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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04819-01

Fecha
12 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04819-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 7 de octubre de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04819-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

12 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04819-01

Demandante: JAIME CAYCEDO GÓMEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Jaime Caycedo Gómez
contra la sentencia del 7 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 6 de septiembre de la presente anualidad1, el señor Jaime Caycedo Gómez
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a los «derechos adquiridos» y al mínimo
vital2, con ocasión de la sentencia proferida el 13 de agosto de 2020, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-31-000-
2007-01309-01. Formuló las siguientes pretensiones (se transcribe textualmente):

1 Se advierte que, el 30 de noviembre de 2022, el expediente ingresó al Despacho de la
magistrada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 El accionante también consideró desconocido el principio de buena fe.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04819-01
Demandante: Jaime Caycedo Gómez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
al mínimo vital, a los derechos adquiridos y la buena fe y, en consecuencia,
dejar sin efecto la providencia judicial proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:

La Caja de Previsión Social del Departamento del Valle del Cauca, por medio de la
resolución 3279 del 30 de agosto de 1984, reconoció y ordenó el pago de la
pensión de vejez a favor del señor Jaime Caycedo Gómez.

El señor Caycedo Gómez fue elegido representante a la Cámara por el
Departamento del Valle del Cauca, para el periodo 1986-1990, y, a pesar de haber
sido reelegido, terminó su periodo como congresista en 1991.

En escrito del 28 de junio de 1996, por medio de apoderado judicial, solicitó la
reliquidación de su pensión con base en la Ley 4ª de 1992 y en los Decretos 1359
de 1993 y 1293 de 1994, es decir, sobre el 75% sobre los ingresos devengados
durante su ejercicio parlamentario.

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —en adelante
Fonprecon—, mediante resolución 1078 de 1996, ordenó reliquidar la pensión del
señor Caycedo Gómez en un 75 % sobre los ingresos percibidos por un
congresista durante el año 1994.

Posteriormente, con fundamento en la sentencia T-463 de 1995, el accionante
solicitó que en el cálculo de la pensión también se incluyeran los años 1992 y
1993. En consecuencia, Fonprecon, por medio de la Resolución 93 del 3 de marzo
de 1997, accedió a dicha petición y, mediante la Resolución 293 del 26 de mayo
siguiente, la entidad dispuso mantener la liquidación del monto pensional en el
porcentaje reconocido en los actos anteriores.

Años más tarde, Fonprecon instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las Resoluciones 1078 de 1996 y 0093 de 1997, por considerar
que había incurrido en un error de interpretación legal al reliquidar la pensión de
jubilación del señor Caycedo Gómez, sumado al detrimento patrimonial que dichos
actos administrativos le ocasionaban al Estado Colombiano.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04819-01
Demandante: Jaime Caycedo Gómez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y, como consecuencia, ordenó que se reajustara la
pensión en un monto del 50%, al tiempo que precisó que no habría lugar a ordenar
el reintegro de lo recibido en exceso. Como sustento de la decisión, señaló que el
congresista ocupó la curul hasta el 30 de noviembre de 1991, esto es, antes de
que entrara en vigor la Ley 4ª de 1992, por lo que su derecho quedó limitado al
reajuste previsto en los Decretos vigentes para la época.

Inconforme con la anterior decisión, el señor Caycedo Gómez interpuso recurso de
apelación, por considerar, entre otras, que el Tribunal ignoró lo señalado en el acto
legislativo 1 de 2005, que prevé que por ningún motivo podrá dejarse de pagar,
congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas. Alegó,
además, que, en virtud de los principios de igualdad y favorabilidad, la Ley 4ª de
1992 y el Decreto 1359 de 1993 sí le eran aplicables por su calidad de
excongresista.

Posteriormente, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de la sentencia del 13 de agosto del 2020, confirmó el fallo de primera
instancia con el siguiente argumento:

En efecto, si se traen al caso concreto las previsiones de los artículos 17
del Decreto 1359 de 1993 y 7 del Decreto 1293 de 1994, se encuentra que
el señor Jaime Caycedo Gómez (i) fue pensionado [ resoluciones 2379 de
1984, 3651 de 1988 y 2816 de 1989] y representante principal por la
circunscripción electoral del Valle del Cauca [ hasta el 30 de noviembre de
1991] con anterior a la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 (18 de mayo
de 1992), y (iii) fue objeto de un reajuste especial ilegal , por cuanto (a) no
atendió el porcentaje que correspondía (50%), sino uno mayor (75%), y (c)
no se reconoció exclusivamente a partir del 1 de enero de 1994, sino que
se extendió a una anualidad anterior.

En providencia de 28 de enero de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda
de esta Corporación negó la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia,
porque (i) no cuestionó imprecisiones o dudas en la referida providencia, solo
mencionó que supuestamente existen yerros gramaticales, con el objeto de
cambiar el análisis efectuado respecto de la caducidad, y (ii) tampoco hizo
referencia a asuntos que hubieran quedado sin resolver.

Contra la anterior providencia el señor Caycedo Gómez interpuso recurso de
reposición, en el que insistió en la modificación del análisis de caducidad, dada la
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Demandante: Jaime Caycedo Gómez
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Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

indebida interpretación del artículo 136 C.C.A. Luego, en auto del 3 de marzo de
2022, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado rechazó el
recurso por improcedente.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora considera que, en la sentencia del 13 de agosto de 2020, la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, por interpretación
indebida del numeral 7º del artículo 136 del C.C.A., toda vez que la excepción allí
prevista a la aplicación de la caducidad para los casos de prestaciones periódicas
se circunscribe a los actos que la reconocen, mas no a aquellos que disponen su
reajuste, como erradamente lo entendió la Sección Segunda del Consejo de
Estado. De ahí que, en relación con la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho —lesividad— instaurada por Fonprecon, debió acudirse al término de
caducidad de 2 años establecido como regla general.

Agregó que la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado ignoró los
parámetros jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en las sentencias
T-456 de 1994 y T-463 de 1995, en las que, según dijo, se le ordenó a Fonprecon
reliquidar las mesadas pensionales en el 75%, en consideración a que dicho
reajuste es un derecho adquirido y, por ende, no puede reducirse una vez
concedido.

Para finalizar, indicó que en el fallo atacado tampoco se analizó lo concerniente al
control de convencionalidad, cuya finalidad es asegurar la protección y el respeto
de los derechos humanos por parte de los Estados que han suscritos tratados
internacionales para su amparo.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 9 de septiembre de la presente anualidad, el magistrado
sustanciador del proceso en primera instancia admitió la presente acción de tutela
y ordenó que aquel se notificara a las partes y a los terceros con interés.
Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

2.2. El director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República manifestó que el accionante pretende convertir la acción de tutela en

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Demandante: Jaime Caycedo Gómez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

una tercera instancia, con el único fin de «perpetuar un monto ilegal del
reconocimiento pensional ilegal que devengó por más de 20 años sin tener
derecho a ello».

2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca precisó que los argumentos de
la sentencia censurada son claros y que, en todo caso, esta no vulneró los
derechos alegados, pues se ciñó al ordenamiento jurídico.

2.4. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, manifestó que la acción de tutela
se radicó el 6 de septiembre de 2022, mientras que el fallo cuestionado se notificó
por edicto el 13 de noviembre de 2020; por tanto, no cumple con el requisito de
inmediatez.

3. Fallo impugnado

En sentencia del 7 de octubre de 2022, la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Jaime
Caycedo Gómez, por incumplimiento del requisito de inmediatez. Al respecto,
indicó que la providencia cuestionada se dictó el 13 de agosto de 2020 y,
posteriormente, la autoridad judicial accionada profirió el auto del 28 de enero de
2021 —notificado por correo electrónico el 4 de agosto de 2021—, mediante el
cual negó la solicitud de aclaración y/o adición.

Por lo anterior, la sentencia atacada cobró ejecutoria el 5 de agosto siguiente, de
modo que el término de los 6 meses estuvo vigente hasta el 5 de febrero de 2022;
sin embargo, la solicitud de amparo se interpuso el 6 de septiembre de 2022, esto
es, por fuera del término razonable para ejercer la acción de tutela contra
providencias judiciales.

4. Impugnación

La parte demandante impugnó el fallo de tutela, para lo cual expuso los siguientes
argumentos (se transcriben textualmente):

[L]a constancia expedida por la Secretaría del Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, expresa, claramente, que
la sentencia quedó ejecutoriada el 28 de mayo de 2022, lo cual ampara mi
derecho de acceso a la justicia que estoy ejerciendo en este caso, en
consonancia con los principios de seguridad jurídica, legalidad, buena fe y

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Demandante: Jaime Caycedo Gómez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

confianza legitima. Así las cosas, se tiene que la solicitud de tutela se
presentó de manera oportuna, por lo que acusarla de estar afectada por
causal de inmediatez resulta contraevidente.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20123, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

3Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos4, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de

4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04819-01
Demandante: Jaime Caycedo Gómez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si confirma, revoca o modifica el fallo de primera
instancia, dictado por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado,
mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Jaime Caycedo Gómez contra la Sección Segunda, Subsección A, de esta
Corporación, por considerar que no cumplió el requisito de inmediatez.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es
la inmediatez con que se interponga la acción de tutela. Con base en este
requisito, se debe acreditar que la tutela contra una providencia judicial se
interpuso en un plazo razonable.

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de
terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar
su amparo.

Para la Corte Constitucional, esta condición de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es razonable, pues «de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04819-01
Demandante: Jaime Caycedo Gómez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Además, como lo señaló la misma Corporación, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable»; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al
impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene
el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos».

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».

Para esta Subsección5, se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar el término de 6 meses desde la ejecutoria de la decisión6 en los casos
que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería
una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una
solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes, pues
los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en
principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos
denominados como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del
accionante7.

5
En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
6
El artículo 331 del C.P.C. (norma aplicable) establecía: «Las providencias quedan ejecutoriadas y
son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida
aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez
ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de
surtida esta».
7
Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
10

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del
actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de
forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o
falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo
represente una serie afectación a la seguridad jurídica8.

Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que
se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la
originó es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la
especial situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de
acudir al juez9.

3.1.2 Análisis de la inmediatez en el caso concreto

El señor Jaime Caycedo Gómez alegó que la autoridad judicial accionada vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo
vital y a los «derechos adquiridos», con ocasión de la sentencia proferida el 13 de
agosto de 2020, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-23-31-000-2007-01309-00.

De entrada, al igual que el a quo, la Sala advierte que la solicitud de amparo
deviene improcedente porque no cumple con el requisito de inmediatez. Como se
sabe, dicha consecuencia emerge cuando el interesado no presenta el mecanismo
constitucional dentro de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de
la providencia atacada, según el caso.

Esta Subsección10 ha sostenido que los recursos improcedentes no tienen la
virtualidad de ampliar el plazo considerado como razonable para la interposición
de la acción de tutela. En el presente asunto, se tiene que, en providencia del 3 de
marzo de 2022, la autoridad judicial demandada concluyó que el recurso de
reposición interpuesto contra el auto que negó la solicitud de aclaración y/o adición
era abiertamente improcedente, razón por la cual no puede utilizarse esa última
fecha como punto de partida para contabilizar el término de inmediatez de seis
meses.

8 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
9 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de abril de 2019, expediente 2019-00805-00, entre otras.
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Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Más allá de que el secretario del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
hubiera afirmado que la sentencia del Consejo de Estado quedó ejecutoriada el 18
de mayo de 2022, lo cierto es que desde el 4 de agosto de 2021, fecha en que se
notificó el auto mediante el cual se negó la solicitud de aclaración y/o
complementación, el señor Jaime Caycedo Gómez pudo conocer en detalle aquel
fallo; adquirir certeza de que este no iba sufrir modificaciones y/o adiciones y,
desde luego, advertir los vicios o defectos que ahora endilga extemporáneamente.

De modo que es a partir del 5 de agosto de 2021 que debe empezar a
contabilizarse el término seis meses para ejercer oportunamente la acción de
tutela y reclamar ante el juez constitucional la protección de sus derechos
fundamentales. Y como la solicitud de amparo se presentó el 6 de septiembre de
2022, esto es, más de un año después, cabe concluir que fue ejercida por fuera
del término considerado como razonable para atacar providencias judiciales. Aún
más, si la vulneración de estas prerrogativas era tan apremiante, justamente ese
debió ser el pretexto para acudir con prontitud al juez de tutela.

Ahora, frente a los criterios valorativos de inmediatez, debe advertirse que no está
acreditado en el expediente (i) que el señor Caycedo Gómez pertenezca a un
grupo vulnerable, (ii) la existencia de especiales circunstancias que impidieran
acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último, (vi) no se
advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte del
accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria afectación
a la seguridad jurídica.

De otra parte, se observa que la carga de acudir oportunamente al juez
constitucional no resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está
acreditado que la parte accionante se encontrara en una situación especial,
máxime si se tiene en cuenta que la solicitud de amparo no requiere de
formalidades para su presentación.

De modo que, teniendo en cuenta que el accionante no promovió la acción de
tutela en el plazo razonable de seis meses; que tampoco se acreditó alguna
eventualidad que le hubiera impedido al accionante interponer con antelación la
demanda, se concluye que no procede el amparo, por no cumplir el requisito de
inmediatez. En ese contexto, se impone confirmar el fallo impugnado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04819-01
Demandante: Jaime Caycedo Gómez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 7 de octubre de 2022, proferida por la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o
dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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