Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04735-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04735-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04735-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
17 de noviembre de 2022
Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”
Rad: 11001-03-15-000-2022-04735-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-04735-00
Demandante: WILBER MAURICIO VARGAS GONZÁLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Temas: Tutela contra providencia judicial - defectos sustantivo,
procedimental absoluto y por desconocimiento del precedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia, la acción de tutela que ejerció el señor
Wilber Mauricio Vargas González contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A”.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 2 de septiembre de 2022 al buzón web de la Secretaria
General de esta Corporación, el señor Wilber Mauricio Vargas González, actuando
a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A”, con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales “al debido proceso, igualdad, defensa
de la primacía de los derechos sustanciales y de acceso a la administración de justicia”.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión del auto proferido el 17 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A”, mediante el
cual se revocó la providencia del 11 de agosto de 2021 dictada por el Juzgado 37
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá en la que se declaró la
caducidad de la acción de repetición instaurada por Empresas Públicas de
Cundinamarca1 S.A E.S.P. contra el señor Juan Carlos Penagos Londoño y otros2,
y solicitó que, en su lugar, se declare que la demanda no se interpuso dentro del
término legal.
1 Proceso identificado con el radicado N. o 11001-33-36-037-2020-00275-00.
2 María Clara del Pilar Mojica Rodríguez, Jackeline Meneses Olarte, Didia Consuelo Guzmán, Wilber Mauricio
Vargas González, Jairo Calderón Tique y Manuel Darío Jaime Vásquez.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”
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3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…)
solicito a los H, Magistrados, dejar sin VALOR Y EFECTO, la providencia de fecha
diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022) notificado por estado del
23 de marzo de 2022 emitido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”, MAGISTRADA
PONENTE BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA mediante el cual decide revocar
el auto de fecha once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) a través del cual
La señora JUEZ 37 ADMINISTRATIVA DE BOGOTA D.C decidió Reponer auto
del 20 de enero de 2021, por las razones expuestas y en su lugar RECHAZAR la
demanda por CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
6.3. Como consecuencia de lo anterior. se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN
“A”, MAGISTRADA PONENTE BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA Revocar en
su totalidad el auto diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022)
notificado por estado del 23 de marzo de 2022 y en su lugar CONFIRME el auto
de fecha once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) a través del cual La
señora JUEZ 37 ADMINISTRATIVA DE BOGOTA D.C a través del cual ordena
RECHAZAR la demanda por CADUCIDAD DE LA ACCIÓN y dar por terminado el
proceso 11001333603720200027500”. (Sic a toda la cita)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:
1.2.1. Medio de control de controversias contractuales
4. El 14 de junio de 2013 la sociedad Servinc LTDA presentó demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra la Empresas
Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P. Solicitó la nulidad del acto administrativo No
113 del 20 de diciembre de 20123 y la debida indemnización, a modo de
restablecimiento del derecho, en favor del consorcio redes SBIF.
5. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado 37 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que en sentencia del 28 de julio
de 2015 negó las pretensiones de la demanda y declaró la prosperidad de la
excepción denominada “ausencia de causa para demandar”.
6. Inconforme con la decisión, la sociedad Servinc LTDA presentó recurso de
apelación, resuelto en sentencia de 27 de enero de 20164 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección “B”. En esta
decisión se revocó la providencia del a quo y en su lugar, declaró la nulidad de la
Resolución No 113 de 20 de diciembre de 2012 y condenó a Empresas Públicas
de Cundinamarca S.A. E.S.P. a pagar las sumas de $135.378.287 a título de
restablecimiento del derecho y $1.200.000 por razón de las costas.
3 Por medio del cual, se adjudicó el concurso de méritos bajo la modalidad de sistema abierto N o CM-PDA-
002-2012.
4 Providencia notificada el 1 de febrero de 2016 y ejecutoriada el 4 del mismo mes y año.
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7. En relación con la condena en costas, expuso lo siguiente
“La Sala condenará a la parte demandada al pago de las costas, según lo
establece el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el numeral 4 del
artículo 365 del Código General del Proceso.
Condena que se tasará por el equivalente al uno por ciento (1%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6o del Decreto 1887 de 2003 del Consejo Superior de la
Judicatura suma que fue reconocida por el equivalente de 186 SMMLV, por lo que
corresponde a CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/cte ($120.000.000.oo)
Suma a favor de la parte actora.”
8. En la parte resolutiva de la sentencia se indicó:
“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 113 del 20 de
diciembre de 2012 por medio de la cual se adjudicó el concurso de méritos bajo la
modalidad del sistema abierto No. CM-PDA-002-2012, cuyo objeto era la
intervención integral a la construcción interceptores y conectores para el municipio
de Soacha-Cundinamarca al consorcio TC-TTU.
SEGUNDO. (sic) CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP (sic) a pagarle a
SERVINC LTDA. BRAIN SAS IMR Y FMR INGENIERIA SAS (sic) integrantes del
CONSORCIO REDES SBIF la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($135.378.287).
TERCERO. (sic) CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte
demandada, EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP a favor de la
parte actora, las cuales serán liquidadas por la Secretaría del Juzgado de origen,
la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.200.000).”
1.2.2. Corrección numérica de la parte resolutiva de la sentencia de segunda
instancia del medio de control de controversias contractuales.
9. El 17 de mayo de 2017, el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
pues evidenció incongruencias respecto de la condena en costas impuesta en la
sentencia de segunda instancia5.
10. Lo anterior, por cuanto que, en la parte motiva de la providencia se indicó que
las costas correspondían al 1% del valor de las pretensiones reconocidas -
$135.378.287-, valor que se tasó en $120.000.000, y en la parte resolutiva se
condenó por la suma de $1.200.000.
11. En providencia de 14 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “B” dispuso corregir la parte
resolutiva de la sentencia dictada el 27 de enero de 2016. Esta decisión señaló
que la condena en costas de segunda instancia correspondía a $1.353.782
pesos6.
5 Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”.
6 Dado que la condena se tasó por equivalente al (1%) del valor de las pretensiones reconocidas, siguiendo lo
dispuesto en el artículo 5o del Decreto 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.
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12. Fundó su decisión en que el artículo 286 del Código General del Proceso
establece la corrección de errores aritméticos, estos son, aquellos que surgen de
un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente
realizada.
13. Conforme con ello, puso de presente que a través de la figura de la
corrección el juez debe efectuar adecuadamente la operación matemática, sin
alterar o modificar los factores que la componen, ya que, la facultad para corregir
estos yerros en cualquier tiempo no constituye una nueva instancia en la que el
juez pueda modificar otros aspectos fáctico-jurídicos, que impliquen un cambio en
la decisión.
1.2.3. Proceso ejecutivo
14. El 9 de marzo de 2016, el consorcio Redes SBIF solicitó7 de Empresas
Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. el pago de la condena impuesta en la
sentencia de segunda instancia.
15. En ausencia de dicho pago, el consorcio Redes SBIF interpuso demanda
ejecutiva con el fin de que se librara mandamiento de pago en su favor y en contra
de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., y, en consecuencia, hacer
efectivo el cumplimiento a la condena impuesta.
16. Por auto de 10 de mayo de 2017 el Juzgado 37 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá inadmitió la demanda. Señaló que la parte ejecutante no
presentó el título ejecutivo en debida forma, pues allegó copia simple de la
sentencia sin la correspondiente constancia de ejecutoria.
17. El 17 de mayo de 2017, el apoderado del consorcio Redes SBIF interpuso
recurso de apelación contra esa decisión. Su resolución le correspondió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B”,
autoridad judicial que, en auto del 3 de noviembre de 2017, revocó la decisión de
primera instancia y en su lugar, admitió la demanda ejecutiva al encontrar
acreditados los elementos constitutivos del título ejecutivo.
18. El 21 de noviembre del 2017, el apoderado del consorcio Redes SBIF radicó
una petición8 ante Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en la que
solicitó: i) expedir certificación de pago efectuado a favor del consorcio Redes
SBIF correspondiente a la condena impuesta a título de restablecimiento del
derecho; ii) el documento que precisó el monto que correspondió a los valores
pagados, intereses y descuentos efectuados a favor9; y iii) el desglose de la
primera copia auténtica de la sentencia de segunda instancia10.
7 A fin de evitar que se cesara la caución de los intereses respectivos, conforme a lo establecido en el artículo
192 de la Ley 1437 de 2011.
8 Bajo el consecutivo No. 201710549.
9 En referencia al consorcio Redes SBIF.
10 Proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”.
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19. El 11 de diciembre de 2017 la entidad respondió. Indicó que el 27 de
diciembre de 2016 realizó tres transferencias por concepto del pago de la
sentencia, por un valor total de $133.163.830, más una cuarta, correspondiente a
los impuestos pagados por razón de $3.414.457.
20. El 18 de julio de 2018 el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, libró mandamiento de pago11 en favor de las sociedades Servinc LTDA,
Brain S.A.S, IMR LTDA y FMR Ingeniería S.A.S, integrantes del consorcio Redes
SBIF, así: (i) $1.368.782 por concepto de la condena en costas y (ii) por los
intereses causados en razón al pago tardío de la obligación principal. Lo anterior,
por cuanto consideró que la entidad accionada realizó el pago de la indemnización
con posterioridad al término establecido en la ley, esto es, 10 meses contados a
partir de la ejecutoria de la providencia.
21. El 24 de septiembre de 2018, la entidad realizó el pago ordenado.
1.2.4. Medio de control de repetición
22. El 8 de noviembre de 2019, en ejercicio del medio de control de repetición,
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. entabló demanda en contra del
señor Wilber Mauricio Vargas González, quien para la época de los hechos se
desempeñaba como jefe de la oficina jurídica de la empresa12.
23. Por auto del 20 de enero de 2021, el Juzgado 37 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá admitió la demanda de repetición. Esta decisión se notificó
personalmente a las partes el 12 de marzo de 2021.
24. El 16 de marzo de 2021, el apoderado de la parte demandada13 interpuso
recurso de reposición; solicitó que se declarara la caducidad del medio de control
de repetición.
25. En providencia del 11 de agosto de 2021, el Juzgado 37 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá repuso el auto recurrido. Advirtió que se había
configurado el fenómeno de la caducidad y por consiguiente, rechazó la demanda.
26. Como fundamento de su decisión, expuso que el término para presentar la
demanda de repetición es de 2 años contados a partir del día siguiente de la fecha
de pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de las condenas conforme a lo previsto en el literal l
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
27. Conforme con lo anterior, concluyó que “para el ejercicio oportuno de la acción
de repetición, el término de dos años para impetrar la acción se cuenta de dos formas, a
11 Igualmente negó mandamiento ejecutivo por suma de $2.214.457 millones de pesos por concepto de
retenciones de otros ingresos tributarios y lo correspondiente a los intereses en los términos del artículo 886
del Código de Comercio.
12 La demanda se presentó, igualmente, contra los señores Juan Carlos Penagos Londoño, Jackeline
Meneses Olarte (subgerente de agua y saneamiento básico), Didia Consuelo Guzmán Hernandez (directora
financiera y de presupuesto), Jairo Calderón Tique (miembro comité evaluador del concurso de méritos),
Maria Clara del Pilar Mojica (miembro comité evaluador del concurso de méritos), Manuel Darío Jaime
Vásquez (miembro comité evaluador del concurso de méritos).
13 Ibidem.
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partir del día siguiente a aquél en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la
condena impuesta en una sentencia y, desde el día siguiente al vencimiento del plazo de
10 meses, lo que ocurra primero en el tiempo.”
28. Al descender al caso concreto, manifestó:
“En el presente asunto se dictó sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de enero de 2016, la cual quedó
ejecutoriada el 04 de febrero de 2016; por lo que debe darse aplicación al presente
asunto a lo dispuesto en el CPACA dada la fecha en la que fue proferida la
providencia. Se advierte que los 10 meses concluyeron el 05 de diciembre de 2016
y se efectuó el pago para dar cumplimiento a la orden impartida el día 27 de
diciembre de 2016, según la certificación expedida por la Tesorería de Empresas
Públicas de Cundinamarca S.A.
Por lo expuesto, el término de 2 años para efectos del conteo de caducidad debe
realizarse a partir del 05 de diciembre de 2016 al tenor de lo dispuesto en el literal l)
de artículo 164 del CPACA que establece que el término de los 2 años se contará “a
más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el
pago” por lo que el término para la interposición de la demanda feneció el 06 de
diciembre de 2018, y advirtiendo que la demanda fue presentada el 08 de
noviembre de 2019, operó el fenómeno de la caducidad.”
29. Contra esta decisión el apoderado de Empresas Públicas de Cundinamarca
S.A. E.S.P. interpuso recurso de apelación, cuya alzada correspondió resolverla al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”.
Esta autoridad judicial, mediante auto del 17 de marzo de 2022, revocó la decisión
recurrida14 y consideró que no había operado el fenómeno de la caducidad. En
concreto señaló lo siguiente:
“(…) el artículo 11 de la ley 678 de 2001 estableció que la acción de repetición
caducará: i) al vencimiento del plazo de dos años contados a partir del día
siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública o ii) cuando
el pago se haga en cuotas, el termino (sic) de caducidad comenzará a contarse
desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es
que se hubiere condenado a estas (Subrayado por fuera del texto) (…)
La anterior sentencia fue corregida el 14 de junio de 2017, en el sentido de
modificar la condena en costas en segunda instancia, decisión que quedo (sic)
ejecutoriada el 21 de junio de 2017, según el artículo 302 del Código General del
proceso.
De conformidad con lo anterior, el termino (sic) de los 10 meses para efectuar el
pago total de la condena corrió desde el día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia, el 22 de junio de 2017 y hasta el 22 de abril de
2018.” (…)
Así las cosas y dado que lo que ocurrió primero fue el vencimiento de los 10
meses para el pago de la condena, esta sala considera que el termino (sic) de
caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente a la culminación de aquel
plazo, es decir, desde el 23 de abril del 2018 y hasta el 23 de abril de 2020. Y
como la demanda fue presentada el 8 de noviembre de 2019, se concluye que no
opero (sic) la caducidad del medio de control de repetición.” (…).
14 Auto del 11 de agosto de 2021 proferido por el Juzgado (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
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1.3 Sustento de la vulneración
30. La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A” vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la defensa de la primacía de los derechos sustanciales y
de acceso a la administración de justicia, por las siguientes razones:
31. De manera preliminar, sostuvo que la solicitud de amparo cumplía con
todos los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
32. Al argumentar sobre el fondo de la vulneración, consideró que la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, porque interpretó de manera
errada las figuras procesales de aclaración, adición y corrección de errores
aritméticos15.
33. Expuso que la corrección aritmética16 es un instrumento que opera
únicamente para yerros de naturaleza matemática o de cambio de palabras,
siempre que estén contenidos en la parte resolutiva o incidan en ella. Igualmente,
indicó que opera a petición de parte o de oficio y en cualquier momento, durante el
proceso o de manera posterior a su terminación, sin que se modifique la fecha de
ejecutoria de la sentencia.
34. De acuerdo con lo anterior, estimó lo siguiente: “(…) lo que se efectuó sobre
la sentencia del 27 de enero de 2016 fue una simple corrección aritmética que consistió
en concretar en letras el valor correcto de las costas, aun cuando la liquidación de estas
ya estaba determinada en la misma sentencia al establecerse que las mismas
correspondían al 1% de las pretensiones, es decir en ningún momento fue una corrección
sustancial o que modificara la sentencia, como lo menciona erróneamente la autoridad
accionada.” (Subrayado por fuera del texto)
35. Puso de presente que, en el caso concreto, la corrección aritmética de la
sentencia de segunda instancia se efectuó de forma oficiosa por el tribunal17 y
posterior al término procesal para presentar aclaraciones y adiciones por las
partes, motivo por el cual, la providencia no tenía la virtualidad de modificar la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia18.
36. Al respecto dijo: “(…) la corrección se efectuó en fecha posterior a (sic) que el
JUEZ 37 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ, ya había emitido auto de obedezca ase (sic) y
cúmplase y posterior a (sic) haberse iniciado el proceso ejecutivo posterior a (sic)
sentencia, es decir cuando ya habían transcurrido 14 meses después de haber quedado
ejecutoriada la sentencia del 27 de enero de 2016 (sic)”. (Subrayado por fuera del
texto)
37. Adjuntó una “Copia de la secretaría Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 18 de abril de 2016 se expide certificación y
constancia de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia de fecha 27 de enero de
15 Contenidos en los arts. 285, 286 y 287 del CGP.
16 Regulada a través del artículo 286 del CGP.
17 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección tercera, Subsección “B”.
18 La ejecutoria de la sentencia de segunda instancia entro a operar a partir del 4 de febrero de 2016.
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2016, la cual quedó ejecutoriada el 4 de febrero de 2016 (…) Documento que se presume
autentico de conformidad con el artículo 244 del C.G.P.” (Negrita original del texto).
38. Por lo anterior, consideró que el término de los 10 meses19, referido a la
caducidad, corrió desde el 4 febrero de 2016 y venció el 4 de diciembre de 2016, y
que, como la entidad realizó el pago de la obligación principal por fuera de dicho
término -27 de diciembre de 2016-, la caducidad de la acción de repetición debe
contarse a partir de esa última fecha, con lo cual los dos años con los que contaba
la accionada se cumplían el 4 de diciembre de 2018. Consecuentemente, concluyó
que al haber sido interpuesta la demanda el 8 de noviembre de 2019, el medio de
control había caducado.
39. Adicionalmente, el accionante señaló la configuración de un defecto
procedimental, ya que, a su juicio, la autoridad judicial realizó una errónea
apreciación en relación con la fecha de ejecutoria de la sentencia, al concluir que
la misma “no había quedado ejecutoriada el 4 de febrero de 2016 si no el 21 de junio de
2017 fecha en que según ellos se modificó la condena encostas: (sic)”.
40. Citó la sentencia del 27 de enero de 2016 proferida por el Consejo de
Estado20, en la que se indicó, entre otras cosas, que el término para que opere la
caducidad del medio de control de repetición es de 2 años contados a partir del
día siguiente a la fecha de pago o del vencimiento del plazo del pago de
condenas, según lo que ocurra primero.
41. Para complementar lo anterior, mencionó la sentencia de la Corte
Constitucional T-429 de 201621, en la cual se desarrolló el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, por vulneración al derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia y su implicación en la afectación de garantías
constitucionales, así como los requisitos específicos para su procedencia en
acción de tutela contra providencia judicial.
42. Finalmente, con base en lo anterior, advirtió en síntesis que, por un lado, la
autoridad judicial accionada22 incurrió en un desconocimiento del precedente,
referido al momento a partir del cual se dio inicio al término de caducidad para
presentar el medio de control de repetición y el momento en que ese fenómeno
operó; y por el otro, especificar que, a su juicio, la decisión del Tribunal23 incurrió
en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
1.4 Tramite de la acción de tutela
43. La magistrada ponente de esta decisión, mediante auto del 20 de septiembre
de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso negar la medida provisional
solicitada por el accionante, al no encontrarse acreditada la presunta violación de
los derechos fundamentales involucrados en el transcurso de tiempo que tiene el
juez constitucional para resolver la presente tutela en primera instancia.
19 Artículo 307 del Código General del Proceso y 192 de la Ley 1437 de 2011.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 08.03.2017.
M.P. Hernán Andrade Rincón, Rad.15001-23-33-000-2016-00585-01.
21 Corte Constitucional, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sentencia 11.08.16, Gad. 4.050.404.
22 Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A”.
23 Ibidem.
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44. A su vez, dispuso su notificación a la parte actora, así como al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A” como
autoridad judicial accionada.
45. Igualmente, vinculó como terceros con interés a las Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A E.S.P, a los señores Juan Carlos Penagos, Jairo Calderón
Tique, Manuel Darío Jaime Vásquez, Didia Consuelo Guzmán, Jackeline Meneses
Olarte, María Clara del Pilar Mojica y al Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá que constituyeron el extremo activo, pasivo y el juez de
primera instancia del medio de control de repetición, identificado con el radicado
N. o 11001-33-36-037-2020-00275-00.
46. Asimismo, a las sociedades Servinc LTDA, BRAIN S.A.S, IMR LTDA y FMR
Ingeniería S.A.S, integrantes del Consorcio Redes SBIF y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, que
conformaron el extremo activo y juez de segunda instancia del medio de control de
controversias contractuales, identificado con el radicado N. º 11001-33-36-037-
2013-00507-00.
1.5. Intervenciones
47. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.5.1. Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P
48. Con escrito enviado por correo electrónico el 27 de septiembre de 2022 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad pública
sostuvo que la acción de tutela era improcedente.
49. Aseguró que el auto del 17 de marzo de 2022 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, fue
debidamente sustentado, al considerar que el inicio del término para interponer el
medio de control de repetición partió, desde la ejecutoria del auto del 22 de junio
de 2017 que corrigió el error aritmético de la sentencia de segunda instancia.
50. Argumentó una imposibilidad de pago por falta de certeza referente a los
valores debidos a pagar, bajo el principio de la seguridad jurídica al establecer que
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. es una entidad pública que en
su momento bajo las circunstancias de tiempo y modo frente al caso concreto;
corrió un riesgo, al establecer que:
“(…) podría haberse visto incursa incluso en un hallazgo fiscal, con ocasión de un
posible detrimento patrimonial (…)”.
51. Así las cosas, pidió que se negara el amparo interpuesto por el accionante y
en consecuencia se dejara en firme el auto del 17 de marzo de 202224, por medio
24 Proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercer, Subsección “A”.
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del cual se revocó el auto del 11 de agosto de 202125 que rechazó la demanda de
repetición por haber operado la caducidad.
1.5.2. Industrias IMR S.A.S
52. El señor Carlos Manuel Álvarez Pinilla actuando en calidad de
representante legal de la empresa Industrias IMR S.A.S, alegó que la sociedad a
la que representaba no hizo parte del CONSORCIO REDES SBIF, ni conformó
ninguno de los extremos activos o pasivos del presente proceso en referencia y
anteriores, por lo tanto, estableció ser ajeno en todo sentido al litigio en
referencia26 y solicitó se le desvinculara del presente proceso.
1.5.3 Los demás vinculados en el presente proceso27 a pesar de haber sido
notificados en debida forma, guardaron silencio28.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
53. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por el
señor Wilber Mauricio Vargas González contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera – Subsección “A”, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como en el artículo
13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
54. La sociedad Industrias IMR S.A.S. solicitó se le desvinculara del presente
proceso, por no haber conformado ninguno de los extremos de la litis que se
originó en el proceso de controversias contractuales y tampoco en el medio de
control de repetición objeto de esta tutela. Al respecto la Sala advierte que si bien,
por un error involuntario, dicha empresa fue notificada del auto admisorio de la
presente tutela, lo cierto es que no hace parte de este proceso y tampoco es un
tercero con interés, por cuanto no fue vinculado en el auto admisorio del 20 de
septiembre de 2022. En consecuencia, no resulta necesario ordenar su
desvinculación.
2.3. Problemas jurídicos
55. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, los
argumentos del libelo introductorio, las intervenciones presentadas y el material
25 Proferido por el Juzgado (37) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá.
26 El auto admisorio fue notificado a las sociedades IMR S.A.S. e IMR Ltda. sin embargo, solo ésta última fue
vinculada en el auto admisorio.
27 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” el Juzgado (37) Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, las sociedades SERVINC Ltda., BRAIN S.A.S, IMR Ltda. y FMR Ingeniería S.A.S,
integrantes del Consorcio Redes SBIF, los señores/as Juan Carlos Penagos, Jairo Calderón Tique, Manuel
Darío Jaime Vásquez, Didia Consuelo Guzmán, Jackeline Meneses Olarte, y María Clara del Pilar Mojica.
28 Igualmente se notificó en debida forma a la sociedad IMR Ltda., y este último guardo silencio.
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probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son
los siguientes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?
56. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A” vulneró los derechos fundamentales del accionante por
presuntamente incurrir en los defectos sustantivo, procedimental por exceso
ritual manifiesto, y por desconocimiento del precedente al proferir el auto
del 17 de marzo de 2022, mediante el cual declaró la inoperancia de la
caducidad del medio de control de repetición?
57. Para responder los interrogantes planteados se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados, y (v) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
58. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
29
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 30 y declaró su
procedencia.31
59. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
60. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
30 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
31 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
61. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional32
62. Para la Sala, este requisito se encuentra superado por cuanto en primer
lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad del auto del 17 de marzo de 2022
pues, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A” incurrió en defecto sustantivo, procedimental y desconoció el
precedente aplicable.
63. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legitimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, el accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales,
por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A” revocó la providencia dictada por el Juzgado 37 Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, al aplicar de forma indebida las normas
procesales que regulan la ejecutoria de las providencias y el efecto que la
corrección de la sentencia tiene sobre la misma, cuando ésta se realiza por fuera
del término de ejecutoria.
64. En tercer lugar, este requisito se advierte superado, en la medida en que la
parte actora cuestiona, por irrazonable y contrario al ordenamiento jurídico, el
argumento que sirvió de fundamento a la autoridad judicial para concluir que no
había operado la caducidad en el caso concreto, esto es, que los 10 meses –plazo
para el pago- debían contarse desde el auto de corrección y no desde la sentencia
de segunda instancia y que, en consecuencia, los 2 años de caducidad, empiezan
a contar, únicamente al vencimiento de dicho plazo, lo cual le impone una carga
desproporcionada y favorece a la entidad, pues se le permite repetir contra él, a
pesar de que la empresa de servicios públicos, no ejerció el medio de control a
tiempo.
65. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la
razonabilidad de la decisión que, al revocar el auto de primera instancia y declarar
la inoperancia de la caducidad del medio de repetición interpuesto por Empresas
32 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia del
20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-
00; Sentencia del 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia del 13.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05354-00; Sentencia del 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del
30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-
00; Sentencia del 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04833-00.
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Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., presuntamente vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa de la primacía de los
derechos sustanciales y de acceso a la administración de justicia.
66. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza
a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o
judicial establecido por la ley para su protección, como lo pone de presente el
accionante en el caso objeto de estudio.
67. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para
su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.
2.5.2. Tutela contra tutela33
68. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues el auto demandado fue proferido en el trámite del medio
de control de repetición con radicado No 11001-33-36-037-2020-00275-00, que
promovió Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. contra el aquí
tutelante y otros.
2.5.3. Inmediatez34
69. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión del auto del 17 de marzo de 2022 proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”,
notificado el 23 de marzo de 2022 y la acción de tutela se ejerció el 2 de
septiembre de 2022, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del
mecanismo de amparo constitucional.
70. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adopto los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
33 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia del 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00;
Sentencia del 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia
del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia del
20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia del
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia del 20.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05346-00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05202-00.
34 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del
23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
05167-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia del 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia
del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01.
13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Rad: 11001-03-15-000-2022-04735-00
2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reitero que seis (6) meses es el termino razonable para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión
de providencias judiciales.
2.5.4. Subsidiariedad35
71. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse del auto del 17
de marzo de 2022 que resolvió el recurso de apelación contra la decisión del 11 de
agosto de 2021, en el trámite del medio de control de repetición con radicado N o
11001-33-36-37 2020-00275-00, es evidente el agotamiento de los recursos
ordinarios.
72. Así mismo contra la decisión cuestionada, no proceden los recursos
extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, de conformidad con
lo establecido en los artículos 248 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
73. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará
de fondo el amparo solicitado, frente a los defectos sustantivo, procedimental y
desconocimiento del precedente alegados, no sin antes resaltar el carácter
excepcional de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las
decisiones judiciales.
2.6. Generalidades del defecto sustantivo
74. La Corte Constitucional36, ha explicado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o
deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”37.
75. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente38 o porque ha sido derogada39, es inexistente40,
35 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del
23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-
15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia del
06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01.
36 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
37 Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27
de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de
agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
38 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
39 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
40 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
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inexequible41 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador42.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma43.
c) La disposición aplicada es regresiva44 o contraria a la Constitución45.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición46.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma47 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
76. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.
2.7. Generalidades del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
77. De acuerdo con la Corte Constitucional48, este defecto se configura cuando
el juez vulnera derechos fundamentales al desconocer un derecho sustancial, bien
sea por inaplicar la norma procesal debida o en los casos en que excede la
aplicación de formalidades procesales lo cual impide la efectividad de un derecho.
En estos casos, el procedimiento deviene en un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial, lo que implica una denegación de la justicia causada por: i) la
aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de derechos
fundamentales; ii) la exigencia irreflexiva de requisitos formales; iii) un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas.
78. Su formulación parte del presupuesto de que el derecho al debido proceso y
la prevalencia del derecho sustancial son mandatos complementarios que implican
que “las formalidades procesales son un medio para la realización de los derechos
sustantivos y no fines en sí mismos”49.
2.8. Generalidades del desconocimiento del precedente
79. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
41 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
42 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
43 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
44 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
45 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
46 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
47 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.
48 Ver: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas.
49 Ibidem.
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80. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez50”.
2.9. Caso concreto
81. El señor Wilmer Mauricio Vargas González aseguró que la autoridad judicial
accionada51 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a la defensa de la primacía de los derechos sustanciales y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión del auto del 17 de marzo de 2022, en el
cual incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del
precedente.
82. En primer lugar, la Sala advierte que el hilo argumentativo expuesto en los
defectos sustantivo y procedimental es el mismo, motivo por el cual dicho cargo
será analizado bajo la presunta configuración del primero. Con posterioridad, la
Sala estudiará el desconocimiento del precedente expuesto en la demanda de
tutela.
2.9.1. Del defecto sustantivo alegado
83. El accionante considera que la autoridad judicial accionada interpretó y
aplicó de manera errada el artículo 286 del Código General del Proceso, al
concluir que el auto que corrige la sentencia tiene la entidad de modificar la
ejecutoria de la providencia corregida.
84. Puso de presente que dicha interpretación llevó a que el tribunal
demandado modificara el cómputo de la caducidad del medio de control de
repetición, para concluir que la demanda había sido presentada en término.
85. Para resolver el cargo planteado la Sala considera necesario hacer alusión
a las especiales circunstancias fácticas en las que se desarrolló el asunto de la
referencia.
86. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la sentencia de
segunda instancia se profirió el 27 de enero de 2016 y quedó ejecutoriada el 4 de
febrero del mismo año.
87. En dicha decisión se condenó a la entidad a pagar la suma de
$135.378.287 a título de restablecimiento del derecho, más las costas. En este
último punto la sentencia presentó una inconsistencia, pues en la parte motiva el
tribunal explicó que las costas en segunda instancia corresponderían al 1% del
valor de las pretensiones reconocidas. Sin embargo, al momento de realizar dicho
cálculo, indicó un monto que no correspondía con la operación matemática -
$120.000.000-. Adicionalmente, en la resolutiva expuso que el valor de las costas
ascendía a $1.200.000.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro,
Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
51 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.
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88. El expediente fue devuelto al juzgado de origen, autoridad judicial que el 21
de julio de 2016 profirió auto de obedézcase y cúmplase. En consecuencia, solo
hasta dicho momento se inició el trámite de la liquidación de las costas procesales
como lo prevé el artículo 366 del Código General del Proceso.
89. En efecto, el artículo 366 ejusdem, en su primera parte, dispone que la
liquidación de las costas en los componentes de agencias en derecho y expensas
se realiza de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso
en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior.
90. Lo que se confirma con el numeral 2 del artículo 366 ejusdem, que dispone
lo siguiente: “Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las
condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los
incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el
recurso extraordinario de casación, según sea el caso.”
91. Esto quiere decir que, la entidad condenada no podía conocer el valor
correspondiente a las costas del proceso, sino hasta que las mismas fueran
efectivamente liquidadas por el juzgado de primera instancia.
92. Ahora, el 17 de mayo de 2017, ante la imposibilidad de liquidar las costas
por las diferentes cifras presentadas erradamente en la sentencia de segunda
instancia, el Juzgado de origen remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con el fin de que corrigiera su decisión.
93. Nótese que este auto remisorio se profirió luego de trascurridos 15 meses
desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, que acaeció el 4 de
febrero de 2016, y que, el pago de la obligación principal fue realizado con
anterioridad a esa decisión remisoria, esto es, el 27 de diciembre de 2016. En
consecuencia, para cumplir el pago total de la condena quedaba faltando
únicamente la cancelación del valor de las costas, mismo que, se repite, para esa
fecha aún no se conocía.
94. Recibido el expediente por el tribunal, éste advirtió y corrigió el error
aritmético mediante decisión del 14 de junio de 2017, ejecutoriada el 21 de junio
de 2017.
95. Así las cosas, las costas del proceso –primera y segunda instancia- fueron
liquidadas y aprobadas por el juez competente los días 26 y 27 de julio de 2017
respectivamente; el 18 de julio de 2018 se libró mandamiento de pago por dicho
concepto; el 24 de septiembre de 2018 la entidad canceló el valor debido y el 8 de
noviembre de 2019 radicó la demanda de repetición.
96. En cuanto a la caducidad, se tiene que el artículo 11 de la Ley 678 de 2001,
antes de la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, establecía:
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“La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados
a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad
pública.
Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse
desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es
que se hubiere condenado a ellas.
PARÁGRAFO: La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por
el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y
agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio
logrado o de la suma determinada mediante cualquier otro mecanismo de solución
de conflictos, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaran a causar.”
97. El inciso segundo de esta disposición fue declarado exequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-394 de 2002, bajo el entendido de que la
frase "Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse
desde la fecha del último pago" se somete al mismo condicionamiento establecido en
la sentencia C-832 de 2001, esto es, que el término empieza a correr en la fecha
del pago efectivo o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo para cancelar la
condena. Esto último acontece cuando el plazo vence sin que se haya hecho el
pago total de la condena.
98. Lo anterior significa, como lo concluyó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que para contar la caducidad del medio de control de repetición se
debe tener en cuenta 2 momentos: i) el día siguiente al pago efectivo de la
condena, siempre que se haya efectuado dentro del término definido por la ley o ii)
el día siguiente al vencimiento del plazo en el que debió realizarse el pago.
99. Dicho término, esto es, con el que cuenta la entidad para realizar el pago,
está establecido en el artículo 19252 de la Ley 1437 de 2011 y es de 10 meses,
contabilizado desde la fecha de ejecutoria de la sentencia.
100. Como lo advirtió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el auto
objeto de esta tutela, en el sub judice, el pago de la obligación principal se realizó
luego de trascurridos 10 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia
de segunda instancia. Por su parte, el pago de las costas procesales se efectuó
luego de cumplidos esos 10 meses53.
101. Esto quiere decir que, como lo expuso la autoridad judicial accionada, en el
caso concreto se está frente al segundo supuesto establecido en el artículo 11 de
la Ley 678 de 2001 para el cómputo de la caducidad, es decir, la contabilización
52 ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución
de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta
(30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero
serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la
sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad
obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben
una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del
auto, según lo previsto en este Código.
53
Tanto si se cuentan desde la ejecutoria de la sentencia como si se cuentan desde la ejecutoria del auto que
realizó la corrección aritmética, porque, se recuerda, la liquidación de las costas ocurrió con posterioridad al
cumplimiento de ese término.
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inicia el día siguiente al vencimiento del plazo en el que debió realizarse el pago,
como se corrobora de la cronología de los hechos que se presenta a continuación:
Sentencia de segunda instancia 27 de enero de 2016
Ejecutoria de la sentencia 4 de febrero de 2016
Término de 10 meses Del 5 de febrero de 2016 al 5
de diciembre de 2016
Fecha del pago de la obligación 27 de diciembre de 2016
principal
Auto de corrección 14 de junio de 2017
Ejecutoria del auto de corrección 22 de junio de 2017
Liquidación de las costas del proceso 27 de julio de 2017
Término de los 10 meses 23 de junio de 2017 hasta el
23 de abril de 2018
Fecha de pago de la condena en costas 24 de septiembre de 2018
102. Así las cosas, en este caso concreto era relevante que el tribunal
determinara a partir de cuándo se deben contar los 10 meses de que trata el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, a efectos de verificar la caducidad de la
acción de repetición, como se evidencia a continuación:
i) Si se cuenta desde la ejecutoria de la sentencia el término corre del 5 de febrero
de 2016 al 5 de diciembre de 2016. En este evento, la caducidad de la acción se
cumple al término de los 2 años, esto es el 5 de diciembre de 2018. La demanda
se presentó el 8 de noviembre de 2019, motivo por el cual estaría caducada.
ii) Si se cuenta desde la ejecutoria del auto de corrección, el término corre del 23
de junio de 2017 hasta el 23 de abril de 2018. En este evento, la caducidad de la
acción se cumple al término de 2 años, es decir, el 23 de abril de 2020. La
demanda se presentó el 8 de noviembre de 2019, motivo por el cual no estaba
caducada.
103. Bajo este panorama, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, en el auto del 17 de marzo de 2022 objeto de esta tutela,
manifestó:
“14. En el caso, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen
a la sentencia condenatoria por la que se repite, fue tramitado con arreglo a las
disposiciones del C.P.A.C.A., por lo que el plazo para pagar la condena es de 10
meses a partir de la ejecutoria de la decisión (inciso segundo artículo 192
C.P.A.C.A).
15. Así, la repetición se refiere a la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B el 27
de enero de 2016, que revocó el fallo del Juzgado 37 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C. y condenó a la entidad a restablecer el derecho por la
nulidad del acto administrativo demandado y a las costas en la segunda instancia.
16. La anterior sentencia fue corregida el 14 de junio de 2017, en el sentido de
modificar la condena en costas en segunda instancia, decisión que quedó
ejecutoriada el 21 de junio de 2017, según el artículo 302 del Código General del
Proceso.
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17. De conformidad con lo anterior, el término de los 10 meses para efectuar el pago
total de la condena corrió desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia, el 22 de junio de 2017 y hasta el 22 de abril de 2018.
18. Al respecto, consta que el pago de la condena se hizo en dos cuotas, según la
certificación de la Tesorera de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.,
expedida el 5 de septiembre de 2019, donde se indicó: (…)
19. De lo anterior, se precisa que el pago total de la condena fue posterior al plazo
previsto en el inciso segundo del artículo 192 del C.P.A.C.A. -10 meses-.
20. Así las cosas, y dado que lo que ocurrió primero fue el vencimiento de los 10
meses para el pago de la condena, esta sala considera que el término de caducidad
comenzó a correr a partir del día siguiente a la culminación de aquel plazo, es decir,
desde el 23 de abril del 2018 y hasta el 23 de abril de 2020. Y como la demanda fue
presentada el 8 de noviembre de 2019, se concluye que no operó la caducidad del
medio de control de repetición.”
104. De lo anterior se advierte que, en efecto, como lo señala el actor, el tribunal
accionado modificó la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia,
pues consideró que el auto del 14 de junio de 2017, mediante el cual se corrigió un
error aritmético, incidió en el término de ejecutoria de la sentencia, interpretación
que no se encuentra razonable, en tanto las disposiciones procesales son de
orden público, y, por ende, inalterables a voluntad de las partes o de los
operadores judiciales.
105. En efecto, según el artículo 286 del Código General del Proceso la
corrección por errores aritméticos puede realizarse de oficio o a petición de parte y
en cualquier tiempo, incluso después de terminado el proceso. Esto quiere decir
que, las partes pueden solicitar la corrección de las providencias por fuera del
término de ejecutoria de estas, e igualmente, el juez puede, de oficio, corregir las
decisiones que se encuentren en firme. Por el contrario, la aclaración y adición de
la sentencia tienen que solicitarse dentro del término de ejecutoria de la
providencia, de conformidad con los artículos 285 y 287 del Código General del
Proceso.
106. A su turno, el artículo 302 del Código General del Proceso dispone que las
providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria cuando son notificadas
en estrados, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos, y que, cuando
se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada cuando se resuelva la solicitud.
107. Igualmente, señala que las providencias que sean proferidas por fuera de
audiencia quedan ejecutoriadas 3 días después de notificadas, cuando carecen de
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que
fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelve los
recursos interpuestos.
108. Entonces, teniendo en cuenta que la parte actora manifiesta que el tribunal
accionado incurrió en un defecto sustantivo al afirmar que el auto de corrección
modificó la ejecutoria de la sentencia, la Sala considera necesario aclarar que,
contrario a lo afirmado por la autoridad judicial, el auto del 14 de junio de 2017, por
medio del cual se realizó una corrección aritmética, no tiene la virtualidad de
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modificar la fecha de ejecutoria de la sentencia, pues el legislador previó
claramente que la corrección de las providencias se puede presentar en cualquier
tiempo, motivo por el cual, la sentencia puede ser corregida incluso después de
ejecutoriada. En ese sentido, le asiste razón al tutelante en dicho argumento. No
obstante, como se expondrá más adelante, este yerro no tiene incidencia en la
decisión y no configura el defecto sustantivo alegado.
109. Así pues, como se trata entonces de un mecanismo mediante el cual se
enmiendan yerros aritméticos o de palabras que no cuentan con la virtualidad de
modificar las decisiones de fondo del asunto, la autoridad judicial tiene vedado
efectuar consideraciones que comprometan la reforma o revocación de su
decisión, ya que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la
pronunció y una vez ejecutoriada, goza del efecto de la cosa juzgada.
110. En otras palabras, existen limitantes a esta competencia del juez,
principalmente la intangibilidad e inmutabilidad de la decisión judicial, ya que no le
es posible revocar o modificar la sentencia, por cuanto le está vedado regresar
sobre lo ya resuelto. Condicionamiento que aplica también para las figuras de la
adición y de la aclaración.
111. En relación con éstas últimas, la Sala advierte que el auto por medio del
cual se resuelven aclaraciones o adiciones, a diferencia del que corrige yerros
aritméticos, si tiene incidencia en la ejecutoria de la providencia sobre la cual
recaen, como se desprende de los incisos 2° y 3° del artículo 302 del Código
General del Proceso, pues, se reitera, la providencia solo quedará ejecutoriada
una vez resuelta la solicitud, y aquellas que sean proferidas por fuera de
audiencia (verbigracia, el auto que niega una solicitud de aclaración) quedan
ejecutoriadas 3 días después de notificadas cuando carecen de recursos o han
vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes,
o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
112. Como se advierte del anterior artículo, las peticiones de aclaración o adición
de una sentencia pueden afectar la ejecutoria de ésta, y a su vez, las providencias
que resuelven tales solicitudes tienen su término de ejecutoria, lo que conlleva a
que, para establecer la firmeza de un fallo, debe considerarse el momento en que
quedó en firme la decisión judicial que decide sobre su adición y/o aclaración.
113. Esto quiere decir que, como lo ocurrido en el caso concreto fue la
corrección de la sentencia y no su adición o aclaración, su ejecutoria no se vio
modificada por la decisión posterior del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
proferida en auto del 14 de junio de 2017, mediante la cual corrigió el valor de la
condena en costa en segunda instancia. Sin embargo, en el caso concreto no se
configura el defecto sustantivo alegado.
114. Para la Sala es claro que solo hasta que el tribunal accionado corrigió la
condena en costas, el juzgado pudo realizar la liquidación de éstas y la entidad
tuvo certeza del valor concreto que debía cancelar por dicho concepto.
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115. En efecto, debido al error aritmético en que incurrió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 27 de enero de 2016, la
entidad no tenía certeza del valor concreto y total al que ascendía la condena.
Este conocimiento, cierto, solo lo tuvo hasta el 14 de junio de 2017 cuando el
tribunal corrigió el yerro aritmético, decisión que, para el caso concreto, quedó
ejecutoriada el 21 de junio de 2017.
116. En este punto, resulta importante poner de presente que las costas
procesales hacen parte de la condena impuesta en la decisión judicial y, por ende,
su pago por parte del Estado es susceptible de repetición, como lo establece el
parágrafo del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 vigente para la época de los
hechos, al señalar “La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por
el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y
agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio logrado o
de la suma determinada mediante cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, sin
tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaran a causar.”.
117. Entonces, cuando al Estado se le impone judicialmente condena porque se
le declara patrimonialmente responsable de un daño antijurídico respecto de la
víctima, esa sentencia es de obligatorio cumplimiento, tanto en lo relativo al pago
de la obligación principal como en lo referido a pagar la condena en costas, y se
constituye en una obligación para la entidad condenada.
118. En consecuencia, “realizado el pago si la condena le fue impuesta al Estado
como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de uno de sus servidores, el
artículo 90 superior le impone el deber de iniciar una acción de repetición para obtener el
reembolso de lo pagado”54.
119. En el ordenamiento colombiano las costas procesales están establecidas de
manera precisa en el Código General del Proceso, en los artículos 361 a 364. Han
sido reconocidas por la doctrina nacional y la jurisprudencia, como aquella
erogación económica que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso
judicial55, que al tenor del artículo 361 del Código General del Proceso está
conformada por las i) expensas y las ii) agencias en derecho
120. A su turno, el artículo 3 de la Ley 678 de 2001 establece que la acción de
repetición está orientada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la
función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella,
y el artículo 4 ejusdem señala que es deber de las entidades públicas ejercitar la
acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el
Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de
sus agentes. Adicionalmente, establece que el incumplimiento de este deber
constituye falta disciplinaria.
54 Corte Constitucional, Sentencia C-484 del 25.06.2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
55 Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 28/06/1999. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Expediente D-2313.
“(…) Las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte
que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica comprende, por una parte, las expensas, es
decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios
de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede
del despacho judicial, etc.) y, de otro lado, las agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados
por concepto de apoderamiento, las cuales - vale la pena precisarlo - se decretan en favor de la parte y no de
su representante judicial. (…)
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121. Lo anterior quiere decir que, todo lo pagado por una entidad pública como
consecuencia de la condena establecida en una decisión judicial, incluyendo las
costas procesales, puede ser objeto de la acción de repetición, en la cual se
deberán acreditar los elementos de la responsabilidad imputada al funcionario
público.
122. Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que
en la acción de repetición se persigue la retribución de lo efectivamente pagado
por la entidad, con independencia del valor de la condena. En otras palabras, si se
realiza un pago parcial, la administración está facultada a repetir por dicho pago.
Sin embargo, el pago parcial no la autoriza para cobrar el 100% de la condena
impuesta.
123. En efecto, el pago total de la obligación no es un requisito de procedibilidad
de la acción de repetición, pero la entidad únicamente podrá repetir por lo
efectivamente cancelado:
“Así las cosas, se tiene que el pago se constituye como un presupuesto para que la
acción de repetición tenga vocación de prosperar, toda vez que otorga legitimación
en la causa para demandar, pero no representa un presupuesto para la admisión de
la demanda y mucho menos puede exigirse que dicho pago sea total. En ese orden
de ideas, la Sala considera que resulta procedente ejercitar la acción de repetición
incluso cuando el pago efectuado por la administración no se corresponda con el
total al que haya sido obligada, pero en dicho evento solamente podrá repetir por los
valores efectivamente cancelados.”56
124. Ahora, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha indicado que en los
casos en que se realice un pago parcial, el término de caducidad de la acción de
repetición se cuenta, desde la fecha de dicho pago, o al vencimiento del plazo con
que cuenta la entidad para pagar, dependiendo de lo que ocurra primero.
125. Lo anterior implica que, si se realiza un pago parcial y se inicia la acción de
repetición para recuperar el dinero público, los pagos posteriores que cancele el
Estado podrán ser objeto de dicho medio de control, siempre y cuando se
interponga dentro del término de caducidad.
126. Circunstancia que se considera razonable, en la medida en que la
caducidad, como institución procesal, garantiza la seguridad jurídica y evita que la
resolución de los procesos judiciales se prolongue en el tiempo de manera
indefinida.
127. Sin embargo, en el caso concreto, se reitera que por un error del Tribunal,
la entidad condenada no pudo conocer el valor concreto que debía cancelar sino
hasta el 14 de junio de 2017, circunstancia que, para el sub judice torna razonable
la decisión adoptada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 17 de marzo de 2022, esto es, declarar que no
había operado la caducidad del medio de control de repetición.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 08.02.2012. Rad. 39.206
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Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”
Rad: 11001-03-15-000-2022-04735-00
128. Afirmar lo contrario, implicaría que, para esta específica situación, la entidad
no contaba con el término de caducidad para cobrar lo pagado por las costas
procesales. Es decir que, el error de la autoridad judicial le disminuyó dicho plazo
legal, el cual no puede verse afectado, suspendido o interrumpido por factores no
regulados de manera expresa en la ley.
129. La Sala pone de presente que la interpretación y aplicación de las normas a
los casos concretos debe garantizar la tutela judicial efectiva de las garantías
superiores de las partes, como son el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia.
130. Esto implica que, para el caso objeto de estudio y en virtud del principio de
la primacía de la realidad sobre las formas, es razonable y acorde a la
Constitución, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, autoridad judicial que en el auto objeto de esta tutela contó el
plazo de los 10 meses de que trata el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, a partir
de la ejecutoria del auto de corrección, con el fin único de contar el término de la
caducidad de la acción de repetición una vez ocurra su vencimiento.
131. Lo anterior por cuanto, la aplicación de la regla general sin tener en cuenta
las particularidades del caso, llevaría a concluir que el término de caducidad de la
acción de repetición iniciaría mucho antes de que la entidad conociera, con
certeza, el valor concreto al que fue condenada, con lo cual, sin tener la
oportunidad de cumplir con su obligación, por un error aritmético del juez, se vería
sancionada por el inicio del cómputo de la caducidad, amén de que la norma de
caducidad vigente para el momento de los hechos -artículo 11 de la Ley 678 de
2001 antes de su modificación por la Ley 2195 de 2022-, impone la determinación
de la cuantía de la pretensión con inclusión del valor de la condena en costas,
cuando se ha condenado a ellas, como ocurrió en el presente caso.
132. En ese sentido y atendiendo a las particularidades del caso concreto, la
Sala considera que no se configura el defecto sustantivo alegado, ya que la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A resulta razonable.
2.9.2. Del desconocimiento del precedente alegado
133. La parte actora, consideró que la autoridad judicial accionada desconoció la
sentencia del 27 de enero de 2016 proferida por el Consejo de Estado 57, en la que
se indicó, entre otras cosas, que el término para que opere la caducidad del medio
de control de repetición es de 2 años contados a partir del día siguiente de la
fecha de pago o del vencimiento del plazo del pago de condenas, según lo primero
que ocurra en el tiempo.
134. Igualmente, alegó como desconocida la sentencia de la Corte
Constitucional T-429 de 201658.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 08.03.2017.
M.P. Hernán Andrade Rincón, Rad.15001-23-33-000-2016-00585-01.
58 Corte Constitucional, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sentencia 11.08.16, Rad. 4.050.404.
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Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Rad: 11001-03-15-000-2022-04735-00
135. En relación con la providencia de la Corte Constitucional, la Sala advierte
que la misma no constituye precedente, pues no contiene una regla de derecho en
la medida en que no fue proferida por la Sala Plena del máximo tribunal de lo
constitucional. En ese sentido, constituye criterio auxiliar de interpretación en los
términos del artículo 230 de la Constitución.
136. Frente a la sentencia del 27 de enero de 2016 proferida por la Sección
Tercera de esta Corporación59, se observa que la parte actora cumplió con la
carga argumentativa, pues identificó la providencia, su ratio – el término para que
opere la caducidad del medio de control de repetición es de 2 años contados a
partir del día siguiente de la fecha de pago o del vencimiento del plazo del pago de
condenas- y la incidencia que la misma tendría en la decisión.
137. Al respecto, la Sala manifiesta que no se configura el desconocimiento del
precedente alegado, pues el tribunal accionado advirtió que la caducidad de la
acción de repetición se cuenta a partir del: (i) el día siguiente al pago efectivo de la
condena, siempre que se haya efectuado dentro del término definido por la ley o
(ii) el día siguiente al vencimiento del plazo en el que debió realizarse el pago,
como se indicó en la sentencia que se alega desconocida.
138. No obstante, como se expuso en el acápite anterior, de conformidad con los
elementos fácticos y jurídicos puestos a su conocimiento, concluyó
razonablemente que el medio de control de repetición no estaba caducado.
2.10. Conclusiones
111. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A” al proferir auto del 17 de marzo de 2022, no incurrió en los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente alegados, motivo por el
cual, no vulneró los derechos fundamentales del accionante el señor Wilmer
Mauricio Vargas González.
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR EL AMPARO de los derechos fundamentales del señor
Wilber Mauricio Vargas González, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 08.03.2017.
M.P. Hernán Andrade Rincón, Rad.15001-23-33-000-2016-00585-01.
25 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”
Rad: 11001-03-15-000-2022-04735-00
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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