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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04777-00

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04777-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO de la acción de tutela presentada por el señor Telmo Augusto Alfonso Méndez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04777-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

20 de octubre de 2022

Demandante: Telmo Augusto Alfonso Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04777-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04777-00
Demandante: TELMO AUGUSTO ALFONSO MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela de fondo – mora judicial – declara la carencia actual de
objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo de amparo presentado por el señor Telmo Augusto
Alfonso Méndez, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. A través de escrito remitido el 2 de septiembre de 2022 al correo de
recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, el señor Telmo Augusto
Alfonso Méndez, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que sean amparados sus
derechos fundamentales “al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la vida digna”.

2. La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales,
dado que, a la fecha de radicación de este mecanismo de amparo, habían
transcurrido 21 meses sin que la autoridad judicial accionada se pronunciara sobre
la admisión de la demanda que instauró desde diciembre de 2020, en la que
solicitó el decreto de una medida cautelar de urgencia.

3. Ello, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, que promovió contra el Distrito Especial de Santiago de Cali y que se
identificó con el radicado N.º 76001-23-33-000-2020-01556-00.

1
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Demandante: Telmo Augusto Alfonso Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04777-00

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:

“PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al Acceso a la
Administración de Justicia, en conexidad con los fundamentales al Debido
Proceso, Mínimo Vital, Estabilidad Laboral Reforzada y Vida Digna de
THELMO AUGUSTO ALFONSO MENDEZ, ORDENANDO al Honorable
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Despacho de la
Honorable MAGISTRADA LUZ ELENA SIERRA VALENCIA; RESOLVER de
manera inmediata la ADMISION DE LA DEMANDA de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho bajo el Radicado No 76001-23-33-000-2020-
01556-00, procediendo a NOTIFICAR de la misma a la Entidad
Demandada.

SEGUNDA: Consecuentemente con lo anterior, que el Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca proceda mediante la
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES, a
RATIFICAR los AMPAROS YA DECRETADOS mediante Sentencia de Tutela
No 94 del 26 de Junio de 2020 proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil
Municipal de Cali; confirmada por Sentencia No 91 del 10 de Agosto de 2020
proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali; ambas confirmadas
en Sede de Revisión Constitucional mediante Auto del 29 de Octubre de 2020
Honorable Corte Constitucional; conforme a lo enunciado en la parte motiva
de la presente providencia. Deber· el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle fijar un plazo perentorio para el CABAL E INMEDIATO
CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN SENTENCIAS DE TUTELA que
obligan a la parte pasiva del proceso; SO PENA DE RESOLVER LA
DEMANDA ADVERSAMENTE POR INCURRIR EN DESACATO A
SENTENCIAS QUE HAN HECHO TRANSITO A COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL DESDE EL 29 DE OCTUBRE DE 2020, Y QUE
RESULTAN VINCULANTES PARA LA PARTE ACTIVA Y PASIVA DEL
PROCESO, ASI COMO PARA EL PROPIO JUEZ JURISDICCIONAL
ADMINISTRATIVO.

TERCERA: ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca, determinar si durante el lapso comprendido entre el 10 de Agosto de
2020 fecha que quedaron en firme las Sentencias de Tutela y la fecha en
que se DECRETEN las Medidas Cautelares; se han causado PERJUICIOS
IRREMEDIABLES O SOBREVINIENTES POR EL INCUMPLIMIENTO A
FALLOS DE TUTELA, con el objeto de ORDENAR su inmediata
indemnización en beneficio del aquí Demandante – Accionante. Lo
anterior, teniendo en cuenta el amparo ya conferido Constitucionalmente a la
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA; cuyo alcance está previsto en la
Ratio Decidendi de la Honorable Corte Constitucional FALLO DE
UNIFICACION SU – 040/18 y Sentencia T-521 de 2016 SALA PLENA –
CORTE CONSTITUCIONAL (…)”. (Negrillas del texto original y sic a toda
la cita).

5. Asimismo, como medida provisional, solicitó que se ordene al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca lo siguiente:

PRIMERO: ORDENAR como Medida Cautelar Urgente la RENOVACION del
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 4152.010.26.1.630 con

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Demandante: Telmo Augusto Alfonso Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04777-00

Acta de Inicio 13 de Agosto de 2019 suscrito entre la ALCALDIA DE CALI D.
E. – Secretaria de Movilidad y THELMO AUGUSTO ALFONSO MENDEZ C.
C. 19.442.703, ciñéndose rigurosamente a lo ORDENADO en los ya
enunciados fallos de Tutela ejecutoriados y en firme y ratificados en Sede de
Revisión por la Honorable Corte Constitucional”. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

6. El 11 de diciembre de 2020, el señor Telmo Augusto Alfonso Méndez
instauró demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, con el fin de obtener la
nulidad del acto administrativo N.º 201941520100132284, proferido por la
Secretaría de Movilidad de dicho ente territorial y que le fue notificado el 24 de
enero de 2020.

7. El mencionado proceso se asignó por reparto a la magistrada Luz Elena
Sierra Valencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y se identificó con
el radicado N.º 76001-23-33-000-2020-01556-00.

8. El 12 de marzo de 2021, el proceso pasó al despacho para resolver sobre la
admisión de la demanda.

9. El 25 de mayo de 2021, el despacho ponente profirió auto de inadmisión, el
cual se notificó por estado electrónico que publicó la secretaría de la corporación
el 26 siguiente.

10. El 21 de julio de 2021, la secretaría del tribunal expidió constancia en la que
consignó que el demandante subsanó oportunamente la demanda.

11. El 18 de julio de 2022, el expediente pasó al despacho de la magistrada
ponente para proveer sobre la admisión de la demanda y analizar el escrito de
subsanación.

12. El 30 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dispuso el rechazo de la demanda por caducidad y por ineptitud sustantiva de la
demanda que instauró el señor Telmo Augusto Alfonso Méndez.

1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales, con
ocasión de la demora del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
pronunciarse sobre la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que instauró contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, en la que
solicitó el decreto de una medida cautelar de urgencia.

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14. El actor adujo ser un sujeto de especial protección constitucional por ser un
adulto mayor (62 años), víctima del conflicto armado interno por desplazamiento y
despojo de sus tierras, aunado a que padece una grave enfermedad pulmonar
obstructiva crónica - EPOC.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

15. A través de auto del 23 de septiembre de 2022, la magistrada ponente
admitió la tutela, ordenó a la secretaría que notificara a la parte actora y a la
magistrada Luz Elena Sierra Valencia del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, como autoridad accionada. Asimismo, vinculó como tercero con interés
jurídico al Distrito Especial de Santiago de Cali.

16. Igualmente, negó la medida provisional solicitada, toda vez que el actor no
acreditó una situación de vulneración o total indefensión que constituyera un
perjuicio irremediable o un peligro inminente, pues no allegó ninguna prueba que
acreditara que para dicho momento procesal estuviera ante un hecho gravoso que
lo estuviera afectando.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó la siguiente:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

17. La magistrada Luz Elena Sierra Valencia solicitó que se declare la carencia
actual de objeto por hecho superado con fundamento en que el 30 de septiembre
del año en curso profirió auto de rechazo de la demanda, en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del cual el señor
Telmo Augusto Alfonso Méndez alegaba la mora judicial. Para el efecto, aportó la
providencia en cuestión.

1.6.2. El Distrito Especial de Santiago de Cali, pese a haber sido notificado en
debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales del señor Telmo Augusto Alfonso Méndez, con ocasión de la
demora en pronunciarse respecto de la admisión del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra el Distrito
Especial de Santiago de Cali?

• ¿Se configura en este asunto la carencia actual de objeto por hecho
superado?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

20. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se estudiarán los
siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) carencia actual de
objeto y; (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

21. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

22. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable1.

2.5. Carencia actual de objeto

23. La Sala ha explicado en varias ocasiones2 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.

1
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
2
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del: i) 9.7.2020, Exp. 2020-01377-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; ii) 18.6.2020, Exp.
2020-01031-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; iii) 15.11.2017, Exp. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro y; iv) del 19.10.2017, Exp. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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24. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho
fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración
del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso,
de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención
del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración
de los derechos fundamentales.

25. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede
proceder en tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii)
una situación sobreviniente.

26. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20163, señaló
que:

“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser
como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo
antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la
eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en
peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente
previsto para esta acción.4

“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente
que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del
derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es
decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento
sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en
el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado”
(negrillas inexistentes en el texto original).

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar
la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii)
“daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la

3
Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido.
4
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».

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jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente5”.

27. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra
que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para
eliminar la vulneración de los derechos fundamentales6.

28. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto
de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y
el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer (…)”7. (Negrillas fuera del texto original).

29. Conforme a lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se
vulneraron o no los derechos fundamentales.

30. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en
aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda
instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal8.

31. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales
se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se
ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse
sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio
de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:

5
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
6
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19.
7
Sentencia T-481 del 1.09.2016 M.P. Carlos Bernal Pulido.
8
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.

7
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“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque
sí para Corte en sede de Revisión,9 incluir en la argumentación de su
fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si
considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del
caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera”.10 Según la jurisprudencia de la
Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia
judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado11 12”.
(Destacado fuera de texto).

32. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si a ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por
la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la
orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues
que el derecho ya no se encuentra en riesgo13.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede
adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le
corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita14, pronunciarse sobre la
vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591
de 199115 y determinar si, con atención de las particularidades del caso,
procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados16.
Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso
estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii)
el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no

9
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la
cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
10
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
11
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
12
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
13
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
14
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
15
«ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado
los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en
ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la
tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el
artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya
hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere
adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
16
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».

8
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repetición17; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección
objetiva18”.19 (Negrillas fuera del texto original).

33. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en
que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado
el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es
factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.20

34. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad
demandada.

35. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de
hecho para declarar la carencia actual de objeto:

“[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una
tercera modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de
tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en
que como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que
no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga
que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el
resultado de la litis.
“Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en
que puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela,
parte de una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia
ha otorgado a la figura del “hecho superado”21 y limita su alcance únicamente
a aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la
vulneración está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo
del trámite tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho
superado” cuando, por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega
los medicamentos que su afiliado demandaba, y una “situación
sobreviniente” cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva
demora en su suministro, decide asumir su costo y procurárselos por
sus propios medios”22.

17
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
18
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
19
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
20
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
21
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la
cual se transcribe literalmente: “Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores
que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo
(Ver Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995;
T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en los
que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».
22
«Corte Constitucional. Sentencia T-481/2016».

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Demandante: Telmo Augusto Alfonso Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04777-00

2.6. Caso concreto

36. El 2 de septiembre de 2022, el señor Telmo Augusto Alfonso Méndez
instauró acción de tutela, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a la
estabilidad laboral reforzada y a la vida digna, con ocasión de la demora del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en pronunciarse sobre la admisión de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que radicó el 11 de
diciembre de 2020 contra el Distrito Especial de Santiago de Cali.

37. El 30 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dispuso el rechazo del medio de control por caducidad y por ineptitud sustantiva
de la demanda que instauró el señor Telmo Augusto Alfonso Méndez, en el marco
del proceso que se identificó con el radicado N.º 76001-23-33-000-2020-01556-00.

38. Para el efecto, aportó la providencia en mención, veamos:

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39. Asimismo, al consultar de oficio el sistema de gestión judicial SAMAI, la
Sala encontró que la providencia se notificó el 3 de octubre de 2022 por estado
electrónico que se fijó en la página web y que igualmente se remitió a los correos
electrónicos que suministró la parte actora en el escrito de la demanda.

40. Así las cosas, sería del caso estudiar los argumentos esgrimidos por la
parte actora en su escrito de tutela, de no ser porque existen circunstancias que

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hacen evidente la superación del hecho que motivó la radicación del instrumento
constitucional.

41. En ese orden, y siguiendo el marco normativo y jurisprudencial expuesto en
el acápite anterior, para esta Sección es evidente que, cuando se presenta dicho
escenario en el trámite del mecanismo de amparo, lo que el juez debe hacer es
declarar la carencia actual de objeto en el proceso del que está conociendo.

42. Ello, teniendo en cuenta que, encontrándose en trámite el presente
instrumento constitucional, la autoridad accionada profirió el auto del 30 de
septiembre de 2022 a través del cual dispuso el rechazo de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho que el señor Telmo Augusto Alfonso Méndez
radicó. En ese orden de ideas, cualquier intervención que en este punto realice el
juez de tutela resulta inocua pues, se insiste, el objeto jurídico perseguido a través
de este mecanismo extraordinario y expedito se superó.

43. La circunstancia descrita conlleva naturalmente a que la Sala se abstenga
de hacer un pronunciamiento al respecto, dado que cualquier orden que se llegue
a impartir carecería de efecto alguno.

44. Finalmente, resulta pertinente aclarar que, pese a que en el numeral
segundo de las pretensiones el actor solicitó que se ratifiquen “(…) los AMPAROS
YA DECRETADOS mediante Sentencia de Tutela No 94 del 26 de Junio de 2020
proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Cali; confirmada por
Sentencia No 91 del 10 de Agosto de 2020 proferida por el Juzgado Décimo Civil del
Circuito de Cali (…)”, lo cierto es que, al consultar el módulo de procesos de la
Rama Judicial no se encontró que el actor haya promovido otro mecanismo
constitucional que tenga relación con los hechos que narró en el escrito de tutela.

2.7. Conclusión

45. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, encontrándose en trámite este
instrumento constitucional, la autoridad judicial accionada dictó auto de rechazo de
la demanda.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO de la acción de tutela presentada por el señor Telmo Augusto
Alfonso Méndez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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