Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04814-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04814-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04814-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04814-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR,
SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS ENDILGADOS.
PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE POR APORTES. INGRESO BASE
DE LIQUIDACIÓN. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO,
MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora
contra la sentencia de 20 de octubre de 2022, mediante la cual la
SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1, declaró
improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
1
En adelante la Sección Cuarta.
2
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 04814 01
Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerados por el
JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ2 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3, al proferir
las sentencias de 28 de octubre de 2021 y 26 mayo de 2022,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001-33-35-018-2021-00070-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que laboró como docente al servicio del Estado, vinculada
al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO4 desde el 28 de enero de 1992.
2
En adelante el Juzgado
3
En adelante la Sección Segunda.
4
En adelante el Fomag.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 04814 01
Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
Sostuvo que mediante la Resolución núm.8482 de 27 de agosto de
2018, el FOMAG reconoció y ordenó el pago de su pensión de
jubilación a partir del 12 de diciembre de 2017.
Adujo que presentó solicitud ante el FOMAG, a fin de que se le
reconociera y pagara la totalidad de los factores salariales
devengados al momento del retiro definitivo del servicio, además de
aquellos factores a los que no se les hubiese realizado los descuentos
de seguridad social.
Arguyó que mediante la Resolución núm. 2820 de 27 de mayo de
2020, el FOMAG negó el ajuste de la reliquidación y omitió la
inclusión de los factores solicitados.
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el FOMAG, a fin de que se le ordenara el reajuste de
la liquidación de la pensión de jubilación teniendo en cuenta todos
los factores salariales devengados.
Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 11001-33-35-018-2021-00070-01 y le correspondió por
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 04814 01
Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
reparto al JUZGADO que, en sentencia de 28 de octubre de 2021,
denegó las pretensiones.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 26 de mayo de 2022,
confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que las providencias emitidas por las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defecto material o sustantivo, al
efectuar una interpretación inapropiada de la Ley 812 de 2003.
Señaló que las decisiones judiciales cuestionadas revisten una vía de
hecho que vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto debió
optarse por la norma más favorable al trabajador o sus beneficiarios.
Igualmente, sostuvo que las decisiones incurrieron en
desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en
las sentencias de 4 de agosto de 2010 y 9 de abril de 2014 proferidas
por la Sección Segunda de esta Corporación, en las que se efectuó
un estudio jurídico acerca de la inclusión de todos los factores
devengados.
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] “PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos
axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente
solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
SEGUNDA SUBSECCION "D" de fecha 26 de Mayo del 2022,
mediante la cual CONFIRMA la sentencia, del Circuito Judicial de
Bogotá - Sección Segunda la cual NEGO LA RELIQUIDACION
PENSIONAL.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito
respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN "D" a proferir sentencia de fondo
ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión de la señora CONSUELO
RINCON ALVAREZ, incluyendo TODOS los factores salariales
devengados en especial LA PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE
SERVICIOS Y PRIMA ESPECIAL.
TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al
sistema de seguridad social de los factores salariales que se
tengan en cuenta para liquidar el IBL, sobre las cuales no se
efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad
social.
CUARTO: Que se condene en costas a las entidades demandadas
de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
QUINTO; Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso
oficiar al Juzgado Dieciocho (18) Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda para que allegue
en su integralidad: 11001-33-35-018-2021-00070-01 en dado
caso de que el expediente administrativo haya sido devuelto al
juzgado de origen […]”.
I.5.- Defensa
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
I.5.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno
frente al objeto de la acción de tutela.
I.5.2.- La SECCIÓN SEGUNDA indicó que no se configuró ninguno
de los defectos indicados, por cuanto en la decisión se concluyó que
la actora es beneficiaria del régimen pensional consagrado en las
leyes 33 y 62 de 1985, por cuanto se vinculó al servicio antes del 26
de junio de 2003.
Igualmente, consideró que para la liquidación de la pensión de la
actora debían tenerse en cuenta los factores sobre los que se efectuó
aportes a seguridad social y, teniendo en cuenta que las primas de
servicio, de navidad y la especial no se encontraban taxativamente
señaladas en la norma, no era procedente la inclusión de las mismas,
tal y como lo señaló en la decisión cuestionada.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN solicitó su
desvinculación de la acción de tutela, por cuanto no es responsable
de la conducta cuya omisión genera la presunta vulneración.
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
Aseguró que no tiene competencia para pronunciarse acerca de los
hechos y pretensiones de la demanda de tutela, pues el conflicto se
circunscribe a las actuaciones judiciales proferidas dentro del marco
de un proceso judicial en el que no tiene injerencia.
I.6.2.- La FIDUPREVISORA S.A. vinculada en calidad de tercera
con interés directo en las resultas de la acción, presentó informe en
calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del
FOMAG.
Solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo y su
desvinculación de la presente acción de tutela por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 20 de octubre de 2022, la SECCIÓN CUARTA
declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró
satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.
Para tal efecto, sostuvo que la acción de tutela se empleó como una
instancia adicional, por cuanto los argumentos del escrito de tutela
constituyeron una reproducción casi literal de la demanda formulada
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en la instancia ordinaria.
Resaltó que el juez de segundo grado explicó razonadamente y de
acuerdo con la postura actual del Consejo de Estado, que para
realizar el cálculo del ingreso base de liquidación sólo deben tenerse
en cuenta los factores sobre los cuales se efectuaron los aportes al
sistema de seguridad social.
Finalmente, concluyó que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto los reproches presentados en el escrito de
tutela son una reproducción de los cargos presentados en el medio
de control objeto de análisis.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar
que la tesis adoptada en la Sentencia de Unificación de 4 de agosto
de 2010 proferida por el Consejo de Estado, parte de las normas que
regulan las pensiones de los empleados públicos y no señalan en
forma taxativa los factores que conforman la base de liquidación
pensional lo que no impide la inclusión de otros conceptos
devengados habitualmente por el trabajador y que hacen parte de su
salario.
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
Insistió en que en su situación particular no se tuvo en cuenta el
principio de favorabilidad respecto de las sentencias de unificación
de 4 de agosto de 2010 y de 9 de abril de 2014, pues, a su juicio,
[…] es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen
salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera
habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé e
independientemente si se realizaron cotizaciones sobre dichos
factores […].
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la
FIDUPREVISORA S.A., formularon petición de desvinculación en la
presente acción de tutela.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Ahora bien, la Sala advierte que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
y la FIDUPREVISORA S.A., actuaron como parte demandada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 11001-33-35-018-
2021-00070-01, objeto del presente estudio, por lo que a dichas
entidades, en calidad de terceras, les asiste interés en la decisión de
la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará
la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
dejen sin efecto las sentencias de 28 de octubre de 2021 y 26
mayo de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 11001-
33-35-018-2021-00070-01.
A las citadas providencias la actora atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
Los disensos de la actora radican en que las decisiones adolecen del
defecto material o sustantivo, al efectuar una interpretación
inapropiada de la Ley 812 de 2003.
Señaló que la decisión judicial cuestionada reviste una vía de hecho
que vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto debió optarse
por la norma más favorable al trabajador o sus beneficiarios.
Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en el desconocimiento
del precedente jurisprudencial establecido en las sentencias
proferidas por la sección segunda de esta Corporación los días 4 de
agosto de 2010 y 9 de abril de 2014, en las que se efectuó un estudio
jurídico acerca de la inclusión de todos los factores devengados.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 20 de octubre de
2022, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que
no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional.
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia y aseguró que en su situación
particular no se tuvo en cuenta el principio de favorabilidad respecto
de las sentencias de unificación de 4 de agosto de 2010 y de 9 de
abril de 2014, pues, a su juicio, es válido tener en cuenta todos los
factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe
el trabajador de manera habitual y periódica.
Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 28 de octubre de 2021 proferida
por el JUZGADO, como la dictada el 26 mayo de 2022 por el
TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados a la sentencia
proferida por el ad quem, toda vez que fue esta la que dio por
terminado el proceso.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si en el presente caso se
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el
TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los
defectos endilgados.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
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de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión
cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las
causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y
ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,
ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable5 y, por
último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman
lesionados.
Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala hará mención al marco jurídico de los defectos
alegados, para posteriormente analizar los reproches de la actora de
forma conjunta.
Del defecto sustantivo
La Corte Constitucional6 ha precisado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente
5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 20097, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional8 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
7
M.P Mauricio González Cuervo.
8
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Desconocimiento del precedente judicial
Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del
precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el
poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla
general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
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que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente9”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial10.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)11.
9
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
10
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
11
Ver sentencia T-292 de 2006.
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Ahora bien, corresponde determinar si el TRIBUNAL incurrió en los
defectos endilgados, para lo cual realizará el siguiente análisis i)
protección de la seguridad social en el ordenamiento interno, ii)
desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación de las
pensiones, iii) Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 28 de agosto
de 2018 y; iv) análisis del caso concreto.
Protección de la seguridad social en el ordenamiento interno
En el ordenamiento interno, el Sistema de Seguridad Social es el
conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de los que
disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del
territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la
integración de la comunidad12 y cuyo objeto es garantizar los
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener
la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la
protección de las contingencias que la afecten.
12
Preámbulo de la Ley 100.
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Para efectos del cumplimiento de estos fines, el ordenamiento
permitió la existencia de diversos regímenes que posteriormente
fueron unificados con la entrada en vigencia de la Ley 100.
Asimismo, vale la pena resaltar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado13 para garantizar los derechos
adquiridos de las personas que pertenecían a los regímenes
especiales anteriores, sentó jurisprudencia y consideró que: i) el
artículo 36, inciso 3°, excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que establecía el régimen general de pensiones
anterior a dicha ley, y ii) que solo deben incorporarse aquellos
factores sobre los cuales se hayan realizado los aportes al sistema
de seguridad social, variando de esta forma la posición asumida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 4 de
agosto de 201014.
Desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de
Liquidación de las pensiones
En ese entendido, la sentencia proferida el 4 de agosto de 201015
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 2012-00143-01.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto
de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 2006-07509-01.
15
Proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2006-07509-01.
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por la Sección Segunda del Consejo de Estado al referirse a la
determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de
jubilación incluidas en el régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100, precisó que: i) debían ser reconocidas con el 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicio,
siempre que prestara o hubiere prestado 20 años continuos o
discontinuos de servicios y tuviera 55 años de edad y ii) con base en
todos los factores salariales efectivamente devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que estas
no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, ello, en los términos de la Ley 33 de
1985.
Lo anterior implicaba que, para determinar los requisitos de edad,
tiempo de servicios y monto de la pensión de los beneficiarios del
régimen de transición, se debía observar la normativa del régimen
que le aplicaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, sin que
pudiera acudirse a disposiciones distintas, en consonancia con el
principio de inescindibilidad16 de la norma.
16
De conformidad por lo establecido por la Corte Constitucional, en sentencia T-832 A de 2013, el
principio de inescindibilidad de la norma, establece que ésta debe “[…] aplicarse de manera íntegra en
su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o
fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones
jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido […]”.
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Esta tesis fue reiterada en sentencia de unificación de 25 de febrero
de 201617, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del expediente identificado con el número único de
radicación 2013-01541-01.
Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto
de 2018, en los términos del artículo 271 del CPACA, sentó
jurisprudencia y fijó las siguientes reglas y subreglas sobre: i) el
ingreso base de liquidación establecido para el régimen de transición
de las personas que cuentan con un régimen pensional especial y ii)
de los factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación. Textualmente, señaló:
“[…] 84. Planteadas así las tesis sobre el IBL aplicable en el régimen
de transición, la Sala advierte que el aspecto que ha suscitado
controversia es el periodo que se toma en cuenta al promediar el
ingreso base para fijar el monto pensional, pues el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985 preveía como IBL el “salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio”,
mientras que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
17
Es importante resaltar que la sentencia de 25 de febrero de 2016 fue dejada sin efectos por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016, y, en cumplimiento a
esta última, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
profirió sentencia el 9 de febrero de 2017, la cual será explicada en esta providencia.
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establece que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos
de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Es
decir, mientras el régimen general de pensiones de la Ley 33 de
1985 establece el último año de servicios, el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año
dependiendo de la situación particular de la persona que está
próxima a consolidar su derecho pensional.
85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma.
86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes
para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos
y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este
caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de
configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la
finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como
manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del
Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el
periodo de transición abarcaría varias décadas18.
88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las
condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese
cambio no resulte traumático o desafortunado para aquellas
personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho
pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir
tal derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se
pensionarían en las condiciones que los cobijaban.
18
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el
31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los
beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al
momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo.
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89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en
poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la
confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a
pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del
todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en
el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento
de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para
adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición
que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el
nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo
las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en
un corto periodo de tiempo.
90. En el caso de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso conciliar
la finalidad que motivó la reforma, con la protección frente al
impacto que el tránsito legislativo iba a generar, estableciendo un
régimen de transición especial para el grupo de personas a las que
ya se ha hecho referencia; régimen distinto tanto del anterior como
del nuevo, con unas reglas que conservaban los requisitos del
régimen anterior, pero con un elemento particular, concretamente,
el periodo que se iría a tener en cuenta para fijar el monto de la
mesada pensional; periodo que no es otro que el previsto en el
inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 199319,
así:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
Consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que
debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36
contiene todos los elementos y condiciones para que las personas
beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión
de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL
19
Aplicable en virtud del inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que dispone que las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por
las disposiciones contenidas en la presente Ley.
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previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación
ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El
reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a
cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un
verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema
General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en
la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y
para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado
anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que
se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el
periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE. […]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
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Sistema de Pensiones.
97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución
Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los
principios fundamentales del Estado Social de Derecho.
98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social
como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley
100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la
mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del
más fuerte hacia el más débil”.
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al
artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el
régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el
aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial
en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual
se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas
de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección
Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no
señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad
en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue
una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y
alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para
esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del
legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó
los factores que conforman la base de liquidación pensional y a
ellos es que se debe limitar dicha base.
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102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que
el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado
los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la
garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de
habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el
Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de
universalidad y eficiencia.
103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que
la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme
a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la
debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita
debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado
y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema […] (Se
resalta).
De lo anterior se colige que:
El ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100, hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la
Ley 33 de 1985. En esa medida, fijó como subreglas las siguientes:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a
la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
(ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación
será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
De acuerdo con la interpretación fijada por el Consejo de Estado, en
la segunda subregla establecida en la precitada sentencia de
unificación, “[…] en el régimen general de pensiones, previsto
en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya
realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional
[…]”, subregla que, en tanto fija el sentido y alcance del artículo 3º
de la Ley 33 de 1985, se aplica a los beneficiarios del régimen de
transición.
Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló
que la citada sentencia de unificación tiene características de
permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio,
señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron se aplican
a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y dan
prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social.
Es de mencionar que la Sala Plena de esta Corporación, en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, excluyó la
aplicación de la primera regla hermenéutica20 a los educadores
oficiales vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, sin embargo, ello no aconteció respecto de la segunda.
Siendo ello así, de manera pacífica, esta Sección ha venido reiterando
que este segundo criterio tiene plena aplicación al régimen
excepcional de los docentes21.
Precisamente, la segunda subregla se refiere a los alcances
interpretativos del artículo 3º de la Ley 33 de 1985 que se aplica
tanto a los docentes como a los beneficiarios del régimen de
transición. Así, la citada subregla es del siguiente tenor: “[…] en el
20
“[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación
será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento
de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. […]”.
21
A modo de ejemplo se citan las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia
de 19 de diciembre de 2018, Ponente: Oswaldo Giraldo López (11001-03-15-000-2018-03110-01 AC)
/ sentencia de 20 de noviembre de 2018, Ponente: Hernando Sánchez Sánchez (11001-03-15-000-
2018-03012-01 AC) / Sentencia de 19 de noviembre de 2018, Ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo
los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la
mesada pensional […]”.
Así mismo, en sentencia de unificación jurisprudencial, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019 22,
se establecieron las siguientes reglas jurisprudenciales sobre el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al señalarse que:
“[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo
01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos
regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación
al servicio educativo oficial de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
de 25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación
680012333000201500569-01.
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b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]”.
En ese orden de ideas, para determinar el ingreso base de liquidación
de la pensión de jubilación de los docentes, solo pueden incluirse los
factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron
aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
Finalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la
citada sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos con
características de permanencia, identidad y carácter vinculante y
obligatorio, señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron
se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad
Social.
Análisis del caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
se debe examinar lo decidido en la providencia de 26 de mayo de
2022 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se
indicó lo siguiente:
[…] 4. DECISIÓN DEL CASO.
4.1 Reliquidación de la pensión de jubilación.
La señora Consuelo Rincón Álvarez, prestó sus servicios como
docente en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.; cotizó a la
Caja de Previsión Social del Distrito, desde el 28 de enero hasta el
30 de noviembre de 1992, y posteriormente, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, desde el 8 de febrero de
1993 hasta el 1° de abril de 2018, fecha del retiro por renuncia,
según el formato único para expedición de certificado de historia
laboral (Archivo No. 8 del expediente digital, págs. 12 - 13).
En ese sentido, la demandante en materia de liquidación pensional
es beneficiaria de las normas aplicables al Magisterio, contenidas
en las disposiciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, por cuanto se vinculó al servicio docente antes del
26 de junio de 20032, por lo tanto, el régimen pensional aplicable
a la actora es el consagrado en las Leyes 33 y 62 de 1985.
La actora NACIÓ el 11 de diciembre de 1962 (Archivo No. 02
del expediente digital, pág. 9), por ende, cumplió los 55 años de
edad el 11 de diciembre de 2017, fecha en que adquirió el
status de pensionado, toda vez que los 20 años de servicio los
había cumplido con anterioridad.
En virtud de lo anterior, mediante la Resolución No. 8482 del 27
de agosto de 2018, el FONPRERMAG a través de la Secretaría de
Educación del Distrito le reconoció a la demandante una pensión
de jubilación, teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicios anterior al status, e incluyó
en el IBL asignación básica, bonificación decreto y prima de
vacaciones, efectiva a partir del 12 de diciembre de 2017
(Archivo No. 2 del expediente digital, págs. 5 - 7).
Posteriormente, mediante la Resolución No. 2820 del 27 de
mayo de 2020 (Archivo No. 2 del expediente digital, págs. 19 -
22), el FONPRERMAG a través de la Secretaría de Educación del
Distrito negó la solicitud de reliquidación pensional con la inclusión
en el IBL de la prima especial, prima de servicios y la prima
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de navidad, y negó el reintegro y suspensión de los descuentos
efectuados por concepto de seguridad social en salud.
En el expediente, obra certificado de salarios para el año
anterior al cumplimiento del status pensional, es decir, del 11 de
diciembre de 2016 al 11 de diciembre de 2017, de los cuales
se puede constatar lo devengado por la actora así: asignación
básica, bonificación decreto, prima especial, prima de
servicio, prima de navidad y prima de vacaciones (Archivo No.
8 del expediente digital, pág. 11), es decir, que la entidad en el
reconocimiento de la pensión dejó por fuera la prima especial,
prima de servicio y prima de navidad.
No obstante, considera la Sala, que en el presente caso se debe
dar aplicación a la Sentencia de Unificación de 25 de abril de
2019, del Consejo de Estado, según la cual, en el Ingreso Base de
Liquidación, únicamente se deben tener en cuenta aquellos
factores sobre los que se hayan efectuado aportes o cotizaciones
de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Así las cosas, se observa que el artículo 3º de la Ley 33/85, que
fue modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año, enlistó
los factores salariales con los cuales se debe conformar el ingreso
base de liquidación. Al efecto dispuso: […]
Para la Sala, no es viable acceder a la reliquidación pensional
solicitada, toda vez que los factores de prima especial, prima de
servicios y prima de navidad, pese a que fueron devengados en
el último año anterior al cumplimiento del status pensional, no se
encuentra taxativamente señalados en la norma, ni sobre
estos se demostró que se hubieran realizado cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social, aunado a que en cuanto
a la prima de servicios, cabe anotar que el Decreto 1545 de 2013,3
no la creó como factor para efectos de liquidar la pensión. […]”
(Negrillas pertenecen al texto)
De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL, para
adoptar su decisión, tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 25
de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la que se determinó la interpretación que debe darse al
artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la
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Ley 62 de 1985, en el sentido de señalar que para el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación, solo pueden incluirse los
factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron
aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
En este sentido, el TRIBUNAL sustentó su decisión en el alcance que
debe darse a la precitada disposición, en tanto dispuso que para la
liquidación de las pensiones sólo se podían tener en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
respectivas cotizaciones y, como se indicó, su interpretación y
aplicación resulta conforme a la regla jurisprudencial vigente, fijada
en la sentencia de unificación 25 de abril de 2019.
Por lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente dejar sin
efectos la sentencia de 26 de mayo de 2022, proferida por
TRIBUNAL, toda vez que se fundamentó en la interpretación vigente
de las normas aplicables al caso concreto, conforme a las cuales los
factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación para la pensión de jubilación son únicamente aquellos
sobre los cuales se hayan efectuado aportes o cotizaciones al sistema
de pensiones.
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En consecuencia, para la Sala, el TRIBUNAL no incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda
vez que al resolver el caso sub examine, tuvo en cuenta la regla
jurisprudencial consistente en determinar que en la liquidación de
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812, como es el caso de la accionante, por
lo que los factores que se debieron tener en cuenta al momento de
la liquidación son los enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985,
y sobre los cuales se realizó aportes.
Ahora, la Sala destaca que en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2018 de
25 de abril de 2019, la Sección Segunda del Consejo de Estado
estableció una regla aplicable en relación con la liquidación de las
pensiones bajo la interpretación del parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005, según el cual el régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta norma jurídica, esto es que para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.
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Bajo tal óptica, el referido precedente del 25 de abril de 2019 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, resultaba aplicable al caso
en concreto ya que el mismo se gobierna, entre otros, por lo
preceptuado en el citado Acto Legislativo.
Ahora, en lo que tiene que ver con el defecto sustantivo por la
aplicación inapropiada de la Ley 812 de 2003, se observa que el
numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, establece:
“[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el
personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas
y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido
gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas
vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de
enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y
sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con
las excepciones consagradas en esta Ley […]”.
Ahora bien, la norma jurídica prevista en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, dispone:
“[…] ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de
Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al
personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
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aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a
los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o
cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de
la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida. […]
PARÁGRAFO 4o. Las excepciones consagradas en el presente
artículo no implican negación de los beneficios y derechos
determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los
pensionados de los sectores aquí contemplados […]”.
Finalmente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, prevé:
“[…] ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES
OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con
excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de
conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones
correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene
establecido el Fondo para tales efectos.
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones
establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La
distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo
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Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones.
El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la
vigencia de la presente ley, será decretado por el Gobierno
Nacional, garantizando la equivalencia entre el Estatuto de
Profesionalización Docente establecido en el Decreto 1278 de 2002,
los beneficios prestacionales vigentes a la expedición de la presente
ley y la remuneración de los docentes actuales frente de lo que se
desprende de lo ordenado en el presente artículo.
El Gobierno Nacional buscará la manera más eficiente para
administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, para lo cual contratará estos servicios con
aplicación de los principios de celeridad, transparencia, economía
e igualdad, que permita seleccionar la entidad fiduciaria que
ofrezca y pacte las mejores condiciones de servicio, mercado,
solidez y seguridad financiera de conformidad con lo establecido en
el artículo 3o de la Ley 91 de 1989. En todo caso el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio se administrará en
subcuentas independientes, correspondiente a los recursos de
pensiones, cesantías y salud.
El valor que correspondería al incremento en la cotización del
empleador por concepto de la aplicación de este artículo, será
financiado por recursos del Sistema General de Participaciones y
con los recursos que la Nación le transfiera inicialmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un monto
equivalente a la suma que resulte de la revisión del corte de
cuentas previsto en la Ley 91 de 1989 y hasta por el monto de
dicha deuda, sin detrimento de la obligación de la Nación por el
monto de la deuda de cesantías; posteriormente, con recursos del
Sistema General de Participaciones y con los recursos que le
entregará la Nación a las entidades territoriales para que puedan
cumplir con su obligación patronal […]”.
La Sala encuentra que lo que la actora pretende con la presente
acción de tutela es señalar que, de conformidad con las normas
jurídicas referidas, corresponde ordenar la reliquidación de su
pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios.
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No obstante, de la lectura de las referidas disposiciones legales no es
posible llegar a la conclusión que se pretende en tanto que las
mismas sí fueron tenidas en cuenta para proferir la decisión
controvertida, de manera que los precedentes jurisprudenciales le
resultan aplicables y no son contrarios a su interpretación.
En ese sentido, la Sala encuentra que para llegar a la conclusión
según la cual la actora sólo tenía derecho al reconocimiento de la
pensión con la inclusión de los factores salariales respecto de los
cuales había realizado aportes, la autoridad judicial demandada no
dejó de aplicar la norma que correspondía, ni la aplicó de manera
indebida, irracional o arbitraria.
Lo anterior, por cuanto si bien de conformidad con la norma que se
dice desconocida, los docentes nacionalizados que figuren vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones
económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han
venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes y, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y su
Decreto Reglamentario núm. 2709 de 13 de diciembre de 199423 el
monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al
75% del salario base de liquidación, lo cierto es que la interpretación
23
“Por el cual se reglamenta el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988”.
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de las referidas normas no contraría lo señalado en las reglas
jurisprudenciales analizadas supra según las cuales en la liquidación
de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes los factores que
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes.
De esta manera, la Sala infiere que la autoridad demanda no
incurrió en un defecto sustantivo, esta conclusión coincide con la
decisión de la Corte Constitucional en sentencia T-297 de 6 de agosto
202024 y en la que precisó que el problema de derecho sometido a
consideración de los Tribunales accionados, alusivo a la posibilidad o
no de incluir en el IBL factores salariales sobre los que no se hubieren
efectuado cotizaciones, guarda semejanza con uno de los aspectos
estudiados en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-
395 de 201725 y, por lo tanto, su aplicación a los casos concretos era
razonable y que, la decisión del 28 de agosto de 2018 solamente
exoneró a los docentes oficiales de la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, así como de la primera subregla
jurisprudencial adoptada en el fallo de unificación relativa al marco
temporal para establecer el monto de la mesada pensional; empero,
de ninguna manera dispuso la inaplicación de la regla segunda
24
Corte Constitucional, Sentencia T-297 de 6 de agosto de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
25
En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-631
de 2017, SU-023, SU-068 y SU-114 de 2018, T-078 de 2014, T-494, T-643 y T-661 de 2017, T-039,
T-328 y T-368 de 2018, entre otras.
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Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
concerniente a la imposibilidad de incorporar en el IBL los factores
sobre los que no se hubieren efectuado cotizaciones.
Igualmente, las anteriores consideraciones concuerdan con las
expuestas por la Sala en sentencias de 20 de noviembre 26, 3 de
diciembre de 202027 y 11 de marzo de 202128, en las que se
estableció que no era procedente acceder a las pretensiones
invocadas en sede de tutela en virtud de las reglas jurisprudenciales
fijadas por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018.
En ese orden de ideas, en la medida que, la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos alegados y, que no se evidenció
vulneración alguna a los derechos deprecados, la Sala revocará la
decisión de primera instancia y, en su lugar, denegará el amparo
solicitado, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2020-04512-00(AC).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
diciembre de 2020, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-
2020-04512-00(AC).
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo
de 2021, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00777-
00(AC).
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45
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 04814 01
Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN y la FIDUPREVISORA S.A., por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
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46
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 04814 01
Actora: CONSUELO RINCÓN ÁLVAREZ
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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