Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04855-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04855-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04855-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04855-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de noviembre de 2022
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
F.T: 281
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04855-01
Accionante: SOCIEDAD MÉDICA VIDA S.A.S.
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO
Temas: Acción de tutela en contra de providencias judiciales emitidas en medio de
control de reparación directa y trámite de ejecución de sentencia. Incumplimiento de
los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia
proferida el 6 de octubre de 2022 por la Sección Quinta de esta corporación.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de reparación directa
Los señores William Mosquera Palacios, Claudia Patricia Mena Córdoba, en nombre
propio y en representación de sus hermanos menores Luisa Viviana Serna Mena,
Luis Eduardo Aragón Mena, Luis Fernando Aragón Mena y Yuli Adriana Aragón
Mena; Amalfi Padilla Mena y Willinton Mena Mena instauraron demanda de
reparación directa en contra de la Caja de Previsión Social y Comunicaciones
CAPRECOM EPS (hoy P.A.R. CAPRECOM LIQUIDADO), de la Sociedad Médica
Vida S.A.S., de la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó y del Hospital
San Francisco de Asís, para que se les declarara solidariamente responsables por
los perjuicios causados, por la falla en la atención y prestación del servicio de salud
a la señora Francisca Frasney Mena Córdoba, que generó su muerte y la del que
estaba por nacer.
El 25 de noviembre de 2015 el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión
del Circuito Judicial de Quibdó negó las pretensiones de la demanda y declaró
probada de oficio la excepción de indebida representación de la señora Claudia
Patricia Mena Córdoba, frente a los menores Luisa Viviana Serna Mena, Luis
Eduardo Aragón Mena, Luis Fernando Aragón Mena y Yuli Adriana Aragón Mena.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
Por lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de
esta decisión. El 10 de junio de 2016 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó avocó conocimiento del proceso1 y el 22 de noviembre de la
misma anualidad concedió, en efecto suspensivo, el recurso mencionado.
El 21 de febrero de 2019 el Tribunal Administrativo del Chocó revocó la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, primero, declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva del Hospital San Francisco de Asís y
CAPRECOM EPS y, segundo, condenó administrativa, patrimonial, solidaria y
extracontractualmente responsables a la Sociedad Médica Vida S.A.S. y a la EPS
Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó.
b) Ejecución de la sentencia
El 20 de enero de 2020 la parte demandante solicitó la ejecución de la sentencia
proferida en el proceso contencioso. El 29 del mismo mes y año el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó libró mandamiento de pago en contra
de la Sociedad Médica Vida S.A.S. y de la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos
de Quibdó.
El 22 de septiembre de igual año la Sociedad Médica Vida S.A.S. formuló incidente
de nulidad, con fundamento en que en la sentencia de 21 de febrero de 2019 se
desconoció el inciso 4.º del artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, en el cual se
dispuso que en el evento de una condena el juez debía determinar la proporción por
la cual debía responder cada una de las demandadas, lo que conllevaba que la
providencia no reuniera los requisitos del artículo 422 del Código General del
Proceso para su ejecución.
El 4 de octubre de 2021 la autoridad judicial mencionada negó la solicitud de nulidad,
debido a que (i) los hechos en que se fundamenta no encuadran en ninguna de las
causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso y
(ii) la sociedad no controvirtió el auto que libró el mandamiento de pago a través de
los mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla para el efecto ni contestó
la demanda ejecutiva. El 8 del mismo mes y año la sociedad ejecutada interpuso
recurso de reposición contra la anterior providencia y el 26 de julio de 2022 el
despacho judicial precitado no repuso su decisión.
c) Inconformidad
La sociedad accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Chocó, al
expedir la sentencia del 21 de febrero de 2019, y el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Quibdó, al negar la solicitud de nulidad, mediante el auto del
4 de octubre de 2021, confirmado en el proveído del 26 de julio de 2022, vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
1 En cumplimiento del Acuerdo 535 del 13 de abril de 2016 expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura del Chocó.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
justicia e igualdad y, junto con ellos, los principios de seguridad jurídica, primacía
del derecho sustancial sobre el formal y derechos adquiridos.
Como fundamento de lo anterior, afirmó que el Tribunal accionado incurrió en (i)
defecto sustantivo, pues, al no aplicar el inciso 4.º del artículo 140 del CPACA, el
cual prevé que en la sentencia condenatoria debe determinarse la proporción en la
cual deben responder las demandadas, la sentencia de 21 de febrero de 2019 se
encuentra viciada de nulidad; (ii) defecto procedimental, puesto que no tuvo en
cuenta el contenido del artículo 66 del Código General del Proceso, al adelantar el
medio de control sin darle una respuesta de fondo al llamamiento en garantía que
formuló, lo que genera la nulidad consagrada en el ordinal 8.° del artículo 133 de
referido estatuto; y (iii) violación directa de la Constitución Política, dado que, al no
tramitarse dicho llamamiento, se desconoció el artículo 29 superior.
Adicionalmente, manifestó que, al no haberse plasmado en la sentencia el monto
por el cual respondería cada uno de los demandados, esta se convierte en abstracta
y se hace imposible su ejecución, tal como lo señaló la Sección Tercera del Consejo
de Estado en el auto del 13 de febrero de 2019 proferido en el proceso con radicado
2000-00943-00. Asimismo, indicó que no comprende por qué el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó considera que la nulidad solicitada no
encuadra dentro de las causales señaladas en el artículo 133 del Código General
del Proceso, pues si se revisa con detenimiento el expediente contencioso logra
evidenciarse que existe un llamamiento en garantía y que el mismo no fue tramitado,
lo que vicia por completo toda la actuación surtida hasta haberse dictado la
sentencia dentro del proceso ordinario, vicio que continua durante la ejecución.
Finalmente, aseguró que se transgredió el principio de congruencia, porque, a pesar
de que se formuló un llamamiento en garantía, no se realizó un pronunciamiento
sobre aquel, lo que a su juicio implica que se genera una nulidad que es insaneable,
ya que la sentencia dictada no estuvo en consonancia con dicha pretensión, según
lo consagrado en los artículos 134 y 281 del Código General del Proceso.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados. En consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo del
Chocó dejar sin efectos la sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 en el medio
de control de reparación directa con número de radicado 2013-00026, para, en su
lugar, ordenar (i) a la corporación precitada dictar una nueva providencia, donde
tenga en cuenta el inciso 4.° del artículo 140 del CPACA, y vincular al llamado en
garantía y (ii) al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó
declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite ejecutivo, a partir del auto que
libró mandamiento de pago.
Adicionalmente, en caso de que se acceda favorablemente a las anteriores
pretensiones, deprecó oficiar a la Procuraduría Regional de Chocó, para que vigile
el cumplimiento inmediato de esta acción, con el fin de evitar dilaciones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
injustificadas por parte de los accionados, conforme a lo dispuesto en los fallos T-
942 de 2000 y T-098 de 2002.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
P.A.R. CAPRECOM LIQUIDADO
La abogada Rosa Elvira Reyes Medina indicó que lo pretendido en esta acción es
dejar sin efectos la sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 en el medio de
control de reparación directa 2012-00026, por lo que es el Tribunal Administrativo
del Chocó la autoridad competente para pronunciarse de fondo sobre el objeto de
esta. Además, manifestó que no existe un nexo de causalidad entre la vulneración
de los derechos fundamentales de la accionante y el accionar de su representada,
por lo cual solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Mapfre Seguros Generales de Colombia
La representante legal para asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos,
Alexandra Rivera Cruz, afirmó que Mapfre no es la entidad competente para revocar
una providencia judicial, por lo que solicitó declarar que aquella no conculcó ningún
derecho fundamental, ante la ausencia de legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, el abogado Jorge Mario Aristizábal Giraldo sostuvo que la parte accionante
durante el desarrollo del proceso ordinario tuvo la oportunidad para proponer la
nulidad, por no haberse surtido el trámite del llamamiento en garantía, de acuerdo
con los artículos 208, 209 y 210 del CPACA y 133 del Código General del Proceso;
sin embargo, aquella no la propuso en el momento oportuno, motivo por el cual no
puede pretender sanearla después de haber continuado el proceso, hasta el punto
de existir sentencia de segunda instancia. En consecuencia, requirió declarar
improcedente las súplicas, por no haberse vulnerado ningún derecho fundamental.
Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó
La procuradora Betty Amancy Córdoba Mosquera aseguró que dentro de los hechos
y pretensiones expuestos en el escrito de tutela no existe situación alguna que
vincule a esa entidad con la transgresión de los derechos fundamentales
reclamados, por lo cual consideró que carece de legitimación en la causa por pasiva
y, en esa medida, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.
Terceros vinculados
Los señores William Mosquera Palacios, Claudia Patricia Mena Córdoba, Luisa
Viviana Serna Mena, Luis Eduardo Aragón Mena, Luis Fernando Argón Mena, Yuli
Adriana Aragón Mena, Amalfi Padilla Mena y Willinton Mena Mena, por intermedio
de apoderado, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de esta acción,
porque, en su criterio, no se superó el requisito de subsidiariedad, comoquiera que
si bien la accionante llamó en garantía a la empresa Mapfre Seguros Generales de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
Colombia, esto lo hizo por fuera del término legal, lo que ocasionó que en la
audiencia inicial el juzgado de primera instancia declarara que su contestación era
extemporánea.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 6 de octubre de 2022 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela. Para el efecto, precisó que el estudio de los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad se realizaría con respecto a la sentencia
proferida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Chocó, por ser
la que pretende dejarse sin efectos a través del presente mecanismo constitucional.
En esa medida, frente al primer requisito, explicó que la providencia cuestionada fue
notificada el 25 de febrero de 2019 y adquirió ejecutoria el 28 del mismo mes y año;
sin embargo, la acción de tutela se interpuso el 8 de septiembre de 2022, es decir,
más de tres años y siete meses después, lo cual desconoce el plazo dispuesto por
la Corte Constitucional como prudencial para presentar la solicitud de amparo.
Asimismo, con respecto a la segunda exigencia de procedibilidad, advirtió que la
carga argumentativa de la accionante se centró en señalar que la autoridad judicial
incurrió en la causal de nulidad contenida en el ordinal 8.º del artículo 133 del CGP,
sumado a que tal fallo era incongruente por no existir pronunciamiento frente a la
solicitud de llamamiento en garantía que aquella formuló en el proceso de
reparación directa en primera instancia, por lo que consideró que la acción no
superaba el requisito de subsidiariedad, debido a que la parte accionante no agotó
todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance, pues contaba con el
recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011,
por la causal descrita en el ordinal 5.° del artículo 250 ibidem, esto es, existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación. Agregó que no se evidencia que la sociedad peticionaria se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de los derechos fundamentales de
esta.
De otra parte, accedió a la solicitud de desvinculación formulada por la Procuraduría
Regional de Instrucción del Chocó, debido a que la accionante no realizó un reparo
concreto contra ese organismo y aquel no hace parte del proceso donde se profirió
la sentencia controvertida y, adicionalmente, negó este pedimento frente al P.A.R.
CAPRECOM LIQUIDADO y la empresa Mapfre Seguros Generales de Colombia,
comoquiera que la primera integró el extremo pasivo del proceso de reparación
directa con radicado 2012-00026 y la segunda se busca incluir en el proceso
ordinario, en el evento en que se deje sin efectos el fallo cuestionado.
IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual explicó
que la omisión de acatar lo dispuesto en el inciso 4.° del artículo 140 del CPACA se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
produjo en la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación directa,
contra la cual no procedía recurso alguno. Además, insistió en que se transgredió
el principio de congruencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 281 del Código
General del Proceso, porque, a pesar de que se formuló un llamamiento en garantía,
el mismo no fue tramitado, lo que, a su juicio, implica que se genera una nulidad
insaneable.
Adicionalmente, indicó que durante la ejecución se solicitó la nulidad de todo lo
actuado, por no haberse aplicado el inciso referido, lo que hizo que la sentencia
fuese dictada en abstracto, generando que no cumpliera los requisitos previstos en
el artículo 422 del Código General del Proceso. Sin embargo, afirmó que el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial no tuvo en cuenta lo anterior, al negar la
solicitud de nulidad planteada en ese trámite.
Finalmente, aseguró que la exigencia de inmediatez se encuentra cumplida, puesto
que la última decisión adoptada dentro del ejecutivo se produjo el 26 de julio de
2022.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20192, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional3 y del Consejo de Estado4 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).
2 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
3 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009
de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
4Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes5: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez
carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene
en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión;
d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial
ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o
legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g)
desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución
Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
5Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:
1. ¿Transcurrieron más de seis meses entre el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia emitida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Chocó y la presentación de esta acción de tutela?
2. En caso de una respuesta positiva a la pregunta previa: ¿Está justificada la
inactividad de la accionante para instaurar la acción de la referencia?
3. ¿La accionante contaba con otros mecanismos de defensa judicial, idóneos
y eficaces, para que se protejan sus derechos fundamentales presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó?
4. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está demostrado que la parte accionante se
encontraba en una situación que le impidiera utilizar los mecanismos con los
que contaba y/o está acreditada la probable e inminente configuración de un
perjuicio irremediable?
Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
interposición de la acción de tutela, (II) excepciones al presupuesto de inmediatez,
(III) justificación frente a la inactividad de la accionante, (IV) exigencia general de
subsidiariedad, (V) improcedencia de la acción de tutela ante la existencia del
recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
(VI) análisis de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, (VII) perjuicio
irremediable y (VIII) inexistencia de ese perjuicio en el caso bajo estudio. Veamos:
• Primer problema jurídico
¿Transcurrieron más de seis meses entre el día siguiente a la fecha de ejecutoria
de la sentencia emitida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Chocó y la presentación de esta acción de tutela?
I. Interposición de la acción de tutela
La Sociedad Médica Vida S.A.S. solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
y de los principios de seguridad jurídica, primacía del derecho sustancial sobre el
formal y derechos adquiridos, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Quibdó. Para soportar lo anterior, afirmó, de un lado, que la primera autoridad
judicial, al proferir la sentencia del 21 de febrero de 2019, incurrió en los defectos
sustantivo y procedimental, al no aplicar el inciso 4.° del artículo 140 del CPACA,
puesto que condenó a las entidades allí demandadas sin determinar la proporción
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
en la que debían responder, y desconocer el artículo 66 del Código General del
Proceso, debido a que tramitó el proceso sin pronunciarse sobre el llamamiento en
garantía que formuló y, del otro, que la segunda autoridad judicial, al emitir el auto
del 4 de octubre de 2021, no tuvo en cuenta que la nulidad solicitada sí encuadraba
en una de las causales descritas en el artículo 133 del Código General del Proceso.
En la sentencia de primera instancia de esta acción, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente este mecanismo, al considerar que no se
encontraban satisfechos los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad,
debido a que la tutela se instauró después de los seis meses previstos
jurisprudencialmente como un plazo razonable para discutir la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó y que la accionante no agotó el medio de
defensa judicial con el que contaba.
Pues bien, en atención a lo expuesto, la Subsección considera que no solo debe
analizarse el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad con
respecto a la sentencia del 21 de febrero de 2019, sino que también es necesario
examinar estos presupuestos frente al auto del 4 de octubre de 2021, comoquiera
que, si bien es cierto que la accionante pretende controvertir el fallo precitado,
también lo es que discute la decisión adoptada por el Juzgado sobre negar la
solicitud formulada en el trámite de ejecución.
Así, del recuento realizado en la parte inicial de esta providencia, se tiene que el 21
de febrero de 2019 el Tribunal Administrativo del Chocó revocó la sentencia
proferida el 25 de noviembre de 2015 por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Quibdó y, en su lugar, condenó
administrativa, patrimonial, solidaria y extracontractualmente responsables a la
Sociedad Médica Vida S.A.S. y a la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de
Quibdó. Al respecto, se denota que la anterior decisión fue notificada por correo
electrónico el 25 de febrero de 20196, por lo que adquirió ejecutoria el 28 del mismo
mes y año7.
En esa medida, como la procedencia de la acción de tutela amerita el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad, en relación con el término de
inmediatez, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de
agosto de 20148, explicó que la mencionada exigencia cobra mayor relevancia
cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez
que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por
lo anterior, la corporación, en la sentencia de unificación precitada, acogió como
regla general un plazo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria
de la providencia, según el caso.
6Según la información que reposa en el sistema de gestión judicial «SAMAI» al consultar el proceso con número
de radicado 68001333300420170049002.
7 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. “Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos”.
8 C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
En esa medida, el término para presentar la acción de tutela en el presente asunto
inició el 1.° de marzo de 20199 y venció el 1.° de septiembre del mismo año. No
obstante, la acción de la referencia fue interpuesta hasta el 8 de septiembre de 2022,
esto es, por fuera del término de los seis meses previstos jurisprudencialmente. Por
lo anterior, se concluye que la solicitud de amparo presentada por la Sociedad
Médica Vida S.A.S., con respecto a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó es improcedente.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la providencia del 4 de octubre de 2021,
mediante la cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó
negó la solicitud formulada por la sociedad hoy accionante, la Subsección considera
que se encuentra superado el requisito de inmediatez , puesto que contra la anterior
decisión se interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto el 26 de julio de 2022
y la petición de amparo fue promovida el 8 de septiembre de la misma anualidad.
• Segundo problema jurídico
¿Está justificada la inactividad de la accionante para presentar la acción de la
referencia en tiempo?
II. Excepciones al presupuesto de la inmediatez
La Subsección resalta que la Corte Constitucional, en diversos pronunciamientos10,
ha expuesto que al analizar el presupuesto de la inmediatez, también deben
examinarse las circunstancias específicas del asunto, para lo cual tienen que
tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 1. La existencia de razones válidas para
justificar la inactividad de la parte accionante; 2. La permanencia en el tiempo de la
amenaza o la vulneración, a pesar de que el hecho que la originó sea antiguo y 3.
Si la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del peticionario de la
salvaguarda. Aunado a ello, el máximo tribunal constitucional ha sostenido11 que es
posible flexibilizar el requisito referido cuando el solicitante del amparo sea un sujeto
de especial protección constitucional, en atención al artículo 13 de la Constitución
Política.
En ese orden de ideas, al juez constitucional, además de comprobar el transcurso
del tiempo, corresponde verificar si existe alguna de las circunstancias definidas
jurisprudencialmente que permita determinar que la acción de tutela fue presentada
en un término razonable o si existe alguna situación que viabilice la flexibilización
del estudio de la inmediatez.
9 Término contado a partir del día siguiente hábil de la ejecutoria de la sentencia cuestionada.
10 Al respecto, ver entre otras, la sentencias SU-961 de 1999 y T-691 de 2009.
11 Ver entre otras: T678/16, T518/17 y T375/18.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
III. Justificación frente a la inactividad de la accionante
La parte accionante no presentó ningún argumento para justificar la interposición
del mecanismo de amparo por fuera del término previsto jurisprudencialmente, esto
es, seis meses, y al revisar el mismo tampoco se advierte alguna situación que le
haya impedido acudir a esta acción y que convierta en desproporcionada la
exigencia del agotamiento de este requisito general de procedibilidad.
En consecuencia, la Subsección concluye que la presente acción constitucional no
superó el requisito general de inmediatez, con respecto a los reparos expuestos en
cuanto a la sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Chocó.
-Tercer problema jurídico
¿La accionante contaba con otros mecanismos de defensa judicial, idóneos y
eficaces, para que se protejan sus derechos fundamentales presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó?
IV. Exigencia general de subsidiariedad
La jurisprudencia de la Corte Constitucional12 como de esta corporación ha
sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en
principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El
accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su
alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales;
2. El accionante acude directamente a la acción de tutela, a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.
Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
12 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este
orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
V. Improcedencia de la acción de tutela ante la existencia del recurso
extraordinario de revisión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
La acción de tutela, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales
que resulten amenazados o vulnerados por la actuación u omisión de las
autoridades o de algunos particulares, es procedente para controvertir providencias
judiciales, siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales y específicos
fijados jurisprudencialmente. Así las cosas, una de las exigencias generales es
precisamente la subsidiariedad, como se expuso en precedencia.
Al respecto, se aprecia que es el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal
de nulidad originada en la sentencia13, la herramienta judicial con la que cuenta
quien considera que se le ha vulnerado el derecho al debido proceso con ocasión
de un fallo judicial, concretamente, porque la sentencia carece de forma absoluta
de motivación14; en él la autoridad judicial desconoció el principio de congruencia,
de conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, bien sea porque
decidió extra, infra o ultra petita o sin garantía del principio de non reformatio in pejus
(congruencia externa) o porque no existe coherencia entre la parte motiva y la
resolutiva de la sentencia (congruencia interna)15.
En relación con lo anterior, en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 se determina
que el recurso extraordinario de revisión procede en contra de las sentencias
dictadas por las Secciones o Subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, de los Tribunales o de los jueces
administrativos y el artículo 250 ibidem regula como una de las causales de revisión
el «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación». Por lo tanto, quien estima que se ha vulnerado
el principio de congruencia dispone del recurso extraordinario de revisión de que
trata el título VI, capítulo I, de la Ley 1437 de 2011, dentro del término previsto en el
artículo 251 de la precitada norma.
VI. Análisis de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial
a) Sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo
del Chocó
La Sociedad Médica Vida S.A.S. impugnó la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se determinó que no se encontraba satisfecho el requisito de
subsidiariedad, debido a que la accionante contaba con otro medio de defensa
judicial, esto es, el recurso extraordinario de revisión, para discutir la falta de
13 Esta posición que ahora se reitera, ha sido adoptada, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de
Estado. Sección Quinta, Sentencia del 21 de noviembre de 2018, radicado: 2018-01382-01 y Consejo de
Estado, Sentencia del 12 de abril de 2018, radicado: 2017-02550-01.
14 Sobre ese tema, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia del 13
de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV).
15 Sobre el particular ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 1.° de diciembre de
2016, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.11001-03-15-000-2016-03224-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
congruencia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó por
no haberse tramitado el llamamiento de garantía formulado en el proceso ordinario.
Como fundamento de su recurso, afirmó que contra la sentencia de segunda
instancia del medio de control de reparación directa no procedía recurso alguno.
Analizado lo anterior, para la Subsección resulta claro que la inconformidad
expuesta por la accionante recae en que el Tribunal precitado omitió pronunciarse
sobre la solicitud de llamamiento en garantía que presentó en el proceso de
reparación directa. En esa medida, se avizora que, tal y como lo concluyó el fallador
de primer grado, si la peticionaria considera que con ello se presenta una
incongruencia de la sentencia referida dispone de otro mecanismo de defensa
judicial, para que se analice esa presunta transgresión.
Ciertamente, la solicitante puede acudir al recurso extraordinario de revisión, con
fundamento en la causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso, contenida en el ordinal 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, pues,
como quedó consignado previamente, aquel es procedente para alegar la
inobservancia del referido principio por parte de la autoridad judicial accionada, al
proferir la sentencia de segunda instancia en el medio de control precitado.
Siendo así, se concluye que la acción de la referencia, en cuanto al principio de
congruencia, no cumple con el requisito general de subsidiariedad aquí estudiado,
el cual exige que se hayan empleado todos los medios de defensa judicial
dispuestos en el ordenamiento jurídico, para proteger el derecho que se estima
conculcado, antes de formular la solicitud de amparo. Lo anterior encuentra su
justificación en el carácter residual de esta acción constitucional.
b) Auto del 4 de octubre de 2021 proferido por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó
La Sociedad Médica Vida S.A.S. indicó que, contrario a lo sostenido por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, en el auto del 4 de octubre
de 2021 emitido en el trámite ejecutivo, la solicitud de nulidad encuadra dentro de
las causales previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, pues en
el medio de control quedó demostrado que existió un llamamiento en garantía que
no fue objeto de pronunciamiento, a pesar de haber sido solicitado, lo que vicia por
completo toda la actuación surtida hasta la sentencia.
Pues bien, como en el presente asunto la parte accionante pretende controvertir el
proveído expedido el 4 de octubre de 2021, mediante el cual el despacho judicial
precitado negó la solicitud de nulidad formulada por la hoy accionante en el proceso
ejecutivo, debe precisarse que en el ordinal 6.° del artículo 321 del Código General
del proceso se prevé que es apelable el auto que resuelva una nulidad procesal.
Textualmente, se señala:
«[…] Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera
instancia, salvo las que se dicten en equidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia
[…]
6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva […]».
En esa medida, se colige que la accionante contaba con otro medio de defensa
judicial idóneo, como lo es el recurso de apelación, para discutir la providencia
dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó el 4
de octubre de 2021 y, así, dirimir los cargos planteados en esta sede constitucional.
Sin embargo, se repara en que aquella no interpuso dicho recurso.
Por lo tanto, la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito aquí
estudiado, en tanto que no se realizó el manejo adecuado y oportuno de los
instrumentos y recursos procesales estatuidos en el ordenamiento jurídico, a fin de
manifestar su inconformidad frente a la decisión que en este momento reprocha. En
ese sentido, es claro que la acción de tutela no puede utilizarse para revivir
instancias precluidas y de las cuales no se hizo uso, ya sea por negligencia o
descuido de quien solicita el amparo constitucional.
Así las cosas, teniendo en cuenta el carácter excepcional, preferente y sumario de
la acción de tutela, se impone como una obligación dirimir los conflictos jurídicos
relacionados con los derechos fundamentales, en un principio, a través de las vías
ordinarias dispuestas para el efecto, situación que en el caso no ocurrió, por lo que
al juez constitucional le está vedado emitir un pronunciamiento al respecto, pues,
de lo contrario, estaría desconociendo las competencias que el legislador atribuyó
a otra autoridad judicial.
Sin embargo, en los siguientes acápites se verificará si se encuentra acreditada la
probable configuración de un perjuicio irremediable y/o la existencia de una
situación que le impidiera utilizar los mecanismos con los que contaba, que amerite
estudiar de fondo el asunto.
• Cuarto problema jurídico
¿Está demostrado que la parte accionante se encontraba en una situación que le
impidiera utilizar los mecanismos con los que contaba y/o está acreditada la
probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable?
VII. El perjuicio irremediable
El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional16, el
16 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.
De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse que
las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de aplazar
su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se reitera que
para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
esa afectación.
VIII. Inexistencia de una situación de imposibilidad o de un perjuicio
irremediable en el caso bajo estudio
Una vez revisado el escrito de tutela, se repara en que la accionante no demostró
la existencia de un perjuicio irremediable. Igualmente, se advierte que, de las
pruebas obrantes dentro del expediente, no es posible determinar una circunstancia
de vulnerabilidad que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se
dan los presupuestos para considerar una afectación o amenaza urgente del
derecho fundamental que la peticionaria reclama. Adicionalmente, se destaca que
la solicitante no planteó ningún argumento para exponer los motivos por los cuales
no agotó los instrumentos judiciales que tenía a su alcance para cuestionar las
providencias hoy discutidas en esta sede constitucional.
En consecuencia, al no haberse satisfecho las exigencias generales de inmediatez
y subsidiariedad, como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales, la Subsección confirmará la sentencia proferida
el 6 de octubre de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la
cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la Sociedad Médica
Vida S.A.S. en contra del Tribunal Administrativo del Chocó y del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, pero por las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 6 de octubre de 2022 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por la Sociedad Médica Vida S.A.S. en contra del Tribunal
Administrativo del Chocó y del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Quibdó, pero por las razones aquí expuestas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 85 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Soc i ed a d Mé d ic a V i da S. A . S.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Aclaración de voto
Firma electrónica
ARF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.