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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04899-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04899-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente en favor del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales, en la modalidad de agencias en derecho, por la cantidad de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para cada una, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, las que serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo de Estado. TERCERO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto de gastos, expensas y perjuicios, por no aparecer causados.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04899-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

22 de junio de 2023

Demandante: Gildardo Patiño Piedrahita
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional
y el municipio de Manizales – Secretaría de Educación
Radicado: 11001031500020220489900

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001031500020220489900
Demandante: GILDARDO PATIÑO PIEDRAHITA
Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
MUNICIPIO DE MANIZALES – SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

Temas: Causal 5ª de revisión. Nulidad originada en la sentencia.
Requisitos para su configuración. Análisis de la incongruencia
externa.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO

OBJETO DE LA DECISIÓN

No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión, interpuesto por el señor Gildardo Patiño
Piedrahita, por intermedio de apoderado judicial1, con el cual pretende que se
infirme la sentencia del 27 de mayo de 2021, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, instaurado por el recurrente en
contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales
• Secretaría de Educación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Gildardo Patiño Piedrahita ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Manizales – Secretaría de Educación, con el propósito
de obtener la nulidad del Oficio n.º SEM-UAF-2063 del 18 de julio de 2016, por
medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios

1 El recurso fue interpuesto por el abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila, quien cuenta con poder especial
conferido con los requisitos legales.

1
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Demandante: Gildardo Patiño Piedrahita
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional
y el municipio de Manizales – Secretaría de Educación
Radicado: 11001031500020220489900

que, según el actor, se causaron por el pago tardío de la homologación y
nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación del
municipio de Manizales.

1.2. Sentencia de primera instancia

2. En sentencia del 16 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el ente territorial. Además, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas y agencias en derecho a la parte actora.

3. El a quo del proceso ordinario, en primer lugar, realizó un recuento del
proceso de homologación y nivelación que se adelantó de manera concertada
entre la nación y el municipio. Seguido, explicó que mediante la Resolución 657 de
11 de abril de 2014, se le reconocieron al demandante las sumas por ese
concepto junto con la actualización monetaria correspondiente.

4. En segundo lugar, estableció que no existe norma que reglamente o
autorice el derecho a reclamar los intereses moratorios por el pago tardío de una
nivelación salarial.

5. Para finalizar, explicó que valores reconocidos tenían una naturaleza
indemnizatoria y no eran acumulables porque se causaron de manera
independiente para cada periodo laboral. Además, fueron cancelados
oportunamente, por lo que mal podía reclamarse el pago de los intereses
moratorios por el pago tardío.

6. La parte actora interpuso el recurso de apelación.

1.3. Sentencia de segunda instancia

7. En sentencia del 27 de mayo de 2021, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo.

8. La segunda instancia relató que el proceso de homologación y nivelación
salarial, desde el año 2003 al 2009, culminó el 31 de diciembre de 2011 y, en
consecuencia, mediante la Resolución 657 de 11 de abril de 2014, se le reconoció
al señor Patiño Piedrahita la suma de $ 42.214.406, como valor definitivo indexado
por ese concepto. En atención a ello, el Ministerio de Educación Nacional canceló
los valores reconocidos al beneficiario en el mes de mayo de 2014. Es decir que
no se causaron los intereses moratorios porque el deudor no efectuó un pago
tardío.

9. Seguido, el Consejo de Estado agregó que el acto administrativo que le
reconoció el pago de la homologación y nivelación salarial no previó el pago de

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intereses moratorios, frente a lo cual el actor guardó silencio, por lo que no puede
ahora pretender obtener esos valores con una nueva actuación y, en cualquier
caso, no hay norma que así lo autorice.

10. El fallo se notificó el 8 de septiembre de 2021, de tal manera que la
sentencia cobró ejecutoria el 15 de septiembre de la citada anualidad.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. Demanda

11. Por medio de escrito enviado al correo de la Secretaría General del Consejo
de Estado el 8 de septiembre de 2022, el señor Gildardo Patiño Piedrahita, por
intermedio de apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión, en el que
incluyó las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. – Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección A, del 27 de mayo de 2021, bajo el número referenciado, que
confirma la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO. – En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia viciada en
nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es decir, al Consejo de
Estado - Sección Segunda - Subsección A, conformada por los consejeros de Estado,
William Hernández Gómez, Gabriel Valbuena Hernández y Rafael Francisco Suárez Vargas,
para que se resuelva en debida forma, es decir, profiriendo un fallo favorable.

TERCERO. - Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias”.

12. La parte recurrente precisó las etapas del procedimiento administrativo de
homologación y nivelación salarial y reseñó el trámite judicial que se dio en sede
de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2. Causal de revisión invocada y sustento

13. La parte recurrente sostuvo que la sentencia del 27 de mayo de 2021
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
configura la causal del numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es
decir, configura una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
porque vulneró el principio de congruencia.

14. En primer lugar, señaló que la sentencia es incongruente porque concluyó
que “(…) si bien es cierto el pago efectuado a la parte que hoy demanda, fue
realizado con posterioridad al proceso de homologación y nivelación salarial, ello
no significa per se la configuración de la mora”. En este punto, sostuvo que el
pago se hizo once años después de que el Ministerio de Educación Nacional
dispusiera la incorporación a la planta de personal que tuvo lugar desde el año
2003, por lo que el actor infiere que “desde ese año se debía pagar el salario
debidamente nivelado, de manera que los intereses correspondientes se veían

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causados a partir de esa época, es por eso que los intereses se requieren en tales
extremos”. Como conclusión de lo anterior, el apoderado expresó que:

“el sentido que le han dado al periodo a reclamar, difiere con el pedido en la demanda; la
parte actora no se refirió a una mora causada entre la resolución que reconoció y ordenó la
homologación y, la fecha de su pago; la parte demandante lo que reclamó en vía
administrativa y luego judicial, fueron unos intereses desde el momento del traslado del
personal de una planta a otra, hasta la fecha que la entidad efectuó el pago, de allí que, lo
resuelto por el despacho nunca guardó relación con el objeto de la demanda, por tal razón
en la sentencia hay desarmonía entre lo resuelto y lo debidamente pedido.

15. En segundo lugar, sostuvo que la decisión impugnada desconoce las
normas preexistentes porque consideró que los intereses moratorios reclamados
por el demandante no estaban regulados en una ley especial, “como si cada
obligación en concreto debiera tener una norma particular para ejecutar su mora
en caso de incumplimiento”, cuando tal pretensión tiene sustento en las normas
civiles, laborales, procesales, tributarias, etc.

16. En tercer lugar, expresó que dentro del plenario no existen pruebas que le
permitieran al juez concluir que la parte actora solicitaba el pago de una mora
causada por el periodo de un mes, que es el tiempo que se tardaron en pagarles
la homologación, pues “si ese era el escenario de la reclamación, es más que
obvio que no se hubiese iniciado todo un proceso judicial ante lo contencioso
administrativo, con todas las etapas y trabas que la misma demanda”. En este
sentido, señaló lo siguiente:

En este caso en concreto, la obligación nació en el momento mismo que se dio el traslado
del personal, y NO cuando la administración decide a mutuo propio cuando nace a través de
la resolución que ordena su pago; porque claramente se demoraron años en resolver el
asunto, si nos remitimos a los múltiples actos administrativos que tuvieron que emitir,
únicamente para emendar errores administrativos, que ahora, debe soportar el administrado;
siendo así, la decisión no se ajustó a lo establecido en el artículo 281 del C.G.P, aquí ocurrió
todo lo contrario a lo que predica el principio de congruencia, por cuanto que lo resuelto es
un planteamiento desproporcionado, en el sentido que es incongruente, y por fuera de
cualquier marco de legalidad que pueda presumirse de una sentencia judicial.

17. En suma, para el demandante “lo que se resolvió en la sentencia,
desconoció el principio de congruencia, de acuerdo con el cual el fallo debe estar
en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como la parte
demandada”.

2.3. Actuaciones procesales relevantes

2.3.1. Auto admisorio de la demanda

18. Mediante auto del 5 de diciembre de 2022 se admitió la demanda, proveído
que se notificó a las partes, integrándose en debida forma el contradictorio.
También se surtió la notificación al representante del Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a esta última en los términos y
para los efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.
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2.3.4. Contestación de la demanda

2.3.4.1. Ministerio de Educación Nacional

19. El apoderado judicial2 de la entidad se opuso a las pretensiones de la
demanda por cuanto los argumentos expuestos por la parte recurrente no
corresponden a la causal 5.ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, sino que
busca reabrir el debate jurídico que se surtió en las instancias del proceso.

20. En primer lugar, explicó que los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 20013
establecieron el procedimiento a seguir para incorporar a los docentes, directivos
docentes y administrativos a las plantas de personal financiadas con recursos del
Sistema General de Participaciones, el cual se debía llevar a cabo a más tardar el
21 de diciembre de 2003. Añadió que para lograrlo era necesario realizar un
estudio técnico previo que permitiera incorporar y homologar los cargos de
acuerdo con las funciones, salario, requisitos y necesidades del servicio, bajo
criterios de igualdad y equivalencia, frente al personal que laboraba en las plantas
de las entidades municipales. Señaló que mediante la Directiva Ministerial 10 del
30 de junio de 2005, el Ministerio de Educación Nacional estableció las directrices
para llevar a cabo este proceso que le correspondió adelantar a los entes
territoriales.

21. En segundo lugar, se refirió a la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión, a la causal de nulidad originada en la sentencia, al principio de
congruencia y para demostrar que se respetó dicho principio indicó el problema
jurídico planteado en la sentencia se encaminó a determinar si el demandante
tenía derecho al “pago de intereses moratorios sobre el valor que le canceló la
Secretaría de Educación de Manizales por la homologación y nivelación salarial de
su cargo, en calidad de personal administrativo, realizado en virtud del proceso de
descentralización del servicio educativo”.

22. Lo anterior, fue atendido por el Consejo de Estado, cuando concluyó que
en el caso bajo estudio el pago de la nivelación salarial “se efectuó en el mes de
mayo de 2014, tal como se indicó en la certificación de la entidad accionada, y que
la Resolución 511 (sic) que reconoció y ordenó el pago de la nivelación data del 11
de abril de 2014, se evidencia que solo pasó un mes, de modo que no es
procedente la condena por el pago de intereses moratorios, puesto que se
considera un plazo prudencial”. Para el Ministerio, esto es suficiente para
descartar la causal invocada.

2 El jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional le confirió poder especial al abogado

Carlos Alberto Vélez Alegría, con el lleno de los requisitos legales.
3 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151,288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”
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23. En tercer lugar, precisó la evolución normativa y jurisprudencial de la
homologación y nivelación salarial dispuesta para los empleados incorporados en
las plantas de personal de los municipios e indicó los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado que han determinado con carácter vinculante la incompatibilidad de
condenar concomitantemente al pago de intereses moratorios e indexación, toda
vez que los dos conceptos obedecen a la misma causa que es evitar la
devaluación del dinero.

24. Finalmente propuso la excepción de legalidad de la sentencia censurada,
por considerar que es congruente con lo pedido, lo debatido y lo probado en el
proceso y que se encuentra debidamente motivada, contiene un análisis crítico de
las pruebas y de los razonamientos legales, así como la decisión de las
excepciones propuestas.

2.3.4.2. Alcaldía de Manizales – Secretaría de Educación

25. La apoderada judicial de la entidad solicitó que se declare infundado el
recurso interpuesto por la el señor Gildardo Patiño Piedrahita por cuanto la
sentencia recurrida no vulneró el principio de congruencia, dado que tanto la
primera como la segunda instancia se basaron en los elementos fácticos,
probatorios y jurídicos existentes en el expediente, lo cual les permitió concluir que
el demandante no tenía derecho al reconocimiento y pago de intereses moratorios
sobre la homologación y nivelación salarial reclamada.

2.5. Etapa probatoria

26. Por auto dictado el 28 de febrero de 2023 se decretó la prueba consistente
en la incorporación al proceso del expediente contentivo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, prueba de la cual se dio traslado a las partes en los
términos del artículo 110 del Código General del Proceso. Mediante providencia
del 31 de marzo de 2023, se dispuso a través de la Secretaría General aclarar el
expediente solicitado como prueba.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA ESPECIAL

3.1. Normatividad aplicable

27. El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso
extraordinario de revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos que
deben cumplirse para su admisión y procedencia, en los artículos 248 a 2554,
modificados parcialmente por la Ley 2080 de 2021.

4 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.

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3.2. Presupuestos procesales de la acción

3.2.1. Competencia

La Sala Veintisiete Especial de Decisión de esta Corporación es competente para
conocer el presente recurso extraordinario de revisión, promovido por el
apoderado del señor Gildardo Patiño Piedrahita, con el cual pretende que se
infirme la sentencia dictada el 27 de mayo de 2021, proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado por el recurrente en
contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Manizales – Secretaría de Educación.

28. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 249 la Ley 1437
de 2011, en virtud del cual las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió la decisión5.

29. Por su parte, el artículo 107 de la misma normativa creó las salas
especiales de decisión para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley
expresamente les encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió
el Acuerdo 321 de 2014 que, en cuyo artículo 2º, señaló los asuntos de su
competencia, asignándoles, entre otros, los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado, competencia que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del
Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
actualmente vigente.

3.2.2. Oportunidad

30. En el presente caso se encuentra acreditado que la demanda se dirige
contra la sentencia dictada el 27 de mayo de 2021, notificada el 8 de septiembre
de 2021, que cobró ejecutoria el 15 de septiembre de 2021 y el recurso fue
interpuesto el 8 de septiembre de 2022, lo que significa que se presentó dentro del
término legal.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta sentencia

se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede excluir de plano a todos los
Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento permite concluir que no deba decidirse en
cada caso concreto si se presenta una causal de impedimento, por lo cual es claro que no se afectan los
principios de imparcialidad e independencia judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no vulnera el
principio de imparcialidad el conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno de los
magistrados que aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a todos los
consejeros que participaron de la decisión impugnada.
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3.2.3. Legitimación en la causa

31. En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa, debe
expresarse que el señor Gildardo Patiño Piedrahita está habilitado por activa y el
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales – Secretaría de
Educación por pasiva, respectivamente, porque fueron las partes del juicio en el
que se dictó la sentencia, objeto de la petición de revisión de la referencia.

3.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar el fallo dictado el 27 de mayo
de 2021, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral
instaurado por el recurrente en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Manizales – Secretaría de Educación, con el que se
pretendía el reconocimiento y pago de los intereses moratorios que, según el
demandante, se causaron como consecuencia de la dilación del procedimiento
administrativo de homologación y nivelación salarial que se llevó a cabo con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 y en la
Directiva Ministerial 10 de 2005.

32. Con fundamento en la situación fáctica señalada por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los argumentos expuestos en el escrito
introductorio y en las respuestas recibidas del Ministerio de Educación Nacional y
la Secretaría de Educación del municipio de Manizales, el problema jurídico que
subyace al caso concreto consiste en establecer si se configura la causal 5ª de
revisión, consagrada en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, referida a existir
nulidad en la providencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede
recurso alguno.

33. Como subproblema jurídico, corresponde establecer si en la sentencia se
incurrió en desconocimiento de los principios del debido proceso y de congruencia,
que conlleve a invalidar la decisión.

34. Para resolver el problema y el subproblema planteados, la Sala abordará
los siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de
revisión; ii) causal de nulidad originada en la sentencia; iii) principio de
congruencia y violación de este como causal de invalidez; y iv) análisis del caso
concreto.

3.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

35. Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, es un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas
sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, amparadas por la

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intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas, ante la demostración inequívoca de
ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente
consagra la ley6.

36. Las providencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los
Tribunales Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por
los Jueces Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal
recurso.”7

37. Para la interposición del recurso deben atenderse los requisitos de las
demandas ordinarias, indicados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011,
especialmente, el recurrente debe señalar, justificar y acreditar en grado de
plenitud probatoria el supuesto de hecho de la causal o causales consagradas en
el artículo 250 ejusdem, en que se funda el recurso.

38. Constituye un presupuesto de especial trascendencia que la parte actora
aporte las pruebas necesarias, pertinentes e idóneas, encaminadas a acreditar la
causal de nulidad que alega.

39. En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta, la causal invocada y las alegaciones
expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a éste realizar
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor
que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del
derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

40. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor de la Sala no puede
exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de
revisión, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo8.

6 El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características esenciales que se

indican ha sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes sentencias: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2.03.2010, Rad. REV-2001-00091, 6.04.2010,
Rad. REV-2003-00678, 20.10.2009, Rad. REV-2003-00133, 12.07.2005, Rad. REV-1997-00143-02,
14.03.1995, Rad. REV-078, 16.02.1995, Rad. REV-070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad. REV-
037; Sección Tercera, sentencia del 22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15.07.2010, Rad.
2007- 00267.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4.08.2009, M.P. María Victoria Calle Correa
8 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios

pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27.01.2004. Rad. (REV) 2003-0631, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: “… no constituye
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41. Tampoco es posible que se cuestione la valoración probatoria efectuada por
el juez ordinario, pues no se trata de corregir “los errores de apreciación de los
hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el
fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el
fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez.”9

42. En virtud de lo expuesto, se advierte que este recurso tiene como finalidad
principal la revisión de las decisiones adoptadas injustamente, es decir, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales
como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de
aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de
derecho)10.

3.5. La causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso

43. Este supuesto corresponde a la causal consagrada en el numeral 5º del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en virtud de la cual “Son causales de revisión: “5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”11.

una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo
examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido,
en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con
el recurso extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del
juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya
expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso
especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)". Sobre la naturaleza taxativa del recurso extraordinario de
revisión ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del
29.04.2015, M.P. Danilo Rojas Betancourt; 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239); Sección Primera,
Sentencia de 26.11.2018, radicado 11001-03-24-000-2009- 00616-00(REV), M.P. Nubia Margot Peña Garzón
Sala Cuarta Especial de Decisión, Sentencia del 13.10.2020, M.P. Alberto Montaña Plata, Rad. 11001-03-15-
000-2019-00119-00(REV). Esta última sentencia cuenta con la siguiente cita original “Al respecto consultar
sentencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de: 17 de julio de 2013, rad. 11001- 03-15-000-
2009-00062(REV); 26 de febrero de 2013, rad. 11001-03-15-000-2008- 00638-00(REV) y de 18 de octubre de
2005, rads. 11001-03-15-000-1998-00173- 00(REV) y 11001-03-15-000-1999-00226-00(REV).”
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia del

3.03.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E); Sala Veintisiete (27) Especial de Revisión, Sentencia del
3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV);
10 De cualquier forma, será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el

fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación
o, si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede de lo contencioso
administrativo pudiera constituirse en una nueva instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14.08.2008, Rad. 16.594
11 En cuanto al alcance de esta causal, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, Sentencia del

7.04.2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad 110010315000201300358-00; Sala Décima Especial de Decisión,
Sentencia del 1.11.2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. Sala Veintisiete (27) Especial de Revisión,
Sentencia del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV); Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, Sentencia del 1º.03.2018, M.P. Cesar Palomino Cortés; Rad.
11001-03-15-000-2012-00230- 00(REV); Sala Veintisiete Especial de Decisión, Sentencia del 3.03.2020, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-03970-00(REV).
10
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Demandante: Gildardo Patiño Piedrahita
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44. La causal en estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos que
buscan circunscribir su alcance, para evitar que ella se emplee con la única
finalidad de que el juez de la revisión se convierta en uno de instancia. Por ello, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha delimitado las circunstancias que
pueden configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual analizó cada uno
de los supuestos consagrados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil
-hoy 133 del Código General del Proceso-, e incluyó aquellas que, no obstante, no
estar consagradas en esa normatividad, igualmente, permiten interponer el medio
de impugnación, por constituir violaciones al debido proceso.

45. En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de
revisión, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia del 5 de abril de 201612,
explicó:

“9. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia 13:
…
9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la
demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria
contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del
juez (…).”14

46. Igualmente, se ha aceptado que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que
surgen de la vulneración directa del artículo 29 constitucional, evento en el cual
corresponderá al juez determinar si el hecho que se considera vulnerador del
debido proceso, puede configurar la causal de revisión citada, circunstancia que
se deriva de la exigencia de actuar como juez de constitucionalidad y de
convencionalidad en garantía de los derechos fundamentales de quienes
intervienen en un proceso judicial.15

12
Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. Radicación:
110010315000 2008 00320 00.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 11.05.1998, rad. REV-093;

de 18.10,2005 rad. 2000-00239, de 20.10.2009, rad.REV-2003-00133; y de 7.04.2015, M.P. Jorge Octavio
Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11.06.2009, rad. 836-06; y Sección Primera,
sentencia del 14.12.2009, rad. 2006-00123.
14 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene

plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada actualmente en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad
originada en la sentencia.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del

8.05.2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), unificó el criterio sobre el alcance de la
causal, precisando que puede configurarse por evidenciarse una violación del artículo 29 Constitucional –
debido proceso.
11
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47. Así lo entendió la Sala Especial de Decisión Veintiséis de esta corporación,
al indicar que “las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el
estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo [hoy
133] y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso
constitucional, contemplado en el artículo 29”16.

48. Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando una
causal diferente de las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad
originada en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional,
en donde el operador judicial es el encargado de determinar si lo que se alega
tiene la entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, pues no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que
ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial, en la medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el
núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso.

49. Cabe destacar que el legislador, en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011,
previó que en aquellos eventos en que se llegare a encontrar acreditada esta
causal se debe declarar la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con
la circunstancia que originó la revisión, y se devolverá el proceso a la autoridad
judicial que dictó la sentencia, para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de
nuevo, según corresponda.

50. Bajo el anterior marco normativo y conceptual se analizarán los
argumentos del recurso en el presente asunto, reiterando que se tendrá en cuenta
el carácter sustancial de la irregularidad alegada, esto es, aquél que resulte
determinante para el sentido de la decisión.

3.6. Principio de congruencia

51. La congruencia procesal se ha definido como:

“el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben
proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes
(en lo civil, laboral, y contencioso- administrativo) o de los cargos o imputaciones penales
formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio
público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o
defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para
separarse de ellas”.23

52. En virtud de este principio, el alcance y contenido de una providencia está
delimitado por las pretensiones de la demanda y por los argumentos expuestos en

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga Melida Valle

de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron otras dos decisiones en
igual sentido.
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las instancias del proceso, existiendo una correspondencia entre ésta y los hechos
que se esgrimen en la demanda.

53. Se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso,
norma aplicable por remisión a los procesos que se adelantan en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, según lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley
1437 de 2011.17

54. En torno a esta disposición, el Consejo de Estado ha señalado que la
congruencia debe ser interna y externa18. La primera obedece a la
correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia;
y la segunda, esto es la externa, a que la decisión contenida en la parte resolutiva
se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación.

55. En relación con este aspecto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, expresó:

“El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma que se
pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador del
principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como externa. La
externa, se traduce en la concordancia debida entre el pedido de las partes en la demanda y
su corrección, junto con las excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su
fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con
el 305 del C.P.C., [hoy 281 del C.P.G.] que señala que el juez en la sentencia debe analizar
‘los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes,
con el objeto de resolver todas las peticiones.”19

56. Conforme con lo expuesto, este principio tiene como finalidad que la
providencia tenga concordancia y armonía entre lo pretendido, lo pedido por las
partes y lo decidido por el juez20, en ausencia de lo cual la providencia no es
válida, porque el fallador excede su competencia, la que -se reitera- está

17 Las citadas normas procesales establecen que “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y

las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. (…)”
18 Consejo de Estado, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia del 3.03.2020, M.P Rocío Araújo Oñate,

11001-03-15-000-2019-03970-00(REV). En esa sentencia se infirmó el fallo por el haberse incurrido en
contradicción entre la parte motiva y la resolutiva del fallo de segunda instancia, por falta de comprobación de
la coincidencia de las reglas y subreglas contenidas en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de
agosto de 2018, aplicables al caso concreto, con lo resuelto en los actos administrativos demandados.
También se consideró que se incurrió en incongruencia externa porque no se examinaron las pretensiones de
la demanda y se les dio a las mismas un alcance y finalidad que no tenían.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 16.08.2002, M.P. Juan

Ángel Palacio Hincapié, Rad. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B,
Sentencia del 28.05.2020, M.P. Cesar Palomino Cortés, Rad. Rad. 11001-03-25-000-2013-00838-00, Sección
Cuarta, Sentencia del 26.07.2013, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Rad. 25000-23-27-000-2008-
00228-02(18380); Sentencia del 22.03.2013, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Rad. 63001-23-31-000-
2010-00110-01(19136); Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia del 26.10.2017, M.P. Cesar Palomino
Cortés, Rad: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15); Sala Veintisiete (27) Especial de Revisión, Sentencia
del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV); Sala Veintisiete
Especial de Decisión, Sentencia del 3.03.2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-03970-
00 (REV).
20 Corte Constitucional, Sentencia T-961 de 2000, reiterada en la T-079 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido

13
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determinada por los cargos y pretensiones de la demanda, lo cual ratifica que
constituye un elemento de validez de esta21.

57. Efectuadas las anteriores consideraciones sobre la causal de nulidad
alegada, se analizarán las razones expuestas en la demanda, con el fin de
establecer si encuadran en el supuesto de hecho de la causal invocada y los
lineamientos que al respecto ha señalado la Sala Plena de esta Corporación, que
tienen carácter vinculante para las Salas Especiales y las Secciones al momento
de resolver un recurso de esta naturaleza.

3.7. Análisis del caso concreto con fundamento en la causal de revisión
alegada y los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta

58. La parte actora consideró que la sentencia debe ser invalidada, por
desconocimiento de los principios del debido proceso y de congruencia,
principalmente porque en la demanda pidió el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios correspondientes a la duración completa del procedimiento
administrativo de homologación y nivelación de los cargos y desde la
incorporación de la demandante al cargo en la planta de personal del municipio y,
contrario a ello, en la sentencia se interpretó que el reconocimiento se
circunscribía al mes que transcurrió entre la expedición del acto administrativo y el
pago efectivamente realizado que correspondió a un mes y no a once años.

59. Dicho argumento implica examinar las pretensiones de la demanda, las
excepciones propuestas por la parte demandada, la sentencia de primera
instancia, el recurso de apelación y la decisión de segunda instancia, con el fin de
determinar si existe correspondencia entre unos y otros, como lo exige el artículo
281 del C.G.P.

Demanda de Pretensiones
nulidad y
restablecimiento 1. La nulidad del oficio SEM-UAF-2063 del 18 de julio de 2016,
del derecho notificado el 25 de julio de 2016 mediante el cual se le negó el
reconocimiento de los intereses moratorios generados con ocasión al
pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó las siguientes
condenas:
(i) Pagar los intereses moratorios a partir del día siguiente a los
30 días posteriores a su causación – 1 de enero de 2003 a 2009 - y

21 Corte Constitucional, Sentencia T-455 del 25.10.2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. En esta sentencia la

Corte precisó que “El juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y
excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie
acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra
petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario
deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio
de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las
partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello.” En
esa medida es parte del núcleo esencial del debido proceso.
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en adelante hasta el día en que se hizo efectivo el pago total del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, en mayo de 2014.
(ii) Pagar los intereses moratorios liquidados con base en el
interés bancario corriente desde la fecha de causación hasta la
fecha efectiva de pago.
(iii) Liquidar y pagar los intereses reclamados con base al capital
neto cancelado, es decir, sin incluir el valor que por concepto de
indexación salarial se le reconoció.
(iv) Cumplir el fallo dentro del término previsto en el artículo 192
del CPACA, entregar los dineros a su apoderado y pagar los
intereses moratorios a que hubiere lugar.

3. De manera subsidiaria solicitó que si de la situación fáctica se
desprende que hubo un silencio administrativo negativo se declarara
su ocurrencia por la falta de respuesta por parte del municipio de
Manizales – Secretaría de Educación y la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, sobre lo pedido el 24 de julio de 2015, con el
cual se negó el reconocimiento de intereses moratorios generados
con ocasión del pago tardío del retroactivo de la homologación y
nivelación salarial y se declarara la nulidad del acto ficto o presunto.
Excepciones El Municipio de Manizales propuso las excepciones de inexistencia de
propuestas la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad,
prescripción e inepta demanda, porque el derecho se causó desde el
1.º de enero de 2003, fecha en que fue incorporada a la planta del
municipio de Manizales, de manera que cualquier reconocimiento y
pago de intereses se encuentra prescrito.
Audiencia inicial El 21 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró
y fijación del no probadas las excepciones de inepta demanda y de caducidad
litigio propuestas por el municipio de Manizales. Añadió que las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
prescripción se resolverían al abordar el fondo del asunto.

En esa diligencia, se fijó el litigio señalando que se circunscribía a
determinar si “¿Es procedente el reconocimiento de intereses
moratorios sobre la liquidación del retroactivo por homologación
salarial cancelado a la parte actora, cuando en esa liquidación se le
reconoció indexación?”.

Se explicó que en caso de que la respuesta fuese afirmativa, era
necesario determinar: (i) ¿si el pago se hizo con posterioridad a la
fecha en que se profirió la resolución de homologación, tiene derecho
la parte actora a que se le reconozca indexación o intereses por ese
lapso. (ii) Están probados los límites para efectos de calcular los
intereses, esto es, la fecha en que se hizo el pago y la fecha en que
se notificó la resolución de homologación? y (iii) ¿Cuál es la entidad
llamada a responder por el pago de los intereses o de la indexación
más el ajuste que está reclamando la parte actora?
Sentencia de En primer lugar, previo a abordar el fondo del caso, declaró probada
primera la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de
instancia Manizales, situación que relevó la obligación de estudiar las demás
excepciones propuestas por ese ente.

En segundo lugar, el a quo precisó la naturaleza jurídica de los
intereses moratorios y explico que estos tienen un carácter
indemnizatorio por los perjuicios que causa la tardanza en el
cumplimiento de las obligaciones.

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Seguido, abordó las diferencias entre salario y prestaciones sociales,
a partir de ello concluyó que el pago de intereses moratorios dentro
de una relación laboral tiene una naturaleza indemnizatoria, por lo
que corresponde a una prestación social y no a un salario que es de
carácter retributivo. Además, señaló que, para la procedencia de
aquellos, es necesario que esté expresamente señalado en el
régimen prestacional, sin que se observe tal regulación en el sistema
normativo aplicable.

En consecuencia, concluyó que no es procedente el pago y, además,
afirmó que “cualquier daño que se pudiere ocasionar, con un
procedimiento tardío para el reconocimiento de la homologación y
nivelación salarial, se compensa con la indexación al menos la
liquidada hasta la fecha de las resoluciones respectivas”.

En tercer lugar, el Tribunal Administrativo de Caldas precisó que
como el pago al señor Patiño Piedrahita se hizo dentro del mes
siguiente al reconocimiento de la nivelación y homologación salarial,
tampoco hay lugar a la indexación.
Recurso de La parte actora, en primer lugar, insistió en que en el presente caso
apelación hay lugar al reconocimiento de los intereses toda vez que dicha
obligación surgió de la tardanza en el pago del retroactivo por parte
de la administración.

En segundo lugar, expuso que no es necesario que exista una norma
especial y expresa que regule los intereses de mora en materia de
homologaciones porque por analogía y equidad se puede cumplir con
ese deber constitucional que surge de la responsabilidad del Estado.
Agregó que es inadmisible que el juez exija una norma que regule ese
pago específico porque si bien es cierto que no existe una norma en
la materia, lo cierto es que el trabajador tiene derecho a reclamarlos.

En tercer lugar, afirmó que la indexación y los intereses moratorios
son conceptos de naturaleza distinta de ahí que es equivocado
suponer que la interpretación que se genera un doble pago por la
misma causa, puesto que la indexación hace alusión a la
actualización de las sumas adeudadas, y los intereses moratorios se
refieren a la sanción de pago causada por la demora en el
reconocimiento de una obligación, la cual repara los perjuicios
causados.

Finalmente, manifestó que la mora en el reconocimiento y pago del
retroactivo es imputable única y exclusivamente a las entidades
demandadas dentro del marco de sus competencias quienes tienen el
deber de reparar los daños y asumir las consecuencias de su retraso
en el cumplimiento de las respectivas obligaciones pagando los
respectivos intereses.
Sentencia de En primer lugar, aludió al marco normativo y jurisprudencial del
segundo grado proceso de homologación del personal administrativo al servicio de
(ratio decidendi) los establecimientos educativos y concluyó que como consecuencia
del proceso de descentralización del sector educativo las entidades
territoriales debían recibir el personal administrativo de las respectivas
plantas de personal, mediante el procedimiento de la incorporación,
previa homologación de los cargos.

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En segundo lugar, se aludió a los intereses y explicó que los de mora
“son los que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se
constituye en mora y que cesan solo en el momento de cancelar la
obligación contraída”. Y después de aludir los artículos 192 y 195 del
CPACA, concluyó que “los intereses moratorios deben estar
contemplados en una norma que los autorice expresamente y que
faculte su cobro para los casos de pago de retroactivos por
homologación de cargos y nivelación salarial, o estar incluidos en el
documento que reconoce el derecho, dado su carácter sancionatorio”.

En tercer lugar, señaló que el proceso de homologación del personal
administrativo al servicio de los establecimientos educativos en el
Municipio de Manizales implicó el reconocimiento y pago de un
retroactivo correspondiente a los años 2003 a 2011, el cual estaba
sujeto al cumplimiento de requisitos legales para su
perfeccionamiento. Surtido el procedimiento correspondiente, se
materializó el 31 de diciembre de 2011 y, en consecuencia, se expidió
la Resolución 657 de 11 de abril de 2014, que le reconoció al
demandante $42.214.406 el valor definitivo indexado del retroactivo
por concepto de la homologación y nivelación salarial, cuyo pago se
realizó en el mes de mayo de 2014.

En cuarto lugar, expresó que se ordenó la indexación de las sumas
reconocidas, manteniendo el valor o poder adquisitivo constante de la
moneda debido a la depreciación que sufrió por el paso del tiempo sin
aumentar su valor nominal “salvaguardando de este modo la equidad
e igualdad laboral que echa de menos el demandante, en la medida
que trajo a valor presente la suma adeudada, fundado en principios
constitucionales como la equidad, la justicia y la reparación plena”.

En quinto lugar, aludió al precedente de la Sección22 y concluyó que
no hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios, por el
carácter sancionatorio que tienen y la exigencia de que exista una
norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro
de estos para los casos de pagos retroactivos por homologación y
nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoció el derecho. En el presente caso, estos no se generaron,
pues “si no se dijo nada al respecto en la resolución que reconoció el
retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo consagre,
no puede en consecuencia, entrar a reconocerse los intereses
moratorios”.
El ad quem descartó acudir a la regla que trae el artículo 1617 del
Código Civil23, porque “estricto sentido no se está hablando de un

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9
de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número de radicación 08001-23-31-000-2014-00852-01
(2624-2019): (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 19 de julio de 2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 660012333000-2016-
00565-01 (4947-2018); (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 1 de marzo de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicación
73001-23-33-000-2014-00265-01 (3484-2015)
23 «ARTICULO 1617. INDEMNIZACION POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO. Si la obligación es de

pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o
empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las
disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal se
fija en seis por ciento anual. […]»
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asunto negocial, en el cual las partes involucradas puedan pactar a su
arbitrio cláusulas contractuales; como ya se expuso, el
reconocimiento de las sumas de dinero obedecieron a la
homologación y nivelación que debió realizarse para que las plantas
de personal administrativo, se ajustaran a la nueva reglamentación en
cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y requisitos de los
empleos del nivel territorial”.

Concluyó que al señor Gildardo Patiño Piedrahita no le asiste
derecho al reconocimiento de los intereses moratorios solicitados, al
no haberse establecido nada al respecto en el acto que reconoció el
pago de la homologación, máxime que el interesado no manifestó
oposición e inconformidad frente a estos, “por lo que no es dable que
a través de un nuevo procedimiento administrativo iniciado en
ejercicio de una petición presentada en interés particular pretenda
recurrir lo reconocido a través de la Resolución 657 de 11 de abril de
2014, en tanto no incluyó los intereses moratorios”.

60. El recuento procesal realizado por la Sala permite evidenciar que el
problema jurídico que se resolvió en la sentencia de segunda instancia y la ratio
de la decisión guardan absoluta correspondencia con las pretensiones de la
demanda y encuentran su fundamento en los supuestos fácticos que se
acreditaron, en la apreciación en su conjunto de las pruebas, en especial las que
dan cuenta del trámite administrativo adelantado, así como en los argumentos
expuestos por las partes.

61. Cuestión diferente es que la parte actora haya solicitado el reconocimiento
de los intereses moratorios desde la “causación” del derecho, entendiendo como
tal cada uno de los meses que fueron objeto de homologación y nivelación salarial
posterior, y el operador jurídico le haya aclarado que estos sólo proceden desde la
exigibilidad de la obligación, en el evento de dilatarse el pago, situación que no
acaeció en el presente caso.

62. También se le precisó a la parte demandante que la obligación tan solo se
hizo exigible el 11 de abril de 2014, con ocasión del proferimiento del acto
administrativo definitivo24 que reconoció el derecho y, en consideración a que el
pago se realizó en el mes de mayo de 2014, esto es, solo un mes después, no se
puede predicar la existencia de mora, por cuanto no se presentó una dilación
injustificada de la que se originara el deber de indemnizar al beneficiario de la
prestación económica.

63. En efecto, la obligación de pagar las sumas de dinero que fueron
reconocidas en forma retroactiva e indexada se hizo exigible cuando se expidió el
acto administrativo definitivo con el fin que finalizó el trámite de homologación y

24 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo los actos definitivos son aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto y los que hacen imposible continuar la actuación.
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nivelación25 el cual quedó ejecutoriado y, como lo aclaró el Consejo de Estado, en
la sentencia cuestionada, en el mismo no se ordenó el pago de suma alguna por el
concepto pretendido y el beneficiario tampoco lo solicitó en esa oportunidad.

64. Se destaca que el demandante solicitó el pago de un valor al que no tenía
derecho, por cuanto con antelación a la ejecutoria de la resolución de
reconocimiento de las prestaciones la obligación no era exigible, en consideración
a que no se había determinado que el beneficiario cumpliera con los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico para tener el derecho a la homologación
y nivelación ni se habían liquidado los valores que le correspondían, como
consecuencia de la aplicación de las normas al caso concreto.

65. Cabe resaltar que una obligación es exigible cuando se puede demandar
ejecutivamente y en este caso el mérito ejecutivo solo surgió con la ejecutoria de
la Resolución n.º 657 del 11 de abril de 2014. Por esa misma razón, no tenía la
posibilidad de generar alguna sanción por su incumplimiento y los intereses
moratorios tienen naturaleza indemnizatoria26.

66. Lo anterior deviene de la redacción del artículo 297 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual,
constituyen título ejecutivo las copias auténticas de los actos administrativos con
constancia de ejecutoria en los cuales conste el reconocimiento de un derecho.

67. No puede entenderse el principio de congruencia como la obligación del
operador jurídico de conceder las pretensiones de la demanda en los términos
precisos en los que estas son formuladas, sino que el mismo consiste en fijar el
litigio de acuerdo con lo pedido y, finalmente, establecer si le asiste el derecho a la
parte actora para acceder o no a ello, con fundamento en argumentos claros y
precisos y eso fue lo que se hizo en la sentencia cuya infirmación se pretende.

68. Efectivamente, se pidió el pago de intereses moratorios derivados del
procedimiento administrativo de homologación y nivelación y sobre ello se
resolvió, solo que fijando los extremos temporales de causación y exigibilidad de
acuerdo con la naturaleza jurídica de la obligación laboral objeto de
reconocimiento.

69. Tampoco puede considerarse, como lo afirma la parte recurrente, que la
motivación fuese insuficiente o defectuosa porque en el fallo objeto de censura se

25 La Corte Constitucional ha diferenciado entre causación del derecho y exigibilidad en materia de
reconocimiento de prestaciones laborales, entre otras en la Sentencia SU-138 del 14.05.2021, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado. Lo anterior al establecer que el requisito de la edad para tener derecho al reconocimiento
de la pensión sanción es una condición de exigibilidad y no de causación, señalando que los dos fenómenos
ocurren en momentos distintos.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-604 del 1.08.2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta sentencia

se aclaró que los intereses moratorios “son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o
indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad
debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios
que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación.”
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explicó bajo el principio de razón suficiente y con fundamento en la línea
jurisprudencial clara y univoca de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
porque no procedía el pago de intereses moratorios con ocasión del procedimiento
de homologación y nivelación salarial, con fundamento en la exigibilidad de la
obligación a partir del reconocimiento.

70. Adicionalmente, para que la falta de motivación dé lugar a declarar la
nulidad de la sentencia tiene que ser total y no parcial, pues si se dejó de resolver
algún extremo de la litis, situación que aquí no ocurrió, se cuenta con la figura
jurídica de la adición del fallo. Así lo ha considerado esta Corporación, al precisar
lo siguiente:

“En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, la
jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación
de la deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten
arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta [corresponde a la
causal 5ª de la Ley 1437 de 2011]. De manera que es improcedente, con
fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la
motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los
hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas
aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial (…).”27

71. Finalmente, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, en la sentencia
sí se aplicaron las normas jurídicas que fijaron los lineamientos para el
procedimiento de homologación y nivelación y se estableció el tiempo que tardó el
trámite hasta la decisión definitiva, solo que de ellas no podía derivarse el
reconocimiento automático de intereses moratorios como lo pretendía la parte
demandante.

72. En virtud de lo expuesto, tal como lo afirmó el Ministerio de Educación
Nacional, lo pretendido por la parte actora es que se revise nuevamente lo
decidido por la autoridad judicial que resolvió el caso en segundo grado, como si
se tratara de una tercera instancia, pues no se puede predicar que el fallo sea
incongruente por el solo hecho de no haber accedido a las pretensiones de la
demanda.

73. Las razones expuestas son suficientes para declarar infundado el recurso
por la causal descrita en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que la sentencia no incurrió en irregularidad alguna que pueda invalidarla
ni vulnera el principio de congruencia externa, en la medida en que se pronunció
sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones y explicó bajo el principio
de razón suficiente porque no estaban llamadas a prosperar.

27 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene

plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada actualmente en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad
originada en la sentencia.
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3.7. Conclusiones y decisión

74. En el presente caso, la parte actora no logró acreditar que se presentó una
nulidad originada en la sentencia, pues lo alegado no corresponde a una
circunstancia capaz de invalidar la providencia, sino que equivale a un
cuestionamiento sobre la interpretación razonable de las normas sustanciales y a
la valoración adecuada de las pruebas allegadas.

75. Lo anterior, por cuanto la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado aplicó al caso las reglas normativas y jurisprudenciales que regulan la
materia, dictó la providencia con pleno respeto de estas y en armonía con las
pretensiones de la demanda y los argumentos del recurso de apelación.

3.8. Costas y perjuicios

76. Sobre la procedencia de condenar en costas y perjuicios en el recurso
extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso final del artículo 255, con
la modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, según cual “si se
declara infundado el recurso se condenará en costas y perjuicios al recurrente”, es
aplicable al sub examine, por haberse presentado el recurso en vigencia de la
referida disposición.

77. Sin embargo, dicha norma no consagra los parámetros para su procedencia
y liquidación, por lo que corresponde realizar la integración normativa con el
Código General del Proceso, que lo regula en el artículo 365, canon que en el
numeral 8º establece que “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”

78. Por su parte, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados, causados durante el trámite
de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4.º del artículo 366 de la misma normativa, se deben fijar con observancia
de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo
5.º del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

79. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del C.G.P., la condena
en costas se soporta en un criterio netamente objetivo valorativo; en este caso,
frente a la parte a la que se le declara infundado el recurso extraordinario de
revisión y resultan procedentes, “siempre que exista prueba de su existencia, de
su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”28.

28 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala

fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que
haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que
tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la
condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el
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80. Si bien no aparece en el expediente prueba de gastos y expensas, si
resultan demostradas las agencias en derecho, por cuanto las entidades
integrantes de la parte demandada –Ministerio de Educación Nacional y municipio
de Manizales– tuvieron que contestar la demanda, con argumentos que resultaron
útiles para el análisis de la presente decisión.

81. En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho, dado que por virtud del artículo 253 del CPACA, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 365 del CGP, opera en contra de la parte vencida en el
recurso.

82. Se fija como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia, a favor del Ministerio de Educación Nacional y del
municipio de Manizales, que serán liquidados por la Secretaría General del
Consejo de Estado.

83. Lo anterior en aplicación de los criterios contenidos en el artículo 2.º del
acuerdo previamente citado que hacen referencia a la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte que venció en el
juicio. La cuantía en este caso no está determinada, pero sería determinable a
partir del monto del reconocimiento por concepto de nivelación salarial.

84. Al respecto, se encuentra acreditado que ambas entidades comparecieron
al presente proceso por intermedio de apoderado judicial constituido desde el
momento en que fijó el proceso en lista, habiendo intervenido eficazmente con la
contestación de la demanda, extendiéndose su gestión durante el trámite del
proceso que, por su naturaleza de recurso extraordinario, constituye un
mecanismo célere.

85. Se trata en consecuencia de una gestión que tuvo una duración de seis (6)
meses y en la que, por el diseño procesal, la intervención se limita a la
contestación de la demanda y, eventualmente, al debate probatorio sin que resulte
necesario alegar de conclusión o interponer recurso alguno al ser el trámite de
única instancia.

86. Con respecto a la calidad de la actuación profesional, se evidencia que los
abogados de las entidades demandadas presentaron argumentos jurídicos
encaminados a desvirtuar la configuración de la causal de revisión alegada, por lo
que la suma fijada en esta oportunidad –que es igual al monto mínimo permitido-
responde a criterios de idoneidad, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad,

propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden
asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
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según se analizó en precedencia29.

87. No se condena por concepto de gastos y expensas ni por perjuicios por no
haberse comprobado su causación.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión n.° 27, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo
relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la
sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente en favor del Ministerio de
Educación Nacional y de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales,
en la modalidad de agencias en derecho, por la cantidad de un (1) salario mínimo
legal mensual vigente para cada una, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia, las que serán liquidadas por la Secretaría General del
Consejo de Estado.

TERCERO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto de
gastos, expensas y perjuicios, por no aparecer causados.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE MILTON CHAVES GARCÍA (E)

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con salvamento parcial de voto

29 El monto de las agencias en derecho se realizó con la aplicación de un test leve de proporcionalidad con la

utilización de los criterios de razonabilidad expuestos.
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Demandante: Gildardo Patiño Piedrahita
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional
y el municipio de Manizales – Secretaría de Educación
Radicado: 11001031500020220489900

MARÍA ADRIANA MARÍN

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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