Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04782-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04782-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04782-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
22 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202204782-00
Actora: Andrea Granados Gallego
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta y Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Salud, ii) trabajo, iii) dignidad humana,
iv) igualdad y v) familia
Derechos Fundamentales Amparados: i) Trabajo, ii) dignidad humana e iii)
igualdad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio – Meta y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, porque, a su juicio, el Consejo Seccional y la Dirección
Ejecutiva Seccional, al indicar que “[…] no existe disponibilidad presupuestal de la
presente vigencia fiscal, para atender la remuneración de reemplazo por estas
vacaciones […]” y, el Tribunal, al haberle negado la solicitud de sus vacaciones,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204782-00
Actora: Andrea Granados Gallego
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio – Meta y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, porque, a su juicio, el Consejo Seccional y la Dirección
Ejecutiva Seccional, al indicar que “[…] no existe disponibilidad presupuestal de la
presente vigencia fiscal, para atender la remuneración de reemplazo por estas
vacaciones […]” y, el Tribunal, al haberle negado la solicitud de sus vacaciones,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, en calidad de Juez Segunda Penal Municipal de Villavicencio,
tras pertenecer al régimen de vacaciones individuales, el 25 de abril de 2022
solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, se le concediera
la vacancia comprendida entre el 1° de octubre de 2019 a 30 de septiembre de
2020, las cuales ya estaban causadas y vencidas.
4. Adujo que, la Coordinadora de Ejecución Presupuestal de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, mediante Oficio
núm. DESAJVIO22-515 de 29 de abril de 2022, expidió el certificado de
disponibilidad presupuestal con vigencia fiscal de 2022, pero advirtió que “[…] no
existe disponibilidad presupuestal de la presente vigencia fiscal en esta
Seccional, para atender la remuneración de reemplazo por estas vacaciones
[…]”.
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5. Señaló que, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, a través de Oficio núm. TSVSG22-334 de 5 de mayo de 2022, le
informó que en sesión ordinaria de 4 de mayo de 2022 había resuelto negar sus
vacaciones, con fundamento en la falta de expedición del CDP para atender la
remuneración de su reemplazo.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Amparar mis derechos fundamentales al trabajo, dignidad humana, salud,
igualdad y a la familia, los cuales se vienen vulnerando por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y en consecuencia de lo anterior, se
ordene que, dentro de las 48 hora siguientes a la notificación del fallo, inicien las
acciones pertinentes en aras de garantizar la provisión de los recursos y proceda a
expedir el respectivo CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL que
se requiere para que a su vez el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, conceda las vacaciones renumeradas a que por ley tengo derecho
[…]”.
7. Como fundamento de su solicitud, manifestó lo siguiente:
“[…] Esta última situación no ha cambiado hasta la fecha de presentar esta
demanda de amparo, es decir, no han sido concedidas mis vacaciones y no augura
que cambiará tal postura, lo que me obliga a entender que no tendré derecho a
disfrutar de mis vacaciones en muchísimo tiempo, quedando en un limbo sin saber
cuándo podré disfrutar de ellas.
4. Con todo lo expuesto, asumo que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional Villavicencio y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, están desacatando lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de
noviembre 23 de 2011, como quiera (sic) que allí se permite que se soliciten rubros
para el reemplazo de vacaciones de los funcionarios judiciales (Magistrados y
Jueces) de régimen de vacaciones individuales, que entran a periodo de
vacaciones.
5. Debe decirse finalmente, que a los Jueces de este distrito que se encuentran en
provisionalidad y que gozan igualmente del régimen individual de vacaciones, se
les ha expedido certificado de disponibilidad presupuestal para atender la
remuneración de reemplazo por sus vacaciones y en atención a ello, se concedió
sin reparo alguno el disfrute de las mismas, lo cual implica una flagrante
vulneración al derecho a la Igualdad.
6. Por último es necesario indicar que ya tengo otro periodo de vacaciones que se
cumplirá en septiembre de este año, lo que implica que voy a completar dos años
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sin poder disfrutar de un descanso remunerado al cual tengo derecho, sin que me
sea posible tener tiempo para compartir con mi hijo […]”.
Actuación
8. El Despacho Sustanciador de la Sala de Decisión de Tutelas núm. 3 de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de 31 de
mayo de 2022; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, al Director Ejecutivo de la Seccional
de Administración Judicial de Villavicencio – Meta y al Presidente del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio; y iii) vinculó a la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles
el término de un (1) día para que rindieran informe sobre el particular.
9. La Sala de Decisión de Tutelas núm. 3 de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 9 de junio de 2022, resolvió “[…]
Amparar el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas de ANDREA
GRANADOS GALLEGO […]”.
10. Encontrándose para resolver la impugnación interpuesta contra la decisión
mencionada anteriormente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante auto de 31 de agosto de 2022, resolvió “[…] Declarar la nulidad
del fallo dictado el 9 de junio de 2022 por la Sala de Casación Penal de esta
Corte en la presente acción de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo
actuado, salvo aquella decisión, en los términos del inciso 1º del artículo 16 del
Código General del Proceso […]”, al considerar que el competente para conocer
de la solicitud de amparo de la referencia era el Consejo de Estado, en la medida
en que “[…] la accionante es funcionaria judicial perteneciente a la jurisdicción
ordinaria, la queja constitucional se dirigió contra el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio […]”.
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Actora: Andrea Granados Gallego
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
11. El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta solicitó su desvinculación, al
considerar que:
“[…] 1. Este Consejo Seccional de la Judicatura no funge las funciones de
nominador ni superior, por lo tanto, el competente para conceder las vacaciones de
la accionante, está en cabeza del Tribunal Superior de Villavicencio.
2. Atendiendo lo establecido en el art. 103 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de
Administración de Justicia”, en su numeral 6, se expresó que el Ordenador del
Gasto para las obligaciones le corresponde es al Director Seccional de la Rama
Judicial de Villavicencio, razón por la cual es a esa entidad a la que en un momento
dado le corresponde pronunciarse sobre alguna protección y se le garantice su
respectivo pago […]”.
12. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
– Meta solicitó su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que “[…] no existe una actuación directa o indirecta en
dicha controversia, que pueda comprometer los derechos fundamentales de la
actora […]”.
12.1. Al respecto, señaló que:
“[…] Mediante oficio No. TSVSG22-334 del 5 de mayo de 2022, esta Dirección
Seccional, comunicó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que
ya existe certificado de disponibilidad presupuestal para el pago de vacaciones y
prima de vacaciones de la señora ANDREA GRANADOS GALLEGO, así mismo,
se le indicó que no era posible atender el remplazo (sic) de vacaciones en atención
a la circular PSAC 11-44 del 23 de noviembre de 2011, cómo se evidencias (sic) en
los soportes adjuntos.
Es de aclarar que, es competencia del nominador (Tribunal Superior de
Villavicencio), y no de esta Direccion (sic) Seccional, conceder las vacaciones de
los empleados a su cargo, previa expedición del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal para el pago, por tratarse de vacaciones individuales.
Con relacion (sic) al reemplazo de vacaciones, me permito informar que esta
Dirección Seccional, está dando cumplimento a las directrices del nivel central de
conformidad a la Circular PSAC 11-44 de fecha 23 de noviembre de 2011,
proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, donde
solo permite que se soliciten rubros para el reemplazo de vacaciones de los
funcionarios Judiciales (Magistrados y jueces) de régimen (sic) de vacaciones
individuales, que entra a periodo de vacaciones, salvo que por necesidades del
servicio lo exiga (sic), se puede designar en encargo a un empleado que cumpla
requisitos para ser designado como Juez, como está previsto en el artuculo (sic)
132 de la Ley Estatutria (sic) de Adminsitracion (sic) Justicia.
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En este contexto, rrespetuosamente (sic) consideramos que durante las
vacaciones de la servidora ANDREA GRANADOS GALLEGO, se puede solicitar el
apoyo al centro de servicios del Juzgado de Penales Municipales SPA de
Villavicencio, o adoptar cualquier otra medida, sin que vulneré el derecho de las
vacaciones de la accionante quien tiene derecho a disfrutarlas como cualquier otro
servidor […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas, solo le corresponde a esta Dirección Seccional
certificar la disponibilidad presupuestal del periodo causado por la señora ANDREA
GRANADOS GALLEGO, más la decisión de otorgar las vacaciones, la
competencia radica sobre el nominador en este caso, al presidente Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio doctor HOOVER RAMOS SALAS […]”.
13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que “[…] no tenemos la condición de nominador de
la accionante, ni de ente pagador, para conceder o negarle las vacaciones
solicitadas […]”.
13.1. Al respecto, señaló que:
“[…] la Competencia Funcional para conceder el descanso o vacaciones al (sic)
Accionante es del Consejo Seccional de la Judicatura respectivo, toda vez que este
funge como su Ente NOMINADOR, en ese sentido la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no tiene ningún grado de competencia, para ordenar la
concesión de las mismas.
De otro lado, la Entidad encargada de sufragar y expedir las respectivas
resoluciones mediante las cual es (sic) se establece el periodo de vacaciones y
valores a sufragar por este concepto es la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 103 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justica
(sic)”. Situación en la que solo interviene esta Entidad en Resolución de la
Segunda Instancia o Apelación, si el (sic) Accionante llegase a considerar
violentado (sic) sus derechos laborales, prestacionales o salariales, pero el acto de
liquidación y legalización del periodo de vacaciones del (sic) Accionante es
responsabilidad exclusiva de dicha seccional […]”.
14. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio guardó silencio en
esta oportunidad procesal.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”.
20. La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta y
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitaron su desvinculación al considerar que carecen de legitimación
en la causa por pasiva.
21. Frente al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, la Sala advierte que
no le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia, en la medida en
que no funge como la autoridad nominadora de la actora, ni ostenta la
competencia para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido
para autorizar el reemplazo de las vacaciones de la tutelante.
22. En relación con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Villavicencio – Meta, es preciso indicar que conforme con lo establecido en los
numerales 3.°, 8.° y 9.° del artículo 3 del Acuerdo núm. PSAA09-6203 de 2 de
septiembre de 20097, para la Sala es claro que quien ostenta la competencia para la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal necesario para la
contratación del reemplazo de la actora, no es otra que dicha Dirección, en cabeza
de su director; es decir que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del
proceso de la referencia.
23. Finalmente, en lo que respecta a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala advierte que su vinculación
se hizo como tercero con interés legítimo y teniendo en cuenta que, el artículo 103
de la Ley 270 de 7 de marzo de 19968, establece que los Directores Seccionales
de la Rama Judicial ejercen sus funciones “[…] en el ámbito de su jurisdicción y
conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional
de la Administración Judicial […]”, a dicha entidad le asiste interés en el resultado
del proceso de la referencia.
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“Por el cual se determinan las funciones de las Áreas de Trabajo y Oficinas Adscritas a las Direcciones
Seccionales de Administración Judicial”.
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Consejo Seccional de
la Judicatura del Meta no le asiste interés en el proceso de la referencia, en tanto
que a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio –
Meta y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
25. En tal virtud, la Sala declarará i) probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto del Consejo Seccional de la
Judicatura del Meta, y ii) i) no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva alegada respecto de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio – Meta y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
Problemas Jurídicos
26. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y de
ser así, ii) establecer si la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio – Meta y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora, al
indicar que “[…] no existe disponibilidad presupuestal de la presente vigencia
fiscal, para atender la remuneración de reemplazo por estas vacaciones […]” y,
en consecuencia, haberle negado la solicitud de sus vacaciones.
27. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos
administrativos; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo;
iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
familia; para posteriormente vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
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Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos
administrativos
28. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991,
relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla
general, para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto,
toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para
desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho; y, excepcionalmente, el medio de control de nulidad.
29. En ese sentido, la jurisprudencia9 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:
“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal
para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados
con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y
concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción
contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso
de dos mecanismos de defensa.
De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se
puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el
artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la
infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo demandado.
De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que
toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos
cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos
por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió. […]”.
“[…] Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus
derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y
restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza
dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del
acto, caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad
en abstracto de dicho acto. […]”.
30. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
9
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de
derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio
irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En
ese sentido, en sentencia T-514 de 200310, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de
un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela
podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. […]”. (Resaltado por la Sala).
31. Además, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una
vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de
tutela puede incluso proceder, excepcionalmente como mecanismo definitivo.
Sobre este punto, en Sentencia T-912 de 200611, señaló:
“[…] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos
casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se
observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela
procederá no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente
podrá concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de
2003, se señaló sobre este punto lo siguiente:
(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el
afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En
estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de
tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma
definitiva.’
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo
siguiente:
‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud
arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de
10
Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 3 de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Actora: Andrea Granados Gallego
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que
se ha denominado como ‘vía de hecho.” (Resaltado por la Sala).
32. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que
esté en juego la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de
manera transitoria. Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho
administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la
protección definitiva mediante la acción constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
33. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 12 sobre el derecho
fundamental a la salud.
34. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional13, ha definido este
derecho como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad
orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y
funcional de su ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de
oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de
integralidad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
35. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
12
“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Actora: Andrea Granados Gallego
36. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente14:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se
desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el
individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona
los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su
potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad
que lo pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
37. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
38. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha entendido que el derecho a
la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
14
Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana
39. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala)
40. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de
su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia;
y iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante o
humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la
norma, este Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la
dignidad: i) Es un valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado;
ii) constituye un principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de
derecho fundamental autónomo […]”.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
familia
41. Visto el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia de 1991 sobre
el derecho a la familia, que establece que:
“[…] La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad, y será sancionada conforme a la ley.
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley
reglamentará la progenitura responsable.
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos,
y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la
ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la
ley.
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley
civil.
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios
Religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos
que establezca la ley.
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes
derechos y deberes. […]”.
42. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional17, ha establecido que la
familia “[…] es el núcleo básico de la sociedad, por lo que el Estado y la
Sociedad, deben garantizar su protección integral, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 5º Superior. […]”.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 18 de febrero de 2015, M.P. María Victoria Sáchica Méndez.
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Actora: Andrea Granados Gallego
43. Ahora bien, la Corte Constitucional18 ha entendido el concepto de familia
como […] aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos
naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la
solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga
íntimamente a sus integrantes más próximos […]”.
Análisis del caso concreto
44. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
45. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los
siguientes documentos:
46.1. Informes presentados por las partes con sus debidos anexos.
Solución del caso concreto
47. En el caso sub examine, la actora presentó acción de tutela al considerar
que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio –
Meta y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio vulneraron sus
derechos fundamentales, al no expedir el certificado de disponibilidad
18
Corte Constitucional, Sentencia C-271 de 1 de abril de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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presupuestal para proveer un reemplazo durante sus vacaciones (Oficio núm.
DESAJVIO22-515 de 29 de abril de 2022) y, en consecuencia, al habérsele
negado la solicitud de sus vacaciones (decisión que se adoptó en sesión ordinaria
de 4 de mayo de 2022).
48. Al respecto, es necesario tener en cuenta que el régimen de vacaciones de
los empleados y funcionarios de la Rama Judicial se encuentra establecido en el
artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199619, en los siguientes términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades
del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio. […]”.
49. Por su parte, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo
mencionado supra, expresó que:
“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley, el
ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar
los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus
actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo
establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares. Así,
entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente- fijar o
modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de trabajo,
disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones -
individuales o colectivas-, sin que ello atente o comprometa el carácter de
permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia. […]”
(Resaltado por la Sala)
50. A partir de lo anterior, se concluye que el régimen de vacaciones de los
empleados de la rama judicial se divide en dos: i) los empleados que disfrutan
sus vacaciones de manera colectiva, y ii) los empleados pertenecientes a la “[…]
Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura,
las (sic) de los (sic) Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras
existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución
19
“LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses [...]”, cuyo régimen vacacional es individual.
51. Sin embargo, la Sala advierte que en ambos supuestos el empleado de la
Rama Judicial se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el
cual se considera fundamental e irrenunciable.
52. Ahora bien, al abordar la procedencia de la tutela en el caso sub examine,
la Sala observa que, si bien en principio la acción de tutela resultaría
improcedente en razón a que lo que cuestiona la actora corresponde a actos
administrativos, a saber, el Oficio núm. DESAJVIO22-515 de 29 de abril de 2022
y la decisión que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio adoptó en sesión ordinaria de 4 de mayo de 2022, lo cierto es que,
en este caso concreto, la solicitud de amparo procede de manera excepcional.
53. En efecto, la Sala encuentra que:
53.1. La acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, por
cuanto la vulneración se originó con ocasión del Oficio núm. DESAJVIO22-515 de
29 de abril de 2022 y la decisión que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio adoptó en sesión ordinaria de 4 de mayo de
2022, en tanto que el escrito de amparo se radicó el 24 de mayo de 2022, es
decir, se advierte la urgencia que caracteriza el uso de esta acción constitucional.
53.2. La interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar la legalidad de los actos administrativos acusados
resultaría ineficaz, por cuanto, del escrito de tutela, se advierte que a) la actora
comparte con su nominador la justificación expuesta para negar sus vacaciones
relacionada con la necesidad de que se expida partida de disponibilidad
presupuestal para que se designé una persona en encargo, so pena de afectar el
servicio de administración de justicia; y b) lo pretendido por la actora es el
reconocimiento y disfrute de sus vacaciones laborales que, de acuerdo a los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, debe ser entendido como un
derecho fundamental y una garantía mínima del trabajador, cuyo propósito
20
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consiste en recuperar las energías producto del desgaste físico y mental de la
labor.
54. Precisado lo anterior, procede la Sala a estudiar el fondo del asunto, en el
cual está acreditado lo siguiente:
54.1. La señora Andrea Granados Gallego desempeña el cargo de Juez Segunda
Penal Municipal de Villavicencio.
54.2. La señora Andrea Granados Gallego, solicitó, el 25 de abril de 2022, el
disfrute de sus vacaciones causadas entre entre el 1° de octubre de 2019 a 30 de
septiembre de 2020.
54.3. El Juzgado al cual se encuentra adscrito la accionante, se rige por el
régimen de vacaciones individuales.
54.4. La Coordinadora de Ejecución Presupuestal de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, mediante Oficio núm.
DESAJVIO22-515 de 29 de abril de 2022, expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal con vigencia fiscal de 2022, pero advirtió que “[…] no existe
disponibilidad presupuestal de la presente vigencia fiscal en esta Seccional, para
atender la remuneración de reemplazo por estas vacaciones […]”.
54.5. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, a través de Oficio núm. TSVSG22-334 de 5 de mayo de 2022, le
informó a la actora que en sesión ordinaria de 4 de mayo de 2022 había resuelto
negar sus vacaciones, con fundamento en la falta de expedición del CDP para
atender la remuneración de su reemplazo.
55. Esta Sala pone de presente que en un caso similar al presente, esta
Sección, mediante la sentencia de 5 de julio de 201920, tuteló el derecho
fundamental de la accionante y, como consecuencia de ello, ordenó a la
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de
2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-02681-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 11 de octubre de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-04170-
00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
21
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Actora: Andrea Granados Gallego
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Medellín, expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar la provisión de los
recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones
de la accionante, con base en los siguientes argumentos:
“[…] para la Sala no es admisible que sea la parte actora quien tenga que soportar
las omisiones o dificultades de índole administrativas que corresponden a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con miras a obtener los recursos
necesarios para designar su reemplazo, debido a estas circunstancias se vislumbra
una fragante (sic) vulneración de los derechos laborales del trabajador. Al respecto
la Sección Cuarta de la Corporación expresó:
“[…] Para la Sala es claro que la correlación entre trabajo y dignidad humana hace
pertinente y necesaria la intervención del juez constitucional en aquellas
situaciones en las que se encuentre en riesgo el goce efectivo de alguna de las
garantías mínimas laborales, como es el caso de las vacaciones […]”.
Aunado a lo anterior, restringir el disfrute de las vacaciones de la empleada judicial
por falta de presupuesto o de actuaciones administrativas, se reitera, no es una
carga que deba soportar la actora, en razón a que la misma Circular PSAC11-44
de 23 de noviembre de 2011 , expedida por el Consejo Superior de la Judicatura,
que fue utilizada como argumento por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Justicia de Medellín para no autorizar los recursos
correspondientes, estableció el procedimiento que deben adelantar los interesados
para obtener el disfrute de sus vacaciones, entre las cuales están i) reportar hasta
el mes de marzo de cada anualidad la programación de vacaciones a disfrutar ante
el Consejo Seccional de su jurisdicción, a fin de que sea incluido en los turnos; ii) el
reporte debe contener los siguientes datos: despacho, cargo, periodos (sic)
pendientes por disfrutar, aplazados, periodos (sic) y fecha a disfrutar.
Cabe señalar que la mencionada Circular no estableció el procedimiento tendiente
a la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal con miras a cubrir los
recursos del nombramiento de reemplazo, de tal manera que tal omisión no puede
ser el argumento para desconocer e impedir el derecho de las vacaciones de los
empleados y funcionarios que están al servicio de la Rama Judicial.
En este sentido se pronunció la Subsección A de la Sección Segunda de la
Corporación:
“[…] Así las cosas, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una gestión que, a voces del a quo, deba
soportar la solicitante, toda vez que según el propio procedimiento diseñado por el
Consejo Superior de la Judicatura en la Circular No. 44, se impone únicamente al
interesado reportar ante el Consejo Seccional la correspondiente programación de
vacaciones, para que sea incluido en los turnos […]”.
[…]
En este contexto, la Sala considera que existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la actora, toda vez que la administración no puede
trasladar a los trabajadores, su propia función […]”.
22
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Actora: Andrea Granados Gallego
56. La Sala advierte que el criterio expuesto supra, también ha sido sostenido
por la Sección Cuarta y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridades
que, mediante las sentencias de 12 de diciembre 201821 y de 30 de mayo de
201922, ordenaron a la Dirección Seccional de Administración de Justicia, expedir
los certificados de disponibilidad presupuestal que garantizaran los recursos
necesarios para nombrar en provisionalidad el reemplazo de la accionante.
57. Igualmente, esta Sección, mediante providencia de 7 de mayo de 2021 23,
estableció que:
“[…] Ahora bien, al abordar la procedencia de la tutela en el caso sub examine, la
Sala observa que, si bien en principio la acción de tutela resultaría improcedente en
razón a que lo que cuestiona el actor corresponde a actos administrativos, a saber,
el Oficio núm. DESAJBOTHM21-350 de 18 de marzo de 2021 y la Resolución núm.
001 de 26 de marzo de 2021, lo cierto es que, en este caso concreto, la solicitud de
amparo procede de manera excepcional. […]”.
[…]
“[…] La interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar la legalidad de los actos administrados acusados
resultaría ineficaz, por cuanto, del escrito de tutela, se advierte que a) el actor
comparte con su nominador la justificación expuesta en la Resolución núm. 001 de
26 de marzo de 2021 relacionada con la necesidad de que se expida el CDP de la
referencia, so pena de afectar el servicio de administración de justicia; y b) lo
pretendido por el actor es el reconocimiento y disfrute de sus vacaciones laborales
que, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, debe ser
entendido como un derecho fundamental y una garantía mínima del trabajador,
cuyo propósito consiste en recuperar las energías producto del desgaste físico y
mental de la labor. […]”.
[…]
“[…] 50. Los actos administrativos cuestionados corresponden al Oficio núm.
DESAJBOTHM21-350 de 18 de marzo de 2021, por medio del cual la DESABOG
informó que no era posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para autorizar el reemplazo de vacaciones en el cargo de Oficial Mayor que ocupa
el actor; y a la Resolución núm. 001 de 26 de marzo de 2021, a través de la cual, la
Juez Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó al
actor el reconocimiento y disfrute de sus vacaciones. […]”.
[…]
“[…] De conformidad con lo expuesto, esta Sala i) concederá el amparo de los
derechos fundamentales del actor, los cuales se encuentran vulnerados por la
Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de tutela de 12 de
diciembre de 2018, número único de radicación 08001-23-33-000-2018-00756-01 (AC), C.P. Milton Chaves
García.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de tutela de 30 de
mayo de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-01633-00(AC), C.P. Rocío Araujo Oñate.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela de 8 de
mayo de 2021, número único de11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202204782-00
Actora: Andrea Granados Gallego
DESABOG y por el Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y, en consecuencia;
ii) ordenará a la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – DESABOG, que, en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a
partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones requeridas
para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión
de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las
vacaciones del señor Cristian Camilo Ossa Canabal. Una vez cuente con los
recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al
Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
iii) ordenará a la titular del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, o quien haga sus veces, que una vez, se disponga del
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad el
reemplazo del señor Cristian Camilo Ossa Canabal, deberá pronunciarse, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación,
sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del tutelante. […]”.
58. Asimismo, esta Sección, mediante providencia de 11 de noviembre de
202124, dispuso que:
“[...] Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al
asunto bajo estudio, la Sala advierte que las circunstancias administrativas no
pueden limitar el goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste a
la actora, teniendo en cuenta la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al
trabajo, donde el descanso constituye una garantía fundamental del empleado,
además de una prestación social y un derecho económico relacionado con la salud
y la seguridad social de las personas.
Debe entenderse, además, que la función judicial, principalmente la penal, en el
caso de la actora, comprende un desgaste intelectual y moral especial, que amerita
en contraprestación, condiciones adecuadas de descanso y distracción que
redunden en la renovación de fuerzas para el ejercicio de sus actividades laborales
posteriores al período vacacional.
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de restricciones
administrativas no es una obligación que deba soportar la actora, además porque
las dificultades de la carga laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de
la rama no pueden proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los
despachos judiciales [...]”.
[...]
“[...] Con fundamento en lo anterior, la Sala concederá el amparo solicitado y, en
consecuencia, ordenará a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIQUIA que, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, adelante todas las
gestiones necesarias para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que
garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el
reemplazo de las vacaciones de la actora y, una vez cuente con los recursos
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela de 11 de
noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
24
Núm. único de radicación: 110010315000202204782-00
Actora: Andrea Granados Gallego
necesarios, deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al Juzgado.
Asimismo, la Sala ordenará al JUEZ COORDINADOR, que una vez se disponga el
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad del
reemplazo de la actora, deberá pronunciarse, en un término de cuarenta y ocho horas
(48) contados a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las
vacaciones de la accionante, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia [...]”.
59. Ahora bien, el hecho de que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011 no haya establecido el procedimiento tendiente a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal con miras a cubrir los recursos del
nombramiento de reemplazo, evidentemente no puede ser el motivo para negar
el disfrute de las vacaciones de los empleados y funcionarios que están al
servicio de la Rama Judicial. Así lo resaltó la Sección Cuarta de esta
Corporación, cuando en sentencia de 12 de diciembre de 2018 indicó lo
siguiente:
“[…] Así las cosas, considera la Sala que si bien la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso
directrices dirigidas a las Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
país atinentes a la programación de vacaciones de los funcionarios públicos y
la expedición del CDP para garantizar los reemplazos, la omisión de
establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los
reemplazos de los empleados judiciales no puede servir de fundamento
para desconocer el derecho al descanso de estos […]”25.
60. Siguiendo esa misma línea argumentativa, la Sala advierte que, si bien es
cierto algunas de las subsecciones de la Corporación han considerado que el
mecanismo de amparo resulta improcedente para obtener la expedición de
certificados de disponibilidad presupuestal, no es menos cierto que esta Sección
así como la Subsección B de la Sección Segunda, la Sección Cuarta y la Sección
Quinta de esta Corporación, hemos venido sosteniendo el criterio consistente en
que los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y
disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores.
61. En tal sentido, en reciente pronunciamiento de 1° de julio de la presente
anualidad, esta Sala de Decisión, sostuvo lo siguiente:
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre
de 2018. Expediente No.: 08001 23 33 000 2018 00756 01 Actor: ROSA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ Y
OTROS
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Núm. único de radicación: 110010315000202204782-00
Actora: Andrea Granados Gallego
“[…] visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la
Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que las
circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al goce y
disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor, teniendo en
cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el derecho al trabajo en
condiciones dignas, donde el descanso constituye una garantía fundamental
del empleado, además de una prestación social y un derecho económico
relacionado con la salud y la seguridad social de las personas.
Debe entenderse, además, que la función judicial, principalmente la penal, en el
caso del actor, comprende un desgaste intelectual y moral especial, que amerita en
contraprestación, condiciones adecuadas de descanso y distracción que redunden
en la renovación de fuerzas para el ejercicio de la función jurisdiccional posterior al
período vacacional.
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el tutelante,
por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las dificultades que la
carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas veces, la acción
desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo la organización de
los asuntos administrativos, de recursos humanos y presupuestales de la rama,
puedan proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos
judiciales […]”26. (Resaltado por la Sala)
62. En igual sentido se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado cuando indicó:
“[…] el argumento de que la Circular No. PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 no
es aplicable a los servidores judiciales que ostentan la calidad de empleados, ya
que ese instrumento solo se refirió a los funcionarios judiciales27 pertenecientes al
régimen de vacaciones individuales.
Al respecto, si bien es cierto el referido instrumento solo mencionó a funcionarios
judiciales, esto no puede servir de excusa para desconocer el derecho al
descanso de los servidores judiciales que tienen la categoría de empleados 28,
pues no puede desconocerse que la finalidad de la Circular N° PSAC11-44 del
23 de noviembre de 2011 fue garantizar el derecho fundamental al descanso
de servidores judiciales, motivo por el cual buscó eliminar las condiciones
que previamente se constituyeron en obstáculos al goce de tal garantía ius
fundamental.
Ahora, si bien pudiera pensarse que la negativa a efectuar la respectiva asignación
presupuestal para nombrar el reemplazo del señor Jaiber Stiben Holguín David, en
el cargo de citador, no vulnera su derecho al descanso o no tiene injerencia alguna,
tal razonamiento resulta errado.
Lo anterior, pues está visto que proceder de tal manera atenta contra su
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de
2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
27 Según el artículo 125 de la Ley 270 de 1996: “Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las
Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas
que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades
administrativas de la Rama Judicial…”.
28 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204782-00
Actora: Andrea Granados Gallego
derecho a un trabajo digno y el de sus otros compañeros de labores en el
Centro de Servicios, al romper el desarrollo armónico y eficiente de sus
tareas, máxime si se tiene en cuenta que es una dependencia encargada de
manejar los trámites administrativos y relacionados con los juzgados que
hacen parte del circuito judicial de Itagüí – Medellín […]”29. (Resaltado del texto
original)
63. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo de los derechos
fundamentales de la actora al trabajo, a la dignidad humana y a la igualdad, los
cuales se encuentran vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio – Meta y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio;
ii) ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio – Meta, que, en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir
de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones requeridas para
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de
los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las
vacaciones de la señora Andrea Granados Gallego. Una vez cuente con los
recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio;
iii) ordenará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, que una vez, se disponga del certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo de la señora Andrea
Granados Gallego, deberá pronunciarse, en un término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de
las vacaciones de la tutelante.
Conclusiones de la Sala
64. Con fundamento en lo anterior, la Sala concederá el amparo de los
derechos fundamentales de la actora al trabajo, a la dignidad humana y a la
igualdad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
16 de junio de 2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27
Núm. único de radicación: 110010315000202204782-00
Actora: Andrea Granados Gallego
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva que alegó el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva que alegó la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio – Meta y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la actora al
trabajo, a la dignidad humana y a la igualdad, los cuales se encuentran vulnerados
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio –
Meta y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio – Meta, que, en un plazo máximo de 5 días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones
requeridas para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice
la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo
de las vacaciones de la señora Andrea Granados Gallego. Una vez cuente con los
recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.
QUINTO: ORDENAR a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, que una vez, se disponga del certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo de la señora Andrea
Granados Gallego, deberá pronunciarse, en un término de cuarenta y ocho (48)
28
Núm. único de radicación: 110010315000202204782-00
Actora: Andrea Granados Gallego
horas contadas a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de
las vacaciones de la tutelante.
SEXTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SÉPTIMO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salvamento parcial de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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