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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04753-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04753-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 29 de septiembre de 2022, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado, para en lugar, declarar la improcedencia por carecer de relevancia constitucional, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04753-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

3 de noviembre de 2022

Demandante: Martha Adorcinda Barrera Roa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-04753-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04753-01
Demandante: MARTHA ADORCINDA BARRERA ROA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca para
declarar la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 29 de septiembre de 20221, por medio de la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito registrado el 1° de septiembre de 20222, la señora Martha
Adorcinda Barrera Roa, a través de apoderado judicial, instauró acción de
tutela en contra del Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal

1
Adicionalmente, dispuso: «PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTÁ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»
2
Con tutela en línea con número 1035331.

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1

Demandante: Martha Adorcinda Barrera Roa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-04753-01

Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
social y al mínimo vital.

La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de las providencias de 25 de octubre de 2021 y de 15 de junio de
2022, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
2020-00279-01, el cual formuló en contra de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag).

En consecuencia, la parte demandante pretende:

«… SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION ‘C’ de fecha 15 de Junio del 2022, mediante la cual
CONFIRMA la sentencia 25 de octubre del 2021 proferida por el Juzgado
Cincuenta y dos (52) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá - Sección Segunda la cual NEGO LA RELIQUIDACION
PENSIONAL.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “C” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a
reliquidar la pensión de la señora MARTHA ADORCINDA BARRERA ROA,
incluyendo TODOS los factores salariales devengados en especial LA
PRIMA DE NAVIDAD Y PRIMA DE SERVICIOS.

TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al sistema de
seguridad social de los factores salariales que se tengan en cuenta para
liquidar el IBL, sobre las cuales no se efectuaron los respectivos aportes al
sistema de seguridad social.

CUARTO: Que se condene en costas a las entidades demandadas de
conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso oficiar al
Juzgado Cuarenta y siete (47) Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá - Sección Segunda para que allegue en su integralidad
:11001-33-42-047-2020-00279-01, en dado caso de que el expediente
administrativo haya sido devuelto al juzgado de origen.

SEXTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso oficiar al
Juzgado Cuarenta y siete (47) Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá - Sección Segunda para que allegue en su integralidad
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –

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Demandante: Martha Adorcinda Barrera Roa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-04753-01

Sección Segunda – Subsección ‘C’ de fecha 11 de Mayo del 2022 que
CONFIRMO la sentencia de primera instancia…» (sic para la cita)

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que se desempeñó como docente oficial el 8 de febrero de 1993 y
que, en virtud de lo anterior, mediante la Resolución 9148 de 28 de
noviembre de 2017, la Secretaría de Educación de Bogotá, FOMAG, le
reconoció una pensión vitalicia de jubilación, en los términos de la Ley 33 de
1985, en cuantía de $2.490.667, equivalente al 75% del promedio de salarios
devengados en el año de servicios anterior al cumplimiento del estatus de
pensionada, a partir del 4 de abril de 2017.

Afirmó que promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con la finalidad de que se
anularan los actos administrativos que no incluyeron la totalidad de los
factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento de su
estatus pensional. La demanda se radicó con el número 2020-00279-01.

Sostuvo que el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá mediante sentencia del 25 de octubre de 2021 denegó las
pretensiones, con fundamento en que el Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, estableció que los factores
salariales que deben ser incluidos en la mesada pensional únicamente son
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

Agregó que, presentó recurso de apelación en contra de la decisión anterior y
que la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con fallo del 15 de junio de 2022 la confirmó, al considerar
que no le asistía derecho a que se ordenara la reliquidación de su pensión
con la inclusión de emolumentos diferentes sobre los cuales cotizó.

3. Sustento de la petición

La parte actora señaló que con las providencias demandadas se incurrió en
lo siguiente:

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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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3.1. Defecto sustantivo:

Mencionó que con las decisiones acusadas desconocieron las normas que
establecen que en su caso el monto pensional debe calcularse con el 75% de
lo percibido durante el año anterior al cumplimiento del estatus pensional.

Agregó que, al negar el reajuste pensional solicitado, las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en una inapropiada aplicación de la Ley
812 de 2003 y desconocieron el principio de favorabilidad, según lo cual
debía optarse por la condición más benéfica para el trabajador, por lo que se
vulneraron sus derechos fundamentales y, en consecuencia, a su juicio, tiene
derecho a que se reliquide la pensión de jubilación que le fue reconocida.

3.2. Desconocimiento del precedente

Consideró que la reliquidación de su pensión se debía aplicar el criterio
establecido en la sentencia de 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, expediente 23-25-000-2006-07509-
01(0112-09), que estableció que la base de liquidación comprende todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio.

Mencionó que tampoco se tuvo en cuenta la sentencia del 9 de abril de 2014,
radicación número: 25000-23-25-000-2010-00014-01(1849-13), en la que se
indicó que procede el descuento de los aportes correspondientes a los
factores dada la omisión por parte de la administración y que por tanto no
impide el reconocimiento de los mencionados conceptos para efectos
pensionales, pues aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando
se haga el reconocimiento prestacional.

4. Trámite en primera instancia

A través de auto del 7 de septiembre de 2022, la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la demanda y, en consecuencia, ordenó la
notificación del juez Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y de los magistrados que integran la Sección Segunda, Subsección C
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

A su vez, dispuso la vinculación de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), de la Fiduciaria La Previsora S.A, y de la Secretaría de Educación
del Distrito de Bogotá.

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5. Contestaciones

5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C

La aludida autoridad judicial demandada se opuso a la prosperidad de la
solicitud de amparo, pues estimó que la decisión cuestionada se encuentra
ajustada a derecho, para lo cual invocó como medio de prueba la referida
providencia, frente a la que señaló que se puede verificar que se efectuó el
análisis fáctico y jurídico pertinente del cual se desprende que no existe
vulneración alguna a los derechos fundamentales de la accionante.

5.2. Juez Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Esta autoridad judicial acusada se opuso a la prosperidad de lo solicitado en
la acción de tutela, y solicitó se declare su improcedencia, al considerar que
no vulneró los derechos de la accionante y aplicó las disposiciones
normativas y jurisprudenciales vigentes, las cuales se encuentran ajustadas
al sustento fáctico y jurídico del caso.

Refirió que la actora pertenece al régimen pensional de la Ley 33 de 1985 y
que durante las cotizaciones pensionales únicamente efectuó aportes sobre
los factores salariales de sueldo y prima de vacaciones, conceptos que
fueron tenidos en cuenta al momento del reconocimiento pensional.

Añadió que negó las pretensiones de la demanda, en atención a que el
Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 25 de abril de
2019, aclaró que los factores salariales que deben ser incluidos en la mesada
pensional únicamente son aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

5.3. Secretaría de Educación de Bogotá

Esta entidad vinculada señaló que lo realmente pretendido por la actora es
invalidar las actuaciones procesales, en las cuales no tuvo injerencia alguna,
por lo cual solicitó ser desvinculada de la acción constitucional de la
referencia, ya que no le asiste legitimación en la causa por pasiva.

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6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2022, por medio de la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado3, por
las siguientes consideraciones:

Hizo referencia al contenido de la providencia demandada de segunda
instancia, para luego destacar que, el Tribunal demandado inicialmente,
estudió la normativa que regula la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes, así como los factores que debían tenerse en cuenta para la
liquidación.

Adujo que, para ese propósito, se refirió a la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en la que el Consejo de Estado
estudió lo referente al régimen pensional aplicable a los docentes que
prestaron sus servicios al Estado y la forma en la que debe determinarse el
IBL, teniendo en cuenta la fecha de vinculación al FOMAG.

Agregó que, en ese orden, en la mencionada sentencia se definió que
solamente deben incluirse los factores salariales respecto de los que se
efectuaron aportes y para el caso de los docentes vinculados antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, serían los enlistados en el artículo 3º de la
Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.

Manifestó que, de ese modo, en el caso concreto concluyó que debían
negarse las pretensiones de la demanda, por cuanto en la liquidación de la
pensión de la actora, conforme con su fecha de vinculación como docente, el
8 de febrero de 1993 y la fecha en que adquirió el estatus de pensionada,
esto es, el 3 de abril de 2017.

Precisó que, por lo anterior, no se omitió ningún factor de los enlistados en
las citadas normas, por lo cual, la prestación se liquidó con el 75% del
promedio de salarios del año de servicios anterior al reconocimiento de la
pensión de jubilación.

Destacó que la autoridad judicial cuestionada explicó que la anterior tesis fue
acogida precisamente, en atención a lo definido en las normas citadas,
conforme a las cuales debido a que la actora se vinculó como docente el 8 de
febrero de 1993, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de

3
Adicionalmente, dispuso: «PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTÁ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»

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2003, el régimen general que le resultaba aplicable era la Ley 33 de 1985.

Indicó que, ello se acompasaba con la regla fijada en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 proferida el 25 de abril de ese año, según
la cual los factores a incluir en la liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, son sólo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes y que estén enlistados en el artículo 1° de la Ley 65 de 1985.

Consideró que el Tribunal sustentó su decisión en el alcance que debe darse
a las precitadas disposiciones, en tanto dispuso que para la liquidación de las
pensiones sólo se podían tener en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las respectivas cotizaciones y, como se indicó, la
interpretación de las normas aplicables al caso en concreto resulta conforme
a las reglas jurisprudenciales vigentes, fijada en la sentencia de unificación
de 25 de abril de 2019.

Reiteró que el Tribunal atendió la normativa prevista para el asunto y
analizándola de forma integral y, encontró que no había lugar a acceder a tal
pretensión, pues la decisión cuestionada se adoptó con fundamento en lo
prescrito en la normativa que regula el caso bajo estudio, en el criterio de
unificación del Consejo de Estado sobre el régimen pensional aplicable a los
educadores vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y
el ingreso base de liquidación de las prestaciones reconocidas a estos.

Descartó la configuración del defecto sustantivo alegado por la actora, y
resaltó que el hecho de que la parte actora no comparta la posición allí
dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino que, de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, confirmó el fallo del a quo.

Señaló que la autoridad judicial demandada tampoco incurrió en el
desconocimiento del precedente, puesto que posición de esta Corporación
sentada en la sentencia de 4 de agosto de 2010 fue modificada, en primer
lugar, mediante la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 dictada
por la Sala Plena y, posteriormente, mediante la sentencia de 25 de abril de
20194, en la cual se abordó el estudio referente al régimen pensional
aplicable a los docentes que prestaron sus servicios al Estado y la forma en
la que debe determinarse el IBL, aplicable al caso concreto.

4
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia
del 25 de abril de 2019, rad. 68001-23-33-000-2015-00569-01, exp. 093517, C.P, César
Palomino Cortés.»

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Advirtió que, en esa última decisión se modularon los efectos de aplicación
en el tiempo, así: «se acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva
del precedente, disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que
se han fijado en este pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en
todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial». En consecuencia, al Tribunal le correspondía atenerse a lo
dispuesto en esa decisión.

7. Impugnación

Mediante escrito oportunamente allegado el 10 de octubre de 2022, la
accionante presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia, el
cual se notificó electrónicamente el 5 del mismo mes y año, por los siguientes
motivos:

Solicitó que se revocara la sentencia de tutela de primera instancia, pues
considera que, en su caso, se debe aplicar la sentencia del Consejo de
Estado del 4 de agosto de 2010, respecto a la inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados para la liquidación de su pensión,
pronunciamiento que encuentra favorable puesto que señaló que estos no
deben interpretarse de forma taxativa, sino meramente enunciativa.

Agregó que la tesis adoptada en esta sentencia de unificación parte de la
base que:

i) Las normas que regulan las pensiones de los empleados al servicio del
estado no señalan en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
habitualmente por el trabajador,

ii) que las finanzas públicas no pueden convertirse en el fundamento único y
determinante para limitar el acceso a las prestaciones sociales o disminuir
sus garantías,

iii) la protección al erario es un principio que debe armonizarse con los
derechos laborales, a los cuales la Constitución Política les da especial
importancia.

Afirmó que las autoridades judiciales deben resolver bajo una hermenéutica
que no suprima, limiten o excluya el goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en el bloque de constitucionalidad o en las normas
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internas.

Mencionó que, al no realizar un debido análisis de las «sentencias de
unificación acorde al principio de favorabilidad (sic)» se ocasiona una clara
vulneración a los derechos fundamentales del debido proceso y la igualdad,
máxime cuando se trata de un asunto pensional, cuyo carácter es
irrenunciable que afecta y repercute a la normatividad vigente y las
directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones
de los servidores públicos, en donde se establece que es válido tener en
cuenta todos los factores que constituyen salario.

Hizo referencia a las siguientes providencias:

i) La sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, dictada en el
expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017) por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, que menciona la sentencia T-223 del 2021, en la
cual se indica que el principio de favorabilidad implica que «siempre, sin
excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera
aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más
amplia del derecho fundamental».

ii) Decisión del 9 de abril de 2014, dictada en el expediente 25000-23-25-000-
2010-00014-01(1849-13), Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, según la cual «…resulta necesario que los valores a retener y/ o
deducir, de aquellos sobre los que no se cotizó y que se tendrán en cuenta
para reliquidar la pensión del accionante…»

Añadió que, la jurisdicción contencioso administrativa del país, que incluye al
Consejo de Estado, ha fallado a favor de empleados públicos y docentes que
solicitaron la inclusión de la totalidad de los factores salariales para la
liquidación de su pensión jubilación, indicando que si bien es cierto se
demuestra que no se realizaron las cotizaciones de algunos factores
salariales devengados por el docente, como la prima de servicios y la prima
de navidad entre otros, se reconoce el derecho a la reliquidación y la entidad
encargada realiza los descuentos de cotizaciones pertinentes a los factores
salariales solicitados sin perjuicio de los descuentos que se deban realizar
sobre los aportes que no se han practicado.

Cuestionó el fallo de tutela de primera instancia, pues considera que es
evidente la transgresión de sus derechos fundamentales de igualdad y
favorabilidad al no realizar la inclusión de todos los factores salariales en la
liquidación de su pensión de jubilación (existiendo jurisprudencia en donde se
aclara la procedencia a la inclusión de todos los factores independiente si se
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realizaron cotizaciones) y por tanto no se toma la situación más garantista
(vulneración al principio de favorabilidad).

Reiteró lo relativo a la normatividad aplicable para el reconocimiento y
liquidación de pensiones de los docentes vinculados al magisterio oficial
colombiano antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, así como lo
siguiente:

• Acto Legislativo 01 de 2005, Ley 100 de 1993, Decreto 1042 de 1978,
entre otras.
• Sentencias de unificación del 4 de agosto de 2010, 28 de agosto de
2018 y 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado.
• Sentencias T-558 de 1998, T-648 de 2015, SU-226 de 2019 de la
Corte Constitucional, según las cuales la omisión del pago de la
totalidad de cotizaciones al sistema pensional por parte del empleador,
no puede ser imputable al trabajador, ni puede derivarse contra las
mismas consecuencias negativas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19915, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080
de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión de primera instancia
conforme a los argumentos expuestos por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si el Tribunal demandado incurrió en los defectos
sustantivo y el desconocimiento del precedente al confirmar la sentencia de
primera instancia que negó la inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados por la demandante para efectos de su liquidación
pensional.

5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».

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3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial establecido por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7,
conforme al cual:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente
AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»8.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción
de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela
que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la
sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…».

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

6
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
8
Ibidem.

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Demandante: Martha Adorcinda Barrera Roa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-04753-01

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia9 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que
no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir
de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del
amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.

4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

En el presente asunto, se observa que el a quo consideró que se cumplían
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, de la siguiente
manera:

«…se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por
cuanto la parte actora plantea las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra la
decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión

9
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de
la Corte Constitucional.

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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-04753-01

(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia
(artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un
plazo razonable4 y, por último, la solicitud identifica los hechos y
derechos que se estiman lesionados.»

Al respecto, la Sala encuentra que en efecto la acción de tutela cumple con
los requisitos de que no cuestione una sentencia de la misma naturaleza, el
de inmediatez y la subsidiariedad, salvo el presupuesto de la relevancia
constitucional, por los siguientes motivos:

En lo particular, se observa que la providencia demandada se dictó en un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; de manera que,
no se trata de tutela contra decisión de amparo.

Asimismo, en cuanto a la inmediatez, se advierte que la sentencia acusada
de segunda instancia se profirió el 15 de junio de 2022, mientras que la
solicitud de tutela de radicó el 1° de septiembre de la presente anualidad. Por
tanto, sin necesidad de establecer la ejecutoria de aquella, se encuentra que
la acción de tutela se ejerció en el plazo razonable d ellos 6 meses
establecido para ello.

También se cumple tal presupuesto de la subsidiariedad, ya que, conforme al
fundamento de la vulneración y los argumentos de la impugnación, contra la
sentencia de segunda instancia demandada no proceden recursos ordinarios
ni extraordinarios.

Al respecto, se precisa que, si bien la parte actora invocó la aplicación de la
sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado y que, según el
artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, sin consideración de
la cuantía, lo cierto es que, tal postura fue rectificada con providencias de
unificación del 28 de agosto de 2018 y 25 de abril de 2019 de la misma
Corporación. Por tanto, tal medio carecería de eficacia frente a lo pretendido
por la parte demandante.

No obstante, en relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como
antecedente la sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202210, mediante

10
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: DARÍO JOSÉ MONTERO GUERRERO. Demandados: CONSEJO DE
ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO – SALA ORAL “A”.

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Rad: 11001-03-15-000-2022-04753-01

la cual se declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito
de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate
jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que
pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural
de la causa.

Para tal efecto, se trae a colación la sentencia SU 215 de 2022 de la Corte
Constitucional, con la que se unificó los criterios respecto del precitado
presupuesto.

A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones
Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela
formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre11.

En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección
Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de
tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.

Mientras que, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos
generales que ha señalado la Corte Constitucional12, salvo el de la
subsidiariedad frente a uno de los cargos y, sobre la relevancia constitucional
determinó que «se invocaron los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados».

No obstante, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados
requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional.

11
En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia
por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y
negó otros cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera
confirmó integralmente la decisión del a quo. Con la acción constitucional reprochó las
sentencias dictadas dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovido contra las liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se
incluyó como ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados
por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto
sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.
12
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

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En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo,
enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre …».

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal13» (Énfasis de la Sala).

El Alto Tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir
una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el
requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

13
Sentencia SU-573 de 2019.

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iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Conforme con lo expuesto, se analizará el asunto en particular.

5. Caso concreto

La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C se incurrió un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente pues confirmó la sentencia de primera
instancia que no accedió a sus pretensiones de reliquidación pensional con
inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el
último año de servicios.

La autoridad judicial demandada se opuso a lo pretendido. El a quo denegó
la solicitud de tutela, al considerar que no se configuró ninguno de los dos
defectos específicos invocados por la demandante. La parte actora impugnó,
para lo cual reiteró sus argumentos en relación con la normatividad aplicable,
así como las sentencias del Consejo de Estado y, adicionalmente, citó las
siguientes providencias de la Corte Constitucional:

• Sentencias T-558 de 1998, T-648 de 2015, SU-226 de 2019 de la
Corte Constitucional, según las cuales la omisión del pago de la
totalidad de cotizaciones al sistema pensional por parte del empleador,
no puede ser imputable al trabajador, ni puede derivarse contra las
mismas consecuencias negativas.

Así las cosas, del cotejo del escrito inicial de tutela con la impugnación, se
observa que la invocación de las sentencias de la Corte Constitucional
corresponde a planteamientos nuevos, que no fueron expuestos desde el
escrito inicial de tutela.

Por lo que, sobre tales asuntos la Sala no emitirá pronunciamiento alguno, so
pena de vulnerar los derechos de contradicción y defensa del Tribunal
demando y del tercero vinculado, puesto que son argumentos nuevos que no
esgrimió la accionante desde la solicitud de amparo, sino con la impugnación
que presentó en contra del fallo de tutela de primera instancia.

En relación con los demás argumentos, la Sala considera lo siguiente:

El Tribunal acusado mediante sentencia de 15 de junio de 2022, analizó si
debía confirmar o no la decisión apelada que no accedió a la pretensión de
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reliquidación y pago de la pensión de jubilación de la actora en cuantía
equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores salariales
que devengó durante el año anterior a la adquisición de su estatus de
pensionada. Para tal efecto, precisó lo siguiente:

i) Mencionó que la Ley 33 de 1985 es el régimen general aplicable para los
docentes que se vincularon antes de la vigencia de la ley 812 de 2003, con la
salvedad hecha para los docentes beneficiarios de la transición de esta ley y
de la pensión por aportes contenida en la Ley 71 de 1988.

ii) Advirtió que, del contenido de los medios de prueba allegados al
expediente, se observa que mediante la Resolución 9148 de 28 de
noviembre de 2017 fue reconocida una pensión de jubilación a la señora
Martha Adorcinda Barrera Roa, con el «75% del promedio de salarios del año
de servicios anterior al cumplimiento de la fecha status de pensionada»,
incluyendo como factores la asignación básica y la prima de vacaciones.

iii) Agregó que se encontraba probado con el formato único para expedición
de certificado de salarios que, entre el 3 de abril de 2016 a 2 de abril de
2017, la actora devengó emolumentos por concepto de sueldo, prima
especial, prima de servicios, bonificación por decreto, prima de vacaciones y
prima de navidad. Realizó aportes sobre el sueldo y la prima de vacaciones.

Precisó que, la prima especial, la prima de servicios, la prima de navidad y la
bonificación son los emolumentos que a la fecha no se han computado para
efectos de liquidar su mesada pensional.

iv) Manifestó que, tal como lo consideró el juez de primera instancia, esa
situación se ajusta a derecho, como quiera que la actora no efectuó aportes
sobre ellos ni se encuentran enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985
y, por consecuencia, no hacen parte del IBL conforme a la regla impartida por
el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019.

v) Destacó que la parte actora presentó su desacuerdo con la decisión de
primera instancia en cuanto aplicó la sentencia de unificación calendada el
25 de abril de 2019, la cual en su sentir no debe acogerse en su caso, e
insiste en la aplicación de las reglas señaladas en la sentencia de unificación
de 4 de agosto de 2010.

vi) Resaltó que la tesis que acogió el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación calendada el 4 de agosto de 2010, fue recogida por las sentencias
de unificación proferidas el 28 de agosto de 2018 y el 25 de abril de 2019,
oportunidad en la que se dejó sin efectos la posición que invoca la parte
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actora, habida consideración a que la alta corporación consideró que la
interpretación acogida en aquella sentencia de unificación «traspasa la
voluntad del legislador».

vii) Adujo que, para el caso del personal docente, el Consejo de Estado
profirió sentencia unificadora adiada el 25 de abril de 2019, en la que acogió
los argumentos ya sentados por la corporación en la providencia del 28 de
agosto de 2018 y fijó como regla de interpretación que la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la
vigencia de la ley 812 de 2003, debe efectuarse computando únicamente los
factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 y, por lo tanto, no se puede
incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

viii) Concluyó que no le asistía razón a la parte actora en los argumentos que
presenta en la alzada encaminados a obtener la reliquidación pensional en
los términos de pretensiones y, en consecuencia, debía confirmarse el fallo
apelado.

Bajo la síntesis de la providencia demandada antes expuesta, la Sala
considera que los argumentos del escrito inicial de la acción de tutela,
reiterados en la impugnación, relativos a la presunta configuración de los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, no satisface el
requisito de relevancia constitucional, pues como se puede observar en la
sentencia cuestionada, la discusión se circunscribe a aspectos legales y
netamente económicos.

Asimismo, se advierte que tales alegaciones que, en todo caso, no están
justificadas en una acreditada o palmaria vulneración de garantías
fundamentales, en el sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en
las citadas sentencias de unificación 573 de 2019, 215 y 103 de 2022.

Por tanto, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que
es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de
argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción
de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.

Cuestión distinta sería que, en el caso particular se cuestionara la decisión
que deniegue, vía judicial, el reconocimiento de la pensión de la demandante
pese a reunir los requisitos para su disfrute, pues en tal controversia estaría

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implícita la amenaza de los derechos constitucionales al mínimo vital, a la
vida digna y a todas aquellas prerrogativas que se desprenden estos.

Sin embargo, el asunto demandado a través de esta acción de tutela se
circunscribe al cuestionamiento de la providencia que confirmó la sentencia
que denegó la reliquidación pensional de la actora, quien consideró que sus
pretensiones debían decidirse de manera favorable, bajo la interpretación
normativa y jurisprudencial que alegó.

Para la Sala, lo demandado por la accionante en esta solicitud de amparo
carece de la carga argumentativa suficiente a través de la cual el accionante
justifique la relevancia del caso, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico
y lógico que le permita al juez de esta sede advertir una prominente
transgresión de sus prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de
la providencia dictada por la autoridad censurada.

De manera que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial ordinaria no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la competencia del competente
natural.

En consecuencia, se revocará el fallo impugnado que denegó el amparo
solicitado al actor, para en su lugar, declarar la improcedencia porque la
acción de tutela no cumple con el presupuesto de la relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 29 de septiembre de 2022, por
medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado denegó el
amparo solicitado, para en lugar, declarar la improcedencia por carecer de
relevancia constitucional, conforme a lo señalado en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
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providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»

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