Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04919-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04919-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04919-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
16 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-04919-011
Actora : Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
Demandados : Magistrados de la subsección A de la sección tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Segundo
(2º) Administrativo de Zipaquirá
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso e igualdad
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la demandante contra
la sentencia de 27 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado
(sección quinta), que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos
Ltda., por conducto de su representante legal, presenta acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso e igualdad, presuntamente quebrantados por los señores
magistrados de la subsección A de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y Juez Segundo (2º) Administrativo de
Zipaquirá.
Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos los autos de (i) 30
de septiembre de 2021, mediante el cual el Juzgado Segundo (2º)
Administrativo de Zipaquirá se abstuvo de librar mandamiento de pago dentro
del asunto ejecutivo promovido contra el municipio de Machetá (expediente
25899-33-33-002-2021-00212-00); y (ii) 31 de marzo de 2022, con el que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección tercera)
lo confirmó; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas que emitan
una nueva providencia en la que dicten mandamiento de pago dentro del
aludido trámite ejecutivo.
1.2 Hechos. Relata la accionante que celebró con el municipio de Machetá
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04919-01
Actora: Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
los contratos de obra 67 de 3 de marzo y 79 de 23 de abril de 2018 y 83 del día
27 de los mismos mes y año, con la finalidad de mejorar las vías que
comunican su casco urbano con las veredas Bernabé, Santa Librada y
Casadillas Bajo, por $101ʼ999.985, $90ʼ879.273 y $99ʼ977.377, en su orden.
Que los precitados negocios jurídicos se ejecutaron dentro de los plazos
pactados y las obras se entregaron a satisfacción y sin observación alguna del
interventor, lo que derivó en la suscripción de las actas de liquidación, en las
cuales se consignaron valores pendientes de sufragar por parte del ente
territorial, a saber: $20ʼ396.444, $18ʼ175.854 y $69ʼ984.164, relacionados con
los contratos 67 de 3 de marzo y 79 de 23 de abril de 2018 y 83 del 27
siguiente, respectivamente.
Dice que instauró demanda ejecutiva contra el municipio de Machetá
(expediente 25899-33-33-002-2021-00212-00), con el propósito de obtener el
pago de las sumas estipuladas en las actas de liquidación de los precitados
contratos, asunto del que conoció el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de
Zipaquirá, que el 30 de septiembre de 2021 se abstuvo de librar mandamiento
de pago, al considerar que aquellas no contienen obligaciones claras, expresas
y exigibles, determinación judicial contra la cual interpuso recurso de
apelación, con el argumento de que la jurisprudencia y la doctrina han
indicado que los referidos documentos prestan mérito ejecutivo.
Que la precitada alzada fue desatada el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección tercera), en el
sentido de confirmar la providencia apelada, habida cuenta de que si bien el
Consejo de Estado ha señalado que las actas de liquidación bilateral de los
contratos constituyen títulos ejecutivos, las que suscribió con el municipio de
Machetá no se consignaron deudas claras, expresas y exigibles, pues en estas
se expresó que entre las partes contratantes no habían compromisos pendientes
de satisfacerse.
Sostiene que los autos cuestionados incurren en desconocimiento del
precedente, en razón a que contrarían el criterio del Consejo de Estado2, según
el cual las actas de liquidación bilateral de los contratos estatales comportan
2
Sección tercera, providencias de (i) 19 de julio de 2006, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 23001-
23-31-000-2003-01326-01; (ii) 11 de noviembre de 2009, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 25000-
23-26-000-2002-01920-02; (iii) 25 de octubre de 2019, C. P. María Adriana Marín, expediente 11001-03-15-
000-2019-02338-01.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04919-01
Actora: Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
títulos ejecutivos, por cuanto allí se enuncian las deudas pendientes en el
marco de esos acuerdos de voluntades, de manera que es dable exigir su pago
mediante la demanda ejecutiva, tal como lo hizo.
Que los proveídos reprochados también involucran defectos (i) fáctico, porque
no advirtió que en las mencionadas actas de liquidación bilateral se establecen
obligaciones claras, expresas y exigibles; y (ii) sustantivo, puesto que
inobservó el artículo 422 del Código General del Proceso (CGP), que prevé
que puede deprecarse a través de un asunto ejecutivo el acatamiento de
compromisos como los estipulados en los referidos documentos.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 El señor Juez Segundo (2º) Administrativo de Zipaquirá pide negar el
amparo deprecado, comoquiera que las actas de liquidación bilateral de los
contratos enunciados por la demandante y adosadas al asunto ejecutivo 25899-
33-33-002-2021-00212-00, no contienen obligaciones claras, expresas y
exigibles a cargo del municipio de Machetá, pues aunque allí se prevén unos
supuestos saldos en favor de aquella, en su parte resolutiva se indica que «las
partes se encuentran a paz y salvo», incongruencia que impide librar
mandamiento de pago, como se concluyó en los proveídos atacados.
1.3.2 Los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del ponente del auto
de segunda instancia cuestionado, aseveran que la acción de la referencia
deviene en improcedente, por cuanto carece de relevancia constitucional,
porque se emplea con la finalidad de controvertir providencias emitidas
conforme al marco jurídico, por el solo hecho de resultarle desfavorables a la
demandante, es decir, se utiliza como una tercera instancia, lo que
desnaturaliza este mecanismo judicial.
Que la actora no colmó una carga argumentativa suficiente que permita
evidenciar la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la
tutela contra determinaciones judiciales, omisión que impide emitir un
pronunciamiento de fondo dentro de este asunto.
1.3.3 El señor alcalde de Machetá3 guardó silencio en la oportunidad prevista
3
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 5 de octubre de 2022, al presente asunto constitucional, en
condición de tercero interesado.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04919-01
Actora: Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
para el efecto.
1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección quinta), mediante
sentencia de 27 de octubre de 2022, negó el amparo deprecado, al considerar
que si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que las actas de
liquidación bilateral de los contratos estatales constituyen título ejecutivo, por
ende, es dable exigir el cumplimiento de las obligaciones allí estipuladas a
través de una demanda ejecutiva, para tal propósito resulta necesario que sean
claras, expresas y exigibles, condiciones de las que carecen las adosadas al
trámite ejecutivo 25899-33-33-002-2021-00212-00, puesto que en estas, que a
juicio de la actora prestan mérito ejecutivo, se consignan unas sumas de dinero
en su favor, pero también se establece que «las partes se encuentran a paz y
salvo», incongruencia que impide asumir que los compromisos reclamados
colman los referidos requisitos.
Que, en ese orden de ideas, no se evidencia que la conclusión de las
autoridades accionadas, consistente en que no prestan mérito ejecutivo las
actas de liquidación bilateral de los contratos de obra que celebraron la
tutelante y el municipio de Machetá, comporte una valoración arbitraria o
caprichosa de las pruebas que reposan en el aludido expediente o que
desatienda la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, motivo
por el cual no es viable asumir que los proveídos censurados incurran en
defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente4.
1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, la demandante la
impugna, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en la solicitud
de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 325 del Decreto ley 2591 de 19916
y 257 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198 expedido por la sala plena del
4
El juez de primera instancia no se pronunció sobre el defecto sustantivo.
5
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
6
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
7
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
8
«Reglamento interno del Consejo de Estado».
4
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Actora: Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión preliminar. La actora pide dejar sin efectos los autos de (i) 30
de septiembre de 2021, mediante el cual el Juzgado Segundo (2º)
Administrativo de Zipaquirá se abstuvo de librar mandamiento de pago dentro
del asunto ejecutivo promovido contra el municipio de Machetá (expediente
25899-33-33-002-2021-00212-00); y (ii) 31 de marzo de 2022, con el que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección tercera)
lo confirmó.
Sin embargo, la Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de 31 de marzo de 2022, por ser la que, al desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la de 30 de septiembre de 2021, decidió de manera
definitiva el mencionado trámite.
2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar el proveído de 31 de marzo de 2022, por
cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de
la sección tercera) confirmó el de 30 de septiembre de 2021, con el que el
Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Zipaquirá se abstuvo de librar
mandamiento de pago dentro del asunto ejecutivo instaurado por la tutelante
contra al municipio de Machetá (expediente 25899-33-33-002-2021-00212-
00); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al
debido proceso e igualdad invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04919-01
Actora: Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido
de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04919-01
Actora: Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04919-01
Actora: Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos11.
2.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad de la actora; (ii) contra el auto acusado no procede recurso alguno,
por cuanto fue proferido en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las
aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda
vez que la determinación judicial atacada se profirió el 31 de marzo de 2022 y
9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04919-01
Actora: Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
la solicitud de amparo se presentó el 13 de septiembre siguiente, es decir,
dentro de un término prudencial (5 meses y 12 días); y (v) la providencia
acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas desconocimiento
del precedente y defectos fáctico y sustantivo.
2.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) La demandante suscribió con el municipio de Machetá los contratos de obra
que se relacionan a continuación, los cuales fueron liquidados a través de las
actas de liquidación bilateral que se enuncian así:
Contrato de Objeto Monto Acta de liquidación
Obra bilateral
67 de 3 de Intervenir la vía que $101ʼ999.985. De 26 de noviembre de
marzo de 2018. comunica al casco 2018, en la que se consignó
urbano de Machetá con un saldo en favor de la
su vereda Bernabé. contratista de $20ʼ396.444.
79 de 23 de Mejorar la carretera que $90ʼ879.273. De 26 de noviembre de
abril de 2018. conduce del área urbana 2018, en la que se
del aludido ente estableció una deuda con la
territorial a su vereda tutelante de $18ʼ175.854.
Santa Librada.
83 de 27 de Pavimentar la vía que $99ʼ977.377. De 14 de diciembre de
abril de 2018. lleva del casco urbano de 2018, documento en el que
Machetá a su vereda se estipuló que el
Casadillas Bajo. contratante le debía a la
accionante $69ʼ984.164
En las mencionadas actas de liquidación de los respectivos negocios jurídicos
se consignó: «se declara que las partes se encuentran mutuamente a paz y
salvo por las obligaciones contraídas en virtud del contrato objeto de la
presente liquidación».
b) En razón a que el municipio de Machetá no le canceló las sumas referidas
en precedencia, la demandante promovió acción ejecutiva en su contra, con el
propósito de obtener su pago (expediente 25899-33-33-002-2021-00212-00),
asunto asignado por reparto al Juzgado Segundo (2º) Administrativo de
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04919-01
Actora: Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda.
Zipaquirá, que el 30 de septiembre de 2021 se abstuvo de librar mandamiento
de pago, por cuanto las obligaciones exigidas no eran claras, expresas y
exigibles, porque si bien en las correspondientes actas de liquidación bilateral
de los negocios jurídicos que celebraron la ejecutante y el ente territorial
ejecutado se señalaron saldos en favor de aquella, en esos mismos documentos
también se estipuló que las partes «se encuentran mutuamente a paz y salvo».
c) Contra la anterior decisión la tutelante interpuso recurso de apelación, con el
argumento de que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que las
actas de liquidación bilateral de los contratos estatales prestan mérito
ejecutivo, por tanto, los saldos allí consignados es dable cobrarlos a través de
la acción ejecutiva, y aunque en aquellas se estipula que «las partes están a
paz y salvo», ello no releva al ente territorial demandado de cumplir sus
compromisos pecuniarios.
d) La precitada alzada fue desatada el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección tercera), en el
sentido de confirmar el auto de primera instancia, al considerar que aunque el
Consejo de Estado haya precisado que las actas de liquidación bilateral de los
contratos estatales constituyen títulos ejecutivos autónomos, por consiguiente,
es factible promover un asunto ejecutivo encaminado a exigir el pago de las
obligaciones allí establecidas, para ello es indispensable que estas sean claras,
expresas y exigibles, condiciones que no cumplen las actas que allegó la
demandante, porque si bien contempla sumas en su favor, también se
estableció «que se encontrab[a] a paz y salvo» con el ejecutado.
2.6.2 Desconocimiento del presente. El desconocimiento del precedente tiene
dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera
tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia12, y la
segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del
precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
12
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
10
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concluir que la providencia incurre en defecto sustantivo13 conforme a los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe14.
En el caso sub examine la demandante sostiene que la providencia cuestionada
desconoce el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado15, según el cual las
actas de liquidación bilateral de los contratos estatales constituyen títulos
ejecutivos, por ende, las obligaciones allí contempladas se exigen mediante la
acción ejecutiva, premisa en virtud de la que las autoridades accionadas
debieron dictar mandamiento de pago en el expediente 25899-33-33-002-
2021-00212-00, dado que en las actas que arrimó a ese trámite se estipulan
saldos en su favor.
Con la finalidad de determinar si el anterior argumento tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno advertir que la acción ejecutiva en un mecanismo
judicial a través del cual un acreedor pide del juez la ejecución en su favor de
una obligación clara, expresa y exigible16 contraída por el deudor, que debe
constar en un documento otorgado por este o en un fallo condenatorio, al que
se denomina título ejecutivo, conforme lo prevé el artículo 42217 del CGP.
El título ejecutivo está constituido por dos (2) clases de requisitos, a saber,
formales y materiales. Los primeros hacen referencia a la autenticidad del
documento y a la calidad de quien lo suscribe, dado que debe ser expedido por
el deudor o una autoridad judicial, cuando la obligación esté contenida en una
sentencia condenatoria. Por su parte, los segundos exigen que aquel contenga
un deber de dar, hacer o no hacer. Cuando un documento cumple los anteriores
13
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
14
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
Sección tercera, providencias de (i) 19 de julio de 2006, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 23001-
23-31-000-2003-01326-01; (ii) 11 de noviembre de 2009, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 25000-
23-26-000-2002-01920-02; (iii) 25 de octubre de 2019, C. P. María Adriana Marín, expediente 11001-03-15-
000-2019-02338-01.
16
Corte Constitucional, sentencia T-747 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «[…] es clara la
obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el
acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción
misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto
a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada
[…]».
17
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial […]».
11
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presupuestos, ha de entenderse que presta mérito ejecutivo, es decir, que
habilita al acreedor para instaurar la demanda ejecutiva.
Una vez el beneficiario de la deuda promueva ese instrumento judicial, el juez
determinará si el escrito adosado por aquel cumple las exigencias formales y
sustanciales para ser considerado título ejecutivo, lo cual, de acontecer, origina
la expedición del mandamiento de pago, que es «una providencia, que hace
[las] veces de [auto admisorio,] por cuanto implica que [se] encontró que la
demanda reunía los requisitos legales […]»18.
Cabe advertir que las disposiciones que rigen el trámite ejecutivo, en
particular, los artículos 42219 del CGP y 29720 del CPACA, no establecen cuál
documento presta mérito ejecutivo cuando se ha liquidado un contrato estatal
de manera bilateral y existe una obligación pendiente de satisfacerse, por lo
que debe acudirse a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha
determinado que en dicho evento el acta de liquidación del negocio jurídico
constituye el título ejecutivo. Sobre el particular, este alto tribunal21 dijo:
La Sala ha sostenido reiteradamente que el acta de liquidación bilateral
del contrato prestará mérito ejecutivo cuando en ella consten
obligaciones claras, expresas y exigibles en favor de cualquiera de las
partes. Igualmente, la Sala ha manifestado que cuando el contrato ya ha
18
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso: parte especial. Dupré Editores. 2017.
Bogotá. P. 534.
19
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o
señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha
en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en
el artículo 184».
20
«Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos,
en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas,
prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto
administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier
acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el
reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la
respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer
constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar».
21
Sección tercera, auto de 11 de octubre de 2006, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 15001-23-31-
000-2001-00993-01.
12
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sido liquidado, la existencia de las obligaciones claras, expresas y
exigibles a cargo de alguno de los contratantes se acredita
fundamentalmente con el acto de liquidación, en tanto es el documento
mediante el cual se hace el balance final de cuentas.
En un fallo más reciente, esta Corporación22 señaló:
La liquidación bilateral del contrato estatal es un negocio jurídico que,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993,
deben celebrar las partes una vez terminado el mismo con el objeto de
finiquitar el vínculo que los unía, estableciendo para el efecto si existen
prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes, definiendo
las cuentas del contrato y acordando los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar.
En esa medida, es perfectamente posible que el acta de liquidación
bilateral del contrato estatal constituya […] título ejecutivo por
contener un acuerdo de voluntades del cual surge una obligación clara,
expresa y exigible […].
Ahora bien, como las actas de liquidación bilateral de los contratos estatales,
que son actos administrativos, constituyen título ejecutivo, deben colmar las
exigencias formales, además de las sustanciales.
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite la Sala observa
que tanto en las providencias del Consejo de Estado aludidas por la
demandante en la solicitud de amparo23 como en las citadas en precedencia,
esta Corporación ha indicado que las actas de liquidación bilateral de los
contratos estatales prestan mérito ejecutivo, en consecuencia, las obligaciones
allí consignadas es viable reclamarlas mediante la acción ejecutiva. No
obstante, para que ello sea procedente, es indispensable que los compromisos
estipulados en esos documentos sean claros, expresos y exigibles.
Una vez analizadas las actas de liquidación bilateral de los contratos de obra
67 de 3 de marzo y 79 de 23 de abril de 2018 y 83 de 27 de los mismos mes y
año, suscritas por la tutelante y el municipio de Machetá, se constata que en
estas se consignan sumas en favor de aquella y también un acápite que dice:
22
Sección tercera, subsección B, C. P. Martín Bermúdez Muñoz, sentencia de 9 de marzo de 2020, expediente
85001-23-31-000-2009-00139-01.
23
Sección tercera, providencias de (i) 19 de julio de 2006, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 23001-
23-31-000-2003-01326-01; (ii) 11 de noviembre de 2009, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 25000-
23-26-000-2002-01920-02; y (iii) 25 de octubre de 2019, C. P. María Adriana Marín, expediente 11001-03-
15-000-2019-02338-01.
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«se declara que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las
obligaciones contraídas en virtud del contrato objeto de la presente
liquidación».
En ese orden de ideas, para la Sala las obligaciones reclamadas en el
expediente 25899-33-33-002-2021-00212-00 no tienen la condición de claras
expresas y exigibles, como lo concluyeron las autoridades accionadas,
comoquiera que existe una incongruencia en las respectivas actas que impiden
dilucidar si las sumas allí consagradas fueron o no satisfechas, situación que
impedía emitir mandamiento de pago, dado que este solo procede cuando se
tiene certeza del pago insoluto, lo que, se reitera, no acontece en el referido
asunto ejecutivo.
Así las cosas, la Sala evidencia que la postura jurisprudencial a la que hace
alusión la tutelante efectivamente indica que las actas de liquidación bilateral
de los contratos estatales prestan mérito ejecutivo, pero para ello es
indispensable que los compromisos estipulados no den lugar a equívocos sobre
su cumplimiento, exigencia que no colman las que adosó al trámite ejecutivo
25899-33-33-002-2021-00212-00, por ende, los demandados debían
abstenerse de emitir mandamiento de pago, como efectivamente lo hicieron.
En virtud de lo anterior, la Sala concluye que el auto censurado no desconoce
la postura jurisprudencial aludida en líneas anteriores, por cuanto en el referido
asunto ejecutivo no se satisface el presupuesto para su aplicación, consistente
en que, se insiste, las obligaciones consignadas en las actas de liquidación
bilateral de los negocios jurídicos sean claras, expresas y exigibles,
circunstancia por la que colige que la providencia cuestionada no comporta
inobservancia del precedente.
2.6.3 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»24.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
24
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
14
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cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra25.
En el sub lite la actora sostiene que el auto atacado involucra defecto fáctico,
porque no analizó en debida forma las actas de liquidación bilateral en las que,
a su juicio, se evidencia que las obligaciones reclamadas en el asunto ejecutivo
25899-33-33-002-2021-00212-00 son claras, expresas y exigibles, aseveración
que para la Sala carece de asidero jurídico, dado que en los mencionados
documentos no hay certeza de que los compromisos en ellas consagrados estén
pendientes de satisfacerse por parte del municipio de Machetá, puesto que, tal
como se anotó al estudiar el desconocimiento del precedente, se consignó un
acápite que señala: «se declara que las partes se encuentran mutuamente a paz
y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del contrato objeto de la
presente liquidación».
De acuerdo con la referida trascripción, también es dable inferir que las deudas
que reclama la accionante fueron cumplidas por el ente territorial ejecutado,
situación que denota falta de certeza sobre su acatamiento, la cual impedía
emitir el respectivo mandamiento de pago.
Se aclara que el hecho de que las autoridades accionadas no hayan valorado las
correspondientes actas de liquidación bilateral de los contratos de obra que
celebró la accionante con el municipio de Machetá como aquella lo pretendía,
no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, en razón a que en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de
examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los medios probatorios
obrantes en ese proceso, así como la de brindarles diferentes grados de certeza,
siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica,
como aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca de la
exigibilidad de las obligaciones reclamadas en el expediente 25899-33-33-
002-2021-00212-00, están precedidas de una valoración razonable de las
pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo
25
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
15
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que sean evidentemente contrarias a las garantías superiores, supuesto que no
se da en el sub lite. En lo que atañe a este aspecto, la Corte Constitucional26
sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de
las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto” […].
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que la
providencia cuestionada no incurre en defecto fáctico, toda vez que la aserción
de las autoridades accionadas, consistente en que las actas de liquidación
bilateral de los contratos que suscribió la actora y el municipio de Machetá no
contenían obligaciones claras, expresas y exigibles, comporta una inferencia
probatoria razonable.
2.6.3 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional27 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
26
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
16
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con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»28.
En el sub lite la actora sostiene que la providencia cuestionada incurre en
defecto sustantivo, porque omitió aplicar el artículo 422 del CGP al abstenerse
de librar mandamiento de pago, afirmación que para la Sala no es de recibo,
habida cuenta de que si bien esa norma señala que «[p]ueden demandarse
ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante […]», en virtud de ese
precepto legal no es viable emitir mandamiento de pago dentro del trámite
ejecutivo 25899-33-33-002-2021-00212-00, dado que los documentos que se
arrimaron como título ejecutivo no colman los mencionados requisitos.
De acuerdo con lo anterior, como no se satisfacen los presupuestos para la
aplicación de la precitada norma en el referido asunto ejecutivo, por cuanto las
actas de liquidación bilateral de los contratos de obra 67 de 3 de marzo y 79 de
23 de abril de 2018 y 83 de 27 de los mismos mes y año, suscritas por la
tutelante y el municipio de Machetá, no contienen una obligación clara,
expresa y exigible, no comporta defecto sustantivo el hecho de que las
autoridades accionadas se hayan abstenido de librar mandamiento de pago.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia
censurada no incurre en desconocimiento del precedente ni en defectos fáctico
y sustantivo, se impone confirmar el fallo impugnado, que negó el amparo
deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
28
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 27 de octubre de 2022, mediante la cual el
Consejo de Estado (sección quinta) negó el amparo de los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad invocados por la
Sociedad F. S. D. Ingeniería de Proyectos Ltda., por las razones expuestas en
la motivación.
2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese el presente fallo a la sección quinta de esta Corporación y
remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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