Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04912-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04912-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04912-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de octubre de 2022
Demandante: Xavier Luis Cotes Urdiola
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04912-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04912-00
Demandante: XAVIER LUIS COTES URDIOLA en su calidad de administrador
del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO
DISPENSARIO DOTACIONES MÉDICAS LA FE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedencia –
inmediatez – tutela de fondo – pago de facturas.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Xavier Luis
Cotes Urdiola, como administrador del establecimiento de comercio Dispensario
Dotaciones Médicas La Fe, en contra del Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 12 de septiembre de 2022 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Xavier Luis
Cotes Urdiola, como administrador del establecimiento de comercio Dispensario
Dotaciones Médicas La Fe, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar. El peticionario consideró que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
2. El accionante estimó violadas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la providencia proferida el 8 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Cesar que decidió rechazar la demanda de reparación directa
presentada en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, la
Superintendencia de Salud, la Rama Judicial, la Fiduciaria La Previsora y el
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Demandante: Xavier Luis Cotes Urdiola
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04912-00
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR CAPRECOM liquidado1. Esta decisión
fue confirmada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en providencia del 25 de agosto de 2021.
3. El peticionario también reprochó la falta de pago de unas obligaciones
económicas por parte de PAR CAPRECOM liquidado.
1.2. Pretensiones
4. Con base en lo anterior, los accionantes solicitaron:
Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la seguridad jurídica. En consecuencia:
PRIMERO: Se ordene dejar sin efectos el auto de fecha 8 de octubre de 2020,
proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, por medio del cual se
rechazó de plano la demanda del medio de control de reparación integral impetrada
el 13 de marzo de 2019, y demás decisiones judiciales que decretaron la caducidad
del medio de control de reparación integral y que indicaron la adecuación al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, aseverando también su
caducidad.
SEGUNDO: Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR admitir y dar
curso a la demanda del medio de control de reparación integral el 13 de marzo de
2019. (SIC a toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
5. Durante el año 2014 Ubaldo Ruiz Argel, en su condición de propietario del
establecimiento de comercio Dispensario Dotaciones Médicas La Fe, suscribió con
CAPRECOM EICE, 4 contratos por servicios de salud en la modalidad de
contratación por evento.
6. El Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Decreto 2519 del 28
de diciembre de 2015 publicado en esa fecha en el diario oficial No. 39.739, ordenó
la supresión y liquidación de CAPRECOM EICE y designó en calidad de liquidador
a la Fiduciaria La Previsora S.A.
7. El accionante junto con el señor Ubaldo Ruiz Argel presentaron demanda
ejecutiva singular de mayor cuantía contra CAPRECOM cuya competencia
correspondió al Juzgado 3.º Civil del Circuito de Valledupar. Este despacho judicial
mediante auto del 26 de agosto de 2015 libró mandamiento de pago por valor de
$861.479.224 a favor de los ejecutantes y en contra de CAPRECOM EICE. También
en providencia de esa fecha, decretó el embargo y la retención de dineros a nombre
de tal entidad, por valor de $1.550.662.603. Finalmente, esta autoridad en
providencia del 15 de febrero de 2016 dio por terminado el proceso ejecutivo
impetrado por los accionantes.
1
Rad. 20001-23-33-000-2019-00091-01 (66.631)
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Demandante: Xavier Luis Cotes Urdiola
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8. Luego, el 17 de marzo de 2016, los señores Xavier Luis Cotes y Ubaldo Ruiz
Argel radicaron ante el agente liquidador de CAPRECOM EICE en liquidación, el
reclamo No. A51.00126 por valor de $861.479.224. Este requerimiento fue
rechazado por la Fiduciaria La Previsora S.A. mediante Resolución No. AL.00606
del 24 de abril del mismo año y fue confirmado en acto administrativo No. AL 06482
del 14 de julio de 2016.
9. El 27 de enero de 2017 la liquidadora culminó el proceso de liquidación de
CAPRECOM y declaró la extinción de la persona jurídica.
10. Después, el 13 de marzo de 2019 los señores Ubaldo Ruiz Argel y Xavier
Luis Cotes Urdiola en su orden, en su calidad de propietario y administrador del
establecimiento de comercio Dotaciones Médicas La Fe, presentaron demanda de
reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social,
la Superintendencia Nacional de Salud, la Rama Judicial, la Fiduciaria La Previsora
y el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR CAPRECOM liquidado. Esto, con
el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables a las
entidades demandadas por los perjuicios ocasionados a los accionantes,
consistentes en la presunta omisión en la vigilancia y control durante el proceso de
liquidación de CAPRECOM y por las acreencias dejadas de pagar a Dotaciones
Médicas La Fe por parte de la EPS que ascendían a $861.479.224.
11. El asunto en primera instancia fue conocido por el Tribunal Administrativo del
Cesar. Esta autoridad judicial, mediante auto del 8 de octubre de 2020, rechazó la
demanda. Esto, porque el término para interponer el medio de control se encontraba
caducado.
12. Así, la autoridad judicial argumentó que los hechos que inspiraron la
demanda referencian que hubo una omisión en las funciones de inspección y
vigilancia del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud, por
lo cual, el término de caducidad para estas entidades se debía contar a partir de la
fecha en que se intervino CAPRECOM EICE, esto es, a partir del 28 de diciembre
de 2015 (fecha de publicación del acto administrativo en el que se ordenó la
supresión y liquidación de esa entidad).
13. De esta manera, consideró que el plazo para presentar la demanda ante la
jurisdicción contenciosa administrativa oscilaba entre el 29 de diciembre de 2015 y
el 29 de diciembre de 2017; y la demanda se presentó el 13 de marzo de 2019, esto
es, cuando ya la acción había perdido vigencia.
14. De otro lado, refirió que en lo que respecta a la Rama Judicial2, el plazo para
presentar la demanda se debía contabilizar a partir de la fecha de la providencia
cuestionada por la parte actora, esto es el auto del 15 de febrero de 2016, por medio
de la cual se dio por terminado el proceso ejecutivo impetrado por los accionantes.
2
Es preciso señalar que el juez de tutela no evidencia una pretensión en su contra dentro de la
demanda ordinaria.
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De esta manera el tiempo para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa
feneció el 16 de febrero de 2018.
15. Por último, señaló que PAR CAPRECOM LIQUIDADO podían demandarse a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida
de que la actuación que se les reprocha es haber excluido las acreencia de los
accionantes, mediante los actos administrativos contenidos en las Resoluciones del
24 de abril de 2016 y del 14 de julio del mismo año por medio de las cuales, en su
orden, se rechazó y confirmó las acreencias solicitadas al interior del proceso
concursal por parte de los demandantes. Bajo esta línea, era claro que el término
de 4 meses que establece este tipo de pretensiones también estaba caducado.
16. En segunda instancia el asunto correspondió a la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación. Esta autoridad judicial mediante auto del 25 de agosto
de 2021 resolvió confirmar la providencia de primera instancia, bajo los siguientes
argumentos:
17. Los demandantes fundamentaron su demanda en el hecho de haber sufrido
un daño derivado de la omisión en el cumplimiento de las funciones de inspección
y vigilancia a CAPRECOM, que a su juicio, conllevó el no pago de sus acreencias.
Según la parte demandante, las entidades tuvieron un comportamiento tardío, por
ende no garantizaron el flujo de recursos, evidenciando así una posible omisión de
su parte.
18. Así, el operador judicial consideró que la omisión que endilgaba la parte
actora en contra de las entidades demandadas, consistió en la no adopción de las
medidas necesarias para que la entidad prestadora de salud entrara en estado de
liquidación, es decir, a partir del decreto que ordenó la intervención y no del acta
final, comoquiera, que esta es una consecuencia del proceso liquidatorio.
19. Por esto, el juez de segunda instancia determinó que el daño alegado inició
con la culminación de la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de
las accionadas, materializada en el Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015;
siendo así el término de caducidad del medio de control inició el 29 de diciembre de
ese año y perdió vigencia el 29 de diciembre de 2017 y la demanda se presentó el
13 de marzo de 2019, esto es, cuando ya la acción había perdido vigencia.
1.4. Fundamentos de la vulneración
20. El señor Xavier Luis Cotes Urdiola consideró vulnerados sus derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo del Cesar.
21. En su consideración, la autoridad judicial accionada desestimó que la fecha
a partir de la que se debía contar el término de caducidad era el 27 de enero de
2017, día en el que fue suscrita el acta final del proceso de liquidación de
CAPRECOM. Esto, porque era a partir de esta data y no otra, que se tenía certeza
del daño.
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22. Por lo anterior, el peticionario señaló que el operador judicial incurrió en un
defecto sustantivo. Esto, porque desconoció “la noción que apunta a que el hecho
dañoso se produce una vez el liquidador excluya de la masa de liquidación las acreencias
solicitadas, presenta a su vez una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión”3.
23. En ese orden, también mencionó que se desconoció “el principio pro homine
que obliga a que se aplique la interpretación más favorable de las reglas que puedan afectar
los derechos personas, así como el pro actione que obliga a los jueces a interpretar los
requisitos y presupuestos procesales en el sentido que resulte más favorable, dándole
prioridad a aquella interpretación que permita reconocer la procedencia de un recurso de
defensa judicial”4.
24. Por otro lado, se resalta que, en el acápite de hechos de la acción de tutela,
los accionantes refirieron que el 31 de marzo de 2022 fue proferido el auto de
obedézcase y cúmplase de la sentencia del 25 de octubre de 2021, para su “firmeza”.
25. Finalmente, el peticionario señaló que su estabilidad financiera y capacidad
operativa se ha visto afectada “por la manera de actuar de entidades como CAPRECOM
EICE y la debilidad en la inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades
competentes para ello”5. Por esto, consideraron que no se encontraban en la
“obligación de soportar el peso de haber prestado un servicio a una entidad y no recibir el
pago de las acreencias, máxime cuando DISPENSARIO cumplió con todas las obligaciones
contractuales y legales, presentó la factura y más adelante volvió a radicarlas dentro del
término establecido por el liquidador. Incluso presentó demanda ejecutiva”6.
1.5. Trámite de la acción de tutela
26. En auto del 15 de septiembre de 20227, se admitió la demanda, se dispuso
su notificación al Tribunal Administrativo del Cesar y a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Esta última, por cuanto si bien no se mencionó
como accionada, se consideró tenerla como tal, pues fue la que dio fin a la
controversia de reparación directa.
27. Asimismo, el Despacho ponente resolvió notificar la presente decisión al
señor Ubaldo Ruiz Argel. Esto, bajo los siguientes argumentos:
“3. El mencionado proceso ordinario fue promovido por los señores Ubaldo Ruiz
Argel y Xavier Luis Cotes Urdiola, en su condición de propietario y administrador del
establecimiento de comercio, respectivamente.
4. En la presente tutela el señor Xavier Luis Cotes Urdiola manifiesta que actúa
como representante legal del establecimiento de comercio Dispensario Dotaciones
Médicas La Fe, propiedad del señor Ubaldo Ruiz Urgel (sic), lo cual se encuentra
3
Folio 5 el escrito de tutela cargado a SAMAI.
4
Folio 6 del escrito de tutela cargado a SAMAI.
5
Folio 9 del escrito de tutela cargado a SAMAI.
6
Ibídem.
7
Documento 8 cargado a SAMAI
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probado en el certificado de cámara de comercio aportado en los anexos de la
tutela”.
28. Finalmente, se ordenó la vinculación de la Nación i) la Nación – Ministerio de
Salud y Protección Social – Superintendencia Nacional de Salud; ii) la Nación –
Rama Judicial; iii) la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Patrimonio Autónomo de
Remanentes PAR CAPRECOM liquidado8; y iv) a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
29. Realizadas las notificaciones ordenadas9, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Fiduprevisora – administrador y vocero del PAR CAPRECOM
LIQUIDADO
30. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado10, la Fiduprevisora solicitó que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva. Lo anterior porque al PAR CAPRECOM LIQUIDADO no se le
puede endilgar acción u omisión alguna frente a los posibles yerros en los que
incurrió el Tribunal Administrativo del Cesar al momento de emitir el proveído de
primera instancia dentro del medio de control de reparación directa.
31. De otro lado, señaló que CAPRECOM EICE se sometió a las disposiciones
contenidas en el decreto que ordenó su supresión y liquidación, es decir el Decreto
N.° 2519 del 28 de diciembre de 2015. Así, a partir de esta fecha todos los
acreedores de la extinta EPS quedaron sujetos a las medidas que rigieron el
proceso de liquidación, para lo cual para hacer efectivo cualquier tipo de garantía
frente a la extinta entidad, deberían hacerlo dentro del proceso concursal.
32. De esta manera, refirió que los derechos causados hasta el 28 de diciembre
de 2015 fueron reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el
proceso de liquidación; y que mediante primer aviso fijado el 1 de febrero de 2016
y segundo aviso fijado el 18 de febrero se 2016 se emplazó al público en general,
para que todas las personas que se consideraran con derecho a presentar
solicitudes de cualquier índole en contra de CAPRECOM EICE se hicieran parte en
el proceso liquidatario.
33. Por último, mencionó que una vez consultado el sistema SIGELE –
herramienta utilizada para la calificación y graduación de las acreencias
presentadas ante el proceso liquidatorio –, se evidenció que a nombre del
establecimiento de comercio Dispensario Dotaciones Médicas La Fe, se registraron
las siguientes reclamaciones:
8
Por haber sido demandadas en el proceso de reparación directa.
9
Carpeta 39 cargada a SAMAI.
10
Documento 29 cargado a SAMAI.
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• Acreencia A52.00019: Calificada en la Resolución AL-00606 de 2016, mediante la
cual dispuso su RECHAZÓ TOTAL; frente a la que el acreedor interpuso recurso de
reposición, que fue resuelto mediante Resolución AL-06482 de 2016; a través de la
que confirmó el rechazo.
• Acreencia A51.00126: Calificada en la Resolución AL-11640 de 2016, con rechazo
total; frente a la que el acreedor interpuso recurso de reposición, que fue resuelto
mediante Resolución AL-13395 de 2016 que confirmó el rechazo.
1.6.2. Ministerio de Salud y Protección Social
34. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado11, la entidad vinculada solicitó que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva, comoquiera que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de los accionantes. Esto, porque en ejercicio de sus competencias,
es la institución encargada de dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública
en materia de salud, salud pública y promoción en salud, pero no es el encargado
de declarar o reconocer derechos en procesos previamente llevados por los jueces
en providencias judiciales.
35. De otro lado, consideró que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para desplazar los medios de control previstos en la jurisdicción contenciosa
administrativa. Por esto, solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo.
1.6.3. Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
36. El operador judicial rindió informe en el que señaló que no se cumple con el
requisito general de inmediatez12. Lo anterior, porque el auto de segunda instancia
fue proferida el 25 de agosto de 2021 y notificada a las partes de manera electrónica
el 10 de diciembre del mismo año y el escrito de tutela fue radicado el 12 de
septiembre de 2022.
37. Por otro lado, estimó que el tutelante está utilizando esta acción
constitucional para que se surta una tercera instancia dentro del proceso ordinario,
en el que, tanto en primera como en segunda instancia se vieron frustradas sus
pretensiones, dado que impetró el medio de control cuando ya había fenecido su
derecho de acción.
1.6.4. Tribunal Administrativo del Cesar
38. La autoridad judicial accionada rindió informe en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por cuanto no se cumplió con el requisito general
de procedibilidad de inmediatez. Esto, porque la solicitud de amparo se presentó
aproximadamente 1 año después de haberse proferido el auto de segunda instancia
que finalizó la controversia de reparación directa.
11
Documento 15 cargado a SAMAI.
12
Documento 40 cargado a SAMAI.
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1.6.5. Superintendencia Nacional de Salud
39. La entidad vinculada solicitó que se declare su falta de legitimación en la
causa por pasiva. Esto, porque la presunta vulneración de los derechos
fundamentales reclamados por la parte accionante no deviene de una acción u
omisión de esta entidad.
40. La Rama Judicial pese a que fue notificada, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
41. Esta Sala es competente para conocer de la demanda presentada por el
señor Xavier Luis Cotes Urdiola como administrador del Establecimiento de
Comercio Dotaciones Médicas La Fe. Lo anterior de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa – solicitudes de desvinculación
42. La Fiduprevisora solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional. Sin embargo, la Sala negará esta petición, en tanto que, como
entidad demandada dentro del proceso ordinario, así como vocero y administrador
del PAR CAPRECOM LIQUIDADO, le asiste un interés en las resultas del proceso,
por eso se tendrá como un tercero interesado.
43. A su turno, el Ministerio de Salud y de la Protección Social y la
Superintendencia Nacional de Salud señalaron que no se encontraban legitimados
en la causa por pasiva para actuar en la presente acción constitucional. Sin
embargo, tales peticiones tampoco serán estimadas, en tanto que figuran como
autoridades demandadas en el proceso ordinario que dio origen a este trámite de
tutela, razón por lo que se hacía necesaria su vinculación como tercero con interés.
2.3. Legitimación en la causa
44. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
45. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
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la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda13.
46. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.
2.3.1. Legitimación en la causa por activa
47. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.
48. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
49. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Xavier Luis Cotes Urdiola como administrador del establecimiento de
comercio Dispensario Dotaciones Médicas La Fe, se encuentra legitimado en la
causa por activa en razón a que figuraba como demandante dentro del proceso de
reparación directa en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.
50. Adicionalmente, debido a que en la presente tutela el señor Xavier Luis Cotes
Urdiola manifiesta que actúa como administrador del establecimiento de comercio
Dispensario Dotaciones Médicas La Fe le asiste un interés directo en las resultas
del proceso y en consecuencia se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto,
de conformidad con los poderes conferidos por el propietario del establecimiento de
comercio Dispensario Dotaciones Médicas La Fe, que obran en el certificado de
existencia y representación y que a la letra rezan:
“Que según documento privado de fecha 11 de julio de 2012, inscrito en esta entidad
el 29 de agosto de 2012, bajo el No. 512 del libro respectivo, el señor Ubaldo Ruiz
Argel, actuando en su calidad de propietario de los establecimientos de comercio
denominados: Distribuciones Médicas La Fe y Dispensario Dotaciones Médicas La
Fe, otorga poder amplio y suficiente al señor Xavier Luis Cotes Urdiola (…), para
que lo represente como persona natural y a los establecimientos comerciales en
todos los procesos o juicios ordinarios, laborales, civiles, penales, administrativos,
cualquiera que sea su cuantía, en general en todos los procesos, acciones o juicios
que se promuevan, cursen o tramiten ante la jurisdicción laboral, civiles, penales,
13
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
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administrativos que se debatan y controviertan los derechos e intereses de mis
propiedades sin importar la calidad en que se participe (…)”.
51. Ahora bien, el señor Ubaldo Ruiz Argel en su calidad de propietario del
establecimiento de comercio Dispensario Dotaciones Médicas La Fe, si bien no
figura en el escrito de amparo como accionante, lo cierto es que el despacho
ponente en el auto admisorio de la acción de tutela lo notificó en esta calidad al
correo electrónico btoro@lafedm.com (buzón web que también figura como
dirección de notificaciones judiciales de aquel en el mencionado certificado de
existencia y representación), sin que a la fecha se haya presentado oposición a esta
determinación.
52. De esta manera, la Sala encuentra que le asiste un interés directo y personal
al señor Ubaldo Ruíz Argel14-15, en las resultas del proceso16.
2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva
53. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello17.
14
Esto se encuentra acreditado con el certificado de existencia y representación aportado en los
anexos de la tutela.
15
En especifico sobre el señor Ubaldo Ruíz se evidencia que asumió la posición contractual en los
negocios jurídicos suscritos con CAPRECOM EICE que dieron origen a las diferentes reclamaciones
por vía administrativa y judicial y para los que utilizó para los fines del contrato el establecimiento de
comercio de su propiedad.
16
Al efecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado frente a la capacidad jurídica y
procesal de los establecimientos de comercio lo siguiente: “el artículo 515 del Código de Comercio,
el establecimiento comercial corresponde a “un conjunto de bienes organizados por el empresario
para realizar los fines de la empresa”, esto es, corresponden a un bien mercantil, integrado por las
enseñas, nombres comerciales, marcas, mercancías, mobiliario, instalaciones y derechos sobre las
invenciones, créditos y contratos de arrendamiento sobre locales destinados a su funcionamiento
(…); sin embargo, no son equiparables a las personas ni la ley les asignó capacidad jurídica, -por lo
que no pueden ser parte en un contrato (…), al tiempo que no previó la posibilidad de que el
establecimiento de comercio sea representado y, en tal virtud, la firma del contrato por el propietario,
en presunto nombre y representación del establecimiento de su propiedad, carece[ría] de cualquier
fundamento jurídico.
(…)
Siendo materialmente imposible que un establecimiento comercial, entendido como un conjunto de
bienes, ejecutara las obligaciones del contrato y ejerciera los derechos derivados de este, para la
Sala es claro que fue el [propietario] quien asumió la posición contractual erróneamente endilgada
al establecimiento de su propiedad en el texto del contrato”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 10 de febrero de 2021.
Rad. 50001-23-31-000-1999-10249-01 (45.397)
17
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.
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54. En el caso concreto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del
Cesar al ser la autoridad judicial que profirió la decisión de primera instancia
reprochada en esta oportunidad, se encuentra legitimado en la causa por pasiva.
55. A su vez, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación,
también se encuentra legitimada en la causa por activa, pues pese a que en la
acción de tutela no se menciona como autoridad judicial accionada, fue la que dio
fin a la controversia de reparación directa por medio de la providencia del 25 de
agosto de 2021.
2.4. Problemas jurídicos
56. Con fundamento en el examen de la situación fáctica y de los argumentos
expuestos por la parte actora en el libelo introductorio, el primer problema jurídico
que subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de inmediatez y
subsidiaridad.
57. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente: ¿El
Tribunal Administrativo del Cesar y la Subsección C de la Sección Tercera
vulneraron los derechos invocados, por presuntamente incurrir en el defecto
sustantivo, con ocasión, del auto del 8 de octubre de 2020 que rechazó la demanda
de reparación directa y la providencia del 25 de agosto de 2021 que lo confirmó?
58. De otra parte, la Sala encuentra que el accionante refuta en el escrito de
tutela en el acápite de “modalidad de actuar de las entidades promotoras de salud”,
que la estabilidad financiera y capacidad operativa del establecimiento de comercio
se ha visto afectada en concreto por la omisión en el pago de las facturas a él
adeudadas
59. Así, el segundo problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
decidir si es procedente la acción de tutela para reclamar el pago de las facturas
adeudadas por CAPRECOM liquidada a su favor.
2.5. Análisis de los cargos planteados en contra del auto del 8 de octubre
de 2020 que rechazó la demanda de reparación directa y su providencia
confirmatoria del 25 de agosto de 2021
2.5.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
60. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201218. Lo anterior, porque hasta ese momento,
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema19. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales20.
61. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201421. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia22 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial23.
62. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra tutela, ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
19
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
20
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
22
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
23
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.
63. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
64. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
65. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez, y, de
superarse, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5.2. Análisis sobre el requisito general de inmediatez
66. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable24, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo25.
67. De acuerdo con lo anterior, esta Sección26 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
24
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15,
Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
25
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
26
Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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68. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes
que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.
69. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 201527, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio
auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista
un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual”28.
70. Ahora bien, en el caso concreto, la Sala reconoce que si bien la parte actora
cuestiona la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 8 de
octubre de 2020, para efectos de analizar si se supera el presente requisito, se
tendrá en cuenta la decisión del 25 de agosto de 2021, ya que fue la que dio fin a la
controversia de reparación directa.
71. Así, verificado en el sistema de consulta del Consejo de Estado –SAMAI–, se
encontró que aquella fue notificada por estado electrónico, el día 10 de diciembre
de 2021, como se observa en el siguiente gráfico:
72. Ahora, en aplicación del inciso tercero del artículo 8.º del Decreto 806 de
2020 y el numeral segundo del artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo
52 de la Ley 2080 de 2021, la Sala entenderá que la notificación del auto
27
Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
28
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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cuestionado se surtió debidamente el 14 de diciembre de 202129. Luego la decisión
quedó ejecutoriada30 el 17 de diciembre de 2021.
73. Sin embargo, la radicación de la tutela ocurrió el 12 de septiembre de 2022,
es decir, fuera del término razonable que la jurisprudencia de esta Sección del
Consejo de Estado ha considerado.
74. Por otro lado, la Sala le recuerda al accionante que de conformidad con el
artículo 302 del Código General del Proceso, las providencias judiciales quedan
debidamente ejecutoriadas y en consecuencia son de obligatorio cumplimiento,
dentro de los 3 días siguientes a su notificación. En consecuencia, el término
razonable de los 6 meses debe contarse desde el momento en que quedó
debidamente ejecutoriada la decisión judicial reprochada y no a partir del auto de
obedézcase y cúmplase31 como lo refiere en su escrito de tutela.
75. Por otro lado, la parte actora no puso de presente ninguna condición especial,
que pueda ser analizada por este juez de tutela para establecer si es procedente
flexibilizar el requisito de procedibilidad de la inmediatez para superarlo y estudiar
la presunta vulneración de sus garantías fundamentales. Aunado a ello, no encontró
la Sala que concurra alguna de las circunstancias que justifiquen el retardo de los
usuarios de la administración de justicia para acudir a alegar en sede de acción de
tutela la trasgresión de sus garantías fundamentales.
76. De conformidad con lo anterior, la Sala declarara improcedente el amparo
constitucional respecto de los reproches contras las decisiones judiciales
censuradas porque no encuentra superado el requisito general de procedibilidad de
inmediatez en relación con esta sentencias.
77. No obstante, como los actores también señalan que “la manera de actuar de
entidades como CAPRECOM EICE y la debilidad en la inspección, vigilancia y control por
parte de las autoridades competentes para ello” afectan su estabilidad financiera, y por
ende, su derechos patrimoniales, la Sala se pronunciará sobre este cargo.
78. En este sentido, como quiera que la parte actora aduce que las decisiones
en el proceso liquidatario les siguen afectando su estabilidad financiera y
patrimonial, la Sala considera que este cargo supera el requisito de la inmediatez,
ya que se alega un eventual perjuicio actual.
29
Teniendo en cuenta que los días 11 y 12 de septiembre eran sábado y domingo.
30
Ley 1564 de 2012. Artículo 302. Ejecutoria: Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante,
cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una
vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres
(3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos.
31
Auto que se profiere de conformidad con el inciso final del artículo 203 del CPACA, que dispone
que corresponde a un trámite que se agota con posterioridad a que la sentencia queda en firme.
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2.6. Análisis de los cargos relacionados con la falta de cancelación de las
acreencias dejadas de pagar por parte de CAPRECOM liquidada
79. El peticionario en su escrito de tutela señalaron que su estabilidad financiera
y capacidad operativa se ha visto afectada, por la falta de cancelación de las
acreencias dejadas de pagar a Dotaciones Médicas La Fe por parte de CAPRECOM
liquidada que ascendían a $861.479.224, que tienen su origen en diversas
relaciones contractuales.
80. Al efecto, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política, el ejercicio de la tutela se encuentra condicionado el ejercicio
de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la
tutela como mecanismo transitorio.
81. En el caso concreto, se evidencia que los argumentos aquí esgrimidos fueron
expuestos en el libelo introductorio de reparación directa. Sin embargo, es preciso
señalar que estos no pudieron ser analizados de fondo en sede ordinaria,
precisamente porque los accionantes incoaron el medio de control por fuera del
término establecido para ello, razón por la que los jueces de lo contencioso
administrativo, procedieron a rechazar la demanda por haber operado el fenómeno
de caducidad, decisión que se encuentra ejecutoriada y se presume legal.
82. Entonces, el accionante contaba con el mecanismo idóneo para presentar los
argumentos esbozados en sede de tutela, esto es, el medio de control de reparación
directa. Sin embargo, dejaron pasar la oportunidad para que el juez ordinario se
pronunciara sobre aquellos, razón por la que no es procedente estudiarlos en sede
de tutela, pues ello supliría las competencias del juez ordinario.
83. Así, teniendo en cuenta que como los cargos aquí esgrimidos no pudieron
ser estudiados en sede ordinaria por la omisión de los accionantes, consistente, se
reitera, en presentar dentro del término contemplado por el artículo 164 del CPACA,
la demanda de reparación directa, aquellos no pueden ser estudiados de fondo por
el juez de tutela. Esto, porque con ello se estaría supliendo al juez de lo contencioso
administrativo, a quien en ejercicio de sus competencias le correspondía decidir
sobre aquellos pero no pudo debido a la omisión de los accionantes de radicar la
demanda en la oportunidad establecida para ello. Por esto, no es procedente la
solicitud de amparo, pues no se cumple con el requisito de subsidiaridad.
84. Ahora bien, de las pruebas arrimadas al proceso, la Sala encuentra que a
nombre del establecimiento de comercio Dispensario Dotaciones Médicas La Fe, se
registraron las siguientes reclamaciones:
• Acreencia A52.00019: Calificada en la Resolución AL-00606 de 2016, mediante la
cual dispuso su RECHAZÓ TOTAL; frente a la que el acreedor interpuso recurso de
reposición, que fue resuelto mediante Resolución AL-06482 de 2016; a través de la
que confirmó el rechazo.
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• Acreencia A51.00126: Calificada en la Resolución AL-11640 de 2016, con rechazo
total; frente a la que el acreedor interpuso recurso de reposición, que fue resuelto
mediante Resolución AL-13395 de 2016 que confirmó el rechazo.
85. De esta manera, la Sala advierte que el accionante junto con el señor Ubaldo
Ruiz Argel también pudieron acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, para
solicitar la nulidad de las citadas resoluciones en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); y en
consecuencia obtener por los mecanismos ordinarios el reconocimiento de las
acreencias adeudadas por CAPRECOM hoy liquidada que fueron rechazadas en su
momento al interior del proceso concursal.
86. De conformidad con lo anterior, la Sala declarara improcedente este cargo
por cuanto este mecanismo constitucional no sirve para suplir las competencias del
liquidador dentro de los procesos concursales, como lo es el reconocimiento de un
crédito, ni procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativo, en razón a su naturaleza residual y subsidiaria, que impone al
ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través de los respectivos
medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de
solucionar los conflictos con la administración.
87. En otras palabras, esta Sección no se encuentra facultada para sustituir la
carga del accionante que les asistía y que omitió para acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa y la nulidad de los actos administrativos que rechazaron
sus acreencias y así obtener el restablecimiento de su derecho, esto es, el pago de
las obligaciones contractuales antes mencionadas.
88. Por último, la Sala tampoco encuentra la existencia de un perjuicio con las
condiciones de inminencia, gravedad, urgencia y que demanden la adopción de
medidas impostergables para evitar la consumación de un daño, de donde es
forzoso inferir que el presunto perjuicio reclamado no cumple con tales condiciones,
por lo que tampoco hay lugar a la intervención excepcional del juez de tutela.
2.7. Conclusión
89. De conformidad con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo
constitucional. Esto por cuanto los cargos planteados no superan los requisitos
generales de procedibilidad de inmediatez y subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Fiduprevisora, el Ministerio de Salud y de la Protección Social y la Superintendencia
Nacional de Salud por los motivos aquí expuestos.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Xavier Luis Cotes Urdiola por no superarse los requisitos generales de procedibilidad
de inmediatez y subsidiariedad.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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