Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04800-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04800-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04800-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04800-01
Demandante: LUZ HELIDA DÍAZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVA DEL CAQUETÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, por medio de la cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 5 de septiembre de la presente anualidad 1 , los señores Luz Helida Díaz, Ruth y
Nohemí Carvajal Silva y Leonidas Carvajal Leguízamo, por intermedio de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativa del Caquetá, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y «a la reparación integral», con ocasión de la sentencia
proferida el 2 de marzo de 2022, en el proceso de reparación directa con radicado 18001-
33-33-001-2015-00856-01. Formularon las siguientes pretensiones:
1. Sean tutelados nuestros derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso
efectivo a la Administración de Justicia y a la Reparación Integral, que fueron
vulnerados, producto de las irregularidades sustanciales expuestas.
1 Se advierte que, el 2 de noviembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04800-01
Demandante: Luz Helida Díaz y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2. Se deje sin efectos la Sentencia de segunda instancia del 2 de marzo de 2022
proferida por la Sala Tercera del Tribunal Administrativo del Caquetá, presidida por
el Magistrado Néstor Arturo Méndez Pérez.
3. Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo del Caquetá, proferir nueva
sentencia, que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y
efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso y con ello el
derecho de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral,
analizando integralmente los regímenes de imputación y los precedentes
jurisprudenciales relacionados.
4. Las demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo de los
derechos fundamentales de la actora.
Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales,
imploro a su despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice los
derechos vulnerados de las víctimas.
1.2 . Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente
relevantes:
El 23 de enero de 2015, el señor Leonidas Carvajal, trabajador oficial de la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios de Solita (Caquetá) –EMSERSOL S.A. E.S.P.–, mientras
se encontraba en la ejecución de una brecha para el alcantarillado del barrio La Vega del
municipio de Solita, fue sorprendido por un alud de tierra que lo inmovilizó. La víctima fue
auxiliada por sus compañeros y llevada al Hospital Favio Jaramillo Londoño de Solita, al
que ingresó sin signos vitales.
Según el protocolo de necropsia, la causa del fallecimiento fue una «asfixia severa
secundaria a obstrucción mecánica de la vía área superior, debido a la comprensión
mecánica toracoabdominal».
Por lo anterior, la aquí demandante y sus familiares presentaron demanda de reparación
directa en contra de EMSERSOL S.A. E.S.P y del Municipio de Solita, para que fueran
declaradas responsables de los perjuicios derivados de la muerte del señor Carvajal.
El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante sentencia del 13 de diciembre
de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones, declaró la responsabilidad patrimonial
de EMSERSOL S.A. ESP, la condenó al pago de los perjuicios morales, por concepto de
lucro cesante, y absolvió al Municipio de Solita.
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Demandante: Luz Helida Díaz y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En providencia del 2 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativa del Caquetá revocó la
sentencia del juzgado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
1.3 Argumentos de la tutela
Concretamente, la parte actora indicó que el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió
en las siguientes causales específicas de procedencia de la tutela contra providencia
judicial:
1.3.1. Defecto fáctico, toda vez que fundamentó su decisión en dos aspectos: i) la
inexistencia de nexo causal, al afirmar que no existía prueba de que la muerte del señor
Leonidas Carvajal hubiese sido producto del derrumbe, y por tener como causa hipotética
del deceso la obstrucción por la prótesis dental que utilizaba el fallecido; (ii) la ausencia
de falla del servicio, bajo el entendido de que no se demostró el incumplimiento u omisión
en la prestación de medidas de seguridad imputables a las demandadas.
En cuanto a «la inexistencia del nexo causal», explicó que la sentencia erró en la
valoración de los medios probatorios, al determinar, a título de hipótesis y sin que se
hubiese comprobado, que la causa de la muerte fue producto de la prótesis dental, a
pesar de que la necropsia concluyó que fue por asfixia severa secundaria a obstrucción
mecánica de la vía aérea superior.
Sostuvo que del informe de necropsia no se infiere que le causa del fallecimiento hubiera
sido la obstrucción de la prótesis dental y que, a pesar de que existe una causa próxima
o directa (asfixia mecánica por obstrucción de vías áreas), esa no fue, en términos
fácticos y jurídicos, la causa adecuada del daño, sino el alud de tierra que le produjo el
desprendimiento de la prótesis dental, lo cual, a su vez, dio lugar a la muerte.
Citó un artículo científico denominado «asfixias mecánicas», en el que se explica que
ese tipo de patologías –asfixia– es muy frecuente en accidentes que pueden incluir el
pecho (o abdomen), cuando es comprimido por alguna sustancia u objeto que impide la
expansión torácica y el descenso del diafragma, particularmente, en sucesos como
materiales de un derrumbe. En consecuencia, dijo que la comprensión mecánica
toracoabdominal no se produce únicamente por afectación de la zona torácica, como lo
sostuvo el tribunal, sino que puede ocurrir sobre la región abdominal como se expuso en
el informe de necropsia, de suerte que la causa adecuada y determinante del daño fue
el alud de tierra que «sepultó» a la víctima.
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Demandante: Luz Helida Díaz y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Respecto de la «inexistencia de falla del servicio», cuestionó que el Tribunal afirmara que
no se acreditó ese elemento, cuando en realidad se probó la falta de aplicación de todos
los protocolos de seguridad, como el deber de construir una estructura tipo entibado o
caja metálica, que permitiera disminuir el riesgo del daño y «reducir a cero cualquier
siniestro».
Alegó que el Tribunal dedujo de forma indebida que (i) las excavaciones con
profundidades superior a 1,25 metros deben disponer de sistemas de contención de
tierras, según la «Guía de Trabajo Seguro en Excavaciones» de 2014, expedida por el
Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del sector de la
construcción, (ii) que la zanja en que ocurrió el accidente no medía más de 1.10 metros
y (iii) que, según las fotos aportadas, el alud solo cubrió la zona abdominal y glúteos del
fallecido, quien medía 1.73 metros.
En sentir de la parte actora, las afirmaciones precedentes carecen de sustento probatorio
y fueron tomadas de internet, es decir, que la sentencia dio por acreditada la altura de la
zanja en 1.10 metros y la altura del fallecido hasta su zona abdominal y glúteos de 1.10
metros, a partir de información que extrajo de una cuenta de Google, lo que llevó a
concluir que las excavaciones eran inferiores a 1.25 metros y no requerían elementos de
protección.
Expuso que, de hecho, la Guía de Trabajo Seguro en Excavaciones de 2014, establece
que en cada caso se determinará la necesidad de elementos de protección, a partir de
diferentes variables, como lo es el tipo de suelo, y, ante la inexistencia de estudio de
suelos, la obra debía tener por lo menos un talud de 1.5 metros por cada metro de
profundidad.
Agregó que el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –
RAS 2000– establece en el título G, punto 2.3.1, que las excavaciones deben tener en
cuenta los tipos de suelos para poder situar el grado de dificultad. Para este caso, señaló
que «como se pudo observar del registro fotográfico», el suelo presentaba un alto grado
de concentración acuífera, razón por la cual era propenso a derrumbes o
desplazamientos de terreno, de manera que se trataba de un suelo tipo 4 que, según el
RAS 2000, tenía un alto grado de dificultad de las excavaciones. Por tanto, debieron
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tomarse otras medidas de protección como la implementación de entibados o de una
caja de zanja.
Por último, alegó que, en materia contractual, a partir del artículo 1604 del Código Civil,
la prueba de la diligencia recae en quien ha debido emplearla, esto es, en el empleador,
que es a quien le correspondía acreditar el tipo de suelo y la ausencia de obligación de
poner en práctica los protocolos de seguridad, mas no de la parte actora, según lo señaló
el tribunal.
1.3.2. Desconocimiento del precedente contenido en las sentencias del 8 de
noviembre de 2007 (exp. 15967), del 29 de enero de 2009 (exp. 16.689) y del 24 de junio
de 2013 (exp. 25.640), proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en las
cuales estableció que el régimen de responsabilidad aplicable por daños causados por
obras públicas depende de la calidad de la víctima: si es una persona que participa en la
ejecución de la obra, el título de imputación es subjetivo, pero si es un usuario o tercero,
la responsabilidad es objetiva, por riesgo creado o daño especial.
A partir de ello, alegó que la víctima fue contratada como fontanero y, según el manual
de funciones, le correspondía el manejo y operación de instalaciones, equipos, válvulas,
tuberías, estructuras y demás elementos de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
En su sentir, las labores no tenían nada que ver con la construcción o mantenimiento de
zanjas o excavaciones; por consiguiente, no tenía la calidad de tercero ajeno a la
excavación y el título de imputación aplicable no era subjetivo por falla del servicio, sino
alguno de naturaleza objetiva.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1 Mediante auto del 7 de septiembre de 2022, el magistrado sustanciador de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, y ordenó que aquel se notificara a los
magistrados que lo integran, así como al Juzgado Primero Administrativo de Florencia,
al alcalde municipal de Solita y al gerente de la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Solita –EMSERSOL S.A. E.S.P.–, como terceros con interés.
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2.2. La titular del Juzgado Primero Administrativo de Florencia remitió un informe en el
que expuso que la decisión de primera instancia fue tomada por el juez de la época, bajo
su perspectiva legal y jurisprudencial.
2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante fallo del 22 de
septiembre de 2022, negó la solicitud de amparo.
Luego de dar por superados los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, el a quo desestimó la configuración de los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente.
Frente al defecto fáctico, señaló que el tribunal expuso que no existía prueba alguna que
permitiera inferir que el fallecimiento se produjo por la falta de adopción de medidas de
seguridad, es decir, la sentencia cuestionada descartó el incumplimiento de los deberes
de protección a cargo de la parte demandada y, por ende, la falla del servicio, con
fundamento en el material probatorio y el régimen de responsabilidad subjetiva.
Que si bien la sentencia afirmó, «en gracia de discusión», que todo parecía indicar que
la causa del deceso se produjo por la acción de la prótesis dental de la víctima y no por
el alud, lo cierto fue que la decisión se fundó en que «con los medios de prueba que
obran en el expediente no es posible inferir la existencia de una falla del servicio que
desencadenara la responsabilidad estatal», es decir, se basó en la falta de prueba de la
falla del servicio y, en consecuencia, «resultaba inocuo pronunciarse sobre la causa de
la muerte».
Respecto de la omisión en la valoración del Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico –RAS 2000–, dijo que ese argumento solo fue
mencionado en los alegatos de conclusión, sin haberse aportado como prueba dentro
de las etapas procesales que prevé el artículo 212 de la Ley 14327 de 2011. Bajo ese
entendimiento, consideró que el Tribunal no estaba obligado a fallar con un documento
que no se incorporó al expediente.
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En el mismo sentido, precisó que los reglamentos no son normas de carácter nacional y
que para que puedan ser valorados por el juez natural debían ser aportados al proceso,
puesto que la sola mención era insuficiente para otorgarles valor probatorio.
Finalmente, negó que el defecto por desconocimiento del precedente invocado, por
considerar que sí fue citado en la sentencia y, de hecho, le sirvió de sustento al Tribunal
para concluir que el señor Leonidas Carvajal no era un tercero ajeno a la obra; por ende,
el régimen de responsabilidad aplicable era el subjetivo.
4. Impugnación
La parte demandante impugnó la anterior decisión. Para sustentar su inconformidad,
sostuvo que de los dos aspectos en los que apoyó la existencia del defecto fáctico,
únicamente se estudió el de la falla del servicio y no lo relativo al nexo causal.
En ese sentido, reiteró los argumentos que soportaron el defecto fáctico por inexistencia
del nexo causal, esto es, que la causa del fallecimiento fue la asfixia severa por
comprensión mecánica toracoabdominal y no por la simple obstrucción de la prótesis
dental.
Expuso que estaba en desacuerdo con la afirmación del a quo de que, ante la
inexistencia de falla del servicio, era innecesario estudiar el nexo causal, toda vez que
el asunto debió estudiarse en el siguiente orden: daño, nexo causal y título de
imputación, puesto que la inexistencia de falla del servicio en nada impide el análisis del
nexo de causalidad, por ser dos elementos autónomos e independientes.
Adujo que no podía afirmarse, como lo hizo el a quo, que para analizar el Reglamento
Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS 2000–, era necesario
aportarlo y decretarlo como prueba, bajo el entendido de que no era norma nacional. En
su criterio, sí es una norma de alcance nacional, adoptada mediante Resolución 1096
del 17 de noviembre de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico —hoy
de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo—, razón por la cual no requería ser
aportado como prueba.
Así, insistió en la necesidad de adoptar medidas de protección especiales para evitar la
ocurrencia del suceso que acabó con la vida del señor Carvajal.
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Finalmente, sostuvo que sí se inaplicó el precedente jurisprudencial y que la sentencia
impugnada confundió su argumento, toda vez que lo alegado no fue la «inaplicación
total», sino la «indebida aplicación» del precedente, al tener al fallecido como parte de
la obra, cuando las labores que desempeñaba no correspondían a las de un fontanero;
por tanto, el título de imputación tenía que ser objetivo.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad
o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté
acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era
improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 2012 2,
aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional,
esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento
jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones judiciales
y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
sin mayores excepciones.
2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.
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Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el juez
de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó
la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se
fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y
(v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional,
en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones
proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en
la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse
afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de
tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite
del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de
alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto
fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi)
decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de
la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de
los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o
desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es
necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en
alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que
han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no
se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son
propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de
proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional ha
restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias
dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la
Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos generales y la configuración
de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de tutela contra
providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida
cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance
y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
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constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige
la imperiosa intervención del juez constitucional3».
2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido el 22 de septiembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Para ello, en los términos de la impugnación presentada, se
examinará si el a quo erró en su razonamiento al desestimar los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente alegados y si, como consecuencia de ello, se deben
amparar o no los derechos fundamentales reclamados en la tutela, con ocasión de la
sentencia dictada el 2 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativa del Caquetá.
La Sala se relevará del estudio de los requisitos generales de procedencia de tutela, toda
vez que comparte el análisis que de ellos se hizo en el fallo impugnado y, además, porque
su cumplimiento no ha sido objeto de discusión.
3. Análisis de la Sala
3.1. Requisitos generales de procedencia de la tutela
Como se anticipó al delimitar el problema jurídico, esta Sala comparte los argumentos
del a quo en los que sostiene que se cumplieron los requisitos generales de procedencia
de tutela contra providencia judicial, esto es, la subsidiariedad, por la inexistencia de
otros medios para discutir los elementos propuestos; el de inmediatez, porque la tutela
se formuló dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia
cuestionada; el de relevancia constitucional, porque se cumplió con la carga
argumentativa con trascendencia constitucional, sin limitarse a argumentos para suscitar
una instancia adicional y, finalmente, dado que no se está cuestionando otra sentencia
de tutela.
3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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3.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora
3.2.1. Del defecto fáctico
El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas,
que tiene una incidencia directa en la decisión. En efecto, la Corte Constitucional4 ha
dicho que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos probatorios y, además,
reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) ignorar
o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace
del proceso5; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión 6 ; o (iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo7.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez en la
que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si
estas resultan determinantes en el sentido de la decisión8; o (v) por decidir con medios
de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia9.
3.2.2. Del desconocimiento del precedente
El Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial idónea para generar
precedentes10, al resolver un determinado asunto, establece el alcance de una norma o
resuelve un problema jurídico específico. Si otros jueces desconocen ese
pronunciamiento del órgano de cierre, en el que se ha fijado una regla de una decisión,
en principio, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
derecho a la igualdad y resguardar la eficacia de otros principios básicos del orden
constitucional, salvo que, en ejercicio del derecho de apartamiento y en atención a los
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
8
Ibidem.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-534 de 2017.
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presupuestos de transparencia y razón suficiente, se explique por qué en determinado
caso no se va aplicar el precedente.
Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría de los
precedentes11, se tiene que, para identificarlos, es preciso realizar un análisis técnico de
la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir entre el decisum, la ratio
decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte resolutiva de la sentencia, aquello
que se dictamina en el caso concreto y que, dependiendo del tipo de pretensión invocada
ante el juez administrativo, tendrá fuerza erga omnes o efecto inter partes12. Por su parte,
la ratio decidendi «corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia
que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido
específico»13 o, en su definición original, a la «formulación del principio, regla o razón
general de la sentencia que constituye la base de la decisión judicial» 14. Finalmente, el
obiter dictum será «lo que se dice de paso»15 en la providencia, esto es, «aquello que no
está inescindiblemente ligado con la decisión»16.
Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga omnes o
inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez, se impone
señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro ordenamiento
constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, y de
amparar derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, la jurisprudencia
constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la fuerza vinculante de los
precedentes judiciales que han resuelto situaciones análogas anteriores 17. Lo anterior,
en el sentido antes descrito, conforme al cual «únicamente se forma precedente a partir
de la ratio decidendi que resuelve un caso»18.
De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada como
ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene que, conforme
a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la sentencia T-292 de 2006,
11 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
12 En efecto, de acuerdo con el artículo 189 CPACA.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
14 Corte Constitucional. Sentencias SU-047 de 1999 y SU- 1300 de 2001.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-1300 de 2001. Ver también, entre otras, la sentencia SU-047 de
1999.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
17 Una completa reconstrucción de esta línea jurisprudencial puede verse en la sentencia C-634 de 2011
de la Corte Constitucional.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-960 de 2001.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04800-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
para determinar si un precedente es relevante o no «se deben tener en cuenta factores
como que: i) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada
con el caso a resolver posteriormente, ii) La ratio debió haber servido de base para
solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante,
iii) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en una situación similar, se
observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez
esté legitimado para no considerar vinculante el precedente».
En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas19:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció20.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente21).
19 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
20 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho
de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable
al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta
indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega,
tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución
jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá
demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
21 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,
entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
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e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto22.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y
la garantía de la confianza legítima.
4. Caso concreto y solución del problema jurídico
La parte demandante cuestionó la providencia del 2 de marzo de 2022, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Caquetá revocó la sentencia de primera instancia,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, y, en su lugar, negó las
pretensiones con las que se perseguía el resarcimiento de los perjuicios derivados de la
muerte del señor Leonidas Carvajal, ocurrida mientras se encontraba en ejecución de
unas obras como trabajador al servicio de EMSERSOL S.A. E.S.P.
En criterio de la parte demandante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico por valoración irracional de las pruebas, pues quedaron suficientemente
acreditados la falla del servicio y el nexo de causalidad para atribuir responsabilidad a
las demandadas.
En primer lugar, la Sala descarta la afirmación de la impugnación, según la cual el fallo
de primera instancia estudió solo uno de los dos aspectos que soportaron el defecto
fáctico. No. El a quo sí estudió los dos argumentos del demandante: la existencia de falla
del servicio y el debate sobre el nexo de causalidad; cosa distinta es que la parte esté
inconforme con lo que allí se dijo respecto del nexo de causalidad.
Tan es así que la parte demandante en su escrito de impugnación expresa las razones
por las cuales estimó desacertado el juicio de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, circunstancia que solo es viable manifestar si existió un argumento;
22 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la
decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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de lo contrario, sería imposible cuestionar ese razonamiento por su contenido, si no
hubiese sido definido.
En todo caso, más allá de la metodología que mejor se ajuste a la definición de la
responsabilidad del Estado, y de si lo procedente era primero estudiar el nexo causal y
posteriormente la falla del servicio, esta Subsección coincide con el fallo impugnado
cuando afirma que la tesis del tribunal sobre el nexo causal fue un aspecto irrelevante o
inocuo en la sentencia, porque el fundamento de la decisión fue la inexistencia de falla
del servicio.
Eso no significa que estudiar el nexo causal en un proceso sea un aspecto desprovisto
de importancia. De ninguna manera. Lo que ocurre es que, en este caso, el fallador
descartó la existencia de falla del servicio, de suerte que carecía de todo sentido
detenerse en auscultar si la causa de la muerte fue por la prótesis dental o por el alud de
tierra.
Por tanto, aun cuando en sede de tutela se concluyera que hubo un desatino del Tribunal
en el análisis del nexo causal, y se estableciera que, en efecto, fue irrazonable la
apreciación de la necropsia y que la causa de la muerte fue la asfixia mecánica por el
alud de tierra, mas no por la prótesis dental, ese argumento no tendría la virtualidad de
sustentar la responsabilidad patrimonial reclamada, en tanto que se mantendría a salvo
la razón principal de la sentencia: la ausencia de falla del servicio.
A pesar de ello, la afirmación sobre la causa de la muerte tampoco fue irracional o carente
de análisis, ni se contrapone a las pruebas, pues el hecho de que la necropsia haya
afirmado que fue asfixia mecánica, no descarta, como lo sostuvo el Tribunal, que pudo
ser por la prótesis dental, porque ese elemento sí lo contiene la necropsia. Esa afirmación
«hipotética» del Tribunal es igual a la tesis del demandante que, en sede de tutela, acude
a un artículo científico para, también a título de hipótesis, decir que la asfixia puede ser
por presión en el pecho o abdomen debido a una sustancia u objeto, como cuando existe
material de un derrumbe.
Tampoco se puede perder de vista que no es cierto que el alud haya sepultado al
demandante, pues la expresión sepultar parte de la base de que la persona quedó
enterrada, y, según quedó acreditado en el proceso ordinario, al demandante solo lo
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cubrió hasta parte de la zona abdominal. Sin embargo, sí existe certeza de que en esa
acción hubo obstrucción de la prótesis, pues textualmente dice el informe de necropsia:
APARATO RESPIRATORIO:
–Orofaringe: se evidencia obstrucción de la vía aérea superior por prótesis
removible dentomucosoportada, reemplazando dientes 13, 12, 11, 22, 23 y 24
…
ANÁLISIS INTEGRAL DEL CASO:
Hombre que se encontraba trabajando en vía pública es sorprendido por alud
de tierra a nivel de abdomen y miembros inferiores, provocando compresión
mecánica toracoabdominal no permitiendo la adecuada expansión de músculos
de la respiración, asociado a ingesta de prótesis dentomucosoportada
obstruyendo la vía área superior produciendo asfixia severa.
Así pues, la denominación asfixia mecánica no excluye que, en términos fácticos, la
causa pudo ser la obstrucción de la vía aérea por la prótesis, circunstancia que tampoco
conlleva descartar la imputación jurídica a las demandadas. Por ello, lo importante de la
sentencia y de su ratio decidendi fue que descartó la falla del servicio.
Dicho en otras palabras, lo que debe convocar la atención de la Sala es si fue
desacertado afirmar que el daño no era imputable a las demandadas por inexistencia de
falla del servicio. Veamos.
Aunque la parte actora plantea como argumento autónomo el desconocimiento o
«inaplicación» del precedente, la Sala anticipará su estudio, previo a referirse al defecto
fáctico sobre la inexistencia de falla del servicio. Lo anterior, por cuanto, de acreditarse
que se inaplicó el precedente que, según la demandante, exige que el título de
imputación sea objetivo, ningún sentido tendría detenerse en el análisis del defecto
fáctico sobre la falla del servicio.
Bajo esa premisa, esta Subsección también coincide con el fallo de primer grado de que
en manera alguna se desconoció el precedente que se invoca. Aún más, la Sala advierte
que las sentencias del 8 de noviembre de 2007 (exp. 15967), del 29 de enero de 2009
(exp. 16.689) y del 24 de junio de 2013, (exp. 25.640) proferidas por la Sección Tercera
del Consejo de Estado no son de unificación y, por ende, no constituyen un precedente
obligatorio al que debiera sujetarse el tribunal. Lo que sí se constata es que dichos
pronunciamientos dan cuenta de una línea consolidada de esta Corporación, según la
cual, cuando se trata de daños causados por obras o trabajos públicos, el régimen de
responsabilidad será objetivo o subjetivo, en función de la calidad de la víctima. Así, si
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se trata de un trabajador vinculado a la obra, se aplica el régimen subjetivo por falla
probada del servicio, y si es un tercero ajeno a la obra, el régimen es objetivo (riesgo
excepcional o daño especial).
Consecuente con ello, no se aprecia que el a quo y la autoridad judicial accionada
hubieran errado en el análisis o en la aplicación de las sentencias mencionadas, pues el
Tribunal explicó de manera clara por qué el fallecido no era un tercero en la obra y, en
esa línea de pensamiento, sostuvo que el juez de primera instancia y el demandante
equivocaron sus tesis. El primero, al fundar una condena por daño especial; el
demandante, por sustentar sus pretensiones en un riesgo excepcional. En tal sentido,
hizo un juicio de rectificación para afirmar que en este caso para condenar al Estado
«resultaba necesario que el demandante acreditara la existencia de una falla del servicio
por parte de la Administración».
Que la parte actora no comparta ese razonamiento y proponga una interpretación propia
respecto de la condición en que el demandante se encontraba en la obra y de sus
funciones, no es una razón suficiente para estimar que desconoció el precedente judicial.
La sentencia no muestra visos de irracionalidad o arbitrariedad al sostener que el
fallecido era un trabajador experimentado y con formación, vinculado a la obra en razón
de su empleo, razón por la cual debía aplicarse el régimen subjetivo de responsabilidad.
Consecuente con lo anterior, la Sala desestima el argumento de la parte actora sobre la
supuesta inaplicación del precedente, toda vez que no se acreditó que el fallecido fuera
un tercero ajeno a la obra.
Precisado este aspecto, es del caso volver sobre el análisis del defecto fáctico, en lo
atinente a la prueba de la existencia de la falla el servicio. Para esta Subsección, al
margen de las consideraciones del a quo sobre la prueba del RAS 2000 y de las
explicaciones del tribunal relativas a las condiciones de la obra, lo que se aprecia es que
el cargo no tiene vocación de prosperidad, toda vez que la solicitud de amparo parte de
una premisa inexacta y olvida el derrotero que marcó la sentencia enjuiciada: el título de
imputación era la falla del servicio probada.
De manera que, al determinarse que el título de imputación era subjetivo por falla del
servicio, «resultaba necesario que el demandante acreditara la existencia de una falla
del servicio por parte de la Administración», y bajo ninguna consideración el demandante
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ha mostrado pruebas o elementos que den cuenta que en el proceso ordinario acreditó
la existencia de la falla del servicio. Los argumentos de la parte actora son reproches y
reparos respecto del razonamiento empleado por el Tribunal para descartar la falla, mas
no se encaminan a acreditar que cumplió con su deber probatorio.
En sana lógica, el Tribunal ni siquiera estaba obligado a estudiar la inexistencia de la falla
de la entidad, con mayor razón si el demandante, en primer lugar, no propuso ni acreditó
la falla del servicio. De hecho, la demanda se fundamentó en la existencia de un riesgo
excepcional y dejó de lado la carga de la prueba de la imputación del daño.
Además, la discusión de que con fundamento en el RAS 2000 se acreditó la falla del
servicio, no es de recibo porque no se alegó en la demanda, ni en las oportunidades para
plantear el debate u objeto de litigio. La única mención que hizo la parte del RAS 2000
fue en los alegatos de conclusión, los que, como se sabe, son una oportunidad para que,
a manera de síntesis, se realice un análisis de las pruebas y su relación con la posición
asumida en el litigio o, en sentido contrario, para se explique por qué la parte contraria
no logró probar sus tesis en el proceso.
Pero, aun si la Sala hiciera abstracción y aceptara que en los alegatos pueden
incorporarse elementos de debate adicionales, resulta que la demandante tampoco
acreditó que lo dispuesto en dicho reglamento se hubiera desconocido en la ejecución
de la obra, al punto de configurar una falla del servicio; simplemente hizo una lectura del
RAS 2000 y afirmó, sin prueba alguna, que por las condiciones del suelo, las cuales
dedujo con solo ver las fotografías, debía considerarse que era un suelo tipo 4 y de riesgo
alto que hacía necesarias medidas de seguridad adicionales, sin preocuparse por
demostrar técnicamente cuáles eran condiciones del suelo, más allá de unas fotografías.
Es más, tampoco acreditó que la profundidad de la excavación hiciera necesarias
medidas de seguridad adicionales. Únicamente afirmó que ello debía ponderarse en el
caso concreto y que la entidad no acreditó que la excavación era superior a 1.25 metros.
La Sala insiste en que, más allá de las afirmaciones de la sentencia, la decisión estaba
fundada en otra premisa anterior y lógica: al demandante le correspondía probar la falla
del servicio, deber que no se modifica ni desvanece con la invocación del artículo 1604
del Código Civil23, como equivocadamente parece entenderlo la parte actora.
23 ARTÍCULO 1604. <RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR>. El deudor no es responsable sino de la culpa
lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los
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De otra parte, en cuanto a las afirmaciones de la parte actora sobre la magnitud del alud,
conviene señalar que, al margen de que la profundidad de la excavación hubiera sido de
1.10 metros o que al demandante lo hubiera cubierto solo hasta esa altura, quien tenía
que acreditar ese aspecto eran los demandantes; sin embargo, así no lo hicieron, de
manera que no es posible sustentar la existencia de un defecto fáctico sobre unos
elementos que ni siquiera alegó haber acreditado.
En rigor, la parte demandante tampoco revela que las conclusiones del Tribunal sean
arbitrarias o caprichosas, contrastadas objetivamente con las pruebas obrantes en el
expediente de reparación directa, sino que hace una interpretación propia de tales
elementos de convicción, para considerar una teoría y una conclusión diferentes a la del
fallo atacado, pero sin acreditar que la decisión se hubiera adoptado a espaldas de las
pruebas arrimadas. Todos ellos fueron valorados, pero no en la forma en que se pretende
en la solicitud de amparo.
Téngase en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico en materia de valoración
probatoria se gobierna por el principio de la sana crítica, actividad en la cual el fallador
es libre de formarse su convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos,
a partir de un análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeta a las
reglas de la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria, caprichosa o al
margen de lo que revelen los medios de prueba. Esa tarea se logra cuando se motiva la
decisión de manera racional con las pruebas que obran en el proceso e incluso a partir
de las deficiencias que en esa carga procesal de las partes advierta el sentenciador.
En este caso, la Sala concluye que el Tribunal accionado valoró conjunta e integralmente
las pruebas, aplicó el principio de la carga de la prueba y, a partir de allí, concluyó que
«no es posible inferir la existencia de una falla en el servicio que desencadene la
responsabilidad estatal, y que era la parte demandante quien debía demostrar que el
daño se produjo por una falla del servicio, lo cual no ocurrió, faltando al mandato
contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el
deudor es el único que reporta beneficio.
El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso
fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o
que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.
La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que
lo alega.
Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las
estipulaciones expresas de las partes.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
imperativo del artículo 167 del C.G.P. por lo que debe asumir las consecuencias adversas
de su omisión».
Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones expuestas.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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