RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04778-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04778-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04778-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 29 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Ismael Alfonso Bernal Bernal por las razones expuestas en l a parte motiva. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04778-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

1 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TULELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: ISMAEL ALFONSO BERNAL BERNAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
RECONOCIMIENTO MESADA ADICIONAL - FALTA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - INSTANCIA
ADICIONAL

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia del
29 de septiembre de 2022, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Ismael Alfonso Bernal Bernal ejerció acción de tutela contra la Sección
Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Veintisiete Administrativo de Bogotá, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y
de acceso a la administración de justicia, así como los principios de legalidad, confianza
legítima, buena fe e in dubio pro-operario. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

“Primera. Que se tutelen los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad,
al debido proceso, a la seguridad social en pensiones, al respeto a los derechos
adquiridos, al debido proceso y a la aplicación de los principios de favorabilidad
laboral, in dubio pro-operario, a la buena fe y confianza legitima, del señor ISMAEL
ALFONSO BERNAL BERNAL.

Segunda. Dejar sin efectos las sentencias del 23 de septiembre de 2021 y de
segunda instancia del 9 de junio de 2022, ésta última notificada el 26 de julio de
2022, por medio de las cuales se negaron las pretensiones de la demanda dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el numero
11001333502720200002400 y 11001333502720200002401 proferidas por el
Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y la Subsección A de
la sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.

Tercera. Que se declare la nulidad del oficio con numero de radicado
2018_8313421 del 17 de julio de 2018, emitido por la ADMINISTRADORA
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en el cual se niega el pago de
la mesada pensional número catorce (14) al señor ISMAEL ALFONSO BERNAL
BERNAL.

Cuarta. Ordenar a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de las mesadas 14
desde el año 2018 a la fecha.

Quinta. Ordene a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que en el término de 48 horas contadas a partir
del momento en que se notifique la sentencia, dicte sentencia que tenga en cuenta
la jurisprudencia dominante de la Corte Constitucional, en lo que respecta a la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, a partir de 29 de julio de 2005,
aplicando el principio de favorabilidad laboral, principio pro homine, derechos
adquiridos, dignidad humana y poder adquisitivo de las mesadas pensionales,
reconociendo el derecho que le asiste al señor ISMAEL BERNAL BERNAL de
seguir devengando la mesada catorce.”

2. Hechos:

Del expediente de la referencia, se destacan como hechos relevantes los siguientes:

El señor Ismael Alfonso Bernal Bernal nació el 26 de julio de 1950, laboró en el Banco
Cafetero desde el 4 de marzo de 1970 al 10 de agosto de 1978 y en la Contraloría
General de la Nación, desde el 1º de marzo de 1979 hasta el 6 de julio de 1994.

Por lo anterior, al cumplir la edad y los 20 años de servicio el extinto Instituto de los
Seguros Sociales, en la actualidad, la Administradora Colombiana de Pensiones (en
adelante Colpensiones), mediante Resolución núm. 025359 del 1° de junio de 2009
reconoció pensión de jubilación al señor Ismael Alfonso Bernal Bernal, de conformidad
con el Decreto 929 de 1976.

Dicho acto administrativo fue modificado por la Resolución núm. 48427 del 21 de
octubre de 2009, en el sentido de indicar la fecha de causación del derecho y concedió
el retroactivo pensional desde el 8 de abril de 2008.

El 16 de julio de 2018, el actor solicitó a Colpensiones el pago de la mesada adicional
del mes de junio o “mesada catorce”, tal como se venía haciendo desde su
reconocimiento pensional, en la medida en que fue suspendida en junio de ese mismo
año, sin embargo, dicha solicitud fue negada en Oficio núm. 2018_8313421 de 17 de
julio de 2018.

En razón de lo anterior, el señor Bernal Bernal, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de que se declarara
la nulidad del referido acto administrativo y, en su lugar, se ordenara el pago de la
referida mesada adicional.

El proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Veintisiete Administrativo de
Bogotá, que, en sentencia del 23 de septiembre de 2021, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la pensión del actor se causó cuando fueron acreditados los
requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, solo hasta el 26 de julio de 2005 y, en
esa medida, fue con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de
2005 y el monto reconocido superó el tope establecido en el artículo 6 del par ágrafo
transitorio, razón por la que concluyó que el demandante no está inmerso en la
excepción descrita consistente en que las personas cuyo derecho a la pensión se
cause a partir de la vigencia del referido Acto Legislativo no podrán recibir más de
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

trece (13) mesadas pensionales al año excepto aquellas que perciban una pensión
igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El actor apeló la decisión de primera instancia y la Sección Segunda, Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 9 de junio de 2022, confirmó
la sentencia, al concluir que, conforme con lo probado en el proceso, el señor Bernal
Bernal, para el año 2008, fecha a partir de la cual le fue reconocida la pensión, percibía
una mensualidad que superaba los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
luego, no se cumplía con lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005, para ser
beneficiario de la mesada adicional de junio o también llamada “mesada catorce”.

En esa ocasión, además, el tribunal indicó que pese a que existe confusión en la
entrada en vigor de la mencionada norma, dado que fue publicada en dos momentos,
esto es, el 25 y el 29 de julio de 2005, lo cierto es que el segundo momento obedeció a
una corrección de errores formales en el texto inicial, pero que eso no varió el hecho de
que sus efectos se surtieran desde la primera publicación, razón por la que al verificar
que el actor consolidó su derecho pensional el 26 de julio de 2005, concluyó que no era
beneficiario de la mesada catorce a la que tienen derecho quienes cumplían los
requisitos para pensionarse antes de la vigencia de ese Acto Legislativo.

3. Argumentos de la tutela

El demandante indicó que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados, dado que en las providencias objeto de discusión
se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y violación directa
de la constitución.

Sostuvo que, si bien, el Acto Legislativo 01 de 2005 tiene dos publicaciones, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema
de Justicia, han optado por tener como fecha de entrada en vigor la correspondiente a
la segunda publicación, razón por la que su derecho al reconocimiento pensional se
consolidó con anterioridad a la entrada en vigencia del acto y, en esa medida, aún
conserva el derecho del reconocimiento y pago de la mesada catorce, situación que, en
todo caso, le resulta más favorable como trabajador.

Adicional a lo anterior, manifestó que en las providencias cuestionadas se omitió lo
señalado en la jurisprudencia, puntualmente, en las siguientes decisiones:

 De la Corte Constitucional señaló como desconocidas las sentencias C – 181 de
2006; C - 180 de 2007; C – 530 de 2013 y la SU – 555 de 2014.

 Del Consejo de Estado indicó que no se tuvo en cuenta el concepto de la Sala
de Consulta y Servicio Civil, proferido el 2 de abril de 2018, con ponencia del
consejero de Estado Oscar Amaya.

 De la Corte Suprema de Justicia, indicó que no se tuvieron en cuenta las
sentencias SL12498-2017, SL4919-2019 SL2543- 2020 y SL2798-2020.

La violación directa de la constitución la sustentó en el hecho de que se afectaron
derechos fundamentales y se desconocieron derechos adquiridos, así como los
principios de favorabilidad e in dubio pro-operario y la afectación que se le causó como
persona de la tercera edad, en la modificación de su pensión al eliminarse la mesada
catorce que venía percibiendo.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

4. Oposiciones

El Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá, en calidad de demandado, señaló
que la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia obedeció a que, los
fundamentos jurisprudenciales citados por la parte actora para solicitar que se tuviera el
29 de julio de 2005 como la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005,
fueron sentencias en las que, ese momento, se adoptaron únicamente para los efectos
de la presentación de la demanda de inconstitucionalidad. Por lo expuesto, solicitó que
se negaran las pretensiones de la solicitud de amparo de la referencia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente del proceso objeto
de estudio, pero, con respecto a lo planteado por el actor en la solicitud de amparo,
guardó silencio.

5. Intervenciones

Colpensiones precisó que para el caso objeto de estudio lo pretendido por el señor
Bernal es reabrir un debate que ya fue zanjado y decidido por el juez natural de la causa,
razón por la que las decisiones que pretende dejar sin valor mediante la acción de tutela
de la referencia se encuentran amparadas en virtud de la cosa juzgada.

Además, señaló que el señor Bernal Bernal es beneficiario de una pensión de jubilación
que supera los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, razón por la que está
justificado que el actor no puede ser acreedor de la mesada adicional.

En consecuencia, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por cuanto
no se materializó la afectación de algún derecho fundamental y, en todo caso, el actor
acudió a la solicitud de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario.

6. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo del 29 de septiembre de
2022, negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia al considerar que no
se incurrió en los defectos señalados por el señor Bernal, dado que las sentencias
invocadas de la Corte Constitucional no constituyen precedente obligatorio para resolver
casos como el del actor y, además, indicó que el tribunal demandado basó su decisión
en una providencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, como
órgano de cierre, en la cual además se expuso un criterio vinculante y exigible para el
Tribunal.

7. Impugnación

El demandante impugnó la anterior decisión, reiteró los argumentos del escrito inicial e
indicó que no son de recibo los argumentos de la sentencia de primera instancia, dado
que el juez de tutela desconoció que los precedentes constitucionales y de unificación
priman sobre los de los órganos de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y afirmó que interpretó incorrectamente las sentencias de
Constitucionalidad C- 530 de 2013 y SU- 555 de 2014, en el sentido de manifestar que
no contienen reglas aplicables al caso concreto, pues la ratio decidendi en esas
oportunidades fue en el sentido de indicar que, la norma publicada en el diario oficial del
29 de julio de 2005, es la que da claridad de qué acto es el que se publica, esto es, el
Acto legislativo 1 de 2005 y no un proyecto aprobado en segunda vuelta.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

Manifestó que la interpretación que dio a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional es errónea pues no es posible únicamente indicar que son decisiones
abstractas y que no constituyen precedente judicial.

Señaló que es incorrecto que el a quo, se aparte de la línea jurisprudencial
Constitucional, so pretexto de que esta interpretación es solo para determinar la
caducidad, a pesar de que la Corte Constitucional determinó que la fecha de entrada en
vigencia del mencionado Acto Legislativo es el 29 de julio de 2005.

Por lo expuesto, solicitó que se revoque la decisión impugnada y, en su lugar, se acceda
a las pretensiones de la solicitud de amparo de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este
decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de
31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia
1
judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual aplicó la
metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el
2 3
empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

Pese a que el a quo consideró que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, considera la Sala que
preliminarmente debe analizarse, en particular, si se cumple con el requisito de
relevancia constitucional.

De superar ese análisis, corresponderá a la Sala establecer si al proferir la sentencia de
segunda instancia del 9 de junio de 2022, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2020-00024-01, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió en los defectos alegados por
el tutelante, al confirmar que el actor no tiene derecho a percibir la mesada catorce.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo
de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un asunto
goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la
inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia
que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal
vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate
de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el
alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03

15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5. Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y
aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en
la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no
se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

(Subrayado de la Sala)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el caso concreto, la Sala advierte que el señor Ismael Alfonso Bernal Bernal propone
la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió contra la Colpensiones con la finalidad de que accediera al
reconocimiento y pago de la mesada adicional.

Si bien, el demandante alega que las providencias objeto de tutela vulneraron derechos
fundamentales e incurrieron en defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende
el demandante es que se reabra el debate, respecto al presunto derecho que tiene a
que se continue con el pago de la mesada adicional.

La Sala observa que, en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de
primera instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que,
negó las pretensiones, el demandante adujo:

“La sentencia proferida el día 23 de septiembre de 2021 vulneró el artículo 53 constitucional,
porque omitió aplicar al caso, los precedentes judiciales constitucionales que se citan y que
versan sobre la fecha en que entró en vigencia el acto legislativo 1 de 2005 y los principios
pro homine, de favorabilidad en material laboral y de in dubio pro operario, ya que la
autonomía judicial en la interpretación tiene sus límites constitucionales y ellos radican en
que siempre debe aplicarse la favorabilidad al trabajador. También vulneró el artículo 142
de la Ley 100 de 1993 que creó la mesada catorce para los pensionados y el Acto Legislativo

5 Ibidem.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

01 de 2005 en lo referente al respecto de los derechos adquiridos.

Las altas cortes y el H. Consejo de Estado, han sentado varios precedentes judiciales, en
los cuales indican que la vigencia del acto legislativo 01 de 2005, es a partir del 29 de julio
de 2005 fecha en que fue publicado sin yerros y no desde el 25 de julio de 2005.

Podemos verificar lo afirmado, entre otros en los pronunciamientos judiciales del Consejo
de Estado fechado 2 de abril de 2018 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil con
ponencia del consejero de Estado Óscar Darío Amaya Navas, de la Corte Constitucional C-
530 del 14 de agosto de 2013, la C-181 de 8 de marzo de 2006, la SU- 555 del 24 de julio
de 2014, de la Corte Suprema de Justicia la sentencia SL4919 del 13 de noviembre de 2019.

Para los operadores judiciales es obligatoria la aplicación de los precedentes judiciales
dando prelación a los precedentes de la Corte Constitucional, excepto cuando para no
aplicarlos hacen una carga argumentativa adecuada y suficiente que justifique su actuar.
Las normas y jurisprudencias citadas implican que lo mandado constitucionalmente es que,
el operador judicial o el juez, siempre deben buscar que, ante una duda en la aplicación de
una norma o cuando hay varias interpretaciones sobre las normas, se aplique la duda o la
norma a favor del trabajador y que la norma debe interpretarse siempre buscando el mayor
beneficio al trabajador.

En el presente caso, el fallador de instancia, a sabiendas que había varias interpretaciones
acerca de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, aplicó las interpretaciones
restrictivas o desfavorables al trabajador, hoy pensionado y demandante, y concluyó con
base en algunas de ellas que la entrada en vigencia que el Acto Legislativo 01 de 2005 era
el 25 de julio de 2005, con lo cual quebrantó lo ordenado por la Constitución Política de
Colombia en el artículo 53, que le ordena que siempre debe protegerse al trabajador.

Como se puede observar en la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021, el Juzgado
27 Administrativo, decidió aplicar la interpretación más desfavorable al trabajador, para
desestimar la aplicación de la sentencia C- 180 de 2007 que decía que el Acto Legislativo
01 de 2005 entró en vigencia el 29 de julio de 2005, consideró que esa fecha, solamente se
aplicaba para evitar la caducidad de la acción constitucional contra el Acto Legislativo 01 de
2005, pero que cuando se trata del trabajador hoy pensionado y demandante, señor ISMAEL
BERNAL BERNAL, esta prelación no le puede ser aplicada, porque solamente la podían
aplicar al demandante para su acceso a la justicia y los magistrados para declararse
competente para avocar el conocimiento de la demanda.

Consideró el a quo, que los simples yerros mecanográficos no inciden en la vigencia de la
norma y se apoyó en la jurisprudencia emitida en la sentencia C-178 de 2007, en la cual la
Corte Constitucional hizo esa afirmación y desconoció que la C-180 de 2007 era en
numeración posterior y en la cual la Corte cambió de criterio y afirmó que la vigencia del
Acto Legislativo era 29 de julio de 2005. El a quo, no motivó porque siendo la última posterior
aplicó la primera. En este solo hecho hubo desconocimiento del principio de favorabilidad
para el trabajador, contemplado en el artículo 53 constitucional.
(…)
El a quo omitió, citar el precedente judicial constitucional contenido en la sentencia SU –
555 de 2014, posterior a las sentencias C-178 y C-180 de 2007, que hizo relación al principio
de favorabilidad a los trabajadores de que trata el artículo 53 constitucional y al derecho a
la igualdad para hacer efectivos los derechos de acceso a la justicia o de los trabajadores o
derechos adquiridos. (…)”
(Subrayado de la Sala)

Por su parte, en el escrito de tutela, el señor Ismael Bernal Bernal sostuvo que la
providencia objeto de estudio incurrió en defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución e indicó:

“En las sentencias proferidas el día 23 de septiembre de 2021 por el Juzgado 27
Administrativo del Circuito de Bogotá, y 9 de junio de 2022 por la Sección Segunda
subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de los radicados
11001333502720200002400 y 11001333502720200002401 respectivamente, los falladores
de primera y segunda instancia, a sabiendas que había varias interpretaciones
Constitucionales predominantes, precedentes del Consejo de Estado y de la jurisdicción
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

ordinaria, acerca de la entrada en vigencia del Acto Legislativo1 de 2005, aplicaron las
interpretaciones restrictivas o desfavorables al trabajador, hoy pensionado y accionante, y
concluyeron con base en algunas de ellas, que la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1
de 2005 era el 25 de julio de 2005, cercenando con esta interpretación el acceso al pago
dela mesada catorce al señor BERNAL BERNAL.

(…)

Ambos falladores omitieron hacer interpretación conforme a la Constitución, armónica con
las garantías Constitucionales y los fines del Estado, dejaron de aplicar al caso la
jurisprudencia Constitucional predominante, los precedentes judiciales favorables del
Consejo de Estado y la jurisprudencia de la justicia ordinaria que como se verá adelante,
contemplan que, el 29 de julio de 2005 es la fecha en que entró en vigencia el acto legislativo
1 de 2005, precedentes que de haber sido considerados, hubieran hecho efectivos los
derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, a la igualdad de trato entre
jurisdicciones a los trabajadores, al debido proceso, al respeto a los derechos adquiridos, a
la Buena fe y confianza legítima que, el Estado Social de derecho le garantiza al señor
BERNAL BERNAL.

Tanto el a quo como el a quem, desconocieron el sin número de sentencias proferidas por
la H. Corte Suprema de Justicia que, si bien no son precedentes obligatorios por tratarse de
jurisdicciones diferentes la una Contencioso administrativa y la otra ordinaria, sí hacen parte
de la obligación del operador judicial de garantizar los derechos a la igualdad y la seguridad
jurídica, y de su deber de evitar sentencias contradictorias entre jurisdicciones.

(…)

La interpretación incompleta de los Juzgadores de primera y segunda instancia, trajo como
consecuencia que el señor ISMAEL ALFONSO BERNAL BERNAL haya dejado y en el futuro
deje de percibir la mesada catorce, situación que va en contra de su status de vida, el poder
adquisitivo de las pensiones, el respeto de los derechos adquiridos, atentando, el principio
de legalidad del debido proceso en la medida que desconoce el ordenamiento jurídico
favorable y el principio de la Buena fe y la confianza legítima.

En la sentencia de segunda instancia el ad quem, expresó que el a quo tenía razón y citó
los mismos precedentes judiciales que mencionó la primera instancia, con la explicación
que, la Corte Constitucional tomó como fecha de publicación el 29 de julio de 2005,
solamente para efectos del término de caducidad, sin que se hubiera pronunciado sobre por
qué no era aplicable el principio pro homine, in dubio pro operario o de favorabilidad laboral
o sobre por qué razón no se aplican las interpretaciones jurisprudenciales posteriores de la
Corte Constitucional o los de la Corte Suprema de justicia que hace que para los
trabajadores del sector privado se tome como fecha de vigencia del Acto Legislativo No. 1
de 2005, el 29 de julio de 2005, otorgando derechos laborales a quienes cumplieron los
requisitos antes de esa fecha.

Los precedentes judiciales verticales y de Constitucionalidad, que desconocieron tanto el a
quo como el ad quem, a pesar que hay algunos posteriores a los precedentes citados por
ellos, fueron los siguientes: SENTENCIA C-181 DE 2006, SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD C 180 DE 2007, SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD C-
530 DE 2013, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN CORTE CONSTITUCIONAL - SU 555 DE
2014, el concepto de LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE
ESTADO FECHADO 2 DE ABRIL DE 2018 y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
SL4919-2019.

(…)

Las sentencias deprecadas, desconocieron la interpretación del máximo órgano de cierre
Constitucional, que dictó sentencias que contienen jurisprudencia predominante y posterior,
aplicable por encima de la jurisprudencia del Consejo de Estado, a pesar de que,
jerárquicamente, el Consejo de Estado sea el órgano de cierre de la justicia Contenciosa
Administrativa, debido a que existe la sentencia de Constitucionalidad C- 816 de 2011, que
así lo determinó.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

Es claro que, en la sentencia Constitucional de unificación SU 555 de 2014, se toma como
fecha de publicación el 29 de julio de 2005 se aplicó el principio de favorabilidad y adoptando
la corrección que en sentencia C 180 DE 2007 sobre la Certeza de la publicación del Acto
Legislativo 1 de 2005 hizo la Corte Constitucional, y nuevamente en el año 2013, la Corte
Constitucional reiteró su interpretación sobre la fecha de vigencia del Acto Legislativo como
el 29 de julio de 2005.

No obstante lo anterior, los falladores de instancia, dictaron las sentencias que desconocen
la interpretación del máximo órgano de cierre Constitucional, generando un rompimiento del
principio de la buena fe y la confianza legitima en que el Estado social de derecho va a
proteger a la población trabajadora y quebrantando la seguridad jurídica que tenía don
ISMAEL ALFONSO al pensar que con la aplicación de la interpretación Constitucional,
estaba con la seguridad jurídica que se le iban a respetar sus derechos al pago de la mesada
catorce.

Como se dijo en las sentencias C-181 de 2006, C-181 de 2007, C-530 de 2013, SU-555 DE
2014, la interpretación que da la certeza de la reforma a la Constitución Política con el Acto
Legislativo 1 de 2005 es la que no deja lugar a dudas acerca de, si lo que se publicó fue el
Proyecto de Acto o el Acto Legislativo aprobado, que es ni más ni menos la del 29 de julio
de 2005, con el diario oficial No. 45.984 en el que fue publicado el Decreto 2576 de julio 27
de 2005.” (…).

(Subrayado de la Sala)

Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las que expuso
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones.
Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica respecto al presunto derecho
que tiene de que le paguen la mesada adicional, asunto que en todo caso ya fue resuelto
por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
sentencia del 9 de junio de 2022, que en lo que interesa, consideró:
“Caso concreto. Del material probatorio recaudado dentro del presente proceso, se observa
que el demandante adquirió su estatus de pensionado a partir del 26 de julio de 2005, fecha
en la cual acreditó 55 años de edad, teniendo en cuenta que nació el 26 de julio de 1950, y
ya contaba con 20 años de servicio (desde el 4 de marzo de 1970 hasta el 10 de agosto de
1978 y desde 1 de marzo de 1979 hasta el 23 de septiembre de 1990). Además, se retiró
del servicio el 7 de abril de 2008, razón por la cual la entidad demandada, a través de la
Resolución No. 025359 del 1o de junio de 2009 modificada por la Resolución No. 48427 del
21 de octubre de 2009, reconoció pensión a favor del demandante a partir del 8 de abril de
2008, en cuantía de $2.754.699.

La entidad demandada pagó las mesadas adicionales de junio para 2013, 2014, 2015, 2016
y 2017, lo que ya no ocurrió para 2018. Para el efecto se tiene que, mediante Oficio No.
2018_8313421 del 17 de julio de 2018 emitido por COLPENSIONES, se indicó que para el
2005 periodo en el cual el demandante había adquirido su estatus pensional el salario
mínimo correspondía a $381.550, el cual multiplicado por 3 da un monto de $1.144.500, es
decir, que el valor que le fue reconocido corresponde a 7 salarios mínimos mensuales
legales vigentes para la época, por lo tanto afirmó que el demandante no era beneficiario de
la mesada adicional 14.

Se tiene que el Acto Legislativo No. 01 de 2005 fue publicado en el Diario Oficial 45.980 el
25 de julio de 2005, adicionalmente fue objeto de correcciones caligráficas, a través del
Decreto 2576 del 27 de julio de 2005, el cual fue publicado en el Diario Oficial No. 45.984
de 29 de julio de 2005, pero dicha situación no invalida la primera publicación efectuada en
el diario oficial del Acto Legislativo 01 de 2005.

Ello encuentra respaldo en la sentencia de la Corte Constitucional C-178 de 2007, así:

El Acto Legislativo 01 de 2005 siguió el trámite previsto para la expedición de reformas
a la Constitución. Este Acto, después de haber surtido los debates en dos periodos
legislativos consecutivos, fue sancionado por los presidentes de cada Cámara y por sus
secretarios el día 22 de julio de 2005. El Acto fue publicado en el Diario Oficial 45980 del

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

25 de julio de 2005. Sin embargo, dicha publicación contenía yerros caligráficos en lo
que se refiere al título pues éste fue publicado como “proyecto de Acto de Legislativo
(Segunda Vuelta)”. Para corregir dichos errores el presidente expidió el Decreto 2576 del
27 de julio de 2005 “por el cual se corrige un yerro en el título del Acto Legislativo número
01 de 2005, "por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política".

Aun cuando el Acto Legislativo hubiere sido publicado con yerros caligráficos en su título,
éste nació a la vida jurídica. Cosa diferente es que después el presidente hubiera
expedido un decreto que corregía su título, asunto que será luego analizado en la
presente sentencia.

De conformidad con lo expuesto en el fundamento normativo de esta providencia, en virtud
del Acto Legislativo No. 01 de 2005 (i) las personas que causen el derecho a la pensión
de jubilación a partir del 25 de julio de 2005 no tienen derecho a la mesada pensional
adicional de junio y (ii) se exceptúan de dicha regla las personas que causaron el derecho
a la pensión antes del 31 de julio de 2011, si la mesada pensional que perciben es igual o
inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ahora bien, pretende la parte demandante que se de aplicación a la sentencia SU- 555 de
2014, por medio de la cual, según él, la Corte Constitucional indicó que la fecha de entrada
en vigencia del Acto Legislativo era el 29 de julio de 2005 y no el 25 de julio de 2005. En
ese orden de ideas, la sentencia SU- 555 de 2014 señaló:

Cuestión previa: Vigencia del Acto Legislativo

Este Acto Legislativo se publicó por primera vez el 25 de julio de 2005 en el Diario Oficial
No. 45980 de esa fecha. Sin embargo, en dicha oportunidad hubo un yerro en el
encabezado y en lugar de decir “ACTO LEGISLATIVO” decía “PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO”; igualmente, en la publicación decía entre paréntesis “(segunda vuelta)”.
Como consecuencia de lo anterior, se expidió el Decreto 2576 de julio 27 de 2005, que
ordenó corregir el error y publicar nuevamente, orden que fue cumplida en el Diario
Oficial No. 45984 del 29 de julio de 2005.

En virtud de lo expuesto, y para efectos de determinar la caducidad de la acción pública
contra este Acto Legislativo, en sentencia C-180 de 2007 esta Corte señaló que la fecha
de promulgación del mismo sería el 29 de julio de 2005.

En esta oportunidad, en consonancia con la anterior posición y en aplicación del principio
de favorabilidad laboral, esta Sala tendrá, para todos los efectos que ello produzca, la
segunda publicación (29 de julio de 2005), ya corregida, como fecha de entrada en
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de aclarar que, si bien la Corte Constitucional señaló que
se debe tener en cuenta la segunda fecha de publicación de la corrección aplicada al Acto
Legislativo 01 de 2005, esto es, 29 de julio de 2005, también lo es que dicha fecha es para
efectos de contar la caducidad de la acción pública contra dicho acto legislativo y no para
efectos de la aplicación del mismo. De allí que dicha jurisprudencia no es aplicable al caso
concreto.

Por otra parte, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado citada en el
fundamento normativo, se tiene que la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005
es a partir del 25 de junio de 2005.

Así las cosas, es dable colegir que el demandante adquirió su estatus pensional el 26 de
julio de 2006, es decir, que consolidó su derecho a la pensión con posterioridad a la entrada
en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, razón por la cual no le asiste derecho a la
mesada 14 por haber consolidado algún derecho antes de su vigencia.

Por otro lado, el demandante causó su pensión antes del 31 de julio de 2011. Frente a ello
se tiene que el acto administrativo acusado señaló que para 2005, año en el cual el
demandante adquirió su estatus pensional, el salario mínimo mensual legal vigente
correspondía a $381.500, el cual multiplicado por 3 da un monto de $1.144.500, y gozaba
de una mesada pensional en 2009 de $2.762.439, es decir, que, según la entidad, el valor

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

que le fue reconocido a 2005 corresponde a 7 salarios mínimos para la época, por lo tanto,
afirmó que el demandante no era beneficiario de la mesada adicional 14.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la normativa en mención señala que las
“personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011” recibirán 14
mesadas pensionales al año, lo cual implica que se deba analizar si la persona cumple o no
con esta condición, y para ello no se debe tener en cuenta la fecha de causación del
derecho, sino la mesada que percibe en determinada anualidad.

Por consiguiente, se tomará la mesada pensional devengada en 2008, ya que es la fecha a
partir de la cual se le reconoció la pensión al demandante, y la cual ascendía a $2.558.465,
según la Resolución No. 048427 del 21 de octubre de 2019. Así las cosas la misma resulta
ser superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes de esa anualidad ($461.5007
x 3= $1.384.500), y en ese sentido no le asiste al demandante derecho a la mesada adicional
de junio o mesada 14, sin que se observe que con posterioridad a 2008 la mesada pensional
percibida por el demandante haya sido igual o inferior a 3 salarios mínimos legales
mensuales vigentes como lo exige el Acto Legislativo 01 de 2005 para tener derecho al pago
de la citada mesada 14.

5. Conclusión. Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que en el
presente asunto no fue desvirtuada la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, motivo por el cual se confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la
cual se negaron las súplicas de la demanda.”

(Subrayado de la Sala)

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que
expuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo que realmente se observa es la inconformidad del demandante con las conclusiones
a las que llegó el juez natural, quien en la decisión cuestionada determinó que el señor
Bernal no tenía derecho a que le pagaran la mesada 14 dado que no cumplía los
requisitos para acceder a esta y explicó de forma clara la razón por la que no le eran
aplicables las providencias señaladas como desconocidas en el recurso de apelación
por el actor.

De hecho, de los apartes trascritos de la providencia cuestionada, se logra advertir con
claridad que la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca respondió las inconformidades propuestas por la parte demandante y
con fundamento en las normas, las pruebas aportadas y la jurisprudencia de esta
Corporación, concluyó que no había lugar a acceder a lo pretendido.

Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa y
que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces
ordinarios. Y, aunque la parte demandante alegó la vulneración de derechos
fundamentales, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela para
obtener un pronunciamiento que acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento de
fondo sobre los defectos alegados por el demandante, pues como se vio la parte actora
pretende hacer uso de la presente solicitud de amparo como una instancia adicional
para reabrir el debate planteado al interior del proceso ordinario.

En razón a lo señalado, la Sala revocará la providencia impugnada y en su lugar
declarará improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04778-01
Demandante: Ismael Alfonso Bernal Bernal

requisito de relevancia constitucional conforme a lo señalado en la parte considerativa
de la presente providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 29 de septiembre de 2022, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, declarar improcedente la acción de tutela
instaurada por el señor Ismael Alfonso Bernal Bernal por las razones expuestas en l a
parte motiva.

2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.