Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04863-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04863-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04863-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ INMEDIATEZ – No se presentó en un término razonable / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Tercera instancia – la parte actora pretende reabrir el debate
probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del amparo constitucional formulado por Javier Orlando García Castillo contra el
Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá, la Sección Segunda, Subsección
D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Integración
Social de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 8 de septiembre de 2022, el señor Javier Orlando García Castillo, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo en condiciones dignas e
igualdad. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas con ocasión de la
sentencia proferida el 21 de octubre de 20212, por la Sección Segunda, Subsección
D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 3 que promovió el demandante en contra de la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
<< 1. Declarar que los accionados han vulnerado los derechos fundamentales al
debido proceso y al trabajo del señor Javier Orlando García Castillo.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Decisión que fue notificada a través de correo electrónico, el 28 de octubre de 2021, a las 5:29 p.m.
3 Identificado con número de radicado 11001-33-42-048-2018-00206-01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2. Dejar sin efecto la sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida por la Subsección
“D” – Sección Segunda – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Ordenar a la Subsección “D” – Sección Segunda – Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, emitir una sentencia que proteja los derechos fundamentales del señor
accionante, reconociendo las prestaciones sociales y acreencias laborales en virtud
del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades>>4.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
3.1.- El señor Javier Orlando García Castillo estuvo vinculado a la Secretaría Distrital
de Integración Social de Bogotá, a través de sendos contratos de prestación de
servicios, por el periodo de tiempo comprendido entre el 11 de abril de 2011 y el 20
de enero de 2017. Durante su vinculación, se desempeñó como Notificador en las
Comisarías de Familia de Bogotá.
3.2.- El 23 de agosto de 2017, el accionante le solicitó a la Secretaría Distrital de
Integración Social de Bogotá el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral y, en consecuencia, el pago de las acreencias salariales y prestacionales a
las que, según afirma, tiene derecho.
3.3.- Mediante Oficio SAL-77370 del 11 de septiembre de 2017, la Secretaría Distrital
de Integración Social de Bogotá negó la solicitud elevada por la parte actora. Contra
esa decisión, el demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
desfavorablemente, a través del Oficio SAL-98016 del 9 de noviembre siguiente.
3.4.- Inconforme con lo anterior, el accionante instauró demanda contra la Secretaría
Distrital de Integración Social de Bogotá, con el fin de que se declarara la nulidad de
los referidos actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
el reconocimiento de las pretensiones elevadas ante la entidad demandada.
3.5.- El asunto le correspondió para su conocimiento en primera instancia al Juzgado
48 Administrativo del Circuito de Bogotá. Ese despacho, mediante sentencia del 19
de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda. La anterior decisión fue
confirmada por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través del fallo del 21 de octubre de 2021.
3.5.1.- Para tal efecto, ambas autoridades judiciales concluyeron que si bien el actor
prestó de manera personal sus servicios como Notificador en las Comisarías de
Familia de Bogotá, desde el 11 de abril de 2011 hasta el 20 de enero de 2017, a
través de diferentes contratos de prestación de servicios y devengó una
contraprestación a título de honorarios, lo cierto es que el demandante no logró
acreditar que las funciones que desempeñaba en su condición de contratista fueran
ejercidas de forma subordinada.
4 Expediente digital, folio 1 del escrito de demanda.
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Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.6.- Contra la sentencia de segunda instancia, el actor interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia5. Mediante auto del 12 de mayo de
2022, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el
medio impugnatorio incoado por el accionante, por cuanto no cumplió con los
requisitos legales previstos para tales efectos6.
4.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la Sección Segunda,
Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo en condiciones dignas e igualdad, al haber
incurrido en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente judicial y en
violación directa de la Constitución.
4.1- Respecto al defecto fáctico, sostuvo que la valoración probatoria efectuada por
el Tribunal demandado “es irracional, omite valorar hechos que sí están plenamente
acreditados y esta(sic) dando por no probados hechos que emergen con claridad y
objetividad”. En tal sentido, afirmó que, contrario a lo expuesto por el ad quem, el
material probatorio obrante en el plenario –particularmente: (i) el testimonio rendido
por la señora Alejandra Ivonne Moreno Morales; (ii) el documento denominado
“[e]ntrega y liquidación de las adquisiciones plan de mejoramiento”; y (iii) los
manuales de funciones de la entidad demandada– a su juicio, permitían acreditar la
subordinación como elemento constitutivo de la relación laboral.
4.2.- En lo concerniente al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que la
autoridad judicial accionada se apartó de la sentencia de unificación proferida el 9 de
septiembre de 2021, por la Sección Segunda del Consejo de Estado. En concreto,
aseveró que la providencia enjuiciada desconoció la siguiente regla unificadora:
<< (i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del
servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia>>.
4.2.1.- Para tal efecto, el actor aseguró que su vinculación no tuvo un carácter
temporal. Por el contrario, tuvo un ánimo de permanencia, en la medida que: (i)
laboró durante más de 5 años, a través de sucesivos contratos de prestación de
servicios; (ii) la función de notificación en las Comisarías de Familia es una labor
permanente, según lo previsto en el Decreto 200 de 1991, en concordancia con el
Acuerdo 229 de 2006, modificado por el artículo 4 del Acuerdo 662 de 2016; y, (iii)
5 Tramitado bajo el número de radicado 11001-33-42-048-2018-00206-01.
6 Al respecto, la autoridad judicial en mención señaló que el recurrente aludió, de forma precisa, la providencia
unificadora que considera contrariada por la decisión impugnada, esto es, la sentencia de 9 de septiembre de
2021 dictada por la Sección Segunda de esta Corporación, mediante la cual se fijaron las reglas jurisprudenciales
relacionadas con asuntos donde se debatan relaciones laborales encubiertas o subyacentes (expediente número
05001-23-33-000-2013-01143-01). Sin embargo, concluyó que, en realidad, los reproches planteados por el
demandante versan sobre una discrepancia en cuanto a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal
accionado, en lugar de “(…) un verdadero apartamiento de las reglas jurisprudenciales unificadas”. Precisado lo
anterior, concluyó que la parte actora busca convertir el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
en una tercera instancia, con el objeto de que se realice un nuevo estudio sobre las pruebas recaudadas al
interior del proceso ordinario. Por ende, se rechazó el referido medio de impugnación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
las tareas desempeñadas están consagradas en los manuales de funciones de la
entidad demandada. Además, indicó que en el caso objeto de estudio se acreditaron
las subreglas relacionadas con el elemento de la subordinación continuada7.
4.3.- Por su parte, señaló que el Tribunal accionado incurrió en violación directa de
la Constitución, en concreto, del artículo 53 superior, que establece el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades. Lo anterior, por cuanto desconoce
que el accionante cumplió con la carga de probar la subordinación como elemento
de una verdadera relación laboral.
4.4. Finalmente, manifestó que la solicitud de amparo cumple con el requisito de
inmediatez, “teniendo en cuenta las siguientes fechas: Mediante Auto del 12 de mayo
de 2022, la Subsección “A”, Sección Segunda (...) del Consejo de Estado rechazó el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por el (...)
accionante. Este auto fue notificado por correo electrónico del 25 de mayo de 2022.
El proceso fue devuelto al Tribunal de origen el 21 de julio de 2022. El 25 de julio de
2022 el proceso fue remitido del Tribunal Administrativo al Juzgado de origen. El 26
de julio de 2022, el señor accionante solicitó copia del expediente digital, el cual fue
remitido a su apoderada el 27 de julio de 2022”.
Esbozado lo anterior, precisó que no han transcurrido más de 6 meses entre la
ejecutoria de la providencia enjuiciada y la presentación de la demanda de tutela.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante Auto de 14 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades accionadas. Adicionalmente,
comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo
de su competencia.
5.1.- También requirió al Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá para que
allegara, en calidad de préstamo, el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con número de radicado 11001-33-42-048-2018-00206-01.
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección
D8
6.- La autoridad judicial manifestó que no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor, pues no incurrió en los defectos endilgados a la providencia
enjuiciada, toda vez que: “fue proferida por i) funcionarios competentes, ii) con
acatamiento al procedimiento establecido para esta clase de actuaciones, iii)
aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento a la decisión, de acuerdo al
acervo probatorio allegado al expediente, iv) sin que haya contradicción entre los
fundamentos de la decisión y la parte resolutiva de la misma, v) no se está frente a
7 Esto es, (i) la determinación del lugar de trabajo; (ii) el horario de las labores; (iii) la dirección y el control efectivo
de las actividades ejecutadas por el demandante; y, (iv) que las tareas desarrolladas por éste correspondían a
aquellas que tienen asignadas los servidores de planta.
8 Intervención digital contenida en 4 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente motivada con fundamentos de
hecho y de derecho y vi) no hubo desconocimiento del precedente constitucional”.
6.1.- Aunado a lo anterior, señaló que la solicitud de amparo se torna improcedente,
por cuanto el accionante busca convertir la tutela de la referencia en una tercera
instancia.
(ii) Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá9
7.- La entidad en mención indicó que la solicitud de amparo no satisface el requisito
de relevancia constitucional, comoquiera que la parte actora pretende utilizar este
mecanismo como una instancia adicional al proceso contencioso administrativo, y
busca reabrir un debate que ya se surtió en las instancias judiciales respectivas.
Además, señaló que no se encuentra acreditado el presupuesto de la inmediatez,
toda vez que la demanda de tutela se presentó en un término superior a los 6 meses
después de haberse proferido la decisión cuestionada.
7.1.- Con todo, solicitó ser desvinculado de la acción de tutela de la referencia al
carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto “no es la entidad
responsable de las presuntas vulneraciones a los derechos del accionante”.
(iii) Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá
8.- El despacho remitió el expediente requerido. Sin embargo, no se pronunció
respecto de los hechos y pretensiones formulados en la tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
9.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación planteada por la Secretaría
Distrital de Integración Social de Bogotá, teniendo en cuenta que dicha entidad tuvo
la calidad de parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se reprocha en sede de tutela. Por esa razón, es claro que le asiste un
interés legítimo para actuar en el presente trámite, en la medida en que se puede ver
afectada con la decisión que adopte el juez constitucional porque, en el evento en
que se amparen los derechos del actor, se podrían dejar sin efectos providencias
proferidas en el proceso contencioso administrativo en el que participó como
demandada.
D. La acción de tutela contra providencias judiciales
10.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó su postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales10.
9 Intervención digital contenida en 7 folios.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior11.
10.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son los siguientes12:
a). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c). Que se cumpla el requisito de inmediatez.
d). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
e). Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
f). Que no se trate de sentencias de tutela.
10.3.- Interesa destacar que la relevancia constitucional supone la presentación de
un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien
es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en
el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional13.
10.4.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
10.5.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito, se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
13 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional14 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 15 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y
marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos
fundamentales16; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las
autoridades jurisdiccionales17.
10.6.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales18: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y, (viii) violación directa de la Constitución.
10.7.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
14 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
15 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-
040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
16 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
17 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
18 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
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Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”19.
10.8.- De cuanto hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos previamente mencionados, los cuales deben ser
adecuadamente formulados por el interesado20.
E. Análisis del caso concreto
11.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si los hechos que
se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, especialmente, si se cumple
con los atinentes a la inmediatez y relevancia constitucional. Solo en el evento de
acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de
establecer si la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el fallo de 21 de octubre de 2021, incurrió en los defectos o yerros
invocados por la parte accionante y si se justifica la adopción de medidas de
protección de los derechos fundamentales invocados.
F. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
12.- De entrada, la Sala advierte que el presente asunto no cumple con el requisito
de inmediatez, presupuesto según el cual el plazo oportuno o razonable para
presentar la acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses
contados desde la notificación de la decisión que se cuestiona, por cuanto es a partir
del conocimiento del proveído que se puede advertir la posible vulneración de
derechos fundamentales 21 . De igual forma, esta Sala ha expresado que,
excepcionalmente, procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria
de la decisión22, únicamente en los casos en que se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, un incidente de nulidad, siempre y
cuando no sean abiertamente improcedentes, pues los pronunciamientos que se
dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se
19 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre
de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542
de 2016 y SU-490 de 2016.
21 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente
110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
22 El artículo 302 del Código General del Proceso establece que “Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante,
cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta
la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que
fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto
de cuestionamiento.
13.- La Sala encuentra que la providencia cuestionada fue notificada por correo
electrónico el 29 de octubre de 2021 23 . No obstante, la demanda de tutela fue
formulada el 8 de septiembre de 202224, es decir, superando (por cerca de 4 meses)
el término de 6 meses establecido en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada
por esta Corporación25.
14.- Al respecto, la Sala advierte que el plazo para interponer acción de tutela contra
providencias judiciales es de seis meses, contados a partir de la notificación de la
providencia que se cuestiona, debido a que, es desde ese momento que el
accionante conoce la decisión y puede advertir la posible vulneración de sus
derechos fundamentales. Excepcionalmente, esta Corporación ha dispuesto que
procede contabilizar el referido término desde la ejecutoria de la decisión, en los
casos en que, como se expuso previamente, se hubiese surtido un trámite adicional
originado en el fallo. Dicha excepción se justifica porque los pronunciamientos que
se dicten con ocasión de esa clase de solicitudes podrían tener incidencia o modificar
el alcance de la decisión que se reprocha en sede de tutela. Por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.
14.1.- En consecuencia, no se presentó ninguna solicitud adicional posterior a la
expedición del fallo cuestionado que tuviera la entidad de suspender el término de
ejecutoria o incidir decisivamente en el sentido del fallo. Así, el cómputo del término
de seis meses para interponer la demanda de tutela en un lapso razonable y
oportuno inició el 1° de noviembre de 2021, al día siguiente de la notificación de la
providencia objeto de reproche constitucional a los sujetos procesales. En
consecuencia, dicho término feneció el 1° de mayo de 2022. Pese a ello, la acción
de tutela fue formulada aproximadamente cuatro meses después (en concreto, el 8
de septiembre siguiente), sin que se exprese una justificación válida y significativa
para dicho retardo.
15.- El actor afirma que en el presente asunto se encuentra acreditado el requisito
de inmediatez, comoquiera que presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia objeto de reproche constitucional, el cual fue
rechazado por esta Corporación, mediante auto dictado el 12 de mayo de 2022 y
notificado el 25 de mayo siguiente. A su vez, refiere que el expediente fue devuelto
al Tribunal accionado el 21 de julio posterior y, luego, el 25 de julio próximo, fue
remitido al juzgado de origen. Por último, señala que el 27 de julio del año en curso
le fue allegada copia digital del expediente.
15.1.- En este punto, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 261 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021, el recurso
23 Tal como aparece reflejado en el aplicativo SAMAI.
24 Ibídem.
25 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
extraordinario de unificación de jurisprudencia se debe presentar y sustentar por
escrito ante el juez que profirió la decisión recurrida, a más tardar dentro de los diez
(10) días siguientes a su ejecutoria. A su turno, dicha normatividad prevé que “La
concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido
recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso.”
(se destaca).
16.- De acuerdo con lo expuesto, no es de recibo para la Sala el argumento que trae
a colación el accionante, según el cual la interposición del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia afecta el término de ejecutoria de la sentencia
cuestionada, por cuanto: (i) la providencia que fue recurrida a través del medio
impugnatorio ya se encontraba ejecutoriada; y, (ii) a través de este mecanismo
constitucional no se está controvirtiendo la decisión adoptada en sede extraordinaria,
sino que los supuestos fácticos y las pretensiones están encaminados a cuestionar
el fallo de segunda instancia, dictado por el Tribunal accionado, dentro del aludido
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho26.
17.- Así las cosas, la parte actora no puede pretender que, con la interposición de
dicho recurso, se reviva el término que se ha previsto jurisprudencialmente por esta
Corporación, para dar por satisfecho el presupuesto de la inmediatez.
18.- De esta manera, cuando la parte actora acude al juez constitucional tiempo
después de haberse presentado la acción u omisión que estima vulneratoria de sus
derechos fundamentales, se desvirtúa el carácter urgente de la acción de tutela,
impidiendo con ello que el juzgador adopte una decisión que asegure la protección
inmediata de las prerrogativas iusfundamentales invocadas.
19.- Aunado a lo anterior, la Sala considera que la solicitud de amparo tampoco
satisface el requisito de la relevancia constitucional, tal como pasa a exponerse.
20.-La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos27:
a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
26 En ese mismo sentido se ha pronunciado esta Subsección, en la Sentencia de 23 de septiembre de 2022 (exp.
11001-03-15-000-2022-04418-00).
27 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.
b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con
la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
21.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el recurso de
apelación presentado por el accionante en ese trámite judicial, no encuentra esta
Sala que los argumentos que presenta el demandante se proyecten como
trasgresión de los derechos fundamentales que invoca. Ciertamente, una revisión de
los planteamientos expuestos en la acción de tutela permite advertir que su propósito
es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o
complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al
pretender reabrir un debate probatorio ya zanjado por el juez natural de la causa por
no estar de acuerdo con la decisión de confirmar el fallo de primera instancia,
mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda.
22.- Como se indicó previamente, la parte actora alegó tres vicios, en los que, en su
sentir, incurrió el Tribunal enjuiciado, a saber: (i) defecto fáctico; (ii) desconocimiento
del precedente judicial; y, (iii) violación directa de la Constitución. No obstante, la
Sala observa que si bien el accionante atribuyó estos dos últimos cargos a la
providencia enjuiciada, en últimas, los reproches planteados están encaminados a
cuestionar la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
22.1.- Para sustentar la ocurrencia de los mencionados yerros, el demandante señaló
que la autoridad judicial valoró en forma indebida el acervo probatorio obrante en el
expediente contencioso administrativo, pues, a su juicio, con las pruebas aportadas
en el trámite ordinario, se logró acreditar plenamente que las funciones que ejercía
como Notificador de las Comisarías de Familia eran de carácter permanente y
subordinado. En ese sentido, adujo que, en el caso sometido a estudio, se probó la
existencia de una verdadera relación laboral.
23.- Esos argumentos también fueron expuestos en el recurso de apelación
presentado por la parte actora en contra del fallo de primera instancia, proferido por
el Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá, resumidos en la sentencia
enjuiciada así:
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<< La apoderada de la parte demandante (…) interpuso recurso de apelación contra
anterior decisión, argumentando que, contrario a lo dispuesto por el A-quo sí se
acreditó el requisito de la subordinación, así como la permanecía y similitud con las
funciones de los empleos de planta de la entidad, habida cuenta que al demandante
se le asignó un horario de trabajo, estado en la obligación de presentarse todos los
días a las 7:00 a.m. en la Comisaría de Familia para recibir las comunicaciones y
notificaciones que se debían realizar en el transcurso del día.
Asimismo, narró que el accionante recibía órdenes, instrucciones y lineamientos de su
jefe inmediata, que correspondía a la Comisaria de Familia, quien además controlaba
y calificaba sus actividades, como en efecto lo afirmaron los testigos en sus
declaraciones y las pruebas documentales obrantes dentro del plenario, que dan
cuenta de las órdenes e instrucciones proferidas unilateralmente a las cuales debía
someterse el contratista para el ejercicio de sus funciones.
Agregó que al demandante se le realizaron llamados de atención de forma verbal en
relación con el desempeño de sus funciones y que solo podía ausentar por razones de
salud, pero sí su inasistencia obedecía a otras razones debía contar con la autorización
previa de la Comisaria de familia, con lo cual se evidencia que no era libre en la
administración de su tiempo.
Sostuvo que el hecho de que el demandante no contara con un puesto formal de
trabajo en la comisaria de familia (escritorio, computador y silla) obedecía a la
naturaleza de su empleo como notificador. Es decir, la labor de notificador implica tener
que salir de la comisaria para llevar documentos a otras lugares y personas, usuarios
de los servicios de justicia familiar. Luego, es una función que fundamentalmente no
se ejerce en las instalaciones físicas de las comisarías de familia. Ello no quiere decir
que las funciones eran libres o discrecionales, y tampoco desvirtúa la subordinación
de las funciones.
Arguyó que existió una dedicación exclusiva y de tiempo completo del accionante,
pues, del expediente administrativo aportado se evidencia que debía entregar informes
a su coordinador o superior diariamente, señalando las reuniones y capacitaciones a
las que asistió y de las actividades desarrolladas, las cuales no podían ser ejecutadas
por otro encargado, sino que estaba en la obligación de seguir los lineamientos y
protocolos establecidos por la entidad (…)
De otro lado, refirió que la notificación de las providencias que profieren los comisarios
de familia es una actividad permanente, esencial e inherente a la función de administrar
justicia en el ámbito familiar y que, adicionalmente, las actividades desempeñadas por
el actor fueron similares o equivalentes a las ejercidas en el cargo de Auxiliar
Administrativo, Código 407, Grado 09 y Grado 11 (...).>>
23.1.- Estos reproches fueron resueltos por la autoridad judicial accionada en el fallo
del 21 de octubre de 2021. Para tal efecto, el Tribunal accionado comenzó por
señalar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto,
particularmente lo relacionado con el contrato de prestación de servicios y los
elementos característicos de una relación de trabajo. Luego, procedió a enunciar las
pruebas documentales y testimoniales recaudadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Esbozado lo anterior, efectuó el análisis del caso en
concreto, con fundamento en el material probatorio obrante en el plenario, así:
<< (…) de las pruebas obrantes en el plenario, con las cuales se pretende desvirtuar
la relación jurídica originada en los contratos de prestación de servicios y la
consecuente configuración de una relación laboral, se observa que, como lo dispuso
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la Juez de instancia, las mismas no resultan suficientes a la hora de demostrar el
vínculo laboral, por las siguientes razones:
Frente al requisito de subordinación que se alega derivado del cumplimiento de
labores supervisadas y elaboración de informes; sea lo primero advertir que la
presentación de los informes a cargo del contratista, es un deber enmarcado dentro
de las obligaciones contractuales para poder obtener el pago de los honorarios, en la
medida que se exija el cumplimiento a entera satisfacción de su gestión, lo cual tenía
que ser verificado por el supervisor del contrato.
(…) no le asiste razón a la parte demandante cuando afirma que las labores
desempeñadas por el demandante eran constantemente supervisadas por parte de
sus jefes inmediatos por el eventual cumplimiento de un horario o por el hecho de tener
que presentar informes, pues, como quedó visto, la entidad estatal contratante puede
impartir instrucciones para que se adelanten todas las gestiones requeridas, sin que
ello signifique subordinación, esto, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del
objeto contractual.
Cabe señalar que las declaraciones rendidas por los señores Jairo Alberto Gaitán
Reyes -Secretario de la Comisaría de Familia de Suba- y Alejandra Ivonne Moreno
Morales -Auxiliar Administrativa vinculada a través de contratos de prestación de
servicios- no dieron la suficiente certeza de la configuración del elemento de
subordinación para que se acredite la existencia del contrato realidad, habida cuenta
que es evidente que no ejecutaron las mismas actividades que el demandante, de tal
suerte que, la percepción que tienen no es de manera permanente, continua y menos
aún, cercana al quehacer diario del accionante, dado que, la manera natural de
percatarse sobre la ejecución de las labores bajo órdenes o instrucciones, es estando
cerca, circunstancia que no se aprecia en este caso, pues, como bien lo afirmaron los
deponentes su contacto con el accionante se limitó a la entrega de algunas
notificaciones para ser efectuadas, sin que tuvieran conocimiento de la forma y modo
en que ejercía está actividad.
Adicionalmente, se advierte que la simple manifestación de que el demandante
cumplía un horario de trabajo que consiste en llegar a las 7:00 a.m. de lunes a viernes
y que tenía un jefe inmediato que le impartía órdenes, en manera alguna constituye
prueba suficiente para la formación del convencimiento sobre la verificación de la
exigida subordinación, en tanto que, se insiste, no existe el caudal probatorio que
respalde las afirmaciones de los testigos. En efecto, así lo señaló el Consejo de
Estado28 (...)
Aunado a lo anterior, tampoco es claro para la Sala, quien impartió órdenes o
instrucciones al demandante, en cuanto al modo, tiempo o cantidad detrabajo(sic), o
le haya impuesto el cumplimiento de reglamentos, lo cual debe mantenerse durante
todo el vínculo contractual para desvirtuar el contrato de prestación de servicios,
máxime si se tiene en cuenta que ninguno de los declarantes compartió espacio de
labores ni tenían pleno conocimiento de las actividades desarrolladas por el
demandante, pues, únicamente afirmaron que el encargado de supervisar sus
funciones era el Comisario de Familia, pero sin indicar de manera precisa la forma en
que éste impartía órdenes o instrucciones al accionante.
Ahora, en cuanto a la función para la cual fue contratado el demandante, que consistió
en prestar sus servicios para la notificación de providencias proferidas por las
Comisarias de Familia, advierte la Sala que no obra prueba dentro del plenario que
permita inferir que dichas labores eran ejecutadas por personal de planta de la entidad
demandada y, por el contrario, la declarante Alejandra Ivonne Moreno Morales sostuvo
28 Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B",
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS, Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril de dos mil diecinueve
(2019), Radicación número: 50001-23-31-000-2011-00712-01(1809-17”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que dicha labor era ejecutada por exclusivamente el demandante, aunado al hecho de
que ambos deponentes afirmaron que tampoco contaba con un puesto de trabajo, ni
elementos asignados en las instalaciones de la entidad.
En este punto, se resalta que, si bien, no se desconoce que en las Resoluciones Nos.
629 del 26 de junio de 2007, 532 del 19 de marzo de 2015 y 1680 del 29 de octubre
2015, a través de las cuales se adopta el Manual especifico(sic) de Funciones y
Competencias Laborales de la planta de empleos de la SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL se incluye el cargo denominado Auxiliar Administrativo,
Código 407 Grados 09 y 11 cuyo propósito principal consiste en “Realizar actividades
de apoyo administrativo y efectuar notificaciones, radicación, distribución y archivo de
correspondencia y documentos preparados y recibidos, conforme a los estándares de
calidad y eficiencia en la gestión administrativa del área de desempeño”, lo cierto, es
que el demandante no desempeñó labores o funciones adicionales a las de
notificación, razón por la cual es evidente que no prestó sus servicios en iguales
condiciones al personal de planta que ocupaba el mencionado cargo, pues, además
de las actividades de notificación, se suman las labores de atención al público, apoyo
administrativo, manejo de correspondencia y archivo, entre otras, como en efecto lo
considero(sic) la Juez de instancia.
(...) De modo que, si el demandante pretendía desvirtuar la presunción de legalidad
del acto demandado, estaba obligada a probar los argumentos expuestos en la
demanda, situación que en el presente caso no se demostró, a pesar de que sobre ella
recaía la carga de la prueba, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General
del Proceso>>. (Negrilla propia del texto).
23.2.- Bajo este escenario, no hay duda de que el accionante propone en sede de
tutela los mismos argumentos expuestos en el escrito de apelación interpuesto en
contra del fallo del 19 de mayo de 2020 los que, a su vez, fueron abordados en su
totalidad por la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Incluso, cabe resaltar que la parte demandante se limitó a transcribir
algunas apartes de las inconformidades planteadas en el recurso de alzada.
23.3.- De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la parte accionante busca
crear una instancia adicional al proceso contencioso administrativo y reabrir el debate
probatorio, respecto de un asunto que, como ya se vio, fue objeto de estudio ante la
instancia judicial respectiva, la cual tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho y
de derecho que las partes sometieron a su consideración, sin que ahora quepa
prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción de tutela es mecanismo
principal, no complementario al del medio de control ordinario, y no tiene por fin
revisar las bases del debate judicial para definir, como instancia final, las razones de
derecho objeto de la controversia.
24.- De esta manera, la Sala considera que la acción que se propone pretende
prolongar un debate ya definido por el juez de instancia, sin que lo que se alega ante
el juez constitucional revele la presencia de un real defecto, pues más allá de su
simple enunciado, lo que muestra es la discrepancia de criterios de quien no resultó
favorecido con la decisión del juez natural.
25.- El sustento, análisis y motivación de la providencia cuestionada, revela que el
Tribunal valoró la prueba bajo el principio de la libre apreciación, dentro de lo que
estudió. tanto el documento denominado “[e]ntrega y liquidación de las adquisiciones
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
plan de mejoramiento”, como los manuales de funciones de la entidad demandada,
así como el testimonio rendido por Alejandra Ivonne Moreno Morales, entre otras
piezas procesales, lo cual le permitió concluir razonablemente que el demandante
no logró probar el elemento necesario para declarar la existencia de una relación
laboral, esto es, la subordinación.
25.2.- De lo expuesto, ante la falta de elementos materiales probatorios que
demostraran que las funciones ejecutadas por el demandante, como notificador de
las Comisarías de Familia de Bogotá, eran ejercidas de forma subordinada, no
resultaba procedente acceder a las pretensiones de la demanda, pues el actor no
cumplió con la carga de probar sus afirmaciones, tal como lo expuso la autoridad
accionada.
26.- En este orden de ideas, la Sala estima que el asunto no supera el requisito de
la relevancia constitucional, pues plantea un debate de instancia, frente a un proceso
ya concluido, dotado de la legitimidad que la Constitución y la ley le asignan a las
decisiones judiciales, sin que por este medio se revelen motivos para discurrir más
allá de la cosa juzgada, de cara, entre otros, a hechos tales como que la sentencia
acusada no evidencia una valoración probatoria indebida o irrazonable, con
referencia a las hipótesis que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
construido para una adecuada lectura y verificación de tan grave vicio; por el
contrario, se encuentra un ejercicio de ponderación y análisis probatorio basado en
los medios de convicción allegados al proceso, fundado en la sana crítica y en los
principios de autonomía e independencia de la labor judicial.
27.- Visto lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, responden,
en realidad, a una discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del
proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad
especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate,
conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e
independencia.
28.- Por todo lo expuesto, la demanda de tutela que se examina no cumple con los
requisitos generales de inmediatez y relevancia constitucional, en la medida que: (i)
no se presentó en un término razonable; y, (ii) su objeto es reabrir un debate ya
tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza la finalidad
de la acción de tutela como mecanismo supletivo de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, ante la ausencia de los citados presupuestos, esta Sala declarará
improcedente la solicitud de amparo.
29.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04863-00
Accionante: Javier Orlando García Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
III. FALLA
PRIMERO. - NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Secretaría
Distrital de Integración Social de Bogotá, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.
TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE29
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
29 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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