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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04749-01

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04749-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal elevada por el Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 3 de noviembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar NEGAR la presente acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04749-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

14 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: FABIOLA CECILIA GONZÁLEZ DE PARDO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
revoca el fallo impugnado – el asunto sí tiene relevancia
constitucional; sin embargo, la accionada no incurrió en los defectos
alegados

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la accionante
en contra de la sentencia de 3 de noviembre de 2022, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y a través de la cual se declaró improcedente el
amparo solicitado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Fabiola Cecilia González de Pardo, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social y los principios de seguridad jurídica, legalidad y
favorabilidad laboral, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 22 de junio de
2022, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-35-014-2018-00304-
02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que: «[…] laboró como docente al servicio del Estado desde el 1º de junio
de 1993 hasta el 1º de enero de 2016 […]», y que, mediante Resolución No. 1290
de 5 de abril de 2010, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

en adelante Fomag, le reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a
partir del 6 de agosto de 2009.

2.2. Comentó que, mediante Resolución No. 7006 de 2016, la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá, en cumplimiento de un fallo judicial, ajustó su pensión
de jubilación tomando como base para la liquidación de la pensión los factores de
asignación básica, prima especial, prima de vacaciones y prima de navidad.

2.3. Expuso que, mediante Resolución No. 2407 de 4 de mayo de 2006, el Fomag
reajustó el valor de su pensión de jubilación sin tener en cuenta la inclusión de todos
los factores salariales reconocidos mediante la Resolución No. 7006 de 6 de octubre
de 2016, «[…] faltando el factor prima de Navidad […]».

2.4. Sostuvo que, el 31 de octubre de 2017, solicitó la revisión y ajuste de su pensión
con el propósito que se incluyera en el IBL los factores salariales devengados al
momento de su retiro y que habían sido reconocimientos mediante providencia
judicial.

2.5. Adujo que la anterior solicitud fue resuelta, mediante Resolución No. 5651 de 15
de junio de 2018, en la que se realizó el ajuste a su pensión, pero «[…] faltando la
inclusión de factores salariales como la prima de navidad, prima de servicios y prima
especial […]».

2.6. En razón a lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales se reajustó su pensión, y se ordenara la revisión y ajuste de la
liquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores
salariales devengados, «[…] de conformidad con la Ley 57 y 153 de 1887, Ley 33 y
62 de 1985, Ley 91 de 1989, Ley 4 de 1992, Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1993, y el
Decreto 1073 de 2002 […]».

2.7. Refirió que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, en sentencia
de 7 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

2.8. Mencionó que la anterior decisión fue confirmada por la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia
de 22 de junio de 2022.

2.9. Afirmó que en la anterior decisión se incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial, por cuanto no se tuvo en cuenta «[…] las sentencias emitidas POR
EL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A (…) nueve (9) de abril
de dos mil catorce (2014) radicación número: 25000-23-25-000-2010-00014-
01(1849-13) – SENTENCIA 25000-23-25-000-2006-07509-02(0112-09)
PROFERIDA POR EL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO

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Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA (…) en la cual se
estudió a profundidad la inclusión de todos los factores devengados, interpretación
taxativa vulnera el principio de progresividad. Principio de igualdad. Principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades […]».

2.10. Igualmente, por contrariarse «[…] lo mencionado en la sentencia de unificación
de 25 de abril de 2019 la cual establece que las reglas jurisprudenciales que se han
fijado en este pronunciamiento se acojan de manera obligatorio en todos los casos
pendiente de resolución [mas no en aquellos que ha operado la cosa juzgada] […]».

2.11. Manifestó que también se incurrió en defecto sustantivo por la indebida
aplicación de la Ley 812 de 2003 y del artículo 53 de la Constitución.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] Primero: comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción respetuosamente solicito se deje sin efecto la
sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN C DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022,
mediante la cual confirma la sentencia de 7 de diciembre de 2021 proferida por
el JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA la cual negó la reliquidación pensional.

Segundo: como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente al
honorable CONSEJO DE ESTADO se ordene AL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN C a proferir sentencia de fondo ordenando al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio a reliquidar la pensión de la señora
FABIOLA CECILIA GONZÁLEZ DE PARDO manteniendo los factores
reconocidos al momento del status pensional mediante sentencia judicial en la
cuantía del retiro definitivo del servicio, teniendo en cuenta que dichos factores
hacen parte de los derechos adquiridos de mi poderdante.

Tercero: que se condene en costas a las entidades demandadas de
conformidad con el artículo 188 de la ley 1437 de 2011.

Cuarto: solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso oficiar al
JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA para que allegue en su integralidad
110013335014 (sic) en dado caso de que el expediente administrativo haya sido
devuelto al juzgado de origen.

Quinto: Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso oficiar al
JUZGADO 29 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ a fin
de que allegue el fallo de 11/05/2015 en donde se reconoció el ajuste de la
pensión con la inclusión del factor salarial objeto del litigio […]»

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Lamagistrada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 6 de septiembre de 2022, admitió la
acción de tutela de la referencia. En la misma providencia, vinculó como terceros
con interés directo en los resultados del proceso al Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito de Bogotá, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. ElTribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C, a través del magistrado ponente de la providencia enjuiciada, rindió
informe en el que solicitó negar el amparo deprecado por la actora, habida cuenta
de que «[…] la Sentencia de segunda instancia del 22 de junio de 2022, decidió con
motivación suficiente los fundamentos de la demanda y las razones de la apelación,
en las que solamente se limitó a solicitar en su escrito, se incluyeran los factores
que devengó en el último año de servicios, conforme a la Ley 91 de 1989 y la Ley
812 de 2003, señalando que en su condición de docente estaba exceptuada de la
aplicación de la Ley 100 de 1993 y, que no debía tenerse en cuenta la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 […]».

5.2. El Ministerio de Educación Nacional, por intermedio del jefe de la oficina
asesora jurídica de la entidad, rindió informe en el que solicitó su desvinculación del
presente trámite «[…] toda vez que lo pretendido por la accionante, en la garantía
de los derechos fundamentales reclamados y demás derechos que encuentre su
despacho amenazados o vulnerados, no han sido transgredidos por esta entidad
[…]».

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 3 de noviembre de 2022, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por la accionante,
luego de considerar que no satisfacía el requisito general de procedibilidad atinente
a la relevancia constitucional.

7. Ello, luego de considerar, en síntesis, que: «[…] los reproches desarrollados por
la accionante en el escrito de tutela lo que en realidad pretenden es darle
continuidad al debate relacionado con el estudio de la supuesta inaplicación de las
reglas jurisprudenciales aplicables a la determinación de los factores a ser tenidos
en cuenta en la liquidación pensional de los docentes vinculados con antelación a
la vigencia de la Ley 812 de 2003, aspecto que ya fue motivo de estudio en el curso

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

del proceso ordinario en sus dos instancias, en el que se concluyó que la
demandante no tenía derecho a la inclusión de las primas reclamadas, en tanto los
mismos no se encuentran listados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 y sobre los
mismos la demandante no había efectuado aportes […]».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. El apoderado judicial de la accionante impugnó la sentencia de tutela de primera
instancia, argumentando que el presente asunto sí tiene relevancia constitucional,
en tanto «[…] no se trata de una tercera instancia ya que se debe tener en cuenta
la Sentencia de Unificación del 04 de agosto de 2010 proferida por el CONSEJO
DE ESTADO en relación con los factores salariales que integran el ingreso (salario)
base de liquidación de la pensión jubilación de los empleados al servicio del Estado,
estableció que los mismos no deben interpretarse de forma taxativa, sino
meramente enunciativa; porque se vulnera el principio de progresividad, de
igualdad, de primacía de la realidad sobre las formalidades [...]».

9. Adicionalmente, porque «[...] se trata de un asunto pensional, cuyo carácter es
irrenunciable que afecta y repercute a la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, en donde se establece que es válido tener en cuenta todos los factores
que constituyen salario [...]».

10. Por los anteriores razonamientos, la parte impugnante solicitó revocar el fallo
impugnado y que, como consecuencia de ello, se amparen los derechos
fundamentales invocados.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Cuestión previa – de la solicitud de desvinculación

12. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Ministerio de Educación Nacional.

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

6

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Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

13. Sobre el particular, la Sala estima que la solicitud de desvinculación planteada
por la referida entidad no tiene vocación de prosperidad, habida cuenta que fugió
como parte dentro del proceso objeto de amparo, por lo que su vinculación al
presente trámite, como sujeto procesal pasivo, resulta necesaria, dado el interés
que le asiste en los resultados de esta acción de tutela.

14. En atención a lo anterior, la Sala negará la solicitud de desvinculación procesal
elevada por el Ministerio de Educación Nacional.

VIII.3. Problemas jurídicos

15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber
incurrido, supuestamente, en defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente.

16. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

18. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 7.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

VIII.4. El caso concreto

24. La ciudadana Fabiola Cecilia González de Pardo, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social y los principios de seguridad jurídica, legalidad y
favorabilidad laboral, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 22 de junio de
2022, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-35-014-2018-00304-
02.

VI.4.1.2. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

25. En relación con el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa lo siguiente:

25.1. Respecto del requisito de relevancia constitucional, la Sala pone de relieve
que este presupuesto se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto gira
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.

25.2. Descendiendo al caso de la referencia, se observa que la tutelante aduce que
la decisión objeto de amparo incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento
del precedente jurisprudencial. Por su parte, el juez de primera instancia concluyó
que la presente acción de tutela no cumplía con el requisito de relevancia
constitucional porque se estaba utilizando el mecanismo de amparo como una
tercera instancia.

25.3. Ahora bien, la Sala no comparte la decisión de primera instancia porque se
observa que la actora precisó las razones por las que considera que sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social y los principios de seguridad jurídica, legalidad y
favorabilidad laboral resultaron afectados con ocasión de la providencia judicial aquí
enjuiciada, asimismo, sustentó debidamente las causales de procedibilidad
invocadas.

25.4. Por tanto, el móvil o sustento del presente mecanismo de amparo está asociado
a la presunta afectación de una garantía fundamental, y no guarda relación con la
simple discrepancia con lo resuelto por el Tribunal accionado.

9
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos y T-458 de 2016,
Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

25.5. Es a partir de lo anterior que no se puede afirmar que el mecanismo de amparo
de la referencia se está ejerciendo como una tercera instancia, sino que, como se
puede apreciar, el centro del debate tiene transcendencia constitucional, en tanto
que se plantea la posible afectación de varios derechos fundamentales con ocasión
de la indebida aplicación de normas jurídicas y en desconocimiento del precedente
jurisprudencial sobre la materia.

25.6. En razón a lo expuesto, esta Sala considera que se cumple con el requisito de
relevancia constitucional y, en ese sentido, se revocará el fallo impugnado, tal como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

25.7. Ahora bien, la parte accionante no tiene otro medio de defensa para solicitar la
protección de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión
proferida, en segunda instancia, por el Tribunal accionado, pues se agotaron todos
los recursos ordinarios establecidos en el procedimiento común y los argumentos
expuestos no se encuadran dentro de las causales de revisión previstas en el
artículo 250 del CPACA.

25.8. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, habida cuenta
que se promovió dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la
sentencia enjuiciada.

25.9. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

25.10. No se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es
necesario efectuar un análisis al respecto.

25.11. La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y/o índole.

VIII.4.2. Estudio del defecto material y sustantivo por desconocimiento del
precedente jurisprudencial en decisión sobre Ingreso Base de Liquidación de la
pensión de docentes oficiales

26. Ahora bien, se advierte que el planteamiento medular de la accionante radica en
señalar que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por la
indebida aplicación de la Ley 812 de 2003 y del artículo 53 de la Constitución
Política. Asimismo, afirma que, en su caso, y en aplicación del principio de
favorabilidad laboral, la controversia debió resolverse dando aplicación al
precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación de 4 de agosto
de 2010 y en las demás decisiones que se profirieron en desarrollo de esta.

27. Afin de determinar si, en efecto, en el caso bajo estudio se configuran los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, la Sala de Decisión estima

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

prudente y pertinente referirse, de manera sucinta, a las consideraciones y
raciocinios efectuados por el Tribunal accionado. Veamos:

[…] En este orden de ideas, siguiendo la posición fijada por el máximo órgano
de lo contencioso administrativo en la sentencia de unificación a la cual se ha
hecho referencia, es claro que la base de liquidación de la pensión
corresponde a los mismos factores que hayan servido de base para
calcular los aportes y que estén expresamente señalados en las leyes 33
y 62 de 1985.

[…]

Ahora bien, como la controversia gira en torno a que la entidad no le computó
en la pensión los factores de prima de navidad, prima especial y prima de
servicios que devengó en el año anterior al retiro del servicio y que reclama en
la demanda se le incluyan.

Según formato único para expedición de certificado de salarios expedido por la
Secretaría de Educación de Bogotá en el año anterior al retiro del servicio la
accionante devengó sueldo, prima especial, prima de servicios, bonificación
decreto, prima de vacaciones y prima de Navidad.

Es así como atendiendo los lineamientos de la sentencia de unificación citada
en precedencia para la liquidación de la pensión de jubilación del actor en su
calidad de docente sólo se deben tener en cuenta en su prestación los
factores salariales que expresamente señala el artículo primero de la Ley
62 de 1985 y sobre los cuales se realizaron aportes.

Por lo tanto, no le asiste razón a la demandante para solicitar la
reliquidación de su pensión con el cómputo de los factores de prima de
Navidad prima especial y prima de servicios, en consideración a que no
hacen parte de los emolumentos que enlista la norma coma ni fueron
objeto de aportes […]». (Negrillas por fuera del texto)

28. En este contexto, se pone de relieve que la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, procedió
a unificar su jurisprudencia respecto al ingreso base de liquidación de la pensión
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio. En tal sentido, expuso la siguiente regla:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los
factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes
de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto,
no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo […]».11 (Subrayado por fuera del texto original)

29. Vistolo anterior, sea lo primero indicar que, contrario a lo sostenido por la
accionante, el precedente imperante y vinculante en la actualidad respecto del IBL
de la pensión de los docentes oficiales es el contenido en la sentencia de 25 de abril
2019, por ende, resulta improcedente la aplicación de la regla jurisprudencial que,
en su momento, se fijó en la sentencia de 4 de agosto de 2010.

30. Por lo anterior, la Sala encuentra que la decisión aquí enjuiciada se ajusta a la
hermenéutica establecida en la sentencia de unificación de 25 abril de 2019, puesto
que los factores salariales para tener en cuenta para la liquidación de las pensiones
de los docentes oficiales son aquellos emolumentos respecto de los cuales
efectivamente se hayan realizado las respectivas cotizaciones y que se encuentren
previstos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.

31. Es por la anterior razón, que el criterio jurisprudencial que se había establecido
por esta Corporación judicial en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010,
ya no puede ser el parámetro de control del acto administrativo que negó la
reliquidación de la pensión de la accionante y, en consecuencia, tampoco resulta
procedente dejar sin efectos la sentencia enjuiciada porque esta decisión se
fundamentó en la interpretación vigente de la norma aplicable al caso concreto.

32. Valga mencionar que, en este mismo sentido se ha pronunciado esta Sección en
providencias de 11 de julio de 201912, de 21 de agosto de 202013, de 20 de
noviembre de 202014, de 21 de enero de 202115, de 11 de febrero de 202116, entre
otras.

33. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala concluye que en la
providencia aquí enjuiciada no se incurrió en defecto sustantivo ni en
desconocimiento del precedente jurisprudencial pues, se itera que la
interpretación del artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985 y su aplicación en el caso concreto, se ajusta plenamente a lo
normado en la Ley 33 de 1985, el artículo 48 de la Constitución Política, modificado
por el Acto Legislativo 01 de 2005, así como al criterio contenido en la sentencia de

11
Sentencia de 25 de abril de 2019, expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17) SUJ-014-CE-S2-19, Consejero
Ponente CÉSAR PALOMINO CORTÉS.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de noviembre de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2019-01516-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2020, expediente
11001-03-15-000-2020-03458-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020,
expediente 11001-03-15-000-2020-04512-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 2021, expediente
11001-03-15-000-2020-05040-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de enero de 2021, expediente
11001-03-15-000-2020-04777-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04749-01
Accionante: Fabiola Cecilia González de Pardo

unificación vigente, esto es, la proferida el 25 de abril de 2019 por la Sala Plena de
la Sección Segunda del Consejo de Estado. Por lo tanto, se negará la solicitud de
amparo promovida por la señora González de Pardo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal elevada por el
Ministerio de Educación Nacional.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 3 de noviembre de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar NEGAR la presente acción
de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

P(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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