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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04801-00

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04801-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000- 2020-04512-00(AC). 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo de 2021, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000- 2021-00777-00(AC). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04801-00 Actora: GLORIA ARAMINTA TORRES PEÑA la SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04801-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04801-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: GLORIA ARAMINTA TORRES PEÑA

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO. EL TRIBUNAL NO INCURRIÓ EN
LOS DEFECTOS SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL ENDILGADOS. PENSIÓN DE JUBILACIÓN
DOCENTE POR APORTES. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO,
MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora GLORIA ARAMINTA TORRES PEÑA, actuando a través

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04801-00
Actora: GLORIA ARAMINTA TORRES PEÑA

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo

vital y a la seguridad social, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL al proferir la sentencia de 23 de junio de 2022, dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 11001-33-35-014-

2020-00291-01.

I.2. Hechos

Manifestó que laboró como docente al servicio del Estado, vinculada

al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO2 desde el 26 de abril de 1989.

Sostuvo que mediante la Resolución núm. 9580 de 19 de septiembre

de 2018, el FOMAG reconoció y ordenó el pago de su pensión de

jubilación a partir del 21 de abril de 2018.

Adujo que presentó solicitud ante el FOMAG, a fin de que se le

reconociera y pagara la totalidad de los factores salariales

devengados al momento de adquirir el status de pensionada

2
En adelante el Fomag.

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Actora: GLORIA ARAMINTA TORRES PEÑA

incluyendo la bonificación pedagógica y, aquellos factores a los que

no se le efectuó el descuento a seguridad social.

Arguyó que mediante la Resolución núm. 840 del 10 de febrero de

2020, el FOMAG negó el ajuste de la reliquidación.

Aseguró que como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el FOMAG, a fin de que se le ordenara el reajuste de

la liquidación de la pensión de jubilación teniendo en cuenta todos

los factores salariales devengados.

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 11001-33-35-014-2020-00291-01 y, correspondió por

reparto al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ3 que, en sentencia de 2 de

marzo de 2022, denegó las pretensiones.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación

ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 23 de junio de 2022,

confirmó la decisión del a quo.

3
En adelante el Juzgado.

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Actora: GLORIA ARAMINTA TORRES PEÑA

I.3 Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la providencia emitida por el TRIBUNAL incurrió en

defecto material o sustantivo al efectuar una interpretación

inapropiada de la Ley 812 de 2003.

Señaló que la decisión judicial cuestionada reviste una vía de hecho

que vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto debió optarse

por la norma más favorable al trabajador o sus beneficiarios.

Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en desconocimiento

del precedente jurisprudencial establecido en las sentencias

proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación los días 9 de

abril de 2014, (número de radicado: 2010-00014-01) y 4 de agosto

de 2010 (número de radicado: 2010-00014-01), en las que se

efectuó un estudio jurídico acerca de la inclusión de todos los factores

devengados.

I.4. Pretensiones

La actora solicita que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

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“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos
para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE
SIN EFECTOS la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “D” de fecha 23 de junio de 2022, mediante la cual
CONFIRMA la sentencia 02 de marzo de 2022 proferida por el
Juzgado Catorce (14) Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá- Sección Segunda la cual NEGÓ LA
RELIQUIDACIÓN PENSIONAL.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito
respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN
SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D” a proferir sentencia de fondo
ordenando al FONDP NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a reliquidar la pensión de la señora GLORIA
ARAMINTA TORRES PEÑA identificada con cedula de ciudadanía
39.737.093, incluyendo TODOS los factores salariales devengados
en especial LA PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA ESPECIAL, PRIMA DE
SERVICIOS Y BONIFICACIÓN PEDAGOGICA.

TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al sistema
seguridad social de los factores salariales que se tengan en cuenta
para liquidar el IBL, sobre las cuales no se efectuaron los
respectivos aportes al sistema se seguridad social.

CUARTO: Que se condene en costas a las entidades demandadas
de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso
oficiar al el Juzgado Catorce (14) Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá- Sección Segunda para que allegue en
su integralidad: 11001-33-35-014-2020-00291-01, en dado caso
de que el expediente administrativo haya sido devuelto al juzgado
de origen […]”.

I.5. Defensa

El TRIBUNAL inidcó que no se configuró ninguno de los defectos

indicados por cuanto en la decisión censurada se plasmaron todos y

cada uno de los motivos por los que se consideró la improcedencia

de la reliquidación de la pensión de jubilación solicitada.

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Resaltó que la acción de tutela es improcedente, por cuanto la actora

plantea a través del mecanismo constitucional los mismos

argumentos que fueron resueltos en el recurso de apelación, por lo

que no pude utilizarse el mecanismo jurídico como una tercera

instancia.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO advirtió que la decisión cuestionada se adoptó

con base en las pruebas obrantes en el proceso y en las sentencias

de unificación proferidas por el Consejo de Estado el 25 de abril de

2019 y el 3 de junio de 2021, en lo relacionado con la interpretación

del IBL en el régimen pensional de los docentes vinculados al Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con anterioridad a

la vigencia de la Ley 812 de 2003 y los descuentos de salud de las

mesadas adicionales.

Recalcó que no existió vulneración de los derechos fundamentales

deprecados por cuanto se surtieron las dos instancias y se respetaron

en su integridad las formas del juicio.

Finalmente, señaló que la actora pretende desdibujar el principio de

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cosa juzgada acudiendo de manera estratégica a la acción de tutela

como si se tratara de una tercera instancia, olvidando el carácter

residual, subsidiario y excepcional.

I.6.2.- La NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN solicitó no

descorrer el término de la contestación de la demanda, por cuanto

junto con la notificación del auto admisorio de la tutela no se adjuntó

el escrito de tutela.

I.6.3.- La SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, vinculada

en calidad de tercera con interés directo en las resultas de la acción,

solicitó la desvinculación de la presente acción de tutela por carecer

de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.4.- El FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS,

CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP-, vinculado en calidad de

tercero con interés directo en las resultas de la acción, solicitó

declarar improcedente la solicitud de amparo por cuanto la actora no

ha agotado todas las instancias de defensa judicial, para resolver las

pretensiones que versan sobre derechos meramente económicos

desvirtuando el riesgo inminente de los derechos fundamentales

invocados.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos: i) la solicitud de desvinculación

por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la

SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN; ii) las petición

formulada por el apoderado de la NACIÓN-MINISTERIO DE

EDUCACIÓN en la que solicitó no descorrer el término de la

contestación de la demanda, por cuanto no se adjuntó el escrito de

tutela junto con la notificación del auto admisorio de la tutela.

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-De la solicitud de desvinculación presentada por la

SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN,

formuló petición de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

actuó como demandada dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 11001-33-35-014-2020-00291-01, objeto del presente

estudio, la Sala concluye que a la entidad, en calidad de tercera, le

asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la

referencia, razón por la que se denegará su solicitud de

desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

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• De la petición formulada por la NACIÓN-MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

El apoderado de la entidad accionada solicitó no descorrer el término

de la contestación de la demanda, por cuanto no se adjuntó el escrito

de tutela junto con la notificación del auto admisorio.

Frente a este punto, la Sala advierte que la Secretaría de la

Corporación el pasado 15 de septiembre de 20224, atendió el

requerimiento efectuado por el apoderado de la entidad y, adjuntó

las constancias de la notificación núm. 96679 efectuada el 13 de

septiembre de 2022, en la que se agregó debidamente los archivos

en PDF del auto admisorio y de la demanda, como consta en el índice

12 de SAMAI.

En ese sentido, la Sala advierte que la entidad accionada fue

notificada en debida forma, por lo que se entenderá que no contestó

la demanda.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031
500020220480100/89495ED846403487EEE7A13EE72CD31BDEF300759128589CA84AD3D82F62740B
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la

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irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y

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grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 23 de junio de 2022 proferida por

el TRIBUNAL dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-

35-014-2020-00291-01

A la citada providencia la actora atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y

desconocimiento del precedente judicial.

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Los disensos de la actora radican en que la decisión incurrió en el

defecto material o sustantivo, al efectuar una interpretación

inapropiada de la Ley 812 de 2003.

Señaló que la decisión judicial cuestionada reviste una vía de hecho

que vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto debió optarse

por la norma más favorable al trabajador o sus beneficiarios.

Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en desconocimiento

del precedente jurisprudencial establecido en las sentencias

proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación los días 9 de

abril de 2014 (radicado: 2010-00014-01) y, 4 de agosto de 2010

(radicado: 2010-00014-01), en las que se efectuó un estudio jurídico

acerca de la inclusión de todos los factores devengados.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

e incurrió en los defectos endilgados.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

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suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

endilgados y vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión

cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las

causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y

ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,

ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable5 y, por

último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman

lesionados.

Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los defectos

alegados, para posteriormente analizar los reproches de la actora de

forma conjunta.

Del defecto sustantivo

La Corte Constitucional6 ha precisado que el defecto sustantivo se

presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente

inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por

5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad

jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 20097, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional8 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

7
M.P Mauricio González Cuervo.
8
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados

por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Desconocimiento del precedente judicial

Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del

precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo

establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el

poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus

providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla

general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades

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judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente9”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial10.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)11.

Ahora bien, corresponde determinar si el TRIBUNAL incurrió en los

9
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
10
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
11
Ver sentencia T-292 de 2006.

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defectos endilgados, para lo cual realizará el siguiente análisis i)

protección de la seguridad social en el ordenamiento interno, ii)

desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación de las

pensiones, iii) Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 28 de agosto

de 2018 y; iv) análisis del caso concreto.

Protección de la seguridad social en el ordenamiento interno

En el ordenamiento interno, el Sistema de Seguridad Social es el

conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de los que

disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de

vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas

que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la

cobertura integral de las contingencias, especialmente las que

menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del

territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la

integración de la comunidad12 y cuyo objeto es garantizar los

derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener

la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la

protección de las contingencias que la afecten.

12
Preámbulo de la Ley 100.

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Para efectos del cumplimiento de estos fines, el ordenamiento

permitió la existencia de diversos regímenes que posteriormente

fueron unificados con la entrada en vigencia de la Ley 100.

Asimismo, vale la pena resaltar que la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado13 para garantizar los derechos

adquiridos de las personas que pertenecían a los regímenes

especiales anteriores, sentó jurisprudencia y consideró que: i) el

artículo 36, inciso 3°, excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base

de liquidación que establecía el régimen general de pensiones

anterior a dicha ley, y ii) que solo deben incorporarse aquellos

factores sobre los cuales se hayan realizado los aportes al sistema

de seguridad social, variando de esta forma la posición asumida por

la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 4 de

agosto de 201014.

Desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de

Liquidación de las pensiones

En ese entendido, la sentencia proferida el 4 de agosto de 201015

por la Sección Segunda del Consejo de Estado al referirse a la

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 2012-00143-01.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto
de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 2006-07509-01.
15
Proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2006-07509-01.

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determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de

jubilación incluidas en el régimen de transición del artículo 36 de la

Ley 100, precisó que: i) debían ser reconocidas con el 75% del salario

promedio base para los aportes durante el último año de servicio,

siempre que prestara o hubiere prestado 20 años continuos o

discontinuos de servicios y tuviera 55 años de edad y ii) con base en

todos los factores salariales efectivamente devengados en el año

anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que estas

no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la

base de liquidación pensional, ello, en los términos de la Ley 33 de

1985.

Lo anterior implicaba que, para determinar los requisitos de

edad, tiempo de servicios y monto de la pensión de los

beneficiarios del régimen de transición, se debía observar la

normativa del régimen que le aplicaba antes de la entrada en

vigencia de la Ley 100, sin que pudiera acudirse a

disposiciones distintas, en consonancia con el principio de

inescindibilidad16 de la norma.

16
De conformidad por lo establecido por la Corte Constitucional, en sentencia T-832 A de 2013, el
principio de inescindibilidad de la norma, establece que ésta debe “[…] aplicarse de manera íntegra en
su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o
fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones
jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido […]”.

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Esta tesis fue reiterada en sentencia de unificación de 25 de febrero

de 201617, proferida por la Sección Segunda del Consejo de

Estado dentro del expediente identificado con el número único de

radicación 2013-01541-01.

Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 28 de

agosto de 2018

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto

de 2018, en los términos del artículo 271 del CPACA, sentó

jurisprudencia y fijó las siguientes reglas y subreglas sobre: i) el

ingreso base de liquidación establecido para el régimen de transición

de las personas que cuentan con un régimen pensional especial y ii)

de los factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de

liquidación. Textualmente, señaló:

“[…] 84. Planteadas así las tesis sobre el IBL aplicable en el régimen
de transición, la Sala advierte que el aspecto que ha suscitado
controversia es el periodo que se toma en cuenta al promediar el
ingreso base para fijar el monto pensional, pues el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985 preveía como IBL el “salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio”,
mientras que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

17
Es importante resaltar que la sentencia de 25 de febrero de 2016 fue dejada sin efectos por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016, y, en cumplimiento a
esta última, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
profirió sentencia el 9 de febrero de 2017, la cual será explicada en esta providencia.

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establece que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos
de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Es
decir, mientras el régimen general de pensiones de la Ley 33 de
1985 establece el último año de servicios, el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año
dependiendo de la situación particular de la persona que está
próxima a consolidar su derecho pensional.

85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma.

86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes
para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos
y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este
caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de
configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la
finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como
manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del
Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el
periodo de transición abarcaría varias décadas18.

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las
condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese
cambio no resulte traumático o desafortunado para aquellas
personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho
pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir
tal derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se
pensionarían en las condiciones que los cobijaban.

18
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el
31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los
beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al
momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo.

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89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en
poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la
confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a
pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del
todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en
el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento
de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para
adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición
que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el
nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo
las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en
un corto periodo de tiempo.

90. En el caso de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso conciliar
la finalidad que motivó la reforma, con la protección frente al
impacto que el tránsito legislativo iba a generar, estableciendo un
régimen de transición especial para el grupo de personas a las que
ya se ha hecho referencia; régimen distinto tanto del anterior como
del nuevo, con unas reglas que conservaban los requisitos del
régimen anterior, pero con un elemento particular, concretamente,
el periodo que se iría a tener en cuenta para fijar el monto de la
mesada pensional; periodo que no es otro que el previsto en el
inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 199319,
así:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
Consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que
debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36
contiene todos los elementos y condiciones para que las personas
beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión
de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL
previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
19
Aplicable en virtud del inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que dispone que las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por
las disposiciones contenidas en la presente Ley.

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3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación
ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El
reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a
cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un
verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema
General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en
la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y
para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado
anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que
se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el
periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.

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97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución
Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los
principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social
como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley
100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la
mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del
más fuerte hacia el más débil”.
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al
artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el
régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el
aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial
en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual
se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas
de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección
Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no
señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad
en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue
una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y
alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para
esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del
legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó
los factores que conforman la base de liquidación pensional y a
ellos es que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que

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el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado
los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la
garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de
habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el
Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de
universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que
la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme
a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la
debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita
debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado
y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema […] (Se
resalta).

De lo anterior se colige que:

El ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la

Ley 100, hace parte del régimen de transición para aquellas personas

beneficiarias que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y

tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la

Ley 33 de 1985. En esa medida, fijó como subreglas las siguientes:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a

la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio

de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o

(ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,

actualizado anualmente con base en la variación del Índice de

Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

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• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación

será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha

cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al

reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con

base en la variación del índice de precios al consumidor, según

certificación que expida el DANE.

De acuerdo con la interpretación fijada por el Consejo de Estado, en

la segunda subregla establecida en la precitada sentencia de

unificación, “[…] en el régimen general de pensiones, previsto

en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya

realizado el aporte o cotización pueden incluirse como

elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional

[…]”, subregla que, en tanto fija el sentido y alcance del artículo 3º

de la Ley 33 de 1985, se aplica a los beneficiarios del régimen de

transición.

Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló

que la citada sentencia de unificación tiene características de

permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio,

señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron se aplican

a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa

como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y dan

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prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social.

Es de mencionar que la Sala Plena de esta Corporación, en la

sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, excluyó la

aplicación de la primera regla hermenéutica20 a los educadores

oficiales vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio, sin embargo, ello no aconteció respecto de la segunda.

Siendo ello así, de manera pacífica, esta Sección ha venido reiterando

que este segundo criterio tiene plena aplicación al régimen

excepcional de los docentes21.

Precisamente, la segunda subregla se refiere a los alcances

interpretativos del artículo 3º de la Ley 33 de 1985 que se aplica

tanto a los docentes como a los beneficiarios del régimen de

transición. Así, la citada subregla es del siguiente tenor: “[…] en el

régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo

20
“[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii)
el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. […]”.
21
A modo de ejemplo se citan las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia
de 19 de diciembre de 2018, Ponente: Oswaldo Giraldo López (11001-03-15-000-2018-03110-01 AC)
/ sentencia de 20 de noviembre de 2018, Ponente: Hernando Sánchez Sánchez (11001-03-15-000-
2018-03012-01 AC) / Sentencia de 19 de noviembre de 2018, Ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización

pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la

mesada pensional […]”.

Así mismo, en sentencia de unificación jurisprudencial, proferida por

la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019 22,

se establecieron las siguientes reglas jurisprudenciales sobre el

ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de

los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, al señalarse que:

“[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo
01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos
regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación
al servicio educativo oficial de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
de 25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación
680012333000201500569-01.

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pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]”.

En ese orden de ideas, para determinar el ingreso base de liquidación

de la pensión de jubilación de los docentes, solo pueden incluirse los

factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron

aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

Finalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la

citada sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos con

características de permanencia, identidad y carácter vinculante y

obligatorio, señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron

se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía

administrativa como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y

dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad

Social.

Análisis del caso concreto

Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,

se debe examinar lo decidido en la providencia de 23 de junio de

2022 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se

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indicó lo siguiente:

[…] 2. Normatividad aplicable al sub examine

2.1. Régimen pensional de docentes vinculados al servicio
público educativo oficial

La Ley 100 de 19931 actualmente vigente, instituyó el Sistema de
Seguridad Social Integral, cuyo propósito es la protección de las
contingencias que puedan afectar al conglomerado social, dentro
del marco del principio de la dignidad humana. Sin embargo, el
artículo 279 de la Ley en mención, excluyó de su aplicación al
personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, cuyo régimen pensional se encuentra
señalado en el artículo 15 de la Ley 91 de 19892, el cual establece:
[…]

Ahora bien, es del caso señalar, que con la expedición de la Ley
812 de 2003, se determinó en el artículo 81, que, a partir de la
entrada en vigencia, es decir, 27 de junio de 2003, los Docentes
oficiales que se vinculen desde esa fecha, les resulta aplicable el
régimen pensional de prima media contenido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad de pensión de vejez
que será de 57 años para hombres y mujeres. Asimismo, se
estableció, que en lo que respecta a los Docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la aludida fecha, su régimen
prestacional será el contemplado por la Ley 91 de 1989.3

Dicho mandato fue ratificado por el parágrafo transitorio del
artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, mediante el cual se
determinó: […]

Desde la perspectiva constitucional y legal, el régimen pensional
previsto por la Ley 91 de 1989 a favor de los docentes vinculados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
únicamente cubre al personal que se hubiere vinculado al servicio
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, 27
de junio de 2003, motivo por el cual, los docentes vinculados a
partir de la última fecha en comento se encuentran sometidos en
materia pensional a las previsiones de la Ley 100 de 1993, con sus
respectivas modificaciones.

Precisado lo anterior, se debe destacar que el régimen pensional
de los docentes oficiales cubiertos por las previsiones de la Ley 91
de 1989, es decir, aquellos vinculados con anterioridad al 27 de
junio de 2003, determina que la pensión a la que tiene derecho ese
personal, según el literal b) del numeral 2º del artículo 15 de la
aludida Ley, corresponderá “al 75% del salario mensual promedio

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del último año”, precisando además que “estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional”, en atención a dicha remisión, es menester acudir
a lo establecido por la Ley 33 de 1985,4 normativa que en su
momento regulaba lo referente al régimen pensional del sector
público.

Por consiguiente, en aplicación de la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de
1988, cuando de reconocimientos pensionales por parte del sector
Docente se trata y en particular, lo referente a la liquidación de
dicha prestación, es pertinente señalar que el Consejo de Estado
con sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, determinó
que para la liquidación de las pensiones de los empleados públicos
regidos por las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, deben tenerse en
cuenta todos los factores devengados para el último año de
servicios que constituyen salario, por lo cual, se eliminó el principio
de la taxatividad en materia pensional.

Al respecto, en la referida sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo precisó:

“(D)e acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de
garantizar los principios de igualdad material, primacía de la
realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral,
la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes
históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente
sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de
1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicios”.

No obstante, es de suma importancia señalar, que el H. Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia
de Unificación del 25 de abril de 2019, expediente 68001-23-33-
000-2015-00569-01, Consejero Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO
CORTÉS, además de fijar las reglas a considerar respecto al IBL a
tener en cuenta frente a las pensiones de los docentes, también
estableció algunas reglas jurisprudenciales, para lo cual sostuvo:5
[…]

Como se puede observar, con sustento en la sentencia de
unificación previamente transcrita, resulta evidente, que las reglas
jurisprudenciales establecidas, al regular aspectos concernientes al
régimen de transición contemplado por la Ley 100 de 1993, no son
aplicables al caso de los docentes oficiales que se encontraren
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por cuanto aquéllos fueron exceptuados de las disposiciones de la

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aludida Ley, de conformidad con el artículo 279 de la Ley 100 de
1993.

De dichas reglas jurisprudenciales, también se sigue, que en los
reconocimientos pensionales, únicamente se tendrán en cuenta,
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, esto es aquellos factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985 y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo y para los
docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, a excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres y los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación, son los previstos en
el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

De esta manera, se replanteó la postura que adoptó inicialmente
dicha Corporación en sentencia de unificación del 4 de agosto de
2010, al punto que también en sentencia de Unificación del 28 de
agosto de 2018, expediente 23-33-000-2012-00143-01, Consejero
Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, señaló que dicho criterio
interpretativo, se encuentra en contravía del principio de
solidaridad en materia de seguridad social y traspasa la voluntad
del legislador, el que, por virtud de su libertad configurativa, enlistó
los factores que conforman la base de liquidación pensional y a
ellos se debe limitar dicha base.

Así las cosas, se concluye que en el reconocimiento de la pensión
de vejez o jubilación de los docentes oficiales, la pensión ordinaria
de jubilación de aquellos vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, podrán considerarse los factores previstos en la ley
sobre los cuales se hubieren efectuado las respectivas cotizaciones
al sistema pensional y para los docentes vinculados a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los factores
previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones. […]

3.1. Reliquidación pensión

Descendiendo al caso objeto de análisis, debe advertirse que no se
suscita discusión respecto del régimen pensional aplicable a la

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demandante, toda vez que, al 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se encontraba vinculada
al servicio docente, y por tal razón su reconocimiento pensional se
rige por los contenidos de las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.

Ahora bien, se observa que mediante Resolución No. 9580 del 19
de septiembre de 2018, la Directora de Talento Humano de la
Secretaría de Educación del Distrito, actuando en nombre y
representación de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconoció pensión de jubilación a la
demandante, en cuantía de $2.777.421,oo, efectiva a partir del 21
de abril de 2018, con base en el 75% del promedio de salarios
devengados en el año anterior al cumplimiento del estatus de
pensionada, con inclusión de asignación básica, bonificación
decreto y prima de vacaciones (archivo 03. Pág., 2-5 del
expediente digital- E.D.). […]

Según Formato Único para expedición de certificado de salarios, la
accionante, en el período comprendido entre el 1º de enero de
2017 al 30 de diciembre de 2018, devengó los siguientes
emolumentos, sueldo, prima especial, prima de servicio,
bonificación decreto, prima de vacaciones y prima de
navidad. Igualmente, se advierte en las “observaciones”
Bonificación Pedagógica Decreto 2354 de 2018, sobre la cual se
efectuó aportes (archivo 03. Pág., 31 del E.D.)

Así las cosas, de acuerdo con la regla establecida respecto del
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los
docentes oficiales vinculados antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, como es el caso de la accionante, los factores
que deben tenerse en cuenta son aquellos enlistados en el artículo
1° de la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se realizó aportes.

De acuerdo con el artículo 1º ibidem, se tiene que la prima de
servicio, prima de navidad y prima especial no pueden
incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación, por
cuanto no constituyen base de liquidación de los aportes.
Frente a la prima de vacaciones, que devengó, si bien fue tenida
en cuenta para el reconocimiento prestacional, aun cuando, no se
encuentran dentro de los taxativos de la Ley 62 de 1985, la
administración, la agregó al IBL al momento del reconocimiento
prestacional y, por lo tanto, no es objeto de discusión en esta
oportunidad, comoquiera que ello no fue solicitado.

Ahora, respecto a la bonificación pedagógica, si bien, no está
enlistada en la Ley 62 de 1985, por haberse creado posteriormente,
esto es, con el Decreto 2354 de 201812 si constituye factor
salarial por cuanto así lo dispuso el legislador; al respecto señaló:
[…]

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Sin embargo, dirá la Sala que si bien, sobre el mismo se realizaron
cotizaciones según formato único para la expedición de salarios
mes a mes, visible en el archivo 03 pág., 31 del expediente digital,
no se ordena su inclusión por cuanto escapa de la órbita de
competencia de esta instancia, comoquiera que las pretensiones13
van encaminada a la reliquidación pensional con la inclusión de
factores devengados en el último año anterior al cumplimiento del
status -20 de abril de 2017 a 21 de abril de 2018- y el pago de la
bonificación pedagógica se efectuó por fuera de ese año, pues
como lo advirtió la Agente del Ministerio Público, se canceló en el
mes de diciembre de 2018, lo que impide que se tome una decisión
respecto a la misma, tal como lo prevé el artículo 281 del CGP14.
Por consiguiente, se impone confirmar la sentencia impugnada.
[…]” (Negrillas pertenecen al texto)

De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL, para

adoptar su decisión, tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 25

de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de

Estado, en la que se determinó la interpretación que debe darse al

artículo 3° de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la

Ley 62 de 1985, en el sentido de señalar que para el ingreso base de

liquidación de la pensión de jubilación, sólo pueden incluirse los

factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron

aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

En este sentido, el TRIBUNAL sustentó su decisión en el alcance que

debe darse a la precitada disposición a partir del parágrafo transitorio

1, contenido del artículo 48, modificado por el inciso 6°, del artículo

1º del Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto dispuso que para la

liquidación de las pensiones sólo se podían tener en cuenta los

factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las

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respectivas cotizaciones y, como se indicó, su interpretación y

aplicación resulta conforme a la regla jurisprudencial vigente, fijada

en la sentencia de unificación 25 de abril de 2019.

Por lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente dejar sin

efectos la sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por

TRIBUNAL, toda vez que se fundamentó en la interpretación vigente

de las normas aplicables al caso concreto, conforme a las cuales los

factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de

liquidación para la pensión de jubilación son únicamente

aquellos sobre los cuales se hayan efectuado aportes o

cotizaciones al sistema de pensiones.

En consecuencia, para la Sala, el TRIBUNAL no incurrió en defecto

sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda

vez que al resolver el caso sub examine tuvo en cuenta la regla

jurisprudencial, consistente en determinar que en la liquidación de

la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes

de la vigencia de la Ley 812, como es el caso de la accionante, los

factores que se deben tener en cuenta al momento de la liquidación

son los enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, y sobre los

cuales se realizó aportes.

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Ahora, la Sala destaca que en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2018 de

25 de abril de 2019, la Sección Segunda del Consejo de Estado

estableció una regla aplicable en relación con la liquidación de las

pensiones bajo la interpretación del parágrafo transitorio 1 del Acto

Legislativo 01 de 2005, según el cual el régimen pensional de los

docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al

servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio

en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en

vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de

esta norma jurídica, esto es que para la liquidación de las pensiones

sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona

hubiere efectuado las cotizaciones.

Bajo tal óptica, el referido precedente del 25 de abril de 2019 de la

Sección Segunda del Consejo de Estado, resultaba aplicable al caso

en concreto ya que el mismo se gobierna, entre otros, por lo

preceptuado en el citado Acto Legislativo.

Ahora, en lo que tiene que ver con el defecto sustantivo por la

aplicación inapropiada de la Ley 812 de 2003, se observa que el

numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, establece:

“[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el
personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con

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posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas
y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido
gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas
vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de
enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y
sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con
las excepciones consagradas en esta Ley […]”.

Ahora bien, la norma jurídica prevista en el artículo 279 de la Ley

100 de 1993, dispone:

“[…] ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de
Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al
personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a
los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o
cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de
la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida. […]

PARÁGRAFO 4o. Las excepciones consagradas en el presente
artículo no implican negación de los beneficios y derechos
determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los
pensionados de los sectores aquí contemplados […]”.

Finalmente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, prevé:

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“[…] ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES
OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con
excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.

Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de
conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones
correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene
establecido el Fondo para tales efectos.

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones
establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La
distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones.

El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la
vigencia de la presente ley, será decretado por el Gobierno
Nacional, garantizando la equivalencia entre el Estatuto de
Profesionalización Docente establecido en el Decreto 1278 de 2002,
los beneficios prestacionales vigentes a la expedición de la presente
ley y la remuneración de los docentes actuales frente de lo que se
desprende de lo ordenado en el presente artículo.

El Gobierno Nacional buscará la manera más eficiente para
administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, para lo cual contratará estos servicios con
aplicación de los principios de celeridad, transparencia, economía
e igualdad, que permita seleccionar la entidad fiduciaria que
ofrezca y pacte las mejores condiciones de servicio, mercado,
solidez y seguridad financiera de conformidad con lo establecido en
el artículo 3o de la Ley 91 de 1989. En todo caso el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio se administrará en
subcuentas independientes, correspondiente a los recursos de
pensiones, cesantías y salud.

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El valor que correspondería al incremento en la cotización del
empleador por concepto de la aplicación de este artículo, será
financiado por recursos del Sistema General de Participaciones y
con los recursos que la Nación le transfiera inicialmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un monto
equivalente a la suma que resulte de la revisión del corte de
cuentas previsto en la Ley 91 de 1989 y hasta por el monto de
dicha deuda, sin detrimento de la obligación de la Nación por el
monto de la deuda de cesantías; posteriormente, con recursos del
Sistema General de Participaciones y con los recursos que le
entregará la Nación a las entidades territoriales para que puedan
cumplir con su obligación patronal […]”.

La Sala encuentra que lo que la actora pretende con la presente

acción de tutela es señalar que, de conformidad con las normas

jurídicas referidas, corresponde ordenar la reliquidación de su

pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados

en el último año de servicios.

No obstante, de la lectura de las referidas disposiciones legales no es

posible llegar a la conclusión que se pretende en tanto que las

mismas sí fueron tenidas en cuenta para proferir la decisión

controvertida, de manera que los precedentes jurisprudenciales le

resultan aplicables y no son contrarios a su interpretación.

En ese sentido, la Sala encuentra que para llegar a la conclusión

según la cual la actora sólo tenía derecho al reconocimiento de la

pensión con la inclusión de los factores salariales respecto de los

cuales había realizado aportes, la autoridad judicial demandada no

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dejó de aplicar la norma que correspondía, ni la aplicó de manera

indebida, irracional o arbitraria.

Lo anterior, por cuanto si bien de conformidad con la norma que se

dice desconocida, los docentes nacionalizados que figuren vinculados

hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones

económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han

venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las

normas vigentes y, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y su

Decreto Reglamentario núm. 2709 de 13 de diciembre de 199423 el

monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al

75% del salario base de liquidación, lo cierto es que la interpretación

de las referidas normas no contraría lo señalado en las reglas

jurisprudenciales analizadas supra según las cuales en la

liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los

docentes los factores que se deben tener en cuenta son solo

aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos

aportes.

De esta manera, la Sala infiere que la autoridad demanda no

incurrió en un defecto sustantivo, conclusión que coincide con la

decisión de la Corte Constitucional en sentencia T-297 de 6 de agosto

23
“Por el cual se reglamenta el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988”.

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202024 y en la que precisó que el problema de derecho sometido a

consideración de los Tribunales accionados, alusivo a la posibilidad o

no de incluir en el IBL factores salariales sobre los que no se hubieren

efectuado cotizaciones, guarda semejanza con uno de los aspectos

estudiados en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-

395 de 201725 y, por lo tanto, su aplicación a los casos concretos era

razonable y que, la decisión del 28 de agosto de 2018 solamente

exoneró a los docentes oficiales de la aplicación del régimen de

transición de la Ley 100 de 1993, así como de la primera subregla

jurisprudencial adoptada en el fallo de unificación relativa al marco

temporal para establecer el monto de la mesada pensional; empero,

de ninguna manera dispuso la inaplicación de la regla segunda

concerniente a la imposibilidad de incorporar en el IBL los factores

sobre los que no se hubieren efectuado cotizaciones.

Igualmente, las anteriores consideraciones concuerdan con las

expuestas por esta Sala en sentencias de 20 de noviembre26, 3 de

24
Corte Constitucional, Sentencia T-297 de 6 de agosto de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
25
En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-631
de 2017, SU-023, SU-068 y SU-114 de 2018, T-078 de 2014, T-494, T-643 y T-661 de 2017, T-039,
T-328 y T-368 de 2018, entre otras.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2020-04512-00(AC).

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diciembre de 202027 y 11 de marzo de 202128, en las que se

estableció que no era procedente acceder a las pretensiones

invocadas en sede de tutela en virtud de las reglas jurisprudenciales

fijadas por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia de

unificación de 28 de agosto de 2018.

En ese orden de ideas, en la medida que, la autoridad judicial

accionada no incurrió en los defectos alegados por la actora y, que

no se evidenció vulneración alguna a los derechos deprecados en lo

que respecta a los demás argumentos, la Sala denegará el amparo

constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
diciembre de 2020, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-
2020-04512-00(AC).
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
marzo de 2021, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-00777-00(AC).

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la SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de septiembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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