Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04885-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04885-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04885-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
17 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04885-00
Demandante: Gonzalo Andrés Giraldo Marín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-04885-00
Demandante GONZALO ANDRÉS GIRALDO MARÍN
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Solicitud de traslado de empleado de la Rama
Judicial en carrera administrativa. Calificación de servicios.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Gonzalo Andrés Giraldo Marín, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de septiembre de 20221, Gonzalo Andrés Giraldo Marín, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia y el Consejo Superior de la Judicatura, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO, IGUALDAD, CONFIANZA LEGÍTIMA, TRASLADO y DERECHOS DE
CARRERA vulnerados por el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA
y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° CSJANTR22-600 del 13 de mayo de 2022
– concepto desfavorable traslado, Resolución N° CSJANTR22-1100 del 8 de julio de 2022 –
que resolvió recurso reposición, y Resolución N° CJR22-0354 del 01 de septiembre de 2022
– que resolvió recurso de apelación, proferidas por el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE ANTIOQUIA y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, respectivamente.
TERCERA: ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA,
que, dando valor a la calificación de servicios realizada por el Juez Coordinador del Centro de
Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Antioquia (evaluación de
servicios en firme), así como a las calificaciones realizadas respecto a los periodos 2020 y
2021, y la certificación de tiempo de servicios (entendidos como otros criterios para evaluar la
solicitud de traslado), conforme lo exigido en el artículo décimo tercero del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017, proceda a emitir a mi favor el concepto favorable de traslado sobre la
solicitud de traslado para los cargos OFICIAL MAYOR del JUZGADO PENAL DE CIRCUITO
DE PUERTO BERRÍO y del JUZGADO 5° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
ANTIOQUIA” (sic en toda la cita).
1 La acción de tutela se radicó a través de correo electrónico a la Secretaría General de esta Corporación.
Samai, índice 2.
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Demandante: Gonzalo Andrés Giraldo Marín
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Gonzalo Andrés Giraldo Marín se desempeña en el empleo de Oficial
Mayor en carrera administrativa desde el 21 de febrero de 2022, en el Centro
de Servicios Administrativos para los Juzgados Penales de Antioquia.
2.2. El 2 y 3 de marzo de 2022, solicitó ante el Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia traslado para idéntico cargo en el Juzgado 1° Penal del Circuito
de Puerto Berrio, Antioquia o para el Juzgado 5° Penal del Circuito
Especializado de Antioquia. Dicha solicitud fue recibida por el Consejo
Seccional y le fue asignado el radicado Nro. EXTCSJANT22-5838 del 5 de
mayo de 2022.
2.3. Mediante la Resolución Nro. CSJANTR22-600 del 13 de mayo de 2022, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia conceptuó
desfavorablemente la solicitud de traslado.
Como fundamento de la decisión indicó que el aquí accionante “no aportó la última
calificación integral de servicios en firme obtenida en el cargo y despacho del cual solicita el
traslado, es decir, Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Penales
Especializados de Antioquia”. Contra esta decisión, el señor Giraldo Marín
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
2.4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante Resolución Nro.
CSJANTR22-1100 del 8 de julio de 2022, resolvió no reponer la anterior
decisión y concedió el recurso de apelación presentado por el actor.
2.5. El Consejo Superior de la Judicatura, por la Resolución Nro. CJR22-0354 del
1º de septiembre de 2022, confirmó el concepto desfavorable de traslado del
accionante.
3. Fundamentos de la acción
El accionante se refirió en primera medida a la procedencia de la acción de tutela
en el caso propuesto y manifestó que, si bien la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha establecido, por regla general, que no procede la acción de tutela
en contra de los actos administrativos de carácter particular y concreto, al ser un
debate que debe atender el juez contencioso administrativo, tratándose de actos de
carácter particular y concreto que presuntamente lesionan los derechos de carrera
judicial, ha indicado la Corte que de manera excepcional procede la tutela como
mecanismo definitivo a fin de salvaguardar el principio del mérito.
Aseguró que en el caso la tutela era procedente ya que se cuestionaban actos
administrativos por los que se emitieron conceptos desfavorables que niegan el
traslado como empleado de carrera, afectando con tal decisión sus derechos
derivados de la carrera judicial, así como el debido proceso, la confianza legítima y
la igualdad.
También puso de presente que ante la existencia de la lista de elegibles para
proveer el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Penal de Circuito de Puerto Berrío,
Antioquia y del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia,
conformada mediante Acuerdo Nro. CSJANTA22-80, la misma será remitida ante
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los nominadores de los respectivos despachos, momento a partir del que
comenzarán a correr los términos previstos en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996
para hacer el respectivo nombramiento y que, una vez llegue la lista al respectivo
despacho los nominadores deben nombrar a quien se encuentra en primer lugar,
tendrán 8 días para informarlo y, a partir de allí, el concursante contará con un
término igual para aceptar o rehusar, pudiendo hacerlo incluso al día siguiente, por
lo que en su sentir, someterse a la espera de una decisión judicial en el marco de
un proceso contencioso administrativo implicaría que al definirse el litigio ya se haya
agotado el trámite propio para la provisión definitiva de los cargos frente a los que
aspira ser trasladado, desconociéndose tal derecho en su calidad de persona
inscrita en carrera administrativa.
Anunció que conoce de decisiones emitidas por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia de septiembre de 2020, junio de 2021, octubre de 2021,
enero de 2022 y febrero de 2022 en los que se han emitido conceptos favorables
de traslado a empleados y funcionarios de carrera sin exigir ningún tipo de
calificación de servicios y sin hacer ningún tipo de análisis sobre este requisito en
particular y que en su caso, se exige el deber de aportar las calificaciones, más aún,
restando valor a las calificaciones hechas por el Juez Coordinador del Centro de
Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Antioquia frente
al cargo que desempeña en carrera administrativa y desde el cual solicita el
traslado, así como la realizada por el Juez Penal del Circuito de Puerto Berrío
“respecto del cargo que desempeño en provisionalidad”.
Consideró que se está haciendo una exigencia no contemplada en la ley ni en la
Constitución Política, ya que exigían la calificación de servicios en firme
debidamente consolidada por el periodo completo del cargo, que según la parte
accionada correspondería en su caso al año 2022, esto es, del 22 de febrero de
2022 al 31 de diciembre de 2022 con lo que se le estaría exigiendo una permanencia
mínima en el cargo de 10 meses para poder acceder a un concepto favorable de
traslado y que esa interpretación dada por el Consejo Superior de la Judicatura
revivía los criterios de antigüedad y permanencia mínima en el cargo como lo
contemplaba el Acuerdo Nro. PSAA10-6837 de 2010, derogado por el Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017, incluso, artículos que habían sido declarados nulos por
el Consejo de Estado en sentencia del 21 de noviembre de 2013.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 15 de septiembre de 2022, se admitió la acción de tutela, negó la
medida provisional solicitada, se ordenó la notificación a las partes accionante
y accionadas y, se dispuso vincular como terceros con interés al Centro de
Servicios Administrativos para los Juzgados Penales Especializados de
Antioquia, y a las personas que hubieran sido nombradas a partir del 5 de
mayo de 2022 en el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador en los Juzgados 1º
Penal del Circuito de Puerto Berrio, Antioquia y en el Juzgado 5º Penal del
Circuito Especializado de Antioquia.
4.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, rindió informe en el
que manifestó que si bien es cierto el Consejo de Estado declaró la nulidad del
artículo décimo octavo del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 que exigía que
en los traslados como servidor de carrera, por razones del servicio y
recíprocos, el servidor judicial debía contar en la última evaluación de servicios
en firme una calificación igual o superior a 80 puntos, también lo era que la
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exigencia de la última evaluación integral de servicios del cargo y despacho
desde el cual se solicitaba el traslado estaba contemplada en el artículo
décimo tercero del referido acuerdo que establece que, presentada la solicitud,
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, o el Consejo Seccional de
la Judicatura según sea la competencia, es quien efectuará la evaluación
sobre la situación del solicitante teniendo en cuenta entre otros criterios la
última evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde
el cual se solicita el traslado, disposición que se encuentra vigente y que no
ha sido suspendida o anulada de manera que era exigible.
Advirtió que teniendo en cuenta que el actor ostentaba un empleo en propiedad
en el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Penales
Especializados de Antioquia, debía aportar la última calificación de servicios
en firme y que no era posible apartarse de la reglamentación que así lo exigía.
Destacó que, pese haber aportado una calificación de servicios realizada por
su actual nominador, es decir el Juez Coordinador del Centro de Servicios
Administrativo de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de
Antioquia, la cual comprende del 22 de febrero de 2022 al 22 de mayo de 2022,
se trataba de una calificación anticipada establecida en el artículo 4º del
Acuerdo No. PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016 “Por medio del cual se
reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de
carrera de la Rama Judicial”, ya que el Servidor Judicial se posesionó en el cargo
el 21 de febrero de 2022, figura que aplicaba por razones del servicio, no
evidenciándose para el caso un fundamento que diera cuenta de que existe
una situación apremiante para la cual se requiriera el traslado del empleado,
de manera que no resultaba de recibo al no ser una calificación integral por el
periodo completo del 22 febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, la cual
debía ser consolidada por el despacho desde el cual se solicitaba el traslado
como servidor de carrera.
Sostuvo que, respecto de las calificaciones allegadas de los periodos del 1°
de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y de 1° de enero de 2021 al 31
de diciembre de 2021, no podían ser tenidas en cuenta, toda vez que fueron
del cargo que desempeñó en provisionalidad y no el correspondiente al de
carrera, esto es, el de oficial mayor del Centro de Servicios Administrativos
para los Juzgados Penales Especializados de Antioquia, desde el cual estaba
sujeto a calificación y solicitaba el traslado.
Aclaró que en decisiones anteriores, como lo manifestó el actor, no se exigía
ningún tipo de calificación de servicios, pero que esta Corporación al verificar
el pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado, en la Sentencia del 24
de abril de 2020 dentro del proceso con radicado
110010325000201501080001, advirtió que se estaba obviando por error
involuntario el requisito relacionado con la exigencia de la calificación en este
tipo de solicitudes, lo que conllevó a corregir la línea en adelante, haciéndola
exigible al momento de la presentación de la petición de traslado.
4.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, se pronunció en el sentido de indicar que actualmente era
exigible la calificación de servicios del cargo desde el cual se solicita el
traslado.
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En concreto, frente a la solicitud de traslado del accionante, encontró que no
aportó calificación de servicios del cargo de oficial mayor del Centro de
Servicios Administrativos para los Juzgados Penales Especializados de
Antioquia, desde el cual estaba sujeto a la calificación, razón por la cual no
cumplió con el requisito señalado en el artículo décimo tercero del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017.
Que, posteriormente y de manera extemporánea allegó con el recurso de
reposición (i) la calificación de servicios del cargo de oficial mayor del Juzgado
1° Penal del Circuito de Puerto Berrío, por el periodo comprendido entre el 1º
de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, efectuada el 8 de junio de
2021, suscrita por el referido Juez; (ii) la calificación de servicios del cargo de
oficial mayor del Juzgado Primero 1° Penal del Circuito de Puerto Berrío, por
el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de
2021, efectuada el 18 de abril de 2022, suscrita por el referido Juez y, (iii) la
calificación de servicios del cargo de oficial mayor del Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados Penales Especializados de Antioquia, por
el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2022 y el 22 de mayo de
2022, efectuada el 26 de mayo de 2022, suscrita por el Juez Coordinador.
Respecto de las calificaciones allegadas de los periodos del 1° de enero de
2020 al 31 de diciembre de 2020 y de 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre
de 2021, dijo que no podían ser tenidas en cuenta, toda vez que no fueron del
cargo desde el cual solicitó el traslado, como claramente lo exige el
reglamento.
Ahora bien, en cuanto a la calificación aportada por el lapso comprendido entre
el 22 de febrero de 2022 y el 22 de mayo de 2022, dijo que tampoco podía
atenderse ya que no correspondía a la calificación integral por el periodo
completo entre el 22 febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, la cual debía
ser consolidada por el despacho desde el cual se solicitaba el traslado como
servidor de carrera, dentro de los términos previstos en el reglamento.
De este modo, indicó que lo que correspondía era realizar una sola calificación
por el periodo completo del año 2022, esto es, del 22 de febrero de 2022 al 31
de diciembre de 2022, la cual debía ser consolidada por el despacho desde el
cual se solicitaba el traslado como servidor de carrera como lo prevé el artículo
décimo tercero del Acuerdo PCSIA17-10754 de 2017.
Por último, advirtió que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para
atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se encontraban
amparados por el principio de legalidad, como en este caso en el cual los actos
administrativos que acusaba, se encontraban en firme y por tanto eran
susceptibles de ser demandados a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
4.4. El Juzgado 1º Penal del Circuito de Puerto Berrío, Antioquia, indicó que
comunicaba la Resolución 021 del 12 de octubre de 2022 mediante la cual
dispuso suspender los términos previstos en la Ley 270 de 1996 y demás
acuerdos sobre la materia para la aplicación de la lista de elegibles contenida
en el Acuerdo CSJANTA 22-80 para proveer el cargo de Oficial Mayor o
Sustanciador de ese despacho, hasta tanto se resolviera de fondo la acción
de tutela de la referencia.
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4.5. El Juzgado 5º Penal Especializado de Medellín, Antioquia, manifestó que
ese despacho judicial no ha realizado nombramiento en el cargo de Oficial
Mayor, a partir del 5 de mayo de 2022, ya que el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia no había allegado el acuerdo mediante el cual se
conformaba la lista con las personas que optaron para ese despacho.
Aclaró que conforme con la información reportada en la página web de la
Rama Judicial, mediante el Acuerdo CSJANTA 22-80 del 1º de abril de 2022
se conformó la lista de candidatos para proveer cargos de Oficial Mayor o
Sustanciador en la que están los candidatos que optaron por ese despacho
judicial, pero que, no se había remitido la misma de manera oficial en la medida
que estaba pendiente de resolver una solicitud de traslado sin que a la fecha
conocieran del estado de esa petición.
Finalmente, informó que el juzgado cuenta con una sola vacante de dicho
cargo, ya que el otro cargo de Oficial Mayor fue provisto en propiedad
conforme al Acuerdo CSJANTA22-12 del 7 de enero de 2022.
4.6. El Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Penales
Especializados de Antioquia, pese haber sido notificado, no se pronunció en
esta oportunidad.
4.7. El accionante, presentó escrito en el que se pronunció en relación con los
informes rendidos por las autoridades accionadas.
Manifestó que, en la norma que regula los traslados, concretamente en el
artículo décimo tercero del Acuerdo PCSIA17-10754 de 2017, no se exigía que
la evaluación debiera ser por un año, sino que debía ser el último periodo
evaluado, lo que se había cumplido de su parte aportando la calificación de
febrero a mayo de 2022 por parte del nominador del centro de servicios,
dependencia desde donde pretende ser trasladado y que, también cuenta con
la evaluación que en su momento hizo el Juez 1º Penal del Circuito de Puerto
Berrío, Antioquia, despacho en el que se desempeñó en provisionalidad con
anterioridad.
Sostuvo además que las entidades accionadas desconocen lo previsto en el
artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016 en cuanto establece que será
sujeto de evaluación el servidor judicial que estuviere en el cargo por un tiempo
superior a 3 meses, tal como acontece en su caso.
Indicó que su calificación ha sido excelente y que en la calificación de su
empleo en provisionalidad se mencionaron las varias calidades con las que
cuenta, lo que se extendió al momento de ser evaluado por el juez coordinador
del centro de servicios quien continuó manteniendo la buena calificación de
servicios.
Insistió en que no podía exigírsele una calificación anticipada para adelantar
el trámite de traslado.
Finalmente, recalcó la procedencia de la presente acción al estar pendiente de
ser ocupadas las plazas a las que actualmente aspira ser trasladado.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si la
presente acción de tutela presentada por el señor Gonzalo Andrés Giraldo Marín
supera el requisito de subsidiariedad, es decir, si mediante este mecanismo
constitucional resulta procedente analizar decisiones adoptadas frente a una
solicitud de traslado de un servidor judicial, concretamente los conceptos que fueron
emitidos en forma negativa por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
y por el Consejo Superior de la Judicatura, al resolver la solicitud de traslado, el
recurso de reposición y el de apelación, respectivamente en cada una de las
instancias.
De ser así, corresponderá analizar si se vulneraron los derechos fundamentales del
actor Gonzalo Andrés Giraldo Marín al emitirse concepto desfavorable de traslado
para el cargo de Oficial Mayor en el Juzgado 1º Penal del Circuito de Puerto Berrío,
Antioquia y/o para el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en
su condición de empleado de carrera administrativa, por no haber aportado de
manera adecuada la calificación de servicios exigida.
3. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que
señala que la solicitud de amparo, “sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.”
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales implica que los mecanismos ordinarios de defensa
para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados
por la acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto,
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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la acción de tutela sólo procede cuando no existen otros medios de defensa
para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre
que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.
La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias3, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad
al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente, o si, por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20154 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando
tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo
transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales
y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada,
niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del
juez de tutela."5
3.2. En el caso presente, advierte la Sala que el accionante manifiesta su
desacuerdo con la decisión de concepto desfavorable de la solicitud de
traslado que formuló para el cargo de Oficial Mayor en el Juzgado 1º Penal del
Circuito de Puerto Berrío, Antioquia y/o para el Juzgado 5º Penal del Circuito
Especializado de Antioquia, teniendo en cuenta que actualmente ocupa el
mencionado cargo de Oficial Mayor en el Centro de Servicios Administrativos
para los Juzgados Penales Especializados de Antioquia.
A juicio de la Sala, si bien el derecho al traslado no tiene la connotación de
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chaves García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012
de 2003.
5 Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
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derecho fundamental al ser de naturaleza legal6, su desconocimiento puede
acarrear en algunos casos, la vulneración de algún derecho de naturaleza
constitucional.
Tal como lo indica el accionante, mediante este mecanismo cuestiona actos
administrativos susceptibles de control a través del mecanismo de nulidad y
restablecimiento del derecho, considera que dicho mecanismo resuelta
ineficaz en su caso, ya que existe una lista para ocupar el empleo en los
despachos judiciales a los que aspira ser trasladado y, los términos para la
aceptación por parte de los aspirantes son perentorios. Razón por la que
considera, debe definirse su situación de manera perentoria a través de este
mecanismo constitucional, pues insiste que dada su calidad de empleado de
carrera administrativa, cuenta con este derecho de ser trasladado y que este
no puede ser desconocido, y además porque la razón para emitir concepto
desfavorable frente a la solicitud de traslado que presentó, vulnera sus
derechos fundamentales.
3.3. Con el propósito de verificar si la presente acción resulta procedente o no, la
Sala considera oportuno referirse a la idoneidad y/o eficacia del medio de
defensa con que cuenta la parte actora, en consideración a las circunstancias
en que actualmente se encuentra.
La Corte Constitucional ha establecido dos eventos en los que, reconociendo
la existencia de otro medio de defensa, es procedente la acción de tutela: uno
de ellos se refiere a la eficacia e idoneidad del medio y el otro, cuando la tutela
se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, nos encontramos frente a la primera excepción, esto es,
verificar si el mecanismo con el que se cuenta resulta ser eficaz e idóneo para
la garantía inmediata de los derechos de la parte actora.
Esta Sala en algunos casos en los que se analiza la procedibilidad de la acción
de tutela, ha señalado que cuando el debate involucra actos administrativos
de contenido particular y concreto, el medio de control que resulta idóneo es
el de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se pueden solicitar
medidas cautelares como la suspensión provisional de los actos, para evitar
un perjuicio que tenga la connotación de irremediable.
Sin embargo, pese a que para el caso del actor existen los conceptos
desfavorables de traslado emanados de los Consejos Seccional y Superior de
la Judicatura, los cuales podría controvertir en sede ordinaria exponiendo las
causales de nulidad de las que a su juicio adolezcan dichas decisiones, para
este caso específico el traslado que está solicitando el actor como funcionario
de carrera administrativa de la Rama Judicial, a juicio de esta Sección el medio
judicial no resultaría idóneo, en consideración a la brevedad y perentoriedad
del trámite que rige las solicitudes de traslado.
De hecho, en el caso concreto, como lo manifestó el actor y lo corroboraron
los despachos judiciales a los que aspira ser trasladado, ya se encuentran
elaboradas las listas de elegibles para proveer el empleo de Oficial Mayor, que
es al que aspira ser traslado el señor Giraldo Marín, aun cuando actualmente,
6 Derecho consagrado en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1 de la Ley 771 de
2002.
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de manera temporal, han suspendido la designación del empleado que
corresponda, a la espera de lo que se decida en la presente acción.
Las anteriores razones permiten que la Sala. De manera excepcional, efectúe
el estudio de fondo de la presente acción, pues esperar el trámite y el resultado
del medio de control respectivo, terminarían desconociendo los derechos que
como servidor de carrera le asiste al señor Gonzalo Andrés Giraldo Marín,
entre ellos, la posibilidad de optar por un traslado.
4. Traslado de servidores de carrera administrativa en la Rama Judicial y su
análisis en el caso concreto.
4.1. La figura del traslado está regulada en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 1 de la Ley 771 de 2002, disposición que señala:
"Artículo 1°. El artículo 134 de la Ley 270 de 1996 quedará así:
ARTÍCULO 134. TRASLADO. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un
funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma
categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede
territorial, Nunca podrá haber traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales
de la Judicatura. Procede en los siguientes eventos:
[...]
3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre
vacante en forma definitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes de
abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes".
A su vez, el Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017 “por el
cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se
dictan otras disposiciones en la materia” contempló, entre otros tipos de
traslado, el de servidores de carrera, en el Capítulo IV, así:
“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Traslados de servidores de carrera. Los servidores
judiciales de carrera, podrán solicitar traslado a un cargo de carrera que se encuentre
vacante en forma definitiva, tenga funciones afines, sea de la misma categoría y para
el cual se exijan los mismos requisitos.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Evaluación y concepto. Presentada la solicitud, la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, o el Consejo Seccional de la
Judicatura, según sea la competencia, efectuará la evaluación sobre la situación del
solicitante, teniendo en cuenta entre otros criterios la última evaluación de servicios en
firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado (Subrayado fuera
del texto original).
4.2. Según las normas citadas, los servidores de carrera pueden solicitar el
traslado a un cargo igualmente de carrera y que se encuentre vacante
definitivamente; que tenga funciones afines; que sea de la misma categoría y
para el cual se exijan los mismos requisitos y, en concreto, para la evaluación
y el concepto respectivo, se prevé que presentada la solicitud se tienen en
cuenta, entre otros criterios, el de la última evaluación de servicios en firme
respecto del empleo desde el que se solicita el traslado.
De esta forma y conforme con lo dispuesto en el referido acuerdo, la
administración debe contar con la última evaluación de servicios en firme como
insumo necesario para emitir su concepto favorable de traslado de un servidor
judicial.
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En el caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que, al momento de
presentar la respectiva solicitud de traslado el señor Giraldo Marín no aportó
las calificaciones respectivas en los términos que la norma exige, ya que lo
adjuntó al recurso de reposición que interpuso contra la decisión de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia, como lo destacó
el acto que resolvió el recurso de apelación, presentando en esa oportunidad:
(i) calificaciones en calidad de provisional de los años 2020 y 2021 y (ii)
calificaciones en el empleo desde el que solicitaba el traslado, ya como
empleado de carrera administrativa, desde el 22 de febrero al 22 de mayo de
2022.
4.3. En el acto administrativo que resolvió de manera definitiva su solicitud de
traslado, Resolución CJR22-0354 del 1º de septiembre de 2022, se indicó:
“Al revisar los antecedentes del acto administrativo recurrido, se verificó que el señor
GONZALO ANDRÉS GIRALDO MARIN, identificado con la cédula de ciudadanía (…),
se encuentra nombrado en propiedad desempeñando el cargo de oficial mayor del
Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Penales Especializados de
Antioquia, desde el cual está sujeto a la calificación.
Ahora bien, el recurrente con la solicitud de traslado no aportó un formato de calificación
de servicios; sin embargo, de manera posterior, junto con el recurso de reposición
allegó:
− La calificación de servicios del cargo de oficial mayor del Juzgado Primero (1°)
Penal del Circuito de Puerto Berrio, por el periodo comprendido entre el 1º de enero
de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, efectuada el 8 de junio de 2021, suscrita por
el referido Juez.
− La calificación de servicios del cargo de oficial mayor del Juzgado Primero (1°)
Penal del Circuito de Puerto Berrio, por el periodo comprendido entre el 1º de enero
de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, efectuada el 18 de abril de 2022, suscrita por
el referido Juez.
− La calificación de servicios del cargo de oficial mayor del Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados Penales Especializados de Antioquia, por el
periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2022 y el 22 de mayo de 2022,
efectuada el 26 de mayo de 2022, suscrita por el Juez Coordinador.
Respecto de las calificaciones allegadas de los periodos del 1° de enero de 2020 al 31
de diciembre de 2020 y de 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, no pueden
ser tenidas en cuenta, toda vez que fueron del cargo que desempeñó en provisionalidad
y no el correspondiente al de carrera, esto es, el de oficial mayor del Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados Penales Especializados de Antioquia, desde el cual
está sujeto a calificación y solicita el traslado.
Ahora bien, en cuanto a la calificación aportada por el lapso de tiempo comprendido
entre el 22 de febrero de 2022 y el 22 de mayo de 2022, no resulta de recibo por cuanto
que, no es calificación integral por el periodo completo del 22 febrero de 2022 al 31 de
diciembre de 2022, la cual debe ser consolidada por el despacho desde el cual se
solicita el traslado como servidor de carrera.
Así las cosas, se tiene que los argumentos expuestos por el recurrente no resultan de
recibo por cuanto que, los empleados judiciales deben ser evaluados anualmente, esto
es, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del respectivo año, y la consolidación de
la calificación se debe realizar a más tardar el último día hábil del mes de agosto del
año siguiente a la finalización del período; sin embargo, la calificación de empleados
podrá anticiparse por el evaluador por razones del servicio debidamente sustentadas,
sin que el lapso de desempeño pueda ser inferior a tres (3) meses dentro del respectivo
período a calificar (artículo 4 del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016).
En el evento de tomarse esta determinación es necesario que en la parte motiva del
acto administrativo se tenga presente lo consignado en las actas de seguimiento
trimestral y los resultados obtenidos a partir de la formulación del plan de mejoramiento
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de haberse realizado; así mismo, lo señalado en la sentencia del Consejo de Estado del
27 de mayo de 2015, con radicación 05001-23-31-000-2003-03441-01(0175-12).
En ese sentido se advierte que la situación concreta del recurrente, no se trata de una
calificación anticipada por el evaluador por razones del servicio debidamente
sustentadas, toda vez que, en el acto de calificación y en la solicitud no se hizo
consideración alguna al respecto y porque el traslado fue solicitado como servidor de
carrera.
Por tanto, lo que corresponde es realizar una sola calificación por el periodo completo,
del año 2022 del 22 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, la cual debe ser
consolidada por el despacho desde el cual se solicita el traslado como servidor de
carrera como lo prevé el artículo décimo tercero del Acuerdo PCSIA17-10754 de 2017.
Adicional a ello el derecho al traslado, se encuentra condicionado al cumplimiento de
los requisitos señalados en la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de
2017, normas vigentes, generales y de obligatorio cumplimiento que no han sido
anuladas o suspendidas por el Juez competente y por ende son aplicables al caso
concreto, razón por la cual, se confirmará el concepto desfavorable recurrido”. (resaltos
propios)
De este modo, advierte la Sala que el concepto desfavorable de traslado dado
al actor, tuvo como fundamento no haberse cumplido con el requisito de
aportar la última evaluación integral de servicios en los términos que indica la
norma, pues censuró, de un lado, que se aportara la calificación de servicios
de años anteriores en provisionalidad y, de otra parte, que se allegara un
periodo de calificación de servicios en carrera administrativa del 22 de febrero
al 22 de mayo de 2022 y que dada su situación concreta, no se tratara de una
calificación anticipada por el evaluador, por razones del servicio debidamente
sustentadas.
Para la Sala, la decisión de conceptuar desfavorablemente sobre el traslado
solicitado no es arbitraria ni vulnera derechos fundamentales, pues se
incumplió con uno de los requisitos exigidos para tal fin, concretamente, la
calificación integral de servicios, que en este caso, debió ser anticipada en los
términos del artículo 4 del Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016,
ya que el actor se vinculó en carrera tan solo a partir del 22 de febrero de 2022.
Se resalta, que la calificación integral de servicios de los empleados de carrera
es anual y el período de calificación está comprendido entre el 1° de enero y
el 31 de diciembre de cada año; sin embargo, es posible solicitar la calificación
anticipada, por razones del servicio.
Señala textualmente la norma, lo siguiente:
“ARTÍCULO 4º. PERIODICIDAD. La calificación integral de servicios de los magistrados
de tribunales superiores, administrativos y de la sala jurisdiccional disciplinaria de los
consejos seccionales de la judicatura o comisiones seccionales de disciplina judicial, se
llevará a cabo bienalmente; la de los jueces y empleados, anualmente.
El período de calificación para magistrados estará comprendido entre el primero (1.º)
de enero del primer año y el treinta y uno (31) de diciembre del segundo año y para
jueces y empleados estará comprendido entre el primero (1.º) de enero y el treinta y
uno (31) de diciembre del respectivo año. La consolidación de todos los factores que la
integran se hará a más tardar el último día hábil del mes de agosto del año siguiente a
la finalización del período anual o bienal, respectivamente.
No obstante, la calificación de empleados podrá anticiparse por el evaluador por
razones del servicio debidamente sustentadas, sin que el lapso de desempeño pueda
ser inferior a tres (3) meses dentro del respectivo período. (Resaltos propios)
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Sólo cuando se encuentre en firme la calificación de un período, podrá hacerse la
consolidación del siguiente”.
4.4. En el presente asunto, se acredita que: (i) para la fecha en que el señor Giraldo
Marín solicitó el traslado (radicación del 5 de mayo de 2022) no allegó la
calificación de servicios; (ii) el interesado allegó la calificación de servicios del
cargo de oficial mayor del Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados Penales Especializados de Antioquia, por el periodo comprendido
entre el 22 de febrero de 2022 y el 22 de mayo de 2022, efectuada el 26 de
mayo de 2022, suscrita por el Juez Coordinador, con el recurso de apelación
que interpuso contra la decisión de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Antioquia; y (iii) en la Resolución CJR22-0354 del 1º de septiembre
de 2022 el Consejo Superior de la Judicatura confirmó el concepto
desfavorable de traslado del accionante, al considerar que la calificación
aportada por el señor Giraldo Marín con el recurso de apelación no
correspondía a “…calificación anticipada por el evaluador por razones del servicio
debidamente sustentadas, toda vez que, en el acto de calificación y en la solicitud no se hizo
consideración alguna al respecto y porque el traslado fue solicitado como servidor de
carrera….”7.
Así las cosas, en el caso concreto no estaban satisfechos los aspectos que se
exigen para la presentación de la solicitud respectiva y que, en atención al tipo
de traslado que solicitó, era necesario verificar las calificaciones de servicios
y, era deber correlativo del servidor, aportarlas en debida forma.
Para la Sala, la anterior interpretación es razonable y no vulnera derechos
fundamentales, más aún si se tiene en cuenta que de acuerdo con la sentencia
C-295 de 2002 proferida por la Corte Constitucional, uno de los criterios
objetivos para emitir el concepto de favorabilidad del traslado, es justamente
el de la evaluación como requisito que permita el traslado de carrera con base
al mérito.
4.5. Tampoco evidencia esta Corporación que se esté desconociendo lo dispuesto
en el referido Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016 en relación
con el deber de evaluar al servidor de carrera que haya permanecido en el
cargo por un término de 3 meses, pues esto no está en discusión ni se le
cercenó la posibilidad de contar con esta evaluación, de hecho manifiesta que
fue evaluado por el periodo comprendido entre el 22 de febrero al 22 de mayo
de 2022, de manera que, no hay desconocimiento alguno al respecto y no
puede darse una interpretación distinta al tenor literal de la norma.
5. Conclusión
En consecuencia, y al no encontrarse acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, con ocasión de los actos objeto de
tutela, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de tutela.
Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que el accionante estime pertinente
interponer.
7 En un caso similar, la Sala se refirió a la calificación anticipada y a la posibilidad que le asistía al servidor de
carrera de solicitarla en los términos que la norma consagra. Sentencia del 1 de septiembre de 2022,
expediente de tutela Nro. 11001-03-15-000-2022-04187-00, actor: Enilse Judith Villalba Mestra. Sección
Cuarta. Ponencia del doctor Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Gonzalo Andrés Giraldo Marín
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Gonzalo
Andrés Giraldo Marín, por las razones expuestas en la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
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