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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04747-00

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04747-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora María Consejo Torres Torres contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04747-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04747-00
Actor: MARÍA CONSEJO TORRES TORRES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora María Consejo Torres
Torres contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

La señora María Consejo Torres Torres, por conducto de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la propiedad privada y al mínimo vital, con ocasión de la providencia
proferida el 12 de mayo de 2022, en el proceso de reparación directa con radicado
11001-33-36-031-2015-00724-02. Formuló las siguientes pretensiones:

Solicito respetuosamente al Despacho que, en lo amparado en los artículos 29 y
58, y demás derechos fundamentales y constitucionales consagrados en la
Constitución Política de Colombia, se tutelen los derechos fundamentales
conculcados y se ordene a las entidades accionadas proferir sentencia que
reconozca la responsabilidad del daño causado a la accionante, como es el
derecho de recibir una compensación con su bien que fue dejado como espacio
público, paso peatonal.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04747-00
Actor: María Consejo Torres Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente
relevantes:

En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora María Consejo Torres
Torres demandó a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Alcaldía Local de Kennedy, al
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y al
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables de los perjuicios a ella causados, con ocasión del
«desalojo, expropiación y violación a la propiedad privada [como resultado de la]
diligencia practicada el día nueve (09) del mes de Junio del año 2015, por el
Departamento Administrativo del Espacio Público (DADEP), en la dirección ubicada,
Calle 51 Sur. N 88-02, dirección Catastral, Calle 51 Sur. N 80 A-56 de la ciudad de
Bogotá, D.C., identificado con la matricula inmobiliaria número 50S- 252507».

En providencia del 21 de enero de 2019, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá negó
las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 12
de mayo de 2022.

1.3 . Argumentos de la tutela

Desde ya conviene señalar que, sin mayor rigor, la señora María Consejo Torres Torres
alegó que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no valoró algunas de las pruebas allegadas al proceso de reparación
directa, a saber: i) la escritura pública 5943 del 30 de diciembre de 1983; ii) los recibos
del pago del impuesto predial, correspondientes al predio de 237 m2 ubicado en la
«Calle 51 Sur. N 88-02, dirección Catastral, Calle 51 Sur. N 80 A-56 de la ciudad de
Bogotá», y iii) la Resolución 034 de 2014, expedida por el DADEP, mediante la cual se
dispuso el desalojo de varias casetas utilizadas por vendedores ambulantes, y no del
inmueble de su propiedad.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 2 de septiembre de 2022, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04747-00
Actor: María Consejo Torres Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, como parte
demandada, y, como terceros con interés, al director del IDU, a la directora del DADEP
y al secretario distrital de gobierno de Bogotá. Así mismo, se ordenó la notificación de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
conducto de la magistrada ponente de la decisión atacada, rindió el informe respectivo
y solicitó que se declarara improcedente la tutela, en consideración a que no se justificó
la relevancia constitucional del caso, falencia que, de paso, evidencia que lo que busca
la señora María Consejo Torres Torres es una instancia adicional bajo la supuesta
configuración de un defecto fáctico, sin explicar cómo la decisión atacada incurrió en
ese defecto.

Señaló que, contrario a lo expuesto por la accionante, en la sentencia se valoraron las
pruebas a las que hizo referencia, pero que no se podía estudiar la legalidad de la
Resolución 034 de 2014, pues esa es una cuestión propia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, ajena al proceso de reparación directa
que promovió la señora Torres Torres, por lo que el análisis de la sentencia se limitó a
verificar «si la diligencia de recuperación del espacio realizada por las entidades
demandadas se hizo conforme a los presupuestos definidos en ese acto
administrativo».

2.3. Los demás sujetos vinculados al proceso de tutela guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04747-00
Actor: María Consejo Torres Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado,
siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era
improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 20121,
aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional,
esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento
jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones judiciales
y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el
juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos
que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en
que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto
en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional,
en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones
proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en
la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían
verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la

1Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04747-00
Actor: María Consejo Torres Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de
alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto
fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi)
decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa
de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de
los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o
desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es
necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en
alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04747-00
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Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que
han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no
se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que
son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que
dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional ha
restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias
dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la
Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos generales y la
configuración de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de
tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, «solo
tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional»2.

2. Problema jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de
relevancia constitucional, teniendo en cuenta que, en su intervención, la magistrada
ponente de la sentencia cuestionada alegó que no estaba acreditada esta exigencia.
Solo en el evento de que se cumpla, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto,
con el fin de establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico
alegado por la señora María Consejo Torres Torres.

3. Análisis de la Sala y solución del problema jurídico

3.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en

2 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04747-00
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asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es
necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez
que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento
jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los
jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales.

3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, la señora María Consejo Torres Torres señaló escuetamente
que la providencia dictada el 12 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la propiedad privada y al mínimo vital, por no valorar «la escritura
pública […] número 5943 de la Notaría Veintisiete (27) del Círculo de Bogotá; […] los
recibos correspondiente a las facturas relacionada con el pago de los impuestos predial
[…] ni la resolución número 034 de 2014, que emitió el DADEP», lo cual constituiría un
defecto fáctico.

Sin embargo, como bien se advirtió en la contestación de la demanda, observa la Sala
que la accionante no sustentó dicha afirmación con el rigor exigido por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, es decir, más allá de mencionar tres elementos de prueba
que, en su sentir, fueron ignorados por el Tribunal demandado, no ahondó en razones
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

que permitieran dilucidar cuál era la injerencia o efecto en la decisión atacada, que
podía surgir del análisis de la escritura pública, de las facturas de pago del impuesto
predial o de la resolución emanada del DADEP. En efecto, en la demanda de tutela, la
accionante se limitó a manifestar lo siguiente:

[E]l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección “A”,
a cargo de la Dra. Bertha Lucy Ceballos Posada, dentro del radicado número
11001333603120150072402, con fecha del día 12 del mes de mayo del año
2022, no se tuvo en cuenta el material probatorio, como fue la escritura pública
con fecha del día treinta (30) del mes de diciembre del año 1.983, es decir, a la
escritura pública número 5943 de la Notaría Veintisiete (27) del Círculo de
Bogotá; no se tuvo en cuenta los recibos correspondiente a las facturas
relacionada con el pago de los impuestos predial que venía haciendo la
accionante, el cual corresponde al área de terreno de 237 M2., siendo esto el
mismo que aparece de forma literal en dicha escritura pública; asimismo, no se
analizó la resolución número 034 de 2014, que emitió el DADEP., en donde
claramente y expresamente se podrá observar que esa resolución se emitió fue
con fines distintos a los que se realizó con la diligencia de fecha nueve (09) del
mes de junio del año 2015, como fue al desalojo de un bien inmueble, cuando su
naturaleza y sus fines eran para bienes muebles relacionado con invasiones de
espacio públicos, como son casetas y aquellas invasiones relacionados con
vendedores ambulantes.

A su turno, se ha vulnerado también el Derecho a la Propiedad Privada, conforme
a lo establecido en el art. 58 de la Constitución Política, en el sentido de vulnerar
la forma como se adquirió la propiedad, el dominio, que fue a través de una
tradición, de acuerdo a lo manifestado por la Corte Constitucional en sede de
Tutela que, se concibe que los bienes cumplen una función social, que implica
obligaciones, con derechos adquiridos, que no pueden ser desconocidos ni
vulnerado por leyes posteriores, como el caso aquí ocurrido, y que no se analizó
por el Tribunal, que si ese bien se necesitaba para un paso peatonal, según a lo
manifestado por la Secretaría Distrital de Planeación, deberían haber pagado un
precio por este bien, no emitir concepto técnicos, y basados en estudios
posteriores en donde era sometido a un bien de uso público, sin el
consentimiento de su propietaria.

Como se dejó también mencionado en la demanda, mi representada no tiene
otros ingresos, este parqueadero era el único sustento que recibía para poder
sobrevivir, de acuerdo a los cánones de arrendamientos que allí percibía
mensual, es decir, se le ha vulnerado otros derechos fundamentales, como el
mínimo vital, en donde es una persona con 89 años de edad, no tiene ninguna
pensión.

En ese sentido, conviene señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que para
que prospere el amparo por la configuración de un defecto en una providencia judicial
debe existir un error cualificado, en tanto ostensible, flagrante y manifiesto, el cual,
además, debe tener una incidencia directa en la decisión. Sin el cumplimiento de estos
requisitos esta acción constitucional se convertiría en una instancia adicional al
proceso ordinario porque «(...) el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce

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de un asunto, según las reglas generales de competencia»4.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa mínima que se requiere para cuestionar providencias judiciales a través
de la acción de tutela, dado que, como pudo leerse, de manera somera señaló que la
decisión judicial enjuiciada no valoró tres pruebas, pero no expuso claramente las
razones que sustentan la vulneración de sus derechos fundamentales y, sobre todo, el
defecto fáctico invocado; simplemente, se limitó a exponer algunas ideas que revelan
su inconformidad frente a la decisión de la Administración de despejar el espacio
público peatonal en una zona de la ciudad, lo cual, a su juicio, terminó por afectar su
derecho a la propiedad.

En suma, lo afirmado por la parte actora no basta para considerar que se cumpla con el
primer elemento del requisito de la relevancia constitucional –carga argumentativa
mínima–, pues, se insiste, no explicó, con la suficiencia exigida por la jurisprudencia
constitucional, las razones por las cuales considera que la autoridad judicial accionada
incurrió en el defecto fáctico alegado.

Conviene anotar que esta Corporación ha sostenido que en la demanda de tutela no se
puede escuetamente señalar alguna de las causales específicas de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, sino que es necesario que tal señalamiento se
sustente razonablemente. Como se sabe, detrás de las causales específicas de
prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el
uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales5.

En otras palabras, es necesario que los señalamientos planteados se sustenten
razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha
identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez cuente con los
parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales.

De conformidad con lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

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Sentencia T-871 de 2008, reiterada en la Sentencia T-162 de 2009.
5
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-00,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04747-00
Actor: María Consejo Torres Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora
María Consejo Torres Torres contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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.

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