que la falta de notificación oportuna (se trascribe) “subvirtió el orden
jurídico frente al debido proceso y ocasionó perjuicios que deberán ser
resarcidos”.

1.2. Posición de la parte demandada y los terceros5

15. El Tribunal Administrativo de Santander remitió, vía correo
electrónico, el expediente de la acción de tutela No. 68001-23-33-000-2021-
00488-00/01 solicitado, pero no se pronunció respecto de los hechos y/o
pretensiones de la presente acción de tutela.

16. Stella Hurtado de Calderón, Myriam Hurtado López, María Sorany
Hurtado López, Carlos Augusto Hurtado López, Luz Amanda Hurtado López,
Kelly Johana Hurtado Carrillo, Mayda Margiory Hurtado Carrillo y Aura Dolly
Hurtado López remitieron, por separado, correos en el que se limitaron a
decir que el demandante (Luis Ovidio Hurtado López) tenía el poder para
actuar a nombre de ellos en el proceso de reparación directa como en el
de la referencia.

17. El Juzgado 1 Administrativo de San Gil, la Fiscalía General de la
Nación y la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial guardaron silencio.

5 Mediante Auto de 6 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela

de la referencia, (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Santander y (3) vincular al Juzgado 1
Administrativo de San Gil, Aura Dolly Hurtado López, Carlos Augusto Hurtado López, Kelly Johana Hurtado Carrillo,
Luz Amanda Hurtado López, María Sorany Hurtado López, Mayda Margiory Hurtado Carrillo, Stella Hurtado De
Calderón, Myriam Hurtado López, Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial como terceros interesados en el proceso.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales adoptadas en el trámite del incidente de desacato.
2.3. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

18. Establecer, luego de verificados los requisitos de procedencia
excepcional de la acción de tutela, si la autoridad judicial demandada
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de Luis Ovidio Hurtado López, al abstenerse de
abrir incidente de desacato en contra del Juzgado 1 Administrativo de San
Gil, en el marco de la acción de tutela No. 68001-23-33-000-2021-00488-00.

2.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales adoptadas en el trámite del incidente de desacato

19. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-34 de 2018, expresó
que para que la acción de tutela procediera contra decisiones adoptadas
en el trámite del incidente de desacato, se requería la superación de los
siguientes requisitos: (1) que la decisión adoptada en el trámite de
desacato se encontrara ejecutoriada, es decir, que la acción de tutela era
improcedente si se interponía antes de finalizado el trámite, incluido el
grado jurisdiccional de consulta, si era el caso, (2) que se acreditaran los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustentara, por lo menos, la configuración de
una de las causales específicas (defectos) y (3) que los argumentos del
promotor de la acción de tutela debían ser consistentes con lo planteado
por él en el trámite del incidente de desacato6.

20. En el presente caso, se evidenció que no se superaron los requisitos
aludidos, como pasa a explicarse.

21. Pese a que la decisión enjuiciada [Auto de 17 de mayo de 2022] se
encuentra ejecutoriada, en tanto que la misma fue notificada el 17 y 18 de
mayo de 20227 y, en Auto de 27 de mayo de 20228, la autoridad judicial
aludida rechazó por improcedente el recurso de apelación/impugnación
presentado por la parte actora, dado que contra el Auto que deniega la
apertura de un incidente de desacato no procede recurso alguno9, la Sala

6 “(…) de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de

desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio”.
7 Tal como consta en los índices 38 y 41 de SAMAI, al consultar el proceso No. 68001-23-33-000-2021-00488-00.
8 Visible en el índice 47 de SAMAI, al consultar el proceso No. 68001-23-33-000-2021-00488-00.
9 En la Sentencia C-243 de 1996, la Corte Constitucional dispuso (se trascribe) “(…) a correcta interpretación y

alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no puede ser
otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un

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Decisión: Declara improcedencia
Naturaleza: Acción de tutela- Primera instancia
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considera que no se satisfizo el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

22. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requería de la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela10; que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia11; y que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad12.

23. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional13.

24. En ese orden, se constató que el demandante, en el escrito de
tutela, no argumentó por qué su asunto tenía relevancia constitucional y,
adicionalmente, reiteró reparos que ya había manifestado en el trámite
incidental14 y que fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal
Administrativo de Santander, el cual concluyó (se trascribe):

trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero
que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto
consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en sí mismo no
se erige como un medio de impugnación”. Pronunciamiento que reiteró en la T-896 de 2008. En igual sentido, en
el Auto A-055 de 2020 sostuvo (se trascribe) “Como se establece en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la
decisión que decide el desacato únicamente es objeto de grado de consulta y no se prevé ningún recurso
adicional contra las providencias que sean emitidas en este trámite. De manera que no es procedente el recurso
de reposición, ni la solicitud de nulidad”.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
13 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
14 En el escrito de incidente de desacato, páginas 2 a 4, visible en el índice 27 de SAMAI del proceso No. 68001-

23-33-000-2021-00488-00, la parte actora señaló (se trascribe): “(…) cómo iba a imaginar siquiera que me iban a
notificar una decisión adoptada dos meses y medio atrás, cuando debió haberse hecho después de que
transcurrieran los cinco días de plazo posteriores a la designación del nuevo apoderado que reemplazaría a
Zutta Zárate según la parte resolutiva del fallo emitido por ese H. Tribunal Administrativo? Obsérvese que fue el 22-
07-2021, un día posterior a dicho fallo, que el Juzgado 1º. Administrativo Oral emitió el auto mediante el cual
revocó el poder al citado abogado y concedió los cinco días para nombrar el nuevo togado.
En virtud de ese desconocimiento no me fue posible nombrar nuevo apoderado ni interponer de manera
personal, repito, el respectivo recurso dentro de los términos de ley contra la sentencia que debió notificarse en
la debida oportunidad. (…) D).- Pero el Juzgado tutelado -1º. Administrativo Oral de San Gil- no notificó la
sentencia referida del 11-12-2020 a la parte demandante como lo ordenó el H. Tribunal Administrativo de
Santander. Fue solamente el 7-10-2021, dos meses y medio después, que vía mis correos electrónicos”.

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Naturaleza: Acción de tutela- Primera instancia
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“1. Mediante auto del 22 de julio de 2021, la autoridad accionada dentro del
medio de control de reparación directa 686793333001-2016-00218-00, deja
constancia que en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal, el 21
de julio de 2021, (…).

2. El 23 de julio de 2021, se envió comunicación de la publicación de los
estados a los siguientes correos electrónicos del señor Luís Ovidio Hurtado
López: proleer.clubes@gmail.com y clarinsigloxxi@gmail.com con constancia
de entrega visible en el archivo 9 del expediente ordinario digital, como se
evidencia a continuación:
(…)
4. El 7 de octubre de 2021, se envía por mensaje de datos el link del
expediente ordinario con el fin de notificar nuevamente la sentencia de
primera instancia dictada el 11 de noviembre de 2020, a los correos
electrónicos clarinsigloxxi@gmail.com proleer.clubes@gmail.com de la parte
accionante.
(…)
La anterior situación fáctica permite evidenciar la autoridad accionada
desplegó las acciones tendientes a atender las medidas de protección que se
definieron en el caso del señor Luís Ovidio Hurtado López, por cuanto el mismo
día que se notificó la sentencia de tutela, emitió decisión judicial en la que se
pronunciaba positivamente a la solicitud de revocatoria y concedió un plazo
para que la parte actora designará nuevo apoderado judicial, decisión
comunicada con la remisión de la publicación de los estados del 23 de julio
de 2021 a los dos correos que se registraban de la parte actora, esto es,
clarinsigloxxi@gmail.com y proleer.clubes@gmail.com.

La Sala observa que el actor allega copia del estado del día 23 de julio de
2021 donde efectivamente figura la notificación del auto del 22 de julio de la
misma anualidad, advirtiéndose que, si bien figura el nombre de Luz Amanda
Hurtado López como parte demandante, lo cierto es que al verificarse la
demanda de reparación directa puede evidenciarse que el extremo activo
está integrado por varios sujetos, entre ellos, el señor Luís Ovidio Hurtado López;
de manera que, no puede predicarse un error en la identificación del proceso
en el sistema de gestión judicial.

Adicionalmente, debe señalarse que en el lapso concedido al demandante
para que designara nuevo apoderado judicial, éste no informó al Juzgado –
como ahora lo hace en esta instancia judicial-, situación extraordinaria que le
impidiera adelantar tal gestión a efectos que el estrado judicial se pronunciara
sobre tal asunto.

Ahora, se observa que el actor el 6 de octubre de 2022, solicitó a la autoridad
judicial remitir al correo clarinsigloxxi@gmail.com las notificaciones de las
decisiones adoptadas al interior del proceso ordinario 2016-00218, frente a lo
cual, se constata que el Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil comunicó tanto a esa dirección electrónica como a
proleer.clubes@gmail.com el auto que decidió sobre la revocatoria de poder
y designación de apoderado judicial y, de igual manera, la sentencia de
primera instancia, encontrándose las constancias de comunicación del
mensaje de datos a los destinatarios.
(…)
Así las cosas, al no encontrarse un incumplimiento subjetivo o actitud dolosa
por parte del titular del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de San Gil, se resuelve no abrir incidente de desacato dentro de la
presente actuación constitucional”.

25. De lo expuesto se considera que el accionante, de un lado, intenta
revivir una discusión jurídica que finalizó cuando la autoridad judicial,
encargada de velar por el cumplimiento de la Sentencia de 21 de julio de

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04729-00
Demandante: Luis Ovidio Hurtado López
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Decisión: Declara improcedencia
Naturaleza: Acción de tutela- Primera instancia
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2021, decidió abstenerse de abrir el incidente de desacato que él
promovió, tras concluir que la entidad incidentada [Juzgado 1
Administrativo de San Gil] había cumplido con las órdenes de tutela
relacionadas con la revocatoria de poder presentado por el señor Hurtado
López, el otorgamiento de un término prudencial para designar nuevo
apoderado judicial y, una vez fenecido dicho término, la notificación de la
sentencia de primera instancia proferida el 11 de diciembre de 2020 a la
parte demandante, dentro del proceso de reparación directa bajo
radicado No. 686793333001-2016-00218- 00.

26. De otro lado, pretende obtener la respuesta a una solicitud de
amparo de pobreza y abogado de oficio que no fue identificada y que no
tiene relación con la providencia aquí enjuiciada, a saber, el Auto de 17
de mayo de 2022, por medio del cual, se reitera, el Juzgado 1
Administrativo de San Gil se abstuvo de abrir el incidente de desacato.

27. Debe precisarse que la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión
vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional15.

28. Por último, la Sala pone de presente que, además, el actor tampoco
sustentó, por lo menos, la configuración de una de las causales específicas
(defectos), pues, se limitó a reiterar la falta o indebida notificación de las
decisiones que el Juzgado 1 Administrativo de San Gil profirió como
consecuencia de la Sentencia de tutela de 21 de julio de 2021.

2.3. Conclusión

29. En vista de que uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales [relevancia constitucional]
no se cumplió, ni tampoco se sustentó la configuración de una de las
causales específicas (defectos), la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

15 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04729-00
Demandante: Luis Ovidio Hurtado López
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Decisión: Declara improcedencia
Naturaleza: Acción de tutela- Primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Luis Ovidio Hurtado López, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin16.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

16 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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