Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04916-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04916-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04916-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
27 de octubre de 2022
Demandante: Óscar Darío Arias Agudelo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04916-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04916-00
Demandante: ÓSCAR DARÍO ARIAS AGUDELO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA
Tema: Tutela contra providencia judicial – pérdida de investidura- declara
improcedencia por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Óscar Darío Arias Agudelo,
contra la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 12 de septiembre de 2022, el señor Óscar Darío Arias
Agudelo, por conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el
Consejo de Estado – Sección Primera, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales “al debido proceso, a la participación política y al ejercicio de cargos públicos,
funciones públicas y al precedente constitucional”.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el Consejo de
Estado – Sección Primera, autoridad que a través de la providencia de 25 de agosto
de 2022 revocó la decisión dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia de 26
de noviembre de 2020, a través de la cual se negó la solicitud de desinvestidura1 “del
concejal del municipio de Bello, Antioquia, Oscar Darío Arias Agudelo, elegido para el periodo
constitucional 2020-2023”, para, en su lugar, decretarla. El referido proceso se identificó
con el radicado 05001-23-33-000-2020-02441-01.2
1
Elevada por el señor Juan Felipe Cano Marín.
2
Información obtenida en el sistema de gestión judicial SAMAI.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Óscar Darío Arias Agudelo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04916-00
1.2 Pretensiones
La parte tutelante solicitó lo siguiente:
“Se conceda la medida provisional deprecada y se ordene a quien corresponda
suspender de manera inmediata la ejecutoria de la providencia, así como el desarrollo
de cualquier otra etapa del proceso que vulnere los derechos fundamentales de mi
respresentado. En consecuencia se sostenga y confirme la decisión de primera
instancia”.
1.3. Hechos
El tutelante sustentó la acción de tutela en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Narró que el 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones para
corporaciones públicas de elección popular y resultó elegido como concejal del
municipio de Bello, Antioquia, con el aval del Partido Verde.
Adujo que el señor Juan Felipe Cano Marín presentó demanda de pérdida de
investidura en su contra, con fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del
artículo 55 de la Ley 136 de 19943, bajo el argumento de que se desempeñó como
docente de la institución pública educativa Carlos Pérez Mejía, del Municipio de Bello,
y fue miembro de la junta directiva de dicha institución hasta el 6 de marzo de 20194,
es decir que ejerció autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su
elección.
Del asunto conoció en primera instancia la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Antioquia que, en sentencia del 26 de noviembre de 2020, denegó la desinvestidura
tras considerar, en resumen que (i) los miembros del consejo directivo de un
establecimiento educativo estatal no son ordenadores del gasto, y (ii) no se acreditó
ninguna gestión dirigida del demandado a obtener beneficio o una participación activa
en alguna reunión o que tal condición -miembro de la junta directiva- hubiera sido
utilizada para el provecho en las elecciones que se realizaron en el mes de octubre de
2019 .
Inconforme con la anterior decisión, el señor Cano Marín interpuso recurso de
apelación porque, a su juicio, se acreditó que (i) el acusado conforme a lo establecido
por la Ley 115 de 1994, artículos 142, 143 y 144, sí desempeñó autoridad
administrativa, toda vez que, entre las funciones como miembro de la junta directiva,
está la de aprobar el presupuesto, y (ii) la renuncia se presentó con ocho meses de
3
“Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses”.
4
Explicó que el demandante en la acción de pérdida de investidura arguyó que algunas de las funciones
de la junta directiva están estipuladas en el Decreto 1075 de 2015, dentro de las cuales enlistó la de
aprobar el presupuesto de ingresos y gastos, las adiciones presupuestales y la contratación de los
servicios que requiera el establecimiento educativo para facilitar su funcionamiento.
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anticipación a las elecciones y participó en la sesión del consejo del mes de enero de
2019, en la cual se aprobaron varios temas relacionados con la contratación.
La Sección Primera de esta Corporación a través de providencia del 26 de noviembre
de 2020, al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante,
revocó lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, declaró la
pérdida de la investidura del tutelante, señor Óscar Darío Arias Agudelo.
En síntesis, advirtió que el acusado no obró con la diligencia debida para establecer si
podía aspirar al cargo de concejal luego de pertenecer al consejo directivo de una
institución pública educativa, y tampoco se estructuró que su conducta estuviese
justificada en la “buena fe calificada” o amparado bajo la jurispridencia vigente.
1.4. Fundamentos
El actor esgrimió que la Sección Primera del Consejo de Estado al proferir la decisión
que decretó la pérdida su investidura incurrió en un “defecto material sustantivo” al
desconocer el Decreto 278 de 2002 por el cual se expide el estatuto de
profesionalización docente que en los artículos 4, 5 y 6 prescriben las funciones de los
docentes, de las cuales no podría inferirse que esas actividades comportan “autoridad
administrativa”, incluso si se perteneciese a la junta directiva.
Tambien arguyó un “Defecto fáctico, que surge cuando el operador jurídico carece de apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, y en
este caso particular así se dio”. Al respecto hizo hincapié en que, con la demanda de
pérdida de investidura tan solo se aportó un acta de la junta directiva de la institución
pública educativa Carlos Pérez Mejía, la cual no está suscrita por él.
Reprochó que se hubiese decretado la pérdida de investidura tras afirmar un ejercicio
de autoridad administrativa por tomar decisiones relacionadas con el presupuesto
cuando ello compete es al rector de la institución educativa.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 14 de septiembre de 2022 se (i) admitió la presente acción, (ii) se negó la
medida provisional solicitada, (iii) se ordenó notificar a los magistrados de la Sección
Primera del Consejo de Estado en calidad de demandados y, (iv) se vinculó al señor
Juan Felipe Cano Marín [solicitante en el trámite de pérdida de investidura].
Adicionalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado para que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información de la
tutela de la referencia.
Luego, a través de auto del 28 de septiembre de 2022, se advirtió la necesidad de
vincular al Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad que conoció en primera
instancia de la acción de investidura en la cual se profirió la providencia acusada y, (ii)
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de ser el caso, la persona que fue posesionada en la curul que ocupaba el señor Óscar
Darío Arias Agudelo en el Concejo Municipal de Bello – Antioquia, luego de que la
Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia del 25 de agosto de 2022,
declarara su desinvestidura.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1 Sección Primera del Consejo de Estado
Indicó que la acción de tutela se fundamenta en argumentos de mera legalidad que
fueron planteados en el proceso y objeto de pronunciamiento, sumado al hecho que
se utiliza como una tercera instancia, por lo cual estima improcedente el amapro
deprecado por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Para sustentar lo anterior refirió que conforme a la sentencia C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional los fundamentos de una acción de tutela contra providencia judicial
deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute
y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. Luego entonces, no
se trata de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el
derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
Acto seguido destacó que en el caso reprochado se decretó la desinvestidura del
concejal acusado, por cuanto se demostró que ejerció autoridad administrativa en el
Municipio de Bello, Antioquia, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, en
calidad de miembro del consejo directivo de una institución educativa pública en el
mismo municipio donde resultó elegido concejal (elemento objetivo) y, por no obrar
con la diligencia debida para establecer si podía aspirar al cargo de concejal luego de
pertenecer al consejo directivo de una institución pública educativa, esto es, por obrar
con culpa grave (elemento subjetivo).
Destacó que, en las pretensiones formuladas en la acción de tutela se solicitó que:
“(...) En consecuencia se sostenga y confirme la decisión proferida en primera instancia”, de
lo cual se desprende que, el accionante está utilizando este mecanismo constitucional
como una instancia adicional para reabrir el debate que se surtió en el proceso de
pérdida de investidura, puesto que, lo que cuestiona por vía de tutela es precisamente
lo que fue zanjado en sede ordinaria, esto es, si al ser parte del consejo directivo de
una institución educativa pública ejerció autoridad administrativa o no.
Concluyó que la petición de amparo se dirige a cuestionar la forma como la Sección
Primera del Consejo de Estado llegó a la convicción de que el accionante en su calidad
de miembro del consejo directivo de una institución pública educativa ejerció autoridad
administrativa.
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Por lo expuesto, solicitó que se declara la improcedencia de la tutela por falta de
relevancia constitucional.
1.6.2. Concejo Municipal de Bello
Por conducto de su presidente indicó que la Corporación sería respetuosa de la orden
que se profiriera en el trámite. También informó que a la fecha el tutelante aún fungía
como concejal.
1.6.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia y el señor Juan Felipe Cano Marín,
pese a ser notificados del presente trámite, no rindieron informe.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor
Óscar Darío Arias Agudelo contra la Sección Primera de esta Corporación. Lo anterior
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, la autoridad accionada
vulneró los derechos fundamentales deprecados por el señor Óscar Darío Arias
Agudelo al proferir la providencia de 25 de agosto de 2022 por medio de la cual revocó
la decisión dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia de 26 de noviembre de
2020, a través de la cual se negó la solicitud de desinvestidura instaurada en su contra,
para, decretarla.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva; y, de encontrasen
superados; (iv) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
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de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional.
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i)
que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.(…)” (Énfasis de la Sala)
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Sobre el particular, la Sala recuerda que en este asunto los argumentos esgrimidos en
el escrito de tutela, apuntan a probar la presunta lesión de los derechos fundamentales
“al debido proceso, a la participación política y al ejercicio de cargos públicos, funciones
públicas y al precedente constitucional”, ante la posible configuración de los defectos
fáctico y sustantivo.
Ahora, como estamos en presencia de una solicitud de tutela en la que se cuestiona
la valoración interpretativa de una Alta Corte, es pertinente establecer si los
argumentos expuestos apuntan o no a convertir este mecanismo Constitucional en una
tercera instancia y si trasciende de una “mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales9”.
En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora no expone las
razones por las cuales considera que la Sección Primera del Consejo de Estado,
incurrió en una “vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales” o en “una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”, ya que todo el sustento del
mecanismo apunta a cuestionar el criterio de la alta corporación frente a aquello que
se considera ejercicio de la autoridad administrativa.
Al respecto, resulta del caso precisar que constituye una carga para el recurrente
exponer con suficiencia los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras
de sus derechos fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas en
contra de providencias judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de
los jueces constitucionales un estudio más riguroso de la materia.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite
de tutela, toda vez que analizar puntos meramente legales atentaría contra el principio
de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.
En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia Constitucional, ya que la controversia se enfocó en un debate de orden de
contenido legal, como lo es la discusión de si ejercer como miembro de la junta
directiva de un plantel educativo configura la denominada autoridad administrativa lo
que de contera lleva a estructurar la causal prevista en el numeral 2 del artículo 55 de
la Ley 136 de 199410, bajo el argumento de que se desempeñó como docente de la
institución pública educativa Carlos Pérez Mejía, del municipio de Bello, y fue miembro
9
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022.
10
“Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses”.
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de la junta directiva de dicha institución hasta el 6 de marzo de 201911, es decir que
ejerció autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su elección,
problema jurídico que, a la postre, fue objeto de pronunciamiento por la mencionada
Alta Corte.
Sobre el punto valga aclarar que la Sección Primera como juez de segundo grado en
la acción de pérdida de investidura, concluyó sobre los mismos cargos que ahora se
alegan en sede constitucional, que el señor Arias Agudelo ejerció autoridad
administrativa en el municipio de Bello, Antioquia, dentro de los 12 meses anteriores a
la elección, tras comprobar que el acusado materialmente cumplió funciones que
tienen características propias del ejercicio de autoridad administrativa, lo que se pudo
esclarecer además con el acta nro. 1 del 29 de enero de 2019 del Instituto Educativo
Carlos Pérez Mejía, comoquiera que, en dicha fecha se firmó el acuerdo por medio del
cual se estableció y adoptó el reglamento para el manejo de tesorería en los fondos
de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales del municipio y,
además, se firmó el reglamento para la contratación hasta de 20 SMMLV, y, en dicha
acta sí figura dentro de los asistentes el señor Oscar Arias.
Como viene de explicarse, es posible concluir que la línea argumentativa en sede
constitucional apunta a convertir la acción de tutela en una tercera instancia, máxime
cuando sus fundamentos que ahora enmarca en defectos sustantivo y fáctico, fueron
resueltos de manera razonable por los jueces naturales de la causa, lo que implica que
la tutela se torna improcedente.
Así las cosas esta Sala de Decisión no avizora una conducta arbitraria o
desproporcionada por parte de la autoridad judicial accionada quien en ejercicio de la
autonomía judicial e incluso soportando su decisión en jurisprudencia de la Sala Plena
de esta Corporación explicó porque las funciones desempeñadas por el tutelante
dentro de la junta directiva de la institución educativa sí estaban relacionadas con la
facultad de presumir el ejercicio de autoridad.
En este sentido, para esta Sección, resulta claro que la controversia se circunscribe a
una inconformidad del tutelante de orden legal, de modo que la situación descrita es
“de competencia exclusiva del juez ordinario”12 y, por ello, al funcionario constitucional no
le corresponde dirimir aspectos de interpretación normativa de esta naturaleza.
11
Explicó que el demandante en la acción de pérdida de investidura arguyó que algunas de las
funciones de la junta directiva están estipuladas en el Decreto 1075 de 2015, dentro de las cuales enlistó
la de aprobar el presupuesto de ingresos y gastos, las adiciones presupuestales y la contratación de los
servicios que requiera el establecimiento educativo para facilitar su funcionamiento.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573 de
2017 y C-590 de 2005.
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En palabras de la Corte Constitucional “(…) al tratarse de un argumento que busca un
cambio en la forma en la que la autoridad judicial accionada interpretó la ley, el asunto carece
de relevancia constitucional”13.
2.6. Conclusión
Por lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la solicitud de tutela por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional, pues se observa que el accionante
insiste en sede constitucional en una discusión meramente legal sobre la interpretación
de la autoridad judicial para el caso concreto frente a sí, su desempeño como miembro
de la junta directiva de un plantel educativo dentro de los 12 meses anteriores a su
elección estructura la denominada autoridad administrativa lo que a su vez configura
la causal prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 199414, problema
jurídico que, a la postre, fue objeto de pronunciamiento por la mencionada Alta Corte,
aunado a que la línea argumentativa en sede constitucional tampoco evidencia una
anomalía evidente o una tensión o contradicción con sus derechos fundamentales,
máxime cuando, se itera, se está en presencia de una decisión de un órgano de cierre.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del amparo solicitado por el señor
Óscar Darío Arias Agudelo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
13
SU-215 de 2022.
14
“Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses”.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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