Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04751-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04751-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04751-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de octubre de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04751-00
Demandante: ALBA LUZ SALCEDO PASAJE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
Síntesis del caso: la parte actora cuestiona la providencia que en segunda instancia
resolvió la demanda en la que atacó la legalidad del acto administrativo que declaró
insubsistente su nombramiento en la Secretaría de Hacienda Municipal de Alban
(Nariño). La actora invocó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, respecto de los cuales la Sala encontró
que no se superó el requisito de relevancia constitucional porque se pretende
emplear este mecanismo constitucional como una instancia adicional a las del
proceso ordinario.
La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por la señora Alba Luz
Salcedo Pasaje en contra del Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 2 de septiembre de 2022 la señora Alba Luz Salcedo
Pasaje presentó acción de tutela en contra de las providencias proferidas el 8 de
mayo de 2018 y el 10 de noviembre de 2021 por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño,
respectivamente, con el fin de que se protegieran los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un defecto
fáctico, sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en
síntesis, lo siguiente:
1) La alcaldesa municipal de Albán (Nariño) mediante resolución no. 0029 de 21 de
enero de 2016 declaró insubsistente el nombramiento efectuado mediante decreto
no. 011 de 3 de enero de 2012 a la señora Alba Luz Salcedo Pasaje en el cargo
denominado Administrativo Código 407 Grado 04, quien desempeñó sus funciones
en la Secretaría de Hacienda Municipal.
2) Con resolución no. 024 de 27 de enero de 2012 se comisionó a Hernán Efraín
Hoyos Caiza en el cargo de archivista municipal; sin embargo, ante la
desvinculación de la señora Salcedo Pasaje, la alcaldesa municipal de entonces
profirió la resolución no. 0081 de 9 de febrero de 2016, en virtud de la cual terminó
la comisión inicial del señor Hoyos Caiza y, en su lugar, le ordenó la del cargo de
auxiliar administrativo de la Secretaría de Hacienda Municipal que anteriormente
desempañaba la demandante.
3) Como consecuencia de la terminación de la comisión en el cargo de archivista
municipal el ente territorial celebró un contrato de prestación de servicios con el
señor Héctor Alexander Ortiz para que asumiera las funciones que se dejaron de
ejecutar en el archivo central de la administración municipal.
4) El municipio continuó contratando la prestación de servicios de apoyo a la gestión
en el archivo central, para lo cual celebró los contratos números: CDN 137 de 2 de
agosto de 2016, con el señor Héctor Alexander Ortiz; CDN 188 de 1 de octubre de
2016 con Claudia Milena Ñañez Gómez y un contrato de 1 de febrero de 2017, con
la misma señora.
5) En firme la resolución que declaró insubsistente el nombramiento de la actora,
esta promovió demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
con el objeto de que se declarara la nulidad de la resolución 0029 de 21 de enero
de 2016 y, a título de restablecimiento de derechos, se ordenara su reintegro en el
cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior jerarquía, sin solución de
continuidad y el pago de las sumas dejadas de percibir desde la desvinculación
hasta que se ordenara el reintegro.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
6) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto profirió sentencia
el 8 de mayo de 2018 en la cual negó las pretensiones de la demanda por considerar
que el acto administrativo demandado se justificó porque propendió por la
austeridad en el gasto público, el uso racional de los recursos del Estado y la
prevalencia del interés general, pues la administración declaró insubsistente el
nombramiento de la actora para designar en ese cargo a un funcionario de planta
en propiedad y así no afectar la prestación del servicio.
7) La parte demandante solicitó su revocatoria con base en que el acto no propendió
por la austeridad en el gasto, incurrió en un defecto fáctico porque omitió otorgar
valor probatorio a los elementos recaudados que conllevaban a la concesión de las
pretensiones, adolecía de un defecto sustantivo porque la declaratoria de
insubsistencia de su nombramiento no obedeció a causas legales, desconoció el
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional que estableció las causales
para que proceda la desvinculación de empleados nombrados en provisionalidad,
el precedente del Tribunal Administrativo de Nariño que en un caso similar accedió
a las pretensiones de la demanda y el de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que destacó el deber legal de motivar tales actos.
8) La Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Nariño profirió
sentencia de segunda instancia el 10 de noviembre de 2021 en la que confirmó el
fallo apelado.
9) Para la autoridad judicial demandada no se presentó un defecto fáctico porque
en el proceso ordinario no obraba ninguna prueba que permitiera determinar con
certeza que las funciones desempeñadas por el señor Hoyos Caiza en el área de
archivo guardaron identidad con aquellas asignadas a Héctor Alexander Ortiz y
tampoco se demostró la relación causal entre esas contrataciones y la
desvinculación de Alba Luz Salcedo.
10) De la valoración probatoria de los documentos presuntamente omitidos no se
desprendía como consecuencia lógica la evidencia de los argumentos expuestos
por la demandante en torno a la inexistencia del principio de austeridad.
11) No se presentó un defecto sustantivo porque la administración acudió de forma
objetiva a los principios que rigen la función pública para efectos de dar por
terminado el nombramiento en provisionalidad de la demandante.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
12) Los precedentes jurisprudenciales citados como desconocidos no son
vinculantes porque contienen criterios meramente interpretativos en los que se
destacó el deber de motivar el acto de desvinculación de personal designado en
provisionalidad en garantía del debido proceso, lo cual coincidió con la
argumentación de la administración para el caso de la actora.
13) La demandante omitió especificar las circunstancias fácticas y jurídicas por las
que consideró que se presentó una identidad entre las circunstancias fácticas de los
asuntos citados y aquellas de su caso particular.
2. Los fundamentos de la vulneración
La actora señaló que en las providencias del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño se incurrió en un
defecto fáctico, un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Respecto del defecto fáctico se alegó que el tribunal omitió valorar las pruebas que
daban cuenta de la mayor erogación del gasto en que incurrió el municipio de Albán
por contratar a Héctor Alexander Ortiz Albán para que desempeñara las funciones
que en el archivo central ejercía el señor Hernán Hoyos Caiza, servidor público de
carrera administrativa que, a su vez, fue comisionado en el cargo en que prestaba
sus servicios la demandante cuando su nombramiento fue declarado insubsistente.
En punto del defecto sustantivo alegó que, como lo reprochó desde el escrito de la
demanda en el proceso ordinario, su desvinculación se sustentó en la austeridad
del gasto y no obedeció a las causales señaladas en el artículo 41 de la Ley 909 de
2004.
Sobre el desconocimiento del precedente reclamó que las providencias
cuestionadas omitieron el precedente judicial de la Corte Constitucional, el Consejo
de Estado y el Tribunal Administrativo de Nariño que fue puesto a consideración en
el escrito de la demanda1, sin que justificaran las razones para hacerlo.
1
i) De la Corte Constitucional: Sentencias SU-917 de 2010, T-696/05, T 1323/05, T-1092/07, T-
157/08, T-023/09, T-108/09, T-437/15 y T-360 de 2015.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“PRIMERA.- Tutelar en favor de mi prohijada Sra. ALBA LUZ SALCEDO
PASAJE, los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia, que le fueron vulnerados por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto y el Tribunal
Administrativo de Nariño - Sala de decisión del Sistema Oral, con motivo
de la expedición de los proveídos del ocho (08) de mayo de 2018 y el diez
(10) de noviembre de 2021, respectivamente, proferidos dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 52001-33-33-003-
2016-00186-00.
SEGUNDO. - Dejar sin efectos las sentencias proferidas el ocho (08) de
mayo de 2018 y el diez (10) de noviembre de 2021, proferidos
respectivamente por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Pasto y Tribunal Administrativo - Sala de decisión del Sistema Oral, dentro
del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
instaurado por la Sra. ALBA LUZ SALCEDO PASAJE contra el Municipio
de Albán (Nariño), radicado bajo el No. 52001-33-33-003-2016-00186-00.
TERCERA. - Ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño - Sala de
decisión del Sistema Oral, que acceda a las pretensiones formuladas en
el escrito de la demanda instaurada por la señora ALBA LUZ SALCEDO
PASAJE, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 52001-33-33-003-2016-00186-00.”. (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas y mayúsculas del
original).
4. Actuación de primer grado
Con auto de 7 de septiembre de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación del presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Nariño y del titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
como autoridades judiciales demandadas con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Adicionalmente, se ordenó la notificación de la alcaldesa municipal de Albán
(Nariño), el secretario de Hacienda del municipio de Albán y los señores Hernán
Efraín Hoyos Caiza, Héctor Alexander Ortiz Albán y Claudia Milena Ñanez Gómez.
ii) Del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: Sentencia de 23
de septiembre de 2010, CP Gerardo Arenas Monsalve, radicación 25000-23-23-000-2005-01341-02
(0883-8).
iii) Del Tribunal Administrativo de Nariño: Sentencia de 13 de junio de 2014, expediente 33-31-002-
2010-00163-00 (5279), MP Marco Antonio Muñoz Mera.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
5. Actuación de las autoridades demandadas
El titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto solicitó
que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela con fundamento en que sus
actuaciones se surtieron con observancia de la ley procesal y su decisión se
sustentó en el acervo probatorio obrante en el expediente.
La magistrada ponente de la sentencia de segunda instancia atacada afirmó que
valoró las pruebas que fueron debidamente aportadas en la oportunidad legal para
el efecto.
La Sala explicó con suficiencia las razones por las cuales el acto demandado se
sustentó válidamente en los principios que rigen la administración pública.
La demandante pretende reabrir una discusión que ya se surtió en el proceso
ordinario y no es posible emplear a la acción de tutela como una tercera instancia
para modificar las decisiones que hicieron tránsito a cosa juzgada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Nariño y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Pasto con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales
del debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de la actora,
presuntamente vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas por esas
autoridades judiciales el 8 de mayo de 2018 y el 10 de noviembre de 2021 (notificada
el 25 de julio de 2022), respectivamente, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un
defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial.
La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las sentencias del
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y el Tribunal
Administrativo de Nariño, lo cierto es que los argumentos de reproche de la parte
actora se dirigieron a controvertir el contenido de la providencia de segunda
instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la presente
providencia.
Lo anterior, aunado a que la sentencia de segunda instancia fue la que finalizó el
proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la
autoridad judicial encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo
sería el Tribunal Administrativo de Nariño. En suma, el análisis de la Sala se
circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela porque no cumplió con el requisito de
relevancia constitucional en la medida en que todos los planteamientos en que se
sustentó se dirigieron de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario
como pasa a exponerse:
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
1) En el presente caso la señora Alba Luz Salcedo Pasaje reclamó la configuración
de un defecto fáctico porque, a su juicio, la autoridad demandada dejó de valorar
las pruebas que en caso de ser consideradas permitían acceder a las pretensiones
de la demanda, en particular aquellas que daban cuenta de la mayor erogación del
gasto en que incurrió el municipio de Albán por contratar a Héctor Alexander Ortiz
Albán para que desempeñara las funciones que en el archivo central ejercía el señor
Hernán Hoyos Caiza, empleado de carrera administrativa que fue comisionado para
laborar en la Secretaría de Hacienda Municipal en el cargo que prestaba sus
servicios la demandante cuando fue desvinculada.
2) En el escrito del recurso de apelación contra el fallo del juzgado se anotó lo
siguiente:
“3.2. LA SENTENCIA DEL A-QUO INCURRIÓ EN DEFECTO FÁCTICO
(...):
Pues bien, con el escrito de la demanda, se aportó material probatorio que
fue omitida su valoración por el juez de primera instancia y que da cuenta
de la mayor erogación del gasto en que incurrió el municipio de Albán
cuando contrató al señor HECTOR ALEXANDER ORTIZ ALBÁN, para
que desempeñara las funciones que en el archivo central ejercía el señor
HERNÁN HOYOS CAIZA, funcionario de carrera administrativa quien a
su vez fue comisionado para laborar en la Secretaría de Hacienda
Municipal en el cargo que prestaba sus servicios la demandante cuando
fue declarada insubsistente.
Los documentos a que me refiero obran en los folios 98 a 99 y 277 a 284
como anexos al escrito de la demanda y relacionados en el acápite de
pruebas (...)
Con el acervo probatorio relacionado quedó desvirtuada la presunta
“austeridad en el gasto” motivada por la administración municipal cuando
declaró insubsistente a mi mandante con la Resolución No. 0029 de 21
de enero de 2016, en tanto que, es evidente la mayor erogación del gasto
en que incurrió el Municipio en razón a la desvinculación del servicio de la
Señora ALBA LUZ SALCEDO PASAJE (...).”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI –mayúsculas del original).
3) Sobre ese planteamiento de la demanda el Tribunal Administrativo de Nariño
consideró lo siguiente:
“En relación con los reproches enunciados, es claro que guardan
identidad en cuanto se alega la indebida valoración probatoria de las
constancias que dan cuenta de la suscripción de contrato de prestación
de servicios para el apoyo en el área de archivo, a fin de cubrir las labores
desempeñadas por el señor Hernán Efraín Hoyos Caiza en dicha
dependencia, en virtud de la reubicación de la que fuera objeto con
destino al cargo que ocupó la demandante hasta el 3 de febrero de 2016,
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
dando cuenta con ello de la contrariedad al principio de austeridad
avalado en la sentencia de primera instancia.
Sobre el particular corresponde anotar que dentro de las pruebas
debidamente practicadas, no obra elemento alguno que permita
determinar con certeza que las funciones que eran desempeñadas por el
señor Hoyos Caiza en el área de archivo, guardan identidad plena con
aquellas que fueron cubiertas por la administración con cargo a los
contratos de prestación de servicios signados con el señor Héctor
Alexander Ortíz Albán, así como tampoco se denota en forma diáfana, la
relación causal que se pretende dar por acreditada, frente a la necesidad
de la contratación aludida, y la desvinculación de la señora Alba Luz
Salcedo.
Téngase en cuenta además que, de acuerdo con las constancias
probatorias oportunamente allegadas, la contratación del señor Ortíz
Albán se realizó por un término específico que no resulta suficiente para
predicar la permanencia de la labor a él encomendada, en tanto el plazo
de vigencia del contrato No. 062-2016 correspondió a 3 meses y 27 días,
reforzando así, la insuficiencia probatoria en orden a verificar la existencia
real de una afectación al presupuesto del municipio de Albán, o en su
defecto, la inexistencia del ahorro aducido por la administración, como uno
de los presupuestos que motivaron la desvinculación de la demandante.
Lo anterior, se insiste, de acuerdo a lo debidamente acreditado en el
proceso.
En punto con la supuesta omisión en la que se incurrió por parte del
despacho a quo en la valoración del Decreto No. 196 del 30 de agosto de
201519, la Resolución No. 024 del 27 de enero de 201220 y el contrato
de prestación de servicios No. 062-201621; es pertinente mencionar que
tales documentos dan cuenta, respectivamente, de la escala salarial de
los funcionarios de la planta de personal del municipio de Albán, la
comisión del señor Hernán Efraín Hoyos ante el archivo municipal, y la
prestación de servicios contratada con el señor Héctor Alexander Ortíz.
No obstante, de su valoración como prueba, no se desprende como
consecuencia lógica, la evidencia de los argumentos expuestos por el
apelante, en torno a la inexistencia del principio de austeridad en el que
la administración sustentó la declaración de insubsistencia de la señora
Alba Luz Salcedo. Por el contrario, las referidas constancias dan cuenta
del ejercicio de las facultades legalmente reconocidas en favor de la
autoridad municipal para el desarrollo de la función pública encomendada,
sin que se haya acreditado, más allá de las afirmaciones realizadas por la
demandante, la contrariedad de aquella conducta, en contraste con el
ordenamiento normativo vigente.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).
4) Asimismo, la demandante reclamó que la providencia cuestionada adolecía de
un defecto sustantivo porque como lo reprochó desde el escrito de la demanda, la
declaratoria de insubsistencia de la actora se sustentó en la austeridad del gasto y
no obedeció a las causales señaladas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
5) Ese aspecto concreto de la demanda y el recurso de apelación en el proceso
ordinario también fue analizado por el Tribunal Administrativo de Nariño en los
siguientes términos:
“Frente al argumento: “La sentencia del a quo incurrió en defecto
material o sustantivo”.
Se enuncia por la parte demandante que el despacho de primera instancia
omitió dar aplicación en debida forma a los presupuestos normativos y
jurisprudenciales citados en la providencia recurrida, relacionados con las
causales que pueden aducirse para la desvinculación de personal
designado en cargos de carrera administrativa en condición de
provisionalidad. Al respecto debe decirse que, en efecto, la jurisprudencia
tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, han
propendido por dotar de ciertas garantías a quienes ocupan empleos en
provisionalidad, conllevando con ello a la exigencia de una motivación
razonada y suficiente (...)
Así las cosas, es claro que, a efectos de proceder a la desvinculación de
personal designado en provisionalidad, la autoridad nominadora cuenta
con la posibilidad de sustentar su actuación, además de las previstas en
el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, en razones que se traduzcan en una
garantía en la adecuada prestación del servicio, tal como acaece en el
caso concreto. De acuerdo con lo anterior, es claro que, pese a no contar
con causales expresamente establecidas en la normatividad que regula la
carrera administrativa, la desvinculación de empleados designados en
provisionalidad procede por razones que se presenten como objetivas y
que en todo caso, propendan por la materialización de los principios de la
función pública. (...)
En consonancia con lo dicho, y comoquiera que el reparo que se estudia
alude a la austeridad en el gasto, debe anotarse que tal presupuesto se
erige como de orden objetivo en la medida en que busca un
funcionamiento eficiente de la administración, aunado a lo cual, por parte
de la demandante no se acreditó en debida forma la inexistencia del
mismo, conforme se anotó en el acápite inmediatamente anterior. En este
entendido, se insiste, a pesar de que la causal antes referida, no se
encuentra consagrada de manera expresa dentro de la normativa que
regula la carrera administrativa, es claro que la administración cuenta con
la posibilidad de acudir de forma objetiva a los principios que rigen la
función pública, a efectos de dar por terminado un nombramiento en
provisionalidad, tal como ocurrió en el presente asunto.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).
6) Ahora bien, en la demanda ordinaria y el recurso de apelación presentado contra
la sentencia de primera instancia la parte demandante también afirmó, en los
mismos términos que ahora se plantean en el proceso de acción de tutela, que la
autoridad judicial desconoció el precedente contenido en sentencias de la Corte
Constitucional, una sentencia del Consejo de Estado y una providencia del Tribunal
Administrativo de Nariño en las que se discutió el deber de motivar los actos que
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
ordenan la desvinculación laboral de empleados provisionales y, ese planteamiento
fue resuelto por la autoridad judicial demandada así2:}
“Frente al argumento: “La sentencia del a quo desconoció el
precedente jurisprudencial”:
La inconformidad que sustenta el reparo enunciado, guarda relación con
la omisión en que incurrió presuntamente el despacho de primera
instancia, al valorar la jurisprudencia aplicable al caso concreto, con base
en la cual, en criterio del recurrente, se debería haber declarado prósperas
las pretensiones formuladas con la demanda. (...)
De lo anterior se desprende fácilmente que las providencias citadas por la
parte demandante (T-696 de 2005, T-1323 de 2005, T-1092 de 2007, T-
157 de 2008, T-023 de 2009, T-108 de 2009, T-437 de 2015, T-360 de
2015), y que se reprochan como desconocidas injustificadamente por el
despacho de primera instancia, no cuentan con la entidad de ser acatadas
en condición de precedente, sino que las consideraciones en ellas
expuestas, contiene criterios interpretativos, más no vinculantes. Téngase
en cuenta, que las decisiones adoptadas en sede de tutela, cuentan con
efectos inter partes, no siendo procedente la solicitud de aplicación de las
argumentaciones en ellas expuestas, como reglas de obligatorio
acatamiento, más allá de la función de orientación a la que ya se aludió.
Sin perjuicio de lo anterior, de la verificación de los antecedentes de las
providencias antes citadas, se obtuvo que aquellas coinciden en destacar
el deber de motivar el acto de desvinculación de personal designado en
provisionalidad, ello en garantía del derecho al debido proceso del
destinatario de tal determinación. Lo anterior coincide con la
argumentación expuesta por el despacho a quo pues en la providencia
recurrida se resaltó el deber antedicho en cabeza de la administración, no
siendo viable la declaratoria de insubsistencia sin explicar las razones que
llevaron a adoptar dicha decisión.
Por su parte, frente la sentencia SU-917 de 2010 proferida por la Corte
Constitucional, y la sentencia radicada bajo partida No. 25000-23-23-000-
2005-01341-02 (0883-8) emanada por el Consejo de Estado, emerge
diáfano que aquellas fueron consideradas como parte del sustento de la
decisión finalmente adoptada por el a quo, así como también ha servido
de sustento para el presente pronunciamiento, al exponer los criterios
específicos que deben observarse a efectos de motivar la decisión de
insubsistencia de un servidor designado en provisionalidad.
A su turno, conforme las reglas antes expuestas, no se advierte en esta
instancia que se haya incurrido en vulneración del precedente proferido
por el mismo funcionario judicial de primera instancia, en la medida en que
la parte demandante omite especificar las circunstancias fácticas y
jurídicas que permiten considerar la identidad entre el asunto citado por el
recurrente (Sentencia del 13 de junio de 2014, radicación No. 33-31-002-
2
En el escrito de la demanda de tutela la parte demandante replicó el texto de la demanda ordinaria
y del recurso de apelación en el que alegó que las autoridades judiciales demandadas debían acoger
los siguientes precedentes jurisprudenciales: i) De la Corte Constitucional: Sentencias SU-917 de
2010, T-696/05, T 1323/05, T-1092/07, T-157/08, T-023/09, T-108/09, T-437/15 y T-360 de 2015; ii)
Del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: Sentencia de 23
de septiembre de 2010, CP Gerardo Arenas Monsalve, radicación 25000-23-23-000-2005-01341-02
(0883-8); iii) Del Tribunal Administrativo de Nariño: Sentencia de 13 de junio de 2014, expediente
33-31-002-2010-00163-00 (5279), MP Marco Antonio Muñoz Mera.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
2010-00163-00 (5279)), y aquellas que confluyen en el presente
expediente. Sin perjuicio de ello, de los antecedentes referidos por el
apelante en relación con esta providencia, es posible concluir que la
decisión actualmente recurrida guarda coherencia con aquella, en la
medida en que se destaca la necesidad de exponer razones objetivas,
como sustento de la decisión de desvinculación de empleados vinculados
a la administración, en provisionalidad.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas del original).
7) En esa medida, esta Corporación denotó que los argumentos que sustentaron la
presunta configuración de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente jurisprudencial, relacionados con la valoración de las pruebas con que
la parte actora pretendió desvirtuar la fundamentación del acto administrativo que
dispuso la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento por austeridad en el
gasto público; las causales taxativas para que proceda el retiro de personal
nombrado en provisionalidad y el carácter vinculante de las sentencias que a juicio
de la actora debieron tenerse en cuenta como precedente para fallar su asunto,
fueron debidamente analizados y resueltos en la providencia de 10 de noviembre
de 2021 de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.
8) Para sustentar la vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales
del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia la parte
demandante expuso los mismos planteamientos que en la demanda ordinaria y
reiterados en el recurso de apelación contra el fallo del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, por lo cual ya fueron analizados en el
proceso ordinario por el juez natural de la causa.
9) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicios o defectos
a dichas situaciones, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron
planteados y decididos en el proceso ordinario.
10) Lo expuesto permite concluir que la actora pretendió emplear a la acción de
tutela como una instancia adicional y buscó obtener una decisión favorable a sus
intereses en el proceso en que se profirió la providencia atacada.
11) Ante ese panorama la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está
instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento
jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la causa para decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-04751-00
Actora: Alba Luz Salcedo Pasaje
Acción de tutela
12) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de tutela
que presentó la señora Alba Luz Salcedo Pasaje no reviste relevancia constitucional
porque su objeto de la demanda fue reabrir un debate jurídico procesal propio del
proceso ordinario y el juez constitucional está impedido para pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia, por lo cual se declarará improcedente el
amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora Alba Luz
Salcedo Pasaje, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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