Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04735-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04735-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04735-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 14 de marzo de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04735-01
Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto sustantivo
Síntesis del caso: El demandante enjuició el auto a través del cual se revocó la providencia
que rechazó una demanda de repetición, por considerar que esta no tuvo en cuenta un
auto de corrección de error aritmético para calcular el término de caducidad.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada contra la Sentencia de 17 de noviembre de 2022,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se
negó el amparo solicitado2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 1 de septiembre de 2022, Wilber Mauricio Vargas González, a través
de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la
presunta vulneración de sus derechos al debido proceso (defensa), acceso
a la justicia e igualdad, así como al principio de primacía del derecho
sustancial, con ocasión del Auto de 17 de marzo de 2022, proferido dentro
del proceso de repetición No. 11001-33-36-037-2020-00275-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 (Se trascribe): “PRMERO: NEGAR EL AMPARO de los derechos fundamentales del señor Wilber Mauricio Vargas
González, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04735-01
Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
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“ 6.1 Se Tutelen los derechos fundamentales de la accionante, al Debido
Proceso, igualdad, derecho de defensa, al Acceso a la Administración de
Justicia, a la primacía de los derechos sustanciales sobre los procesales, los que
fueron vulnerados por la Corporación Tutelada al configurarse los defectos
sustantivo y factico como quedo establecido.
6.2. Como consecuencia de lo anterior, solicito a los H, Magistrados, dejar sin
VALOR Y EFECTO, la providencia de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos
mil veintidós (2022) notificado por estado del 23 de marzo de 2022 emitido por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN “A”, MAGISTRADA PONENTE BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA
mediante el cual decide revocar el auto de fecha once (11) de agosto de dos
mil veintiuno (2021) a través del cual La señora JUEZ 37 ADMINISTRATIVA DE
BOGOTA D.C decidió Reponer auto del 20 de enero de 2021, por las razones
expuestas y en su lugar RECHAZAR la demanda por CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
6.3. Como consecuencia de lo anterior. se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”, MAGISTRADA
PONENTE BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA Revocar en su totalidad el auto
diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022) notificado por estado
del 23 de marzo de 2022 y en su lugar CONFIRME el auto de fecha once (11) de
agosto de dos mil veintiuno (2021) a través del cual La señora JUEZ 37
ADMINISTRATIVA DE BOGOTA D.C a través del cual ordena RECHAZAR la
demanda por CADUCIDAD DE LA ACCIÓN y dar por terminado el proceso
11001333603720200027500.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 21 de septiembre de 2012, Empresas Públicas de Cundinamarca
publicó el pliego de condiciones del proceso de selección No. CM-PDA-002-
2012, bajo la modalidad de concurso de méritos abierto, para el desarrollo
del proyecto de “Interventoría integral a la construcción de interceptores y
conectores para el municipio de Soacha, y redes de acueducto comuna 4
municipio de Soacha – Cundinamarca”, el cual fue adjudicado al consorcio
“TC TTU” a través de Resolución de adjudicación No. 113 de 20 de diciembre
de 2012.
5. 2) El 14 de junio de 2013, las sociedades Servinc Ltda., Brain SAS, IMR
Ltda., y FMR ingeniería SAS, las cuales integraban el consorcio Redes SBIF,
presentaron demanda de controversias contractuales contra Empresas
Públicas de Cundinamarca SA ESP, con el objeto de que se declarara la
nulidad de la Resolución No. 113 de 20 de diciembre de 2012 y, como
consecuencia, se condenara a la entidad demandada a pagar las
utilidades que el contrato hubiera generado a los allí demandantes.
6. 3) Mediante Sentencia del 28 de julio de 2015, el Juzgado 37
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Decisión
que fue apelada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04735-01
Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
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7. 4) La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través de Sentencia de 27 de enero de 2016, revocó
la decisión de primer grado y, en su lugar, declaró la nulidad de la
Resolución de adjudicación No. 113 de 20 de diciembre de 2012 y condenó
a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP a pagar las sumas de
$135.378.287 a título de restablecimiento del derecho y $1.200.000 a título de
costas.
8. 5) El 9 de marzo de 2016, la parte demandante solicitó el pago de la
condena y frente a la renuencia de la entidad demandada, solicitó su
ejecución ante el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá.
9. 6) El 27 de diciembre de 2016, Empresas Públicas de Cundinamarca
SA ESP realizó el pago de las sumas ordenadas en la Sentencia de 27 de
enero de 2016.
10. 7) El 17 de mayo de 2017, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el
fin de que este realizara una corrección aritmética, pues evidenció que,
aunque la parte motiva de la providencia señaló que el valor de las costas
debía ser un 1% del monto de las pretensiones reconocidas, es decir,
$1.353.782, la suma cuyo pago fue ordenado por ese concepto fue de
$1.200.000, corrección que fue realizada a través de Auto de 14 de junio de
2017.
11. 8) El 18 de julio de 2018, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá libró
mandamiento de pago en favor de las sociedades demandantes por las
sumas restantes y por los intereses moratorios causados en razón al pago
tardío de la obligación principal.
12. 9) El 8 de noviembre de 2019, Empresas Públicas de Cundinamarca SA
ESP demandó en repetición a Wilber Mauricio Vargas González, quien se
desempeñaba como jefe de la Oficina Jurídica de la empresa al momento
de los hechos. Demanda que fue admitida por el Juzgado 37 Administrativo
de Bogotá, a través de Auto de 20 de enero de 2021. La parte demandada
interpuso recurso de reposición en contra del auto en cuestión y solicitó que
se declarara la caducidad de la acción.
13. 10) Mediante Auto de 11 de agosto de 2021, el Juzgado 37
Administrativo de Bogotá revocó el auto admisorio y declaró la caducidad
de la acción de repetición con fundamento en que el término de 2 años
que tenía para interponer la acción respectiva había empezado a correr
desde el 5 de diciembre de 2016, fecha límite para realizar el pago
ordenado en Sentencia de 27 de enero de 2016, según el literal I del artículo
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04735-01
Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
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164 del CPACA3, vigente para ese momento y, en ese orden de ideas, este
se agotó el 5 de diciembre de 2018.
14. 11) Contra la decisión mencionada, Empresas Públicas de
Cundinamarca SA ESP interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento
correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quien resolvió revocar la decisión
cuestionada por considerar que no se había cumplido el término de
caducidad. Como fundamento, mencionó que la sentencia de segunda
instancia fue corregida el 14 de junio de 2017, de modo que esta quedó
ejecutoriada el 21 de junio del mismo año y el término de 10 meses para
efectuar el pago corrió desde el 22 de junio de 2017 hasta el 22 de abril de
2018, fecha a partir de la cual debió empezar a contarse el término de 2
años de caducidad.
15. Aunque no se observa el desarrollo específico de ningún defecto en
concreto, la Sala observa que de la argumentación se puede concluir que
el fundamento de la vulneración radicó en que la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en 1)
defecto sustantivo por indebida interpretación de la figura de corrección de
errores aritméticos, pues esta no tiene la aptitud para modificar la fecha de
ejecutoria de la Sentencia, 2) defecto procedimental, pues mencionó que
la autoridad judicial accionada incurrió en exceso ritual manifiesto, y para
ello trascribió apartes de la Sentencia T-429 de 20164, y 3) desconocimiento
del precedente establecido en la Sentencia de 8 de marzo de 2017,
proferida en el proceso No. 15001-23-33-000-2016-00585-01 por la Sección
Tercera de esta corporación5.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
16. En Sentencia de 17 de noviembre de 20226, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado tras concluir que 1) no se
configuró el defecto sustantivo, pues si bien era cierto que la corrección
aritmética no tiene el potencial de modificar la ejecutoria y, de manera
subsiguiente, la fecha de inicio del término de caducidad, lo cierto es que
fruto del error aritmético en que incurrió el Tribunal Administrativo de
3 (Se trascribe:) “Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración
para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.”.
4 En la Sentencia mencionada, la Corte Constitucional definió la figura del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, estableció que este se presenta cuando el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho
sustancial, y desarrolló varias hipótesis en que puede presentarse (entre otros asuntos).
5 El objeto de la providencia en cuestión está relacionado con el momento en que inicia a correr el término de
caducidad en la acción de repetición y determina que, con arreglo al numeral 2 del artículo 164 del CPACA, este
debe iniciar a partir del pago o, a más tardar, al día siguiente de los 10 meses en que este debía ser realizado.
6 Cabe mencionar que en esta oportunidad la Sección Quinta del Consejo de Estado mencionó que la parte
demandante hizo alusión a la configuración de un defecto sustantivo, otro procedimental y desconocimiento del
precedente, pero omitió el estudio del defecto procedimental o la respectiva justificación de la omisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04735-01
Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
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Cundinamarca, la entidad vencida en juicio no pudo conocer el valor al
que ascendía el monto de la condena, lo cual impidió su liquidación y
respectivo pago. De ese modo, consideró razonable que el término de 10
meses para pagar la condena hubiera iniciado a partir de la ejecutoria del
auto que realizó la corrección aritmética.
17. 2) En relación con el supuesto desconocimiento del precedente,
concluyó que la Sentencia T-429 de 2016 de la Corte Constitucional no
constituía precedente vinculante, sino únicamente un criterio auxiliar de
interpretación, y la providencia enjuiciada no desconoció las reglas
establecidas en la Sentencia de 8 de marzo de 2017, al interior del proceso
No. 15001-23-33-000-2016-00585-01, en relación con el inicio del término de
caducidad, ya que lo reconoció expresamente pero concluyó, con base en
los hechos del caso, que esta no se había configurado.
18. La parte actora impugnó la providencia y reiteró que la corrección de
errores aritméticos no tiene la capacidad de modificar la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia, pues (se trascribe) “(…) se deben respetar
y salvaguardar los principios de la cosa juzgada y el de seguridad jurídica, y
procesales, entre otros (…)”. Señaló que el argumento para desconocer los
principios mencionados no puede ser la falta de certeza frente a la suma de
la condena, pues lo cierto es que esta era determinable con base en la
parte motiva de la sentencia y la prueba de ello fue que el pago de la suma
correspondiente a las costas debidamente calculadas sí fue realizado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de los derechos vulnerados. 2.2. Fijación de la controversia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos y/o vulneración alegada. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de los derechos vulnerados
19. Pese a que el demandante señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos y principios, esta Sala centrará su análisis en la
vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta
vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación
judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el
desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la vulneración de los
demás derechos invocados por el accionante surge como consecuencia
de la misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el
amparo.
2.2. Fijación de la controversia
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04735-01
Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
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20. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez de segunda
instancia, incurrió en (1) un defecto sustantivo por indebida interpretación
de las normas relacionadas con la figura procesal de corrección de errores
aritméticos, en especial del artículo 286 del CGP, (2) un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto con ocasión de una aplicación
estricta de las normas relativas al conteo de la caducidad de la acción de
repetición, y/o (3) si desconoció el precedente establecido la Sentencia de
8 de marzo de 2017, Rad. No. 15001-23-33-000-2016-00585-01 de esta
Corporación, relacionada con la forma en que debe contarse el término de
caducidad. En consecuencia, se procederá a revocar, modificar o
confirmar la decisión del juez de tutela de primera instancia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7
21. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera a la parte demandante alegar los reparos planteados
vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia
enjuiciada (25/3/22)8 y la de interposición de la presente acción de tutela
(1/9/22). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia está
relacionada con una providencia que revocó el auto a través del cual se
rechazó una demanda de repetición. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de derechos
fundamentales del demandante en el marco de un proceso de repetición
y con ocasión de un auto respecto del cual se alegaron los defectos
sustantivo, procedimental y de desconocimiento del precedente.
2.4. Verificación de defectos y/o vulneración alegada
22. La Sala revocará la Sentencia de 17 de noviembre de 2022, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, amparará el
derecho al debido proceso del accionante, por las siguientes razones:
23. En relación con el defecto sustantivo, se observa que la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí
7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.
8 Al consultar SAMAI, se constató que el mensaje de datos se envió el 23 de marzo de 2022. Ver índice 13 del
expediente del proceso de repetición No. 11001-33-36-037-2020-00275-01,
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
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consideró que la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia se había
visto afectada por el Auto 14 de junio de 2017, lo cual queda claro en el
siguiente aparte de la providencia en cuestión (se trascribe):
“16. La anterior sentencia fue corregida el 14 de junio de 2017, en el sentido de
modificar la condena en costas en segunda instancia, decisión que quedó
ejecutoriada el 21 de junio de 2017, según el artículo 302 del Código General
del Proceso.
17. De conformidad con lo anterior, el término de los 10 meses para efectuar el
pago total de la condena corrió desde el día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia, el 22 de junio de 2017 y hasta el 22 de abril de
2018.”
24. No obstante, la Sala debe aclarar que concuerda con lo manifestado
por el accionante en el escrito de impugnación cuando señaló que la
corrección aritmética no tiene el potencial de afectar o influir en la
ejecutoria de las decisiones judiciales, contrario a lo que sucede con figuras
como la aclaración o la adición.
25. De hecho, esta corporación ya se ha manifestado sobre asuntos
similares en otras oportunidades9, y ha establecido que el fin de la
corrección de providencias judiciales es enmendar errores meramente
formales, como lo son los aritméticos o lingüísticos, sin que sea posible, a
través de este mecanismo, alterar o modificar lo decidido10. De modo que
el término para presentar una demanda de repetición no puede
contabilizarse con base en el auto que dispuso realizar la corrección, pues
este no tiene ningún efecto en el fondo del asunto.
26. Ahora, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP se pronunció en
el presente trámite y alegó que se presentó una imposibilidad de pago por
la indeterminación de la suma total, argumento que fue acogido por el juez
de primera instancia, quien consideró que la entidad solo tuvo
conocimiento de la suma que debía pagar a partir del auto que resolvió la
corrección. De ese modo, concluyó que aceptar la tesis de la parte
accionante significaría admitir que dicha entidad estuviera sometida a un
término menor para cobrar lo pagado fruto de la corrección, como
consecuencia de un error del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
27. No obstante, con base en los elementos ya mencionados, la Sala
considera que cuando se profirió el auto de corrección, la Sentencia de 27
de enero de 2016 se encontraba ejecutoriada y tenía fuerza de cosa
juzgada, razón por la cual la suma que esta contempló como condena sí
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto de 29 de junio de 2016, expediente No. 05001-23-33-000-
2015-02244-01, y Sentencia de 15 de julio de 2022, expediente No. 41001-23-33-000-2018-00352-01.
10 Vale la pena aclarar que las providencias mencionadas dieron aplicación al Código de Procedimiento Civil,
cuerpo normativo que se encuentra derogado y no es aplicable al caso que bajo estudio. No obstante, la Sala
considera que no hubo un cambio sustancial en relación con el asunto que amerite una interpretación distinta.
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estaba determinada y era ejecutable. Otro asunto diferente es que la
providencia tuviera un error susceptible de corrección, y lo cierto es que si la
entidad estaba interesada en que este fuera subsanado, también habría
podido ponerlo de presente de manera oportuna.
28. Así las cosas, la Sala considera que la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí incurrió en el defecto
sustantivo bajo estudio, pues desconoció el artículo 302 del CGP y, como
consecuencia, atribuyó al mecanismo procesal de corrección una facultad
que este no tiene, como lo es modificar la ejecutoria de las providencias
judiciales sobre las cuales recae, que en el caso en concreto se refleja en la
Sentencia de 27 de enero de 2016.
29. Tras haber encontrado mérito suficiente para conceder el amparo
solicitado con ocasión de la configuración del defecto sustantivo, esta Sala
se sustraerá del estudio del defecto por desconocimiento del precedente.
2.5. Conclusión
30. Por las razones mencionadas, tras encontrar configurado el defecto
sustantivo y, en consecuencia, vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso del accionante, la Sala accederá a la solicitud de amparo, dejará
sin efectos el Auto de 17 de marzo de 2022, proferido dentro del proceso de
repetición No. 11001-33-36-037-2020-00275-01 y ordenará que se rehaga la
actuación en los términos advertidos.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutea de primera instancia de 17 de
noviembre de 2022, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado y, en su lugar, AMPARAR el derecho al
debido proceso de Wilber Mauricio Vargas Gonzáles.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido el 17 de marzo de 2022 por
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso No. 11001-33-36-037-2020-00275-01 y, en
consecuencia, ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera providencia de
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Demandante: Wilber Mauricio Vargas González
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Decisión: Revoca - ampara
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reemplazo en el término de 10 días contados a partir de la notificación de
esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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