RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04822-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04822-00

Fecha
3 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04822-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

3 de octubre de 2022

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial que revocó la que accedió a las
pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / inexistencia de los defectos fáctico,
material o sustantivo y desconocimiento del precedente
jurisprudencial horizontal / independencia y autonomía del juez
natural

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por los señores Luis Eduardo Moreno
Aponte y Gloria Flórez Rivera contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por
la expedición de la sentencia proferida el 25 de agosto de 2022, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001-33-33-007-2018-
00112-01.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
los señores Luis Eduardo Moreno Aponte y Gloria Flórez Rivera, por intermedio de
apoderada, promovieron demanda en orden a que se tutelen sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se deje sin efecto la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de
agosto de 2022, en el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-33-33-007-2018-00112-01, que revocó la proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Cali y, en su lugar, se le ordene proferir una
sentencia de remplazo, en la cual se tengan en cuenta las pruebas y los argumentos
que fueron expuestos.

1.1.2. Los hechos

Los accionantes, en síntesis, narraron como hechos de tutela, los siguientes:

i) Ostentaban derechos de carrera administrativa respecto de los cargos de
auxiliar del área de la salud, código 412, grado 1, de la planta de personal del Hospital
Universitario del Valle «Evaristo García» E.S.E., en adelante HUV; sin embargo, fueron
desvinculados de aquellos por supresión realizada a través del Acuerdo 020 del 28 de
octubre de 2016 y, ulteriormente, como consecuencia de la reclamación que
formularon ante la Comisión del Personal de la citada entidad, mediante Resolución
CP 034 de 2017 les fue reconocido «el derecho a reincorporación a la nueva planta de
la entidad».

ii) La Comisión Nacional de Servicio Civil, por medio de la Resolución CNSC –
20172010058615 del 21 de septiembre de 2017, rechazó por improcedente el recurso
formulado por el gerente del HUV, contra la anterior decisión y, a través de la
Resolución CNSC - 20172010065495 del 8 de noviembre de igual año, la autoridad en
mención revocó el artículo primero de la anterior «que aplazaba la firmeza de la
decisión de la Comisión de Personal por cursar reclamaciones en segunda instancia,
las cuales no existían».

iii) Interpusieron demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en contra del HUV, con el fin de que se anulara parcialmente el Acuerdo 034
del 28 de noviembre de 2017, a través del cual fueron incorporados en el escalafón
público de carrera administrativa en la nueva planta de personal, en lo referente al no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

pago de salarios y prestaciones, desde que fueron desvinculados por
error de la entidad, hasta el momento en que se materializó lo allí ordenado.

iv) El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, mediante sentencia de
primera instancia proferida el 21 de septiembre de 2021 accedió a las pretensiones de
la demanda, decisión que fue revocada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 25 de agosto de 2022.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de los accionantes, la sentencia del 25 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos fáctico, sustantivo
material y desconocimiento del precedente jurisprudencial, en atención a las siguientes
circunstancias:

i) Defecto fáctico, toda vez que el despacho judicial accionado no analizó los
argumentos y las pruebas que obran en el expediente, de las cuales se concluye que
a) en la planta de personal del Hospital sí existían cargos en los que «debió realizarse
[la] INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA» de los accionantes, b) no era posible que estos
fueran desvinculados de aquella, pues frente a ellos operaba la incorporación
automática y c) de acuerdo con las normas de la incorporación, no hubo solución de
continuidad.

ii) Defecto sustantivo, puesto que la decisión cuestionada se funda en normas
indiscutiblemente inaplicables, cuyo contenido no tiene conexidad material con el caso,
pues:

a) Pese a que los artículos 44 de la Ley 909 de 2004, 88 del Decreto Ley 1227 de
2005 y 2.2.11.2.1 y 2.2.11.2.2. del Decreto 1083 de 2015, establecen los derechos de
los empleados de carrera en casos de supresión del cargo, fueron desconocidos por
el Tribunal del Valle del Cauca, dado que dictó sentencia de segunda instancia como
si se tratara de una «incorporación solicitada o reincorporación», sin tener en cuenta
que los accionantes se acogieron a la «incorporación» que les «fuera reconocida por
la Comisión de Personal de la entidad hospitalaria».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

b) Se centró en la reforma de las plantas de personal y la supresión del cargo como
causal de retiro, cuando el debate apuntaba a los derechos de carrera de los
demandantes y la garantía de la incorporación automática a la nueva planta de
personal, lo que hacía procedente el pago de salarios y prestaciones reclamados,
comoquiera que la omisión de la entidad no podía afectar sus acreencias laborales.

iii) De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU
354 de 2017, la providencia reprochada se apartó del precedente jurisprudencial
horizontal, en el que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al decidir en
segunda instancia asuntos similares, ha ordenado el reconocimiento y pago de los
derechos salariales y prestacionales, como el que se reclamó en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. En especial las siguientes providencias:

Radicación Fecha Demandante
76001333301520180006901 26 de mayo de 2021 Jenny Patricia Ricaurte Zuluaga
76001333301220180011901 31 de mayo de 2021 Carmen Sonia Bazante Cabrera
76001333301620180006501 8 de septiembre de 2021 Nubia Inés Orejuela Lasso y otros
76001333302020180007401 28 de abril de 2022 Daniel Ordóñez Ante

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 9 de septiembre de 2022, se admitió la acción de tutela y, se
dispuso notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca quienes conocieron del medio de control nulidad y restablecimiento
del derecho que se tramitó con el radicado 76001-33-33-007-2018-00112-01, y que dio
origen al presente trámite constitucional. Como tercero interesado en las resultas del
proceso, se vinculó al Hospital Universitario de Valle del Cauca, y se requirió al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, para que notificara el trámite
constitucional a las personas que intervinieron en el mentado proceso 1 e hiciera llegar
la copia del expediente digital correspondiente.

1.3. Contestación de la demanda

1A excepción de los señores Luis Eduardo Moreno Aponte y Gloria Flórez Rivera, y del Hospital
Universitario de Valle del Cauca.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

1.3.1. Del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

La magistrada Patricia Feuillet Palomares, intervino en condición de ponente de la
providencia reprochada y solicitó que se desestimen las pretensiones de la acción de
tutela, comoquiera que no se incurrió en los defectos alegados por los accionantes.

Para el efecto expuso lo siguiente:

i) La sentencia del 25 de agosto de 2022, con fundamento en las pruebas y lo
argumentado por las partes, se ocupó de establecer si los demandantes tenían
derecho al pago de salarios y prestaciones desde que fueron desvinculados y hasta
que se hizo efectiva la incorporación en la nueva planta de personal reestructurada del
Hospital demandado, de las que concluyó que lo reclamado carecía de respaldo legal,
dado que «en el parágrafo del artículo 2 de la Resolución nro. 034/2017 del 6 de abril
de 2017 y en el Acuerdo nro. 036 del 28 de noviembre de 2017,[…] se señaló que las
incorporaciones no tendrían el carácter de un nuevo nombramiento» y tampoco era
posible deducir, de lo allí previsto, una continuación en la prestación del servicio o que
no haya existido solución de continuidad, durante el periodo reclamado.

ii) Al proferir la decisión de segunda instancia objeto de cuestionamiento, no se
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo referidos por la parte actora, en la medida
que para dar solución al problema jurídico planteado, se analizaron los argumentos
expuestos por las partes y las pruebas allegadas al proceso, relacionadas con las
actuaciones administrativas adelantadas por el HUV para llevar a cabo la
restructuración de la planta de personal, los actos administrativos demandados, las
normas relacionadas con los derechos de los empleados de carrera y la supresión de
los cargos, que se consideraron aplicables al caso concreto.

iii) Si bien en el escrito de tutela se alude a un desconocimiento del precedente
horizontal, respecto de decisiones proferidas por la Sala 1 de esa corporación, en las
que, en asuntos similares, confirmaron la decisión que reconoció los salarios dejados
de percibir durante el tiempo en que los empleados estuvieron desvinculados de la
entidad hospitalaria, esos pronunciamientos no tienen fuerza vinculante, dado que la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente
vertical, pues es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre
jueces de la misma jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos
frente a casos análogos. Tampoco se desconoció la Sentencia SU 354 de 2017, toda
vez que versa sobre la ilegalidad de un acto administrativo que decidió la
insubsistencia de un empleado y en el sub júdice no se sometieron a estudio de
legalidad los actos administrativos que suprimieron los cargos de los demandantes.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Del Hospital Universitario del Valle «Evaristo García» E.S.E. —HUV—

La doctora Marisol Badiel Ocampo, en calidad de gerente encargada del Hospital
Universitario del Valle «Evaristo García» E.S.E., solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, en atención que con ella se busca reabrir el
debate legal que fue resuelto por el juez natural con las debidas garantías
constitucionales, en tanto que el mecanismo excepcional de amparo no puede ser
utilizado para agotar una tercera instancia, ante la inconformidad con lo resuelto por el
ad quem.

1.4.2. Del departamento del Valle del Cauca

La abogada Silvia López Arana, como apoderada del departamento del Valle del
Cauca, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela al considerar, en lo
fundamental, que: i) no fue identificado claramente el vicio o defecto material
endilgable a la provincia cuestionada; ii) incumple con el requisito de subsidiariedad,
pues los accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión, y iii) lo
pretendido es que se vuelvan a estudiar las pruebas y los argumentos expuestos en el
proceso y que les sean reconocidas unas obligaciones patrimoniales. Además, el ente
territorial fue notificado del presente trámite, sin que cuente con legitimación en la
causa por pasiva.

2. Consideraciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1. ° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción
de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 25 de agosto de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001-33-33-007-2018-00112-01. En
caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se incurrió en las causales de procedibilidad defectos fáctico, sustantivo o
material y desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal y, por ende, si se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia de los accionantes.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

Corte Constitucional, en Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que
atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de
trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia
fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no
puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia
C-590 de 20053, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que
hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada
la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que dr identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en

2
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no
se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen
exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial
de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material
o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el
hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al
menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20124, unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 20145 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca del 25 de agosto de 2022 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 76001-33-33-007-2018-00112-01

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

2.4.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de
defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de
revisión.

2.4.2. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.

2.4.3. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la decisión censurada fue proferida en segunda instancia en un proceso
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4.4. El asunto tiene relevancia constitucional toda vez que la invocada protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia fueron justificados razonablemente por los accionantes, para evidenciar una
posible restricción desproporcionada respecto de dichas garantías por parte de la
autoridad judicial, que permiten considerar que se cumple con este presupuesto.

2.4.5. Se presentó con inmediatez; al respecto es preciso indicar que, la sentencia
cuestionada es del 25 de agosto de 2022 y la acción de tutela se instauró el 5 de
septiembre de igual anualidad6, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la
Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe
sobrepasar los seis meses.

2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de

6 De acuerdo con el sistema de consulta de procesos judiciales SAMAI, la acción de tutela fue
interpuesta en línea, a través de la página web de la Rama Judicial, el 5 de septiembre de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

procedibilidad del amparo7 contra providencias judiciales, es decir,
que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o
defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello;
b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación directa de la
Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión
del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la carta política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.

En el presente asunto, la parte accionante formula las causales de procedibilidad
defecto fáctico, sustantivo o material y desconocimiento del precedente jurisprudencial,

7 Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas

de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

por lo que, conforme a lo expuesto y con la finalidad de determinar la
procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no, de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, la Sala hará un examen del
marco normativo y jurisprudencial de los defectos alegados.

2.6. Marco normativo y jurisprudencial de las causales de procedibilidad defecto
fáctico, material o sustantivo, y por desconocimiento del precedente
jurisprudencial.

2.6.1. Defecto fáctico

De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico
cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta
incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión».8

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración probatoria
es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:

[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación
probatoria del juez de conocimiento.9 [Negrillas fuera del texto]

De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la hipótesis
denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio» 10,
cuando advierta que el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide

8
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1021 de 2005. M. P. Jaime Araujo Rentería.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

apartarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver
a su arbitrio el asunto jurídico debatido11; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas,
no se abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas fundamenta su
decisión.12

En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida por
la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se configura,
entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de

11
Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido
a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado. Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de
aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su
determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando
a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones
suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que
se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió
conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas
materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer
es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio,
contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera
ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado». 12
Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002,
en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de
comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso. Sostuvo
la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en
este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la
conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la
Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de acusación
y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes
separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información
periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella. En
este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la
condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y
después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones provenientes de
las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes
del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de
adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente ajenas al contenido de la
conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La Corte también rechaza la insinuación de que
una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución garantiza que la prueba
obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la
doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de
frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la
Constitución.

La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen
las providencias que se fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas
independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para
sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las manzanas
contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de pruebas sanas».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo
probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial
valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones
debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas
viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban
relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da
por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.

En armonía con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, solo es factible fundar
una acción de tutela frente a un defecto fáctico, cuando se observa que la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia».13

En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico, cuando pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica,
de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.

Finalmente, es pertinente referir que, en Sentencia SU 495 de 202014— la Corte
Constitucional sobre el defecto fáctico, señaló:

Esta Corte ha sido clara en resaltar que los jueces de conocimiento tienen amplias
facultades discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso

13
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
14
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

concreto.15 Sin perjuicio de esto, ha señalado que tal poder discrecional debe
estar inspirado en los principios de la sana crítica, debiendo atender los criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución
y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería entendida como arbitrariedad judicial,
hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría
revocar la providencia atacada.16

84. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico “surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión”.17 En ese sentido, la Corte ha señalado que este tipo de
yerro tiene relación con la actividad probatoria desplegada por el juez, y comprende
tanto el decreto y la práctica de pruebas, como su valoración.18 Por lo tanto, teniendo
en cuenta que la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona19 la protección de la acción de
tutela por defecto fáctico puede encuadrarse cuando la actuación probatoria del juez
permita identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, que tenga una incidencia
directa en la decisión adoptada20.

85. Esta corporación ha reiterado en su jurisprudencia tres eventos en los que
se configura el defecto fáctico, a saber21 “(i) omisión en el decreto y la práctica de
pruebas indispensables para la solución del asunto jurídico debatido, (ii) falta de
valoración de elementos probatorios debidamente aportados al proceso que, de
haberse tenido en cuenta, deberían haber cambiado el sentido de la decisión adoptada
e (iii) indebida valoración de los elementos probatorios aportados al proceso, dándoles
alcance no previsto en la ley”22

2.6.2. Defecto material o sustantivo

Ha señalado la jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por
cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad;

15
La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia
16
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho
poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este
desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da
por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente” (resaltado fuera
del texto original).
17
ibidem
18
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
19
Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2004.
20
Corte Constitucional, sentencias T-442 de 1994 y T-781 de 2011.
21
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
22
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2007.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

(ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo
porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o
desproporcionada.

En reciente decisión de la Corte Constitucional —Sentencia SU 495 de 202023— se
examina el defecto sustantivo bajo el siguiente razonamiento:

75. Defecto sustantivo. La sentencia SU-399 de 2012 delimitó el campo de aplicación
del defecto sustantivo, al concluir que el mismo se puede presentar en los eventos en
los cuales: (i) la decisión judicial se basa en una norma inaplicable porque “a) no es
pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma cuestionada está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque
la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente
por el legislador”; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, en términos generales, dentro
del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica de forma
manifiestamente errada, por fuera de los parámetros de la juridicidad y de la
interpretación jurídica aceptable la decisión judicial.24

76. Asimismo, según la providencia referida, dicho defecto se configura (iii) en
aquellos supuestos en los que no se toma en consideración la parte resolutiva de una
sentencia de constitucionalidad; (iv) cuando la disposición aplicada es contraria a la
Constitución; (v) se utiliza un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico “para
un fin no previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica
no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el
caso; (vii) cuando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso
concreto; o (viii) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a
una manifiesta violación de la Constitución, entre otros.25

77. No obstante, en dicha providencia se aclara que la autonomía judicial “(…) no
autoriza al funcionario judicial para que se aparte de la Constitución y de la ley, pues la

23 Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.
24
Corte Constitucional SU 399 de 2012
25
En la sentencia SU-399 de 2012 se contemplan, además, como supuestos del defecto sustantivo
aquellos eventos en los que (i) la decisión no está justificada en forma suficiente de tal manera que se
afectan derechos fundamentales y (ii) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial. No obstante, ellos no son incluidos en el presente análisis por considerar que tales
categorías pueden obedecer, en la actualidad, a otros defectos específicos de procedencia de tutelas
contra providenciales judiciales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

justicia se administra siguiendo los contenidos y postulados constitucionales
de forzosa aplicación, tales como, la dignidad humana, la eficacia de los principios,
derechos y deberes, la favorabilidad, y, la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas (arts. 1º, 2º, 6º, 228 y 230 C.P.)”. Así, no cualquier divergencia con la
interpretación del funcionario judicial autoriza al juez constitucional para declarar este
defecto, sino que ella debe ser, de forma flagrante, contraria a derecho.26

“(…) para que la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto
constituya defecto sustantivo, se requiere que el funcionario judicial en su
labor hermenéutica, desconozca o se aparte abierta y arbitrariamente
de los lineamientos constitucionales y legales, de forma tal que vulnere
o amenace derechos fundamentales de las partes. Es decir, el juez en
forma arbitraria y caprichosa, con base únicamente en su voluntad,
actúa franca y absolutamente en desconexión con la voluntad del
ordenamiento jurídico.

En todo caso, la interpretación resultante de la norma y su aplicación al
asunto sometido a consideración del juez, no puede ser plausible,
constitucionalmente admisible o razonable para que proceda efectivamente
su enjuiciamiento mediante acción de tutela, pues ello equivaldría a aceptar
que podrían dejarse sin efectos providencias judiciales contentivas de
interpretaciones acertadas de las normas jurídicas, porque el criterio del juez
de tutela no coincide con el del juez natural del caso, lo que no puede
permitirse sencillamente porque el juez constitucional asumiría funciones
que no le corresponden, con el consecuente vaciamiento de las
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los distintos jueces
de la República y por demás, con total anulación de los principios de
autonomía e independencia judicial”27 (Negrillas fuera de texto original).

2.6.3. Desconocimiento del precedente jurisprudencial

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente28, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas

26
En tal dirección se indicó que “(…) en materia de interpretación judicial los criterios para determinar
la existencia de una irregularidad son restrictivos, pues se supeditan a la actuación abusiva del juez y
flagrantemente contraria a derecho. De allí que la simple discrepancia o la no coincidencia respecto de
la hermenéutica del operador jurídico por parte de los sujetos procesales, los particulares y las distintas
autoridades judiciales, no invalida la actuación judicial, debido a que se trata de una vía jurídica distinta
para resolver el caso concreto, pero en todo caso compatible con las garantías y derechos
fundamentales y particularmente deja a salvo la autonomía funcional del juez como fundamento de la
aplicación razonable de las normas jurídicas”. Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012
27 ibidem
28 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-

087 de 2007, T-4Treinta y séis de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente29; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
parecido al que se debe resolver con posterioridad.30

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o
por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.31

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por los
funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.32 Sin embargo,
en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.33

29 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa

de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes
y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de
argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión
adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido
por los jueces».
30Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
31Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
32Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
33Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que
profieren los órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza
unificadora, los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en
aquellos eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite
una excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».34

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud al acatamiento a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.35

De otra parte, en la sentencia SU 332 de 2019,36 la Corte Constitucional se refiere al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señala: (tiempo
verbal en consonancia con el anterior resaltado)

Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia

15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo
cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene como
referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto que un
juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces de igual

34Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
35Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-

634 de 2011, entre otras.
36Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis

Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados
por las instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la
jurisprudencia.

16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos
tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido proceso.
Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener la
coherencia del sistema.

2.7. Hechos probados

2.7.1. El 26 de octubre de 2016, los señores Luis Eduardo Moreno y Gloria Flórez
Rivera, fueron desvinculados de los cargos de auxiliar Área de Salud código 412, grado
01, que cada uno ocupaba en carrera administrativa de la planta de personal del HUV,
en virtud del Acuerdo 020 del 26 de octubre de 2016 en el que la Junta Directiva del
Hospital los suprimió con ocasión del proceso de reestructuración de la entidad.

2.7.2. Mediante Resolución CP 034 del 6 de abril de 2017, la Comisión de Personal
del HUV resolvió la solicitud de incorporación presentada por los accionantes, en el
sentido de reconocerles tal derecho, en un empleo de igual denominación al de auxiliar
Área de Salud código 412, grado 01, de la planta de personal del HUV y estableció
que lo ordenado no tendría el carácter de nuevo nombramiento.

2.7.3. El 4 de mayo de 2017, el gerente del HUV interpuso recurso de apelación contra
la anterior decisión, que fue rechazado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a
través de la Resolución CNSC 20172010058615 del 21 de septiembre de 2017.

2.7.4. El 28 de noviembre de 2017, el HUV, a través del Acuerdo 036, incorporó a la
nueva planta de personal a los señores Luis Eduardo Moreno Aponte y Gloria Flórez
Rivera en el cargo de auxiliar Área de la Salud, código 412, grado 1, quienes tomaron
posesión el 6 de diciembre de dicha anualidad.

2.7.5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali conoció el medio de
control nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001-33-33-007-2018-00112-
00, instaurado por los señores Luis Eduardo Moreno Aponte y Gloria Flórez Rivera con
la finalidad de que se declarara la nulidad del Acuerdo 036 del 28 de noviembre de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

2017, en lo concerniente al no reconocimiento de salarios, prestaciones
y demás emolumentos que dejaron de percibir, durante el tiempo que estuvieron
separados del cargo y, en consecuencia, se ordenara al HUV realizar el respectivo
pago desde la fecha de desvinculación, hasta cuando se hizo efectiva la
reincorporación, sin solución de continuidad en el servicio; además de los perjuicios
materiales y morales como reparación del daño causado.

2.7.6. El fundamento de la demanda estuvo constituido en torno al desconocimiento
del derecho preferencial que ostentan por estar inscritos en carrera administrativa de
la planta del HUV, en virtud de lo previsto en la Ley 909 de 2004, lo que hace que al
no ser la incorporación un nuevo nombramiento, supone la procedencia del pago de
salarios y prestaciones causados durante el lapso transcurrido entre la desvinculación
por la supresión del cargo, hasta cuando fueron efectivamente ingresados a la planta
de personal, sin solución de continuidad.

2.7.7. A través de sentencia del 21 de septiembre de 2021, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Cali, declaró la nulidad parcial del Acuerdo 036 del 28
de noviembre de 2017, y como restablecimiento del derecho ordenó al HUV, i) realizar
el pago de los salarios y prestaciones de orden legal inherentes al empleo de auxiliar
Área de Salud, código 412, grado 1, dejados de percibir por los demandantes entre el
30 de octubre de 2016 y el 5 de diciembre de 2017, en forma indexada, ii) reportar y
pagar los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social, efectuar las
deducciones laborales a que haya lugar, y autorizó el descuento de los valores que,
por cualquier concepto laboral, en entidades públicas o privadas, como dependientes
o independientes, hayan recibido los demandantes.

Consideró que bajo el tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Decreto 760
de 2005, la falta de reconocimiento de salarios y prestaciones de los demandantes
durante el periodo que estuvieron cesantes, resulta contrario a la ley, pues el derecho
preferencial de incorporación debía operar de manera inmediata con el fin de
garantizar la continuidad en la prestación del servicio, por lo que el actuar ilegal de la
administración no podía trasladarse a los demandantes, lo que hace viable el
reconocimiento salarial y prestacional reclamado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

2.7.8. El HUV interpuso el recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
sentencia proferida el 25 de agosto de 2022, a través de la cual revocó lo decidido en
primera instancia, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento
en los considerandos que serán analizados posteriormente en el acápite de «Análisis
de la Sala. Caso concreto».

2.8. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.8.1. Defecto fáctico por valoración inadecuada de pruebas

Lo argumentado por los accionantes, en punto del defecto fáctico, se fundamenta en
que consideran que las pruebas obrantes en el expediente daban cuenta de la
presencia de los presupuestos necesarios para concluir que, en el caso bajo estudio,
operaba la incorporación automática de aquellos a la planta de personal restructurada,
y, por ende, como no se les debió desvincular del servicio, este nunca tuvo solución
de continuidad, aspecto que, a su juicio, fue ignorado por la providencia cuestionada.

Pues bien, para definir la posible configuración del defecto fáctico, de acuerdo con lo
expuesto en precedencia, advierte en principio la Sala que la controversia planteada
por los accionantes en el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho giró
en torno al estudio de legalidad del Acuerdo 036 del 28 de noviembre de 2018, a través
del cual el HUV dio cumplimiento a lo resuelto por la Comisión de Personal en la
Resolución 34 de 2017, respecto a la incorporación de aquellos, como empleados
inscritos en el escalafón público de carrera en la planta de personal restructurada, sin
que ataquen el acto administrativo que los separó del servicio.

Adicionalmente, aluden como inconformidad, que pese a que las decisiones en
mención determinaron que la incorporación a la planta del HUV no tiene el carácter de
nuevo nombramiento, el Acuerdo demandado no les reconoció y pagó los salarios y
las prestaciones causadas a las que tienen derecho, ante la permanencia en el
servicio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

Bajo este panorama, se observa que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca se ocupó de establecer «si los demandantes tienen derecho al pago de
salarios y prestaciones sociales causadas desde que fueron desvinculados del servicio
y hasta que se hizo efectiva su incorporación a la nueva planta de personal
restructurada de la entidad hospitalaria», para lo cual trajo a colación los siguientes
elementos probatorios: i) el Acuerdo 020 del 26 de octubre de 2016, 37 del que reseñó
que una vez fue comunicado a los demandantes, estos radicaron solicitud de
incorporación, ii) la Resolución CP 034 del 6 de abril de 2017,38 iii) el recurso de
apelación interpuesto el 4 de mayo de 2017 por el gerente del HUV, contra la anterior
decisión, iv) la Resolución CNSC-20172010058615 del 21 de septiembre de 2017,
expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil que rechazó por improcedente el
recurso, v) el Acuerdo 036 del 28 de noviembre de 2017, que efectuó la incorporación
a la planta de personal y vi) las actas de posesión 048 y 050 suscritas el 6 de
septiembre de 2017, de los señores Gloria Flórez Rivera y Luis Eduardo Moreno
Aponte, respectivamente.

Con fundamento en las pruebas atrás referidas, concluyó el Tribunal accionado que el
proceso de restructuración del HUV respetó a la parte actora los derechos de carrera
administrativa y las prerrogativas legales que ello implicaba, toda vez que: i) se
encuentra justificada en los fines del Estado y en la satisfacción del interés general, ii)
la supresión del cargo fue comunicada a los demandantes y iii) una vez adoptada la
opción de incorporación, se adelantó el procedimiento previsto en la ley.

Igualmente, al analizar el contenido de la Resolución 034 de 2017 y del Acuerdo 036
del 28 de noviembre de 2017, destacó que no previeron, por un lado, algún beneficio
relacionado con el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones durante el tiempo
que permanecieron a la espera de la incorporación y, por otro, continuidad en la
prestación del servicio; por el contrario, advierte que lo que se desprende es que al no
tenerse como nuevo nombramiento, establecieron que surte efectos «a partir de la
posesión en el cargo al cual se incorpora el funcionario inscrito en el escalafón de

37 Por medio del cual, la Junta Directiva del HUV modificó la planta de personal de la entidad y suprimió

unos empleos de carrera administrativa, entre los que se encontraban los de los demandantes.
38 A través de la cual, la Comisión de Personal del HUV reconoció el derecho preferencial a la

incorporación en un empleo de igual denominación en la planta de personal reestructurada del hospital
al demandante

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

carrera administrativa»39 y que «el tiempo de servicio antes de la
supresión del cargo, se acumulará, para efectos de causación de prestaciones
sociales, beneficios salariales y demás derechos salariales a partir de la posesión» 40.

Expuso que si bien la administración inicialmente no incorporó a los demandantes en
la restructurada planta de personal, ello no se debió a una decisión caprichosa de la
administración, en tanto que la provisión se efectuó respecto de cargos ocupados por
empleados en condiciones especiales de protección; sin embargo, el mencionado
derecho les fue garantizado con la orden contenida en el Acuerdo 036 del 28 de
noviembre de 2017, que fue proferido con ocasión de la reclamación elevada por los
actores.

Las razones precedentes le sirvieron de sustento al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca para afirmar que las incorporaciones de los demandantes ordenadas en el
acto administrativo demandado «no tienen el carácter de nuevos nombramientos, por
lo que, a partir de la posesión, los empleados de carrera recuperan y pueden continuar
gozando de los derechos de carrera que tenían al momento de la supresión de sus
cargos y se encontraban suspendidos, sin que tal condición dé lugar al reconocimiento
de salarios».

De acuerdo con el anterior derrotero, lo que se advierte en el caso bajo estudio es que
los accionantes están en desacuerdo con la valoración efectuada por el juez del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de las pruebas documentales
aportadas en el trámite procesal, toda vez que consideran que la documental
relacionada con el proceso de restructuración del HUV y los actos administrativos que
definieron su situación administrativa como empleados inscritos en el escalafón de
carrera de la planta de personal fueron indebidamente apreciados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dado que, en su sentir, desestimó el derecho
preferente que les asiste para ser incorporados en forma automática y sin solución de
continuidad a la planta de personal restructurada, y pretenden, con ese argumento,
desvirtuar la conclusión a la que arribó el órgano judicial.

39 Texto contenido en el artículo 3 de la Resolución 034 de 6 de abril de 2017 yl parágrafo primero del

Acuerdo 36 de 28 de noviembre de 2017.
40 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

En ese orden de ideas, lo que se avizora es que la parte actora está inconforme con
la lógica y el estudio realizado por el fallador en el análisis de la controversia y utiliza
la acción de amparo para plantear un reexamen de la valoración probatoria lo cual no
resulta de recibo para la Sala porque de admitirse se afectaría el juicio interpretativo
del juez natural, el que no se evidencia irracional o desproporcionado ni se aprecia
alejado de las reglas de la sana crítica.

En el sub júdice, si bien los accionantes alegan una actividad contraria a la ley, por
cuanto, aducen que de las pruebas que sirvieron como fundamento a la decisión que
ahora se cuestiona no se puede concluir que la desvinculación del servicio con ocasión
del proceso de restructuración del Hospital haya afectado la continuidad en el servicio,
en atención a que la incorporación no tiene el carácter de nuevo nombramiento, lo
cierto es que, se evidencia que el Tribunal realizó una disertación juiciosa y razonada
la cual le permitió concluir, que tal condición no da lugar al reconocimiento y pago de
los salarios pretendidos.

Por tanto, la Subsección no encuentra que el Tribunal accionado, al efectuar el estudio
de las pruebas documentales allegadas al plenario, haya incurrido en una valoración
manifiestamente arbitraria que configure el defecto fáctico y habilite la procedencia del
amparo deprecado, dado que explicó las razones por las cuales, conforme a lo
acreditado, no era posible confirmar la providencia en la que el a quo, accedió a las
súplicas de la demanda.

2.8.2. Defecto sustantivo o material por fundarse la decisión en normas
inaplicables

La parte accionante cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el 25 de agosto de 2022, por fundarse en normas inaplicables que no
guardan conexidad material con el caso, pues, en su sentir, el fallador omitió tener en
cuenta los artículos 44 de la Ley 909 de 2004, 88 del Decreto Ley 1227 de 2005 y
2.2.11.2.1 y 2.2.11.2.2. del Decreto 1083 de 2015, que establecen los derechos de los
empleados de carrera, en casos de supresión de cargo y enfocó el asunto erradamente
hacia la reincorporación, pasando por alto, por un lado, que los accionantes se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

acogieron a la incorporación en la planta de personal del HUV y, por
otro, que el debate se centraba en la garantía de la incorporación automática derivada
de los derechos de carrera.

En ese orden de ideas, observa la Sala que contrario a lo afirmado por los accionantes,
en la providencia objeto de censura el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
resolver el recurso de apelación, en el que revocó la decisión del a quo, tuvo como
marco normativo la regulación prevista para la supresión de cargos de carrera
administrativa y los derechos que les asisten a los titulares de dichos empleos, dado
que fueron separados del servicio público en aplicación la mencionada medida.

Precisó que la decisión de suprimir cargos de una planta de personal puede adoptarse
—pese a que en principio estas tengan vocación de permanencia—, en los casos en
que una entidad decida reestructurarse administrativamente, en virtud de unos
estudios técnicos que identifican las opciones financieras para reestablecer el
equilibrio económico que necesite y garantizar la continuidad en la prestación y el
mejoramiento del servicio.

Específicamente, como normas aplicables al caso concreto, refirió el contenido de los
artículos 41 de la Ley 909 de 2004, en lo relativo a la «supresión del cargo», como
una de las causales de retiro del servicio; 44 ibidem en cuanto a las prerrogativas del
empleado en dicho evento, de donde destacó que éste tiene derecho a la
incorporación, la reincorporación o la indemnización41, y lo previsto en el artículo
2.2.11.2.1 del Decreto 1083 de 2015, para reforzar este último aspecto.42

41 Puntualmente el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, indicó que:

«42. Conforme lo expuesto en la normativa referida, se concluye que, como consecuencia de la liquidación,
reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una
entidad a otra, o por modificación de plantas de personal, los empleados públicos que estén inscritos en carrera
administrativa tienen derecho a la incorporación, la reincorporación o a la indemnización. Es preciso indicar que
esos tres eventos son excluyentes entre sí».
42 Al respecto la sentencia cuestionada precisó que:

«43. De otro lado, el artículo 2.2.11.2.111 del Decreto 1083 de 201512 prevé que los empleados de carrera a
quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares como consecuencia de la supresión o fusión de
entidades o dependencias o del traslado de funciones de una entidad a otra o de modificación de planta, tendrán
derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta y, de no ser posible, a
optar por ser reincorporados o a percibir la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, conforme
a las reglas previstas en el decreto ley que regula el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional
del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

El análisis de las normas precitadas y del material probatorio obrante
en el proceso, permitieron al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluir que
el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones durante el lapso en que los
demandantes esperaron la incorporación a la nueva planta de personal del HUV, esto
es, del 30 de octubre de 2016 al 5 de diciembre de 2017, no tiene un respaldo legal,
en la medida en que:

i) La Resolución 034 de 2017 y el Acuerdo 036 del 28 de noviembre de 2017, no
previeron algún beneficio en ese sentido y, por el contrario, señalaron que las
incorporaciones no tenían el carácter de nuevo nombramiento, aunado a que de ellos
tampoco se desprende la continuación en la prestación del servicio.

ii) Lo anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 2.2.11.2.1 del Decreto
1083 de 2015, de acuerdo con lo cual, al no ser un nuevo nombramiento, a partir de la
posesión, los empleados recuperan los derechos de carrera que ostentaban al
momento de la supresión del cargo.

iii) No existe norma que regule la continuidad laboral y el reconocimiento de los
derechos reclamados por los demandantes, pues si bien el artículo 2.2.11.2.1 del
Decreto 1083 de 2015 dispone el vínculo preferencial de permanencia del trabajador
para que siga siendo empleado de carrera, ello no significa la extensión de los
beneficios de la carrera administrativa, en caso de una supresión del empleo, durante
el periodo en el que no hubo prestación del servicio, lo que torna improcedentes las
pretensiones de la demanda, conforme lo estableció el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B en la sentencia del 11 de noviembre de 2021, en el radicado
08001-23-33-000-2013-00362- 01, al decidir un asunto similar.

Aunado a lo anterior, el Tribunal accionado encontró, con fundamento en la
normatividad aplicable y las pruebas recaudadas, que en el proceso de
reestructuración del HUV, a la parte actora le fueron respetados a cabalidad los
derechos de carrera administrativa y las prerrogativas legales que ello implicaba

Por ese motivo, la Sala aprecia que no es dable invadir la órbita de competencia del
citado órgano judicial comoquiera que la interpretación jurídica que realizó no resulta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

arbitraria, desproporcionada, irrazonable o caprichosa. En síntesis, el
defecto examinado carece de vocación de prosperidad toda vez que, para el caso sub-
lite, impera la autonomía del Tribunal en el análisis que efectuó, tendiente a examinar
la procedencia del reconocimiento y pago de salarios y prestaciones durante el lapso
en el que los demandantes fueron desvinculados del servicio público por supresión
del cargo, en virtud del proceso de restructuración del HUV y cuando se materializó
su incorporación a la planta de personal respectiva.

Ahora bien, revisado el escrito de demanda en sede ordinaria, la Sala observa que la
parte actora acusó al acto administrativo demandado de infringir las normas en que
debió fundarse y, para el efecto, adujo como disposiciones violadas los artículos 2, 6,
29 y 209 de la Constitución Política, y el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, sin que se
refiriera, tampoco en los alegatos de conclusión de primera instancia, a los artículos
88 del Decreto Ley 1227 de 2005 y 2.2.11.2.1 y 2.2.11.2.2. del Decreto 1083 de 2015
que en esta instancia alega como desconocidos.

Al respecto, es preciso indicar que no resulta procedente endilgar al fallador el
desconocimiento de una norma respecto de la cual no tuvo la oportunidad de
pronunciarse, ante la omisión de quien no la alegó en las etapas procesales
respectivas, aspecto que impide que el juez de tutela pueda referirse sobre la presunta
falencia alegada.

En ese orden de ideas, lo que se aprecia con nitidez es que la parte actora pretende
convertir el instrumento tutelar en una tercera instancia para debatir los argumentos a
través de los cuales el juez natural decidió mantener la legalidad del acto
administrativo que incorporó a los accionantes a la nueva planta de personal del HUV,
lo cual desnaturaliza la esencia de la acción de amparo, mecanismo subsidiario y
excepcional instituido para la defensa y protección inmediata de los derechos
fundamentales.

2.8.3. Desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

Sobre el particular, cabe anotar que la parte accionante alude que la
sentencia cuestionada43 desconoció el precedente jurisprudencial emitido por el propio
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que al decidir asuntos con similitud fáctica
y jurídica ha encontrado viable la prosperidad de pretensiones, como la solicitada por
los señores Luis Eduardo Moreno Aponte y Gloria Flórez Rivera.

Puntualmente, cita como inobservadas las sentencias proferidas por esa corporación
dentro de los expedientes con radicados 76001 3333 015 2018 00069 01 del 26 de
mayo de 2021,44 76001 3333 012 2018 00119 01 del 31 de mayo de 2021,45 76001
3333 016 2018 00065 01 del 8 de septiembre de 202146 y 76001 3333 020 2018 00074
01 del 28 de abril de 2022,47 respecto de las cuales afirma la parte accionante,
resuelven un problema jurídico semejante al que fue decidido por la sentencia
cuestionada.

Al respecto, y una vez verificado el contenido de las providencias en mención que
fueron aportadas al escrito de tutela, se observa que al interior de la corporación
existen, en virtud de la libertad de interpretación y autonomía del juez, diferentes
criterios tendientes a resolver la reclamación del reconocimiento y pago de acreencias
laborales entre la desvinculación del servicio de empleados inscritos en la carrera
administrativa y la efectiva incorporación en la nueva planta de personal de estos.

Así, se tiene que la magistrada que fue ponente en la decisión que se reprocha en la
presente acción de tutela, no hizo parte de las Salas de decisión en las que fueron
resueltas las sentencias que se alegan como desconocidas, por lo que, como se
advirtió, ante la falta de un criterio unificado por parte del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, no es posible predicar el desconocimiento del precedente
jurisprudencial horizontal, dado que subyace la prerrogativa establecida en los

43 Con ponencia de la magistrada Patricia Feuillet Palomares y suscrita, además, por los magistrados

Luz Elena Sierra Valencia y Oscar Alonso Valero Nisimblat.
44 Sala integrada por los magistrados Zoranny Castillo Otálora, Ana Margoth Chamorro Benavides y

Víctor Adolfo Hernández Díaz.
45 Con ponencia de magistrado Fernando Augusto García Muñoz y suscrita, además, por los

magistrados Ronald Otto Cedeño Blume y Guillermo Poveda Perdomo.
46 Con ponencia del magistrado Víctor Adolfo Hernández Díaz y suscrita, además, por los magistrados

Zoranny Castrillo Otálora y Ana Margoth Chamorro Benavides.
47 Con ponencia del magistrado Oscar Silvio Narváez Daza y suscrita, además, por los magistrados

Omar Edgar Borja Soto y Eduardo Antonio Lubo Barros (con salvamento de voto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

artículos 228 y 230 de la Constitución Política, que da al juez autonomía
e independencia para decidir, según su leal saber y entender, las controversias
sometidas a su conocimiento.

Además, lo que se aprecia es que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para
resolver el caso puesto a su consideración, aplicó las sentencias de esta Sección,
proferidas como órgano de cierre, que consideró, aportaban los elementos necesarios
para desatar la controversia48, lo que en sentir de la Sala también obedece a la
autonomía del juzgador natural; por tanto, no se encuentra configurada la causal de
procedibilidad desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que la acción de tutela debe denegarse por cuanto no se configuran las causales de
procedibilidad defecto fáctico, defecto sustantivo o material y desconocimiento del
precedente jurisprudencial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo solicitado a través de la acción de tutela instaurada por los
señores Luis Eduardo Moreno Aponte y Gloria Flórez Rivera, con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

48 Fundamentó la decisión en las siguientes sentencias:

i) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021. Rad. 08001-23-33-
000-2013-00362- 01, CP. César Palomino Cortez.
ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 7 de abril de 2016, radicación:
13001-23-33- 000-2013-00022-01 (1291-2014).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04822-00
Demandante: Luis Eduardo Moreno Aponte y otra

Segundo: Si no fuere impugnada remitir el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.