Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04834-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04834-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04834-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04834-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
29 de septiembre de 2022
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04834-00
Demandante: LUIS JAIRO BERNAL CIFUENTES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A” Y OTRO
Tema: Tutela de fondo. Presunta mora judicial injustificada. Carencia
actual de objeto por hecho superado1.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Luis Jairo
Bernal Cifuentes, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Luis Jairo Bernal Cifuentes, en nombre propio, presentó acción de tutela2
contra el “TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA despacho de la
magistrada (sic) CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO y CONSEJO SECCIONAL DE
LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA”, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales “al debido proceso artículo 29, acceso a la administración de justicia 229
de la Constitución política” (Sic a toda la cita).
1 Sobre el tema se pueden consultar las siguientes sentencias de tutela proferidas por esta
Sección: 8 de julio de 2021, tutela No. 11001-03-15-000-2021-03134-00, M. P. Luis Alberto Álvarez
Parra. 22 de julio de 2021, expediente No. 11001-03-15-000-2021-03080-00, M. P. Luis Alberto
Álvarez Parra. 29 de julio de 2021, proceso No. 11001-03-15-000-2020-03340-00, M. P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
2 Con escrito presentado el 7 de septiembre de 2022, a través del correo 2
tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co y reenviado en la misma fecha la Secretaría General del
Consejo de Estado.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de
la tardanza en resolver el impedimento presentado por la jueza Trece (13)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesto por el actor contra la Fiscalía General de
la Nación, que se identifica con el número de radicado 11001-33-35-013-2020-
00232-01.
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
“Ordenar Honorables Consejeros, que en el término improrrogable de 48 horas, el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA despacho de la Magistrada (sic)
CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO, proceda a resolver el impedimento
presentado por el Juez (sic) 13 Administrativo de Bogotá el cual se encuentra al
despacho para resolver desde el 14 de diciembre de 2020 y se envié (sic) el proceso a
los Juzgados que no se hayan declarado impedidos o a los Transitorios creados para
conocer los asuntos donde se pida el reconocimiento de la bonificación judicial
establecida en el artículo primero de los Decretos 0382 de 2013, 022 de 2014, 1270 de
2015 y 247 de 2016 y demás normas que lo modifiquen y/o sustituyan, como factor
salarial para la liquidación de las prestaciones sociales”.
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
Informó que el 10 de septiembre de 2020, radicó una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía
General de la Nación, con el fin de obtener el reconocimiento de la bonificación
judicial establecida en los Decretos 0382 de 2013, 022 de 2014, 1270 de 2015 y
247 de 2016 y demás normas que lo modifiquen y/o sustituyan, como factor
salarial para la liquidación de las prestaciones sociales.
Indicó que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Trece (13)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, bajo el radicado número 11001-33-
35-013-2020-00232-01.
Expuso que mediante providencia del 1° de octubre de 2020, el citado juzgado se
declaró impedido para conocer del asunto y ordenó remitir el expediente al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se pronunciara al respecto.
Señaló que el 14 de diciembre de 2020, el proceso ingresó al despacho de la
magistrada de la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Dra. Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, para pronunciarse
respecto de la manifestación de impedimento invocada por la jueza Trece (13)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Explicó que los días 1° de julio y 30 de noviembre de 2021, su apoderado judicial
presentó impulsos procesales ante el despacho accionado, con copia al correo
electrónico de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
1.4. Fundamentos de la solicitud
El señor Luis Jairo Bernal Cifuentes consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la demora injustificada en resolver el impedimento presentado por el
Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado bajo el radicado
número 11001-33-35-013-2020-00232-01, que el accionante inició en contra de la
Fiscalía General de la Nación.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 12 de septiembre de 2022, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” y del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que, si lo consideraban del
caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de demandados.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó como terceros interesados a la Fiscalía General de la Nación
[parte demandada en el proceso 11001-33-35-013-2020-00232-01] y al Juzgado Trece (13)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá [autoridad judicial de primera instancia en el
proceso 11001-33-35-013-2020-00232-01].
Por otro lado, requirió al accionante para que explicara los fundamentos de hecho
y de derecho por los cuales interpuso la presente acción de tutela en contra del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Finalmente, pidió a las secretarías del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y del Juzgado Trece (13) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, para que, quien lo tuviera, remitiera de manera
inmediata la copia digital del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-013-2020-00232-01.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A”
A través de contestación enviada el 14 de septiembre de 2022 al correo
electrónico de la Secretaría General de esta Corporación, la magistrada Claudia
Elizabeth Lozzi Moreno solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela, pues no se cumplen con los requisitos jurisprudenciales para que se
configure la mora judicial y por cuanto en el presente asunto hay un hecho
superado.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
Al respecto, precisó que de conformidad con los Acuerdos PCSJA20-11517,
PCSJA2011518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-
11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546,
PCSJA20-11549 PCSJA20-11556, PCSJA20-11567, del Consejo Superior de la
Judicatura, se produjo la suspensión de términos judiciales desde el 16 de marzo y
el 30 de junio de 2020 y, luego, con el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de
2020, se ordenó el levantamiento de la suspensión a partir del 1° de julio de 2020.
Manifestó que esa sección conoce de múltiples procesos que tienen términos
preclusivos, tales como: acciones de tutela, recursos de insistencia, acciones de
cumplimiento, objeciones, observaciones, nulidades electorales, medios de control
de protección de los derechos e intereses colectivos y de reparación de los
perjuicios causados a un grupo, entre otros.
Indicó que pese al gran volumen de expedientes que maneja, el despacho ha
realizado las actuaciones que han estado a su alcance y ha dado prevalencia a
todas las acciones anteriormente enunciadas, dado que en ellas están de por
medio derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos.
Informó que, mediante proveído de 14 de septiembre de 2022, se surtió el trámite
correspondiente y se resolvió la manifestación de impedimento realizada por la
jueza Trece (13) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
1.6.2. Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
Mediante contestación enviada el 14 de septiembre de 2022 al correo electrónico
de la Secretaría General de esta Corporación, el presidente del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca solicitó la desvinculación de la entidad que
representa.
En primer lugar, precisó que si bien el accionante en su escrito de tutela señaló
que su apoderado solicitó al juzgado, con copia al Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, que se diera trámite al impedimento manifestado por
el Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; lo cierto es
que el competente para ejercer la vigilancia judicial es el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, comoquiera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se encuentra adscrito a la circunscripción territorial de Bogotá D.C.,
de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.
Indicó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no encontró
algún documento relacionado con una solicitud de vigilancia judicial administrativa,
ni impulso procesal, pues de lo contrario esto hubiera sido remitido por
competencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. No obstante,
explicó que de las pruebas aportadas se evidenció que el correo de 30 de
noviembre de 2021, “se dirigió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca, cuyo correo institucional es csjsdcmarca@cendoj.ramajudicial.gov.co,
pero no al csjsacmarca@cendoj.ramajudicial.gov.co que obedece a nuestro correo de
correspondencia, o a nuestros despachos de magistrados”.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
Por último, consideró que “la accionante solicita ordenar a la Magistrada CLAUDIA
ELIZABETH LOZZI MORENO resolver el impedimento previamente mencionado, y el
envío del proceso a los Juzgados transitorios o que no se hubieren declarado impedidos
para conocer asuntos ligados al reconocimiento de la bonificación judicial; decisión sobre
la cual solo está llamado a pronunciarse el Juez de Tutela”.
1.6.3. El Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá allegó
copia digital del expediente 11001-33-35-013-2020-00232-01, sin embargo, no se
pronunció frente a los hechos y pretensiones de la acción de tutela.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Luis Jairo Bernal Cifuentes contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en el informe que
presentó, pidió su desvinculación del trámite constitucional, al señalar que no tiene
competencia para pronunciarse sobre las pretensiones elevadas por el actor en su
escrito de tutela.
En el auto de 12 de septiembre de 2022, el magistrado ponente de esta decisión
requirió al accionante para que explicara los fundamentos de hecho y de derecho
por los cuales interpuso la acción en contra del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, puesto que en su escrito de amparo no explicó tales motivos o
razones. No obstante, el señor Bernal Cifuentes guardó silencio.
En ese sentido, la Sala advierte que declarará la falta de legitimación en la causa
por pasiva del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, toda vez que
la única pretensión del actor es que se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” que “proceda a resolver el
impedimento presentado por el Juez (sic) 13 Administrativo de Bogotá el cual se
encuentra al despacho para resolver desde el 14 de diciembre de 2020”, actuación
judicial frente a la cual el mencionado Consejo no tiene competencia alguna.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Luis Jairo Bernal Cifuentes por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por
presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada en resolver el
impedimento presentado por la jueza Trece (13) Administrativo del Circuito Judicial
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el
accionante presentó en contra de la Fiscalía General de la Nación; que se
identificó con el número de radicado 11001-33-35-013-2020-00232-01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial justificada;
y (iv) el caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.
2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución4, del derecho fundamental al
debido proceso5 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia6.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva “[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]”7.
3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
5 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
6 Sentencia T-006 de 1992.
7 Sentencia T-476 de 1998.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante
los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las
demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante
los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable,
con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado
conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]”8.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el “[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos
y garantías”9, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los
particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho
extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias
la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección de los
derechos de las personas […]”10.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia11 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales
de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que “[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]”12.
2.6. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
8 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
9 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10 Ibídem.
11 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.13
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”14.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
«(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.».
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial15, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes
en un proceso.
2.7. Caso concreto
En el sub examine, el señor Luis Jairo Bernal Cifuentes alegó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada en
resolver el impedimento presentado por la titular del Juzgado Trece (13)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho número 11001-33-35-013-2020-00232-01.
13 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
14 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
En consideración a que el objeto de la presente acción constitucional consiste en
que se ordene a la autoridad judicial accionada que dicte la correspondiente
providencia, esta Sala de Decisión advierte que, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” aportó copia del auto de 14 de
septiembre de 202216 y en este dispuso devolver el expediente al juez de
conocimiento para que se adelante el trámite correspondiente, bajo las siguientes
consideraciones:
“Respecto del trámite de los impedimentos de los jueces administrativos, el artículo
131 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 21 de la Ley 2080, señala:
“[…]
Artículo 131.- Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los
impedimentos se observarán las siguientes reglas:
1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que
trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su
existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido
al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y,
de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que
aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el
expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es
fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso
contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el
asunto.
2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que
comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al
superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el
impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto.
(Subrayado de la Sala)
[…]”.
Conforme a la norma trascrita, el juez administrativo que advierta estar incurso en
una causal de impedimento para conocer de un asunto, deberá declararlo
expresando los hechos en que se funda, y lo remitirá al juez que le siga en turno
para que resuelva de plano si es o no fundado el impedimento, y en caso de
aceptarlo deberá asumir el conocimiento del proceso.
Sea lo primero advertir que, la Sala Plena de esta Corporación en sesión de fecha
veinticinco (25) de enero de 2021, realizó el análisis del informe suministrado por
los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá adscritos a la Sección Segunda,
sobre los impedimentos relacionados con las reclamaciones de prestaciones
presentadas por empleados y funcionarios judiciales, determinando conforme al
mismo, que algunos de ellos no se declararon impedidos para conocer de asuntos
como el controvertido en la presente demanda.
En el proceso de la referencia, si bien la Jueza trece (13) manifestó que el
impedimento tenía una connotación de carácter general y colectivo dado el
intereses que le asiste a todos los jueces de la República pertenecientes a la Rama
Judicial, por razón de la naturaleza de la prestación controvertida; en el informe
rendido por los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá adscritos a la Sección
Segunda, se advierte, que algunos de ellos no se declararon impedidos para asumir
el conocimiento del asunto que se controvierten en la demanda, razón por la cual se
dispondrá devolver el expediente al Despacho que conoció inicialmente del
presente medio de control, para que proceda a impartir al proceso el trámite
dispuesto en el numeral 1 del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011”.
16 Este proveído se puede consultar en el índice 9 del aplicativo Samai del respectivo proceso.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
Esta decisión fue notificada por estado el 15 de septiembre de 2022 y el respectivo
correo se envió el 14 de septiembre de 2022, al buzón electrónico
jairo.bernal.c@hotmail.com, como se advierte en el índice 12 del aplicativo SAMAI
del expediente número 11001-33-35-013-2020-00232-0117.
En ese orden, es preciso resaltar que, encontrándose en curso la tutela de la
referencia, y luego de trascurrido un año y 9 meses de ingresar el expediente al
despacho18, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A” dictó el auto de 14 de septiembre de 2022, en el que se pronunció
sobre la manifestación de impedimento presentada por la jueza Trece (13)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho número 11001-33-35-013-2020-00232-01, con lo
cual se advierte la cesación de la vulneración alegada19.
Al respecto, esta Colegiatura en anteriores oportunidades20 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.
En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii)
por una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
Sala cita como criterio auxiliar, señaló que:
“[…] La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
17 Ver enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001333501
3202000232012500023.
18 Según se observa en el aplicativo Samai, el proceso pasó al despacho el 14 de diciembre de
2020.
19 Sobre el tema se pueden consultar la siguiente sentencia de tutela proferidas por esta Sección:
21 de octubre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-06411-00, M. P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
20 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de
junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.21
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado […]” (Negrillas inexistentes en el texto original)
“[…] Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados.
Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el
fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes
figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha
empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente22[…]”.
Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño
resulta perenne.
Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé
una orden al respecto”.23
21 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
22 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
23 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
“[…] El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada […]”24.
En ese orden, en atención a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” profirió el auto de 14 de septiembre de 2022,
notificado el 15 de septiembre del mismo año, en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 11001-33-35-013-
2020-00232-01, cualquier orden que se dicte por parte de esta Sala de Decisión
resultaría inane, dado que la presunta vulneración cesó debido a la actuación de la
parte demandada durante el trámite de esta acción, tal como lo solicitó el señor
Bernal Cifuentes en la pretensión constitucional.
2.8. Conclusión
Así las cosas, y conforme con lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, al momento de fallar la presente acción
de tutela, se encontró que durante el trascurso de esta, la autoridad judicial
accionada dictó y notificó la providencia dentro el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 11001-33-35-013-
2020-00232-01, donde actúa como demandante el señor Luis Jairo Bernal
Cifuentes.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
24 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Jairo Bernal Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04834-00
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Luis Jairo Bernal Cifuentes contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.