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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04877-00

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04877-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Presidencia de la República. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO de la acción de tutela presentada por la señora María Arboleda Silva. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04877-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

20 de octubre de 2022

Demandante: María Arboleda Silva
Demandados: UARIV y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04877-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04877-00
Demandante: MARÍA ARBOLEDA SILVA
Demandados: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – Derecho de petición – carencia actual de objeto
por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por la señora
María Arboleda Silva, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 9 de septiembre de 2022 en la ventanilla de atención
virtual del Consejo de Estado, la señora María Arboleda Silva, actuando en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, el Departamento para la
Prosperidad Social – DPS y la Presidencia de la República, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al mínimo vital y
al debido proceso.

2. La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, dado
que, a la fecha de radicación del mecanismo de amparo, la UARIV no ha otorgado
una respuesta concreta y de fondo a la petición que presentó el 31 de mayo de 2022
y que reiteró el 6 de septiembre del año en curso, en las que pretende se le informe
“la FECHA CIERTA, CON NUMERO (sic) DE TURNO EN EL CUAL LA UARIV, ME
ENTREGARA (sic) LA CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION (sic)”.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Arboleda Silva
Demandados: UARIV y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04877-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“PRIMERO: Se me reconozca los Derechos Humanos Fundamentales, de
petición, igualdad, Mínimo Vital, debido proceso administrativo, información,
Derecho a la Reparación Integral, seguridad jurídica, a mi favor

SEGUNDO: Solicito a la UARIV, conceder la medida de reparación integral, bajo
el componente de INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA INTEGRAL.

TERCERO: Ordeno a la Uariv, que, en un término de 48 horas, conforme a
Derecho corresponde establezca un criterio jurídico serio y Razonable, donde
establezca, EL NUMERO DE TURNO GAV, que me corresponde, indicando
además la FECHA CIERTA, LUGAR Y FORMA en que materializara a mi favor
el Derecho fundamental a la INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA.

CUARTO: Se me informe la FECHA CIERTA, CON NUMERO DE TURNO EN
EL CUAL LA UARIV, ME ENTREGARA LA CORRESPONDIENTE
INDEMNIZACION.

QUINTO: Conmino a la UARIV, abstenerse de continuar en la violación a mis
derechos Humanos Fundamentales., con estratagemas de tipo dilatorias”.
(Sic a toda la cita, mayúsculas y negrillas del texto original).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 31 de mayo de 2022, la señora Arboleda Silva radicó una petición ante la
UARIV para que se le informara “la fecha cierta, lugar y forma en que materializara a mi
favor el Derecho Fundamental a la INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA (…) se me informe
la FECHA CIERTA, CON NUMERO DE TURNO EN EL CUAL LA UARIV, ME ENTREGARA
LA CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION” (sic a toda la cita), solicitud que reiteró el 6
de septiembre del año en curso.

5. Indicó que, a través del Oficio N.º OFI22-00095743/GFPU12000002 del 6 de
septiembre de 2022, la asesora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la
Presidencia de la República ofició a la coordinadora del Grupo de Servicio al
Ciudadano de la UARIV para que resolviera el asunto.

6. En respuesta a la solicitud de la señora Arboleda Silva, la UARIV le indicó lo
siguiente1:

1
Respuesta que otorgó la directora Técnica de Reparaciones (E) de la entidad, a través de un oficio
sin número ni fecha y que fue aportado por la parte actora con el escrito tutelar.

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Demandante: María Arboleda Silva
Demandados: UARIV y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04877-00

“(…) a través de la Resolución No04102019-487169 de 3/13/2020, decidió en el
presente caso reconocer el derecho a la medida de indemnización administrativa
por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, sin embargo, al no
haberse acreditado ninguna de las situaciones descritas en el artículo 4 de la
Resolución 1049 de 2019 como de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad,
ordenó dar aplicación al Método Técnico de Priorización para determinar el orden
de entrega de la compensación económica (…).

(…) el 31 de marzo de 2022 procedió a dar aplicación al Método Técnico de
Priorización a la totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior contaban con decisión de reconocimiento del derecho a
la medida de indemnización, así́ como también, a aquellas personas que no
obtuvieron un resultado favorable en la aplicación de este proceso técnico en la
vigencia 2020 y 2021.

Así́ las cosas, con el orden derivado del resultado de la aplicación del método
técnico de priorización, la entidad procede al realizar la asignación de los
recursos por concepto de indemnización administrativa, de conformidad con los
montos establecidos en la normatividad vigente para cada hecho victimizante y
las características particulares de cada caso, por lo que a partir del mes de mayo
y hasta antes de finalizar la presente anualidad la Unidad le informará, si de
acuerdo al resultado del Método Técnico de Priorización, se puede materializar la
entrega de esta compensación en su caso específico”. (Subrayas de la Sala).

1.4. Fundamentos de la vulneración

7. La señora Arboleda Silva consideró vulnerados sus derechos fundamentales
de petición, a la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso toda vez que, a la fecha
de radicación del mecanismo de amparo, la UARIV no había contestado de manera
clara, congruente y de fondo la petición que radicó el 31 de mayo y que reiteró el 6
de septiembre del año en curso.

8. Explicó que, pese a que a través de la Resolución N.º 04102019-487169 del
13 de marzo de 2020, la UARIV le reconoció una indemnización administrativa por
ser víctima de desplazamiento forzado, actualmente no le ha indicado el número de
turno o la fecha cierta en que se materializará su derecho a la reparación integral.

9. Indicó que, aunque la entidad le informó que le realizaría un estudio “de 120
días”, sigue sin conocer el resultado de ello, es decir que el punto fundamental de su
petición aún no ha sido resuelto. Agregó que es sujeto de especial protección
constitucional, por su condición de “(…) jefa de hogar, en estado de pobreza, de 49 años,
de edad (…) madre cabeza de hogar, no me permite desempeñar mis labores fuera del
hogar, pues tengo a mi cargo dos menores de edad, siendo indispensable contar con
condiciones de mínimo vital, dignidad, igualdad”. (Sic a toda la cita).

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1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Del auto admisorio

10. Mediante auto del 23 de septiembre de 2022, la magistrada ponente de esta
providencia admitió la demanda de tutela de la referencia y ordenó la notificación de
la parte accionante, la UARIV, el DPS y la Presidencia de la República, como
autoridades accionadas. Asimismo, dispuso la vinculación de la señora Alba Cecilia
Ceballos Arcila2; en relación con ello, requirió a la señora Arboleda Silva para que
precisara la razón por la cual solicitó el amparo de la señora Ceballos Arcila en la
petición que presentó el 31 de mayo de 2022 ante la UARIV.

11. Finalmente, requirió a la UARIV para que le indicara a la tutelante el número
de turno o la fecha cierta en que le entregará la indemnización administrativa que le
reconoció a través de la Resolución N.º 04102019-487169 del 13 de marzo de 2020 y
que rindiera un informe detallado en el que explicara la razón por la cual, a la fecha
de radicación del mecanismo, no ha otorgado respuesta concreta, clara y de fondo a
la petición que la señora Arboleda Silva radicó el 31 de mayo de 2022 y que reiteró el
6 de septiembre del año en curso.

1.5.2. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.2.1. María Arboleda Silva

12. En cumplimiento de lo requerido, la accionante aclaró que la alusión que se
hizo a la señora Alba Cecilia Ceballos Arcila obedeció a un error involuntario,
teniendo en cuenta que su situación no guarda relación alguna con la petición que
presentó el 31 de mayo de 2022 ante la UARIV ni con la tutela de la referencia.

13. Afirmó que, “intentando remediar el requerimiento”, el 29 de septiembre de 2022
la UARIV remitió el oficio N.º F-OAP-018-CAR, en el que insistió en no suministrar el
número de turno ni la fecha razonable en que se le hará entrega de la indemnización
administrativa.

1.5.2.2. Presidencia de la República

14. La apoderada del presidente de la República y del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República indicó que sus representados no

2
Puesto que en la petición que la señora María Arboleda Silva radicó el 31 de mayo de 2022 ante la
UARIV, solicitó el amparo de los derechos de la señora Ceballos Arcila.

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tienen inherencia en la entrega de ayudas humanitarias, la inscripción, inclusión,
actualización o registro de los programas de ayudas sociales.

15. Indicó que la Presidencia recibió una petición de la actora, no obstante, al
observar que ello se relacionaba con el pago de la indemnización administrativa de
que trata la “Ley 1437 de 2011” (sic), la remitió a la UARIV mediante el oficio N.º
OFI22-00095749 / GFPU 12000002 del 6 de septiembre de 2022. En ese contexto,
explicó que las entidades que representa no vulneraron los derechos fundamentales
de la señora Arboleda Silva, en relación con las funciones, competencias y
facultades que por ley les fueron asignadas.

16. Por tal motivo, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Presidencia de la República, con fundamento en que no tienen
funciones que se relacionen con la entrega de subsidios, ayudas y/o inclusión en
programas sociales, no tienen competencia ni facultad para entregar ayudas o
subsidios a las víctimas del conflicto, ni para contestar los derechos de petición que
fueron radicados en otras entidades.

17. Agregó que aunque la accionante expuso una situación de vulnerabilidad por
el hecho de ser víctima reconocida por la UARIV, lo cierto es que cuenta con otros
mecanismos para reclamar el cobro de sumas dinerarias, como por ejemplo, el
proceso ejecutivo, dado que, “las copias auténticas de los actos administrativos con
constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la
existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad
administrativa”, constituyen título ejecutivo.

18. Aunado a ello, afirmó que la señora Arboleda Silva no presentó argumentos
que permitan evidenciar que se encuentra ante un perjuicio irremediable, ni la razón
por la cual los mecanismos ordinarios no son idóneos ni efectivos para proteger sus
derechos fundamentales por lo que, el mero deseo de una resolución inmediata de la
controversia judicial desconoce y desnaturaliza el servicio público de la
administración de justicia.

1.5.2.3. Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de
las Víctimas – UARIV

19. La representante judicial de la Unidad para las Víctimas informó que el
requisito indispensable para que una persona pueda acceder a las medidas previstas
en la Ley 1448 de 2011, “Ley de víctimas y restitución de tierras”, debe presentar
declaración ante el Ministerio Público y estar incluida en el Registro Único de
Víctimas -RUV y que, revisado el caso de la tutelante, se observó que efectivamente
se encuentra incluida en dicho registro por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado.

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20. Indicó que, posterior a la radicación de este mecanismo de amparo, la UARIV
dio alcance a la petición de la actora y, a través de oficio del 29 de septiembre de
2022 atendió de fondo la solicitud que propició la presentación de la demanda, por lo
que solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado o que, en
su defecto, se nieguen las pretensiones de la accionante, de acuerdo con los
siguientes argumentos.

21. Explicó que, tal como se le había informado a la actora, en su caso hubo que
aplicar el método técnico de priorización, con el objeto de determinar el orden de
entrega de la indemnización de manera proporcional a los recursos presupuestales
asignados.

22. En ese orden, y conforme al resultado obtenido, se concluyó que aún no es
procedente materializar la entrega de la medida de indemnización por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, como consecuencia de la ponderación de
las variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño y el
avance del proceso de reparación integral, el orden definido tras el resultado de la
aplicación del mencionado método, respecto del universo de víctimas a quienes se
aplicó y la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la entidad.

23. Agregó que, debido a que el resultado para la vigencia 2021 no superó el
puntaje que permitiera la entrega de la indemnización, es necesario que se le aplique
nuevamente el Método Técnico de Priorización para la vigencia del 2022 y si dicho
resultado le permite acceder a la entrega, será citada para efectos de materializar la
entrega de los recursos económicos. Ahora, en caso de que los resultados no
demuestren la viabilidad de ello, la unidad le informará las razones por las cuales no
fue priorizada y la necesidad de aplicar nuevamente el método para el año siguiente.

24. En ese contexto, manifestó que actualmente se están realizando las
verificaciones correspondientes en los diferentes sistemas de información, a efectos
de poder brindar respuesta a la solicitud, ya que actualmente se encuentran en la
consolidación de los puntajes para la vigencia de 2022.

25. Mencionó que dicho procedimiento pretende la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral de todas las
víctimas, por lo que resulta razonable la espera que se solicita para que pueda
estudiarse cada caso en particular, mientras el Estado adelanta las acciones
positivas en aras de lograr la indemnización de todos aquellos que tengan derecho a
la medida.

26. Destacó que en la sentencia C-753 de 2013, la Corte Constitucional reconoció
que “(s)i bien los derechos fundamentales de las víctimas deben ser garantizados de
manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a la tarea de indemnizar a millones de
personas y no cuenta con los recursos suficientes, es factible plantear estrategias de
reparación en plazos razonables y atendiendo a criterios de priorización. Lo anterior no

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desconoce los derechos de las víctimas sino por el contrario asegura que, en cierto periodo
de tiempo, y no de manera inmediata, todas serán reparadas”.

27. Aseguró que las razones expuestas demuestran por qué la entidad se
encuentra imposibilitada para dar una fecha cierta y/o pagar la indemnización
administrativa como lo exige la señora Arboleda Silva, toda vez que la UARIV no
puede desconocer el procedimiento establecido en la Resolución N.º 1049 de 2019,
so pena de vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso
administrativo de otras personas que se encuentran en circunstancias similares pues,
a la fecha, no ha acreditado en debida forma alguna condición particular que
permitiera a la administración priorizar el trámite de la entrega económica.

28. No obstante, resaltó que, en caso de que la actora llegue a encontrarse en
una de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, contenidas
en el artículo 4.º de la Resolución N.º 1049 de 20193, modificado en cuanto a la edad
por el 1.º de la Resolución N.º 582 de 20214, podrá adjuntar en cualquier tiempo la
certificación y los soportes necesarios para priorizar la entrega de la medida.

1.5.2.4. El Departamento para la Prosperidad Social, pese a haber sido notificado
en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora María Arboleda Silva, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

30. La Presidencia de la República solicitó que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva, con fundamento en que tan pronto recibieron la petición que

3
Artículo 4. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los efectos del presente
acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente considerada, se encuentra en
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite: A. Edad. Tener una edad igual o
superior a los 74 años; B. Enfermedad. Tener enfermedades huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o
de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social; C. Discapacidad.
Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y
conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional
de Salud.
4
Artículo 1. Modificar el literal A del artículo 4º de la Resolución N.º 1049 de 2019 el cual quedará de
la siguiente manera: A. Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Víctimas, de
acuerdo con el avance en el pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional.

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radicó la señora María Arboleda Silva la remitieron a la autoridad competente para
resolverla, y porque, en todo caso, no son los llamados a responder por la ayuda
económica que solicita la actora, atendiendo a las competencias que legalmente les
fueron establecidas.

31. La Sala reconoce que, en efecto, la Presidencia de la República no tiene
dentro de sus funciones la de otorgar indemnizaciones económicas a las víctimas del
conflicto armado, no obstante, lo pretendido en este trámite es que se diera
respuesta clara y de fondo a la petición que radicó la actora el 31 de mayo de 2022 y
que reiteró el 6 de septiembre siguiente.

32. En ese orden, debido a que la misma entidad reconoció que dicha solicitud
también se radicó ante sus dependencias, era necesario vincularla al presente
trámite a efectos de proteger sus derechos fundamentales de contradicción y
defensa, al margen de que le hubieren dado el trámite correspondiente o que no sea
la llamada a definir la fecha cierta y el número de turno para el otorgamiento de la
indemnización administrativa. Por ende, no se accederá a la solicitud de
desvinculación.

2.3. Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala analizar lo siguiente:

• ¿Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de la
señora María Arboleda Silva, con ocasión de la presunta omisión de
responder las peticiones que radicó el 31 de mayo y el 6 de septiembre del
año en curso, en la que pretendía se le informara la fecha cierta y el turno que
le fue asignado para la entrega de la indemnización administrativa que le fue
reconocida por el hecho victimizante de desplazamiento forzado?

• ¿Se configura en este asunto la carencia actual de objeto por hecho
superado?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

34. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) carencia actual de objeto y;
(iii) el caso concreto.

2.5. Panorama general de la acción de tutela

35. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u

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omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

36. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

37. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental.

2.6. Carencia actual de objeto

38. La Sala ha explicado en varias ocasiones5 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.

39. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

40. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder
en tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una
situación sobreviniente.

41. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20166, señaló que:

“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud
de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues,
al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión

5
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del: i) 9.7.2020, Exp. 2020-01377-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; ii) 18.6.2020, Exp. 2020-
01031-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; iii) 15.11.2017, Exp. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro
y; iv) del 19.10.2017, Exp. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.7

“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de
una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual,
que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original).

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño
consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la
jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente8”.

42. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que
la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales9.

43. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de
hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo,
se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta
solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii)
resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la

7
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se
transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
8
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se
transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
9
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19.

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protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer
(…)”10. (Negrillas fuera del texto original).

44. Conforme a lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.

45. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal11.

46. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí
para Corte en sede de Revisión,12 incluir en la argumentación de su fallo el
análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en
la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la
decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado,
incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la
situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo
considera”.13 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible
en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de
la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se
demuestre el hecho superado14 15”. (Destacado fuera de texto).

10
Sentencia T-481 del 1.09.2016 M.P. Carlos Bernal Pulido.
11
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
12
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual
se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
13
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
14
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
15
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».

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47. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si a ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por
la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la
orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues
que el derecho ya no se encuentra en riesgo16.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede
adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le
corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita17, pronunciarse sobre la
vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591
de 199118 y determinar si, con atención de las particularidades del caso,
procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados19.
Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso
estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el
reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no
repetición20; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección
objetiva21”.22 (Negrillas fuera del texto original).

48. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste
en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.23

49. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,

16
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
17
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
18
«ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los
efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si
procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado
para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
19
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
20
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
21
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
22
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
23
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».

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con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad
demandada.

50. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:

“[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera
modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela
termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como
producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene
origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene
lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.

“Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que
puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte de
una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha
otorgado a la figura del “hecho superado”24 y limita su alcance únicamente a
aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la vulneración
está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del trámite
tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho superado” cuando,
por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega los medicamentos que
su afiliado demandaba, y una “situación sobreviniente” cuando es el afiliado
quien, al evidenciar la excesiva demora en su suministro, decide asumir su
costo y procurárselos por sus propios medios”25.

2.7. Caso concreto

51. La señora María Arboleda Silva consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, con sustento en que, a la fecha de radicación de la tutela, la UARIV
no le ha informado la fecha cierta y el número de turno que le fue asignado para la
entrega de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado que le fue reconocida a través de la Resolución N.º
04102019-487169 del 13 de marzo de 2020; información que solicitó en petición que
radicó el 29 de mayo de 2022 y que reiteró el 6 de septiembre siguiente.

52. Si bien la accionante también radicó las solicitudes ante la Presidencia de la
República, lo cierto es que el Grupo de Atención a la Ciudadanía le dio el trámite
correspondiente al remitir la petición a entidad encargada de atender las
reparaciones de las víctimas del conflicto armado, situación que descarta cualquier
vulneración o amenaza de los derechos de la tutelante, respecto de esta entidad. En

24
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la cual
se transcribe literalmente: “Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que
dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver
Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de
1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en los que dicha
situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».
25
«Corte Constitucional. Sentencia T-481/2016».

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ese orden de ideas, el estudio del caso se hará únicamente respecto de la UARIV
por ser la llamada a definir el asunto que reclama la señora Arboleda Silva.

53. En auto del 23 de septiembre de 2022, la magistrada ponente requirió a la
UARIV para que le indicara a la tutelante el número de turno o la fecha cierta en que
le entregará la indemnización administrativa que le reconoció a través de la
Resolución N.º 04102019-487169 del 13 de marzo de 2020 y que rindiera un informe
detallado en el que explicara la razón por la cual, a la fecha de radicación del
mecanismo, no ha otorgado respuesta concreta, clara y de fondo a la petición que la
señora Arboleda Silva radicó el 31 de mayo de 2022 y que reiteró el 6 de septiembre
del año en curso.

54. En cumplimiento de lo anterior, el 29 de septiembre de 2022, la UARIV otorgó
respuesta a la petición de la accionante en los siguientes términos:

“Con el fin de dar respuesta a su petición, le informamos que Usted elevó
solicitud de indemnización administrativa. Solicitud que fue atendida de fondo por
medio de la Resolución No. 04102019-487169 - del 13 de marzo de 2020, en la
que se le decidió́ en su favor (i) reconocer la medida de indemnización
administrativa por el hecho victimizante DESPLAZAMIENTO FORZADO por la
cual usted contó con diez (10) días para interponer recurso de Reposición y
Apelación, y así́ poder ejercer su derecho de contradicción y defensa, quedando
la decisión en firme. y (ii) aplicar el “Método Técnico de Priorización” con el fin de
disponer el orden de la entrega de la indemnización. Lo anterior teniendo en
cuenta que para la fecha del reconocimiento de su indemnización no se acreditó
una de las situaciones descritas como de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad para priorizar la entrega.

En ese orden de ideas, la Unidad para las Víctimas aplicó el Método Técnico de
Priorización con el propósito de determinar el orden de entrega de la
indemnización a las víctimas de manera proporcional a los recursos
presupuestales asignados en el año 2021. Así las cosas, conforme el resultado
obtenido se concluye que NO es procedente materializar la entrega de la medida
de indemnización reconocida a lo(s) integrante(s) relacionado(s) en la solicitud,
por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO.

Lo anterior como consecuencia de: (i) la ponderación de las variables
demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño y el avance en su
proceso de reparación integral; (ii) el orden definido tras el resultado de la
aplicación del Método Técnico respecto del universo de víctimas aplicadas y (iii)
la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Entidad.

Teniendo en cuenta que en el presente caso no fue posible realizar la entrega de
la medida de indemnización en la vigencia 2021, la Unidad para las Víctimas
aplicó nuevamente el Método Técnico de Priorización, aclarando que, en ningún
caso, el resultado obtenido en una vigencia será acumulado para la siguiente.

En ese sentido, el Método Técnico de Priorización en su caso particular, se aplicó
para la vigencia del 2022, Si dicho resultado le permite acceder a la entrega de la
indemnización administrativa en el año 2022, será citado(a) para efectos de
materializar la entrega de los recursos económicos por concepto de la
indemnización. Ahora bien, sí conforme a los resultados de la aplicación del

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Método no resulta viable el acceso a la medida de indemnización en 2022, la
Unidad le informará las razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad
de aplicar nuevamente el Método para el año siguiente.

Por lo anterior y con el fin de dar respuesta a su petición, le informamos que la
Unidad para las Víctimas está realizando las verificaciones correspondientes en
los diferentes sistemas de información para poder brindar respuesta de fondo a
su solicitud, ya que en la actualidad nos encontramos en la consolidación de los
puntajes del método técnico de priorización.

No obstante, es oportuno resaltar que, si se llegase a contar con una de las
situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en el
artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 o primero de la Resolución 582 de
2021, podrá adjuntar en cualquier tiempo, la certificación y los soportes
necesarios para priorizar la entrega de la medida.

Por lo anterior, surge para la Entidad la imposibilidad de dar fecha y cierta y/o
pagar la indemnización administrativa, como lo exige la accionante, toda vez que
debe ser respetuosa del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de
2019 y del debido proceso administrativo”. (Subrayas de la Sala).

55. Dicho oficio se acompañó del resultado del método técnico de priorización que
arrojó el estudio del caso de la señora María Arboleda Silva para el año 2021, en el
que se concluyó que no era procedente materializar la entrega, debido a que la
ponderación de los componentes arrojó como resultado el valor de 18.5845, y el
puntaje mínimo para acceder a la medida indemnizatoria fue de 48.8001.

56. Si bien la entidad no aportó un elemento que demostrara el envío de dicho
oficio a la señora María Arboleda Silva, lo cierto es que la actora informó al despacho
sobre el recibo efectivo del mismo, de hecho, consideró que con ello seguía sin
otorgarse una respuesta clara y de fondo a su solicitud, teniendo en cuenta que aún
no conoce la fecha cierta ni el número de turno para la entrega de la indemnización
administrativa que le fue reconocida.

57. A pesar de que la parte actora considera que para tener satisfecho su
derecho, la UARIV tiene la obligación de otorgarle la información precisa que solicitó,
lo cierto es que la entidad, aunque reconoce su calidad de víctima, le explicó por qué
actualmente no es posible indicarle con precisión cuál será la fecha cierta en que se
le entregará la medida económica, lo cual soportó con el resultado del método
técnico de priorización que se le realizó para el año 2021 y las Resoluciones N.º
01049 del 15 de marzo de 2019 y 00582 del 26 de abril de 2022, que regulan el
procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa.

58. Lo anterior, sin perjuicio de que el resultado que arroje el método del 2022 le
sea favorable o que la actora certifique que se encuentra en una situación de
urgencia manifiesta o de extrema vulnerabilidad como establece el artículo 4.º de la
Resolución N.º 01049 del 15 de marzo de 2019, junto con la modificación que trajo el
artículo 1º de la Resolución N.º 00582 del 26 de abril de 2022.

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59. Frente al punto, resulta pertinente precisar que una cosa es el derecho de
petición y otra distinta es el derecho a lo pedido. Al respecto, la Corte Constitucional
establece que “Todas las personas tienen derecho a elevar peticiones respetuosas a las
autoridades y a exigir de éstas una respuesta oportuna que las resuelva de manera clara,
precisa y congruente; es decir, una respuesta sin confusiones ni ambigüedades y en la que
exista concordancia entre lo solicitado en la petición y lo resuelto en ésta,
independientemente de que acceda o no a las pretensiones, pues no es mandatario que la
administración reconozca lo pedido. Finalmente, se resalta que la solicitud debe obedecer a
los parámetros establecidos por la Ley para el tipo de petición elevada, y ésta, debe ser
finalmente notificada al peticionario26”. (Subraya de la Sala).

60. Así las cosas, la Sala observa que existen circunstancias que demuestran la
superación del hecho que motivó la radicación del instrumento constitucional. En ese
orden, y siguiendo el marco normativo y jurisprudencial expuesto en el acápite
anterior, para esta Sección es evidente que, cuando se presenta dicho escenario en
el trámite del mecanismo de amparo, lo que el juez debe hacer es declarar la
carencia actual de objeto en el proceso del que está conociendo.

61. Ello, teniendo en cuenta que, encontrándose en trámite el presente
instrumento constitucional, la autoridad accionada profirió el Oficio N.º F-OPA-018-
CAR del 19 de septiembre de 2022 a través del cual respondió de fondo la petición
que elevó la señora María Arboleda Silva el 29 de mayo de 2022 y que reiteró el 6 de
septiembre siguiente. En ese orden de ideas, cualquier intervención que en este
punto realice el juez de tutela resulta inocua pues, se insiste, el objeto jurídico
perseguido a través de este mecanismo extraordinario y expedito se superó.

62. La circunstancia descrita conlleva naturalmente a que la Sala se abstenga de
hacer un pronunciamiento al respecto, dado que cualquier orden que se llegue a
impartir carecería de efecto alguno.

63. Finalmente, se le recuerda a la demandante que cuenta con la posibilidad de
radicar una nueva petición ante la entidad en la que advierta sus condiciones como
madre cabeza de familia y todas aquellas circunstancias que den cuenta de la
situación particular de vulnerabilidad que plantea en la tutela, que ameriten un
reestudio del método de priorización, con los soportes respectivos.

2.8. Conclusión

64. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, encontrándose en trámite este instrumento
constitucional, la autoridad judicial accionada otorgó respuesta de fondo a la petición
de la señora María Arboleda Silva.

26
Corte Constitucional, sentencia T-867 del 27.11.2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Presidencia de la
República.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO de la acción de tutela presentada por la señora María Arboleda Silva.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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