Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04835-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04835-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04835-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de septiembre de 2022
Demandante: Héctor Alirio Bohórquez Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04835-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04835-00
Demandante: HÉCTOR ALIRIO BOHÓRQUEZ SUÁREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo. Edad de
retiro forzoso ex funcionarios de la justicia penal militar. Niega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor Alirio Bohórquez
Suárez, actuando en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado Cincuenta y Siete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El accionante interpuso el mecanismo constitucional 1 contra las autoridades
judiciales referenciadas en procura de la salvaguarda de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En su
criterio, tales garantías resultaron quebrantadas con ocasión de las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia, respectivamente, los días 25 de octubre
de 2019 y 10 de marzo de 2022.
2. En tales providencias se denegaron las pretensiones formuladas por el señor
Héctor Alirio Bohórquez Suárez en la demanda que promovió contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, en
1 El escrito de tutela se radicó el 7 de septiembre de 2022 a través del aplicativo de recepción de
tutelas y habeas corpus destinado por el Consejo Superior de la Judicatura para tal fin.
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Demandante: Héctor Alirio Bohórquez Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro.
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ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, con el fin de
que se declarara la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio.
1.2 Pretensiones
1. Restablecer el derecho fundamental del DEBIDO PROCESO Constitucional y
Convencional que me ha sido vulnerado dentro de la presente actuación por
parte de los falladores: JUZGADO 57 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “A” - MP. CARMEN ALICIA RENGIFO SANGUINO.
2. Revocar la decisión emitida por los falladores de 1ª y 2ª Instancia y en
consecuencia disponer la nulidad de la Resolución No. 000874 del 23 de
diciembre de 2013 dictada por la Directora Ejecutiva de la Justicia Penal Militar,
a traves (sic) de la cual fui retirado de la Justicia Penal Militar en donde me
desempeñaba como Juez (sic) de Primera Instancia de la Dirección General de
la Policía Nacional.
3. Se acceda a las pretensiones planteadas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho como en la corrección de la misma.
1.3. Hechos
A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia:
3. El 6 de diciembre del año 2000, el accionante ingresó a la planta de personal
del Ministerio de Defensa Nacional como fiscal 142 Penal Militar ante el Juzgado de
Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional.
4. Posteriormente, mediante Resolución N. °000031 de 2007 expedida por el
director ejecutivo de la Justicia Penal Militar fue nombrado como juez del Juzgado de
Primera Instancia de la Dirección General de la Policía Nacional.
5. El señor Bohórquez Suárez cumplió 65 años de edad el 14 de diciembre del
año 20133.
6. A través de la Resolución N.° 000874 del 23 de diciembre de 2013 dictada por
la directora ejecutiva de la Justicia Penal Militar, se dispuso la desvinculación del
actor como juez de Primera Instancia de la Dirección General de Policía Nacional de
Colombia, por cumplir la edad de retiro forzoso, de conformidad con el artículo 38
numeral 8º del Decreto 1792 de 20004 y el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968.
2 Dicho proceso se identificó con el número de radicado 11001-33-35-708-2014-00110-(02).
3 Toda vez que nació el 14 de diciembre de 1948.
4 ARTICULO 38. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de los empleados
públicos del Ministerio de Defensa conlleva la cesación en el ejercicio de funciones públicas, origina el
retiro de la carrera y la pérdida de los derechos de la misma y se produce en los siguientes casos:
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7. El actor ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección Ejecutiva de la
Justicia Penal Militar5, con el propósito de que i) se declarara la nulidad del acto
administrativo que dispuso su retiro del servicio, ii) fuera reintegrado en el cargo en el
que venía desempeñándose como juez o a uno de mayor jerarquía, y finalmente, iii)
se le indemnizara por los perjuicios materiales y morales que le fueron ocasionados
con la desvinculación.
8. Como fundamento de lo pretendido esgrimió, en síntesis, que las normas
especiales que rigen la carrera del personal de la Justicia Penal Militar 6 si bien
establecían el cumplimiento de la edad de retiro forzoso como una causal de
desvinculación, lo cierto es que no especificaban que dicha edad correspondía a los
65 años. Por tanto, no podía ser desvinculado ante dicho vacío y dada la ausencia de
disposición que remitiera a otro cuerpo normativo para definir tal aspecto.
9. Indicó, a su vez, que la Ley 27 de 1992, en su artículo 2º, excluyó a los
trabajadores del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo personal debía continuar
rigiéndose por las normas vigentes consagradas en la Constitución y la ley, tal y
como sucedía respecto de los magistrados de la Corte Constitucional.
10. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá resolvió negar las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 25 de
octubre de 2019. Para el efecto, indicó que el presunto vacío legal que invocaba el
demandante no tenía vocación de prosperidad, en tanto la norma especial señala
taxativamente como causal de desvinculación cumplir la edad de retiro forzoso, sin
necesidad de especificar una diferente a la fijada por la norma general en 65 años
(artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, reglamentado por el Decreto 1950 de 1973,
artículo 122).
11. Resaltó que una interpretación diferente contraviene el sentido natural de la
disposición cuya finalidad es establecer un límite temporal que no puede quedar
librado al capricho de quien esté facultado para su aplicación. Asimismo, precisó que
la Justicia Penal Militar no hace parte de la Rama Judicial, de modo que no resultan
aplicables sus normas en lo que respecta a la edad de retiro forzoso.
12. Contra esta decisión el extremo demandante interpuso recurso de apelación el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A. Esta autoridad judicial mediante sentencia del 10 de marzo de 2022
confirmó la providencia de primer grado.
8. Por cumplir la edad de retiro forzoso.
5 Dicho proceso se identificó con el número de radicado 11001-33-35-708-2014-00110-(02).
6 Refiriéndose al Decreto 1792 del 2000 como la Ley 940 de 2005.
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13. Para fundamentar su postura, el tribunal, luego de referirse al régimen jurídico
aplicable a la situación del actor, indicó que el Decreto 1792 del 2000 en su artículo
38 estableció que debe desvincularse al funcionario que llegue a la edad de retiro
forzoso sin haber especificado cuál es la edad de consolidación de ese retiro.
14. Por ende, señaló que era necesario acudir a las normas que sí lo señalan
como lo son el Decreto 2400 de 1968 y su reglamentario 1950 de 1973 que
disponían los 65 años de edad 7 ; los cuales se acreditó fueron cumplidos por el
demandante el 14 de diciembre de 2013.
1.4. Fundamentos de la vulneración
15. La parte actora aseguró que en las decisiones proferidas por las autoridades
judiciales accionadas para resolver su situación se realizó una errada aplicación
normativa, con lo cual se materializó un defecto sustantivo.
16. Como sustento de su afirmación señaló que la Ley 27 de 19928, en su artículo
2º, establece que los servidores del Estado que presten sus servicios en el Ministerio
de Defensa Nacional continuarán rigiéndose por las normas vigentes consagradas en
la Constitución y en la ley.
17. A su vez, resaltó que el artículo 125 superior dispone que “el retiro se hará:
por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”.
18. Igualmente, que el artículo 109 del Decreto 1792 del 2000 9 indica que los
empleados civiles del Ministerio de Defensa que desempeñen cargos en las
diferentes instancias y despachos de la Justicia Penal Militar, que puedan ser
desempeñados por civiles, se regirán por lo dispuesto en tal cuerpo normativo.
19. Con tales precisiones, indicó que tanto el Decreto 1792 del 2000 como la Ley
940 de 200510 son normas especiales que rigen la carrera del personal de la Justicia
Penal Militar y que en ninguno de dichos compendios se especifica cuál es la edad
7 Posteriormente, la Ley 1821 de 2016 en su artículo 1° dispuso: “La edad máxima para el retiro del
cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez
cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas
bajo ninguna circunstancia.
Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el
artículo 29 del Decreto-ley 2400 de 1968, modificado por el artículo 1o del Decreto-ley 3074 de 1968”.
8 Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre
administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones.
9 Por el cual se modifica el Estatuto que regula el Régimen de Administración del Personal Civil del
Ministerio de Defensa Nacional, se establece la Carrera Administrativa Especial.
10 Por la cual se expiden normas sobre requisitos para el desempeño de cargos en la Jurisdicción
Penal Militar.
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de retiro forzoso para sus miembros, ni tampoco que deba acudirse a otra legislación
para establecerlo.
20. Esgrimió que al ser dichos cuerpos normativos legislación especial que regula
la carrera del personal adscrito a la Justicia Pena Militar, le estaba vedado a los
falladores acudir ante el vacío existente a las normas generales para suplir lo no
regulado en cuanto a la edad de retiro forzoso.
21. En concepto del tutelante, la fijación de la edad de retiro forzoso es facultad
exclusiva del legislador, razón por la que si el mismo no definió dentro de la
legislación especial dicho aspecto ni consideró llenar este vacío con la figura de la
remisión normativa, ello implicaba que las autoridades judiciales accionadas no
podían suplir dicha ausencia con las disposiciones de carácter general que definían
la edad de retiro forzoso para los funcionarios de la Rama Ejecutiva.
22. Indicó que los falladores de instancia, en vez de observar la legislación
especial vigente, y en la que no se estableció la edad de 65 años de edad como
aquella de retiro forzoso, acudieron a una normatividad inaplicable sin estar
facultados para hacerlo.
1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
23. Mediante auto del 9 de septiembre de 2022, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la parte accionante.
Igualmente, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bogotá, como autoridades judiciales que profirieron las sentencias que se
cuestionan por esta vía.
24. A su vez, se ordenó la vinculación como terceros con interés (i) del Ministerio
de Defensa y de la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar 11, así como (ii) de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.5.2. Intervenciones. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las
siguientes:
1.5.2.1. Ministerio de Defensa Nacional
25. Manifestó que respeta las decisiones judiciales objeto de reproche en razón a
la autonomía judicial de que gozan las autoridades accionadas. Agregó que no existe
11 Autoridad que actuó como demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el accionante.
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de su parte transgresión alguna de los derechos fundamentales invocados, debido a
que lo alegado en la solicitud se encuentra totalmente fuera de la órbita de su
competencia y se dirige a cuestionar lo resuelto en sede judicial.
26. Por lo anterior, solicitó que se le desvinculara del presente trámite
constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.2.2. Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bogotá
27. Expuso que en la sentencia de primera instancia, y que fue confirmada por su
superior jerárquico, valoró la situación particular del actor, dando aplicación a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. De dicho análisis, arribó a la conclusión de
que la edad de retiro forzoso para el caso bajo estudio -65 años de edad-, fue bien
aplicada por la administración al momento de proferir el acto de retiro.
28. Lo anterior, sumado al hecho que se constató que para la fecha en que el
tutelante fue retirado del servicio, contaba con asignación de retiro debidamente
reconocida.
29. Añadió que el escrito tutelar insiste en argumentos sobre los cuales ya se
debatió dentro del proceso de primera y segunda instancia, con lo cual se advertía un
propósito de reabrir un debate procesal debidamente zanjado por los falladores
naturales de la causa.
30. Refirió que al haberse proferido las decisiones enjuiciadas de conformidad con
el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso, y atendiendo a las pruebas
válidamente recaudadas y el análisis crítico de las mismas, no se configuró defecto
alguno del que se desprendiera la vulneración de los derechos invocados por el
actor. En consecuencia, solicitó “declarar la improcedencia” del mecanismo de
amparo presentado por el señor Bohórquez Suárez.
1.5.2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado pese a ser notificados del presente
trámite, no se pronunciaron frente al asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
31. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Héctor Alirio Bohórquez Suárez contra el Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado Cincuenta y Siete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.
32. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Solicitud de desvinculación del Ministerio de Defensa
33. El Ministerio de Defensa solicitó que se le desvinculara del presente trámite
por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues los reproches
de la parte actora se dirigen contra las autoridades judiciales a las que se ha hecho
referencia.
34. La Sala despachará desfavorablemente esta solicitud, toda vez que dicha
entidad no fue vinculada al presente trámite como accionada, sino como tercero
interesado en el resultado del proceso por haber sido demandada en sede de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que fueron proferidas las decisiones objeto de
censura mediante el mecanismo constitucional que se estudia.
2.2.2 Del estudio de providencias
35. La parte actora cuestionó tanto la sentencia proferida en primera instancia el
25 de octubre de 2019 por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bogotá, como la del 10 de marzo de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sede de
apelación.
36. Frente a este punto, se pone de presente que el análisis recaerá únicamente
respecto de la providencia que puso fin al proceso ordinario, esto es, la dictada por el
tribunal, mediante la cual confirmó la negativa a las pretensiones formuladas al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al que se ha
hecho alusión.
2.3. Legitimación en la causa
37. La Sala advierte que el señor Bohórquez Suárez está legitimado en la causa
por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los
artículos 1, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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38. Lo anterior, por cuanto fungió como parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional y la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, con ocasión de
su desvinculación como juez de Primera Instancia de la Dirección General de Policía
Nacional de Colombia, por cumplir la edad de retiro forzoso, de conformidad con el
artículo 38 numeral 8º del Decreto 1792 de 200012 y el artículo 31 del Decreto 2400
de 1968.
39. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que las autoridades judiciales
accionadas están legitimadas en la causa por pasiva, por haber proferido las
decisiones censuradas mediante la presente acción de tutela.
2.4. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial?
41. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor al incurrir en
defecto sustantivo al proferir la sentencia del 10 de marzo de 2022, mediante
la cual confirmó la negativa a las pretensiones formuladas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, por dar aplicación a las normas
generales según las cuales la edad de retiro forzoso correspondían a los 65
años, situación que se acreditó en el caso puntual del demandante?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse; (iii) el caso concreto de cara a las generalidades de los defectos
alegados.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
12 ARTICULO 38. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de los empleados
públicos del Ministerio de Defensa conlleva la cesación en el ejercicio de funciones públicas, origina el
retiro de la carrera y la pérdida de los derechos de la misma y se produce en los siguientes casos:
8. Por cumplir la edad de retiro forzoso.
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judiciales, en fallo de 31 de julio de 201213. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema 14 . En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales15.
43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 16. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia17 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial18.
44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia: i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii)
inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
17 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
18 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.
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razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) cuando proceda, efecto
decisivo de la irregularidad procesal
45. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
46. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Tutela contra tutela
47. En el caso objeto de estudio no existe reparo alguno frente al presente
requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de
la misma naturaleza. En efecto, la providencia que se censura fue proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho reseñado en líneas
precedentes.
2.6.2. Inmediatez
48. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia objeto de censura fue dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 10 de marzo
del 2022, mientras que la acción constitucional fue incoada el 7 de septiembre del
mismo año.
49. Así las cosas, sin necesidad de determinar la fecha de notificación y aquella
en que adquirió ejecutoria, se observa que se interpuso dentro de los seis meses que
esta Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.
50. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 19,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
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Demandante: Héctor Alirio Bohórquez Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04835-00
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200520, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.6.3. Subsidiariedad
51. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de una sentencia
de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación que interpuso la parte
accionante contra el fallo dictado por el juez ordinario de primera instancia, es
evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
52. De otra parte, de los argumentos expuestos en el líbelo no se advierte que
respecto de los mismos sean procedentes los recursos extraordinarios de revisión o
de unificación de jurisprudencia contenidos en los artículos 248 y 256 de la Ley 1437
de 2011.
2.6.4. Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho
53. Tal y como sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 la
acreditación de este requisito resulta comprensible “pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos”.
54. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la parte actora presentó
una explicación clara y suficiente de los hechos y argumentos por los que consideró
que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
55. Concretamente, el accionante precisó que estaba vedado para los operadores
judiciales acudir a lo establecido en las normas generales para definir la edad de
retiro forzoso, con lo cual se realizó una aplicación indebida de las normas que
regulaban su situación en particular.
20 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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2.6.5. Relevancia constitucional
56. Para la Sala este requisito se encuentra superado por cuanto se observa que
en el caso concreto se discute, principalmente, si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al confirmar la sentencia de
primera instancia, desconoció el régimen aplicable a los funcionarios de la Justicia
Penal Militar en términos de las condiciones para que proceda el retiro del servicio.
57. Puntualmente, el actor considera que resulta irrazonable que pese a que la
norma especial no especificó cuál es la edad de retiro ni indicó que para el efecto
había lugar a remitirse a otra legislación, los operadores judiciales hubiesen
procedido en tal sentido. Así, estimó que la determinación de la edad de retiro
forzoso corresponde definirla única y exclusivamente al legislador, razón por la cual
la aplicación de la regla de los 65 años como edad de retiro forzoso contemplada en
la norma general, y no especial, resultaba caprichosa y arbitraria y que a su vez
resultaba incompatible con el artículo 125 constitucional.
58. En este orden, el asunto es de relevancia porque se debate una interpretación
y aplicación normativa hecha por la autoridad judicial accionada en torno al retiro del
servicio del actor de la que se desprenden garantías relacionadas con el derecho
fundamental al trabajo y a la seguridad social en pensiones.
59. De tal suerte, corresponde determinar si en el abordaje del caso por parte del
respectivo juez natural estaba vedado el proceder asumido en virtud del cual
concluyó que el retiro del actor se ajustó a derecho pues, como se mencionó, de la
interpretación efectuada dependen garantías de raigambre constitucional que
propenden por brindar a los individuos y sus familias condiciones “para una
subsistencia acorde con la dignidad del ser humano21”.
60. Luego, es de relevancia constitucional cuando presuntamente subsiste
violación o amenaza de garantías superiores luego de haber agotado el
procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección.
2.7. Del defecto invocado
61. Como se ha mencionado con antelación, la Sala determinará si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A al proferir la
providencia del 10 de marzo de 2022 incurrió en el defecto sustantivo que se le
atribuye.
62. Bajo tal perspectiva, se definirá brevemente el yerro en comento y luego se
analizará con el fin de dilucidar si procede o no el amparo de los derechos
fundamentales sobre los que se invocó la protección constitucional.
21 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-036 de 2017 y T-043 de 2019.
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2.7.1. Generalidades del defecto sustantivo
63. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica” 22 . Puntualmente, lo configuran los siguientes
supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o
se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
64. Conforme lo anterior, procederá entonces el amparo constitucional cuando se
acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que
se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la
carga argumentativa suficiente.
2.8. Caso concreto
65. Para abordar el fondo del asunto, debe reiterarse que el accionante adujo la
existencia de un defecto sustantivo como consecuencia de una indebida
interpretación normativa por parte de las autoridades judiciales que conocieron de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso luego de ser
retirado del servicio como juez en la Jurisdicción Penal Militar, por cumplir la edad de
65 años.
66. En estricto sentido, el actor censuró que no se hubiere dado aplicación a la
legislación especial que regula la carrera del personal adscrito a la Justicia Penal
Militar (Decreto 1792 del 2000 y la Ley 940 de 2005), en la que no se especifica la
edad de retiro forzoso, y arbitrariamente se haya acudido ante la existencia de vacío,
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
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a norma de carácter general sin estar autorizados por el legislador para hacerlo.
Todo, para concluir que, en su caso, la edad de retiro correspondía a los 65 años y
por tanto su desvinculación se ajustó a derecho.
67. Concretamente, la parte actora afirmó que la administración no podía disponer
su desvinculación del servicio por haber cumplido la edad de 65 años, comoquiera
que si bien se contempla en la legislación especial como causal de retiro el
cumplimiento de la edad de retiro forzoso, en esta no estableció de ninguna manera
que corresponda a los 65 años, ni tampoco autorizó a que se acudiera a las
disposiciones generales.
68. La Sala anuncia que no accederá a la solicitud de amparo invocada por la
parte accionante por considerar que no se acreditó la configuración del defecto
propuesto, de conformidad con las razones que se exponen a continuación:
69. Del análisis de la sentencia censurada proferida por el tribunal accionado y
que confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, se advierte que se realizó un análisis integral del régimen jurídico que
regula la situación del actor.
70. Tal y como puso de presente el tribunal accionado, al actor le resultaba
aplicable el Decreto 1792 del 2000, dada su condición de juez de la Justicia Penal
Militar, y por tanto, personal civil del Ministerio de Defensa Nacional de conformidad
con su artículo 109 que dispone:
ARTICULO 109. EMPLEADOS DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR. Los
empleados civiles del Ministerio que desempeñen cargos en las
diferentes instancias y despachos de la Justicia Penal Militar, que
puedan ser desempeñados por civiles, se regirán por lo dispuesto en
el presente Decreto.
Los requisitos para el desempeño de cargos que, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución Política y el Código Penal Militar, puedan
ser ocupados por personal civil serán los mismos exigidos cuando tales
cargos sean desempeñados por miembros de la Fuerza Pública, en lo
pertinente.
PARAGRAFO. Para los efectos del presente artículo se entiende por
civiles, quienes no sean miembros de la Fuerza Pública o se encuentren
en uso de buen retiro. (Énfasis de la Sala)
71. Como expuso en su sentencia, en el artículo 38 del citado decreto se
establecen las causales de retiro de los empleados públicos del Ministerio de
Defensa Nacional así:
ARTICULO 38. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO.El retiro del servicio de los
empleados públicos del Ministerio de Defensa conlleva la cesación en el ejercicio de
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funciones públicas, origina el retiro de la carrera y la pérdida de los derechos de la
misma y se produce en los siguientes casos:
(…) 8. Por cumplir la edad de retiro forzoso.
72. En tal orientación, la autoridad judicial accionada advirtió que, dentro de las
causales de retiro previstas por el artículo 38 de la normatividad aplicable al actor, se
encuentra cumplir la edad de retiro forzoso.
73. Como puso de presente el tribunal, la Sala advierte que la edad de retiro
forzoso fue establecida de manera general por el Decreto 2400 de 1968, aplicable al
personal civil que presta sus servicios en la Rama Ejecutiva, al prever en el artículo
31 que “todo servidor público o empleado que sea funcionario del Estado o que
ejerza funciones públicas y que cumpla la edad de 65 años, será retirado del servicio
y no podrá ser reintegrado”.23
74. Por su parte, y tal y como advirtió la autoridad judicial reprochada, el Decreto
1950 de 1973, en el artículo 12224 disponía que “La edad de sesenta y cinco (65)
años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo para los
empleos señalados en el inciso segundo del artículo 2925 del Decreto Nacional 2400
de 1968, adicionado por el 3074 del mismo año”, entre los que no se encontraba el
desempeñado por el accionante.
75. En este punto debe recordarse que el artículo 1° de la Ley 1821 de 201626
modificó la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen
funciones públicas estableciéndola en setenta (70) años27, y una vez cumplidos, se
causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser
reintegradas bajo ninguna circunstancia.
76. Frente al reproche del actor relacionado con que por igualdad debía tenerse
en cuenta que respecto de los magistrados de la Corte Constitucional tampoco existe
ley que hubiese fijado la edad de retiro forzoso, la Sala considera conveniente poner
de presente que lo manifestado por el tribunal accionado al indicar que la Justicia
Penal Militar no hace parte de la Rama Judicial, se acompasa con lo resuelto por la
Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 2016.
23 Declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-351 de 1995.
24 Derogado por el Decreto 1083 de 2015.
25 “La Persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio, salvo
cuando se trate de ocupar las posiciones de Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe
de Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio o
Departamento Administrativo, Presidente, Gerente o Director de Establecimientos Públicos o de
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos
en la respectiva carrera y secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata este
artículo. Por necesidades del servicio, el gobierno podrá ampliar estas excepciones siempre y cuando
no sobre pase la edad de sesenta y cinco (65) años”
26 Corregido por el artículo 1° del Decreto 321 de 2017.
27 No obstante, dicha disposición entró en vigencia de que fue expedido el acto de desvinculación del
accionante, razón por la cual sus efectos no le resultaban aplicables.
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77. En dicha oportunidad, en ejercicio del control de constitucionalidad previo del
proyecto de ley que antecedió a la expedición de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de
la administración de justicia-, se pronunció respecto de la exequibilidad del artículo
11 de dicho proyecto, que incluía a la Justicia Penal Militar dentro de los órganos que
conforman la Rama Judicial del Poder Público.
78. En específico, consideró que la Justicia Penal Militar no hace parte de la
Rama Judicial, con fundamento en lo siguiente:
El literal f) establece que la jurisdicción penal militar hace parte de la
rama judicial. Al respecto, baste manifestar que este es uno de los
casos en que a pesar de que se administra justicia (Arts. 116 y 221
C.P.), los jueces penales militares no integran esta rama del poder
público, pues -conviene repetirlo- no se encuentran incluidos
dentro de los órganos previstos en el Título VIII superior. Por lo
demás, no sobra advertir que en providencia de esta Corporación ya se
han definido los alcances del artículo 221 superior -que se encuentra
dentro del Capítulo sobre la fuerza pública- al establecer que la justicia
penal militar únicamente juzga a "los miembros de la fuerza pública en
servicio activo, y sólo por delitos cometidos en relación con el mismo
servicio"[14]. En esa misma providencia se concluyó:
"Es verdad que la Justicia Penal Militar, según lo dice el artículo 116 de
la Constitución, administra justicia. Pero lo hace de manera restringida,
no sólo por los sujetos llamada a juzgar, sino por los asuntos de los
cuales conoce". Por lo demás, estima esta Corporación que el hecho de
que la ley le haya atribuido a la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia el conocimiento en casación de las sentencias proferidas por la
justicia penal militar, no significa por ese sólo hecho que ella haga parte
de la rama judicial, pues se trata de una relación funcional que en nada
compromete la estructura orgánica de esta rama del poder público.
Al ser indiscutible, entonces, que los jueces penales militares no
tienen por qué hacer parte de la rama judicial, esta Corporación
deberá declarar la inexequibilidad del literal f) del artículo 11 bajo
revisión.
79. Ahora bien, el tribunal afirmó que si el Decreto 1792 del 2000, como cuerpo
normativo que regulaba la situación del accionante estatuyó como causal de retiro el
cumplimiento de la edad de retiro forzoso, resulta absolutamente necesario acudir a
los Decretos 2400 de 1968 (art.31) y 1950 de 1973 (art. 122), pues en tales
disposiciones se precisaba cuál era dicha edad.
80. Para la Sala, debe tenerse en cuenta, como lo hizo el tribunal enjuiciado, que
la Corte Constitucional mediante sentencia C-351 de 1995, declaró la exequibilidad
del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 que establecía la edad de retiro forzoso de
manera general en 65 años de edad, y a la que se acudió en el caso concreto. En
específico, el Alto Tribunal señaló lo siguiente:
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¿A quién corresponde determinar la edad de retiro forzoso? Obviamente si el
constituyente no lo ha hecho, dicha potestad queda deferida al legislador, quien,
además, dentro de la (sic) facultades asignadas en el artículo 125, puede
determinarla para los demás servidores públicos. Así lo ha hecho a través del
otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo para que éste, a su vez,
la determine, como lo hizo mediante el artículo 31 del Decreto Ley 2400 de 1968.
(…)
Como se ha señalado anteriormente, la Carta Política establece la edad de
retiro forzoso como una de las causales de retiro para los magistrados de las
altas Cortes. De ello no se puede colegir que aunque para este caso concreto se
haya fijado tal causal en la Constitución, ello sea excluyente para que, a través de
la ley, dicha causal se extienda a otros servidores públicos, o que se establezca
como regla general para todos ellos.
(…)
[e]s razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad
máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino
como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos.
(Énfasis de la Sala)
81. Ciertamente, en dicha oportunidad la Corte Constitucional dispuso que el
establecimiento de la edad de retiro forzoso general propendía, entre otros, por la
materialización del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos
públicos28, del derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse
como servidores públicos 29 y de los mandatos superiores que ordenan al Estado
propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar30.
82. Como puso de presente el tribunal accionado, la Corte Constitucional ha
avalado el retiro forzoso a la edad de 65 años como causal de desvinculación del
servicio público, en la medida en que lo ha encontrado acorde con los fines
constitucionales a los que se ha hecho referencia, pues el fin perseguido con tal
medida es la redistribución y renovación de los empleos públicos como un recurso
escaso, a efectos de que, en “condiciones de equidad e igualdad”, todos los
ciudadanos tengan acceso a la administración31.
83. Debe recordarse que el actor considera que lo dispuesto en el artículo 125
constitucional, así como en la Ley 27 de 1992, artículo 2, impedía al tribunal la
aplicación a su caso de la norma general contenida en el Decreto 2400 de 1968 para
determinar la edad de retiro forzoso. Ello, toda vez que, en su legislación especial, el
28 Artículos 13 y 40, numeral 7 de la Constitución.
29 Artículo 25 de la Constitución.
30 Artículo 54 de la Constitución.
31 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional C-563 de 1997, T-548 de 2010, T-718 de
2014, T-735 de 2015 y C-135 de 2018.
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personal de la Justicia Penal Militar no tiene establecido cuando se configura esa
situación.
84. En específico, la Ley 27 de 1992, en su artículo 2º, establece que los
servidores del Estado que presten sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional
continuarán rigiéndose por las normas vigentes para ellos consagradas en la
Constitución y la ley. Por su parte, el artículo 125 superior dispone que “el retiro se
hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”.
85. Frente al punto, la Sala estima que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, lejos de haber desconocido tales
disposiciones, las respetó en su integridad si se tiene en cuenta que: i) advirtió que el
retiro del actor se dio con ocasión a la causal prevista en la legislación aplicable a su
situación particular (Decreto 1792 del 2000, artículo 38-8) y ii) de conformidad con el
límite de 65 años de edad, establecido para la generalidad de funcionarios públicos.
86. En atención a lo expuesto y sin lugar a mayores disquisiciones frente al
particular, la Sala considera razonable que el tribunal enjuiciado haya señalado con
sustento en las disposiciones normativas puestas de presente, así como en la
jurisprudencia constitucional que la edad de retiro forzoso es común para todos los
funcionarios públicos con ciertas excepciones que no incluyen, como pretende el
accionante, a quienes como él, se desempeñaron en la Justicia Penal Militar, aun
cuando en la legislación especial pese a definirse como causal de retiro el
cumplimiento de la edad forzosa, no se haya hecho especificado dicha edad.
87. De tal suerte, esta Sala de Decisión considera que, contrario a lo que esgrimió
el actor y tal y como lo advirtió el tribunal, las disposiciones aplicables a su situación
en lo que se refiere a las causales de retiro del servicio eran las establecidas en el
Decreto 1792 de 2000, artículo 38-8 (por cumplir la edad de retiro forzoso); y a los
Decretos 2400 de 1968 (art.31) y 1950 de 1973 (art.122), según los cuales su
desvinculación resultaba procedente por el hecho de haberse acreditado que cumplió
65 años.
88. Debe tenerse en cuenta que el tribunal enjuiciado luego de constatar que el
actor fue desvinculado, una vez cumplió 65 años, verificó las condiciones
económicas del mismo al momento del retiro, tal y como ha indicado la Corte
Constitucional a efectos de salvaguardar el mínimo vital32; puesto que advirtió que ya
contaba con asignación de retiro reconocida.
32 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-012 de 2009, T-007 de 2010, T-487 de
2010, T-086 de 2011, T-495 de 2011, T-038 de 2012, T-154 de 2012, T-294 de 2013, T-734 de 2015.
En tales pronunciamientos el Alto Tribunal ha establecido una regla a tener en cuenta para la
resolución de este tipo de casos relacionada con que no resulta razonable desvincular a una persona
de su cargo por haber cumplido la edad de retiro forzoso, si antes no ha logrado garantizar su mínimo
vital mediante alguna de las prestaciones del sistema de seguridad social.
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89. Bajo los anteriores criterios y luego del análisis de la decisión censurada, la
Sala concluye que el tribunal demandado no incurrió en el yerro que se le atribuyó, y
por tanto, la solicitud de amparo no tiene vocación de prosperidad.
90. En efecto, en la sentencia censurada se realizó un estudio y una
argumentación razonable, propia de la autonomía del operador judicial. Esta
actividad solo encuentra su límite cuando el juzgador incurre en arbitrariedad o
capricho, escenario que no se advierte en el caso concreto.
2.9. Conclusión
91. La Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A no incurrió en el defecto sustantivo pues, como se demostró,
analizó la situación puesta en su conocimiento de conformidad con la normativa y
jurisprudencia aplicable; análisis del que concluyó que la desvinculación del actor
como juez penal militar por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, se ajustó a
derecho.
92. De conformidad con lo anterior, la Sala negará el amparo constitucional
invocado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Defensa
Nacional.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por el señor Héctor Alirio
Bohórquez Suárez.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
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Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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