Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04872-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04872-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04872-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
23 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL -UGPP-
Demandado: RIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Requisitos generales de
procedibilidad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 11 de noviembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, por las razones ut supra.
(…)”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003 - Sala de Decisión
Oral, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y el principio de sostenibilidad financiera. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRINCIPALES
Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
DESPACHO 003 - SALA DE DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B al ordenar reconocer y pagar
la mesada catorce a la señora VIRGINIA CONCEPCION MARTINEZ BLANCO, quien no
acredita los requisitos legales de acceso a esta prerrogativa.
Segundo. Consecuentemente a lo anterior:
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.
a.- DEJAR sin efectos la sentencia del 3 de diciembre de 2021 emitida por el TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO DESPACHO 003 - SALA DE
DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B, en el proceso contencioso administrativo No. 08-001-33-33-
002-2013-00154-00 por la flagrante vía de hecho y el abuso palmario del derecho en razón al
reconocimiento de la mesada catorce y/o adicional de junio a favor de la señora VIRGINIA
CONCEPCION MARTINEZ BLANCO, quien no cumplió la totalidad de los requisitos exigidos
en el Acto Legislativo 001 de 2005.
b.- ORDENAR al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
DESPACHO 003 - SALA DE DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B dictar nueva sentencia ajustada
a derecho, en la cual se CONFIRME la decisión de primera instancia dictada en proceso
contencioso administrativo No.08-001-33-33-002-2013-00154-00 por el JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA de fecha 22 de noviembre de
2016, por encontrar demostrado que la señora VIRGINIA CONCEPCION MARTINEZ
BLANCO, no reunió la totalidad de los requisitos señalados el Acto Legislativo 01 del 2005
para ser acreedora de la mesada catorce.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el
requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO DESPACHO 003 - SALA DE DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria la
sentencia del 3 de diciembre de 2021 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en
virtud de su orden tutelar”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Virginia Concepción Martínez Blanco nació el 1 de enero de 1944, prestó
sus servicios a la Rama Judicial desde el 28 de abril de 1989 hasta el 30 de junio
de 2009 y, mediante la Resolución 23948 de fecha 19 de agosto de 2005, la extinta
CAJANAL le reconoció una pensión de jubilación por aportes, en cuantía de $
964,923.77, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2003, condicionada a demostrar
el retiro definitivo del servicio, decisión confirmada por Resolución 6902 del 21 de
octubre de 2005.
Mediante la Resolución 09827 del 2 de marzo de 2009, se reliquidó la pensión de
jubilación, en cuantía de $ 1,225,272.38, efectiva a partir del 1 de mayo de 2008,
condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio y se definió como fecha de
estatus jurídico el 21 de febrero de 2002.
Que, por medio de la Resolución UGM 4890 del 19 de agosto de 2011, se resolvió
el recurso de reposición y se revocó la Resolución 09827 del 2 de marzo de 2009,
en consecuencia, se dispuso reliquidar la pensión de vejez en cuantía de $
2.040.411,07, efectiva a partir del 1 de julio de 2009, para lo cual se aplicaron las
disposiciones contenidas en el Decreto 546 de 1971, es decir, únicamente se
tuvieron en cuenta los tiempos de servicios prestados en el sector público y se
omitieron los tiempos privados, lo cual generó el cambio de fecha de estatus
jurídico, al 27 de abril de 2009, esto es, cuando cumplió 20 años de servicio.
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La señora Virginia Concepción Martínez Blanco solicitó a la UGPP el pago de la
mesada 14, sin embargo, las solicitudes fueron negadas, por lo que ejerció medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que le fuera
reconocida y pagada la citada mesada.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla, en sentencia del 22 de
noviembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no
acreditó los presupuestos fácticos ni jurídicos para acceder al reconocimiento de la
mesada 14.
El Tribunal Administrativo del Atlántico Despacho 003 - Sala de Decisión Oral -
Sección B, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2021 1, revocó el fallo del 22
de noviembre de 2016 y, en su lugar, ordenó el reconocimiento y pago de la mesada
14, a favor de la señora Virginia Concepción Martínez Blanco, por considerar que
el derecho prestacional se causó el 21 de febrero de 2002, esto es, con anterioridad
a la entrada en vigor del Acto Legislativo 001 de 2005 y porque, además, era inferior
a 3 smlmv.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del Atlántico Despacho 003 -
Sala de Decisión Oral - Sección B vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de sostenibilidad
financiera, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.
Alegó que existió abuso del derecho porque se otorgó la mesada 14 a quien no
reunía los requisitos para su reconocimiento, lo que hace que ese actuar sea
contrario a la ley.
Igualmente, invocó un grave perjuicio al erario, porque, si bien la señora Virginia
Concepción Martínez Blanco falleció el 24 de octubre de 2021, la orden contenida
en la sentencia del 3 de diciembre de 2021 señala que el pago de la mesada 14 se
debe efectuar a partir del 10 de octubre de 2009, por lo cual existen valores por
concepto de retroactivo cuyo derecho está llamado a ser reclamado por los
herederos de la causante; asimismo, en el caso de que exista una persona con la
vocación para reclamar la pensión de sobrevivientes, la entidad deberá asumir la
mesada 14 hasta la vida probable del beneficiario.
En ese sentido, el perjuicio irremediable se genera al tener que asumir los siguiente
valores: (i) a los herederos de la causante, hoy indeterminados, la suma de $
28.417.805, por concepto de retroactivo, en virtud del cumplimiento del fallo acá
controvertido y, (ii) en caso de que se efectúe el reconocimiento de una sustitución
pensional en favor de algún beneficiario, se deberá pagar cada año, a partir del
2022, una mesada adicional de forma vitalicia, la cual para el año 2021 ascendía a
la suma de $ 3.083.679.
En cuanto a los requisitos generales de procedencia, indicó que la presente
acción de tutela adquiere relevancia constitucional porque se discute la vulneración
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Notificada el 3 de mayo de 2022 vía correo electrónico
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de los derechos fundamentales y porque se ha generado una ostensible vía de
hecho, a su juicio, se “está rompiendo el principio de legalidad estructural del debido proceso al
conceder un derecho sin el lleno de los requisitos que para el efecto determinó el Acto Legislativo
01 de 2005”, situación que requiere la intervención urgente del juez de tutela para
poner fin a un detrimento del erario.
En relación con la existencia otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable dijo que “si bien procede el recurso
extraordinario de revisión, en este momento este no es el mecanismo pertinente y eficaz para
impedir la grave irregularidad que se da en este caso relacionado con el reconocimiento y pago de
la mesada 14 sin el cumplimiento de los requisitos determinados en el Acto Legislativo 01 de 2005”.
En ese contexto, dijo que con fundamento en las sentencias SU 427 de 2016 y T
494 de 2018 de la Corte Constitucional, acude a la acción de tutela como medio
principal para lograr que se deje sin efecto las decisiones judiciales irregulares ante
la búsqueda de la protección del erario, así exista otro medio de defensa. Agregó
que el recurso extraordinario de revisión no resultaría eficaz en el presente asunto,
toda vez que no evita la consumación del perjuicio irremediable ya que no admite
medidas provisionales.
Insistió en la configuración de un perjuicio irremediable, con fundamento en la
protección del erario y del sistema pensional, para lo cual reiteró los argumentos
señalados en precedencia y catalogó el perjuicio como cierto, inminente y continuo.
En punto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, alegó la configuración de los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial.
Frente al defecto sustantivo insistió en que el Tribunal Administrativo del Atlántico
aplicó de indebida forma el inciso 8 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y
el parágrafo transitorio 6º y desconoció lo establecido en el artículo 142 de la Ley
100 de 1993, que creó la mesada adicional o la mesada catorce, la cual recibirán
los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, en monto de 30
días de la pensión, para ser pagada con la mesada de junio de cada año, así como
lo dispuesto en al Acto Legislativo 001 del 22 de julio de 2005, que modificó la Ley
100 de 1993 y estableció que las personas cuyo derecho a la pensión se cause a
partir de la vigencia de ese Acto Legislativo no podrían recibir más de trece (13)
mesadas pensionales al año, salvo aquellas pensiones que se causaran antes del
31 de julio de 2011 y tuvieran monto inferior a tres salarios mínimos.
En ese sentido, aduce que el tribunal pasó por alto que la señora Virginia
Concepción Martínez Blanco adquirió el estatus pensional con posterioridad a la
entrada en vigor del Acto Legislativo 001 de 2005, esto es, el 27 de abril de 2009 y,
adicionalmente, que la pensión de vejez de la señora Martínez Blanco, para el 27
de abril de 2009, correspondía a la suma de $2.040.411,87, es decir, superaba los
tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Califica como un error que se reconozca como la fecha en que la señora Martínez
Blanco adquirió el estatus pensional el 21 de febrero de 2002, por considerar que
no se ajusta a la realidad, porque, con posterioridad al primer reconocimiento
pensional, el cual se efectuó teniendo en cuenta tiempos públicos y privados, la
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interesada solicitó la reliquidación de la pensión de vejez de conformidad con el
régimen consagrado en el Decreto 546 de 1971, el cual no permite calcular tiempos
privados, en consecuencia, al tener únicamente en cuenta los tiempos públicos, la
fecha en la que adquirió el estatus pensional se postergó hasta el 27 de abril de
2009, esto es, cuando se reliquidó la pensión con el Decreto 546 de 1971.
Alega que la señora Martínez Blanco no cumplió los requisitos exigidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005 para ser beneficiaria de la mesada 14, porque no adquirió el
estatus pensional antes del 25 de julio de 2005 y, si fuera posterior a esta fecha y
antes del 31 de julio de 2011, era necesario que percibiera una mesada pensional
igual o inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual no
ocurrió.
Sobre el defecto por desconocimiento del precedente judicial indicó que el
tribunal demandado se apartó indebida e injustificadamente de las sentencias C-
596 de 1997, C-242 de 2009 y SU 555 de 2014 y desconoció la sentencia de
constitucionalidad C-179 de 2016, sobre la obligatoriedad de las sentencias de
unificación de la Corte Constitucional.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 14 de
septiembre de 2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo del Atlántico y vinculó a la señora Virginia Concepción
Martínez Blanco, que fungió como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado No. 08001-33-33-002-2013-00154-01 y
al Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo del Atlántico Despacho 003 - Sala de Decisión Oral
• Sección B explicó que la decisión censurada no transgredió algún precedente
constitucional ni incurrió en los defectos invocados, reiteró los argumentos
contenidos en la sentencia del 3 de diciembre de 2021 y solicitó declarar la
improcedencia de la acción o, en su defecto, negarla por no existir transgresión de
los derechos fundamentales de la actora.
6. Intervención del tercero interesado
El Juzgado Segundo Administrativo Oral De Barranquilla informó que profirió
sentencia el 22 de noviembre de 2016 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Virginia Concepción Martínez
Blanco, en contra de la Unidad administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, con el radicado
número 08-001- 33-33-002-2013-00154-00, en la cual se resolvió negar las
pretensiones de la demanda, por las razones relacionadas en la mencionada
sentencia, por lo que, indicó no tener otras razones que señalar.
Los herederos de la señora Virginia Concepción Martínez Blanco guardaron
silencio.
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7. Sentencia de primera instancia
La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en sentencia del 11
de noviembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo porque no
cumple con el requisito general de subsidiariedad, toda vez que, de conformidad
con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP cuenta con un mecanismo de
defensa que no es otro que el recurso extraordinario de revisión contenido en el
artículo 248 del CPACA, el que es el procedente para cuestionar o revisar la
decisión reprochada.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia para lo cual
reiteró los mismos argumentos que expuso en el escrito de tutela y frente al fallo de
tutela de primera instancia, sostuvo, en primer lugar, que la tutela sí es el
mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales
vulnerados a la UGPP, aun ante la existencia del recurso extraordinario de revisión,
el cual no se ha desconocido y, en segundo lugar, que dicho medio no es el eficaz
para evitar un grave perjuicio al erario, pues debido a sus ritualidades procesales
no evita la configuración de la grave afectación al sistema pensional por el pago de
la mesada 14, a la cual no se tiene derecho.
Igualmente, insistió en que ocurrió un abuso del derecho, en la existencia de un
perjuicio irremediable y en la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
de defensa.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la proc edencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la sentencia
del 3 de diciembre de 2021, mediante el que el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Atlántico Despacho 003 - Sala de Decisión Oral - Sección B
revocó la decisión del 22 de noviembre de 2016 del Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Barranquilla y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la
demanda y ordenó el reconocimiento y pago de la mesada 14, a favor de la señora
Virginia Concepción Martínez Blanco, por considerar que el derecho prestacional
se causó el 21 de febrero de 2002, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor
del Acto Legislativo 001 de 2005 y porque además era inferior a 3 smlmv.
Al efecto, la parte actora invoca los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, en el entendido que se otorgó la mesada 14, a quien no reunió
los requisitos para su reconocimiento.
En ese orden, corresponde a la Sala determinar, en los términos de la impugnación,
si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente, el de subsidiariedad y, en caso afirmativo, determinar si se
configuran o no los defectos alegados por la UGPP.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales – requisito general de subsidiariedad
Como se indicó, dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el
de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)” .
En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en
impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se
convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales,
pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posi ble y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los
siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
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serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 5 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 6 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues
como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no
es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia
ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo».
Caso concreto
Como se anticipó, en el presente caso, la parte accionante cuestiona la sentencia
del 3 de diciembre de 2021, en la que Tribunal Administrativo del Atlántico
Despacho 003 - Sala de Decisión Oral - Sección B, porque considera que la señora
Martínez Blanco no cumplió con los requisitos exigidos por el Acto Legislativo 01
de 2005 para ser beneficiaria de la mesada 14.
Al respecto, la Sala advierte que sería del caso estudiar los argumentos que plantea
la parte actora para invocar la vulneración de los derechos fundamentales
deprecados, de no ser porque el presente mecanismo constitucional incumple el
requisito general de la subsidiariedad, como se pasa a explicar.
El numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, señala que son causales de
revisión:
“(…) 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
5
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice com o
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)” (se destaca).
6
“Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).”
8
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.
(…)”.
Al respecto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
providencia del 4 de marzo de 2021, dictada en un proceso de recurso
extraordinario de revisión 7, entendió que el citado numeral 7 comprendía que la
persona obtuvo el derecho sin tener derecho al mismo. En los siguientes términos,
consideró:
Sobre el particular, esta Corporación, en sendos pronunciamientos, ha indicado los elementos
estructurales que componen la causal señalada en el numeral séptimo del artículo 250 del
CPACA, a saber:
(i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete la pérdida o se
reconozca a favor de determinada persona una prestación periódica, dentro de las cuales
cabe mencionar las pensiones de jubilación, de vejez, de invalidez, de sustitución, y la
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, principalmente. En cuanto al
carácter de la prestación decretada, se aclara que la causal no se refiere únicamente a
pensiones, sino que se extiende a prestaciones periódicas.
Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que niegan dicha
clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan sobre aspectos posteriores a
su reconocimiento, en particular los concernientes a su reliquidación, factores dejados de
incluir y, en general, modificación o discusión de su monto.
(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para acceder o
perder el derecho de gozar de esa prestación periódica. Los supuestos señalados por la
norma pueden resumirse así́:
a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede ocurrir, por
ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a quien no reúne los
requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal por cuestiones
de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez y recupera su salud, con la
consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación. (Subraya la Sala)
Al tiempo que, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 8 prevé el mecanismo especial
de “Revisión [de sentencias] de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública ”, en los siguientes términos:
“Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
7 Proceso No. 11001-03-25-000-2013-01223-00. M.P. César Palomino Cortés.
8
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
9
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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y, además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.” (Se destaca)
Tal como lo ha señalado esta Sección 9, dada la amplitud de la norma para su
aplicación, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016 unificó
jurisprudencia, entre otras cosas, para aclarar quienes se encontraban legitimados
para ejercer el precitado recurso, en los siguientes términos:
“Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso
del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe
entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de
las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas
reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del
sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero 10.
7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte
Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las
cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de
cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha
en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.
(…)”.
Por lo tanto, resulta claro que las acciones de tutela promovidas por las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas,
entre ellas, la UGPP, contra las providencias en las cuales se reconocieron
prestaciones periódicas a favor de los pensionados y en las que se invoca el
desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, no están llamadas a
prosperar porque no cumplen con el requisito de subsidiariedad. Así lo indicó la
Corte:
“7.25. Así las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión
consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas
por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un
abuso del derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución.
7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario público con ocasión
de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho tiene la vocación de
generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado, las cuales se utilizan para
garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social de los colombianos, por lo que en
casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de
prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será viable con el fin de verificar la configuración
de la irregularidad advertida y adoptar las medidas respectivas.
7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios superiores de seguridad
jurídica y confianza legítima, el juez constitucional cuando analice de fondo la posible configuración
de un abuso del derecho deberá tomar las medidas necesarias para no afectar de manera grave los
derechos fundamentales de los implicados en la causa, por lo que en caso de verificarse la existencia
de dicha irregularidad, deberá disponer que el reajuste de la prestación conforme al ordenamiento
jurídico constitucional no tenga efectos de manera inmediata, sino que se deberá concederse un
periodo de gracia, que la Sala fija como prudencial en seis meses contados a partir de la fecha de la
notificación de la resolución que consagra el reajuste efectuado al perjudicado con ocasión de la
decisión judicial de amparo. Por otra parte, el funcionario jurisdiccional también deberá disponer que
9
Al respecto, ver sentencias: del 28 de julio de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-01661-01, M.P. Milton
Chaves García y del 4 de marzo de 2021, expediente número: 11001-03-15-000-2020-04118-01, M.P. Milton Chaves García.
10
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
10
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no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se
presumen percibidas de buena fe (…)”. (Negrillas de la Sala)
Ante la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso objeto de
estudio, no es posible hacer pronunciamiento de fondo, porque la UGPP cuenta
con el recurso de revisión previsto en el numeral 7 del artículo 250 de la Lay 1437
de 2011 y el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para cuestionar los términos en que
se reconoció pensión de sobreviviente a la señora Mosquera Palomino.
Ahora, en lo que tiene que ver con el abuso del derecho alegado por la UGPP,
conviene decir que la Corte Constitucional11 ha determinado que, de manera
excepcional, la acción de tutela podría resultar procedente, siempre que se esté
ante un abuso palmario del derecho, que, se comprueba con el cumplimiento de las
siguientes condiciones: (i) la necesidad de verificar que se trata de una “vinculación
precaria” y (ii) que se trata de un “incremento excesivo de la mesada pensional”.
Respecto de la vinculación precaria, la Corte ha señalado que se entiende como la
relación entre un empleado o funcionario público y el Estado, que tiene una
duración reducida en el tiempo y que, por lo tanto, el elemento que define la
precariedad del vínculo es la fugacidad. Por su parte, para entender la noción de
incremento excesivo, en sentencia SU-631 de 2017 se establecieron algunos
criterios indicativos del aumento pensional grave que termina en un abuso del
derecho, tales como: (i) incrementos pensionales ilegítimos que resultan
mensualmente tan cuantiosos, que indudablemente desfinanciarían al sistema
pensional; (ii) falta de correspondencia entre el reconocimiento pensional y la
historia laboral del beneficiario, que permita suponer que el incremento que
favoreció al interesado es excesivo; y (iii) que la conducta de quien busca el
beneficio pensional esté dirigida a buscar en forma evidente, inconfundible y a
ultranza una ventaja irrazonable o un incremento monetario significativo en
comparación con otros afiliados sin arreglo a la normativa vigente.
Estas dos condiciones (vinculación precaria e incremento excesivo) deben estar
plenamente acreditadas para concluir que existe un abuso del derecho. En efecto,
la propia Corte Constitucional, en sentencia T-212 de 2018, explicó que es
necesario hacer un análisis conjunto de las condiciones que permiten advertir la
existencia de un abuso del derecho, pues “la verificación de uno solo de estos criterios
indicativos por sí sola no es suficiente para concluir sobre un abuso del derecho de las
características anotadas y es necesaria la evaluación del conjunto de circunstancias presentes en
cada caso”.
En el caso concreto, la Sala advierte que no se trata de una vinculación precaria,
pues en este caso estamos ante el reconocimiento de la mesada catorce y el
cuestionamiento de la UGPP se dirige contra dicho reconocimiento, porque, a su
juicio, la señora Martínez Blanco no cumplió con los requisitos exigidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005 para ser beneficiaria de la mesada 14.
Esa razón es suficiente para concluir que no se cumple una de las condiciones
fijadas por la Corte Constitucional y, por lo tanto, la Sala se releva de analizar de
fondo los argumentos propuestos en el escrito de tutela, pues, dichos argumentos
corresponde ventilarlos a instancias del recurso extraordinario de revisión.
11
Ver sentencias SU-631 de 2017 y SU-115 de 2018.
11
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En suma, la acción de tutela no cumple con el requisito general de procedencia de
subsidiariedad y, en esa medida, se impone, confirmar la decisión de primera
instancia del 11 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia del 11 de noviembre de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, objeto de
impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN.
12
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