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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04869-00

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04869-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- TÉNGANSE como coadyuvantes de la parte accionante a Maryi Alexandra Soto Rodríguez, Wiliam Herrera Clavijo, Yonis José Martínez López, Lucas Junior Echavarría Suárez, José Miguel Jiménez Arias, Herberth Enrique Hormaechea Beleño, Wendy Carolina González Maestre, Edinson Velandia Gutiérrez, Alcides Rafael Araújo Molkna, Yerlis Margarita Idárraga Martínez, Gustavo Adolfo Araújo Baute, Nasly María Bolaños Idarraga, Luis Fernando 15 Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que “(i) el perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna”, Sentencia T-003 de 2022, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-03364-00 Demandante: Jorge Luis Oñate Cárdenas Perpiñán Ortega, Aura Marcela Amaya Ortiz, Breiner Armando Chinchia Armando, Antonio María Araújo Calderón, Branys Enrique Ávila Ortiz, Fernando Rafael Jiménez Reyes, Dolis María Manjarres Lara, Fredys Alberto Camarillo Beleño, Jairo Antonio Durán Núñez, Jesús Rafael Córdoba Córdoba, Luis Bermúdez Cuello, Luis Raúl Saurith Rosellon, Manuel Salvador Cantillo de Aguas, Martha Cecilia Vera de Vides, Mayerlin Esther Manjarres Lara, Onneller Rafael Maestre Negrete, Orlando Rafael Rincones López, René Segundo Hernández Igirio Rodín Emilio Blanco Sierra, Rosario Estela García Díaz, David Manuel Orcine Ochoa, Walter Enrique Vides Viera, Milton Janer Brito, Luis Alejandro Plata Becerra, Nurys Esther Gómez Bravo, Milena Gómez Nava, Rosa Ruth Jaraba De La Hoz, Jairo Alonso Ramírez Jaraba, Adaluz Vásquez, Jader José Consuegra, Amparo Rincones López, Hidalides Milva Vanegas Armenta, Genita María Consuegra […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04869-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

18 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-03364-00
Demandante: Jorge Luis Oñate Cárdenas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04869-00
Demandante: JORGE LUIS OÑATE CÁRDENAS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Y MINISTERIO DEL INTERIOR

Temas: Tutela contra el acto administrativo que designó gobernador en
encargo del departamento del Cesar. Improcedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos de carácter
electoral

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Jorge Luis Oñate Cárdenas contra la Presidencia de la
República, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el
Ministerio del Interior, en la que pide el amparo constitucional de los derechos
fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido, a votar y a la libre filiación
política, que considera vulnerados con la expedición del Decreto 1190 de 15 de
julio de 2022, “por el cual se designa gobernador encargado del departamento del
Cesar”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El señor Jorge Luis Oñate Cárdenas aseguró que el 27 de octubre de 2019 ejerció
su derecho al voto eligiendo como gobernador al señor Luis Alberto Monsalvo
Gnecco, quien aspiró a dicho cargo bajo la coalición Alianza por el Cesar
conformada por el Partido Liberal Colombiano, Partido Social de Unidad Nacional
(Partido de la U) y el Partido Cambio Radical. Agregó que la elección fue realizada
de manera mayoritaria con alrededor de 279,413 votos.

Manifestó que el señor Luis Alberto Monsalvo Gnecco enfrenta actualmente un
proceso penal radicado bajo el No. 11001600010220180032301, en el marco del
cual se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en
detención preventiva en su lugar de residencia, por los presuntos delitos de
“contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en
favor de terceros, agravado”.

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Demandante: Jorge Luis Oñate Cárdenas

Sostuvo que, por esa razón, el Presidente de la República expidió el Decreto 1008
de 26 de agosto de 2021, mediante el cual resolvió suspender al señor Luis
Alberto Monsalvo Gnecco, en su calidad de gobernador del departamento del
Cesar y encargar del citado cargo al señor Andrés Felipe Mesa Araújo, quien
ostentaba el cargo de secretario de Ambiente código 020, grado 02 de la
Gobernación del Cesar, mientras se designaba gobernador por el procedimiento
de terna.

Mediante oficio de 12 de julio de 2022, el secretario general del Partido Cambio
Radical allegó al Ministerio del Interior la terna para proveer el cargo de
gobernador del departamento del Cesar, conformada por Esther Mendoza Peinado
(Partido Cambio Radical), Violeta Patricia Ortiz Benavides (Partido Liberal
Colombiano) y Andrés Felipe Mesa Araújo (Partido de la U). La terna fue
convalidada por el Ministerio del Interior el 15 de julio de 2022, mediante
comunicación No. OFI2022-14488-0AJ-1400.

Por último, sostuvo que en virtud de lo anterior, el Ministro del Interior emitió el
Decreto 1190 de 15 de julio de 2022, en el que se designó como gobernador
encargado del departamento del Cesar al señor Andrés Felipe Meza Araújo.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora interpuso acción de tutela contra la Presidente de la República,
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del
Interior, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a elegir y ser elegido, a votar y a la libre filiación política, con la emisión
del Decreto 1190 de 15 de julio de 2022, mediante el cual se designó al señor
Andrés Felipe Meza Araújo como gobernador encargado del departamento del
Cesar.

Sostuvo que dicho acto administrativo se sustentó en la aplicación por analogía de
las causales de suspensión establecidas en el artículo 105 numeral 2 y el artículo
106 de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios”, sin tener en cuenta que
dicha norma no resultaba vinculante para el asunto dado que se aplica únicamente
a los alcaldes municipales.

Expresó que el acto administrativo demandado se expidió en contravía del
principio de legalidad, pues no tuvo en cuenta que desde el 8 de febrero de la
presente anualidad, el Congreso de la República aprobó la Ley 2200 de 2022, “por
la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los departamentos”, siendo esta la norma que rige el
procedimiento para la suspensión y designación de gobernadores.

Así mismo, aseveró que el Ministerio del Interior no estaba facultado para
convalidar jurídicamente quién sería la persona que ocuparía el cargo de
gobernador, sino que dicha función es exclusiva del Presidente de la República.

Refirió que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2200 de 2022, “es el
Presidente quien debe realizar la solicitud a los Partidos Políticos para que
realicen el envío de su candidato a la terna”, y no el Ministro del Interior de forma
directa.

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Enseguida indicó que la acción de tutela resulta procedente pues no cuenta con
otro medio de defensa idóneo y eficaz para obtener la protección de sus derechos
fundamentales y de los demás votantes, dado que si bien podría acudir al trámite
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, para declarar la nulidad del Decreto 1190 de 15 de julio de 2022,
dicho procedimiento podría tardar más de dos (2) años para su resolución, término
que supera el periodo que resta para que se convoquen a nuevas elecciones.

Aseveró que está legitimado en la causa por activa para iniciar la acción de tutela
dado que es el titular de los derechos fundamentales invocados, en tanto que fue
“uno de los votantes (…) ejercí mi derecho al voto para escoger al señor LUIS
ALBERTO MONSALVO GNECCO como gobernador del departamento del
CESAR”.

En este sentido, sostuvo que de conformidad con lo establecido en el artículo 11
del Acto Legislativo 01 de 2003, en cuanto al derecho al voto, debe “respetarse de
manera tajante y exclusiva la elección popular que se realice mediante el uso del
voto y no podrá otra rama del poder designar arbitrariamente quién será elegido”.

Finalmente, aseguró que la solicitud de amparo cumple con el requisito de la
inmediatez, por cuanto se interpuso dentro de un plazo razonable contado a partir
de la expedición del Decreto 1190 de 15 de julio de 2022.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes:

“1) Se declare nulo el Decreto 1190 del 15 de julio de 2022 y se deje sin efectos lo
decretado en el mismo de forma INMEDIATA.

2) Producto de ello, se ordene realizar el trámite previsto bajo los términos de la ley
2200 de 2022 para la designación del GOBERNADOR DEL CESAR.

3) Se indique y comparta por parte de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA las
solicitudes hechas a los partidos políticos partes de la coalición “Alianza por el Cesar”
para que se envíe el nombre de su candidato a la terna.

4) Solicito se compulsen copias a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN para que
se realicen investigaciones por las actuaciones contrarias a la ley que han sido
tomadas por el MINISTERIO DEL INTERIOR y que ocupan el delito de
PREVARICATO POR ACCIÓN en tanto se inaplicó lo dicho en la ley 2200 de 2022 y a
la Procuraduría General de la Nación para efectos de las sanciones disciplinarias que
se consideren.

5) Se aporte copia de la solicitud enviada por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA a
cada partido político (parte de la coalición) donde se les pide enviar el nombre del
ciudadano que representará de forma individual a cada colectividad en la terna de la
cual harían parte el partido liberal colombiano, el partido cambio radical y el partido de
la U. En caso de no existir dicha solicitud, que se certifique.

6) Se solicite al partido Liberal Colombiano, si existe solicitud realizada por el
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, requiriendo el envío del nombre del ciudadano (a)
que los va a representar en la terna para elegir Gobernador del Cesar por encontrarse
suspendido y que a la vez certifique cual fue el procedimiento para enviar a quien los
representó en dicha terna.

7) Se solicite al partido de la U, si existe solicitud realizada por el PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA, requiriendo el envío del nombre del ciudadano (a) que los va a

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representar en la terna para elegir Gobernador del Cesar por encontrarse suspendido
y que a la vez certifique cual fue el procedimiento para enviar a quién los representó
en dicha terna.

8) Se solicite al partido Cambio Radical, si existe solicitud realizada por el
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, requiriendo el envío del nombre del ciudadano (a)
que los va a representar en la terna para elegir Gobernador del Cesar por encontrarse
suspendido y que a la vez certifique cual fue el procedimiento para enviar a quién los
representó en dicha terna”.

4. Pruebas relevantes

Con la acción de tutela el demandante allegó los siguientes documentos:

• Copia del Decreto 1008 de 26 de agosto de 2021, “por el cual se suspende al
gobernador del departamento del Cesar y se hace un encargo”.
• Copia del Decreto 1190 de 15 de julio de 2022, “por el cual se designa gobernador
encargado del departamento del Cesar”.
• Copia del oficio de 12 de junio de 2022, dirigido al Presidente de la República y
suscrito por el secretario general del Partido Cambio Radical, en el que se remitió
la terna para la designación de gobernador del Cesar por el tiempo que resta para
la convocatoria de una elección ordinaria.
• Copia de la certificación de 1 de septiembre de 2022, suscrita por la coordinadora
electoral del departamento del Cesar en donde se deja constancia de que el señor
Jorge Luis Oñate Cárdenas sufragó en las elecciones realizadas el 27 de octubre
de 2019, en la zona 02, puesto 04, mesa 017 del municipio de Valledupar.

5. Trámite procesal

Por auto de 12 de septiembre de 2022, el Despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a las autoridades demandadas, así como al señor Andrés Felipe Meza
Araújo, al Partido Liberal Colombiano, al Partido Cambio Radical y al Partido de la
U, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 99990 a 99998 de 19
de septiembre de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Departamento del Cesar

En escrito de 21 de septiembre de 2022, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la entidad territorial solicitó que se nieguen las pretensiones del escrito de tutela
por no existir vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.
1 La parte accionante, las autoridades demandadas y los terceros con interés fueron notificados a

las siguientes direcciones de correo electrónico: onatejorluis@gmail.com;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; contacto@presidencia.gov.co;
notificacionesjudiciales@gobcesar.gov.co; notificacionesjudiciales@cesar.gov.co;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; contacto@presidencia.gov.co;
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co; Cambioradical@partidocambioradical.com;
cambioradical@partidocambioradical.org; contacto@partidocambioradical.gov.co; info@gqn-
abogados.com; info@partidodelau.com; secretariageneral@partidoliberal.org.co;
gerenciajuridica@partidoliberal.org.co; direccion.juridica@partidoliberal.org.co;
asesor.juridica@partidoliberal.org.co.

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En primer lugar, aseguró que contrario a lo afirmado por el accionante el Decreto
1190 de 15 de julio de 2022 no aplicó de forma analógica la Ley 136 de 1994, sino
que tuvo en cuenta directamente el artículo 135 de la Ley 2200 de 2022, según el
cual “En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el presidente de la
República designará un gobernador para lo que reste del período, respetando el
partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido.
Acto administrativo que será comunicado a la asamblea departamental (…)”.

De otra parte, refirió que el Decreto 1190 de 15 de julio de 2022 se expidió por el
Ministro del Interior conforme con las funciones delegadas por el Presidente de la
República en el Decreto 1177 de 12 de julio de 2022, en el cual se delegó
atribuciones constitucionales en el ejercicio del artículo 196 de la Constitución
Política.

Agregó que con la acción de tutela, en la que se pretende la nulidad del Decreto
1190 de 15 de julio de 2022, el accionante desconoce lo establecido en el artículo
88 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a la presunción de legalidad de los actos
administrativos.

Por último, aseveró la acción de tutela resulta improcedente dado que existen
otros medios judiciales para controvertir el acto administrativo demandado. En
particular, mencionó la sentencia de 11 de diciembre de 2003 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, según la cual “la acción electoral está prevista con la
exclusiva finalidad de preservar la legalidad objetiva de los actos electorales
emitidos como finalización de una justa electoral o de los nombramientos o
designaciones que realicen las autoridades administrativas, ya sea de manera
individual o corporativamente, sin que dicha acción implique que el juzgador tenga
que ocuparse de efectuar un juicio de carácter subjetivo sobre la conducta de
quien elija, nombra o designa, como tampoco de la conducta del elegido,
nombrado o designado”.

6.2. Respuesta del Ministerio del Interior

En memorial de 21 de septiembre de 2022, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica
de la cartera ministerial solicitó que declare probada la inexistencia de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Indicó que el 25 de agosto de 2021, se recibió en el Ministerio del Interior copia de
la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en audiencia virtual de 8 de agosto de 2021, en la que se le impuso la
medida de aseguramiento al entonces gobernador del departamento del Cesar, el
señor Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por los presuntos delitos de celebración de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en
favor de terceros, agravado. Además, también se allegó copia de la decisión de 24
de agosto de 2021, en la que se resolvió no reponer la referida providencia.

Por lo anterior, sostuvo que con ocasión de la decisión de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se generó un vacío de poder que
debía ser suplido por el Presidente de la República, de conformidad con lo
establecido en el artículo 55 de la Ley 4 de 1913.

Aseguró que el Presidente de la República emitió el Decreto 1008 de 26 de agosto
de 2021, mediante el cual se suspendió al señor Luis Alberto Monsalvo Gnecco,
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en su calidad de gobernador del Departamento del Cesar, en el mismo acto
administrativo se encargó en el citado empleo al señor Andrés Felipe Mesa Araújo,
mientras se designaba gobernador por el procedimiento de terna.

Refirió que el 12 de julio de 2022 se recibió un oficio suscrito por el secretario
general del Partido Cambio Radical remitiendo la terna requerida por el Gobierno
Nacional, la cual estaba conformada por Esther Mendoza Peinado del Partido
Cambio Radical, Violeta Patricia Ortiz Benavides del Partido Liberal Colombiano y
Andrés Felipe Mesa Araújo del Partido de la U.

Aseguró que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para cada uno de
los ternados, convalidó la terna presentada mediante comunicación OFI2022-
14488-OAJ-1400 de 15 de julio de 2022.

Indicó que posteriormente expidió el Decreto 1190 de 15 de julio de 2022,
mediante el cual decidió designar en encargo al señor Andrés Felipe Mesa Araújo.

Manifestó que dicho acto administrativo, contrario a lo afirmado por el accionante,
no se encuentra soportado en la Ley 136 de 1994, pues en ningún momento se
hace alusión a ella, ni en la parte considerativa ni en la parte resolutiva.

En este orden de ideas, sostuvo que la cartera ministerial ha cumplido con su
obligación legal y ha actuado de conformidad con las normas que rigen la materia,
pues adelantó los trámites pertinentes y oportunos para la designación del
gobernador encargado del departamento del Cesar por procedimiento de terna.

Por otro lado, en cuanto al argumento del accionante, según el cual quien realiza
el análisis y finalmente convalida jurídicamente quién será la persona que ocupará
el cargo gobernador es el ministro del Interior y no el Presidente de la República,
dado que el Ministro del Interior actuó como delegatario de funciones
presidenciales mediante el Decreto 1177 del 12 de julio de 2022, es decir, que
ejercía funciones propias del primer mandatario que le fueron transferidas vía
decreto.

Por lo anterior, aseguró que en lo que respecta al Ministerio del Interior es claro
que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

En cualquier caso, señaló que la acción de tutela resulta improcedente para
declarar la nulidad del Decreto 1190 de 15 de julio de 2022, pues el demandante
cuenta con otro medio de defensa para tal fin y, además, no se comprobó la
configuración de un perjuicio irremediable.

6.3. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y del Presidente de la República

Mediante escrito de 22 de septiembre de 2022, el asesor del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y/o del señor Presidente de la
República solicitó, de forma principal, que se declare la falta de legitimación
material en la causa por pasiva y se ordene la desvinculación de la acción de
tutela, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la violación o amenaza de
los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las entidades que
representa, comoquiera que no son la autoridad pública que presuntamente violó o
amenazó los derechos fundamentales invocados.
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Como petición subsidiaria, pidió que se declare la Improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que
el accionante cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para controvertir el acto
administrativo demandado.

Mencionó que cuando se trata de actos expedidos por el Gobierno Nacional, la
representación está en cabeza del Ministro o Director correspondiente y no en
cabeza del Presidente de la República y, en consecuencia, el primer mandatario
no es sujeto procesal salvo en las excepciones de los artículos 115 de la
Constitución Política y 159 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto, aseguró que lo
pretendido por el actor corresponde únicamente al Ministerio del Interior, quien fue
el encargado del estudio y elaboración del acto administrativo cuestionado.

Así mismo, afirmó que el Presidente de la República no actúa en nombre y
representación legal ni judicial de entidad alguna, dado que él no es la autoridad
de mayor jerarquía de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, sino
que lo son los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos en el
orden nacional de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Por último, sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la
subsidiariedad por existir otro mecanismo judicial idóneo para controvertir el
Decreto 1090 de 22 de julio de 2022, concretamente, el medio de control de
nulidad electoral consagrada en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). A lo que agregó que
tampoco se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la
procedencia excepcional de la acción de tutela.

7. Intervinientes

Mediante escritos allegados entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre de 2022,
sesenta y cuatro (64) ciudadanos manifestaron que coadyuvan las pretensiones
formuladas en la presente acción de tutela, en particular, en lo relacionado con la
declaratoria de nulidad del Decreto 1190 de 15 de julio de 2022.

Aseguraron que al igual que el demandante, participaron en las elecciones del año
2019 y votaron por el entonces candidato Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por lo
que consideran que sus derechos fundamentales y de al menos 279.413 personas
del departamento del Cesar están siendo vulnerados con la emisión del referido
acto administrativo.

Cada solicitante aportó copia de la cédula de ciudadanía y del acta de escrutinio
de los jurados de votación de las elecciones del 27 de octubre de 2019 para
elección de gobernador del departamento del Cesar (formulario E-14), en donde
figura la zona, el puesto de votación, la mesa de votación y el municipio en el que
ejercieron su derecho al voto.

Las peticiones de coadyuvancia fueron presentadas por los siguientes ciudadanos:

No. NOMBRE CÉDULA ZONA, PUESTO Y MUNICIPIO
MESA DE
VOTACIÓN
1 Maryi Alexandra Soto Rodríguez 49.791.402 Zona 90 - Puesto Valledupar
01 - Mesa 002

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Demandante: Jorge Luis Oñate Cárdenas

2 Wiliam Herrera Clavijo 77.025.668 Zona 03 - Puesto Valledupar
02- Mesa 011
3 Yonis José Martínez López 7.571.448 Zona 04 - Puesto Valledupar
06 - Mesa 001
4 Lucas Junior Echavarría Suarez 12.435.631 Zona 02 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 002
5 José Miguel Jiménez Arias 1.065.567.456 Zona 01 - Puesto Valledupar
01 - Mesa 033
6 Herberth Enrique Hormaechea 1.065.827.650 Zona 05 - Puesto Valledupar
Beleño 02 - Mesa 026
7 Wendy Carolina González Maestre 1.065.608.271 Zona 02 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 022
8 Edinson Velandia Gutiérrez 85.467.488 Zona 01 - Puesto Valledupar
03 - Mesa 013
9 Alcides Rafael Araújo Molkna 77.019.694 Zona 04 - Puesto Valledupar
01 - Mesa 022
10 Yerlis Margarita Idárraga Martínez 1.065.827.323 Zona 05 - Puesto Valledupar
07- Mesa 015
11 Gustavo Adolfo Araújo Baute 77.029.712 Zona 05 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 019
12 Nasly María Bolaños Idarraga 49.716.188 Zona 05 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 034
13 Luis Fernando Perpiñán Ortega 12.644.052 Zona 06 - Puesto Valledupar
03 - Mesa 001
14 Aura Marcela Amaya Ortiz 1.002.380.065 Zona 02 - Puesto Valledupar
01- Mesa 018
15 Jakeline Valdés Torres 49.788.698 No registra Valledupar
16 Breiner Armando Chinchia Armando 77.091.704 Zona 90 - Puesto Valledupar
01 - Mesa 001
17 Antonio María Araújo Calderón 79.383.981 Zona (ilegible) Valledupar
Puesto 01 - Mesa
(ilegible)
18 Branys Enrique Ávila Ortiz 77.173.185 Zona 01 - Puesto Valledupar
03 - Mesa 014
19 Fernando Rafael Jiménez Reyes 15.171.435 Zona 04 - Puesto Valledupar
01 - Mesa 003
20 Dolis María Manjarres Lara 49.734.101 Zona 04 - Puesto Valledupar
03- Mesa 010
21 Fredys Alberto Camarillo Beleño 77.171.845 Zona 02 – Puesto Valledupar
(no figura) - Mesa
018
22 Jairo Antonio Durán Núñez 16.593.071 Zona 03 - Puesto Valledupar
01- Mesa 003
23 Jesús Rafael Córdoba Córdoba 5.163.668 Zona 04 - Puesto Valledupar
05- Mesa 001
24 Luis Bermúdez Cuello 12.721.494 Zona 03 - Puesto Valledupar
03 - Mesa 002
25 Luis Raúl Saurith Rosellon 7.571.010 Zona 05 - Puesto Valledupar
02- Mesa 002
26 Manuel Salvador Cantillo de Aguas 77.016.409 Zona 01 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 010
27 Martha Cecilia Vera de Vides 42.488.796 Zona 01 - Puesto Valledupar
01 - Mesa 007
28 Mayerlin Esther Manjarres Lara 49.774.415 Zona 03 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 007
29 Onneller Rafael Maestre Negrete 1.065.837.355 Zona 01 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 012
30 Orlando Rafael Rincones López 12.717.339 Zona 04 - Puesto Valledupar
03 - Mesa 004
31 Rene Segundo Hernández Igirio 77.172.621 Zona 02 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 007

8

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Demandante: Jorge Luis Oñate Cárdenas

32 Rodin Emilio Blanco Sierra 77.025.653 Zona 02 - Puesto Valledupar
04- Mesa 013
33 Rosario Estela García Díaz 26.944.879 Zona 06 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 003
34 David Manuel Orcine Ochoa 7.572.292 Zona 00 - Puesto Valledupar
00 - Mesa 004
35 Walter Enrique Vides Viera 77.093.865 Zona 05 - Puesto Valledupar
02- Mesa 017
36 Milton Janer Brito 77.024.616 Zona 01 - Puesto Valledupar
01 - Mesa 022
37 Luis Alejandro Plata Becerra 77.021.218 Zona 01 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 004
38 Nurys Esther Gómez Bravo 49.792.421 Zona 90 - Puesto Valledupar
01 - Mesa 015
39 Milena Gómez Nava 49.721.100 Zona 03 - Puesto Valledupar
03 - Mesa 005
40 Rosa Ruth Jaraba De La Hoz 42.490.738 Zona 05 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 010
41 Jairo Alonso Ramírez Jaraba 77.095.621 Zona 05 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 020
42 Adaluz Vásquez 27.002.793 Zona 05 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 006
43 Jader José Consuegra 1.065.612.201 Zona 05 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 026
44 Amparo Rincones López 42.490.971 Zona 05 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 009
45 Hidalides Milva Vanegas Armenta 42.491.308 Zona 02 - Puesto Valledupar
05 - Mesa 001
46 Genita María Consuegra Iglesias 26.939.880 Zona 05 - Puesto Valledupar
02- Mesa 006
47 Hugo Enrique Romero Negrete 77.185.697 Zona 90 - Puesto Valledupar
01 - Mesa 017
48 Isaura Genith Betin 49.739.432 Zona 02 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 009
49 María del Rosario García Gómez 49.759.485 Zona 03 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 008
50 América Cecilia Ponce 49.737.749 Zona 03 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 001
51 Jenny Julieisy Cadena Meriño 1.065.662.685 Zona 04 - Puesto Valledupar
03 - Mesa 027
52 Jairo de Jesús Ramírez 12.719.842 Zona 05 - Puesto Valledupar
02 - Mesa 004
53 Kelly Yohana Jiménez Sarmiento 1.046.266.903 Zona 05 - Puesto Valledupar
04 - Mesa 017
54 José de Jesús Romero Gómez 19.277.722 Zona 04 - Puesto Valledupar
05 - Mesa 002
55 Adinael Santana Galvis 6.795.246 Zona 00 - Puesto Pailitas
00 - Mesa 004
56 Jeovani Madariaga Quintero 6.793.925 Zona 00 - Puesto Pailitas
00 - Mesa 003
57 Cruz Hernán Moreno Becerra 77.081.524 Zona 99 - Puesto Pailitas
80 - Mesa 001
58 Deberlina María Navarro García 36.588.155 Zona 00 - Puesto Pailitas
00 - Mesa 014
59 Duvan Madariaga Navarro 1.066.093.274 Zona 00 - Puesto Pailitas
00 - Mesa 029
60 Gloria Cantillo Pedrozo 1.049.020.975 Zona 00 - Puesto Pailitas
00 - Mesa 024
61 Rosa Elvina Arzuaga Guerra 1.062.404.651 Zona 00 - Puesto Pailitas
00- Mesa 024
62 Yobanis Jose Orcine Ramírez 77.023.453 Zona 00 - Puesto Pailitas
00- Mesa 017

9

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63 José Camilo García Meza 1.003.252.868 Zona 00 - Puesto El Paso
00 - Mesa 001
64 Fabio Villareal Medina 7.151.021 Zona 00 - Puesto Chimichagua
00 - Mesa 004

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestiones previas

Antes de formular el problema jurídico a resolver, la Sala efectuará las siguientes
precisiones en cuanto a la legitimación en la causa por activa y por pasiva y a las
solicitudes de coadyuvancia presentadas por los ciudadanos que afirman estar
afectados con la emisión del acto administrativo demandado.

2.1. De la legitimación en la causa en materia de tutela

2.1.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1
del Decreto 2591 de 1991, toda persona a nombre propio o a través de
representación tiene derecho a reclamar mediante la acción de tutela la protección
inmediata de sus derechos fundamentales (legitimación por activa), cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública (legitimación por pasiva).

En este último caso, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señala que la tutela
procede cuando quien la promueve se encuentra en “situación de subordinación o
indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción”.

La Corte Constitucional en la sentencia SU-349 de 2019, estimó que el juez de
tutela debe efectuar un estudio de la legitimación, “a partir de una valoración
previa y general de las competencias del demandado en relación con el objeto de
la tutela”2, por lo que en los casos en los que se advierta la imposibilidad palmaria
del sujeto accionado para cumplir con lo que se le pide en la acción de tutela se
debe declarar falta de legitimación en la causa por pasiva.

A su turno, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991dispone:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.

2 M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Demandante: Jorge Luis Oñate Cárdenas

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda,
y sobre quienes recaen las órdenes o el análisis de la presunta vulneración
alegada.

2.1.2. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, la Sala advierte que el
señor Jorge Luis Oñate Cárdenas manifestó ser uno de “los votantes que ejercí mi
derecho al voto para escoger al señor LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
como gobernador del departamento del CESAR”, con lo cual considera que sus
derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido, al voto y a la
libre filiación política resultaron vulnerados con la expedición del Decreto 1190 de
15 de julio de 2022, dado que a través de dicho acto administrativo se designó de
forma arbitraria al señor Andrés Felipe Mesa Araújo en reemplazo del gobernador
que él había elegido a través del voto popular.

Al respecto, se observa que la Corte Constitucional, en la sentencia T-516 de
20143, indicó que en las acciones de tutela dirigidas a obtener la protección del
derecho a la representación efectiva, como la presente, es necesario comprobar si
quien alega la afectación ejerció efectivamente su derecho al voto en aras de
determinar si está o no legitimado para incoar la acción constitucional, sin que ello
signifique una exigencia para el sufragante de demostrar cuál fue la persona o la
lista por la cual votó.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-066 de 20154,
sostuvo:

“29. Con respecto a la legitimación por activa para interponer la acción de tutela con
el fin de requerir la protección de sus derechos políticos, vale señalar que la
Constitución señala en el núm. 2 del artículo 40 que todo ciudadano puede tomar parte
en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de
participación democrática; y el artículo 103 de la Carta indica que los mecanismos de
participación –incluida la revocatoria- serán reglamentados por la ley. Por lo tanto, los
ciudadanos, en general, son titulares de tales derechos, pero el ejercicio de los mismos
está precisado en las disposiciones legales que reglamentan tales potestades. Es
relevante entonces analizar las reglas específicas de legitimación por activa esbozadas
por la Corte Constitucional en relación con las tutelas que exigen la protección de los
derechos políticos, en las cuales se tiene en cuenta la configuración legal para
determinar si es posible hacer uso de la acción de tutela.

Así pues, tratándose de tutelas dirigidas a solicitar la protección del derecho a la
representación efectiva, esta Corporación ha indicado que “[p]ara determinar si una
persona está o no legitimada para incoar la acción de tutela en ese tipo de eventos,
considerando la naturaleza propia del derecho -sobre el cual la Sala volverá más
adelante-, en la sentencia T-1337 de 2001 la Corte fijó la necesidad de comprobar
si quien alega la afectación ejerció efectivamente su derecho al voto, sin que ello
signifique una exigencia para el sufragante de demostrar cuál fue la persona o la
lista por la cual votó.

En ese sentido, si se reclama el ejercicio del derecho a la representación efectiva,
la Corte consideró que es razonable que sólo tengan legitimación quienes
entregaron esa representación. No obstante, es desproporcionado exigir a un

3 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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ciudadano que pruebe que votó por determinado candidato, teniendo en cuenta que el
voto es secreto. Así pues, la Corte ha optado por reconocer legitimidad a quienes
demuestren que han ejercido su derecho al voto, sin exigirles probar por quién votaron,
pues no es posible aportar esa constancia y además resultaría desproporcionado.

En efecto, de acuerdo con la sentencia T-516 de 2014, que a su vez reitera la regla
fijada en la sentencia T-1337 de 2001, la Corte infiere la legitimidad del accionante
para la protección de los derechos políticos, cuando “quien alega la afectación
ejerció efectivamente su derecho al voto” (Negrillas y subrayas de la Sala).

A la anterior regla, la Corte Constitucional en la sentencia SU-213 de 20225,
agregó que, tratándose de acciones de tutela orientadas a obtener la protección
del derecho fundamental a la representación política efectiva, para verificar el
cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa, es necesario
acreditar “ii) que en el caso de que se trate de la elección de autoridades locales,
que ese derecho se haya ejercido en la circunscripción electoral correspondiente”.

En el presente caso, se advierte que el demandante afirmó en el escrito de tutela
ser uno de los votantes del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco y aportó
copia de la certificación de 1 de septiembre de 2022, suscrita por la coordinadora
electoral del departamento del Cesar en donde se deja constancia que sufragó en
las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, en la zona 02, puesto 04,
mesa 017 del municipio de Valledupar.

De este modo, existe un medio de convicción que demuestra la participación del
señor Jorge Luis Oñate Cárdenas en dicha jornada electoral en la circunscripción
electoral del departamento del Cesar, lo que resulta suficiente para concluir que se
encuentra legitimado para incoar la acción constitucional dado que en ella se
pretende la nulidad del acto administrativo que designó a un nuevo gobernador en
reemplazo de aquel que fue elegido en la jornada electoral en la que participó el
accionante.

2.1.4. Por otro lado, en el asunto bajo examen, el asesor del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y/o del Presidente de la
República solicitó que se desvincule del trámite de tutela, al considerar que se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva porque los hechos que se
discuten en el trámite de tutela no tienen relación con sus competencias, pues el
acto administrativo demandado fue expedido por el Ministerio del Interior.

No obstante, la Sala negará la solicitud de desvinculación formulada por la entidad
demandada, pues no se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva,
teniendo en cuenta que si bien el Decreto 1190 de 15 de julio de 2022 no fue
expedido por el Presidente de la República sino por el Ministro del Interior, lo cierto
es que lo que se cuestiona en el escrito de tutela es si de conformidad con lo
establecido en la Ley 2200 de 2022, el primer mandatario era el único facultado
para tomar la decisión en cuanto a la designación de gobernador y, por tanto, su
vinculación como demandado resulta necesaria.

2.2. Coadyuvancias

2.2.1. Como se advirtió en el acápite de antecedentes de esta providencia,
sesenta y cuatro (64) ciudadanos manifestaron que coadyuvan las pretensiones
5 M.P Cristina Pardo Schlesinger.

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formuladas en la presente acción de tutela, pues al igual que el accionante
consideran que debe declararse la nulidad del Decreto 1190 de 15 de julio de
2022. Con las solicitudes, se aportó copia del formulario E-14, en donde figura la
zona, el puesto, la mesa de votación y el municipio en donde se ejerció su derecho
al voto para las elecciones del 27 de octubre de 2019.

2.2.2. Cabe resaltar que la coadyuvancia en la acción de tutela está expresamente
prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, figura que ha sido precisada
por la Corte Constitucional en las sentencias T-533 de 19986 y T-349 de 20127, en
los siguientes términos:

“El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que “…Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición antes
transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el resultado del
proceso. Luego, si el juez de tutela haya acreditado el interés del tercero o terceros
intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su vinculación sin que
para el efecto se señale una forma específica para hacerlo. En este respecto, en la
sentencia T-435 de 2006, se expuso lo siguiente:

‘En sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional, interpretando
el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros ajenos a la
conculcación de los derechos fundamentales con interés en el resultado de un proceso
de tutela pueden intervenir de diferentes formas, buscando defender sus intereses’.

6.2.1 Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la
persona o personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte
dentro del mismo pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior que
establece como fin esencial del Estado: “…facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan…”, como también la efectividad del artículo 29 de la
Constitución, en lo atinente a la garantía del derecho al debido proceso”.

2.2.3. En este orden de ideas, la Sala advierte que tendrá en cuenta las solicitudes
de coadyuvancia, a excepción de aquella presentada por la señora Jakeline
Valdés Torres, dado que los ciudadanos demostraron tener un interés en el trámite
constitucional porque probaron su participaron en la jornada electoral de 27 de
octubre de 2019 en la que resultó electo el señor Luis Alberto Monsalvo Gnecco
como gobernador del Cesar. Sin embargo, en cuanto a la señora Jakeline Valdés
Torres la solicitud será negada por cuanto no aportó prueba que diera cuenta de
que ese día ejerció su derecho al voto.

3. Planteamiento del problema jurídico

En primer lugar, la Sala debe determinar si les asiste razón a las autoridades
demandadas en cuanto a que la acción de tutela fue interpuesta sin el
cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, dado que el demandante cuenta
con otro mecanismo de defensa judicial como es el medio de control de nulidad
electoral para controvertir la legalidad del Decreto 1190 de 15 de julio de 2022,
“por el cual se designa gobernador encargado del departamento del Cesar”.

6 M.P. Hernando Herrera Vergara.
7 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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De encontrarse superado dicho requisito, se debe establecer si el Presidente de la
República, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la
Nación, Ministerio del Interior, vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a elegir y ser elegido, a votar y a la libre filiación política, con la emisión
del acto administrativo demandado, dado que en el mismo se aplicó de forma
errónea lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, cuando en realidad el marco
normativo vinculante era el establecido en la Ley 2200 de 2022.

4. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20158:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente

8 Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela”9. (Negrilla por fuera del texto)

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos10, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. El señor Jorge Luis Oñate Cárdenas acudió al mecanismo de protección
constitucional con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al
debido proceso, a elegir y ser elegido, al voto y a la libre filiación política, los
cuales considera vulnerados con la emisión del Decreto 1190 de 15 de julio de
2022, por el cual se designó como gobernador encargado del departamento del
Cesar al señor Andrés Felipe Mesa Araújo en reemplazo del señor Luis Alberto
Monsalvo Gnecco a quien se había elegido por voto popular.

La inconformidad del actor recae en que la designación efectuada en dicho acto
administrativo resulta arbitraria dado que se sustentó en una norma que
únicamente es vinculante para los alcaldes municipales y no para los
gobernadores –Ley 136 de 1994-. Pasando por alto que ya se encontraba vigente
la Ley 2200 de 2022, “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los departamentos”, que si resulta aplicable al
asunto.

5.2. Al respecto, la Sala advierte que les asiste razón a las autoridades
demandadas al afirmar que la acción de tutela no cumple con el requisito de la
subsidiariedad, dado que la pretensión principal consistente en que “se declare
nulo el Decreto 1190 del 15 de julio de 2022 y se deje sin efectos lo decretado en

9Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.

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el mismo de forma INMEDIATA”, no es susceptible de ser analizada en el marco
de la acción de tutela, pues para ello la Constitución Política ha previsto la acción
de nulidad electoral, reglamentada en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 11, de
modo que de ser estudiado de fondo ese reparo por el juez constitucional se
estarían usurpando funciones propias del juez natural.

Cabe resaltar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta de esta
Corporación, órgano de cierre en materia electoral, el medio de control de nulidad
electoral procede contra “los actos de designación de un cargo uninominal en
encargo -alcalde o gobernador-”12, pues se entienden como actos definitivos
cuando la designación se realice a partir de la terna enviada por los partidos
políticos. Inclusive, también procede el medio de control contra el acto de
designación temporal antes de realizar el procedimiento de la terna, pues se
considera que es un acto definitivo temporal con el fin de evitar vacío de poder.

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra actos de carácter
electoral, la Corte Constitucional ha estimado que por regla general “lo
procedente no es la tutela, teniendo en cuenta que mediante la acción de
nulidad electoral se puede atacar el acto definitivo de elección, siendo este
el medio idóneo para tal fin (…)”13.

En efecto, esta Sala14 ha sido del criterio de que el medio de control idóneo para
discutir la legalidad de los actos administrativos de carácter electoral, como lo es
el Decreto 1190 de 15 de julio de 2022, es la nulidad electoral, pues en él no sólo
se puede cuestionar la nulidad de los actos administrativos que designan
gobernador encargado, sino también se pueden solicitar las medidas cautelares
previstas en el artículo 229 a 241 de la Ley 1437 de 2011, incluidas las de
urgencia, las cuales tienen la misma eficacia de la acción de tutela.

Sobre el particular, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares en
las acciones contencioso administrativas como un mecanismo de defensa
provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable, razón por la que es deber del actor agotar dicho medio, en primer
término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. Según
el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un perjuicio
irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el juez
ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se
ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

11 En el mismo sentido se pronunció la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 6 de

octubre de 2022, cuya pretensión era que se dejara sin efecto el Decreto 1190 de 2022. Exp. 2022-
04905-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de mayo de 2019, exp. No. 11001-03-28-

000-2019-00002-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro y sentencia de 27 de febrero de 2020, exp. No.
68001-23-33-000-2019-00512-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
13 Corte Constitucional, sentencia T-232 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, reiterada en

la sentencia T-572 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. No. 27001-23-33-

000-2020-00116-01, C.P. Milton Chaves García.

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Demandante: Jorge Luis Oñate Cárdenas

Así las cosas, aun cuando el accionante sostuvo que de acudir a la administración
de justicia se tardaría más de dos (2) años en obtener la decisión definitiva, lo
cierto es que desde la radicación de la demanda puede solicitar las referidas
medidas cautelares, las cuales incluyen la suspensión de los efectos del acto
administrativo objetado.

De este modo, es claro que la acción de tutela fue presentada sin cumplir el
requisito de la subsidiariedad, al existir otro medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para ventilar el debate legal propuesto por el actor.

Aun cuando la Sala no desconoce que eventualmente puede activarse la
competencia del juez de tutela para definir si la emisión de un acto administrativo
electoral desconoció alguna garantía ius fundamental y si puede otorgarse el
amparo transitorio hasta que el juez administrativo decida de fondo sobre la
legalidad del acto, cuando se utilice para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, lo cierto es que en el asunto bajo examen no se lograron acreditar
los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional15 para habilitar la
procedencia excepcional de la acción de tutela dado que no es posible determinar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Por último, respecto de las pretensiones 2 a 8 de la acción de tutela, en tanto se
formularon como subsidiarias de la principal cuya finalidad era que se declarara la
nulidad del Decreto 1190 de 2022, la Sala se abstendrá de efectuar algún
pronunciamiento sobre las solicitudes allí contenidas, por cuanto su concreción la
deriva la parte actora de que el precitado acto administrativo sea expulsado del
ordenamiento jurídico.

En conclusión, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del
requisito de la subsidiariedad y, en esa medida, se debe declarar improcedente.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- TÉNGANSE como coadyuvantes de la parte accionante a Maryi
Alexandra Soto Rodríguez, Wiliam Herrera Clavijo, Yonis José Martínez López,
Lucas Junior Echavarría Suárez, José Miguel Jiménez Arias, Herberth Enrique
Hormaechea Beleño, Wendy Carolina González Maestre, Edinson Velandia
Gutiérrez, Alcides Rafael Araújo Molkna, Yerlis Margarita Idárraga Martínez,
Gustavo Adolfo Araújo Baute, Nasly María Bolaños Idarraga, Luis Fernando

15 Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar el requisito de
subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que “(i) el perjuicio debe ser inminente, es
decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la
persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar
la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse
la misma sea ineficaz por inoportuna”, Sentencia T-003 de 2022, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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Demandante: Jorge Luis Oñate Cárdenas

Perpiñán Ortega, Aura Marcela Amaya Ortiz, Breiner Armando Chinchia Armando,
Antonio María Araújo Calderón, Branys Enrique Ávila Ortiz, Fernando Rafael
Jiménez Reyes, Dolis María Manjarres Lara, Fredys Alberto Camarillo Beleño,
Jairo Antonio Durán Núñez, Jesús Rafael Córdoba Córdoba, Luis Bermúdez
Cuello, Luis Raúl Saurith Rosellon, Manuel Salvador Cantillo de Aguas, Martha
Cecilia Vera de Vides, Mayerlin Esther Manjarres Lara, Onneller Rafael Maestre
Negrete, Orlando Rafael Rincones López, René Segundo Hernández Igirio Rodín
Emilio Blanco Sierra, Rosario Estela García Díaz, David Manuel Orcine Ochoa,
Walter Enrique Vides Viera, Milton Janer Brito, Luis Alejandro Plata Becerra, Nurys
Esther Gómez Bravo, Milena Gómez Nava, Rosa Ruth Jaraba De La Hoz, Jairo
Alonso Ramírez Jaraba, Adaluz Vásquez, Jader José Consuegra, Amparo
Rincones López, Hidalides Milva Vanegas Armenta, Genita María Consuegra
Iglesias, Hugo Enrique Romero Negrete, Isaura Genith Betin, María del Rosario
García Gómez, América Cecilia Ponce, Jenny Julieisy Cadena Meriño, Jairo de
Jesús Ramírez, Kelly Yohana Jiménez Sarmiento, José de Jesús Romero Gómez,
Adinael Santana Galvis, Jeovani Madariaga Quintero, Cruz Hernán Moreno
Becerra, Deberlina María Navarro García, Duván Madariaga Navarro, Gloria
Cantillo Pedrozo, Rosa Elvina Arzuaga Guerra, Yobanis José Orcine Ramírez,
José Camilo García Meza y Fabio Villareal Medina.

Segundo.- NIÉGASE la solicitud de coadyuvancia formulada por la señora
Jakeline Valdés Torres.

Tercero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Presidente de
la República.

Cuarto.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el
señor Jorge Luis Oñate Cárdenas, por las razones expuestas.

Quinto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
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